El hasta ahora responsable de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, sustituirá a Vicente Garrido al frente de la Fiscalía Superior de Canarias. Así lo ha acordado el Consejo Fiscal en la reunión celebrada en la mañana de este miércoles.

Garrido era el otro candidato. Aspiraba a la reelección a un puesto que ocupaba desde 2003, entonces como fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), y en el que fue renovado en dos ocasiones (2008 y 2014), ya con la denominación de fiscal superior de la comunidad autónoma.

Luis del Río (Las Palmas de Gran Canaria, 1963) es fiscal desde 1994, además de profesor de Derecho Penal en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Antes trabajó como agente judicial, oficial de Justicia y secretario de un Juzgado de Paz. Se especializó en siniestralidad laboral, área donde ejerció desde 2001 hasta 2005, año en el que se hizo cargo de la delegación canaria de la recién creada Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Desde esta delegación, Del Río ha investigado numerosos procedimientos por corrupción en las Islas, entre otros los casos Faycán y Eólico, tramas de comisiones ilegales en administraciones públicas de las islas (Ayuntamiento de Telde y Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, respectivamente). Los juicios por ambas causas se celebraron el año pasado, más de una década después del inicio de las instrucciones. En Faycán fueron condenados veinte procesados que acabaron reconociendo los hechos. El resto (nueve acusados) resultó absuelto por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en una sentencia firmada por el polémico juez Salvador Alba, hoy suspendido de funciones. En el caso Eólico fueron condenados los siete procesados, entre ellos los dos que no confesaron.

Luis del Río fue distinguido en enero de 2018 con el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por su tesis sobre Homicidio y lesiones imprudentes en el ámbito laboral, trabajo por la que obtuvo sobresaliente cum laude por unanimidad.

El nuevo fiscal superior de Canarias es autor de diversas publicaciones, tanto monografías como artículos en revistas de carácter jurídico. Algunos de estos trabajos han sido premiados. Ha intervenido como Consultor Internacional en El Salvador bajo los auspicios de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La causa penal contra Salvador Alba se sustancia sobre la pista de audio REC 004, encontrada en la papelera del dispositivo con el que Miguel Ángel Ramírez grabó la conversación que mantuvo con el juez en su despacho de la Audiencia Provincial de Las Palmas el 16 de marzo de 2016, y no sobre los dos fragmentos (REC 001 y REC 002) que el empresario entregó en los juzgados en mayo del mismo año. Así lo ha recordado, en declaraciones a este periódico, el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, a propósito del informe del fiscal José Antonio Díez, adscrito al Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que concluye que los archivos proporcionados por Ramírez suprimían partes de la conversación y, por tanto, habían sido alterados.

Esta presunta manipulación de la grabación es la tesis a la que se agarra Alba en su estrategia de defensa en un procedimiento en el que se le acusa de cinco delitos (prevaricación, cohecho, falsedad en documento oficial, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos). Sin embargo, Garrido, que pide para el juez diez años de cárcel y 29 de inhabilitación, sigue dando por bueno el audio “que ha sido objeto” de la pericia de la Guardia Civil, el REC 004, que contiene la conversación íntegra que mantuvieron Alba y Ramírez en el despacho del primero con el objetivo de fabricar una declaración que sirviese para favorecer la querella que el exministro José Manuel Soria había interpuesto contra Victoria Rosell y para que el empresario lograse el archivo de una causa por delito fiscal sobre la base de un supuesto incumplimiento del deber de abstención de la jueza.

Ese archivo fue localizado en la papelera del dispositivo de grabación empleado por Ramírez para registrar la conversación. Según manifestó en su declaración ante Margarita Varona, la magistrada instructora de la causa contra Alba, el empresario entregó esos dos fragmentos recortados con el único fin de proteger a terceras personas a las que se aludía en otras partes de la conversación y que, en su opinión, eran ajenas al objeto de la investigación. Ramírez manifestó que dejó la pista entera, la REC 004, en la papelera del dispositivo de forma voluntaria.

Vicente Garrido ha señalado a Canarias Ahora que tiene constancia por la prensa (fue difundido por Canarias 7 y Confilegal) del informe remitido por el fiscal del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria en el marco de una causa paralela, la que se abrió a raíz de una denuncia de Alba contra Ramírez por la difusión de esas grabaciones. Sin embargo, asegura desconocer sus términos exactos, por lo que entiende que no puede valorar su vinculación o posible implicación en la causa principal contra el magistrado. “Es un tema a analizar. No sé el sentido del informe y tampoco sé qué resolución adoptará la Audiencia Provincial (se trata de un recurso de apelación presentado por Alba al que se adhiere el Ministerio Público)”. En cualquier caso, afirma que ese escrito es “intrascendente en sí mismo”, al menos hasta que se pronuncie el tribunal provincial.

Más allá del destino de esa causa paralela, que fue archivada y ahora se puede reabrir como consecuencia del informe del fiscal, Garrido remarca que “lo que se ha analizado en la causa 10/2016 (contra Salvador Alba) y el objeto de la pericia es el hallazgo que se encontró en la REC 004”. “Tenemos el informe que presentaron los peritos oficiales, de la Guardia Civil, y la información del perito que presentó el acusado y que la Sala (del Tribunal Superior de Justicia de Canarias) valorará en ese punto en concreto. El fiscal ya emitió su dictamen presentando el escrito de acusación”, ha manifestado el fiscal superior de Canarias, dando a entender que la grabación íntegra de la conversación, de la que reproduce algunos pasajes en su escrito de calificación, sigue teniendo plena validez. Garrido no ha querido profundizar más sobre este particular porque, al ser el fiscal de ese procedimiento, entiende que no debe hacer “ninguna manifestación o valoración” al respecto.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre las manifestaciones vertidas por Salvador Alba en relación con el origen de las diligencias preprocesales abiertas contra la magistrada Victoria Rosell en la Fiscalía Provincial de Las Palmas a finales de 2015. En la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado contra Antonio Doreste, presidente del TSJC, el juez confesó que fue él quien remitió al Ministerio Público una copia del contrato de prestación de servicios suscrito entre la productora de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de fútbol presidido por Miguel Ángel Ramírez, y Clan de Medios, la empresa periodística de Carlos Sosa, pareja de Rosell.

Esa copia, que tenía una fecha errónea (el 26 de octubre, en vez del 28 de octubre, la fecha de la formalización), sólo obraba en poder del exministro Soria, que había pedido explicaciones a la UD Las Palmas cuando conoció la operación. El entonces fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco (ahora en la Fiscalía General del Estado) y la fiscal Evangelina Ríos siempre sostuvieron que ese contrato, que dio origen a una investigación anulada por la Justicia por vulnerar derechos de la jueza Rosell, lo recibieron en un sobre anónimo, lo que contradice la versión de Alba.

“Tengo constancia de lo que ha dicho Salvador Alba. Todo está en las previas 10/2016 y todo ha sido objeto de análisis y valoración por las partes, incluido el Ministerio Fiscal. ¿Cuál es mi valoración? Déjeme que yo me reserve para el juicio. En este procedimiento, doña Evangelina Ríos dijo de forma clara y precisa que recibió un sobre anónimo. Entonces, ¿qué quiere?, ¿que haga yo otra valoración? No tengo conocimiento de nada que no esté en el pleito”, ha zanjado Garrido.

El Consell Jurídic Consultiu valenciano encargó la dirección de la obra 'Comentarios a la Constitución Europea', publicada en 2004, al director del máster de Cristina Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, tratándose a la vez de una de las mayores publicaciones realizadas por el órgano valenciano con cerca de 5.000 páginas divididas en tres volúmenes.

Este encargo se produjo durante el periodo de gobierno de Francisco Camps, conforme ha avanzado la Cadena SER, apuntando también que de los 150 especialistas que participaron en la redacción del trabajo una treintena pertenecían a la Universidad Rey Juan Carlos, situada también en el epicentro de la polémica, y entre llos algunos también que se han visto afectados por el escándalo del máster de la presidenta de la Comunitat de Madrid.

En la introducción de la obra la realizó el entonces presidente del CJC, Vicente Garrido, quien en su texto explica que “con motivo del XXV Aniversario de nuestra Carta Magna, el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana acogio con ilusión y entusiamo la iniciativa del Profesor Álvarez Conde, destinada a elaborar una obra de Comentarios a la Constitución Europea. Este proyecto contó, desde el primer momento, con el apoyo personal del President de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps Ortiz, que encargó al Consejo la elaboración de aquella”.

Los agradecimientos tambén los realiza Álvarez Conde afirmando que la obra “no habría sido posible sin la intervención de Francisco Camps Ortiz, Presidente de la Generalitat Valenciana, que acogió con entusiasmo nuestra iniciativa. Y prestó todo su esfuerzo para que se hiciese realidad”. También añade los agradecimientos Garrdo afirmando que “quisiera agradecer el indispensable apoyo institucional prestado por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana y, muy especialmente, por su Presidente, Vicente Garrido Mayol, quien aportó desde el primer momento su esfuerzo y su ilusión por ver este proyecto realizado”.

Entre los nombres de los redactores de diversos capítulos de la obra que señala la Cadena Ser, además de Enrique Álvarez Conde, también está Pedro Gonzalez Trevijano, el entonces rector de la URJC, y ahora miembro del Tribunbal Constitucional; y el catedrático Pablo Chico de la Cámara, uno de los profesores del máster de Cifuentes y que presuntamente pidió el cambio de la nota de la presidenta madrileña.

Cabe recordar que esta no es la única vinculación del gobierno del PP de Francisco Camps con Álvarez Conde, ya que el Instituto Universitario de Derecho Público de la URJC que encabeza el mismo director del master, recibió 30.000 euros en 2008 del Gobierno de Camps por un convenio de colaboración “para actividades en el ámbito de bienestar social”. El acuerdo se sustanció en un seminario coorganizado con la Universitat de València en el que estuvieron como ponentes el propio Álvarez Conde y la secretaria de la tesis doctoral de Francisco Camps, la doctora Rosario Tur, con quien le une una estrecha relación.  

El Tribunal Supremo considera que la Fiscalía de Canarias vulneró el derecho de defensa de la exdiputada de Podemos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido a través de Twitter  la dimisión inmediata del fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, y del jefe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Guillermo García Panasco, después de que el Tribunal Supremo haya determinado que el Ministerio Público se excedió en su investigación a la magistrada durante la campaña de las elecciones generales de diciembre de 2015, cuando la magistrada se presentó en las lista de Podemos.

La Fiscalía abrió la investigación contra Rosell el 23 de noviembre tras recibir “un sobre cerrado” y anónimo con un contrato para la transmisión de una frecuencia de radio entre Clan de Medios, la empresa periodística de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de la jueza, y la productora audiovisual de la Unión Deportiva Las Palmas, el club de fútbol presidido por el empresario Miguel Ángel Ramírez, a quien la jueza investigaba por presuntos delitos fiscales vinculados a su actividad como administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria.

El Supremo considera que el Ministerio Público invadió competencias reservadas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la tramitación de esas diligencias preprocesales y vulneró el derecho fundamental de defensa de Rosell.

La exdiputada manifestaba su satisfacción este miércoles a través de Twitter. Rosell dimitió y dejó su acta de diputada por la presión judicial y periodística que se desató tras su elección. La magistrada renunció a repetir en las listas el 26 de junio de 2016 y se ha reintegrado a la carrera judicial.

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, también ha pedido responsabilidades por lo sucedido.

El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha mostrado este lunes su preocupación a los delitos de violencia de género, pues queda constatadado que no solo no descienden sino que aumentan entre los más jóvenes, que coaccionan y acosan a las mujeres a través de las redes sociales.

Garrido, que ha presentado la memoria a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, ha resaltado que los procedimientos judiciales incoados en Canarias en 2015 descendieron en unos 14.000 (un 6%) respecto a 2014, lo que es algo positivo debido a dos cuestiones: se han cometido menos hechos delictivos y se han “perfeccionado” los criterios estadísticos.

Con todo, y aunque dijo que “no tiraré de las orejas a nadie” en su próxima comparecencia ante la Comisión de Gobernación, ha vuelto a denunciar los problemas derivados por la falta de personal auxiliar debido a la ausencia de convocatorias públicas debido a la crisis económica.

El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha presentado este miércoles la memoria de la Fiscalía, en la que figuran este año un total de 248.127 procedimientos penales, 14.127 menos que en 2014

El número de procedimientos penales incoados por el Ministerio Fiscal en Canarias en 2015 ha bajado un 5,38 %, respecto al año anterior, descenso que también se ha producido en el resto de España y que se debe a la despenalización de algunas faltas y a la reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el discurso que ha pronunciado con motivo del nuevo año judicial en el archipiélago, el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha presentado la memoria de la Fiscalía de 2015, en la que figuran un total de 248.127 procedimientos penales, 14.127 menos que en 2014.

Un descenso que también se ha registrado en el número de escritos de calificación formulados, un total de 13.114, que representan un 4,15 % menos que en 2014.

Los juicios rápidos concentraron la mayoría de los escritos acusatorios, 8.388, ha resaltado Garrido, quien ha hecho hincapié en el alto índice de conformidades alcanzadas en los juzgados de instrucción en este tipo de procedimientos, con un total de 5.996 sentencias dictadas, que representaron el 71,48 %.

En cuanto a la jurisdicción de menores, se formularon 1.173 escritos de alegaciones, siendo mínimo el número de expedientes de reforma que quedaron pendientes de tramitar al finalizar el ejercicio.

Garrido ha indicado que las diligencias de investigación incoadas a instancias de órganos de la Administración fueron 966, 49 menos que en 2014.

En cuanto a la labor desarrollada por las fiscalías especializadas, en materia de lucha contra la violencia machista, ha dicho que resulta “perturbador” que se mantengan este tipos de delitos, con tres mujeres asesinadas en 2015, y ha alertado del aumento de estas conductas delictivas en internet, en especial en las redes sociales empleadas por jóvenes y adolescentes.

El pasado año se formularon 1.637 escritos de acusación por delitos de esa naturaleza.

De la Fiscalía de Medio Ambiente ha destacado que se dictaron 24 sentencias condenatorias y de la encargada de la delincuencia económica ha valorado la coordinación de los fiscales especialistas con los responsables de otras administraciones.

En cuanto a las reformas penales y procesales que entraron en vigor en 2015, ha señalado que no han conseguido las finalidades que se perseguían para lograr una respuesta más eficaz y eficiente al fenómeno delictivo.

Arranca el curso político y con él los nuevos deberes del Consell y les Corts. Comisiones de investigación, de estudio y también, renovar algunos organismos. Es el caso del Consell Jurídic Consultiu (CJC), el máximo ente consultivo del Ejecutivo autonómico y de las administraciones locales, que se encarga de velar por el que las normativas autonómicas estén en orden legal.

Desde el inicio del mes los miembros se hallan en funciones, al haber expirado el mandato de 6 años para el que son elegidos. Según la normativa, los componentes de este órgano se designan entre el Consell y les Corts; tres miembros elegidos directamente por el Ejecutivo y otros tres por el parlamento por mayoría de tres quintos. De esos seis miembros, el president de la Generalitat escoge al presidente. Actualmente el cargo está ocupado por Vicente Garrido, quien fue además director de la tesis de Francisco Camps, que ejerce de consejero nato en este mismo organismo desde agosto de 2011, cuando dejó de ser president de la Generalitat.

El reparto de nombres aún se desconoce y los partidos no se han reunido para hablar de candidatos, pero ya asoman algunos nombres como el de la posible presidenta. La elección de Ximo Puig, como indica la normativa, parece ser la profesora de derecho en la Universidad de Valencia Margarita Soler, quien ya fue designada por el PSPV para el mismo organismo. De ser nombrada, sería la primera mujer al frente del Consell Jurídic Consultiu.

Los socialistas prevén elegir a dos de los miembros del CJC, mientras que los cuatro restantes corresponderían uno a cada partido, algo que no agrada a las filas populares, ya que supone verse igualmente representado que otras formaciones con menor peso en el parlamento. La otra opción barajada podría ser un pacto de los miembros del Acuerdo del Botánico -PSPV, Compromís y Podemos- con el PP, dada su mayoría parlamentaria y dejar fuera a la formación naranja.

Las Semanas Negras de Gijón y A Coruña son escenarios de tres brutales asesinatos de los que son víctimas otros tantos escritores.

La inspectora Valentina Negro y el criminólogo Javier Sanjuán entran de nuevo en liza, a la caza de un asesino implacable y escurridizo. 'Los muertos viajan deprisa', última entrega de la serie noir de Nieves Abarca y Vicente Garrido, sigue fiel al estilo de esta pareja literaria. Más allá de la trepidante intriga policial los autores ofrecen una amena crónica de estos encuentros de escritores de novela negra hoy tan en boga, de las complicidades y rivalidades que se establecen entre ellos. Abordan el tema del plagio y la impostura, al tiempo que ahondan en el corazón del mal. Un aliciente añadido es descubrir la clave oculta en la identidad de los personajes. “Nos lo pasamos muy bien pensando en si los lectores adivinarían quiénes son los escritores y sus modelos reales”, confiesan “Pero mantendremos el secreto, cada lector tiene que adivinarlo por sí mismo”. En el caso de que se hiciera una película o serie inspirada en sus novelas, piensan que “Bárbara Lennie sería la Valentina ideal y para Sanjuán podría servir muy bien Rodolfo Sancho”. En cuanto a sus series preferidas, la de Abarca es Sherlock, “la adaptación moderna del detective más grande es brutal, imaginativa, novedosa y excelentemente actuada”. La de Garrido es 22/11/63, adaptación de la magnífica novela de Stephen King, “por la ambientación magnífica y la intriga incesante que ya estaban en el libro”.

¿Algún autor o autora al que les apetezca asesinar…hipotéticamente hablando?

Sólo a los autores de libros de autoayuda. Los escritores de novela negra por lo general somos poco asesinables, buena gente que madruga y se acuesta prontito. Tenemos nuestras rarezas, eso sí. Pero por lo general procuramos tener un perfil bajo. La maldad va por dentro.

Si en el Festival VLC Negra se hubiera producido un crimen este año ¿cuál sería la víctima, el escenario y el modus operandi ideal?

Sin duda Pierre Lemaitre. Sería una noticia de alcance mundial. En el Hotel Reina Victoria, asfixiado en su habitación con las páginas de su última novela. Una de las chicas de la limpieza lo encontraría al amanecer en un escenario dantesco. Pero solo es imaginación. No creo que Lemaitre se dejase asesinar fácilmente.

¿Por qué nos fascinan las historias de crímenes cuando en la vida real somos cada vez más pusilánimes, sensibleros con los animales y súper protectores con los niños?

Por eso mismo. El crimen afecta a la esencia del ser humano, al miedo, a la supervivencia. Nos gusta leer en el sofá cosas que jamás seríamos capaces de mirar a la cara en la realidad. Leemos como un niño es secuestrado y violado pero un segundo de exposición a un acto parecido nos destruiría psicológicamente, si somos personas normales, por supuesto.

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene seguir fiel durante cuatro libros a los mismos protagonistas?

¿Ventajas? Da gusto hacer evolucionar a los personajes, se les coge cariño, el escritor se divierte haciéndolos sufrir o haciéndolos felices, se convierten en hijos a los que amas y odias. Las desventajas son el aburrimiento. Si eres un creador necesitas cambiar de aires y buscar nuevas metas. Saber que puedes escribir otras cosas diferentes.

Muerte y sexo, Eros y Thanatos. ¿Cómo establecen la dosis de erotismo de cada novela?

Cada novela tiene un pulso distinto que en realidad, depende del tipo de asesino. Si el asesino es un sádico sexual, describimos los crímenes tal y como ocurren en la realidad. Si creamos otro tipo de criminal, las muertes ocurrirán de otro modo. El erotismo deviene de la creación del personaje. En “Los muertos viajan deprisa” hay menos carga sexual que en las anteriores por el tipo de trama y también para variar el clima de lectura. Nos gusta experimentar, hacer cosas nuevas, tanto en lo que respecta a las tramas como en el uso del lenguaje.

¿Se producen muchos crímenes de este tipo en el mundo real?

Se producen muchos crímenes sexuales en el mundo, aunque gracias a Dios no es una constante en nuestro país. Pero violaciones, asesinatos de mujeres, trata…Es una lacra a nivel mundial, y en muchos países no está ni siquiera perseguido.

¿Hay peligro de que este boom de la negra estalle y muera de éxito?

En realidad no. Lo único que ocurrirá es que, como pasa siempre en la vida de los libros, solo sobrevivirán los que tengan algo que decir literariamente. Los demás escritores buscarán otros caminos que estén de moda o vendan, como ocurrió con el sado en la erótica. Para escribir buena novela negra hace falta, además de técnica un alma negra. No vale cualquiera. Por no hablar del exceso de tramas absolutamente iguales, escenas calcadas de otros libros o de series de televisión, personajes cliché, y lo peor, la búsqueda del favor del lector mayoritario sin mayor esfuerzo. La novela negra pertenece al mundo de la oscuridad, a lo marginal, disecciona lo peor del ser humano. Edulcorarla no hace otra cosa que pervertir su esencia.

La Fiscalía Superior de Canarias respeta la sentencia dictada por el TSJC en la que se reconoce que el Ministerio Público vulneró derechos fundamentales de la jueza en excedencia y diputada de Podemos Victoria Rosell, si bien no comparte su tesis e indica “que no es firme”.

El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha manifestado este jueves que el pronunciamiento dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias) es recurrible ante el Tribunal Supremo.

El TSJC estimó parcialmente el recurso que la diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas y juez en excedencia presentó contra las diligencias preprocesales que le fueron abiertas por la Fiscalía.

El alto tribunal canario consideró en su sentencia, hecha pública esta semana, que la Fiscalía vulneró el derecho de defensa y el derecho a acceder a un cargo público en condiciones de igualdad, si bien rechazó que se hubiera vulnerado el derecho al honor de Rosell.

Rosell había denunciado al fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, por entender que se extralimitó en sus funciones al abrir una investigación sobre la instrucción que ella había realizado en un caso de fraude fiscal donde figuraba como acusado el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

La Fiscalía de Las Palmas pretendía conocer si Rosell incurrió en algún tipo de responsabilidad disciplinaria en ese procedimiento, tras tener conocimiento de que su pareja, el periodista Carlos Sosa, había firmado un acuerdo en octubre con la UD Las Palmas para traspasarle la gestión de una licencia de radio por 300.000 euros.

La Fiscalía Provincial trasladó sus indagaciones al respecto al Consejo General del Poder Judicial para que decidiera si procedía o no sancionar a Rosell, pero el órgano de gobierno de los jueces determinó que la ahora diputada no había cometido ninguna infracción alguna de sus obligaciones como instructora.

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado la dimisión del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, o la adopción de las medidas necesarias para disponer su cese.

Jueces para la Democracia también ha exigido “la necesaria reflexión y asunción de responsabilidades por parte de las personas que directamente intervinieron en estos hechos, con el fin de que su actuación no ensombrezca la esencial función que la Fiscalía está llamada a cumplir en un estado de derecho”.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, admitió este viernes que existen dificultades para que la Comunidad Autónoma pueda aplicar a partir del 1 de enero el denominado “expediente digital” en la administración de justicia, que establece la sustitución del papel por documentos telemáticos.

Esas dificultades son comunes a otras regiones e incluso a territorios que no tienen transferidas las competencias, por lo que en la próxima reunión de las comunidades autónomas con el Ministerio de Justicia, el 2 de diciembre, el Gobierno canario reiterará su petición de aplazamiento de la entrada en vigor de la medida.

Afonso, tras reunirse con el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, en el marco de la comisión mixta entre el Ejecutivo canario y la fiscalía, reclamó que se puedan “acompasar los tiempos”, es decir, que se retrase la entrada en vigor de la supresión del papel en los juzgados, porque en las islas el proceso tecnológico y de formación del personal se concluirá a lo largo de 2016, pero no el 1 de enero.

“Es precipitada la entrada en vigor el 1 de enero de 2016, puede generar dificultades” tener que cumplir que cualquier documento que entre en los órganos judiciales sea telemático, insistió el consejero.

Aarón Afonso señaló que su departamento inició la modernización tecnológica necesaria a finales de 2014 y concluirá a lo largo de 2016, pero además hace falta “un esfuerzo de formación” del personal al servicio de la administración de justicia y hay “dificultades para poder llegar a tiempo”.

El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, corroboró que habrá dificultades para eliminar el papel y precisó que aunque la fiscalía pueda conseguirlo, los expedientes necesitan incorporar otra documentación ajena a la administración de justicia, como atestados policiales o informes de peritos.

Garrido subrayó que las dificultades no son exclusivas de Canarias, región que incluso está “mucho más avanzada que otras comunidades” gracias a la herramienta informática Atlante.

Además de este asunto, en la reunión de la comisión mixta el consejero confirmó al fiscal la nueva relación de puestos de trabajo y que el presupuesto canario de 2016 reconocerá el complemento específico transitorio para todo el personal, lo que permitirá avanzar hacia el nuevo modelo organizativo de la oficina fiscal.

También se habló de la entrada en vigor el 7 de diciembre de la reforma procesal penal, que encarga a los fiscales el seguimiento de las investigaciones penales de los jueces para determinar eventualmente si se prorroga o no la instrucción de los sumarios, lo que requiere una herramienta informática que ya está lista.

Para Vicente Garrido, psicólogo, criminólogo y autor de varios libros con la temática de la mente criminal, no existe un patrón nítido en el funcionamiento de las mentes de sociópatas, psicópatas, terroristas y asesinos en serie que “se pueda mostrar a través de pruebas psicofisiológicas, neurológicas o psicológicas”. Lo que se sabe es que en la cabeza de una persona que participa de una manera voluntaria y activa en la muerte de otra, “hay una serie de aspectos presentes, pero no es lo mismo que decir que se conozcan los ingredientes esenciales”.

Garrido ha desarrollado una ponencia sobre la ciencia contra la mente criminal dentro de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV) en la que ha explicado que, en ocasiones, el asesino “puede desarrollar un argumento o razón específico para él”. Una persona puede matar “porque dice que odia a las prostitutas, que las prostitutas son seres abominables que contaminan la ciudad”, aunque esa no sea “la razón fundamental” sino una excusa que da para aparentar que “colabora” con la justicia. “Muchas personas o bien mienten con respecto a su razón fundamental o bien simplemente no lo saben y generan una que tenga sentido”.

Los asesinos tienden a “cosificar” a las víctimas. “Si un terrorista considera que tú eres el otro, el infiel, el usurpador, ya te está cosificando”. Esta cosificación implica “inhibir la empatía con determinadas personas o grupos de personas”. “Los mafiosos pueden querer mucho a sus familias y enfadarse mucho si su hija o hijo no saca buenas notas y mientras se lava la boca para quitarse la salsa de los espaguetis, ordenar a su lugarteniente que vaya y que mate a una familia que le ha sido desleal”. Así, Garrido explica cómo el mafioso puede sentir cariño y aprecio por su familia, pero cosifica a otra hasta el punto de matarla sin ningún remordimiento.

Los asesinos en serie necesitan de la presencia de una “expectativa de recompensa y satisfacción vinculadas con los actos criminales”. La vía de solución, sobre todo a las edades más tempranas, se encuentra en “utilizar estrategias amplias primarias de prevención”. “Hay que educar en aquellos ambientes donde no pueda resultar dañado su mundo emocional”. Por otra parte, los psicópatas tienen la misma capacidad para orientarse y percibir la vida cotidiana que cualquiera. “Otra cuestión es que tengan las mismas motivaciones que nosotros o aprecien una serie de aspectos como lo hacemos nosotros o no”, ha matizado.

Los psicópatas tienen una gran capacidad para fingir emociones “por lo que muchos de los que cometen actos delictivos puede que no hayan sido detectados anteriormente”. Esto significa que “se encuentran integrados en la sociedad. Son criminales ocultos”. No todos sus actos delictivos tienen que acabar en asesinato, entre sus acciones se encuentran desde “malos tratos hasta acciones vinculadas con la corrupción y las redes mafiosas”.

El ponente ha querido dejar claro que “no existe una mente psicopática”, aunque sí un núcleo de características como “la falta de conciencia, sentimiento de culpa, incapacidad para establecer relaciones afectivas y pobre juicio moral”. La dificultad para identificarlos radica en su buen “autocontrol”. Pueden haber nacido “en buenos contextos, haber sacado buenas notas y haber pertenecido a buenas familias”. De aquí emana su afán por “dominar a los demás”, canalizando este dominio “por los medios convencionales como el trabajo, el poder e influencia”.

Terrorismo occidental versus terrorismo islámico

Terrorismo occidental versus terrorismo islámicoGarrido también se ha referido a las diferentes formas de terrorismo. “Las diferencias entre el terrorismo occidental y el movimiento pro islámico son extraordinarias”. Para él, Al Qaeda como “una especie de franquicia a la que cualquiera puede sumarse”. “El terrorismo contiene componentes religiosos y la típica acción política, más o menos definida, de subvertir un orden social para imponer otro, parece una excusa y una utopía. Si leemos los comunicados del terrorismo yihadista o del Estado Islámico veremos que buscan retomar de nuevo las ideas antiguas y luchar contra los infieles”.

Según los análisis que existen, “la idea de que jóvenes sin esperanza están alimentando el terrorismo, es falso”. Los atentados de los últimos años han reflejado que “se trata de personas que se han integrado en la sociedad, que han estudiado e incluso de madres que alientan a sus hijos a formar parte de estas acciones. Es un fenómeno nuevo que no sabemos muy bien cómo manejar”.