El Gobierno de España y la Junta de Andalucía Gobierno han acordado este jueves “avanzar de manera coordinada” para restablecer la legalidad y demoler El Algarrobico, el hotel sito desde hace más de dos décadas en la playa del mismo nombre, en pleno dominio público marítimo terrestre y en el Parque Natural de Cabo de Gata. Así lo han expresado las dos administraciones tras la reunión bilateral celebrada este jueves, la primera después de que la licencia de obras concedida en 2003 a Azata del Sol quedar anulada, al fin, por el Ayuntamiento de Carboneras. Queda orillada, al menos de momento, la vía de la expropiación.

Ambas administraciones han “puesto en común los avances” tras la declaración de nulidad y han acordado “unificar sus esfuerzos para agilizar la tramitación”. El avance es la apertura de un expediente que, en un máximo de un año, debería ordenar la demolición del lugar. Eso, si no se cruza algún obstáculo administrativo o judicial que aleje nuevamente el fin de El Algarrobico, una de las aberraciones urbanísticas más conocidas de España.

Por ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene ante sí los recursos de tres exalcaldes (Cristóbal Fernández -quien concedió la licencia, PSOE-; José Luis Amérigo -PSOE- y Felipe Cayuela -PP), además del de Azata del Sol, contra el acuerdo del Pleno de Carboneras que anuló la licencia. En puridad, son recursos ante el Ayuntamiento que los magistrados no tienen por qué resolver, pero que el actual alcalde les ha hecho llegar para mostrar la voluntad obstruccionista de los exregidores.

Todos alegan lo mismo: que ese acuerdo ignoraba uno adoptado en el Pleno celebrado 15 días atrás, cuando los ediles socialistas y los no adscritos consiguieron que no se votara hasta que se recabaran nuevos informes sobre la posible repercusión patrimonial de anular la licencia. La escandalera fue tal que los concejales socialistas fueron expedientados, la Fiscalía abrió una investigación y el TSJA volvió a advertir con multas si no se cumplía de una vez su sentencia.

Ocurrió, al fin, el 7 de julio, con el voto a favor de ocho concejales (el alcalde Salvador Hernández -Ciudadanos-, cinco del PP y dos del PSOE) frente a cinco que se ausentaron. La nulidad de la licencia, ya ejecutiva pese a los recursos, dio paso a una pantalla inédita desde que hace 23 años Azata empezara a construir el hotel, paralizado por orden judicial el 7 de febrero de 2006.

Sin pasos o fechas

Este nuevo camino es el que ahora quieren explorar juntos el Gobierno y la Junta de Andalucía. Ninguna de las dos administraciones ha informado de pasos o fechas. No hay concreción en sus comunicados, una cautela después de que todos los anuncios de cualquier avance material durante la última década se hayan dado de bruces sistemáticamente con la realidad, mucho más tozuda: cualquier paso topaba con el Ayuntamiento, que en todo este tipo ha arrastrado los pies para cumplir la sentencia que le obligaba a ello, cuando no ignorado abiertamente las órdenes de los jueces. La falta de concreción material también obedece a que todo pasa ahora por el expediente administrativo.

Sin embargo, todo esto no resta valor político de los comunicados, en los que se vislumbra una voluntad por enterrar diferencias. Empezando por la propia nota: un texto único pactado y enviado por el Ministerio de Transición Ecológica y la Consejería de Sostenibilidad. El texto subraya que la nulidad de licencia acordada por el Ayuntamiento el pasado 7 de julio, y la apertura de un expediente para restablecer la legalidad por parte de la Junta, abren una etapa nueva. “La coordinación entre ambas administraciones [Junta y Gobierno] tiene como objetivo dar agilidad a este procedimiento y avanzar en las actuaciones necesarias para hacer posible la demolición del edificio y la recuperación del espacio natural por parte del promotor”, señala el texto.

El expediente ante la Dirección General de Ordenación del Territorio tiene como fin imponer las “medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística” y debe estar resuelto en el plazo máximo de un año, según recoge el acuerdo de iniciación y la propia ley de suelo andaluza (LISTA).

Una vez acordadas esas medidas, que en su caso pasarán por el derribo del hotel por estar situado en dominio público marítimo-terrestre y suelo protegido del Parque Natural de Cabo de Gata, Gobierno central y autonómico aplicarán el Protocolo suscrito en noviembre de 2011 para la recuperación de la playa, y que ha sido expresamente refrendado hoy. El protocolo hace un reparto de tareas: el Ministerio debe abordar la demolición de la edificación y a la Junta de Andalucía le corresponde el desescombro y la correcta gestión de los residuos que la demolición genere.

A pesar de este reparto, el delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora, detalló a principios de septiembre que la Consejería de Vivienda iba a instar a Azata, titular de la licencia, a asumir la tarea de planificar y demoler el edificio que levantó, sin descartar multas si se resiste a ello.

Un año de batalla política

La reunión entre las dos administraciones se produce en el marco de la Comisión Mixta de Seguimiento del Protocolo. La anterior reunión se celebró el pasado 23 de junio y en ella ya se atisbó una voluntad de enterrar el hacha de guerra tras los desencuentros que marcaron el año previo. La nulidad de la licencia, pero también el envite electoral andaluz, han contribuido a serenar las aguas y extraer El Algarrobico de la contienda política, al menos por ahora. Ha sido un año en que la construcción ilegal en nuevo escenario de la batalla entre gobiernos, que se han acusado mutuamente de deslealtad e ineficacia.

En febrero de 2025 la entonces vicepresidenta y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se plantó ante El Algarrobico y anunció por sorpresa que el Gobierno lo expropiaría y derribaría antes de final de año. La irrupción de Montero sentó como un tiro en la Junta.

El Ministerio apuntaba que la vía autonómica estaba muerta desde hace años y era perder el tiempo; el autonómico insistía en que exigir al Ayuntamiento el cumplimiento de las sentencias (que ordenan a Carboneras que declare que el suelo es no urbanizable y que la licencia es nula acabaría dando resultado, y desconfiaba de la expropiación, un nuevo procedimiento que también podía encharcarse, y en el que la Junta decidió ponerse de perfil.

Lo cierto es que a partir de entonces la ejecución de las dos sentencias del TSJA, firmes desde 2018 y 2022, respectivamente, se aceleró. Tras años ausente, la Junta de Andalucía se personó en los dos procesos de ejecución, los impulsó, y en julio de 2025 el Pleno municipal declaró que El Algarrobico es zona no urbanizable, por estar en la playa (Ley de Costas) y en un Parque Natural. La sentencia que le obligaba a ello es de 2016. Un año más tarde, el pasado 7 de julio, declaró la nulidad de la licencia, al segundo intento.

La culminación de estos dos pasos parece haber orillado, al menos por ahora, la vía de la expropiación abierta por el Gobierno hace poco más de un año. No hay ninguna referencia a ella en las notas. Tras la constatación de que hay un abismo entre lo que pide la promotora (44,5 millones) y lo que ofrece el Gobierno (16.500 euros), el asunto está pendiente de resolución por un tribunal provincial de expropiaciones.

En el encuentro de este jueves, celebrado mediante videoconferencia, han participado representantes de las consejerías de Sostenibilidad y Medio Ambiente y de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, junto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Ayuntamiento de Carboneras ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los recursos impulsados por los tres exalcaldes del municipio, los concejales José Luis Amérigo, Felipe Cayuela y Cristóbal Fernández -este último en calidad de presidente de una asociación- contra el acuerdo de Pleno aprobado el pasado 7 de julio para la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en El Algarrobico, de cara a declarar la nulidad del permiso conforme al mandamiento del alto tribunal andaluz.

En un escrito que acompaña los recursos elevados durante el pasado mes de agosto, el Consistorio recuerda que el acuerdo para anular el permiso otorgado a Azata del Sol en enero de 2003 siendo alcalde Cristóbal Fernández con el PSOE se produjo tras una “importante serie de incidencias que nunca fueron imputables al actual alcalde”, Salvador Hernández (CS) sino que obedecieron a una “carencia de medios humanos”.

En sus recursos, los exalcaldes inciden en que la revisión de oficio de la licencia se aprobó sin tener en cuenta los acuerdos adoptados en un pleno anterior, en el que varios ediles apoyaron dejar sobre la mesa la decisión hasta recopilar nuevos informes jurídicos para evaluar el impacto de la medida.

“Línea torticera”

Frente a esta cuestión, desde el Ayuntamiento se incide en que el punto para propiciar la anulación de la licencia del hotel que finalmente se aprobó con el voto de siete concejales tuvo en cuenta la obligación de cumplir con las resoluciones judiciales firmes, conforme instó la Sala de lo Contencioso-administrativo.

“Si ello es de obligado cumplimiento, no parece que tal mandato sea acogido por una serie de personas que detenta funciones tanto en el ámbito privado como público y cuya pretensión es torpedear y sustraerse a la acción de la justicia, utilizando, para ello, el fraude de ley”, apunta el escrito municipal.

Así, desde el Consistorio se alerta de la “línea torticera” que, mediante estos recursos de reposición contra el acuerdo de pleno para anular la licencia de obras, mantienen algunos concejales y personas ajenas a la actual corporación.

“Todos los mencionados recursos accionados presentan, curiosamente, la misma redacción, tanto en sus fundamentos fácticos y jurídicos, como si de un auténtico calco se tratara, incidiendo falazmente en que no se cuestiona el deber del Ayuntamiento de Carboneras de cumplir las resoluciones judiciales sino la regularidad procedimental del Acuerdo plenario de 7 de julio de 2026”, observan desde el Ayuntamiento.

El acuerdo para la anulación de la licencia recibió un cuarto recurso, en este caso, impulsado por Azata del Sol, la empresa promotora del inmueble a la que se concedió el permiso en enero de 2003 para levantar el edificio que, conforme el actual planeamiento general, se asienta en terrenos no urbanizables de especial protección. Dicho escrito no se ha elevado al tribunal.

La Junta de Andalucía pretende que la promotora Azata del Sol presente un proyecto para demoler el hotel en la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería) y lo ejecute. El delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora, ha detallado este miércoles que la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio instará a Azata, titular de la licencia a asumir así la tarea de planificar y demoler el edificio que levantó, sin descartar multas si se resiste a ello.

El delegado ha aclarado que el expediente recién anunciado por el Gobierno andaluz destinado a restablecer la legalidad urbanística en el paraje protegido se inicia “frente a Azata” y que por eso es la promotora la que deberá “redactar un proyecto de demolición” y ejecutarlo.

No será sencillo lograr la colaboración de la que se ha resistido durante tanto tiempo, y por eso el delegado ha admitido que finalmente, y de modo subsidiario, la administración también podría asumir el derribo, según lo previsto en el Protocolo pactado con el Ejecutivo central en 2011. Ese documento contempla que el Ministerio se ocuparía del derribo y la Junta de Andalucía se encargaría del desescombro y el tratamiento de todos los residuos. Góngora ha abierto la puerta a que ambas administraciones “vuelvan a sentarse” para acordar un “nuevo marco de financiación para la restauración ambiental”, el paso “más determinante” para recuperar el espacio, según ha dicho, citado por Europa Press.

El protocolo obliga a colaborar a las dos administraciones, que en los últimos meses han mantenido posiciones encontradas respecto a la vía más eficaz para lograr la desaparición de la mole: mientras la Junta apostaba por la nulidad de la licencia, el Gobierno central abrió por sorpresa la senda de la expropiación en febrero de 2025, un camino ahora atascado por la abismal diferencia entre lo que el Ministerio ofrece por expropiar el terreno, 16.500 euros, y lo que pide Azata, 44 millones de euros.

Sorpresa para los ecologistas

La Junta de Andalucía anunció este martes que ha abierto expediente de demolición del inmueble, una vez que el pasado 7 de julio el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras declaró la nulidad de la licencia concedida a Azata en enero de 2003.

Fueron los ecologistas quienes reclamaron la rápida apertura de ese expediente. Nada más terminar el Pleno, Greenpeace solicitó por escrito a la Junta que activara lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad Territorial de Andalucía (la LISTA, como se conoce a la ley de ordenación territorial de 2021). Ese artículo confiere a la administración autonómica la competencia de restablecer la legalidad ante las “actuaciones que vulneren la ordenación territorial o supramunicipal”, mientras que atribuye al Ayuntamiento la misma competencia para restablecer la ordenación urbanística municipal.

En Carboneras se trataría de acomodar la realidad material en la playa de El Algarrobico a lo que marca tanto el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata (supramunicipal) y la Ley de Costas, como a las normas urbanísticas municipales, modificadas el año pasado para confirmar que esos terrenos son no urbanizables y a la ausencia de licencia, ya nula.

El anuncio de la Junta tomando las riendas y orillando al Ayuntamiento, pilló por sorpresa incluso a los ecologistas, que ya temían otro largo periplo para obligar al Consistorio a coger la piqueta. “Yo no lo esperaba”, admite José Ignacio Domínguez, el abogado que ha liderado la estrategia judicial de Greenpeace y Ecologistas en Acción durante todos estos años, quien cree que esto “cambia las tornas”: “Ya no tendremos que ser nosotros [los ecologistas] quienes tengamos que pedir al juzgado, sino ellos, siempre que la Junta actúe de forma diligente”.

Tras años de frustraciones que han cuajado en una visión muy crítica del sistema, Domínguez cree que ahora sí puede vislumbrarse el fin. El expediente para demolerlo es un capítulo inédito en la alambicada historia judicial y administrativa de El Algarrobico, trufada durante años de vericuetos, salvaguardas, matices, trucos y trampantojos administrativos y procesales que la han mantenido en pie e impertérrita pese a que los tribunales hace tiempo que concluyeron que es ilegal y se ha convertido en símbolo del urbanismo depredador.

Cualquier paso material estaba bloqueado mientras el Ayuntamiento no cumpliera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dictada en 2021 y firme desde 2022, que le ordenaba revisar la licencia y eventualmente, anularla.

Recursos que no paralizan

Se entra ahora en terreno inexplorado, y el propio delegado ha advertido de que deberá contar con “todas las garantías de audiencias” y “de recursos” tanto en vía administrativa como judicial.

Es lo que esperan también los ecologistas. No es previsible que Azata colabore de ningún modo en echar abajo lo que con tanto ahínco lleva defendiendo más de dos décadas. La promotora ha pleiteado hasta la extenuación para evitar la demolición. Durante todo este tiempo consiguió que la licencia que el Consistorio le concedió en 2003 siguiera vigente, a pesar de que el hotel se sitúa en dominio público marítimo terrestre e invade zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata.

Así fue hasta el pasado 7 de julio, cuando el Pleno anuló la licencia al segundo intento. Desde entonces, Azata ya ha mostrado su voluntad de seguir sembrando de escollos el camino hacia la eventual restauración del enclave, y ha recurrido aquel acuerdo de Pleno, alegando que no se proporcionó a los concejales informes que servirían para calibrar adecuadamente las consecuencias patrimoniales de anular la licencia.

En la misma línea van los otros tres recursos ante el Pleno, presentados por Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras (PSOE) desde 1983 a 1995, y luego de 1997 a 2011, quien conedió la licencia; José Luis Amérigo, sobrino de Fernández y alcalde también con el PSOE de 2019 a 2023 (también PSOE) y dos concejales; y Felipe Cayuela, alcalde de 2018 a 2019, y nuevamente durante unos meses en 2023.

Los cuatro escritos, a los que este medio ha tenido acceso, son similares en cuanto al fondo: el acuerdo de Pleno del 7 de julio, votado favorablemente por ocho de 13 concejales (el alcalde Salvador Hernández, cinco del PP y dos del PSOE), vulneraría el acuerdo previo también del Pleno de 17 de junio, que decidió por siete votos contra cinco “dejar sobre la mesa” la anulación de la licencia hasta contar con tres informes más sobre la trascendencia jurídica, urbanística, económica y patrimonial de dicha anulación.

Cuando se conoció esta nueva dilación, el TSJA exigió al Pleno que cumpliera su sentencia en veinte días, y advirtió a los concejales con posibles consecuencias penales. Fue entonces cuando dos concejalas socialistas que antes habían votado pidiendo un nuevo informe se sumaron al equipo de gobierno de Hernández y el PP para anular, al fin, la licencia. Después se ha sabido que la Fiscalía investiga ya a los siete ediles que postergaron el acuerdo plenario en primera instancia.

Los recursos de Amérigo, Cayuela, Fernández y Azata inciden en que el hecho de no haber recabado esos informes, ni siquiera haberlo intentado, vulnera las normas que velan por la “formación de la voluntad del Pleno”, la eficacia de sus acuerdos y, en definitiva, el funcionamiento del Consistorio. “El Pleno acabó formando su voluntad sobre una base documental que él mismo había reputado insuficiente apenas veinte días antes”, señala uno de los recursos, en relación a la ausencia de los tres nuevos informes.

El abogado de los ecologistas subraya que es una “falacia” pedir nuevos informes para calibrar la eventual responsabilidad patrimonial del municipio cuando la Audiencia Nacional ya negó a Azata el derecho a indemnización porque siempre fue consciente de que no podía construir ahí, aunque tuviera licencia municipal. Y subraya que ni esos recursos ni los que puedan después interponerse en vía judicial paralizarían el nuevo expediente para demoler: “Ahora la Junta tiene un plazo de un año para dar la orden de demolición. Y el único que puede pararlo es un juez”.

Domínguez, que ya ha visto de todo, no cierra del todo la puerta, pero cree que la posibilidad de que un juez paralice todo anulando cautelarmente la nulidad es “muy remota”. Sobre todo, porque eso supondría enfrentarse directamente a la orden directa del TSJA (órgano superior en la jerarquía judicial) y a las administraciones general y autonómica.

El acuerdo el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) para revisar y anular la licencia de obras del hotel ubicado en la playa de El Algarrobico, en zona de dominio público y protegida por ser Parque Natural de Cabo de Gata, ha recibido cuatro recursos en contra de la decisión a lo largo del mes de agosto, según ha avanzado Europa Press citando fuentes municipales.

Una de los recursos estaba cantado: lo presenta la propia promotora del hotel, Azata del Sol, que quiere que se anule el acuerdo de la mayoría de los concejales del Pleno con el que se invalida la licencia que se le concedió en 2003. Los otros tres recursos son más sorprendentes, aunque no tanto para quien conozca los entresijos de esta prolija historia: un lo interpone Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras (PSOE) desde 1983 a 1995, y luego de 1997 a 2011, quien conedió la licencia; otro lo presentan José Luis Amérigo, sobrino de Fernández y alcalde también con el PSOE de 2019 a 2023 (también PSOE) y dos concejales; y el último Felipe Cayuela, alcalde de 2018 a 2019, y nuevamente durante unos meses en 2023, antes de ser desbancado en una moción de censura liderada por Salvador Hernández (Ciudadanos), el actual alcalde, quien ahora gobierna solo tras perder el apoyo del PP por, entre otros motivos, sostener una posición distinta sobre el hotel.

Tras liderar la oposición con el PP, Cayuela pasó al grupo de no adscritos en diciembre de 2024, cuando su antiguo partido empezó a sostener a Hernández. En cuanto a Amérigo y los dos ediles que firman el recurso, fueron suspendidos por el PSOE cuando se negaron a votar el acuerdo para revisar la licencia en la primera ocasión, en junio de este año. Aquel Pleno supuso una escandalera a nivel nacional, y el PSOE desautorizó a los cinco concejales que desobedecieron las directrices de la dirección con un expediente.

Dos de ellas cambiaron el sentido de su voto a la segunda ocasión, tres semanas después, y tras el ultimátum de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dictaron la sentencia que ordena revisar la licencia en julio de 2021(es firme desde mayo de 2022, cuando el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación) y lleva desde 2023 intentando ejecutarla. Los otros tres y Cayuela se ausentaron en el momento de votar.

Los cuatro, también, forman parte del grupo de siete investigados por la Fiscalía, que indaga si el acuerdo para posponer la primera votación sobre la nulidad de la licencia puede suponer un delito de prevaricación administrativa, por su resistencia a cumplir el mandato firme del TSJA.

Acuerdo a la segunda

El Pleno acordó, al segundo intento y por ocho votos a favor y cinco ausencias, una decisión con la que pretende cumplir el mandato que dieron los jueces hace ya un lustro para anular la licencia concedida hace 23 años. La votación fue seguida con atención en los cuarteles generales de los socialistas y populares, pues tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central se arrogan la mayor firmeza para acabar con El Algarrobico, símbolo de la depredación del litoral mediterráneo.

El argumento tanto de Cayuela como de Amérigo para votar contra la revisión siempre fue que hacían falta más informes que calibraran el impacto de anular la licencia, sobre todo en las arcas municipales. El temor que aducen es que sea de tal magnitud que deje tiritando a la economía carbonera.

Lo cierto es que hasta ahora los intentos de la promotora de recibir una indemnización han sido frustrados. La Audiencia Nacional rechazó en 2016 que tenga derecho a compensación alguna, al estimar que era conocedora de que no podía construir donde lo hizo. La cuestión ahora se dirime ante un jurado provincial de expropiaciones, después de que el Gobierno central abriera esta vía en febrero de 2025: Azata pide 44,5 millones, el Gobierno ofrece 16.500 euros.

Veinte años para anular una licencia

Durante tres años, la promotora levantó a la vista de todos y en plena playa una inmensa mole de 21 plantas de altura y 411 habitaciones. Sólo paró al final, por orden de un juez, a quien alertó la organización ecologista Salvemos Mojácar. Azata del Sol recabó la licencia del Consistorio cuando estaba gobernado por Fernández, que ahora recurre contra la anulación actuando en representación de una organización pesquera.

Desde un punto de vista legal, hay pocas dudas desde el comienzo de este embrollo: la mitad de El Algarrobico está en zona de dominio público marítimo-terrestre y, además, invade zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata. Sin embargo, durante dos décadas, todos los intentos de avanzar en la demolición del edificio han chocado con un muro administrativo en el municipio: antes había que adecuar la planificación urbanística de Carboneras a la Ley de Costas y el Plan de Protección de Cabo de Gata declarando que el terreno era no urbanizable, y luego revisar la licencia.

Durante esos veinte años, todo se atascaba en un punto u otro. Hasta 2014, en los tribunales; pero cuando quedó claro que el edificio era ilegal, el atasco se producía en el Consistorio, gobernado cíclicamente por Hernández, Amérigo y Cayuela. Siempre ocurría algo: un error en los planos, una publicación que se olvidaba, un lapsus en el texto, la falta de secretario.

Cuando al fin aprobó revisar la licencia, el Ayuntamiento de Carboneras dio traslado del acuerdo de Pleno a la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada para dar cuenta del cumplimiento del mandato, que venía ya avalado por un informe del Consejo Consultivo de Andalucía.

La interposición de cuatro recursos contra el acuerdo para anular al fin la licencia augura que a este serial todavía le quedan capítulos.

Los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han interpuesto en lo que va de año 98 denuncias por estacionamiento indebido de vehículos habilitados como viviendas, ya sean caravanas, autocaravanas y vehículos camperizados en horario nocturno y por acampadas con vehículo o tiendas de campaña en Cabo de Gata.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, desde donde recuerdan que desde hace siete años se establece un dispositivo especial de vigilancia en esta zona durante los meses de verano “para evitar la pernocta y la acampada entre el ocaso y el orto en zonas no habilitadas para ello, así como el vertido de residuos”.

Según han especificado desde la Delegación Territorial de Sostenibilidad, en general se levanta acta de denuncia en aquellos casos en los que el dueño del vehículo “ignora el aviso de los agentes” o en casos de “especial impacto”, ya sea por situarse el vehículo dañando vegetación o por haber vertido residuos.

“Si el vehículo no estaba sólo estacionado indebidamente sino que se encuentra acampado, ocupando espacio con mesas, toldos, calzos en las ruedas, entre otros supuestos, también se levanta acta de denuncia”, han abundado.

El objetivo es preservar el espacio natural por medio de la concienciación de los visitantes sobre la necesidad de respetar el entorno y la normativa que lo protege, recurriendo a las denuncias en última instancia.

En esta línea, han afirmado que también se acometen campañas informativas para explicar las restricciones a los estacionamientos de vehículos y acampada. “Los agentes van recorriendo las playas y desalojando a las caravanas que encuentren estacionadas y cierran los gálibos de las playas para que no puedan volver a entrar”, han indicado.

Así, han apuntado que este trabajo es “constante” a lo largo del año y “no sólo durante el dispositivo estival”, de modo que durante el invierno pasado, y de manera conjunta con la Policía Local de Níjar, se procedió al “desalojo ordenado” de autocaravanas estacionadas irregularmente en zonas “sensibles” del litoral con el cierre temporal de áreas de estacionamiento en El Playazo y la Isleta del Moro.

La colaboración con la Policía Local nijareña ha incluido este año la retirada por parte de la grúa municipal de vehículos estacionados en zonas prohibidas.

Además del control de pernoctaciones y estacionamientos en todo el tramo litoral, se inspeccionan también especialmente las actividades de empresas de turismo activo y el dispositivo de acceso a las playas de Mónsul y Genoveses.

Desde la Junta de Andalucía se recuerda a los usuarios de autocaravanas que deben utilizar exclusivamente los aparcamientos y áreas específicamente habilitadas, cumpliendo las restricciones y señalizaciones. “La preservación del Parque Natural depende del respeto a la normativa establecida y a las indicaciones de las autoridades competentes: la colaboración ciudadana es esencial”, han añadido.

Aprovechar las vacaciones para realizar un viaje con tu pareja puede ser una buena manera de reforzar la relación. No se trata únicamente de cambiar de aires para conocer nuevos destinos, sino de romper la rutina diaria, compartir experiencias, mejorar la comunicación en pareja y crear nuevos recuerdos compartidos. Y para todo ello, no hace falta irse a la otra punta del mundo.

España ofrece destinos ideales para todos los gustos, desde escapadas a la playa o la montaña, a excursiones por espacios naturales o visitas al patrimonio cultural e histórico y, por supuesto, experiencias gastronómicas para todos los gustos. La clave está en planificar el viaje juntos, buscando un equilibrio en las preferencias (y el presupuesto) según lo que más os apetezca a cada uno.

A continuación, cuatro propuestas en España para disfrutar de unos días en pareja

Cabo de Gata

Pocos destinos ofrecen playas de ensueño y naturaleza salvaje al lado de pueblos con encanto y chiringuitos donde disfrutar del buen comer. El Cabo de Gata es el destino perfecto para las parejas que quieren ir a su aire, sin prisas ni presiones, disfrutando de la naturaleza, el sol y el mar. La zona se puede recorrer en coche, para buscar calas como las de Mónsul, Genoveses o Enmedio, disfrutar del paisaje de las Salinas de Cabo de Gata o del Arrecife de las Sirenas o tomar algo al caer la tarde en La Isleta del Moro o Agua Amarga. Y desde luego, nada más romántico que disfrutar de la puesta de sol desde una de estas playas de ensueño.

Toledo

Para las parejas que busquen algo más cultural, Toledo es el destino perfecto. Es una de las ciudades más bonitas y con más historia, pues aquí convivieron durante siglos cristianos, judíos y musulmanes. En su centro histórico se pueden encontrar testimonios de esta convivencia cultural, en edificios que vale la pena visitar como la mezquita del Cristo de la Luz, la plaza del Zocodover, el Alcázar de Toledo o su catedral. Dejarse perder por sus callejones es ya de por si toda una experiencia, como lo será sentarse en alguno de sus restaurantes para disfrutar de la típica comida de la zona.

La Rioja

Para los amantes de la gastronomía, nada mejor que La Rioja, la tierra del vino por excelencia. La región se puede recorrer en coche haciendo paradas en las diferentes bodegas que hay en la zona, algunas tan espectaculares como las diseñadas por Frank Gehry (Marqués de Riscal) o Santiago Calatrava (Ysios). También hay que ir al famoso Barrio de la Estación de Haro, el enclave que presenta la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo. Por no olvidar la famosa Calle Laurel, perfecta para ir de pinchos y copas, en uno de los mejores ambientes gastronómicos de España. Y por si todo esto fuese poco, en La Rioja también se pueden visitar catedrales, monasterios y otros monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad, como la Catedral de Santo Domingo de la Calzada o los monasterios de San Millán de Yuso y de Suso.

Santander

El Norte también nos ofrece destinos perfectos para una escapada tranquila en pareja. Santander es una opción ideal, especialmente para quienes buscan combinar playa con un ambiente urbano y cultural. En la ciudad puedes relajarte en sus amplios arenales, pasear por El Sardinero, que bordea toda la costa, o recorrer la Península de la Magdalena y los preciosos jardines que rodean el Palacio Real con vistas espectaculares al Cantábrico. Sin olvidar el Centro Botín, un espacio cultural diseñado por Renzo Piano, donde se puede disfrutar de las vistas, visitar una exposición o tomar algo en su terraza.

Las Negras es una pequeña pedanía del municipio de Níjar, en la provincia de Almería, situada dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y a unos 50 kilómetros de la capital. El núcleo se encuentra junto al Mediterráneo y está rodeado por un paisaje marcado por el origen volcánico de esta parte del litoral. Su playa principal, situada frente a las viviendas, concentra buena parte de la actividad del pueblo y tiene como referencia visual el Cerro Negro, una de las formaciones más reconocibles de la zona.

El aspecto de la costa cambia en pocos kilómetros. Junto al casco urbano aparece una playa de arena oscura y pequeñas piedras, mientras que en los alrededores se reparten varias calas con características diferentes. San Pedro, El Cuervo y Hernández forman parte de este entorno cercano, donde las formaciones rocosas, los matorrales y el relieve condicionan el terreno y también la forma de llegar hasta cada punto. Esta variedad permite encontrar zonas de acceso sencillo junto a otras que requieren recorridos a pie más largos o por caminos irregulares.

La localidad mantiene además una relación estrecha con su pasado pesquero. Durante mucho tiempo estuvo habitada principalmente por familias vinculadas al mar, una actividad que tuvo un peso importante en la evolución del pueblo. Todavía se pueden ver pequeñas embarcaciones junto a la costa, mientras que el crecimiento registrado durante el siglo XX estuvo relacionado con la llegada progresiva de visitantes atraídos por el entorno natural. A pesar de esa evolución, Las Negras sigue siendo un núcleo pequeño, con calles sencillas y casas blancas próximas al Mediterráneo.

Una playa oscura frente al Cerro Negro

La playa de Las Negras es la única situada dentro del propio núcleo. Se extiende frente a la población y está formada por arena oscura y pequeñas piedras, una combinación que la diferencia de otros puntos del litoral de Cabo de Gata. Desde la orilla se distingue claramente el perfil del Cerro Negro, una formación volcánica de tonalidad oscura que domina este sector de la costa y forma parte de la imagen más reconocible de la pedanía.

La relación entre esta elevación y el nombre del pueblo forma parte de la tradición popular. Según esta explicación, la denominación de Las Negras estaría vinculada al color del Cerro Negro, aunque no puede considerarse un origen históricamente demostrado. Lo que sí se aprecia con claridad es el carácter volcánico del entorno, presente tanto en esta formación como en otros puntos del litoral que rodea la localidad.

La playa también permite realizar distintas actividades relacionadas con el mar. La claridad del agua favorece opciones como el esnórquel, el buceo o el kayak, especialmente en zonas donde el fondo resulta visible desde poca profundidad. Al encontrarse junto al casco urbano, es además el punto más accesible para quienes quieren acercarse a la costa sin desplazarse fuera de la pedanía.

Su ubicación hace que buena parte de la vida cotidiana de Las Negras se concentre alrededor de esta zona. Las viviendas llegan prácticamente hasta el frente marítimo y las pequeñas embarcaciones recuerdan la relación histórica del núcleo con la pesca. El Cerro Negro, visible desde distintos puntos del pueblo, completa un entorno en el que el relieve y el mar están presentes a pocos metros de las calles del centro.

San Pedro y las calas que rodean la pedanía

Al sur de la localidad se encuentra la cala del Cuervo, uno de los enclaves más accesibles de los alrededores. Se puede llegar caminando en unos diez minutos desde Las Negras en dirección al camping La Caleta y también es posible el acceso en coche. Su cercanía al pueblo y las condiciones del agua hacen que sea uno de los puntos utilizados para practicar esnórquel sin necesidad de realizar un recorrido largo.

Más apartada se encuentra cala Hernández, situada detrás del Cerro Negro. Presenta una orilla más pedregosa y su acceso se realiza a pie, por lo que ofrece unas condiciones diferentes a las de la playa urbana y El Cuervo. Su posición permite conocer otro tramo de la costa próxima a Las Negras, en una zona menos ligada al núcleo habitado.

Cala de San Pedro es uno de los puntos más conocidos de este sector del litoral. Se encuentra fuera del pueblo y únicamente se puede alcanzar caminando o por mar. El recorrido a pie dura alrededor de una hora, por lo que llegar hasta ella resulta más exigente que acceder a las otras calas cercanas. Al final del trayecto aparece una zona de arena fina situada en un entorno sin urbanizar, con vegetación baja y algunas construcciones antiguas.

Entre esas construcciones se encuentran las ruinas del Castillo de San Pedro, una antigua fortificación costera vinculada a la defensa de este tramo del Mediterráneo. Su presencia recuerda la importancia estratégica que tuvo históricamente la costa almeriense y añade un elemento patrimonial a un enclave que, debido a su aislamiento, mantiene unas características muy diferentes a las de la playa situada frente al pueblo.

Las Negras funciona así como punto de partida para recorrer esta parte del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. La playa urbana permite conocer primero el entorno más próximo al pueblo, mientras que las calas amplían el recorrido hacia zonas con características diferentes. El Cerro Negro, las antiguas construcciones de San Pedro y la presencia todavía visible de elementos relacionados con la pesca completan la visita a este pequeño núcleo costero almeriense.

En el extremo suroriental de la Península, dentro de la provincia de Almería, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar reúne un territorio donde conviven el mar, las áreas semiáridas y un relieve marcado por antiguos procesos volcánicos. Ramblas, acantilados, domos, arrecifes y cerros se suceden junto a una franja marina protegida, mientras el paisaje pasa en pocos kilómetros de un interior condicionado por la escasez de agua a calas, humedales y antiguos núcleos pesqueros.

Esta variedad de ambientes favorece la presencia de especies adaptadas a condiciones muy diferentes y permite conocer tanto el patrimonio natural como las actividades desarrolladas históricamente en la zona.

El parque cuenta además con varias figuras de reconocimiento y protección. Fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1997, recibió en 2003 la consideración de Zona de Especial Protección para las Aves y desde 2015 forma parte de la red de Geoparques Mundiales de la UNESCO. Estas designaciones reflejan la relevancia ambiental y geológica de un espacio marítimo-terrestre que puede recorrerse a través de playas, miradores, salinas y pequeñas localidades.

Mónsul, la huella volcánica junto a San José

La playa de Mónsul se encuentra en el municipio de Níjar, a poco más de cuatro kilómetros de San José. Su emplazamiento, apartado de construcciones y núcleos urbanizados, permite observar uno de los tramos costeros donde resulta más evidente el origen volcánico de Cabo de Gata. El arenal mide aproximadamente 300 metros de longitud y cerca de 50 de anchura.

El elemento que identifica este enclave es la conocida como Peineta de Mónsul, una formación de lava erosionada que divide visualmente la playa. En la parte posterior se levanta una duna móvil de arena más clara, mientras que los extremos quedan delimitados por paredes volcánicas. La combinación de estos elementos explica que Mónsul sea uno de los puntos más representativos de la geología del parque.

Cala de Enmedio, formaciones erosionadas frente a Agua Amarga

Cala de Enmedio se localiza en el término municipal de Níjar, cerca de Agua Amarga. No existe una carretera que llegue directamente hasta la playa, por lo que el tramo final del trayecto debe completarse caminando por caminos de tierra. Esta dificultad de acceso ha contribuido a que sus inmediaciones se mantengan sin construcciones ni servicios.

La ensenada tiene unos 130 metros de longitud y alrededor de 35 de anchura. En sus dos extremos aparecen formaciones claras de arena consolidada que se prolongan hacia el agua y han sido modeladas por la erosión. En algunas zonas se han creado pequeñas cavidades en las que penetra el mar. Desde la orilla también se divisan Agua Amarga y, más allá de la bahía, el relieve de Mesa Roldán.

El arrecife de las Sirenas, restos volcánicos frente al faro

El arrecife de las Sirenas está formado por varias estructuras rocosas que emergen verticalmente del Mediterráneo. Estos peñascos son los restos erosionados de una antigua chimenea volcánica, originada por el enfriamiento y la solidificación del magma. Sus perfiles afilados y su proximidad a la costa muestran parte de los procesos geológicos que dieron forma al entorno.

La perspectiva más completa se obtiene desde el mirador situado junto al faro de Cabo de Gata. La construcción entró en funcionamiento en 1863 y se levantó sobre el emplazamiento de una antigua fortificación costera, conocida como San Francisco de Paula. Desde este punto pueden observarse el arrecife, los acantilados y el tramo marítimo que rodea el cabo.

La Amatista, una vista sobre las sierras y los acantilados

El mirador de la Amatista se encuentra en la carretera que comunica La Isleta del Moro con Rodalquilar. Su posición elevada permite contemplar cómo los relieves volcánicos del interior descienden hasta el mar y forman una costa compuesta por paredes abruptas, pequeñas calas y laderas con vegetación adaptada a la falta de precipitaciones.

Desde allí se distingue el Cerro de los Frailes, que alcanza los 493 metros y constituye la mayor elevación del parque natural. Sus dos cumbres también son conocidas como Las Teticas o Las Hermanicas. La panorámica incluye acantilados que llegan a aproximarse a los 200 metros y zonas de palmitos que crecen entre los materiales volcánicos.

Los Muertos, una playa abierta entre relieves rocosos

La playa de los Muertos ocupa un tramo de costa situado entre Carboneras y Agua Amarga, en una zona sin edificaciones junto a la orilla. Se extiende al pie de varias elevaciones rocosas y presenta un suelo compuesto principalmente por pequeños cantos y grava clara, en lugar de la arena fina habitual en otros puntos del litoral.

Su nombre se ha relacionado tradicionalmente con los cuerpos de marineros naufragados que las corrientes arrastraban hasta esta parte de la costa. El acceso requiere realizar a pie el último tramo desde el área de estacionamiento, mediante un sendero con desnivel. La ausencia de urbanización y la presencia de acantilados determinan la configuración del entorno.

Las Salinas, un espacio de interés ornitológico

Las Salinas de Cabo de Gata se extienden junto a la franja litoral y mantienen la actividad dedicada a la obtención de sal. El recinto está dividido en balsas conectadas entre sí, por las que circula el agua marina hasta alcanzar la concentración necesaria para su cristalización. Esta explotación convive con un humedal integrado en el espacio protegido.

Las charcas son utilizadas por numerosas aves como zona de descanso, alimentación o reproducción. Entre las especies que pueden observarse se encuentran flamencos, garzas y charranes, aunque su presencia varía según la época del año. El perímetro dispone de observatorios desde los que seguir la avifauna sin entrar en las áreas de producción ni alterar el funcionamiento del humedal.

La decisión del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras de declarar la nulidad de la licencia de obras de El Algarrobico y poner fin así expediente de revisión de oficio abierto por orden del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) ha provocado la reacción de la Junta de Andalucía, partidos políticos y organizaciones ecologistas, que han reclamado al unísono que se lleve a efecto el derribo del hotel ilegal “cuanto antes”. El único de los actores principales que ha evitado valorar este paso ha sido el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), que precisamente había pedido a los jueces que dieran un ultimátum al Pleno tras el fiasco del pasado 17 de junio, cuando se acordó postergar la decisión.

La consejera andaluza en funciones de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado que la Junta de Andalucía pretende “impulsar de manera inmediata” los trabajos técnicos y administrativos para “hacer posible la restauración ambiental” del paraje protegido de El Algarrobico en Carboneras (Almería) una vez que el Ayuntamiento ha aprobado la revisión de oficio de la licencia de obras del inmueble para su nulidad, con el voto favorable de ocho de los 13 concejales: cuatro del PP, el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) y tres del PSOE. Dos concejales no adscritos y dos del PSOE (incluyendo su portavoz, José Luis Amérigo) han abandonado el salón de Plenos antes de votar.

También la portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, ha confiado este martes que “cuanto antes” se pueda llevar a cabo la demolición.

La demolición y restauración está prevista por un Protocolo firmado en 2011 por el Gobierno y la Junta de Andalucía, que distribuye las tareas: demolición y desescombro para el Estado, restauración para la Junta de Andalucía.

“Entramos en una fase en la que la colaboración entre las administraciones públicas y, sobre todo, la colaboración con el Gobierno de España será fundamental para culminar ese objetivo compartido: recuperar plenamente este entorno natural”, ha manifestado la responsable de la Junta en unas declaraciones remitidas a Europa Press.

Cargos y técnicos del Gobierno y la Junta de Andalucía mantuvieron una reunión hace apenas dos semanas para informarse de sus respectivas intenciones. Ambos dicen pretender la demolición del inmueble cuanto antes, si bien todo paso estaba condicionado a que el Ayuntamiento declarara la nulidad de la licencia que concedió en enero de 2003, o que si no lo hicieran los jueces. Ahora ese paso ya se ha dado.

Gobierno central y Junta mantienen hasta ahora otro punto de fricción: la expropiación, una vía abierta por sorpresa por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en febrero de 2025, y vista con recelo hasta ahora por el Gobierno de Moreno. Esta vía ahora está atascada en la falta de acuerdo que la Administración debería pagar a Azata del Sol por quedarse con los 32.000 metros cuadrados del hotel que están sobre dominio público. La promotora los valora en 44,5 millones y el Gobierno ofrece 16.500 euros. La discrepancia deberá resolverla un jurado provincial de expropiaciones.

Los ecologistas celebran el “fin del calvario”

Los ecologistas han celebrado el acuerdo de Pleno. Para Greenpeace, es el “fin del calvario” de las dos décadas que ha costado obtener la revisión de la licencia de obras. “Ya es ilegal”, señala en una nota la organización ecologista. “Esta anulación llega tras años de insumisión judicial protagonizada por el Consistorio y pone fin al calvario administrativo que ha acompañado a esta ruina urbanística”, ha trasladado el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.

Greenpeace considera que esta decisión “abre un nuevo escenario” puesto que “con la licencia anulada, ya no hay obstáculos administrativos para derribar este mamotreto ilegal”. Por eso, Greenpeace exige la demolición “de forma inmediata ante el Ayuntamiento de Carboneras” puesto que es el Consistorio el que, según han avisado, “tiene la obligación de ordenar el derribo como única medida posible para restablecer la legalidad urbanística”. “No se trata solo de tirar un edificio, sino de recuperar la biodiversidad de una de las joyas del Mediterráneo andaluz”, han recalcado.

Sin embargo, el abogado de los ecologistas, José Ignacio Domínguez, se ha mostrado convencido de que la empresa recurrirá la decisión del Pleno de anular la licencia. “Presentará el recurso en el Contencioso-administrativo de Almería y luego, cuando le digan que la licencia es ilegal, recurrirá al TSJA, que nuevamente le dirán que la licencia no se debió de conceder”, ha aventurado el letrado ante lo que prevé como una “demora más” para este “interminable” asunto.

Por su parte, Salvemos Mojácar ha anunciado que va a solicitar “de inmediato” al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que “reactive” el pleito que inició en 2006 encaminado a derribar el hotel de la playa de El Algarrobico que, según han incidido, quedó pendiente de que se anulara la licencia de obras que el Ayuntamiento de Carboneras ha acordado este martes revisar de oficio conforme al mandato judicial.

En una nota, la organización que consiguió la paralización cautelar de las obras cuando el hotel se encontraba prácticamente construido ha explicado que la reactivación de dicho proceso supone “la única vía realista para llegar a la demolición del hotel” ante la “falsedad manifiesta del resto de administraciones en el caso”.

María Jesús Montero pide a la Junta que inste al Ayuntamiento a demoler

María Jesús Montero, que presentó la vía de la expropiación a pie de hotel hace ahora año y medio, prometiendo que se habría demolido el hotel antes de final de 2025, ha evitado hoy referirse a esa vía. Tampoco lo ha hecho el MITECO, que hace dos semanas desmintió que hubiese descartado la expropiación, y aseguró que el proceso expropiatorio seguía su “curso dentro del marco legal establecido”.

Montero, secretaria general del PSOE-A, ha pedido a la Junta que “inste de inmediato” al Ayuntamiento de Carboneras o la empresa constructora a comenzar con el derribo del hotel del Algarrabico: “Es lo que se quedó en la última reunión de coordinación Estado-Comunidad Autónoma y la Junta de Andalucía se comprometió a que lo haría. Se trata de hacerlo de inmediato, hoy mejor que mañana”.

Montero ha explicado que los expedientes a los cinco concejales socialistas que votaron en contra de la nulidad en la primera “siguen en curso”, aunque cree que habrá “un trato distinto” para los dos concejales expedientados que han votado este martes a favor de la nulidad.

Sobre unas futuras indemnizaciones a la empresa propietaria del hotel, Montero ha señalado que la petición de la compañía “no se corresponden con el alzamiento de un edificio en terreno rústico”. La secretaría general del PSOE-A ha asegurado que “todas las administraciones pueden ser subsidiarias” y ha afirmado que la parte compensatoria de indemnizaciones “la tendrán que determinar los tribunales”.

También Por Andalucía ha ha reclamado este martes que se avance “cuanto antes” hacia el derribo del hotel. “Después de más de 20 años de carrera judicial, legislativa y administrativa, ha llegado el momento de dejar de marear la perdiz. El Algarrobico tiene que pasar cuanto antes al derribo”, ha afirmado Ernesto Alba, diputado de Por Andalucía, quien ha insistido en que “la protección del territorio y del patrimonio natural andaluz tiene que estar por encima de cualquier interés privado”.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería, 8.458 habitantes) ha decidido poner fin al expediente de revisión de oficio de la licencia de obras de El Algarrobico declarándola nula, con el voto a favor de ocho de los 13 concejales, y la ausencia de los otros cinco.

El Pleno ha dado así cumplimiento al ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había ordenado que votaran nuevamente esta cuestión para cumplir una sentencia de junio de 2021, firme desde diciembre de 2022, y que el Ayuntamiento empezó a ejecutar en junio de 2023. Tres años ha costado. Los jueces advirtieron el pasado 24 de junio que desplegarían todo su poder si los concejales volvían a ignorarles: ejecución subsidiaria, multas y posibles responsabilidades penales.

De esta forma, los ediles han votado en Pleno Extraordinario a favor de dar cumplimiento al auto de 24 de junio, dictando resolución para poner “fin a la revisión de oficio” de la licencia que concedió el 13 de enero de 2003, declarando que aquella licencia es nula de pleno derecho. Queda para otro momento determinar si deberá indemnizar a Azata del Sol, la promotora a la que dio la licencia para construir en plena playa y parque de Cabo de Gata, y en cuánto.

Esta era la segunda ocasión en un mes en la que los ediles del municipio eran llamados a pronunciarse sobre una cuestión que marca el futuro del inmueble. En la primera votación, el pasado 17 de junio, Carboneras dio la sorpresa. Con todo a favor, incluyendo el informe del Consejo Consultivo favorable a la nulidad, el Pleno decidió posponer la decisión de revisar (y anular) la licencia con el voto a favor de cinco del PSOE y dos no adscritos.

El voto de dos concejales socialistas da la vuelta

En esta ocasión, ha sido el voto de dos de las concejalas socialistas el que ha provocado el volteo del resultado. Mariana Esteban e Isabel Hernández se han apartado de la postura del líder local del partido, el exalcalde José Luis Amérigo, y se han alineado con los cinco concejales del PP y el propio alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) para dar cumplimiento al auto de 24 de junio,

Con la voz entrecortada, Hernández ha insistido en varias ocasiones en que “lo que dicta la Justicia está para cumplirse”, asegurando que él nunca ha intentado poner palos en las ruedas, sino que ha intentado cumplir “sobre la base de los medios humanos y materiales de que disponemos”.

El regidor ha insistido en pedir ayuda a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, a las que ha llamado “corresponsables” de autorizar el hotel y ha pedido “altura de miras”: “Somos un municipio de poco más de 8000 habitantes, al que se le crearon unas expectativas irreales e ilegales de desarrollo”, ha lamentado, antes de advertir de que el camino que queda es largo y que no ve que el pueblo pueda recorrerlo solo: “Mucho nos tememos, si no tenemos ayuda, que el hotel va a seguir su culebrón (...) Intentemos entre todos salir de la mejor manera posible de este embrollo”.

El “embrollo” es la presunta responsabilidad a la que podría tener que hacer frente el Consistorio, si bien los tribunales ya han determinado en tres ocasiones que Azata no tiene derecho a reclamar nada porque sabía que no podía construir ahí. Hernández ha lanzado un “mensaje de intranquilidad”, asegurando que quienes vaticinan la ruina para el pueblo lo hacen para “meter miedo” y seguir sosteniendo un hotel ilegal.

No le han escuchado ni Amérigo ni los otros tres concejales que no han votado a favor (otro socialista y dos no adscritos), que han abandonado el salón de Plenos antes de que el alcalde tomara la palabra.

Antes, Amérigo había asegurado que el mandato del TSJA (“poner fin al expediente de revisión de oficio”) no obliga a declarar la nulidad de la licencia, y ha defendido que el acuerdo que adoptó el pasado Pleno para posponer la votación hasta contar con tres nuevos informes sí es obligatorio y ejecutivo.

El portavoz socialista ha insistido en que al expediente le faltan informes y documentos. En su opinión, votar hoy a favor de la nulidad de licencia supone incumplir a la vez el mandato del TSJA y el del Pleno. En la misma línea han hablado Felipe Cayuela y la otra concejala no adscrita, mientras las dos socialistas que han revertido el resultado explicaban que votaban a favor para cumplir con el mandato judicial: “Si no se declara por el Ayuntamiento lo haría el TSJA, a riesgo de que seamos encausados judicialmente.”

Hernández no le ha comprado el argumento a Amérigo, subrayando que el mandato de los jueces es claro: “Si nos dicen que hay que anular, hay que anularla. (...) Esos supuestos informes que faltan, no faltan. (...) Este expediente lo único que lleva es la revisión de oficio: la orden del TSJA, informe del Consultivo y la información a las partes”.

El regidor ha apuntado a Amérigo, recordando que es sobrino del alcalde que concedió la licencia, Cristóbal Fernández: “El hotel tiene padre y madre, el PSOE de la familia Amérigo Fernández, que son los que concedieron la licencia y nos llevan por el camino de la amargura”.

Una decisión controvertida

La decisión del pasado 17 de junio había descolocado a todos. El Gobierno central, personado en el procedimiento judicial, presentó un escrito pidiendo a los jueces que dieran un (otro) ultimátum al municipio para que anulara la licencia, y si no, que la anularan ellos. La Junta de Andalucía y los ecologistas optaron por pedir directamente al TSJA que asuma la función prevista en la ley y ejecute la sentencia ante la constatada resistencia municipal a hacerlo, además de pedir que se investigue ya en vía penal a concejales y alcalde. Y el PSOE, cuyos ediles contribuyeron decisivamente a completar la nueva pirueta que dio aire a la mole, anunció la apertura de un expediente y la suspensión temporal de esos concejales por saltarse la disciplina de partido.

De fondo operan las mismas reticencias que han trufado de obstáculos, excusas y trabas la ejecución de la sentencia del TSJA, que es firme desde diciembre de 2022 y pese a ello, sigue sin aplicarse. Aseguran quienes evitan ejecutarla que Carboneras podría verse expuesto a una reclamación millonaria de la promotora si es el propio municipio el que declara la nulidad de licencia que concedió en febrero de 2023.

Es el argumento que oponen, antes de manera velada y ahora ya abiertamente, quienes se oponen a la ejecución, como José Luis Amérigo, exalcalde del PSOE y ahora portavoz de los socialistas. En el Pleno, Amérigo aseguró que carecía de “información esencial” sobre las consecuencias de la nulidad, una decisión de “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica”, y adujo la necesidad de recabar al menos tres nuevos informes: uno sobre el impacto económico, otro de intervención y otro jurídico sobre la eventual responsabilidad patrimonial.

Nada más recibir el acta del Pleno y los escritos de los ecologistas, la Junta de Andalucía y el Ministerio, los jueces del TSJA resolvieron dar una nueva oportunidad al Pleno para que convocara y votara la revisión, bajo advertencia de que si no lo hacía, podría multar a los responsables y llevarlos a Fiscalía.

Eso es lo que se ha votado hoy, con un resultado esperado durante más de dos décadas: la licencia de El Algarrobico es nula de pleno derecho. Esto era solo el primer paso, aunque probablemente el más costoso. Ahora vendrá todo lo demás.

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) votará por segunda vez el próximo 7 de julio la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico de cara a declarar su nulidad conforme al último mandato dado por el TSJA el pasado 26 de junio después de que la mayoría de la corporación decidiera aplazar el asunto hasta recabar nuevos informes.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que el asunto ha contado con el voto favorable en la comisión informativa de Presidencia, Hacienda, Régimen Interior y Ciudadanía del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), así como dos ediles del PP. Otros dos concejales del PSOE se han abstenido y el edil no adscrito Felipe Cayuela (que propuso dejar el asunto sobre la mesa en la última sesión) ha excusado su presencia y no ha acudido.

Será la segunda ocasión en un mes en que los 13 ediles del Ayuntamiento carbonero sean llamados a pronunciarse sobre la revisión de la licencia para construir un hotel en la playa de El Algarrobico, invadiendo servidumbre de dominio público marítimo-terrestre y un espacio integrado en el parque natural de Cabo de Gata. La licencia fue concedida a Azata del Sol por el Consistorio, liderado entonces por Cristóbal Fernández (PSOE) el 13 enero de 2003. Aunque el TSJA ordenó a Carboneras que la revisara, en una sentencia firme desde diciembre de 2022, el Consistorio (liderado sucesivamente por Amérigo, Felipe Cayuela (exPP) y Sálvador Hernández -Ciudadanos-) ha evitado desde entonces cumplir la resolución.

El último episodio ocurrió el pasado 17 de junio, cuando ya se contaba con el informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía y todo estaba previsto para completar el expediente administrativo para ejecutar la sentencia iniciado año y medio antes. Pero todo quedó nuevamente atascado. Aquel día, Cayuela presentó supuestamente por sorpresa una propuesta para aplazar la votación, alegando que era necesario recabar más informes para pensarlo todo mejor, y la propuesta obtuvo siete votos a favor, los de cinco ediles del PSOE y dos no adscritos.

El portavoz socialista en Carboneras, el exalcalde José Luis Amérigo, dijo necesitar al menos tres informes más sobre las consecuencias urbanísticas y particularmente económicas que para el municipio tendría declarar nula una licencia que concedió en su día. El temor que sobrevuela el municipio desde hace años es que Carboneras tenga que asumir una indemnización millonaria a la promotora. El PSOE anunció la suspensión de militancia de sus cinco concejales.

El alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) se desmarcó de este resultado nada más salir del Pleno: “Lo que procedía hoy era anular la licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá”.

Peticiones de Gobierno, Junta y ecologistas

Aquel resultado motivó que el TSJA requiriera al Ayuntamiento de Carboneras el pasado 26 de junio para que la convocatoria inmediata de un nuevo Pleno en el que aprobar la propuesta de revisión de la licencia de obras del hotel concedida a Azata del Sol el 13 de enero de 2003 en un plazo máximo e improrrogable de 20 días hábiles.

Los magistrados, que han advertido a los sucesivos alcaldes con imponerles una multa y dar cuenta a Fiscalía de su resistencia a ejecutar su sentencia (sin materializar nunca las advertencias), aceptaron así la solicitud del Gobierno central.

El Ministerio de Transición Ecológica, recientemente personado en la ejecución, había pedido a los jueces que forzaran al Ayuntamiento a ejecutar, y que si este volvía a fallar, fueran los propios jueces quienes asumieran la tarea. La Junta de Andalucía, por su parte, había pedido que entrasen ya, sin dar una nueva oportunidad al municipio. Lo mismo solicitaron los ecologistas, que llevan años reclamando una intervención directa de los magistrados que ponga fin a la actitud obstructiva del municipio.

El TSJA optó por dar una nueva oportunidad a los concejales, advirtiéndoles expresamente de que, en caso de incumplimiento, podría acordar la ejecución subsidiaria de la sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 108.1 a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), ponerles una multa y deducir testimonio a Fiscalía.

Ahora, el Ayuntamiento cumple el mandato de convocar nuevo pleno para que la corporación vuelva a votar la propuesta, sin recabar los informes adicionales solicitados por los siete concejales que habían pedido posponer la votación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un auto por el que requiere de forma formal y directa al Ayuntamiento de Carboneras para que proceda en un plazo máximo e improrrogable de 20 días hábiles a la anulación de la licencia de obras del hotel ilegal que se encuentra en el parque natural de Cabo de Gata.

El dictamen, adelantado por la Cadena SER y consultado por esta cabecera, va dirigido directamente al alcalde de la localidad almeriense Salvador Hernández y exige que el Consistorio ponga fin al procedimiento de revisión de oficio de la licencia concedida por la corporación a la entidad Azata del Sol S.L. del 13 de enero de 2003. Una vez realizado este trámite, se dará remisión de la resolución “de forma inmediata” a la Sala, expone el TSJA.

Asimismo, se establece que en caso de no darse cumplimiento al requerimiento, “podrá acordarse la ejecución subsidiaria de la Sentencia” conforme a lo dispuesto en la normativa. Es decir, el TSJA sustituirá las competencias municipales. Por tanto, se forzará la actuación administrativa y se invalidará la licencia de obras por sus propios medios jurídicos.

Esta resolución se produce días después de que se retrasara la votación en el Pleno municipal para desbloquear la situación y proceder a la demolición el pasado 17 de junio y, a su vez, tras el anuncio de la Junta de Andalucía en el que solicitaba al TSJA que anulara la licencia de obras del complejo. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Carboneras viene incumpliendo de manera reiterada la sentencia del TSJA desde el año 2021, que fue finalmente firme en diciembre de 2022.

23 años después

Más de dos décadas después, el hotel de 411 habitaciones y 20 plantas que se encuentra a 14 metros de la orilla del mar parece que tiene los días contados. El Ayuntamiento de Carboneras celebraba un pleno extraordinario el pasado 17 de junio para debatir y votar únicamente el acuerdo destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, lo que hubiera permitido avanzar en la anulación del permiso otorgado en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol para su construcción. Esto sucedía tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) del pasado 22 de mayo que daba el visto bueno a la propuesta de resolución del procedimiento.

El pasado miércoles, el pleno bloqueó el procedimiento gracias a una moción presentada por el exalcalde Felipe Cayuela (ex del PP, ahora no adscrito) apoyada por los concejales del PSOE liderados por el exalcalde José Luis Amérigo (PSOE, que le ha abierto expediente) para retrasar el voto de revisión, y pedir en su lugar hasta tres informes sobre el posible impacto patrimonial y urbanístico de declarar la nulidad de la licencia para el Consistorio.

Fruto de este requiebro, se convocó este martes de urgencia la comisión mixta Gobierno-Junta de Andalucía, la primera que se da desde marzo del año pasado y por novena vez en una década, donde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) del Gobierno central y la Consejería de Sostenibilidad de la Junta coincidieron en el objetivo final: que el hotel a medio construir desaparezca de la playa del mismo nombre. La reunión bilateral constataba que ambas administraciones pretendían solicitar el amparo del TSJA.  

De momento, la línea de la expropiación, abierta por sorpresa por el Gobierno central en febrero de 2025, y que la Junta mira con recelo, ha quedado supeditada al resultado de las gestiones del TSJA para anular la licencia. Ambas partes transmiten que los esfuerzos ahora se centran en anular la licencia.

Tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España confían en los tribunales para anular la licencia de obras de El Algarrobico, el hotel ilegal en plena playa de Carboneras (Almería), en el parque natural de Cabo de Gata. Sin embargo, también hay un matiz: mientras el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) ya ha pedido a los jueces que urjan al Ayuntamiento a anular la licencia, y si no, que la anulen ellos mismos, el Gobierno andaluz es partidario de pedir a los jueces que actúen por sí mismos ya.

Así lo han constatado ambas administraciones en la reunión de este martes, celebrada una semana después de que el Pleno del Ayuntamiento decidiera por sorpresa y con el voto de cinco ediles socialistas y dos no adscritos aplazar la votación para revisar la licencia, que concedió hace 23 años.

En la reunión de este martes, la primera de la comisión mixta Gobierno-Junta de Andalucía desde marzo del año pasado, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) del Gobierno central como la Consejería de Sostenibilidad de la Junta se han informado mutuamente sobre sus actuaciones y sus intenciones, aparentemente coincidentes en el objetivo final: que el hotel a medio construir desaparezca de la playa del mismo nombre. Además de técnicos y letrados, por parte de la Junta de Andalucía han participado dos veciconsejeros, la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático y dos directores generales; así como técnicos y letrados. Por parte del Gobierno central, han intervenido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán y la directora general de la Costa y el Mar.

Ambas administraciones dicen querer acabar cuanto antes con la mole, para lo cual es necesario que antes alguien declare que la licencia que sirvió para levantarla es nula. A priori, la tarea de anularla solo puede hacerla quien la otorgó, el Ayuntamiento, pero este lleva años demorando su obligación de hacerlo (consignada en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia firme desde diciembre de 2022) con todo tipo de requiebros. Para casos así, la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa prevé que los jueces tomen las riendas y ejecuten por sí mismos. Es lo que los ecologistas llevan años pidiendo, a la vista de lo que consideran una flagrante insumisión de los concejales de Carboneras.

El pasado miércoles, el Pleno volvió a dar largas, aprovechando una moción presentada por el exalcalde Felipe Cayuela (exPP, ahora no adscrito) apoyada por los concejales del PSOE liderados por el exalcalde José Luis Amérigo (PSOE, que le ha abierto expediente) para retrasar el voto de revisión, y pedir en su lugar más informes sobre el posible impacto patrimonial y urbanístico de declarar la nulidad de la licencia para el Consistorio. Es decir, nuevos informes sobre si el Ayuntamiento podría tener que indemnizar a Azata del Sol, la promotora, en caso de anular la licencia que le dio en su día, y que los tribunales le han ordenado revisar.

Actuar ya o requerir otra vez al Ayuntamiento

Este nuevo regate provocó la reacción unánimente indignada, y la coincidencia entre Gobierno y Junta de que hay que echar mano de los jueces. Sin embargo, hay un matiz que diferencia la postura de las dos administraciones, y los jueces deberán decidir.

De un lado, el Gobierno ya ha solicitado al TSJA que dé una nueva oportunidad al Ayuntamiento, pero no más. En un escrito presentado el lunes, pide a los jueces que den 72 horas de plazo al Consistorio para que convoque un nuevo Pleno para que aborde la revisión de la licencia y, entonces sí, “para el supuesto de que no se dé cumplimiento a los requerimientos formulados por la Sala, acuerde proceder a la ejecución subsidiaria de la sentencia”, además de multar a los responsables e investigarlos por vía penal.

En cambio, la Junta de Andalucía no quiere dar más oportunidades al Ayuntamiento, y prefiere que los jueces ejecuten ya, sin esperar a otro Pleno. “Los servicios jurídicos de la Junta recibieron el encargo del Ejecutivo autonómico (…) de instar al TSJA a que directamente decrete la nulidad de la licencia (…) sin esperar a que el Consistorio vuelva a convocar sesión plenaria para tratar de aprobar la anulación, ante los reiterados incumplimientos y demora por parte del Ayuntamiento”, explica la Consejería en un comunicado.

Que los jueces ejecuten directamente es una vía que la Junta de Andalucía descartó hace poco más de un año, quizás porque todavía confiaba en que el Ayuntamiento cumpliría con la sentencia. Lo pidió la promotora y lo pidieron los ecologistas, con motivos opuestos (la promotora porque entiende que así podría exigir reclamaciones en otras instancias), y la Junta se opuso. Pero tras un año y medio comprobando que el Ayuntamiento alegaba motivos peregrinos (“prácticas dilatorias”, observó la Junta) para demorar una y otra vez el expediente, el Gobierno andaluz ahora se decanta por pedir la activación del botón judicial: que sean los jueces los que lo hagan.

En todo caso, la Junta ha dado instrucciones a sus letrados, pero aún no ha presentado su escrito, según confirman fuentes del procedimiento.

Expropiación, sin novedades

De momento, la línea de la expropiación, abierta por sorpresa por el Gobierno central en febrero de 2025, y que la Junta mira con recelo, ha quedado supeditada al resultado de las gestiones del TSJA para anular la licencia. Ambas partes transmiten que los esfuerzos ahora se centran en anular la licencia.

Este martes, Junta y Gobierno se enredaron en el matiz semántico del orillamiento de la vía expropiatoria. La Junta dijo en su comunicado que el MITECO había “confirmado la suspensión del procedimiento de expropiación”. De inmediato, el MITECO desmintió que “haya solicitado la paralización del procedimiento expropiatorio”. Fuentes del ministerio subrayan que la expropiación sigue siendo una vía “plenamente vigente”, “uno de los instrumentos disponibles” y que no ha sido descartada, sino que “sigue su curso”.

Poco se sabe de su evolución desde que Azata del Sol y el MITECO constataran la enorme diferencia entre el valor que cada una otorga a los 32.000 metros cuadrados de la promotora insertos en dominio público marítimo-terrestre. Azata los valora en 44,5 millones de euros; el Ministerio le ofrece 16.500. Esto fue en marzo. La discrepancia debe dirimirla ahora un jurado provincial de expropiación, que tiene seis meses (en teoría, hasta septiembre). Cuando dé su valoración, ambas partes podrán impugnarla ante los tribunales.

Entre tanto los esfuerzos se centran en lograr la nulidad de una licencia concedida en enero de 2003, hace 23 años. El dictamen del Consultivo favorable a la nulidad lo dejó todo preparado para que el Ayuntamiento la revocase, pero la nueva demora confirmó que El Algarrobico sigue envuelto en un ovillo de intereses que lo mantiene atado a la playa. También provocó la convocatoria de la comisión mixta, reunida por novena vez en la última década. Es un órgano bilateral previsto en el Protocolo de 2011, que contempla el reparto de tareas para cuando, al fin, se despeje la maraña jurídica de El Algarrobico; algo que, según Junta y Gobierno, sólo pueden hacer los jueces.  

El Gobierno ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dé un plazo de tres días al Ayuntamiento de Carboneras para que este convoque, otra vez, un Pleno para votar la revisión de la licencia de obras de El Algarrobico, según trasladan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. También solicita a los jueces que pidan con urgencia copia del acta del Pleno del pasado miércoles, donde la votación con ese mismo objeto quedó frustrada por sorpresa; que identifiquen ya a los responsables de hacer avanzar el procedimiento; y que les multe y traslade sus actuaciones al fiscal si incumplen. A través de la Abogacía del Estado, el Gobierno pide a los jueces que, si esto no ocurre, sean ellos quienes revisen la licencia y, eventualmente, declaren su nulidad.

En el Pleno celebrado el pasado miércoles dos ediles no adscritos y cinco del PSOE dieron al traste con la posibilidad de anular esa licencia, concedida en 2003, al proponer y votar una moción previa que pide el aplazamiento de la decisión hasta contar con nuevos informes jurídicos y económicos que determinen la posible responsabilidad económica para el municipio de anular el permiso de obras concedido en su día a Azata del Sol.

La nulidad estaba más cerca que nunca tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo andaluz, pero tras el aplazamiento de la votación en el Ayuntamiento, la situación jurídica de la mole ha entrado en una nueva fase del mismo impasse que la mantiene varada en la playa del mismo nombre en Cabo de Gata desde hace dos décadas: a pesar de los múltiples pronunciamientos judiciales en contra desde que un juez ordenara parar máquinas el 6 de febrero de 2006, el inmueble sigue en pie porque la licencia concedida por el Consistorio tres años antes es válida hasta que el Consistorio la declare nula.

Ejecución judicial subsidiaria

Subsidiariamente, el MITECO ha pedido a los jueces de que sean ellos los que ejecuten su propia sentencia, pero sólo para el caso de que el Ayuntamiento de Carboneras vuelva a incumplir los requerimientos judiciales (remitir el acta en 48 horas, convocar Pleno en 72 horas e identificar a los responsables).

De esta forma, el Gobierno se inclina por mantener abierta la puerta a una anulación de la licencia en vía municipal, a diferencia de los ecologistas y de la Junta. Nada más conocer lo que pasó en el salón de plenos el mismo miércoles, Greenpeace presentó un escrito pidiendo investigar a los ediles y reiterando que los jueces tomen las riendas del asunto. También el Gobierno andaluz anunció, por boca de la portavoz en funciones Carolina España, que pedirá que sean los magistrados quienes ejecuten su sentencia sustituyendo al Ayuntamiento, algo que el propio Gobierno andaluz descartaba poco más de un año.

Los magistrados ya reconocen expresamente esta posibilidad. En un auto dictado el pasado 2 de junio para desestimar un recurso de la promotora, recordaron que tienen “amplias facultades” para ejecutar la sentencia, “inclusive la declaración de nulidad de la licencia”. Y “sobre todo, tiene la obligación de remover los obstáculos de todo orden que encuentre dicha ejecución”, advertían.

El escrito del Gobierno a los jueces de El Algarrobico se produce sin esperar a la reunión con el Ejecutivo andaluz para abordar los próximos pasos a dar para demoler El Algarrobico, prevista para este martes. La comisión mixta, constituida para dar seguimiento a un reparto de tareas ya suscrito en 2011 (demoler para el Gobierno central; desescombrar y restaurar, para el andaluz) se ha reunido ocho veces desde 2016. Esta vez la presidirá la Junta.  

Los concejales expedientados por el PSOE: “Nos defenderemos”

Después de incorporarse a la vía judicial hace apenas un par de semanas, el Gobierno central trata así de impulsar un procedimiento administrativo eterno que ni los jueces, ni la Junta de Andalucía ni los ecologistas han sido capaces de acelerar, porque todo depende en última instancia de los ediles municipales. Consiste en ejecutar una sentencia del TSJA de 2021, firme desde diciembre de 2022, que obliga a Carboneras a revisar de oficio la licencia.

El Ayuntamiento, gobernado sucesivamente por José Luis Amérigo (PSOE), Felipe Cayuela (exPP) y Salvador Hernández (Ciudadanos) ha puesto todo tipo de excusas para retrasar el cumplimiento de las sentencias que declaran la ilegalidad del hotel y lo abocan a su derribo: ha cometido errores absurdos, tramitado procedimientos innecesarios, votado mociones inútiles y ha alegado que no se tiene personal, para llegar al Pleno del pasado miércoles, en el que la votación final no llegó a producirse bajo el argumento de que, veinte años después, es necesario disponer de al menos tres nuevos informes que arrojen luz de las consecuencias que tiene anular la licencia.  

La nueva pirueta en el Pleno carbonero provocó un terremoto político, porque parece que esta vez sí, algunos contaban con que aquí se terminaba la historia. Pero no. La revisión quedó aplazada porque siete concejales, entre ellos cinco socialistas y dos exalcaldes (Amérigo y Cayuela) votaron por ello. Entre los ecologistas existe el convencimiento de que todo era un teatro del que también participó el alcalde Salvador Hernández, quien no mostró mucha sorpresa de lo que pasaba durante el Pleno pero se dijo muy sorprendido a la salida, y que en el pasado ha pedido que se estudie si al hotel se le podría dar otro uso.

El voto de los cinco ediles socialistas ha dejado en una posición muy incómoda al PSOE, que se apresuró a abrirles expediente disciplinario por no seguir las directrices del partido, mientras el PP les apuntaba con el dedo. No es la primera vez. Los intereses del PSOE, particularmente de su agrupación local, siempre están en cuestión desde que la construcción se impulsara con gobiernos socialistas en la Junta y el municipio.

En 2023 fueron los ecologistas de Greenpeace quienes hicieron pasar como propio del PSOE un gran cartel frente a la sevillana estación de Santa Justa donde juntaban a Amérigo (por entonces candidato socialista a la reelección como alcalde, y contrario a la demolición) con Juan Espadas. “Defiende lo que piensas, Algarrobico demolición”, decía el cartel, que irritó a Espadas, por entonces secretario general de los socialistas andaluces, quien se desmarcó de cualquier connivencia con las maniobras dilatorias de Amérigo replicando en X: “Las sentencias se acatan, no lo duden”.

Tres años después, Espadas ya no es secretario general del PSOE-A. El líder de la agrupación local del PSOE sigue siendo Amérigo, sobrino de Cristóbal Fernández (el alcalde socialista que en 2003 concedió la licencia), quien ha dicho que su expulsión sería injusta: “Nos defenderíamos donde tuviéramos que defendernos”. Y la sentencia, dictada hace cinco años, sigue sin acatarse.

El PSOE de Andalucía ha forzado, a través de su dirección provincial en Almería, la suspensión temporal de militancia de sus cinco concejales en el municipio de Carboneras, después de que este miércoles unieran sus votos a dos ediles no adscritos para forzar la suspensión del pleno municipal que debía dar un paso clave en la demolición del proyecto hotelero de El Algarrobico. En concreto, en la sesión tenía que aprobarse la anulación de la licencia que permitió levantar una mole que lleva dos décadas resistiéndose a la piqueta.

Fuentes socialistas han señalado que, al mantener sus concejales en el Ayuntamiento carbonero una posición “contraria al acuerdo de la dirección del PSOE-A”, optando por el aplazamiento del pleno sin una fecha definida, aunque desde el PSOE se da por hecho que será el próximo lunes. Esta suspensión, que llega horas después de que se les abriese expediente, afecta así a todos los miembros del grupo municipal socialista en el Consistorio, medida que será ejecutada este jueves por los órganos federales del partido.

Asimismo, el partido que lidera María Jesús Montero en Andalucía “ratifica su firme voluntad” de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara la nulidad de la licencia de obras de El Algarrobico, que era lo que tenía que validar el pleno de este miércoles. “El hotel El Algarrobico se va a tirar sí o sí”, señalan en este sentido las mismas fuentes, que insisten en que “un atentado contra el medio ambiente de semejante envergadura trasciende el nivel de decisión político local y es una prioridad del PSOE andaluz y nacional”. 

Llamamiento a votar a favor

De paso, se “insta” a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Carboneras, incluidos sus hasta ahora concejales, a que en la próxima sesión plenaria voten a favor del acuerdo necesario para dar cumplimiento y ejecutar la sentencia. “Apoyamos y compartimos el llamamiento al acuerdo realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, que ha pedido también a todos los ediles que den el necesario paso de validar el fallo del TSJA.

El Ministerio, eso sí, ha anunciado que si el pleno no procede a la anulación de la licencia de obras, el Ministerio, solicitará a través de la Abogacía del Estado la anulación de dicha licencia con carácter subsidiario. Una petición similar ha hecho la Junta de Andalucía, que hace un año descartó de plano esta opción.

La Junta de Andalucía ha anunciado que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anule la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, sustituyendo así al Ayuntamiento de Carboneras, que es el primer obligado a hacerlo pero no lo hace. Con esta actitud, el Consistorio viene incumpliendo de manera reiterada la sentencia del propio TSJA de 2021, firme desde diciembre de 2022; la última vez este mismo miércoles, cuando volvió a retrasar la votación en el Pleno municipal para desbloquear la situación y proceder a la demolición.

La solución que pretende adoptar ahora el Gobierno andaluz es la misma que los ecologistas piden desde hace años, y a la que la Junta se opuso en marzo de 2025, pocos días antes de que el Gobierno central anunciase por sorpresa su intención de expropiar los terrenos de dominio público sobre los que se asienta el polémico hotel.

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha avanzado este miércoles que la Junta de Andalucía solicitará ahora a los magistrados que anulen la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. Es una posibilidad prevista por la ley de forma supletoria, para aquellos casos en que el obligado no cumple las sentencias. Los jueces tienen entre sus funciones “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, si es necesario y en última instancia, actuando ellos mismos.

En este caso, el obligado es el Pleno de Carboneras, que aprobó la licencia de obras en 2003 (delegando en una comisión), y debe ahora revisarla de oficio para cumplir con el mandato judicial. Es el último paso del expediente administrativo, después de que el Consejo Consultivo informara favorablemente a la nulidad de la licencia, por ubicarse el edificio en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata.

La solución, “anular la licencia”

Sin embargo, el Pleno ha acordado posponer la votación, con el voto a favor de los cinco ediles del PSOE y los dos no adscritos, el voto en contra del alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) y los cuatro del PP, y la ausencia de uno de los ediles. Hernández ha asegurado que desconocía que esto fuera a suceder, mientras que el PSOE de Almería ha anunciado la apertura de un expediente a sus cinco ediles.

Los concejales que han secundado esta propuesta –cinco del PSOE y dos no adscritos– han justificado este paso en la necesidad de contar con informes sobre el impacto económico y patrimonial de la medida, alegando que puede poner en riesgo el equilibrio financiero del municipio. El Consistorio carbonero trasladará ahora al TSJA así como al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) la decisión municipal de aplazar esta votación. En varias ocasiones los magistrados han advertido al alcalde con multarle si el expediente no avanzaba.

La sorpresa de que este miércoles no se anulara la licencia, como estaba previsto, ha cambiado el paso al Gobierno andaluz, que ahora va a pedir que los jueces intervengan directamente. La portavoz del Ejecutivo andaluz, que se ha mostrado “enormemente” sorprendida por la decisión del Pleno del ayuntamiento carbonero, ha insistido en que la solución es anular la licencia, frente a la vía de la expropiación que abandera el Gobierno central, pero ya no se opone a que sean los jueces los que lo hagan, como ocurrió hace año y medio.

Tal y como contó entonces elDiario.es Andalucía, el 7 de febrero de 2025, tres días antes de que el Gobierno anunciara su intención de expropiar, los letrados de la Junta en el incidente de ejecución de la sentencia remitieron un escrito al TSJA subrayando que debía ser el Ayuntamiento de Carboneras el que tramitara el procedimiento de revisión que por entonces aún ni había arrancado. El letrado de la Junta defendía que sólo Carboneras puede acometer la revisión porque la sentencia impone la obligación al Consistorio, y subrayaba el principio de que las sentencias deben ejecutarse “en sus propios términos”.

La Junta se oponía así a un escrito de la promotora Azata del Sol que, coincidiendo con la reivindicación de los ecologistas, había pedido a los jueces que declararan ellos la nulidad de la licencia, previsiblemente para facilitar la interposición de una reclamación económica al Ayuntamiento.

La “traición” del PSOE

La postura favorable de los concejales socialistas al nuevo retraso en esta historia interminable en torno al símbolo de la depredación del litoral ha dado munición al PP andaluz. Para España, supone una “paradoja” que haya sido el propio PSOE –al que ha llegado a acusar de “traición”– “el que haya bloqueado este acuerdo en el Pleno” pese a sus manifestaciones para avanzar hacia el derribo del hotel. En este sentido, ha añadido que se está “estudiando” si existe alguna “responsabilidad penal” de los ediles que han obligado con su voto a aplazar el acuerdo de pleno.

También los ecologistas exigen abrir la vía penal. Greenpeace ha pedido ya a los jueces que deduzcan testimonio a la Fiscalía para que investigue a los responsables municipales, mientras que Salvemos Mojácar ha anunciado la interposición de una querella por prevaricación.

José Luis Amérigo, alcalde de Carboneras de 2019 a 2023 y actual portavoz del grupo municipal socialista, es sobrino de Cristóbal Fernández (el alcalde que concedió la licencia en 2003). Amérigo ha dicho que no se opone a cumplir las sentencias, pero ha argumentado su postura en que el expediente “carece de información esencial” sobre las consecuencias económicas para el Ayuntamiento de anular la licencia. Durante su mandato, el Ayuntamiento no avanzó en el cumplimiento de las sentencias que le obligan a declarar que el suelo es no urbanizable (algo que el TSJA no dio por cumplido el pasado febrero, a pesar de que la sentencia data de 2016 y es firme desde 2018) y a revisar la licencia.

“¿Por qué ha permitido la señora Montero y el PSOE-A que los concejales voten en contra del pleno para anular la licencia?”, se ha cuestionado España, quien se ha preguntado además si el PSOE tiene algo que esconder al haberse mostrado “en rebeldía con la justicia” a partir de esta decisión.

“Está claro que hay que acabar cuanto antes con ese atropello medioambiental y yo espero que los socialistas no vuelvan a poner más impedimentos para esa demolición”, ha añadido la consejera. “No solo crearon el problema en su momento, sino que ahora están evitando que se pueda solucionar”, ha añadido.

La Junta se abre a convocar una reunión con el Gobierno

No es el único viraje del Gobierno andaluz. La titular en funciones de Hacienda ha avanzado también que convocará en los “próximos días” la reunión de la comisión mixta Junta-Gobierno, creada en 2011 para repartir las tareas de demoler y recuperar el paraje natural de Cabo de Gata. Hasta ahora, el Gobierno de Moreno había dado largas a las prisas del Ejecutivo central para convocar a este órgano, argumentando que antes debía celebrarse el Pleno para revisar la licencia. Ahora, España dice que lo convocará para “exigir explicaciones”, “soluciones” y “responsabilidades” a los socialistas sobre lo ocurrido.

Por su parte, el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido este miércoles en la postura del Ejecutivo y del PSOE para avanzar en la demolición del hotel de El Algarrobico. “Desconozco exactamente de forma pormenorizada qué es lo que ha podido ocurrir”, ha manifestado Fernández en relación con la actitud de los concejales socialistas, ha esgrimido como argumento cuando ha sido preguntado por la cuestión en Sevilla.

No obstante, el delegado ha insistido en que el Gobierno y el PSOE apoyan con “absoluta contundencia” la nulidad de la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003 –bajo mandato del socialista Cristóbal Fernández, tío del actual portavoz socialista– para dar cumplimiento a las sentencias que obliga a la revisión de oficio del permiso municipal que posibilitó la construcción en terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

“La demolición tiene que llegar y tiene que llegar ya, lo antes posible, para que de una vez por todas borremos de nuestra imagen ese desmán urbanístico, ese auténtico atentado al patrimonio ambiental de ese espacio tan sumamente representativo de nuestras costas como es Cabo de Gata”, ha insistido Fernández.

Expediente por no cumplir lo que había marcado el partido. Los cinco concejales socialistas en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) serán expedientados después de votar este miércoles a favor de frenar el acuerdo para anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. Este trámite se considera necesario para proceder por fin al derribo del edificio.

Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE almeriense, José María Martín, quien ha apuntado que “no se han respetado las directrices que desde los órganos del partido se les habían facilitado” a los ediles. De paso, ha defendido que la posición socialista ante El Algarrobico es “inequívoca” y pasa por cumplir las resoluciones judiciales que obligan al Ayuntamiento de Carboneras a anular expresamente la licencia municipal.

Martín ha señalado que la anulación de la licencia “es una exigencia judicial” y “la condición previa para la demolición”, tras recordar que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como el Tribunal Supremo (TS) han dictaminado que el Ayuntamiento debe anularla “por ser contraria al ordenamiento jurídico” y por haber sido otorgada sobre “suelo protegido”. En este sentido, ha afirmado que el voto del grupo socialista en el pleno celebrado este miércoles “debía de haber sido favorable a esa anulación”, tal y como, según ha indicado, se trasladó “expresamente” a la dirección del PSOE de Carboneras y a su grupo municipal.

“No admite ni una sola demora más”

El dirigente socialista ha remarcado que “el derribo del hotel de El Algarrobico no admite ni una sola demora más después de más de dos décadas de pleitos en los juzgados” y ha añadido que, para el PSOE, “cuanto antes se proceda a la demolición, mejor, y si es posible, mañana mismo”. Preguntado en rueda de prensa por si los expedientes pueden derivar en la expulsión de los concejales, Martín ha indicado que “habrá que tramitar el expediente”, dar traslado a los interesados y aplicar “lo que estatutariamente corresponda por los órganos competentes del partido”.

La decisión llega después de que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Carboneras, José Luis Amérigo, junto con otros cuatro ediles socialistas, haya apoyado la propuesta del concejal no adscrito Felipe Cayuela para dejar sobre la mesa el expediente hasta recabar nuevos informes jurídicos y económicos sobre las consecuencias patrimoniales de la anulación de la licencia concedida a Azata del Sol en 2003. Esto vuelve

Previamente, la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, se ha referido a este asunto en Sevilla, donde ha avanzado que la formación iba a adoptar “medidas reglamentarias” ante la actuación de los concejales de Carboneras, al tiempo que ha reafirmado la posición socialista a favor de anular la licencia del que ha considerado un “monumento a la barbaridad medioambiental”.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) celebra este miércoles el Pleno extraordinario para a debatir y votar únicamente el acuerdo destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico, lo que permitiría avanzar en la anulación del permiso otorgado en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol para su construcción.

La sesión, prevista a partir de las 9:00 horas, llega tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) del pasado 22 de mayo que daba 'luz verde' a la propuesta de resolución del procedimiento en relación al permiso de obras que posibilitó la construcción del inmueble de 20 plantas y 411 habitaciones en el paraje protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

El asunto llega tras la comisión informativa de Presencia, Hacienda, Régimen Interior y Ciudadanía celebrada el pasado día 10, que contó con el voto favorable del alcalde, Salvador Hernández (CS), y dos ediles del PP así como con tres abstenciones: dos del PSOE y una del concejal no adscrito Felipe Cayuela.

El órgano validó el texto que se votará en la sesión plenaria con el fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el TSJA en julio de 2021, por la que se le imponía la obligación de realizar este proceso con el que se busca la restauración del paraje, ya declarado como no urbanizable en el planeamiento de Carboneras.

En esta línea, el Consultivo concluía que la licencia resultaba “nula de pleno derecho” principalmente por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido, conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994; y por afectar a la servidumbre de costas, ya que invadía la distancia mínima de 100 metros del deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento para resolver la licencia; un paso al que espera la Junta de Andalucía antes de convocar la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar conforme a los compromisos adquiridos en 2011 por ambas administraciones.

Posible procedimiento para abrir una vía de indemnización

La propuesta también instará al Pleno, entre otros aspectos, a declarar de facto la ilegalidad de la licencia así como deducir 'a posteriori' un procedimiento específico para determinar si la constructora tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso, según informa Europa Press.

El Ayuntamiento acordará así “determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente” qué cantidades, en su caso, tendrían que desembolsarse puesto que, según alega, en este momento carece de los medios materiales y personales necesarios para estudiar este asunto en detalle.

Precisamente, el Gobierno acaba de sumarse al procedimiento judicial encauzado por las organizaciones ecologistas y la Junta de Andalucía para obligar al Ayuntamiento de Carboneras a revisar el expediente dado que la licencia muestra “visos de nulidad”, según declaró el tribunal, para el que únicamente el Consistorio tenía capacidad de avanzar en este sentido.

Desde el Ejecutivo central han justificado su personación en el procedimiento ante la vía paralela iniciada en febrero de 2025 que busca la expropiación parcial de los suelos del hotel --en la mitad de su competencia-- para acelerar los trámites, si bien dicho proceso está recurrido por Azata del Sol ante el TSJA toda vez que sigue pendiente de fijar justiprecio por parte del tribunal provincial de expropiación.

El Gobierno ofrece 16.500 euros a la promotora por el valor de los suelos mientras que esta, en su hoja de apremio, fijaba la cantidad a percibir en 44,5 millones de euros al otorgar también valor a todo lo construido hasta el momento.

El acuerdo de la sesión plenaria también se sitúa como el 'pistoletazo' de salida para que la Junta de Andalucía convoque, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica, la reunión de la comisión mixta entre ambas instituciones en la que abordar los compromisos adquiridos en 2011 bajo protocolo sobre cómo proceder al derribo y restaurar el paraje.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aceptado la petición del Estado para personarse en el procedimiento de ejecución de la sentencia que obliga desde 2021 a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería). La licencia fue concedida por el Ayuntamiento en 2003, y con ese permiso la promotora Azata del Sol levantó un hotel de 21 plantas y más de 400 habitaciones en la playa de El Algarrobico, en pleno parque natural de Cabo de Gata y en zona de dominio público marítimo terrestre. En febrero de 2006 un juez paralizó cautelarmente la obra, congelada desde entonces, pendiente de una resolución definitiva de los tribunales durante diez años, y de la ejecución de las sentencias que declaran su ilegalidad desde hace ya una década.

[Actualización: El Ayuntamiento de Carboneras aplaza la votación que debía desbloquear la demolición del Algarrobico]

En una providencia dictada el pasado 10 de junio, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada permite a la Abogacía del Estado, en nombre de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, sumarse ahora a la pieza destinada a ejecutar la sentencia que ordena revisar la licencia.

Si todo discurre como está previsto, ese proceso judicial debería estar a punto de cumplir su cometido. Es el Ayuntamiento, que concedió la licencia, el que debe cumplir el mandato judicial para revisarla y, eventualmente, declararla nula. Y eso podría ocurrir este miércoles 17 de junio, cuando está convocado el Pleno para dar cumplimiento del mandato judicial.

Además, en otra resolución dictada el 5 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el TSJA rechaza la pretensión de Azata de que los magistrados se abstengan de impulsar la nulidad y se limiten a tutelar la “revisión de oficio”, sin considerar el resultado de la revisión. “Esta Sala tiene amplias facultades en orden a la ejecución de Sentencia, inclusive la declaración de nulidad de la licencia, si procediera para dar cumplimiento al fallo”, recuerdan los magistrados a la promotora: “Y sobre todo, tiene la obligación de remover los obstáculos de todo orden que encuentre dicha ejecución”.

El tono abrupto de este inciso sugiere el hartazgo de los jueces y magistrados con este proceso, en el que cuesta años que el Ayuntamiento cumpla las sentencias firmes a pesar de las advertencias de multa a los alcaldes que han lanzado los jueces, nunca efectivas. Los ecologistas han llevado estos incumplimientos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la propia Junta de Andalucía ha subrayado las maniobras “claramente dilatorias” de Carboneras, gobernado en los últimos años por el PSOE, el PP y, ahora, Ciudadanos.

El temor de los sucesivos alcaldes es la posible indemnización que la promotora pueda reclamar al municipio cuando se anule la licencia. La semana pasada el actual regidor, Salvador Hernández (Ciudadanos), pidió “altura de miras” al Gobierno central y a la Junta de Andalucía para dar una “solución definitiva” al “conflicto”, y dijo esperar que se “compense del daño” sufrido por el municipio. Hernández ha defendido en otras ocasiones un acuerdo con la promotora que permita dar a la mole algún tipo de uso.

Cinco años desde la sentencia

Han pasado cinco años desde la sentencia de julio de 2021 que ordena revisar la licencia. La sentencia es firme desde 2022. En vista de la resistencia del Consistorio a cumplirla, el mismo TSJA abrió un incidente para ejecutarla en 2023. Ahora, en un escrito presentado la primera semana de junio, la Abogacía del Estado en Andalucía subraya que la Administración central tiene un “evidente interés legítimo” para formar parte de este proceso, por dos motivos: de un lado, porque la anulación de la licencia está relacionada con la expropiación a Azata del Sol la mitad del hotel, iniciada por el Gobierno en febrero de 2025. Y, de otro, porque el Ministerio ya se ha personado en el expediente de revisión de oficio que tramita el Ayuntamiento de Carboneras.

El movimiento de la Abogacía del Estado, aceptado por los magistrados, tiene el efecto de unir las dos vías abiertas para la demolición efectiva del hotel. De un lado, la declaración de nulidad de la licencia y la revisión de las normas urbanísticas del municipio para declarar que los terrenos no son urbanizables, como obliga la Ley de Costas y la normativa de protección del parque natural. Esta vía tiene todas las sentencias a favor, pero ha estado empantanada durante casi una década por la escasa colaboración del Ayuntamiento. Ahora parece más expedita que nunca, sobre todo después de que el Consultivo de Andalucía se pronunciase a favor de la nulidad hace apenas un mes, y dejase la cuestión a falta del último y definitivo paso: que el Ayuntamiento declare la nulidad, lo que podría ocurrir este miércoles.

La otra vía es la expropiación, abierta por sorpresa por el Gobierno central en febrero de 2025. Esta vía está ahora atascada en la determinación del precio que debería pagar el Estado a Azata por la mitad de los terrenos en zona de dominio público: 44,5 millones pide la promotora, 16.500 euros ofrece el Ministerio.

El Gobierno defiende la estrategia de la expropiación, a la que ha evitado sumarse la Junta de Andalucía, que ha defendido la conveniencia de percutir en la nulidad desde mayo de 2024, cuando se personó en el procedimiento al que ahora se incorpora la Abogacía del Estado.

Aunque son vías separadas, están destinadas a encontrarse porque la eventual nulidad de la licencia facilitaría la expropiación al rebajar las expectativas de indemnización de la promotora. Así lo cree Greenpeace.

Además, la Abogacía recuerda que en la misma Sala del TSJA se sigue un recurso contencioso-administrativo impulsado por la promotora del establecimiento hotelero contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los suelos, con el objetivo paralizar la expropiación parcial de los terrenos.

El TSJA ya denegó el pasado diciembre las medidas cautelares que pidió Azata del Sol para suspender la resolución del Gobierno por la que se trazaba el camino destinado a recuperar la mitad de los suelos de la zona de servidumbre marítimo-terrestre, ya que la otra mitad es competencia de la Junta de Andalucía al asentarse en terrenos de especial protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La decisión del alto tribunal andaluz daba al Ejecutivo vía libre para continuar con los trámites encaminados a la expropiación, que se encuentra pendiente de que el tribunal provincial de expropiaciones de Almería fije un justiprecio.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha convocado para el próximo miércoles, 17 de junio, una sesión plenaria extraordinaria en la que se abordará únicamente la adopción de un acuerdo plenario destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico para avanzar a su anulación. Ante este paso, el alcalde, Salvador Hernández (Ciudadanos), ha reclamado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que tengan “altura de miras” de cara a articular una “solución definitiva” al “conflicto”, sentido en que espera el “respaldo” de ambas administraciones así como que se “compense del daño” sufrido a este pueblo costero.

La sesión plenaria, prevista a partir de las 9 horas, llega tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) del pasado 22 de mayo que daba luz verde a la propuesta de resolución del procedimiento. En concreto, se centra en el permiso concedido en enero de 2003 a Azata del Sol para posibilitar la construcción del inmueble en el paraje protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Según han indicado a Europa Press fuentes municipales, el asunto ha sido examinado este mismo miércoles en comisión informativa de Presencia, Hacienda, Régimen Interior y Ciudadanía, donde ha contado con el voto favorable del alcalde, Salvador Hernández y dos ediles del PP así como con tres abstenciones: dos del PSOE y una del concejal no adscrito Felipe Cayuela.

El órgano validó el texto que se votará en la sesión plenaria con el fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el TSJA en julio de 2021, por la que se le imponía la obligación de realizar este proceso con el que se busca la restauración del paraje, ya declarado como no urbanizable en el planeamiento de Carboneras.

El pueblo de Carboneras, “perjudicado”

Ante este nuevo paso que se va a dar, el regidor, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que “el Gobierno y la Junta de Andalucía son corresponsables de que el hotel se levantara y siga ahí desde hace más de 20 años. Perjudicado sólo hay uno, que es el pueblo de Carboneras”, ha valorado Hernández, quien confía en que ambas administraciones ayuden al municipio “a salir de esta situación de la mejor manera posible”.

“El Ayuntamiento de Carboneras cumple con lo que ordena la Justicia”, ha asegurado el alcalde, quien ha insistido en que la “obligación” municipal “es elevar a pleno la propuesta para declarar la nulidad de la licencia de obras del hotel” concedida en enero de 2003 y sobre la que el TSJA ordenó su revisión en 2021 al haberse edificado en suelos no urbanizables de especial protección.

En esta línea, el Consultivo concluía que la licencia resultaba “nula de pleno derecho” principalmente por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido, conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994; y por afectar a la servidumbre de costas, ya que invadía la distancia mínima de 100 metros del deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

Convocatoria de la comisión Junta-Estado

El pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento para resolver la licencia. Tras este paso, la Junta de Andalucía ha anunciado que convocará la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar conforme a los compromisos adquiridos en 2011 por ambas administraciones.

Cabe recordar que la propuesta instará al pleno, entre otros aspectos, a declarar de facto la ilegalidad de la licencia así como deducir a posteriori un procedimiento específico para determinar si la constructora tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso.

El Ayuntamiento acordará así “determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente” qué cantidades, en su caso, tendrían que desembolsarse puesto que, según alega, en este momento carece de los medios materiales y personales necesarios para estudiar este asunto en detalle.