El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto la puerta a ejecutar de forma directa una revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico para declarar su nulidad en caso de que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) no avance en la ejecución del fallo judicial de 2022 que le obliga a realizar este trámite.

En una providencia dictada el pasado 20 de marzo, consultada por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada se plantea la adopción de medidas del artículo 108.1 a) de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, que faculta al tribunal a ejecutar una sentencia si la administración a la que se le requiere incumple el mandato judicial.

La Sala no descarta así recurrir a estas u otras medidas que estime oportunas para la ejecución del fallo con el que se obliga a revisar la licencia de obras concedida a Azata del Sol en enero de 2003 por parte del Consistorio, inclusive aquellas otras “sobre la posible declaración de nulidad de la licencia objeto del procedimiento de revisión”.

Rechazo

En este sentido, la Sala dispone que se remita un oficio al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para que comunique al tribunal “cualquier decisión” que adopte ante el expediente iniciado en julio del pasado año por el Ayuntamiento para la revisión de licencia, el cual precisa de un dictamen del órgano consultivo andaluz.

El Consultivo ya avanzó el pasado 9 de marzo un posible “archivo” de la petición del dictamen si el Ayuntamiento de Carboneras no completaba el expediente remitido a finales de 2025, de modo que incluso ha brindado a petición del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), una ampliación de plazo al Consistorio para que culmine el mismo y determine su propuesta de resolución del expediente

La providencia vuelve a rechazar los argumentos del Ayuntamiento de Carboneras, que aseguró que carecía de secretario municipal en estos momentos para poder avanzar en los trámites, de modo que incluso pedía auxilio al tribunal para poder dotarse de esta figura.

Anular la licencia

Al respecto, el TSJA recuerda nuevamente que las excusas sobre la falta de secretario municipal “no justifican el incumplimiento de lo acordado, debiendo ser el municipio quien lleve a cabo los procedimientos de provisión de la plaza de secretario o para su sustitución”.

No obstante, el tribunal rechaza por el momento las peticiones realizadas por Greenpeace para que se impongan multas coercitivas al alcalde o se deduzca testimonio ante la Fiscalía por un posible delito de desobediencia en cuanto al cumplimiento de la sentencia.

La propia organización ecologista reclamó al TSJA la aplicación de medidas contenidas en el artículo 108.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para anular la licencia de obras al entender que ello “favorecería el principio de economía procesal” y, además, “evitaría que la promotora Azata del Sol y sus filiales recurrieran la decisión en la vía contencioso-administrativa”.

El 21 de febrero de 2006, el juez Jesús Rivera firmó la primera resolución de las muchas que se han dictado sobre el hotel inconcluso de la playa de El Algarrobico de Carboneras (Almería). “Suspendo las obras que se ejecutan para la construcción del hotel Azata del Sol en la playa denominada El Algarrobico de Carboneras”. Dos días después, a las cinco de la tarde del 23 de febrero, agentes de la Guardia Civil ordenaron a los obreros que pararan las hormigoneras.

Ni un ladrillo más se ha puesto desde entonces, pero tampoco se ha retirado ninguno. Poco podía imaginar el juez cuando estampó su firma al pie de aquel auto de medidas cautelares, por definición perecederas, que su resolución sería la más relevante y la única efectiva que cualquier juzgado, tribunal u órgano administrativo haya adoptado en relación a la inmensa mole de ladrillo, que sigue varada en la playa veinte años después. “Y gracias a que envió a la Guardia Civil. Si no, hubieran seguido con la obra”, observa José Ignacio Domínguez, el abogado que interpuso la solicitud de medidas cautelares, mandatado por la asociación Salvemos Mojácar.

Los ecologistas suelen tirar de un dato: hay 40 resoluciones judiciales que concluyen de forma consistente que el hotel no puede estar en ese lugar, porque se levanta sobre zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre e invade terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata. Hasta 14 sentencias ha dictado el Alto Tribunal, todas en la misma dirección.

Los tribunales no han hecho más que recordar lo que siempre estuvo en las leyes, pero han sido incapaces de trasladarlo a la realidad material, tal y como ordena la Constitución: “Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.

“Son terrenos protegidos por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata desde 1994, que es cuando tenían que haber modificado la norma urbanística de Carboneras”, lamenta Domínguez, que echa cuentas: “Llevamos 32 años de retraso para cumplir la normativa. Es un fracaso de las tres administraciones y también de la Justicia”.

Hace una semana el TSJA dio al fin por cumplida la obligación del Ayuntamiento de recoger en su PGOU que son no urbanizables. Pero sigue quedando lo más difícil: mover de allí la mole y reponerlos a su estado anterior a 2003.

Un sistema exageradamente “garantista”

La realidad a pie de playa sigue congelada en el 23 de febrero de 2006, apenas barnizada por la capa de pintura negra que un puñado de ecologistas le imprimió en 2014. Fueron juzgados y absueltos por ello. Con otro color, el hotel de 411 habitaciones y 21 alturas sigue desafiando al mar a 14 metros de donde rompen las olas mientras las grúas se bambolean de lado a lado los días de viento.

El Algarrobico es relevante en el catálogo español de aberraciones no por su cuestionable oportunidad estética, sino porque apunta al corazón de un sistema incapaz de garantizar que las leyes y sentencias se cumplen. “Creo que eso lo va a derribar el salitre”, vaticinó el juez Rivera a El País hace un año, en la única entrevista que ha concedido.

Es una declaración frustrante, sobre todo viniendo de un juez. Rivera (que ha declinado participar en este reportaje) habla de una “pléyade de recursos” y un problema “técnico-jurídico”: hay una licencia en vigor. “Es un sistema muy garantista para algunas cosas, que aquí es exagerado”, opina Domínguez, que lleva dos décadas luchando contra el caracoleo del Ayuntamiento y la promotora.

El Tribunal Supremo ha tenido varias ocasiones para acordar la demolición por sí mismo, pero evitó hacerlo. En lugar de eso, los magistrados entregaron la iniciativa al Ayuntamiento, que siguió arrastrando los pies. “Me consta que hubo discrepancias en la Sala”, desvela el abogado.

Un hotel que invade “totalmente” la playa

En realidad, todo está claro desde la primera resolución. El auto de 21 de febrero de 2006 recogía por qué había que parar la obra: estaba claro que la licencia para levantar un hotel invadiendo “totalmente” los 100 metros desde la orilla que marca la Ley de Costas desde 1988 debía ser ilegal.

Desde entonces, todo han sido variaciones sobre las conclusiones provisionales del juez Rivera, con una excepción: dos sentencias que en 2014 dieron un vuelco a la situación, contra el criterio de todas las resoluciones judiciales anteriores y posteriores. Las dictó una sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA presidida por Rafael Toledano, que aplicó unas novedosas normas de reparto, sustituyó a la ponente más allá del tiempo de baja de esta y celebró juicio sin los ecologistas por un error formal. Lo denunciaron en vía penal, pidieron la nulidad y llevaron el caso hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en vano.

El desaguisado lo corrigió años después el Tribunal Supremo, que las anuló, y luego el propio TSJA, que concluyó que los terrenos debían declararse no urbanizables en el PGOU de Carboneras en 2016 (confirmada por el Tribunal Supremo en 2018) y que la licencia debía revisarse en 2018 (confirmada en 2021). Aún quedará reactivar el pleito para que se ordene la demolición, suspendido hasta que se anule la licencia.  

Entre tanto, se habían dictado otro puñado de resoluciones que habían ido tumbando los intentos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía por sostener el hotel, Toledano había tomado posesión de una plaza como magistrado del Tribunal Supremo y otro de los jueces que dictó las sentencias controvertidas había fichado por el Ayuntamiento de Carboneras para ayudar a sostener el edificio.

La promesa de empleo

“La gente está aburrida de todo el proceso y ya no atiende a las noticias sobre El Algarrobico”, comenta Javier Nespral, miembro de diversas plataformas vecinales del municipio.

Aunque desde el pueblo no se ve, el hotel lo levantó Azata a la vista de todos y con la colaboración casi entusiasta de las administraciones, todas, incluida la Junta de Andalucía, gobernada entonces por el PSOE, que llegó a presentar un plano que alteraba la clasificación de los terrenos: de C1 a D2, urbanizable. “A las bravas, sin expediente alguno”, recuerda el abogado, que alertó de la manipulación de la planimetría ya en su primera demanda. Aquello, recuerda, era un festival de irregularidades: se superaba la edificabilidad, no se había pagado la licencia…

“Yo estaba recorriendo la costa de Almería porque se planificaban muchos desarrollos monstruosos, y me encontré con esto”, rememora Jaime del Val, presidente de Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, quien dio la voz de alarma y contactó con Domínguez, quien puso la demanda que llegó a Rivera. La acción decidida de estas tres personas paralizó el engendro. Luego se sumaron Greenpeace y Ecologistas en Acción. Pocos más, recuerda Del Val: “Antes se había intentado la vía penal, pero no había prosperado”. Años después, el juez dedujo testimonio a Fiscalía porque veía que en aquella historia había indicios de delito, pero el fiscal metió sus sospechas en un cajón.

Durante años, la promotora y las administraciones (el Ayuntamiento siempre, la Junta de Andalucía hasta 2015) han hecho lo posible para evitar la demolición. Mientras a los carboneros les prometían que aquello sería la panacea, el pueblo apenas quedaba para fondo de pantalla. “Creo que, si preguntáramos uno a uno, la mayoría de carboneras querría que no se tirara y se hiciera algún tipo de uso, como hotel o residencia, argumentando que daría vida y trabajo, sin pensar lo que supone esa estructura y su mantenimiento”, señala Nespral.

El propio Ayuntamiento está instalado en esa hipótesis. “Frente a unas expectativas de empleo y desarrollo que se vieron frustradas, a pesar de que en su día el hotel contó con el beneplácito del Gobierno y de la Junta, lo único que Carboneras ha ganado ha sido una mancha reputacional”, ha señalado el alcalde en un comunicado esta misma semana. “Se ha manipulado a la opinión pública: esto no atrae empleo para la gente local: suele ser barato y para gente de fuera, basado en la destrucción para el futuro”, replica Del Val.

Tras el cierre de la central térmica y las limitaciones a la pesca, el turismo es el gran sostén de la economía local. Pero algo ha cambiado: ahora el parque natural ya no se ve como un freno, sino que ha pasado a ser el gran atractivo turístico del que depende la economía de Carboneras. “Ya no se piensa que no se pueda edificar de una determinada forma, sino que da unos ingresos directos por dejar las cosas como están”, cuenta Nespral.

“Un caso excepcional de rebeldía procesal” de un Ayuntamiento

Ya pocos dudan de la voluntad dilatoria del Ayuntamiento, gobernado sucesivamente por José Luis Amérigo (PSOE, sobrino de Cristóbal Fernández, quien concedió la licencia), Felipe Cayuela (PP) y ahora Salvador Hernández (Ciudadanos). También la Junta de Andalucía se ha cansado de que siempre ocurra algo que evita que cumpla las sentencias: se equivoca, el secretario está de baja, se retrasa, entiende mal lo que debe hacer…

A todo eso se ha agarrado el Consistorio para explicar que haya tardado ocho años en cumplir una sentencia y cinco (más lo que queden) para otra. “No hay caso igual en España de Ayuntamiento con esta caradura. Es un caso excepcional de rebeldía procesal”, protesta Domínguez. El TSJA ha advertido repetidamente a todos los alcaldes con multarlos y denunciarlos, pero nunca lo ha hecho.

Ahora, para revisar la licencia hay que pasar por el Consejo Consultivo de Andalucía, pero Carboneras ha enviado el expediente tarde (cinco meses después de iniciarlo) y mal (incompleto). El Consultivo se lo ha devuelto, pero ya con el plazo de caducidad superado, así que los ecologistas temen que haya que empezar de nuevo. Domínguez va a plantear que sea el TSJA el que revise. “Nos ahorraríamos cinco años”.

Este jueves, Greenpeace entregó a Hernández una tarta con forma de hotel para pedirle que se deje de “argucias”. Y el alcalde, que hace un año sugirió que el hotel se reconvirtiera, replicó con un comunicado en el que dice que debe defender “el interés general del pueblo”, aventando el temor a una eventual indemnización a Azata que dejaría tiritando las cuentas municipales.

Dóminguez cree que la expropiación que ahora impulsa el Gobierno podría acortar el camino. La falta de acuerdo con el justiprecio (Azata pide 44,5 millones, el Gobierno ofrece 16.000 euros) aboca a otro pleito, pero este podría ser más corto porque no dependería del Ayuntamiento, “que es el principal obstáculo”, vaticina el letrado.

“No imaginaba que íbamos a tardar tanto”, concluye Domínguez. “Quizá lo tire el colapso climático”, observa Del Val, viendo la catástrofe más cerca que el cumplimiento de unas cuantas sentencias judiciales.

Una década después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado por concluida la pieza de ejecución de la sentencia que en 2016 (firme desde 2018) declaró como no urbanizable el paraje en el que se asienta el hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Se trata de un edificio de 411 habitaciones y una veintena de plantas promovido por Azata del Sol, situado en zona de servidumbre de la Ley de Costas y en el parque natural de Cabo de Gata, que fue paralizado en 2006 por orden de un juez cuando estaba al 80% de su ejecución.

La adaptación del plan urbanístico municipal para que recoja exactamente lo que confirmaba la sentencia del TSJA ha llevado ocho años, cinco desde que se abrió una pieza de ejecución. La sentencia de primera instancia fue dictada el 18 de julio de 2016, hace casi una década. En este tiempo, el Ayuntamiento se ha servido de una variada gama de maniobras dilatorias para retrasar el cumplimiento, según han lamentado tanto los ecologistas como la Junta de Andalucía en reiterados escritos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

El retraso es todavía mayor si se tiene en cuenta cuándo surgió la obligación de adaptar el PGOU. “Hace 32 años que tenían que haber modificado las normas subsidiarias, hoy PGOU, cuando se publicó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en el BOJA de 22 de diciembre de 1994”, recuerda José Ignacio Domínguez, el abogado de Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción que impulsa en los tribunales la batalla contra la mole y sus promotores.

La panoplia de giros y ardides que han provocado estos retrasos desde que se dictó la sentencia firme agota el repertorio del derecho administrativo: publicaciones incompletas, errores de identificación, planos incorrectos, supuesta necesidad de nuevos informes, bajas laborales, excesos en el texto aprobado por el Pleno... Todo esto ha provocado que Ecologistas en Acción haya llevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los magistrados han advertido en varias ocasiones en estos años a los sucesivos alcaldes (José Luis Amérigo -PSOE-, Felipe Cayuela -PP- y Salvador Hernández -Ciudadanos-) con multarles si seguían poniendo “excusas” (según sus propias palabras) y no cumplían sus resoluciones, sin pasar nunca de la advertencia.

Cada paso mal dado ha supuesto una nueva marcha atrás o, como mínimo, la paralización del proceso. De ahí que cada plazo prometido haya caído en saco roto. El Ayuntamiento llegó a reclutar como asesor jurídico externo al exmagistrado que dictó la única sentencia (entre en torno a 50) que ha considerado que la mole es legal.

Ni siquiera en los últimos meses, cuando el catálogo de errores, omisiones y excusas parecía agotado, estuvo claro el cumplimiento. La Sala tuvo que insistir en que era necesario publicar el “contenido íntegro” de las nuevas normas urbanísticas a fin de dar por cumplida la sentencia, después de que la Junta de Andalucía protestara tras una primera publicación insuficiente.

Con todo, la constatación de que el suelo de El Algarrobico es no urbanizable también en la planificación urbana de Carboneras no deja totalmente expedito el camino al derribo del edificio. La licencia de obras sigue vigente casi 25 años después de que fuese concedida por el Ayuntamiento de Carboneras.

El Consistorio tramita desde el año pasado un expediente de revisión de esa licencia para cumplir otra sentencia del TSJA, firme desde 2021, pero para revisar la licencia es preceptivo ahora un informe del Consejo Consultivo de Andalucía. Los ecologistas denuncian que la tardanza del Consistorio en remitir el expediente al Consultivo va a provocar inexorablemente la caducidad del proceso, obligando a repetirlo y añadiendo una nueva demora en el intrincado camino que debe llevar a la demolición del edificio ilegal.

Sin cuestiones “pendientes de decidir”

En el auto dictado este lunes, la Sala de lo Contencioso-administrativo pone fin al procedimiento para ejecutar la sentencia que obliga a hacer constar que el suelo de El Algarrobico es “no urbanizable”. Al fin, los magistrados constatan que no hay ya ninguna “cuestión pendiente de decidir”, después de que el boletín oficial de la provincia (BOP) haya publicado los cambios en el plan general. La publicación se produjo el pasado 12 de enero.

Se cumple así una sentencia dictada por esta misma sala el 18 de julio de 2016 a raíz del recurso que impulsaron las organizaciones ecologistas Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción y Greenpeace, por el que se revocaba el acuerdo del pleno adoptado el 11 de agosto de 2009 que cambiaba la consideración de los sectores ST-1 y ST-2, este último referente a El Canillar.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Ciudadanos), pidió a finales de enero al TSJA que archivara el procedimiento dirigido contra la administración local ante la modificación parcial de su plan general de ordenación urbana conforme a las directrices recibidas para que la norma urbanística pudiera desplegar todos sus efectos, informando de la publicación de todos los cambios exigidos hace una década.

En ese escrito, Hernández escudaba la demora en “una serie de vicisitudes originadas en esta fase de ejecución” “no imputables a la corporación local” aunque “alguna de las partes contrarias las tildaron de maliciosas y abusivas”.

La vía de la expropiación

La ejecución de las dos sentencias dictadas hace una década (la que declara no urbanizable el suelo -2016, firme desde 2018- y la que obliga a revisar la licencia -2018, firme desde 2021) es la vía preferida por el Gobierno de Juan Manuel Moreno para acabar con El Algarrobico. Pero el Gobierno central ha abierto otra vía paralela, a la que el Gobierno andaluz no se ha sumado por ahora, consistente en expropiar los terrenos que se sitúan en dominio público marítimo-terrestre, unos 16.000 metros cuadrados (algo más de la mitad del total).

La propuesta fue anunciada a pie del hotel por la ministra de Hacienda María Jesús Montero hace ahora un año, y deberá pasar ahora por un tribunal administrativo (el jurado provincial de expropiaciones) que valore cuál es el justiprecio a pagar por el terreno. Azata pidió al Gobierno 44,5 millones de euros, y este lo rechazó y realizó una contraoferta que apenas supera los 16.000. Si las partes no se conforman con el valor que determine el arbitraje, podrán añadir otro proceso más a la densa maraña judicial que desde hace dos décadas amarra El Algarrobico a la playa de la que toma su nombre.

La Guardia Civil ha evacuado por vía marítima a un hombre de 68 años que se encontraba incapacitado para moverse desde hacía tres días en un asentamiento de difícil acceso situado en Cala San Pedro, en el término municipal de Níjar (Almería).

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el aviso se recibió en la tarde de este lunes, 12 de enero, a las 15:40 horas, ante la necesidad de un “traslado urgente debido a su estado de extrema debilidad”.

Ante la “dificultad de acceso terrestre” al lugar, agentes del Servicio Marítimo se desplazaron hasta la zona a bordo de la patrullera Río Genil, desde la que realizaron las maniobras necesarias para embarcar al afectado con seguridad.

Una vez a bordo, el hombre fue trasladado hasta el puerto de Carboneras, donde recibió atención por parte de los servicios sanitarios. En el momento del auxilio se encontraba consciente, aunque presentaba una “importante debilidad física” que le impedía desplazarse por sus propios medios.

La Guardia Civil recuerda que, ante cualquier situación de emergencia o riesgo para las personas, se debe dar aviso a través del teléfono 062 o del 112, especialmente en zonas aisladas o de difícil acceso, para garantizar una “respuesta rápida y eficaz”.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha remitido al Consejo Consultivo de Andalucía el expediente para la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ordenara en un auto “culminar” de una vez este trámite iniciado el pasado mes de julio ante las “meras excusas” dadas para tratar de justificar “el incumplimiento de lo acordado”.

A pesar de que la Justicia ha determinado en reiteradas ocasiones la ilegalidad del hotel, situado en zona de dominio público y afectada por el Parque Natural de Cabo de Gata, la licencia de obras, otorgada por el Ayuntamiento a Azata del Sol en 2003, sigue vigente. El Consistorio no empezó el trámite hasta cuatro años después de que el propio TSJA dictara la sentencia que le obliga a revisar la licencia, el pasado 11 de julio.

En un auto dictado el pasado 21 de noviembre, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada dio un plazo de diez días al Ayuntamiento para que enviara el expediente por el que se revisa de oficio la concesión de licencia por “incurrir en causa de nulidad de pleno derecho”.

La revisión de licencia es un procedimiento que obliga a remitir el expediente al Consejo Consultivo, y eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento el 5 de diciembre, casi cinco meses después. Teniendo en cuenta que el trámite debe completarse en seis meses, y que el Consultivo dispone de 30 días hábiles, el expediente podría caducar y tener que comenzar de nuevo, una posibilidad de la que los ecologistas, personados en el procedimiento judicial, ya alertaron hace un mes.

Nueva advertencia al regidor

El trámite lo ha ejecutado el Ayuntamiento este viernes, según la documentación que este medio ha podido consultar, y llega después de que el TSJA avisara de que, de no cumplir con este extremo y acreditarlo ante la Sala, se podría “incurrir en la responsabilidad a que haya lugar” por parte del primer edil carbonero, Salvador Hernández (CS). Se trata de la solicitud de un informe para la “revisión de oficio de actos administrativos”. En este caso, de la licencia concedida a Azata el 13 de enero de 2003, y que permitió a la promotora levantar casi todo el hotel, hasta que la obra fue paralizada por un juez en febrero de 2006.

Los sucesivos alcaldes de Carboneras (José Luis Amérigo -PSOE-, Felipe Cayuela -PP-, Hernández -Ciudadanos-) han recibido del TSJA advertencias similares en los últimos años por su desidia, cuando manifiesta voluntad de enterpecer la ejecución de las sentencias judiciales que afectan a El Algarrobico, pero nunca se han materializado.

En su último auto, el TSJA subrayaba que la remisión del expediente al Consejo Consultivo como paso administrativo “no ha de tener especial dificultad, ni requerir especiales conocimientos”, por lo que rechaza las alegaciones del Ayuntamiento de Carboneras sobre la falta de secretario municipal para realizar dicho trabajo, ya que se trata de una tarea que también puede asumir “quien haga las funciones de este”.

“Tras la emisión del dictamen por parte del Consejo Consultivo de la que se dará cuenta inmediata a la Sala, se procederá a dictar la resolución de terminación del procedimiento de revisión de oficio, dándose cuenta también de forma inmediata a la Sala”, atajaba el tribunal ante el expediente con el que se pretende de facto la nulidad del permiso municipal, el cual muestra “vicios de nulidad”, según declaró el Tribunal Supremo.

En este punto, el tribunal aclara que la revisión de oficio de la licencia se realiza “en ejecución de sentencia que así lo ordena”, toda vez que el mandato judicial obliga a tramitar el expediente y finalizarlo “de forma inmediata”, por lo que rechaza “de plano” las peticiones realizadas por el Ayuntamiento de Carboneras y de la promotora Azata del Sol para archivar el caso una vez cumplido el inicio del expediente.

“Consta de forma evidente que no ha sido culminada la ejecución de la sentencia dictada”, aseveraba el tribunal, para el que las alegaciones realizadas por Azata del Sol durante la tramitación de esta pieza separada al posicionamiento de la Junta resultan “intrascendentes” para el cumplimiento de la misma.

Cuatro meses después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras adoptara, al fin, el acuerdo para revisar la licencia de obras de El Algarrobico concedida en su día a la promotora Azata del Sol, el Consistorio no ha enviado aún al Consejo Consultivo el expediente. El informe del Consultivo es un trámite preceptivo (aunque no vinculante) en el expediente abierto para anular la licencia concedida en 2003, que sigue siendo válida a pesar del interminable trasiego de papeles que durante dos décadas han sobrevolado al inmueble construido en plena playa y Parque Natural de Cabo de Gata.

Los ecologistas que denunciaron y consiguieron parar la obra en 2006 creen que este retraso, otro más de una ristra interminable, es una nueva treta del consistorio para volver a eludir la obligación que le impuso en 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA): a saber, revisar la licencia. Igual que pasa con la sentencia que obliga el Consistorio a clasificar el suelo como no urbanizable, el Ayuntamiento ha conseguido que pasen los años sin ejecutarlas evitando de paso las repetidas advertencias de los jueces.

Siempre pasa algo: un nuevo informe necesario, un acuerdo de Pleno que se excede de lo requerido o un simple error material. Ahora, como en otras ocasiones, el Ayuntamiento alega que no tiene Secretario y que no puede avanzar. Es más, una portavoz explica que están pendientes de una convocatoria de habilitados nacionales que acaba de abrir el Ministerio, de modo que difícilmente tendrán quien pueda remitir el expediente al Consejo Consultivo en las próximas semanas.

Probable caducidad

Entre tanto, pasa el tiempo, y los ecologistas alertan de que la demora va a obligar a declarar la caducidad del procedimiento, y empezar de nuevo. Los expedientes de revisión de una licencia caducan a los seis meses, en los cuales el expediente debe viajar al Consultivo para que emita su informe. Desde que lo recibe, el Consejo Consultivo tiene un plazo de 30 días hábiles para emitir su dictamen. Contando fines de semana y festivos de diciembre, esto es casi mes y medio. Después el expediente debe volver a Carboneras, para que el Pleno, que lo inició, lo cierre.

Teniendo en cuenta que el expediente empezó el 11 de julio de 2025, caducará el 11 de enero de 2026, si no se ha resuelto antes. Y los ecologistas calculan que ya es imposible, de modo que se encamina hacia la caducidad. “La táctica del Ayuntamiento de Carboneras es seguir dilatando sine die el proceso con el fin de evitar la demolición, si no de resucitar el hotel”, protestan desde Salvemos Mojácar, la entidad que dio la voz de alarma que sirvió al juez para paralizar la obra hace ya casi veinte años.

Si caduca, será a pesar de las reiteradas advertencias del TSJA para que el alcalde y el Pleno cumplan sus sentencias, que de nada han servido. La última llegó el 20 de octubre, cuando los tres magistrados requirieron al alcalde para que les informara en cinco días de “si ha tenido lugar el traslado del expediente” tal y como le habían exigido en julio.

La Junta de Andalucía pidió sanciones para el alcalde

La sentencia que el Ayuntamiento sigue sin ejecutar se dictó en julio de 2021. En septiembre de 2023 el TSJA abrió un procedimiento para ejecutarla, a la vista de la falta de ejecución voluntaria. Los magistrados del alto tribunal andaluz llevan desde febrero de 2024 enviando requerimientos para forzar la ejecución. En marzo de 2025 advirtieron al alcalde con multarlo y/o deducir testimonio a Fiscalía por un posible delito de desobediencia si en el plazo de un mes no acreditaba “la incoación del procedimiento de revisión de oficio”.

La Junta de Andalucía se ha sumado en los últimos meses a las denuncias formuladas desde hace años por los ecologistas de que el Ayuntamiento de Carboneras y sus sucesivos alcaldes (José Luis Amérigo -PSOE-, Felipe Cayuela -PP- y, ahora, Salvador Hernández -Ciudadanos-), ignoran y demoran sin disimulo la ejecución de las dos sentencias a la que están obligados, dictadas en 2018 (la que ordena reclasificar el suelo como no urbanizable) y 2019 (que obliga a revisar la licencia). Ya no se fía.

Cuando el regidor pidió un informe para ver cómo cumplía con la obligación de revisar, añadiendo un nuevo trámite e ignorando la literalidad de lo que se le estaba requiriendo, los servicios jurídicos de la Junta protestaron porque no era eso lo que debía hacer, y pidieron al TSJA que le sancionara y diera traslado de la actitud municipal a la Fiscalía p. “No sólo no consta el cumplimiento (…) sino que, de conformidad con el fallo de la Sentencia de 22 de julio de 2021, ya debía estar tramitado el procedimiento de revisión de oficio y anulada la licencia por ser nula de pleno derecho”, recordaba el letrado de la Junta, que subraya que el retraso en cumplir el fallo es “considerable”.

Ahora, el nuevo problema es que falta el secretario. En ocasiones anteriores, el Ayuntamiento ha excusado los retrasos en que carecía de esta figura o tenía que compartirla con otros municipios.

En las últimas semanas, los magistrados también han rechazado un intento de Azata del Sol para que se diera por cumplida la sentencia. La promotora alegaba que el mero inicio del expediente de revisión de la licencia es suficiente.

Los ecologistas piden que el TSJA ejecute

Para José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción, la única solución es que sean los jueces los que reclamen el expediente y anulen ellos. “La ley prevé que pueda ejecutar con sus propios medios”. Cree que solo así se zanjará al fin este asunto: “Porque si el Ayuntamiento lo hace por fin, Azata interpondrá un recurso contencioso-administrativo y pasarán otros diez años”, advierte. Sin embargo, la Junta de Andalucía se opuso en su día a esta posibilidad, señalando que debía ser el Ayuntamiento quien lo hiciera.

Lo hizo en febrero, apenas tres días antes de que María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y entonces futura candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, anunciara por sorpresa la intención de expropiar la parte de El Algarrobico en dominio público, dejando de lado la vía de la revisión de licencia. El Gobierno de Moreno se opone frontalmente a la expropiación anunciada por Montero, subrayando que la vía más rápida para la demolición del hotel pasa por que el Ayuntamiento revise y anule la licencia urbanística. La intervención de Montero y la abierta discrepancia del camino a seguir abrió un nuevo frente de hostilidades entre la ya candidata socialista y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.

49.934 vehículos pasaron por el sistema de control de entradas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería), que regula el acceso a las playas de Mónsul, Barronal y Genoveses, situadas a poniente de San José, entre el 21 de junio y el 28 de septiembre. Esto supone un cinco por ciento más que en 2024, según ha informado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, la media diaria ha descendido algo más de un dos por ciento, al pasar de 511 vehículos en 2024 a 499 en el verano de 2025. Esta bajada se debe a que el dispositivo ha estado operativo durante una semana más, con 100 días en 2025 frente a 93 en 2024, según ha precisado la Administración autonómica en un comunicado.

Con la finalización de septiembre concluye este dispositivo que, entre otras funciones, regula que no se supere el máximo de 399 vehículos que la Junta estima como capacidad de acogida.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medioambiente en Almería, Manuel de la Torre, ha explicado que con este servicio “buscamos disminuir la presión del tráfico y proteger los recursos naturales, evitar el daño a los hábitats que puede generar el tránsito descontrolado de vehículos, y reducir la emisión de polvo y partículas gracias al control del tráfico y al riego del camino y de las zonas habilitadas”.

“En definitiva, proteger los valores ambientales y garantizar también el bienestar y la seguridad de los visitantes, manteniendo operativos los accesos en caso de emergencia”, ha resumido.

Señalización de la franja marina protegida

El balizamiento de las playas no urbanas del Parque Natural es otra de las medidas que la Junta acomete desde el año 2021. Se puso en marcha tras un informe de la dirección del Parque que alertó sobre el impacto de la afluencia de actividad náutica recreativa en el litoral protegido, y tras la decisión adoptada en el marco de los órganos de participación del espacio natural.

Esta acción, con un presupuesto próximo a los 40.000 euros, implica señalizar con más de un centenar de boyas la franja marina en una docena de playas naturales. En ellas queda prohibida la navegación deportiva y de recreo.

Se trata de la playa de los Muertos, Cala de Enmedio, Cala del Plomo, Cala San Pedro, Playazo de Rodalquilar, afloramientos rocosos de Isleta del Moro, playas de Genoveses, Barronal, Mónsul, Media Luna y del Corralete, así como las reservas marinas del Arrecife de las Sirenas y Morrón de los Genoveses.

El director conservador del Parque Natural, Salvador Parra, ha señalado que “la finalidad de esta medida es triple: proteger los hábitats marinos, ordenar las actividades de uso público y evitar situaciones de riesgo para la seguridad o el bienestar de las personas”.

22.400 kilos de residuos retirados

La Consejería colabora con los tres ayuntamientos del Parque Natural en la limpieza de playas y calas, “muchas de ellas de difícil acceso”. Este año, el personal de la Junta que atiende el mantenimiento de equipamientos de uso público y que en verano desarrolla también estas funciones ha contado con un vehículo adicional y cuatro operarios dedicados a tareas de saneamiento ambiental y mantenimiento de hábitats litorales. Entre ambos medios impulsados por la Junta se han retirado del litoral del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, durante el verano, 89,6 metros cúbicos de residuos, equivalentes a 22.400 kilos.

En total, la Junta de Andalucía ha invertido este año 129.188 euros entre el balizamiento de las playas naturales y las actuaciones de saneamiento ambiental mediante retirada de residuos.

El director conservador del Parque Natural ha insistido en la “necesidad de aumentar la concienciación de los visitantes para avanzar en la implantación de buenas prácticas en el espacio protegido”.

“Entre todos, administraciones públicas, medios de comunicación y asociaciones conservacionistas, podemos mejorar el respeto y la educación ambiental. Se trata de lograr que esas malas prácticas desaparezcan y que absolutamente todos los visitantes recojan y retiren los residuos que generen durante su estancia en la playa y los depositen en los contenedores de las zonas urbanas”, ha precisado Parra.

268 denuncias de agentes de Medio Ambiente

Otra de las líneas de trabajo que la Consejería desarrolla desde hace cinco años durante el verano en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar consiste en el refuerzo del servicio de Agentes de Medio Ambiente.

“De esta forma podemos atender labores en horario nocturno dirigidas a evitar la pernocta y acampada en zonas no habilitadas, el estacionamiento y vertido de residuos por parte de caravanas o controlar las actividades de turismo activo”, ha explicado el delegado, quien ha destacado el “trabajo excepcional” desarrollado por los agentes autonómicos.

Al finalizar el verano, los Agentes de Medio Ambiente han levantado 268 actas de denuncias en el Parque Natural: 121 por estacionamientos en zonas no permitidas, 109 por estacionamientos de vehículos habilitados como vivienda entre el ocaso y el orto en zonas no habilitadas, 17 por acampadas, siete por pescar en zona de reserva o sin licencia, seis por circular campo a través con vehículo, cinco a empresas de turismo activo o buceo por incumplimientos de condicionado y tres por daños al patrimonio geológico en la duna fósil de Los Escullos.

“Además, hemos llevado a cabo miles de acciones de información. Vamos recorriendo las playas e informamos a los visitantes de las restricciones existentes sobre estacionamiento y acampada por parte de vehículos habilitados como vivienda”, ha expuesto el coordinador provincial de los Agentes de Medio Ambiente, Jorge Pérez.

La Junta de Andalucía ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordene al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) que cumpla con la sentencia que le obliga a declarar no urbanizable los suelos del paraje de El Algarrobico, donde se ubica el hotel de Azata del Sol, ante las “prácticas dilatorias” con las que solamente “retrasa” y “dilata” el mandato judicial.

La obligación de declarar no urbanizable está contenida en una sentencia dictada en 2016, firme desde 2018, que el Ayuntamiento sigue sin ejecutar plenamente, a pesar de las reiteradas advertencias de multa a sus alcaldes, que nunca se concretan. Otra sentencia le obliga a revisar la licencia de obras, aún vigente. Esta segunda sentencia se dictó en 2021 y el Pleno municipal acordó iniciar el procedimiento de revisión el pasado mes de julio. En paralelo se desarrolla la vía de la expropiación de los terrenos para demoler, iniciada por el Gobierno central el pasado febrero.

La Junta acusa ahora al Consistorio, liderado por Salvador Hernández (Ciudadanos) con el apoyo de cinco ediles del PP, de aprobar una modificación del planeamiento innecesaria el pasado 31 de julio. En un escrito dirigido a la Sala, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación legal de la Junta pone en conocimiento del tribunal un oficio realizado por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 30 de julio --un día antes de que se celebrara la sesión plenaria para la modificación del PGOU-- en el que se hacen constar estas “prácticas dilatorias”.

Para la Junta, la celebración de ese pleno supone “otra actuación más del Ayuntamiento de Carboneras que retrasa el cumplimiento de la sentencia”, puesto que la resolución judicial, según recalcan, no obliga al Consistorio a aprobar ninguna modificación de su plan general para dar cumplimiento al fallo sino que únicamente, según sostienen, debía limitarse a “hacer figurar en el PGOU la clasificación de los terrenos como no urbanizables”.

Sólo “figurar en el PGOU la clasificación de los terrenos”

Así, recuerda que el TSJA ya expuso en su auto del 1 de marzo de 2024 que, para ejecutar la sentencia que le obliga a devolver la protección de los sectores ST-1 y ST-2 correspondientes a El Algarrobico y El Canillar, el Ayuntamiento “no tiene por qué proceder a aprobar definitivamente la modificación” del PGOU.

“Ninguna actuación ha de realizar la ejecutada que trascienda de lo que meramente consiste en hacer figurar en el PGOU la clasificación de los terrenos” sin necesidad de “anular y eliminar” ninguna “clasificación urbanística”, expone en un oficio elaborado 'ad hoc' el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana.

Con ello, desde la Junta de Andalucía se insiste en la providencia que la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada dictó el pasado 27 de mayo en la que volvía a reclamar al Ayuntamiento de Carboneras que procediera al “depósito” y “publicación” de la normativa urbanística ya corregida, para lo que le daba un mes de plazo.

El informe de la Junta incide así en la “inobservancia” del Ayuntamiento a las “reiteradas resoluciones judiciales” por las que se le insta a declarar no urbanizable El Algarrobico así como su “posible dilación municipal para llevar a puro y debido efecto el cumplimiento de la sentencia”.

Tras la comunicación del Consistorio, el TSJA ha otorgado diez días a la Junta de Andalucía, a la mercantil Azata del Sol y a las organizaciones ecologistas para que formulen alegaciones a la modificación del PGOU aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) así como a los acuerdos suscritos por el órgano municipal, que remitió los acuerdos al alto tribunal andaluz a comienzos de este mes.

Otra advertencia de multa al alcalde

En una nueva providencia dictada este mismo lunes, el tribunal ha acordado otorgar al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), cinco días para que “manifieste lo que tenga por conveniente” a la hora de explicar por qué aún no se ha depositado y publicado en boletín oficial la normativa urbanística corregida después de que el pasado mes de marzo se le conciera el plazo de un mes a tal efecto.

La ponente María del Mar Jiménez Morera reconoce el “exceso de plazo concedido” al primer edil Carbonero y ordena que se le comunique de forma “personal” a Hernández esta situación bajo nueva amenaza de aplicarle a su cargo “una multa coercitiva y su reiteración hasta el exacto y pleno cumplimiento de lo ordenado”.

En el mismo documento, la magistrada señala que estas medidas se podrán efectuar si no cumple con el oficio remitido al respecto sin perjuicio, además, que se de cuenta al Ministerio Fiscal “por si los hechos fuesen constitutivos de delito”.

Nueve años después de la sentencia que le obliga a consignar en su PGOU que El Algarrobico está en suelo no urbanizable, el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha dado el paso, quizá esta vez definitivo (pero nadie puede asegurarlo a estas alturas), para cumplirla. Casi una década ha tardado el Consistorio en declarar en Pleno que los terrenos donde se asienta el edificio destinado a hotel, levantado entre 2003 y 2006 en la playa del mismo nombre, son no urbanizables de especial protección.

Y, sin embargo, los terrenos, que se asientan en zona de servidumbre de dominio público marítimo terrestre (a menos de cien metros de la orilla del mar) y en el Parque Natural de Cabo de Gata, siguen siendo urbanizables. Un aparente contrasentido provocado porque faltan aún dos trámites: registrarlo y publicarlo. Generalmente es simplemente eso, dos trámites, pero aquí cobra relevancia porque cualquier paso cuesta un mundo y todo se enreda en la maraña que envuelve al mamotreto.

El Pleno ha aprobado este jueves modificar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para anular la clasificación como urbanizable de los sectores ST-1 y ST-2, que afectan al entorno del hotel de El Algarrobico. Sin embargo, el acuerdo por sí solo no basta para que el Ayuntamiento cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, desde julio de 2016 (ratificada por el Tribunal Supremo en 2018), le obliga a modificar su PGOU para adaptarlo a la protección de la Ley de Costas (de 1989) y del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.) del Parque Natural Cabo de Gata (de 1994): es decir, a adaptar el PGOU para que Carboneras también contemple que los terrenos son no urbanizables, en línea con la ley y el P.O.R.N.

El motivo para que el acuerdo no baste es que el Consistorio debe aún publicarlo depositarlo y registrarlo en el Sistema de Información Territorial y Urbanística de Andalucía, y luego en el Boletín Oficial de la Provincia. Un trámite que echa hoy andar, según el acuerdo que ha leído la secretaria municipal.

Incumplimiento del plazo dado por los jueces

Esto es, también, lo que le pidió el TSJA al alcalde en una providencia, fechada el 10 de marzo de 2025, dándole un mes para el depósito y publicación de la normativa urbanística que integra tal documento técnico. La resolución se notificó a finales de mayo, por lo que el plazo habría transcurrido de sobra.

Los magistrados están supuestamente hartos de las dilaciones y excusas que el Ayuntamiento pone desde hace años para cumplir sus dos sentencias clave del asunto, que obligan al Ayuntamiento a reclasificar los suelos, por un lado, y a revisar la licencia de obras (sentencia de 2021), por otro. Sin embargo, lo cierto es que las advertencias de multa dirigidas por los jueces a los alcaldes (antes Amérigo, ahora Hernández) nunca se han materializado, y las sentencias siguen sin cumplirse.

Las vueltas que puede dar este asunto son infinitas. Los terrenos ya fueron declarados no urbanizables por un Pleno municipal en abril de 2023, pero el Pleno fue posteriormente anulado por el TSJA (previa impugnación de la Junta) porque el acuerdo estaba redactado de tal manera que no cumplía con lo que pedían los jueces: el alcalde Amérigo quería hacer pasar por sobrevenida la imposibilidad de construir ahí, cuando lo cierto es que no se puede desde 1994. Antes, en 2019, el Ayuntamiento había aparentado cumplir simplemente publicando la sentencia, algo insuficiente, pues hay que modificar el PGOU. Y en 2024, el Ayuntamiento aprobó la modificación, pero cometiendo varios supuestos errores que alteraban el contenido sustancialmente, por lo que fue obligado a corregirlos.

El pasado abril, el alcalde remitió al TSJA dos documentos técnicos con la corrección de “errores tipográficos” y uno firmado por él en el que anunciaba, nuevamente, su “intención de cumplir” y de “prestar toda la colaboración” con los jueces, que también le habían advertido con trasladar el asunto a Fiscalía por un posible delito de desobediencia. Con esto, supuestamente, sólo quedaba pendiente la publicación en el boletín y el registro.

Sin embargo, el equipo de Gobierno ha decidido llevar a Pleno nuevamente el asunto. “El Ayuntamiento se ha sacado de la manga que hay que pasarlo por Pleno, pero eso no se lo pidió el TSJA”, observa José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace, quien se muestra escéptico, pues no ha visto el acuerdo de Pleno. Un redactado mendaz ya provocó en 2023 la anulación y que todo volviera a empezar.

Discrepancias entre Gobierno central y autonómico, y acusaciones en el Pleno

El propio regidor ha mostrado reiteradamente sus dudas a avanzar en el cumplimiento de las resoluciones sin más. Los sucesivos alcaldes han esgrimido siempre el temor a que todo esto pueda desembocar en una obligación de pagar a la promotora, Azata del Sol, arruinando al municipio. Hernández es partidario de un acuerdo extrajudicial entre administraciones. En febrero, aventuró un posible uso “como hotel o residencia” en una entrevista en Canal Sur, aunque ahora se limita a abogar por un pacto que ponga fin a la “pesadilla”. Hace un mes, en el Pleno que dio inicio al trámite de revisión de licencia, dijo que no lo hacía “por gusto” sino por “mandato” judicial. Lo hizo, además, invocando dos planos ya rechazados por la Justicia.

Frente a la vía de la ejecución de las sentencias, que cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía pero exige la dudosa colaboración municipal, el Gobierno central activó en febrero la expropiación de la mitad de los terrenos. 16.000 metros cuadrados que ocupan dominio público. Por ahora, el Gobierno ya ha rechazado las alegaciones de Azata a la expropiación y le ha pedido que ponga precio. La declaración de necesidad de ocupación de los suelos devendrá firme el 2 de agosto, pero la promotora podría recurrir.

Gobierno central y autonómico discrepan de cuál es la vía ideal para poner fin al inmueble, pero este miércoles la Consejera de Medio Ambiente, Catalina García, tendió la mano al Ejecutivo para explorar un pacto “como en Doñana” y evitar “otra guerra judicial con años de recorrido”. La propuesta ya ha sido remitida al Ministerio, pero la primera respuesta del Gobierno central fue cerrarse en banda. Fuentes de la Delegación del Gobierno señalaron a Europa Press que “la única vía” para derribarlo “es la expropiación que ha iniciado el Gobierno de España”.

El Pleno de hoy ha mostrado cómo El Algarrobico, y las relaciones familiares que entreteje, atraviesa la política local y condiciona los pactos de gobierno. El acuerdo ha sumado el voto favorable del equipo de gobierno (el alcalde, Salvador Hernández -Ciudadanos- y cinco ediles del PP), el no adscrito y dos concejales del PSOE, rompiendo la disciplina de voto. Se han abstenido tres ediles socialistas, entre ellos el exalcalde José Luis Amérigo, sobrino de Cristóbal Fernández, quien siendo alcalde en 2003 concedió la licencia de obras y Felipe Cayuela, exalcalde del PP, que está en trámites para ser declarado no adscrito.

Durante el Pleno, el edil socialista Francisco Capel ha leído un documento en el que ha advertido de que el nuevo acuerdo podría dar lugar a impugnaciones judiciales, y ha criticado que no se haya impulsado ni la redacción del nuevo Plan General ni el plan estratégico contemplado en el pacto de gobierno de 2024 entre PSOE y Ciudadanos, que permitió la investidura del actual alcalde (Salvador Hernández -Ciudadanos-) mediante una moción de censura. Ese pacto fue luego roto, y Hernández ahora se sostiene gracias al PP, cuyo líder y alcalde al comienzo de mandato, Cayuela, ya no forma parte del grupo popular. El rumor ahora es que Hernández, que ha pasado por casi todos los partidos, fichará por el PP para ser su candidato en 2027.

Capel ha acusado a Hernández de ocultar un informe contrario de la secretaria municipal y de idear un “artificio bochornoso” para que las sentencias sigan sin cumplirse y “continúe la maraña de impugnaciones”. “Si en algún momento la nulidad de licencia se produjera, todo el mundo sabe los millones de euros que el Ayuntamiento de Carboneras tendría que indemnizar a los propietarios del hotel El Algarrobico”, ha leído Capel, quien ha recordado que por entonces, hace 30 años, fue avalado por todas las administraciones y los partidos.

Por su parte, el actual alcalde ha acusado a los concejales socialistas de ser los muñecos del “ventrílocuo” Fernández y ha calificado de “pesadilla” el asunto de El Algarrobico, que habría costado más de un millón de euros entre gastos en abogados y de horas de trabajo.

La Junta de Andalucía ha propuesto al Gobierno de España un 'Acuerdo por el Algarrobico', al igual que el suscrito por Doñana en 2023 por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, y la entonces ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Así lo ha adelantado la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha afirmado que esta propuesta para expropiar y demoler el hotel construido en Carboneras (Almería) ya ha sido enviada al Ministerio competente, para evitar “otra guerra judicial con años de recorrido que no tienen ningún sentido”.

Pero el Ejecutivo central no lo ve nada claro. Fuentes de la Delegación del Gobierno han señalado a Europa Press que “la única vía” para derrribarlo “es la expropiación que ha iniciado el Gobierno de España”. A juicio de estas fuentes, “este cambio de opinión de la Junta demuestra que saben que la revisión de la licencia es un callejón sin salida”, la vía por la que viene abogando el Gobierno andaluz y que el pleno del Ayuntamiento de Carboneras acordó el 11 de este mes iniciar el procedimiento de revisión de la licencia de edificación.

“El convenio entre Junta y Estado ya existe y lo que tiene que hacer Moreno Bonilla es cumplirlo”, han continuado afirmando estas fuentes de la Delegación. Por su parte, la consejera andaluza aboga por un pacto entre administraciones: “Pongámonos de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo para Doñana, nos podemos poner de acuerdo para el Algarrobico, porque eso es lo que esperan de nosotros los ciudadanos y creo que ese debe ser el compromiso, rigurosidad, seriedad y acuerdo”, sostiene la consejera.

Al hilo de ello, García expresa que, a su parecer, “el Algarrobico no se merece anuncios estridentes ni fuera de lugar, que al final lo que hacen es perjudicar otra vez la imagen de Andalucía”, y que además, tras 20 años de una infraestructura “que nunca debió de existir”, el impacto negativo “está hecho”, aunque la dirigente ha manifestado que “debemos de ser positivos”.

“Devolverlo a Carboneras”

“La colaboración de administraciones vuelve a ser totalmente necesaria para derribar el Algarrobico”, ya que según García es lo que “todos los andaluces” esperan, “devolver a ese espacio natural con la renaturalización de la zona y, por supuesto, también devolverlo a Carboneras y a sus vecinos –con planes de empleo y con inversiones especiales–, por un daño y una pérdida que durante muchos años han estado sufriendo”.

En este contexto, la situación del hotel, en la playa del mismo nombre en Carboneras (Almería), sigue siendo un “enredo administrativo y judicial”. Tras varias décadas de litigios –y más de 60 sentencias en contra del hotel–, la demolición no se ha llevado a cabo, pese a reiteradas promesas de gobiernos estatales y autonómicos.

En defensa de dicha petición, García recordaba que el 11 de julio hubo un pleno en el Ayuntamiento de Carboneras, donde se aprobaba la revisión de oficio de la licencia de obra del hotel, y cinco concejales del PSOE “no fueron a ese pleno”. “Pero es que nos vamos al 24 de julio, a la Comisión de Urbanismo donde se aprobó esa revisión y esa publicación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y en la que los concejales del Partido Socialista se abstuvieron”, rememora la consejera en la entrevista.

Montero “sabía” que el plazo de demolición no se cumpliría

Del mismo modo, la consejera ha achacado que desde el anuncio que hacía la ministra de Hacienda y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, desde la Junta “ya dijimos que no se iba a poder cumplir ese plazo”, aunque “la señora Montero también lo sabía, porque conoce precisamente cómo funciona la administración y cuáles son los plazos administrativos”. Montero aseguró que se demolería el hotel antes de que acabe este año.

Asimismo, García asegura Press que “hacer un anuncio apocalíptico” no está bien, porque “eso no se puede hacer de forma unilateral, y tampoco se puede ir haciéndolo en contra de sentencias que dicen que lo primero que hay que hacer –porque así lo dice el sentido común– es la revisión de oficio para anular la licencia de obras”.

“Sin ese requisito previo, que es anular una licencia de obra, si tú quieres expropiar un terreno, ese terreno tendrá un precio distinto que si ya no tiene una licencia de obra vigente”, sostiene la consejera.

Con ello, concluye que la mejor decisión sería “un acuerdo del Gobierno de España junto a Andalucía para una deuda pendiente con Andalucía y con Carboneras, que es devolver ese espacio en las mejores condiciones al espacio natural”.

Ecologistas en Acción cree que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) está volviendo a enredar la ya enmarañadísima madeja en torno a El Algarrobico, el gigantesco hotel a medio construir en la playa del mismo nombre, con la finalidad de seguir demorando su pretendida demolición. En esta ocasión, el Ayuntamiento ha echado mano de unos planos de los que ya se sabe, desde hace años, que fueron burdamente manipulados. Basándose en esos planos, el Consistorio concluye que El Algarrobico “era y es” urbanizable.

Recurrir nuevamente a esa cartografía alterada podría tener el efecto de facilitar que la licencia de obras del hotel, vigente desde marzo de 2003 y actualmente en trámites de revisión, acabe siendo declarada válida, alertan los ecologistas. “Afirmar que en la actualidad El Algarrobico es urbanizable no tiene justificación alguna”, señalan desde Ecologistas en Acción, que ha pedido, igual que Greenpeace, que se la tenga por parte interesada en el expediente y pide recibir copia de todas las actuaciones. Cree que hay “ausencia de buena fe municipal” al no mencionar resoluciones sobre el deslinde marítimo-terrestre ni las limitaciones legales que pesan sobre el paraje.

La sospecha de los ecologistas tiene un anclaje histórico. Desde hace décadas, todo cuanto acontece en los tribunales en torno a El Algarrobico tiende de forma inevitable a no producir el mínimo efecto material, gracias a la conjunción de varios factores: la falta de voluntad constatada por parte de los sucesivos gobiernos municipales de Carboneras para demoler la mole; el intrincado expediente administrativo y judicial; la incapacidad y/o laxitud de los tribunales para hacer ejecutar lo juzgado; y, ahora, las desavenencias entre Gobierno central y autonómico sobre cuál es la mejor fórmula para poner fin a la aberración. El Gobierno de Moreno es partidario de impulsar la revisión de la licencia, mientras que el Ejecutivo central intenta desde febrero expropiar al menos la mitad de los 32.000 metros cuadrados sobre los que se levanta el hotel.

Unos planos alterados

Hace 15 días el Consistorio dio un paso supuestamente histórico: acordó empezar a tramitar el expediente para revisar la licencia de obra, cuatro años después de que se dictara la sentencia que le obliga a ello.

Sin embargo, los ecologistas denuncian que el movimiento tiene truco, visible en los documentos preparatorios de ese expediente. Tanto el acta de la comisión municipal que preparó el acuerdo de apertura del expediente de revisión (firmada el pasado 7 de julio) como la propuesta (23 de junio) recogen un relato basado en unos planos alterados.

Tras remontarse a las primeras normas de ordenación urbanística del municipio, los dos documentos llegan al punto clave: el 22 de diciembre de 1994 entró en vigor el Parque Natural del Cabo de Gata, coincidiendo con la publicación en BOJA de su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (P.O.R.N.), en el que se recogen los límites del parque, que se extiende hasta El Algarrobico.

Sin embargo, los planos que en 1997 aportó la Consejería de Medio Ambiente al Consistorio calificaban El Algarrobico como Subzona D-2, en la que los usos y actividades permitidos, entre otros, “era y es el Uso Hotelero”, señalan los dos documentos elaborados ahora por el Consistorio.

Los ecologistas denuncian que ese relato obvia un hecho determinante: los planos del P.O.R.N. de Cabo de Gata remitidos por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento habían sido alterados. A mano alzada alguien había sustituido en aquellos planos la referencia C1 [que constaba en el PORN publicado en BOJA el 22 de diciembre de 1994] por D2. Es decir, había pintado como zona urbanizable (D2) lo que era área de recursos naturales (C1).

En 1997, estos planos sirvieron al Consistorio para concluir que los terrenos eran urbanizables, cuando en realidad estaban en pleno Parque Natural. El cambiazo dio lugar a que en 2003 se pudiera expedir la licencia de actividad y la licencia de obra, que empezó poco después y se ejecutó hasta febrero de 2006, cuando un juzgado de Almería dio la orden de parar, dejando El Algarrobico en el punto en el que sigue casi veinte años después.

“Una tomadura de pelo”

Desde entonces, múltiples resoluciones judiciales han constatado la ilegalidad de la obra por invadir dominio público y zona del parque natural, y en varias de ellas se recoge explícitamente el papel clave que jugaron los planos alterados. En 2008, el propio juez que había paralizado la obra calificó aquello de “inaceptable e inviable modificación por la vía de hecho” de un plano aprobado oficialmente, rechazó que hubiese sido un mero error y dio traslado por un posible delito de prevaricación a Fiscalía, que archivó.

“Ha habido siete sentencias que han quitado validez a esos planos”, apunta José Ignacio Domínguez, abogado de los ecologistas, quien ha dado cuenta de esta “maniobra” al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quien debe vigilar que se cumple la sentencia que obliga al Consistorio a revisar la licencia. “A estas alturas, es como mínimo una tomadura de pelo, y quizás prevaricación si adoptan la resolución”, protesta Domínguez, quien advierte que ese relato de los hechos puede llevar a una revisión infructuosa de la licencia.

El abogado, que lleva ya 20 años con este asunto, hace años que denuncia que ninguno de los presuntos errores y omisiones en torno a El Algarrobico es casual. Por eso ha llevado el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, invocando una posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Ninguna de las dos sentencias claves del TSJA (la que obliga a clasificar el suelo como no urbanizable -dictada en 2016 y firme desde 2018- y la que obliga a revisar la licencia -dictada en 2021 y firme desde 2022-) ha sido ejecutada. A pesar de que el TSJA ha ido advirtiendo a los sucesivos alcaldes de que los multaría si no actuaban, ninguno ha llegado a ser sancionado, y ninguna de las dos sentencias se ha cumplido. Siempre hay un error, un obstáculo, falta un secretario municipal, un trámite que no se cumple.

De fondo, lo que subyace es una patente falta de voluntad, que el propio alcalde actual (Salvador Hernández, Ciudadanos) ha verbalizado en los últimos meses, pidiendo un acuerdo que permita dar uso al hotel, señalando que revisa la licencia “no por gusto” sino por obligación o advirtiendo de que “van a pasar años” hasta el derribo del hotel. Si es que llega.

Ahora, la revisión de la licencia acaba de empezar, mientras que la reclasificación del suelo, ya acordada tras una corrección de errores que ha llevado un año, sigue pendiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Registro de Instrumentos Municipales de la Junta de Andalucía, a pesar de que el 28 de junio venció el plazo que el TSJA dio al Ayuntamiento para hacerlo.

En la provincia de Almería, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, se localiza la Cala de Enmedio, un espacio natural caracterizado por su aislamiento y su entorno casi virgen. Esta cala de poco más de 150 metros de longitud destaca por sus aguas limpias y transparentes, así como por su arena fina, rasgos que la diferencian de otras playas más concurridas y urbanizadas de la costa andaluza. La ausencia de construcciones y servicios en sus inmediaciones es consecuencia de su ubicación dentro de un área protegida, lo que contribuye a la conservación de un ecosistema con un alto valor ambiental.

El acceso a esta cala únicamente es posible a pie o por vía marítima, lo que limita el número de visitantes y ayuda a mantener el equilibrio natural del lugar. Desde el pueblo de Agua Amarga, se puede llegar tras recorrer un sendero que atraviesa cerros y acantilados, o bien desde la Cala del Plomo, pasando también por un camino de dificultad moderada. La carencia de aparcamiento cercano y la inexistencia de infraestructuras turísticas exigen que quienes decidan visitarla planifiquen adecuadamente su excursión, incluyendo provisiones de agua y alimentos para la caminata.

Este aislamiento ha favorecido la conservación del paisaje, que combina elementos geológicos como dunas fosilizadas y formaciones rocosas, con una vegetación adaptada al clima mediterráneo semiárido. Las aguas de la cala presentan tonalidades que varían desde el turquesa hasta un azul profundo, con una transparencia que permite observar la diversidad del fondo marino. Este entorno es propicio para actividades como el baño, el snorkel y el buceo, y la privacidad que ofrece el lugar también ha convertido a esta cala en un espacio para la práctica del nudismo, respetando siempre la normativa vigente y el entorno natural.

Dunas fósiles y pozas naturales que definen el paisaje de la cala

La Cala de Enmedio se distingue por contar en sus extremos con formaciones de dunas fosilizadas que se prolongan hacia el mar, constituyendo un elemento geológico singular en esta zona del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Estas estructuras, resultado de procesos naturales muy antiguos, crean un marco desde el que es posible contemplar la claridad y transparencia de las aguas, así como la riqueza del fondo marino. La acción del mar sobre estas dunas ha originado pequeñas pozas y cavidades donde el agua se filtra, generando espacios naturales que aumentan el valor paisajístico y ecológico de la cala.

Estas dunas fosilizadas representan un testimonio visible del pasado geológico de la costa y son un componente esencial para entender la evolución del territorio. Además, contribuyen a la singularidad visual del entorno, proporcionando a los visitantes una experiencia diferente que combina elementos marinos y terrestres en un contexto de máxima conservación.

Cómo llegar a Cala de Enmedio

Cala de Enmedio solo puede alcanzarse caminando o mediante transporte marítimo, lo que limita considerablemente la cantidad de visitantes durante todo el año. Para llegar a esta cala existen dos rutas principales: una conecta desde la cercana Cala del Plomo y otra parte desde el pueblo de Agua Amarga.

La ruta que parte desde Cala del Plomo comienza cerca de los vestigios de una antigua noria, desde donde un sendero estrecho se extiende alrededor de dos kilómetros. Este trayecto suele completarse en algo más de veinte minutos, aunque la estrechez y el terreno requieren precaución. Para acceder a Cala del Plomo, es recomendable utilizar vehículo privado debido a su ubicación alejada de zonas urbanizadas.

Desde Agua Amarga, el sendero es algo más corto, aproximadamente dos kilómetros, pero presenta desniveles considerables. El recorrido incluye una subida inicial seguida de un descenso hacia la costa, por lo que se aconseja usar calzado adecuado que brinde buena sujeción para garantizar la seguridad durante el trayecto.

Otra forma de llegar a la cala es desde el mar, usando kayak. En la playa de Agua Amarga existen varias empresas que ofrecen alquiler de kayaks y rutas guiadas que incluyen Cala de Enmedio y terminan en Cala del Plomo. Esta actividad es accesible para la mayoría de los visitantes, incluyendo familias con niños, y ofrece una perspectiva distinta del entorno natural protegido del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

En este parque natural, además de Cala de Enmedio, se encuentran otras playas y calas en Almería reconocidas por su valor ambiental y belleza, como Cala del Plomo, Playa de Agua Amarga, Playa de Las Negras y Playa de los Muertos. Cada una presenta características únicas que atraen a quienes buscan disfrutar del mar y la naturaleza en un entorno poco alterado.

Todo cuanto rodea a El Algarrobico, como se conoce al inmenso hotel de 21 plantas y 411 habitaciones a medio construir en la playa de idéntico nombre de Carboneras (Almería), se mueve con extraordinaria lentitud, si es que se mueve. Lo extraordinario a estas alturas no es que permanezca varado desde que en febrero de 2006 un juez ordenara su paralización por invadir terrenos de dominio público que además forman parte del parque natural de Cabo de Gata. Lo extraordinario es que algo se mueva, más allá de los papeles.

También es noticia oír a políticos reiterar promesas de derribo, incluso poniendo fechas, cuando está comprobado que la maraña administrativa, la laxitud judicial y la resistencia de los gobiernos locales han hecho imposible hasta ahora cualquier avance material. Desde que se paró la obra, va para veinte años, nadie ha tocado un ladrillo de la mole.

Se suma ahora la abierta discrepancia entre gobiernos central y autonómico respecto a cuál es la mejor vía a seguir: el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere expropiar la mitad de los 32.000 metros cuadrados de la parcela y luego derribar el inmueble, e invita al Gobierno andaluz a expropiar la otra mitad; pero el Gobierno de Juan Manuel Moreno rechaza ese plan y defiende que lo mejor es persistir en la vía de la anulación de la licencia de obra. Algo que de momento solo puede hacer el Ayuntamiento, que se ha resistido durante años.

Pese a que apostar por una fecha de derribo es una fórmula casi segura de tirar credibilidad a la basura, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central han tirado de calendario en los últimos años. Y ambos han errado.

María Jesús Montero, cinco meses cumplidos el 10 de julio

Este jueves 10 de julio se cumplió el plazo de cinco meses que dio María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y candidata a presidenta de la Junta de Andalucía, cuando se plantó en la playa sin avisar a nadie para anunciar por sorpresa que el Gobierno se arremangaba para tirar abajo el edificio, previa expropiación.

El Gobierno de Moreno no ha dejado pasar la efeméride. Su portavoz, Carolina España, atizó este miércoles a Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, aunque no se había tratado ningún asunto relacionado con El Algarrobico. “La ministra llegó a Andalucía tirando del BOE, diciendo que echaría abajo uno de los peores desastres urbanísticos de la historia de Andalucía, un desastre del gobierno socialista. Se han cumplido los plazos, y fue la ministra Montero la que dijo que el derribo del hotel Algarrobico se haría en cinco meses. Bueno, pues sigue en pie. Esa es la palabra de la señora Montero”.

Aquellas semanas Montero estaba de puesta de largo como secretaria general de los socialistas andaluces y futura candidata a presidir la Junta. Acaparó temas y anuncios, orillando a quienes por competencias o trayectoria habían estado en contacto directo con el asunto, como el Ministerio de Transición Ecológica, con El Algarrobico, o Izquierda Unida, en la organización del homenaje a Manuel José García Caparrós.

Según la crónica de EFE, aquel 10 de febrero Montero se comprometió a que, “salvo resolución judicial”, “si no hay ninguna otra incidencia o interferencia”, en cinco meses se iniciaría la demolición. Hoy, el “inicio” de la demolición se ve lejano. La propia Montero corrigió el paso apenas dos meses después, fijando la demolición para antes de final de año. Y después la ministra Sara Aagesen ha sido aún más cauta: espera culminar la expropiación “a lo largo de este año”.

La propia Montero ha salido al paso este viernes. La ministra ha acusado a la Junta de Andalucía de “inacción” y ha defendido que la expropiación que pretende el Gobierno está “muy avanzada”. “La voluntad del Gobierno [de derribar la mole] es firme”, ha advertido. La ministra ha reprochado al Gobierno andaluz que “torpedee” la estrategia del Goibierno central, y le ha pedido que se sume y expropie también el terreno que no está en dominio público, para derribar todo el hotel.

Desde febrero, el Gobierno central ha acordado la declaración de utilidad pública previa a la expropiación, ha rechazado las alegaciones de la promotora y ha publicado la declaración de necesidad de ocupación de los suelos, que devendrá firme el 2 de agosto. Según Montero, la idea ahora es alcanzar un acuerdo con la promotora y propietaria, Azata del Sol para demoler “lo antes posible”. La ministra Aagesen ya advirtió que el Ejecutivo pretende seguir adelante aunque Azata recurra a los tribunales, pero ese es un condicionante cuyo cumplimiento está por ver.

Catalina García, seis meses cumplidos el 15 de abril

La consejera España sacó pecho porque el Ayuntamiento de Carboneras va a celebrar este viernes un Pleno para revisar la licencia de El Algarrobico, cuatro años después de que se dictara una sentencia que le obliga a ello.

La Junta de Andalucía defiende que esta es la vía más rápida para llegar a la demolición, aunque por ahora el consistorio ha conseguido evitar cualquier avance material. De ahí que, igual que Montero, también la Junta haya fallado en sus compromisos temporales para la demolición. El 15 de octubre de 2024 la consejera de Medio Ambiente del Gobierno andaluz, Catalina García, dijo en Canal Sur: “En seis meses podría comenzar la demolición del Algarrobico”. El 15 de abril, seis meses después, El Algarrobico seguía en su sitio tan impertérrito como hoy.

Entre bambalinas juega siempre el factor económico: de cómo se resuelva esto depende una posible indemnización y quién se la pagaría a la promotora Azata del Sol, que en 2003 recibió licencia municipal para construir en un suelo declarado urbanizable. De hecho, en enero Azata ya se presentó un escrito al Tribunal Superior de Justicia pidiendo que se reconozca su derecho a indemnización si finalmente se anula la licencia.

Inicio de la revisión de licencia

Este mismo viernes, el Ayuntamiento carbonero acordó iniciar el expediente para revisar la licencia, después de cuatro años resistiéndose. Pero lo hizo “no por gusto” sino por mandato del Tribunal de Justicia de Andalucía, según admitió el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos), quien desplegó una serie de frases y gestos que demuestran que tiene poco apego por esta fórmula y que el proceso será lento. “Mucho nos tememos que van a pasar varios años hasta que, definitivamente, ese hotel sea declarado totalmente ilegal y se derribe”, advirtió en el Pleno.

Su declaración da continuidad a la resistencia a impulsar el derribo de los sucesivos alcaldes carboneros, bajo el argumento de que Carboneras podría tener que pagar una indemnización millonaria a la promotora. Prueba de esta resistencia es que los ediles socialistas (incluido el exalcalde José Luis Amérigo) y el exalcalde del PP Felipe Cayuela evitaron acudir al Pleno de este viernes, y así votar a favor de revisar la licencia.

Por su parte, Hernández ha reclamado en otras ocasiones un acuerdo con Azata, y que se estudie el posible uso hotelero o de otro tipo. En el Pleno de este viernes, el regidor dijo que el hotel “no es un atentado medioambiental” sino un proyecto que “se inició de la mano de todas las administraciones”, por lo que “somos todos responsables de que no se haga realidad, no cree empleo, no cree riqueza y no forme parte del paisaje del pueblo de Carboneras”.

Toda esta quietud aparentemente inamovible ha llevado a que los ecologistas denuncien el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al considerar que hay una entente entre el poder político, económico y judicial para demorar la cuestión, pasando por encima del derecho a una tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obliga al Ayuntamiento a clasificar los suelos como no urbanizables data de 2016 (y es firme desde 2018) y aún no la ha cumplido en su integridad, tras agotar el catálogo de omisiones y supuestos errores. Tampoco ha cumplido la que le obliga a revisar la sentencia, de 2021 (firme desde 2022). Pese a advertir a los sucesivos alcaldes con multa por desobedecer sus resoluciones, el TSJA El alcalde (Salvador Hernández, Ciudadanos) ya ha dicho que tardará en completar el proceso porque le falta personal. Quizá hasta cinco años.

Cada paso en El Algarrobico se mide en meses, si no años o lustros, pero los gobiernos central y autonómico siguen poniendo fechas sobre la mesa. Hasta ahora, todas fallaron.

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha aprobado este viernes por mayoría absoluta iniciar el procedimiento para la revisión de la licencia de obras concedida en 2003 para edificar el hotel del paraje de El Algarrobico por mandato judicial durante una sesión en la que cinco concejales del PSOE y el exalcalde Felipe Cayuela, aún en el PP, se han ausentado.

“El hotel del Algarrobico en su día quizás fue un sueño para el pueblo de Carboneras o se vendió como un sueño, pero con el paso de los años ese sueño se ha convertido en una pesadilla para Carboneras y, si me apuran, para toda la comarca del Levante almeriense”, ha manifestado el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Ciudadanos), ante la controversia que arrastra el edificio promovido por Azata del Sol desde hace casi 20 años cuando se paralizaron las obras.

El alcalde ha reconocido durante su intervención en el Pleno que el trámite para iniciar la revisión de la licencia del hotel “no es por gusto” sino que es “un mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía” dentro del “culebrón de este proyecto fallido”. Los sucesivos regidores carboneros han retrasado todo lo que han podido la ejecución de las sentencias que obligan tanto a reclasificar el suelo del hotel como no urbanizable (sentencia de 2016, firme desde 2018) como la que obliga al Consistorio a revisar la licencia expedida en 2003 (sentencia de 2021, firme desde 2022). Sobrevuela siempre el temor a que una eventual anulación de la licencia derive en la exigencia de una indemnización millonaria al municipio.

Así, ha señalado las casi dos décadas transcurridas en las que aún “unos creen que es oportuno que se abra el hotel” y “otros, que se derribe”. “El caso es que los grandes damnificados son los ciudadanos de Carboneras, en particular, y de Andalucía en general”, ha dicho Hernández, quien ha recordado este extremo a Junta de Andalucía y Gobierno central para pedir que se deje de “utilizar” el Algarrobico como “arma arrojadiza” y “argumento político”.

Para Hernández, el hotel “no es un atentado medioambiental” sino un proyecto que “se inició de la mano de todas las administraciones” y por ello “somos todos responsables de que no se haga realidad, no cree empleo, no cree riqueza y no forme parte del paisaje del pueblo de Carboneras”, con lo que “hoy por hoy, está haciendo mucho daño”.

El alcalde reclama un acuerdo

“Pido y suplico, vuelvo a insistir, en que nos sentemos las tres Administraciones e intentemos buscar la solución menos dolosa para el pueblo de Carbonera” para afrontar esta polémica que “ha hecho daño a la imagen del pueblo de Carboneras” y se busque una “solución negociada” incluso con la promotora.

Asimismo, se ha referido a los planes anunciados por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, de realizar la expropiación parcial del hotel para iniciar su derribo, inicialmente, en un plazo de cinco meses desde febrero.

“Estaba confundida, equivocada o mentía, pero el hotel del Algarrobico sigue estando en la playa del mismo nombre, y mucho nos tememos que van a pasar varios años hasta que, definitivamente, ese hotel sea declarado totalmente ilegal y se derribe”, ha dicho antes de recordar que este asunto solo se vuelve recurrente ante las citas electorales.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Carboneras, Lorenzo González, también se ha referido a las palabras de Montero que ha encadenado con la ausencia del portavoz municipal socialista, José Luis Amérigo. “Hoy esperábamos aquí a sus concejales defendiendo lo que defendió su ministra y vemos que no están. Hay poca seriedad”, ha lamentado.

Ausencia de los concejales del PSOE y de Felipe Cayuela

El acuerdo por el que ahora se abre un periodo de diez días para que los afectados puedan presentar sus alegaciones ha salido adelante con el voto favorable del primer edil y los cinco ediles del PP que conforman su equipo de gobierno, a quienes se ha unido el concejal Andrés Belmonte, oficialmente miembro del grupo municipal del PSOE pero apartado en la práctica de las filas socialistas.

El resto de la corporación no ha asistido, si bien algunos han justificado su ausencia por vías oficiales y otros por mensajes de WhatsApp que no se han tenido en cuenta, entre ellos, el exalcalde Felipe Cayuela (PP), quien hace unos días comunicó su paso al grupo de no adscritos por discrepancias con su partido.

El portavoz del grupo municipal del PSOE, José Luis Amérigo, --quien votó en contra del acuerdo en comisión informativa-- ha comunicado que se encontraba en un viaje programado hace “más de dos meses” mientras que Vanesa Fuentes y Francisco Capel Soto han aludido a motivos “de salud” mediante un escrito registrado a las 8:30 horas por la propia Fuentes.

“Esperamos que en los próximos días traigan el justificante médico los que dicen estar enfermos o mal de salud, y esperamos también que el viaje del señor portavoz José Luis Amérigo sea de una importancia decisiva para no asistir a este pleno tan importante”, ha dicho el alcalde, quien ha lamentado que no se haya presentado al Pleno para el debate sobre una licencia otorgada en 2003 cuando el Ayuntamiento era gobernado precisamente por el PSOE.

La sesión, de apenas 15 minutos de duración, ha arrancado en hora pese a los problemas registrados en el Ayuntamiento desde bien temprano, cuando la casa consistorial se encontraba sin luz ni internet, según ha explicado Hernández, quien ha detallado que el suministro se ha podido restablecer media hora antes del Pleno gracias a la mediación de una funcionaria.

El Gobierno andaluz apunta ya abiertamente al alcalde de Carboneras por las maniobras “claramente dilatorias” de la demolición de El Algarrobico. El letrado de la Junta de Andalucía está pidiendo a los jueces que pongan un plazo estricto para dar el siguiente paso, y además reclama que lo multen y lo investiguen por un posible delito de desobediencia, a la vista de las excusas que opone para revisar y (eventualmente) anular la licencia de construcción otorgada a Azata del Sol en 2003, hace 22 años.

Por su parte, el Ayuntamiento gobernado por Salvador Hernández (Ciudadanos) insiste en que antes de iniciar cualquier expediente tiene que recabar un informe del secretario municipal y que es “malicioso” achacarle una voluntad de dilatar la ejecución de una sentencia dictada en 2018, firme desde 2021. También la promotora se opone a la pretensión de la Junta, alegando que la ley no contempla plazo alguno para ejecutar las sentencias y que el Consistorio es el único competente para ir dando pasos.

Por ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) amaga, pero no golpea al regidor por los retrasos en tramitar todo lo que afecta a El Algarrobico. Desde 2018, han pasado siete años desde la sentencia que obliga a revisar la licencia de obras, y cuatro desde que el Tribunal Supremo la confirmó. En paralelo, el TSJA había dictado en 2016 otra sentencia que obliga a declarar el suelo no urbanizable en el planeamiento municipal.

Ninguna de las dos sentencias ha sido ejecutada por el Ayuntamiento, donde sobrevuela el temor a una posible responsabilidad millonaria frente a la promotora. En este tiempo ha habido alcaldes del PSOE (José Luis Amérigo), PP (Felipe Cayuela) y Ciudadanos (Hernández). Este último, sostenido por cinco concejales del PP, declaró hace pocos meses que es partidario de negociar con la promotora y estudiar el posible uso de El Algarrobico como residencia de mayores u hotel.

Los ecologistas tienen claro que el Consistorio apenas disimula la nula voluntad de cumplir las resoluciones judiciales, y la Junta parece empezar a convencerse también de ello. De ahí que haya presentado un recurso frente a la última resolución del TSJA. El Gobierno andaluz quiere que los jueces fijen un “plazo perentorio” para cumplir “el deber de tramitar el procedimiento”, a la vista de que la actuación del Consistorio es “claramente dilatoria”, según el documento.  

Junta de Andalucía: “No hay margen de discrecionalidad”

El Gobierno andaluz quiere imprimir velocidad apuntando al alcalde, y recuerda que fueron los propios jueces quienes ya advirtieron de que lo multarían y darían traslado a Fiscalía si no iniciaba ya el expediente de revisión de licencia. Pasado el plazo, el Ayuntamiento no inició el expediente, pero el TSJA ignoró su propia advertencia y dictó una resolución el pasado 30 de abril conformándose con la nueva promesa del regidor, consistente en pedir un informe del secretario municipal sobre “legislación aplicable y procedimiento a seguir”. El TSJA lo dio por válido y tan solo le pidió que le informara cada diez días, un sistema que ya ha seguido en el pasado sin que haya servido para avanzar nada.

El letrado autonómico tiene claro que es una argucia, y que no es la primera. Tampoco es la primera vez que los jueces dan al alcalde un ultimátum que queda en nada aunque no se produzca ningún avance material. “Se trata de un escrito nuevamente dilatorio”, advierte, subrayando que lo que hay que hacer es evidente y no necesita ningún informe para aclararlo: “La revisión de oficio, en este caso, debe iniciarse y resolverse en ejecución de Sentencia con un pronunciamiento de anulación de la licencia, sin que pueda cuestionarse duda alguna al respecto, ni exista margen de discrecionalidad para la entidad local”. Una vez iniciado el expediente, habrá que consultar al Consejo Consultivo de Andalucía, explica el letrado.

La Junta afea a los magistrados que, nuevamente, toleren la inacción municipal sin ni siquiera dar un plazo “final y perentorio” para llegar a la nueva pantalla. Según el letrado autonómico, esto produce una “regresión” respecto a la situación anterior y el cumplimiento de una sentencia dictada en 2018 está hoy más lejos que hace un mes.

En su respuesta a esta andanada, el Consistorio se muestra entre sorprendido y ofendido por las sospechas. Asegura que ya ha recabado el nuevo informe y dice que achacar al alcalde una intención dilatoria es “malicioso”, ya que lo que estaría haciendo es “solicitar a la Secretaría los trámites obligatorios y necesarios”. Además, achaca a la Junta una responsabilidad en el posible retraso, por no destinar un secretario municipal a tiempo completo, con estabilidad y exclusividad. Según asegura, sólo hay una habilitada nacional que va un día a la semana. “Dicha situación ha conllevado inexorablemente que no haya existido una especial celeridad y eficacia temporal”, admite el Consistorio.

Por su parte, Azata también ha impugnado la intención de la Junta de que se fije un plazo perentorio y se remita el expediente al Consejo Consultivo. Dice la promotora que poner un ploazo sería ir más allá de lo que prevé la ley, y que es el Consistorio el que debe iniciar y tramitar la revisión de oficio, recabando informe del Consultivo cuando así lo estime necesario según su “autonomía y competencia”.

Sin avances en siete años

Frente a la vía expropiatoria abierta sorpresivamente por el Gobierno central el pasado febrero, el Ejecutivo andaluz mantiene que el único camino para acabar con la construcción ilegal es persistir en la ejecución de las dos sentencias dictadas hace años y atascadas en los tribunales. Sin embargo, en febrero rechazó apoyar la petición de Grerenpeace de que fueran los propios jueces quienes, a la vista de todos los retrasos, sustituyeran al Ayuntamiento revisando ellos mismos la licencia.

La ruidosa entrada del Gobierno central ha arrastrado el asunto al terreno de la confrontación política, abonada porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mandatado a María Jesús Montero, futura candidata a Presidenta de la Junta, quien se comprometió a que el derribo se hará en 2025, con un coste aproximado de siete millones de euros. Al contrario, el Gobierno de Moreno cree que la expropiación lo retrasará todo más aún, mientras que en el Ejecutivo Central razonan que hay que intentar nuevas vías tras veinte años de parálisis, y se amparan en dos informes de la Abogacía del Estado.

Las dos vías afrontan obstáculos propios: en la expropiación, la promotora ya ha presentado alegaciones a la declaración de utilidad pública, probable aviso de que llegará a los tribunales. Además, el Estado sólo puede expropiar unos 16.000 metros cuadrados, la mitad del total. La otra mitad tendría que expropiarla la Junta, que no parece por la labor. En la vía judicial ya abierta, preferida por la Junta, todo sigue empantanado, sujeto al perezoso ritmo (si es que es algo) que marca el municipio.

El Algarrobico, un edificio pensado para ser un macrohotel de 411 habitaciones y 21 plantas en primera línea de playa, fue paralizado en febrero de 2006 por orden judicial. Tras casi veinte años, hay medio centenar de resoluciones judiciales que ya han dejado claro que se sitúa en zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre y dentro del Parque Natural de Cabo de Gata.

Sin embargo, en el planeamiento municipal sigue siendo terreno urbanizable y la licencia que concedió en 2003 el consistorio (liderado por Cristóbal Fernández -PSOE) sigue vigente. Y ello, a pesar de que sendas sentencias obligan desde 2016 y 2018 (firmes desde 2018 y 2021, respectivamente) a reclasificar el suelo y a revisar la licencia.

El Ayuntamiento no ha ejecutado ninguna de las dos de modo completo, y cuando parece que va a hacerlo siempre surge algún problema: falta secretario, falta arquitecto municipal, se hace de modo incompleto, hay un error, el Pleno cumple de forma incorrecta y hay que deshacer el camino… Ahora, faltaría un informe para revisar la licencia, mientras que para la reclasificación del suelo falta la inscripción en el Registro de Instrumentos Urbanísticos autonómico. En las últimas semanas, el Consistorio ha cambiado de abogado, fichando a un penalista que ha sustituido a Jorge Muñoz, un antiguo magistrado del TSJA, decisivo hace diez años para dictar una sentencia que embrolló todo el asunto, y luego contratado por el Ayuntamiento de Carboneras.

Los Ecologistas hace tiempo que denuncian que todo es una pantomima que convierte las sentencias en papel mojado y a la Justicia en un convidado de piedra, cuando no en cómplice, y han llevado el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

El alcalde de Carboneras ha vuelto a evitar la sanción con la que, de manera recurrente, le advierte el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por incumplir sus sentencias relativas a El Algarrobico. El tribunal había advertido al regidor Salvador Hernández (Ciudadanos) de que lo multaría e informaría a Fiscalía por un posible delito de desobediencia si, en plazo de un mes, seguía sin iniciar el proceso para revisar la licencia de obra de la mole, concedida en 2003. Sobre la bocina, el alcalde presentó un escrito diciendo que había encargado un informe que le diga qué procedimiento debe seguir. Los magistrados dan por bueno el paso, aunque vuelven a poner al alcalde bajo supuesta vigilancia: deberá informar de lo que va haciendo cada diez días.

En marzo, los magistrados le advirtieron con multarlo y/o deducir testimonio a Fiscalía por un posible delito de desobediencia si en el plazo de un mes no acreditaba “la incoación del procedimiento de revisión de oficio”, algo que ya le habían pedido expresamente en febrero de 2024. La petición de un informe no encaja en la literalidad de lo que el TSJA exigió al alcalde en su providencia de 9 de marzo de este año. Encargar un nuevo informe municipal no supone incoar el procedimiento.

La laxitud del TSJA ha vuelto a disgustar a los ecologistas, que desde hace años sostienen que la demora del Ayuntamiento en ejecutar la sentencia que obliga a declarar no urbanizables los terrenos (dictada en 2016, firme desde 2018) y la que obliga a revisar la licencia (dictada en 2021, firme desde 2022) sólo se explica por la resistencia de los sucesivos alcaldes (José Luis Amérigo -PSOE-, Felipe Cayuela -PP- y ahora Hernández) a cumplirlas, y la tolerancia del propio tribunal, incapaz de hacer ejecutar lo que sentenció hace años. En ocasiones anteriores, el TSJA advirtió a Amérigo con multas, pero nunca llegó a imponerlas. Y ello, a pesar de que ninguna de las dos sentencias ha sido cumplida en su integridad.

De fondo, estarían en juego las posibles responsabilidades pecuniarias frente a la promotora, Azata del Sol, S.L. En entrevistas recientes, el regidor se ha mostrado partidario de negociar una solución con la promotora, y abierto incluso al uso del inmueble como hotel o residencia.

“Una nueva tomadura de pelo”

“Es una nueva tomadura de pelo”, protesta José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace, la entidad que canaliza ante los tribunales la oposición ecologista al mamotreto. En su último escrito al tribunal ya advertía de que la petición de un nuevo informe era otra “estratagema” del regidor para demorar el cumplimiento. “Obviamente el Sr. Alcalde de Carboneras ha tenido tiempo durante estos tres años para instruirse sobre el conocido procedimiento de revisión de oficio. No es casualidad que pida ahora el informe justo el día en que vence el plazo conferido por la Sala”, observaba, dando ya por imposible que el Ayuntamiento revisara la licencia. Por eso, pedía al tribunal que lo hiciera él mismo ante la “contumacia” del Ayuntamiento.

Tampoco se fía más del alcalde la Junta de Andalucía, que ha pedido sancionarlo y dar traslado a la Fiscalía a la vista de que sigue sin cumplir con lo que le pide el tribunal. “No se nos ha notificado actividad alguna que acredite el cumplimiento de esa Providencia”, señala su último escrito, fechado justo después de que el alcalde comunicara su intención de pedir un nuevo informe.

“No sólo no consta el cumplimiento de la Providencia citada, sino que, de conformidad con el fallo de la Sentencia de 22 de julio de 2021, ya debía estar tramitado el procedimiento de revisión de oficio y anulada la licencia por ser nula de pleno derecho”, recuerda el letrado de la Junta, que subraya que el retraso en cumplir el fallo es “considerable”.

Los ecologistas han denunciado la demora en el cumplimiento de las sentencias relativas a El Algarrobico ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Algarrobico empezó a levantarse en 2003 en zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre y en pleno parque natural de Cabo de Gata. Estaba destinado a ser un hotel de 411 habitaciones y 21 plantas, pero quedó a medio construir en 2006 tras la orden de paralización de un juzgado. Desde entonces, medio centenar de resoluciones judiciales, incluyendo 14 del Tribunal Supremo, han confirmado su ilegalidad.

También se pronunció en contra el Consejo Consultivo Andaluz: “La licencia otorgada por el Ayuntamiento el 13 de enero de 2003 no se ajustaba a la legalidad (…) si bien los promotores, con un deslinde ya en curso, prefirieron no darse por enterados y materializar una edificación en un claro gesto de política de hechos consumados, de cuya conducta se infiere que han de soportar el daño derivado por incumplir manifiestamente la Ley, no precediendo indemnización sino la demolición de lo ilegalmente construido”.

Revisión de licencia o expropiación

Sin embargo, nadie ha materializado en más de dos décadas todas estas resoluciones y sentencias. En febrero de este año el Gobierno central abrió de nuevo un camino ya explorado sin éxito hace una década: expropiar para demoler. Para el Gobierno andaluz aquello fue una sorpresa mayúscula, con el añadido de que el anuncio a pie de mole lo hizo María Jesús Montero, vicepresidenta y futura rival de Juan Manuel Moreno por la presidencia de la Junta de Andalucía. Dos meses después prometió que la parte sobre dominio público, que corresponde al Estado, se derribaría antes de que termine el año.

El desembarco de Montero convirtió a El Algarrobico en otro motivo para la gresca política. El Ejecutivo andaluz acusó al Gobierno central de “falta de lealtad” por el sorpresivo anuncio, augurando que traerá más bloqueo. En la Junta sostienen que lo mejor es persistir en las vías judiciales abiertas. En el Gobierno central constatan que esas vías no han dado resultados palpables en más de veinte años y acusan a la administración autonómica de cerrarse a nuevas soluciones.

De momento, la expropiación ha avanzado con la publicación en el BOE de la declaración de utilidad pública de los 16.342 metros cuadrados situados sobre la zona de servidumbre, de los 32.654 que ocupa en total la parcela de Azata. El pasado febrero el Gobierno estimó en unos siete millones el coste de la expropiación. Está por ver si la promotora, que hasta ahora ha perdido todos sus intentos de obtener una indemnización, se opone a la expropiación o al justiprecio, abriendo un nuevo frente judicial, o acepta esta nueva vía. 

El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ha solicitado a la secretaría municipal del Consistorio que emita un informe en el que se detalle el procedimiento a seguir para efectuar la revisión de oficio de la licencia de obras concedida a Azata del Sol en enero de 2003 para edificar el hotel de El Algarrobico y la legislación aplicable. La finalidad, dice, es dar cumplimiento a la sentencia que declaró nulo este permiso municipal.

Así lo ha trasladado a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que el pasado 9 de marzo dio un mes de plazo al primer edil carbonero para que ejecutara lo que ya le pidió en una providencia de 9 de febrero de 2024 (ejecutar una sentencia firme desde 2021), con la advertencia expresa de que si no cumplía podría multarlo y pedir a la Fiscalía que le investigase por un posible delito de desobediencia.

El TSJA pedía exactamente que Hernández le acredite “la incoación del procedimiento de revisión de oficio”. La respuesta del alcalde no da respuesta exacta a lo que le exigió el máximo tribunal andaluz, puesto que no incoa ningún procedimiento. El regidor opta por contar con un informe de manera previa a dar inicio al expediente de forma directa.

La respuesta no satisface a Greenpeace, cuyo abogado José Ignacio Domínguez cree que es una nueva muestra de la estrategia dilatoria que, desde hace casi una década, mantienen los alcaldes del municipio a la hora de ejecutar las sentencias judiciales. “No tiene que pedir ningún informe, fue el alcalde el que concedió la licencia y él puede iniciar el expediente, que consiste en pedir un informe al Consejo Consultivo Andaluz (que ya ha dicho que la licencia es ilegal y hay que demoler) y luego dictar una resolución anulando la licencia o legalizándola. Lo explica la Ley de Procedimiento Administrativo Común , artículos 106 a 111”, señala a elDiario.es Andalucía.

La licencia de obras fue otorgada el 20 de enero de 2003 por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Carboneras, que actuó por delegación del alcalde, a quien era el que tenía atribuida la competencia.

Dos sentencias pendientes de ejecución

La vía judicial para demoler El Algarrobico pasa por la ejecución de dos sentencias firmes desde hace años que el Ayuntamiento no termina de ejecutar. Una, ordena revisar la licencia de construcción; la otra, obliga a clasificar el suelo como no urbanizable de especial protección.

La Sala volvió a pedir la ejecución del fallo destinado a la revisión de la licencia ante la petición que Azata del Sol reiteró en diciembre de 2024, por la cual reclamaba el cumplimiento de la resolución de febrero por la que ya se dio un mes al anterior alcalde Felipe Cayuela para iniciar el expediente.

El objetivo es que se dé cumplimiento a la sentencia firme en la que se señala que la licencia presenta “vicios de nulidad”, de modo que su anulación sería uno de los pasos necesarios para acometer la demolición del polémico inmueble y “devolver a su estado originario” el paraje, “que debió mantenerse inalterable”, según concluyó el Tribunal Supremo (TS).

Esta es la vía preferida por la Junta de Andalucía, mientras que el Gobierno central prefiere ahora la expropiación, ante los reiterados fracasos que de momento cosecha la vía judicial.

El TSJA requirió al Ayuntamiento para que inicie ya la revisión, aunque no se pronunció sobre la posibilidad de que sea el propio TSJA el que, subsidiariamente, ejecute la sentencia y revise el expediente, tal y como interesó la propia constructora en su escrito inicial y también apoyaron los colectivos ecologistas.

A este extremo, sin embargo, se opuso la Junta de Andalucía, que si bien sostiene que la anulación de la licencia es la vía más corta para tumbar el hotel, cree que solo el Consistorio, en el que actualmente el PP conforma equipo de gobierno con el liderazgo de un único edil de CS, tiene la potestad para efectuar dicho trámite en virtud del “principio de identidad”, dado que fue al Ayuntamiento al que se impuso la “obligación de admitir y tramitar el procedimiento administrativo”.

El alcalde de Carboneras también remitió la semana pasada al TSJA la corrección de errores en los documentos técnicos de su plan de ordenación urbana en el procedimiento que se sigue para declarar de manera efectiva como “no urbanizables” los terrenos de El Canillar y El Algarrobico. En este caso, se trata de cumplir una sentencia dictada en 2016 y firme desde 2018, cuya ejecución ha pasado por todo tipo de circunstancias y sigue sin llevarse a cabo nueve años después.

El Ayuntamiento pretende que dicho trámite permita dar cumplimiento al fallo que obliga a reclasificar los suelos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en los que se asienta parte del hotel, aunque desde Greenpeace sostiene que, pese a dicho trámite, los suelos son aún “urbanizables” puesto que no se han cumplido “todos los trámites necesarios”, al no haberse publicado la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería ni haberse remitido el cambio a la Junta de Andalucía para su registro posterior.

La vía de la expropiación

En paralelo, el Gobierno inició el pasado 11 de marzo el procedimiento para expropiar la mitad de los terrenos en los que se asienta el hotel así como el propio inmueble en la parte que invade el dominio público marítimo-terrestre, al publicar en el BOE la declaración de utilidad pública aprobada en Consejo de Ministros.

El Gobierno ha publicado ya dicho acuerdo además en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, en un diario de gran difusión de la provincia y a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento de Carboneras. Con ello, el periodo de 15 días de exposición pública para hacer alegaciones a fin de subsanar únicamente “posibles errores en la identificación del bien a expropiar” comenzó a contar el pasado 2 de abril.

Finalizado el plazo de información pública, el Ejecutivo debe resolver sobre la necesidad de ocupación, previo informe preceptivo de la Abogacía del Estado. Cumplimentado dicho trámite y una vez firme el acuerdo de necesidad de ocupación, se debe iniciar la fase de determinación del justiprecio.

El Gobierno, que ha alentado a la Junta de Andalucía a adoptar un procedimiento paralelo para expropiar los terrenos y el hotel que ocupan parte del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, cifra en 16.432 metros cuadrados la superficie afectada por la servidumbre de protección del litoral que debe estar libre de edificaciones de uso residencial, esto es, poco más de la mitad de los 32.654 metros cuadrados de la parcela que, según Catastro, es propiedad de Azata del Sol.

El alcalde de Carboneras ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los documentos necesarios para modificar el Plan General de Ordenación Urbanística de Carboneras (PGOU), con el supuesto fin de cumplir con una sentencia que ordena al Ayuntamiento que declare no urbanizable de especial protección el suelo sobre el que se asienta El Algarrobico, el imponente hotel a medio construir varado desde 2006 en una playa inserta en Cabo de Gata.

La modificación, presuntamente definitiva, viene obligada por una sentencia dictada por el TSJA en julio de 2016, hace casi nueve años, ratificada el 19 de abril de 2018 por el Tribunal Supremo. El Ayuntamiento debía subsanar los errores en la modificación del PGOU que había aprobado hace un año, entre otros la citación errónea de los sectores no urbanizables.

La subsanación de los errores en la modificación del PGOU es, sin embargo, un paso necesario pero insuficiente para modificar el PGOU, según denuncia Greenpeace. Los ecologistas advierten de que debe publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y quedar registrada por la Junta de Andalucía para ser efectiva, algo que no ha ocurrido. Una búsqueda en el Sistema de Información Territorial y Urbanística de Andalucía demuestra que aún no consta ninguna modificación al PGOU de Carboneras, vigente desde 2009. La ley del suelo andaluza (LISTA) obliga a dar el paso del registro antes de publicar en el boletín.

El alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) acompaña los dos documentos técnicos firmados por el arquitecto de un escrito firmado por él en el que proclama su “intención de cumplir con su obligación constitucional de cumplimiento” de sentencias y resoluciones judiciales. Dice que va a “prestar toda la colaboración requerida” por los tribunales. Hernández ha sido advertido por el TSJA de que le impondrán multas y preguntarán a Fiscalía si hay delito de desobediencia en el caso de que este proceso y el de revisión de la licencia de obras de El Algarrobico no avancen.

“Esto es una corrección de erratas, nada más. Una maniobra más para no cumplir la sentencia”, protesta José Ignacio Domínguez, el abogado de los ecologistas en los procedimientos judiciales que impulsan desde hace dos décadas para acabar con la estructura.

Greenpeace pide a la Junta que estudie la expropiación

Tras años de frustraciones por la resistencia del Ayuntamiento a acabar con la mole, los ecologistas son ahora partidarios de explorar la vía de la expropiación forzosa a la promotora Azata del Sol, abierta por el Gobierno central. “Por mucho que el Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía lancen las campanas al vuelo con esta actuación, la sentencia sigue sin cumplirse ya que no se ha modificado la clasificación de los terrenos”, señala Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía. “Si la junta quiere acelerar el proceso debe estudiar cuanto antes la vía de la expropiación forzosa, como ya ha iniciado el Estado”.

El Gobierno se ha comprometido a derribar en 2025 los 16.000 metros cuadrados del hotel sitos en el terreno de servidumbre de dominio público marítimo terrestre. Para el resto, sería necesaria la participación de la Junta de Andalucía, que no es partidaria de la expropiación, sino de insistir en la vía de la ejecución de las dos sentencias, firmes desde 2018 y 2021. Estas sentencias obligan por un lado a reclasificar el suelo y, por otro, a revisar la licencia de obra con la que se levantó el hotel. A día de hoy, el suelo es urbanizable y la licencia válida.

El asunto de El Algarrobico se ha convertido en primera línea de la refriega política después de que María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y futura candidata a presidir la Junta, anunciase por sorpresa el inicio del trámite expropiatorio a pie de El Algarrobico. El Gobierno central acusa a la Junta de estar anclada en una vía que no ha dado resultados en la última década y la invita a sumarse a la expropiación, mientras que en el Gobierno de Moreno creen que esta nueva vía puede enredar aún más un asunto ya muy enmarañado, y observan con desconfianza la súbita aparición de Montero, futura rival electoral.

Las aparentes dificultades para modificar el PGOU

En este contexto, Carboneras envía su autocorrección. Tras incontables avatares para ejecutar la reclasificación de los suelos, el Ayuntamiento ha pasado el último año tratando de enmendarse: en la primavera de 2024 modificó su PGOU, pero lo hizo con errores que afectaban directamente al sector de El Algarrobico-El Canillar y a las citas de los artículos que aplicaba. Carboneras los calificaba de “errores tipográficos”, pero la Junta de Andalucía defendía que “podría influir” en su necesaria adecuación a la nueva ley de suelo, por lo que tanto los servicios jurídicos de la Junta como los ecologistas pidieron su corrección.

Eso es lo que el Ayuntamiento parece solventar ahora, después de que el TSJA le haya requerido en tres ocasiones (julio, octubre y diciembre de 2024), la última de ellas “de manera urgente”. En los últimos meses, el Consistorio ha alegado que no tenía secretario, luego que no tenía arquitecto, y el TSJA le ha aclarado que no era necesario para lo que estaba pidiendo.

Desde que en 2006 un juez ordenó paralizar la obra, todo lo que ocurre en torno a El Algarrobico se convierte en extraordinariamente farragoso. Y ello, a pesar de que ya está claro que la construcción es ilegal, por situarse la mitad de ella en servidumbre de dominio público marítimo terrestre e invadir superficie del Parque Natural de Cabo de Gata.

Los ecologistas denuncian que el Consistorio, gobernado sucesivamente por José Luis Amérigo (PSOE), Felipe Cayuela (PP) y Salvador Hernández (Ciudadanos), boicotea cualquier paso que pueda agilizar el derribo efectivo de El Algarrobico. En el municipio nunca se ha descartado del todo la puesta en valor del edificio: hace apenas dos meses, Hernández se mostró favorable a estudiar un posible uso, aunque al tribunal sigue diciéndole que cumplirá con las sentencias que lo declaran ilegal y que deberían conducir a su demolición.

A pesar de esas promesas de colaboración, la sentencia que obliga a trasladar esto al PGOU de Carboneras se dictó en 2016 y es firme desde 2018, pero en casi una década el Consistorio no la ha cumplido. En 2019 pretendió cumplir de una forma insuficiente, publicándola sin más, pero el intento fue rechazado por el tribunal. De 2021 a 2023, la cuestión giró en torno a cómo se expresaba el acuerdo de Pleno para modificar el PGOU, puesto que el equipo de Gobierno (entonces liderado por Amérigo) quería hacer pasar por sobrevenida la imposibilidad de construir ahí, cuando lo cierto es que no se puede desde 1994. El acuerdo de Pleno fue anulado por el propio TSJA.

En sus últimas providencias, la Sala del TSJA exigió al alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) que le informara cada diez días de los pasos que iba dando para cumplir sus resoluciones. En la revisión de la licencia le ha dado un plazo de un mes para iniciar el procedimiento, que expiraría este próximo 10 de abril. El alcalde ya ha dicho que el proceso podría llevarle cinco años. 

María Jesús Montero ha anunciado este miércoles la intención del Gobierno de demoler El Algarrobico, al menos la parte situada en dominio público marítimo terrestre, antes de que termine 2025. La ministra de Hacienda y próxima candidata socialista a presidir la Junta de Andalucía ha asegurado que “la demolición será una realidad” este año en un foro organizado en Sevilla por Prensa Ibérica y El Correo de Andalucía.

El anuncio coincide con la publicación en BOE de la apertura del plazo de alegaciones contra la expropiación de los terrenos que pretende el Gobierno, un camino que por ahora recorre sin la compañía de la Junta de Andalucía. El Gobierno de Juan Manuel Moreno es partidario de persistir en la vía judicial que lleve, antes que nada, a anular la licencia con la que se levantó entre 2003 y 2006 esta mole enclavada en una playa de Carboneras (Almería) en el parque natural de Cabo de Gata.

Montero ha dicho que el derribo se producirá “con o sin la colaboración de la Junta”, a la que ha acusado de “arrastrar los pies” y buscar “excusas”, lo que ha contrapuesto al cumplimiento de los plazos en la vía de la expropiación que ahora explora el Gobierno central.

El concurso de la Junta de Andalucía es necesario al menos para expropiar la zona más alejada de la playa, es decir, los terrenos no ubicados sobre la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, en torno al 60% del total que ocupa la estructura. Hasta ahora, la Junta de Andalucía rechaza la vía de la expropiación, anunciada por sorpresa por la propia Montero en una comparecencia a pie de playa el pasado 10 de febrero. El Gobierno de Moreno cree que esta vía no solo no será más rápida, sino que podría abrir nuevos escenarios que “eternicen” la demolición, que apenas ha avanzado en los casi veinte años transcurridos desde que un juez paralizó la obra en febrero de 2006.

La vía de la expropiación ya se intentó en 2007, sin éxito. Pero el Gobierno central cree que ahora será diferente, porque desde entonces han recaído decenas de resoluciones judiciales que ratifican la ilegalidad de la construcción y confirman el deslinde que establece que ese terreno es zona de servidumbre de protección. Apela a la incapacidad de la Junta y del Ayuntamiento para avanzar en la restitución de la playa hasta ahora, y asegura que dispone de dos informes de Abogacía del Estado que avalan la expropiación.

15 días para alegaciones

La publicación este miércoles en el boletín supone un paso más en la dirección elegida por el Gobierno central, que vislumbra el final del trayecto este mismo año. El anuncio supone pasar ya la pelota a la promotora, Azata del Sol, para que se pronuncie en un plazo de 15 días sobre el proceso expropiatorio y, más en concreto, sobre la declaración de utilidad pública de la finca de la que es propietaria.

Al amparo de la Ley de Costas, el Consejo de Ministros acordó el 11 de febrero declarar la utilidad pública de 16.432 de los 32.654 metros cuadrados que tiene la parcela. Ahora, el BOE anuncia que somete a información pública la relación de bienes y derechos afectados, únicamente esa parcela, para que las “personas interesadas y/o titulares de derechos reales o de intereses económicos sobre los bienes afectados” puedan presentar las alegaciones sobre posibles errores u omisiones u “oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación”. En su caso, Azata deberá remitir sus alegaciones a la Delegación del Gobierno.

Sigue sin conocerse el justiprecio que el Gobierno va a ofrecer a los promotores del hotel ilegal. En su día, el Ejecutivo calculó en unos seis millones el coste de demoler El Algarrobico, sin especificar cuánto correspondería a la expropiación y cuánto a los trabajos de demolición. Tampoco aclaró ese extremo a los técnicos de la Junta con los que se reunió el 5 de marzo. Existe un protocolo suscrito en 2011 entre Gobierno central y Junta de Andalucía por el que el primero asume los costes derivados de la demolición y la segunda las tareas de desescombro y restauración de la playa.

Choque con el Gobierno andaluz

En su anuncio de este miércoles, Montero ha resaltado la falta de consenso con el Gobierno de Moreno, al que ha acusado de indolente. El Algarrobico es una de las materias en las que se ha hecho más patente el choque entre ambas administraciones desde que la vicepresidenta asumió la candidatura socialista a recuperar la Junta de Andalucía en las elecciones previstas, si no hay adelanto, para 2026.

Después de que Montero compareciera el 10 de febrero ante la mole, el Gobierno central ha acusado a la Junta de Andalucía de cerrarse a nuevas soluciones que desatasquen el tapón jurídico-administrativo que enreda cualquier paso desde hace casi dos décadas. En el Gobierno de Moreno, en cambio, observan con desconfianza la estruendosa entrada del Gobierno y Montero en un asunto que el presidente andaluz había etiquetado como prioritario, llegando a mencionarlo en su discurso de Navidad de 2023.

Hasta ahora, todos los anuncios en torno a El Algarrobico han acabado en fiasco. El último de ellos lo hizo la Consejera andaluza de Sostenibilidad, Catalina García, que el 15 de octubre dijo que “en seis meses” se podría comenzar la demolición. El 15 de abril se cumple ese plazo.

La Junta de Andalucía sigue prefiriendo insistir en la anulación de la licencia como paso previo a todo. Sin embargo, no apoyó que fueran los jueces los que la revisaran directamente, de modo que para completar este paso se necesita la participación del Consistorio de Carboneras, cuyo alcalde ya ha dicho que podría tardar hasta cinco años en hacerlo y se ha mostrado partidario de dar uso al edificio. El Tribunal Superior de Andalucía le advirtió hace un par de semanas con multarlo y dar traslado a Fiscalía para que lo investigue por desobediencia si no inicia ya el expediente de revisión de la licencia. 

Los magistrados encargados de vigilar que el Ayuntamiento de Carboneras cumpla con la sentencia que le obliga a revisar la licencia de obras de El Algarrobico han dado al alcalde otro mes de plazo para empezar a hacerlo. Si pasado ese tiempo no ha hecho nada, advierten de que le impondrán una multa y se lo comunicarán al fiscal, por si incurre en delito de desobediencia. Por ahora, los jueces no se pronuncian sobre la posibilidad de ser ellos los que asuman la revisión de la licencia, tal y como les pidieron la promotora y los ecologistas, con el rechazo implícito de la Junta de Andalucía.

Hasta ahora, cualquier actuación material para revisar la licencia y eventualmente anularla se ha perdido en meandros judiciales. La nueva advertencia del TSJA al alcalde pretende corregir esto, advirtiéndole de que tiene que revisar ya o se adoptarán medidas previstas por la ley: multa de 150 a 1.500 euros y/o deducción de testimonio al fiscal.

La resolución judicial, una providencia dictada por el Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) 6 de marzo a la que este medio ha tenido acceso, exige nuevamente al ayuntamiento que empiece a cumplir una sentencia dictada el 22 de julio de 2021 y firme desde 18 de mayo de 2022, cuando el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación. Desde entonces, el Ayuntamiento de Carboneras está obligado a revisar la licencia que concedió en 2003 a Azata del Sol, S.L. Esa licencia, que sigue vigente a pesar de la multitud de resoluciones que declaran la ilegalidad del edificio, sirvió a la promotora para levantar la práctica totalidad de un hotel de 411 habitaciones y 21 plantas en un terreno dentro del Parque Natural del Cabo de Gata a 14 metros de la línea de mar.

Tres años después de la firmeza de la sentencia, la revisión no ha comenzado. El asunto ha entrado en una nueva dimensión política después de que el Gobierno central haya empezado a tramitar la expropiación en abierta confrontación con la Junta de Andalucía, que sigue prefiriendo el camino de la revisión de la licencia.

Los ecologistas hubiesen preferido que fuesen los jueces los que revisaran la licencia, evitando que la tarea recaiga nuevamente en un Consistorio en el que no confían. La Junta se opuso esta petición, subrayando que debe ser el Ayuntamiento el que ejecute. La resolución no responde expresamente a la petición de que sea el propio TSJA el que revise en el caso de que el ayuntamiento siga arrastrando los pies. José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace en el proceso, anticipa que pasado el plazo de un mes, volverá a pedir que sea el TSJA el que ejecute.

Segundo requerimiento

Esta es la primera vez que el TSJA alude a la posibilidad de multar e imputar al alcalde, al que lleva pidiéndole que revise la licencia casi dos años.

El 1 de junio de 2023, el tribunal devolvió el expediente al Ayuntamiento para que “practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo”. Ante la tardanza, en septiembre inició la ejecución forzosa. El 9 de febrero de 2024, hace más de un año, requirió al alcalde para que en un mes acreditara el inicio de la revisión. Después, los ecologistas pidieron suspender este procedimiento mientras se completaba la reclasificación de los suelos, pero el tribunal se negó y el 11 de noviembre de 2024 volvió a preguntar a la promotora, los ecologistas y la Junta: ¿qué hacer para conseguir que se cumpla la sentencia?

La promotora, que aspira a obtener una compensación económica, pidió que volviera a concederse un mes al Ayuntamiento y que, si no hacía nada, fuesen los jueces los que revisaran la licencia, una posibilidad prevista en la ley. Los ecologistas estuvieron de acuerdo. Pero la Junta de Andalucía se desmarcó con un escrito en el que subrayaba que debe ser el Ayuntamiento el que ejecute, porque eso es lo que dice la sentencia.

La brecha política como telón de fondo

El escrito del letrado de la Junta se remitió tres días antes de que el Gobierno anunciase que va a expropiar casi la mitad de los terrenos de El Algarrobico, 16.000 metros cuadrados situados en zona de dominio público marítimo-terrestre. El Ejecutivo central alega que las playas son de su competencia, y que en estos veinte años ya se ha demostrado que las administraciones autonómica y local no han sabido o no han querido demoler El Algarrobico.

El anuncio de Montero pilló por sorpresa a casi todos y causó un notable malestar en el Gobierno andaluz, que mantiene que la revisión de licencia es la vía más rápida para acabar con la mole. Sin embargo, ante los tribunales ha rechazado la vía expeditiva de los jueces y sigue encomendándose al Consistorio, cuyo alcalde, Salvador Hernández (Ciudadanos), ya ha dicho que preferiría dar un uso a El Algarrobico y que completar la revisión de la licencia podría llevarle hasta cinco años.

La nueva advertencia judicial obliga a Hernández a mover ficha en las próximas semanas. Sin embargo, el precedente no invita a pensar que todo vaya a ir rápido: el consistorio también está obligado a clasificar el suelo como no urbanizable en su PGOU, con sentencia firme desde 2018 que aún no se ha cumplido. Y ello, a pesar de que el TSJA también ha advertido al alcalde con multas, que nunca se han materializado.

En siete años, la reclasificación del Pleno ha pasado por todo tipo de vicisitudes: resistencia palmaria del Consistorio, una ejecución insuficiente, acuerdos plenarios que incumplían el fallo, errores en la literalidad de la modificación o apelaciones a la falta de personal para hacerlo.

De ahí que los ecologistas crean que confiar la revisión al ayuntamiento aboca a un callejón sin salida y muestra el “cinismo” del discurso de la Junta de Andalucía, que mientras proclama que la revisión es la vía más rápida, descarga toda la responsabilidad de materializarla en el que menos interés y capacidad ha mostrado para acelerarla.