50 años después de la muerte del dictador, todavía quedan en el aire lecciones para la democracia española marcadas por silencios que siguen siendo incómodos, por falta de información tras décadas de verdades a medias, y por una preocupación constante de que la sociedad olvide de dónde viene. “La democracia la das por sentada. Te parece que los derechos de los que hoy disfrutas son algo natural y no es así”.

Con esas palabras se ha expresado la comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, durante el encuentro que se ha celebrado este jueves con socios y socias de elDiario.es sobre la presentación de la revista '50 aniversario de la libertad'. Además de contar con la mirada más institucional y experta —es doctora en historia contemporánea—, el perfil diferente de los presentes ayudaba a completar el análisis.

El evento ha contado con la moderación de Gumersindo Lafuente, editor de la revista, que ha comenzado dando paso a Gustrán y ha subrayado esas “zonas oscuras” que todavía están en el tintero por parte de la administración. “Queda mucho por hacer”, ha reconocido Gustrán: “Es muy importante el testimonio directo, el poner ejemplos concretos”. La comisionada ha recordado una pintada en la Complutense: “Memoria histórica es hablar con tu abuela”.

Precisamente una de las preguntas del público ha ido dirigida sobre estas “cosas pendientes” por hacer tras el fin de la dictadura. “Me consta que la Fundación Francisco Franco está a punto de extinguirse, están anunciados para este mes. También se han iniciado los trámites para las fundaciones Primo de Rivera y Queipo de Llano”, ha indicado la comisionada como ejemplos. “Mi opinión personal es que queda muchísimo trabajo”.

Los derechos

Volviendo la vista atrás y analizando los grandes hitos o derechos conquistados, Iñigo Sáenz de Ugarte, corresponsal político y subdirector de elDiario.es, ejemplifica: en el primer gobierno de Felipe González había 17 ministros y en ese momento no llamó la atención que todos fuesen hombres: “Eran un poco como clones”, bromea. Algo que hoy en día no pasaría desapercibido.

“Hay otra cosa que es interesante recordar: a pesar de lo que piensa mucha gente, especialmente la izquierda, todas las batallas políticas que ha dado la iglesia católica desde finales de los 70 las ha perdido, aunque no ha perdido su posición en el terreno de la educación. Cuando se han producido esos grandes debates públicos la posición de la Iglesia siempre ha sido la derrotada”, ha continuado Ugarte, que ha puesto ejemplos: con el divorcio, las leyes del aborto, la ley de matrimonio igualitario...

Y si hablamos de derechos, de apertura y de evolución social, hay que hablar de la población migrante. Y para eso se ha contado con Gabriela Sánchez, periodista de elDiario.es especialista en migraciones. “La sociedad española ha ido siendo más diversa”. Durante la Transición, en muy poco tiempo, España recibió una gran cantidad de población extranjera. Sin embargo, a pesar de ese boom no supuso una conflictividad en la convivencia: es ahora, cuando el discurso de la extrema derecha se centra en atacar a estas personas, cuando sí pueden empezar a haber más problemas. “Quien ha puesto el marco ahora es la extrema derecha y ese discurso del odio empieza a calar en cierta forma”, asegura la periodista.

La corrupción

Durante la charla se ha analizado una de las grandes lacras que todavía seguimos arrastrando de la dictadura, pero especialmente de la Transición: la corrupción. “En términos de corrupción (...) nunca se empieza de cero. Arrastras una herencia de corrupción de la dictadura anterior”, explica Sáenz de Ugarte. Tanto la gran corrupción como la pequeña, que Ugarte diferencia: la primera tiene más que ver con grandes casos polémicos y la segunda con ese 'amiguismo' que en España conocemos bien.

El periodista continúa: mientras que en la Transición, figuras como Felipe González o José María Aznar se vieron salpicados por casos de corrupción en sus gobiernos debido a una concentración del poder, ahora la situación es ligeramente distinta porque ya no se da tanto esa concentración: “Aquí ya entran las relaciones personales de los grandes líderes”.

El futuro

A lo largo de la conversación, hay una idea que flota en el aire, una aspiración: la de poder llegar a la población más joven, que no caiga en el olvido lo que la población española sufrió durante décadas y, por supuesto, que no se vuelva a repetir algo semejante. Para hablar de los jóvenes hay que contar con los jóvenes. En este caso, con Andrea García, periodista de elDiario.es y una de las incorporaciones más jóvenes de la redacción. “Tengo la sensación de que somos un país que no le gusta nada hablar de cosas incómodas”, dice.

García pone el foco en cómo en muchos casos la educación sobre memoria se queda en segundo lugar, a veces incluso ni siquiera se incluye en los temarios o se pasa por ella de puntillas y tiene que ser el propio alumno el que, de forma autodidacta, se interese. La periodista habla de cómo cada vez hay más jóvenes, especialmente hombres, “nostálgicos” de un pasado que no conocieron: “Lo rebelde ahora es ser facha”.

La comisionada añade que además de hacer un mayor esfuerzo desde las instituciones y la sociedad en general para llegar a los más jóvenes, también hay que “adaptar el lenguaje”, especialmente en redes sociales, y apostar por políticas públicas que mejoren la vida de las personas. Pero añade un punto que considera importante: “Hacen falta discursos ilusionantes” que miren hacia el futuro.

El Ayuntamiento de Pamplona, liderado por EH Bildu, ha anunciado recientemente que retirará de su callejero el nombre de Víctor Eusa, afamado arquitecto que durante las primeras décadas del siglo pasado levantó multitud de edificios en el ensanche de la capital navarra, así como en otras ciudades. El gobierno municipal justifica su decisión en la vinculación de Eusa al bando sublevado durante la Guerra Civil y a la dictadura posteriormente. Pero la medida ha generado polémica en Pamplona y ha dividido al pleno municipal. Desde la oposición, UPN y PP critican que se le retire la calle “a un referente de la arquitectura” al que no se le dedicó ese espacio “por su ideología” sino por su aportación a la ciudad.

La decisión del gobierno municipal responde en realidad a un requerimiento del Departamento de Memoria del Gobierno de Navarra, que en su censo de elementos franquistas incluyó la calle que lleva el nombre de Eusa por haber sido vocal de la Junta Central Carlista de Guerra en Navarra, una estructura que se formó en julio de 1936 para movilizar a requetés al frente de guerra y que posteriormente fue parte del aparato represivo del régimen franquista.

“Su puesta en marcha responde a una iniciativa del coronel Alfonso Beorlegui, al que Emilio Mola había nombrado jefe del orden público, para controlar la situación en Pamplona”, explica el historiador Fernando Mikelarena. “Beorlegui captó para esta junta a los carlistas más alineados con Mola”, apostilla este profesor universitario y autor de media docena de libros y de más de un centenar de artículos publicados en revistas científicas.

Entre ellos, como vocal de la merindad de Pamplona, se encontraba Victor Eusa, quien además antes de la Guerra Civil fue uno de los “chóferes secretos” que utilizó Emilio Mola en sus viajes por Navarra, Iparralde o Zaragoza, entre otras zonas, “para tejer los hilos de la conspiración contra la II República”, apunta Mikelarena. Mola sería a la postre, junto con José Sanjurjo, el máximo responsable del golpe de estado en la comunidad foral. “Estaba ligado de forma muy estrecha a Mola”, añade Mikelarena sobre Eusa. De hecho, Víctor Eusa lideró el proyecto del Monumento a los Caídos de Pamplona que sirvió para albergar los restos mortales de los dos líderes golpistas en Navarra, posteriormente exhumados en 2016. También fue obra suya el diseño del sepulcro.

El historiador Fernando Mikelarena comparte así la postura del Ayuntamiento de Pamplona y del Departamento de Memoria de retirar a Eusa del callejero por “estar implicado en el aparato represivo requeté”. “Como miembro de la Junta Central Carlista de Guerra en Navarra conocía todos los extremos acerca de la represión que se llevó a cabo”, explica, para añadir que “debió haberse retirado ya hace años”.

En 1936 Víctor Eusa fue nombrado arquitecto municipal de Pamplona y posteriormente de la Diputación Foral. Suyos son importantes edificios del ensanche pamplonés, incluido el Monumento a los Caídos, así como de otras ciudades como el viejo Kursaal de Donostia. Fue por su labor como arquitecto por la que se le dedicó una calle en el barrio de Buztintxuri dedicada a diferentes arquitectos, y por ello UPN reclama que no se le retire. “No se puede pisar su trayectoria profesional, tiene la calle por ser un referente arquitectónico, no por su ideología”, defiende el portavoz regionalista en el Parlamento navarro, Javier Esparza.

“Me llama la atención que desde UPN silencien un hecho que está demostrado y es que la junta carlista participó de la represión”, sostiene Mikelarena. Es el mismo argumento que han esgrimido en el pleno municipal de Pamplona los socios del gobierno (EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) y el PSN, que si bien han ensalzado la labor arquitectónica de Eusa, consideran que no se debe obviar su vinculación con la dictadura.

Además del de Víctor Eusa, el gobierno municipal de Joseba Asiron (EH Bildu) también va a retirar del callejero al general franquista Javier Los Arcos y al escritor, periodista y cofundador del periódico Arriba España, Ángel María Pascual. En el caso de Pascual, Mikelarena considera “forzado” retirarle la calle, ya que no se le conocen vinculación alguna al aparato represivo de la dictadura, ni textos en los que pidieran “el castigo” de personas no afines al régimen. “Reconociendo su participación en el asalto e incautación de 'La Voz de Navarra' para su conversión en 'Arriba España' y su labor al frente de este periódico, no hay testimonios, a diferencia de Eusa, de su participación en órganos represivos que decidieran sobre la vida de las personas. Los tres nombres serán sustituidos por la pelotari Natividad Bella, la alpinista Paquita Bretos y el escritor, historiador y poeta Hermilio de Olóriz Azparren. El historiador añade que siguen existiendo personajes con calle en Pamplona como Ignacio Baleztena, quien ”financió la conspiración“ y participaba en el accionariado de un periódico como el 'Pensamiento Navarro' ”que alentó a la represión y que durante todo el franquismo se significó por su lealtad“ al franquismo.

En casa de Teresa Usaola, como en muchas otras, la historia de qué ocurrió con su tío abuelo, el hermano de su abuela desaparecido en la Guerra Civil, ha sido siempre un tabú. Hasta que ella, que desde pequeña fue curiosa por naturaleza, empezó a preguntar por él. “Mi amama, viendo el interés que tenía, empezó a hablarme de la historia del tío Felipe. En la última etapa de su vida, cuando se mudó a nuestra casa, empezó a contarme mucho más y a transmitirme la angustia y el miedo que sintieron cuando desapareció y, sobre todo, la tristeza de sus padres y hermanos por no haber podido encontrarlo ni haber podido rescatar de él alguna de sus pertenencias. No pudieron tener ni su placa de identificación, ni siquiera su reloj”, explica Usaola a este periódico.

Felipe Bediaga fue un gudari, comandante del batallón Arana Goiri, que murió en la batalla del monte Saibi, situado en el parque natural de Urkiola (Bizkaia). Iniciada el 31 de marzo de 1937 la ofensiva franquista definitiva sobre Bizkaia con el bombardeo de Durango, Otxandio cayó el 4 de abril. En los días siguientes siguió la ofensiva con el objetivo de capturar los puertos de montaña. El objetivo de la I Brigada de Navarra fue concretamente el puerto de Urkiola, donde se encuentra el monte Saibi, también llamado Saibigain, que se trataba de una posición clave. Tras un duro combate, los franquistas consiguieron tomarlo, pero los gudaris y republicanos reaccionaron con fuerza. Durante la segunda semana de abril la posición cambió varias veces de manos.

El 14 de abril, sexto aniversario de la II República, el batallón Arana Goiri, encabezado por su comandante Felipe Bediaga, reconquistó la cumbre. Sin embargo, los franquistas devolvieron el golpe con fuego aéreo y artillería y Bediaga, según detalla el investigador memorialista Aitor Miñambres, que lleva años documentándose y divulgando sobre memoria histórica, “murió de un disparo en el mismo instante en que colocaba la ikurriña en la posición recién tomada”. Finalmente, el bando fascista tomó la estratégica cima. “En medio de una tormenta y de las complicaciones de la guerra, el cuerpo del comandante y los de sus hombres muertos jamás fueron encontrados, siendo muy probable que aún permanezcan en el terreno”, sostiene Miñambres.

Han pasado 88 años desde que asesinaran a Bediaga y la familia sigue sin tener rastro de su paradero. Sin embargo, gracias al trabajo realizado por Usaola, han conseguido que cada vez más gente se interese por ese capítulo de la historia y cada año realicen un homenaje en su memoria. El encuentro de este año, además de a familiares, ha reunido a la alcaldesa de Durango, Mireia Elkoroiribe, al exvicekehendakari Josu Erkoreka, a representantes de distintos ayuntamientos de Durangaldea y miembros de asociaciones memorialistas en un evento que ha contado con ikurriñas, banderas de Asturias (debido a que algunas víctimas tenían origen asturiano) y enseñas tricolores republicanas y que ha concluido con el canto del Eusko Gudariak. “Nos reunimos cada 14 de abril para hacerles un homenaje en el monte Saibi, en recuerdo de nuestros familiares que están allí aunque no sepamos dónde. Se trata de un homenaje emotivo y en recuerdo de nuestros familiares, pero también de un trabajo que se realiza para conseguir encontrarles”, reconoce Usaola.

En este sentido, destaca la labor realizada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y Euskal Prospekzio Taldea sobre el terreno en el marco del Programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante la Guerra Civil que desarrolla el Instituto Vasco de la Memoria (Gogora). Tras tres exhumaciones realizadas durante 2024, han logrado recuperar los restos óseos completos de un combatiente de la Guerra Civil, además de restos no completos, es decir, fragmentos, de otros combatientes. Junto a los restos óseos completos de la persona encontraron también restos de la indumentaria, como fragmentos del chaquetón y del cinturón con la hebilla del Ejército Vasco, una pistola de la marca Astra, munición, y algunos objetos personales, como un mechero, dos monedas y dos ampollas de medicamento. “El hallazgo se sitúa en una de las laderas de la cima del monte Saibi (954 m.), próxima a la línea de una trinchera cavada en zigzag, en una zona baja, que podría ser una especie de refugio”, explican desde Aranzadi.

Para poder identificar a estas personas, Usaola destaca la importancia de que las familias que sospechen que algún familiar pudo haber desaparecido por la zona aporten su ADN. “Quiero hacer un llamamiento a las familias que puedan intuir que tienen un familiar allí. Que entreguen su ADN, porque es indispensable para poderles llevar a donde les corresponde”, insiste.

“En la zona de Saibigain tuvieron lugar duras batallas durante la Guerra Civil, entre el 6 y el 15 de abril de 1937, con muchos combatientes fallecidos según la documentación y los testimonios que se conservan. No en vano la cima tiene el sobrenombre de ‘monte de la sangre’ en referencia a cómo quedó el lugar, plagado de cadáveres, tras los diferentes combates para hacerse con el control de la cima, un lugar estratégico desde el punto de vista militar. De ahí el interés y la necesidad de llevar a cabo en esta zona una prospección sistemática y exhaustiva, siguiendo una metodología científica, que ha permitido recuperar los restos pertenecientes a tres personas, aun sin identificar. Tras el análisis de los restos óseos se procederá a la toma de muestras de ADN para su estudio genético”, sostienen desde Aranzadi.

El sueño de Usaola es poder encontrar a su tío abuelo, pero su búsqueda no es solo suya, se ha convertido en una lucha por defender los derechos humanos. “Yo siempre digo que no es una búsqueda únicamente personal. Si aparece mi tío abuelo me doy por satisfecha, pero también me sentiría satisfecha si aparece uno solo que pueda volver con su familia. Puedo estar equivocada, pero creo que es una herida que nunca se va a poder cerrar hasta que lo emocional no esté curado. Entonces, para curar las heridas emocionales necesitamos que toda esa gente esté donde le corresponde y podamos crear una sociedad menos polarizada políticamente. Ya va siendo hora, que son 88 años, ya somos otra generación. Tenemos que conseguir un poco de estabilidad, de hacer las cosas con coherencia. No estamos hablando de derechas o de izquierdas, estamos hablando de derechos humanos”, concluye.

El Gobierno de Navarra ha reconocido, en el Memorial del campo de concentración de Buchenwald (Alemania), a los cerca de 60 navarros que fueron recluidos en alguno de los campos de concentración nazis durante los años cuarenta del s.XX, de los cuales una decena sufrieron esta situación en este campo. La vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha encabezado la delegación del Gobierno de Navarra que, acompañada por jóvenes de los institutos IES Marqués de Villena de Marcilla y el Iturrama BHI de Pamplona han plantado dos hayas dentro del proyecto '1000 Buchen' ('1.000 hayas') en recuerdo todos los deportados en éste y en otros campos. También se ha colocado una placa institucional en su recuerdo en nombre del Ejecutivo foral.

La colocación de esta placa, al igual que se hizo en su día en el Memorial del campo francés de Gurs, forma parte de un compromiso legal del Gobierno de Navarra y también con las asociaciones memorialistas. Esta acción ha tenido lugar dentro del programa que este fin de semana ha acogido el entorno del Memorial del campo de concentración alemán con motivo del 80º aniversario de su liberación en el que la vicepresidenta Ollo ha coincidido con el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el marco de la inauguración de una exposición sobre Jorge Semprún en Weimar, municipio al que pertenece el campo, y un acto este domingo en el mismo campo en memoria de todas las personas deportadas republicanas.

La delegación institucional navarra ha estado liderada por la vicepresidenta, Ana Ollo, y el director del Instituto Navarro de la Memoria, José Miguel Gastón. Ollo ha destacado durante este acto tanto el compromiso institucional del Gobierno de Navarra como la importancia de la implicación de los jóvenes en el conocimiento y difusión de todo lo sucedido con motivo de las dictaduras y las guerras.

“La Memoria no es una cuestión de pasado, sino sobre todo de futuro. Por eso es muy importante vuestra participación para tenerla siempre presente y poder difundirla. Y más en un momento en el que a la desmemoria se le está sumando la desinformación, cuando no los bulos, en una Europa nuestra que fue el escenario de hechos tan brutales como los perpetrados por el nazismo, que hoy hemos recordado. Sin olvidar tampoco otras acciones esperanzadoras, como el origen de la actual Unión Europea gracias a la altura de miras que tuvieron muchos países tras la dura experiencia de la II Guerra Mundial. Por eso siempre hemos dicho que, frente a los nuevos fascismos, más Europa, más Memoria y más democracia”, ha remarcado.

Por otro lado, según indica el Ejecutivo foral, en la celebración de este sábado se plantaron sendos árboles de la memoria en los caminos que conducen hacia el campo de concentración y se colocó una placa conmemorativa con el siguiente texto en varios idiomas: 'Un monumento vivo a las víctimas del campo de concentración de Buchenwald, de las marchas de la muerte y de los asesinatos de personas con discapacidad. El 5 de abril de 2025, el Gobierno de Navarra plantó este árbol en memoria de las 60 personas vinculadas a Navarra que estuvieron presas en el campo de concentración de Buchenwald y en otros campos de concentración nazis'. Los jóvenes -que han leído un manifiesto en favor de la libertad y la democracia y contra los fascismos y los discursos del odio- también han visitado la muestra 'Jorge Semprún, vida europea en el siglo XX'.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto '1000 Buchen' ('1.000 hayas') del Memorial de Buchenwald, una campaña de plantación de árboles en recuerdo de las personas deportadas a este campo de concentración. Un proyecto que comenzó a desarrollarse en 1999 a lo largo de la antigua ruta que hacían las personas cautivas hacia el campo.

60 navarros en campos de concentración nazis

Un total de 60 personas vinculadas con Navarra fueron recluidas en alguno de los distintos campos de concentración nazis durante los años cuarenta del s.XX, de los cuales una decena sufrieron esta situación en el campo de Buchenwald ubicado cerca de Weimar, ciudad que este fin de semana ha acogido distintos actos como la inauguración de una exposición en la que ha participado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en homenaje a Jorge Semprún, cineasta, escritor y ex ministro de Cultura español que estuvo recluido en ese campo.

Ana Ollo ha coincidido con Urtasun en los actos conmemorativos que han tenido lugar en Weimar: la inauguración de la citada exposición sobre Jorge Semprún, que acoge el Ayuntamiento de Wiemar desde esta misma mañana; y en el homenaje a los deportados republicanos celebrado en el Palacio de Congresos de Weimar y en el mismo Memorial de Buchenwald. En este acto, Ollo ha intervenido junto a delegada de la Generalitat de Catalunya en Alemania, María Kaprtetz, ya que otro de los centros educativos proviene de Girona, así como con el presidente de la asociación Amical de Buchenwald, Enric Garriga.

Estos actos se enmarcan en el 80 aniversario de la liberación de los campos de concentración nazis. En este contexto el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Ejecutivo foral, en colaboración con el Ministerio de Cultura y la Amical de Buchenwald, ha participado en la organización de una visita de centros educativos de cinco comunidades autónomas (Catalunya, Madrid, Euskadi, Comunitat Valenciana y Navarra) con un amplio programa de actos. Los centros navarros han sido el IES Marqués de Villena de Marcilla e Iturrama BHI de Pamplona, que vienen trabajando desde hace años en el programa 'Escuelas con Memoria' que impulsa el Instituto Navarro de la Memoria de la Dirección General de Memoria y Convivencia.

Durante este año, en estos y otros centros vienen desarrollando actividades y proyectos educativos vinculados con la presencia de españoles en estos lugares. Esta iniciativa permite “el análisis de las consecuencias que produjeron los regímenes autoritarios y violentos en la población civil”. Frente a ello, el programa apuesta por “la defensa firme de los derechos humanos y la convivencia, basada en recordar en el presente la memoria de las víctimas”.

Los jóvenes navarros, además de conocer las localidades de Weimar y Erfurt, han visitado el Memorial del campo de concentración de Buchenwald donde hoy se ha celebrado un homenaje a los más de 600 españoles que pasaron por él, entre ellos una decena de navarros, a los que y que sumar otros 50 repartidos por otros centros nazis de concentración y exterminio. Para disponer de una visión más amplia de este contexto victimológico, puede consultarse el portal Oroibidea, que continúa abierto a actualizaciones.

El Gobierno de Navarra viene desarrollando una política pública de memoria “amplia e integral” que incluye el ámbito educativo y también el compromiso de reconocer y reparar a los navarros que “sufrieron el drama del exilio y de los campos de concentración nazis”. En este sentido, se sigue trabajando en la incorporación de documentación nueva al censo de navarros deportados a los campos de concentración nazi que ya existe en Oroibidea, además de en otras publicaciones.

En el caso de Buchenwald la lista se compone de diez personas relacionadas con Navarra. En concreto se trata de Guillermo Alzuri Larrechea, de Arantza; José Alzuri Larrechea, de Irún; Tomás Irurzun Alcaide, de Allo; Eugenio Alli Ferrero, de Bera; Valentín Arrese Cruchaga, de Jaurrieta; Agustin Lissarrague, de Itxassou (Pirineos Atlánticos); Luis Anglade, de Etxalar; Lucio Gabari Espinal, de Olite; Vicente Moriones Belzunegui, de Sangüesa; y José Rubio Delgado, natural de A Coruña, aunque destinado como carabinero (cuerpo leal a la II República) en Navarra.

Alfredo Espinosa, consejero de Sanidad en el primer Gobierno autonómico de Euzkadi, escribió cuatro cartas horas antes de ser fusilado por el franquismo: una a su mujer y sus dos hijos, otra a su madre, una tercera a su correligionario Carlos Labra y una última al lehendakari, José Antonio de Aguirre, que decía así: “Excelentísimo señor presidente del Gobierno provisional, señor don José Antonio Aguirre, mi querido amigo, me dirijo a ti en nombre de todo el Gobierno, momentos antes de ser ejecutado en la prisión de Vitoria. Como sabrás, caímos prisioneros en la playa de Zarautz por avería del avión o traición del piloto Yanguas. He sido juzgado y condenado a muerte, y hoy, dentro de dos horas, será cumplida la sentencia. Como ves, tengo firme el pulso y no me asusta la muerte, pero he pasado unos días tremendamente amargos, en espera de ser ejecutado con la terrible inquietud de esperar el minuto en que había de morir”.

“Quiero decirte un ruego antes de que vuelva al seno de la tierra, y es el siguiente: cuando condenen los tribunales a alguno a muerte mi voto desde el otro mundo es siempre por el indulto, pues pienso en que pueda tener madre o esposa e hijos. Y la terrible condena siempre la sufrirán personas inocentes. Pídeles tú a mis compañeros en mi nombre lo que yo te pido y os suplico no emprendáis represalias con los presos que hoy tenéis, pues bastante han sufrido como sufro yo. Al que no esté procesado en estos momentos, ponedlo en libertad, sin que esto quiera decir que no estén vigilados. Dile a nuestro pueblo que un consejero del Gobierno muere como un valiente y que gustoso ofrenda su vida por la libertad del mismo. Diles asimismo, que pienso en todos ellos con toda mi alma, y que muero no por nada deshonroso, sino todo lo contrario, por defender sus libertades y sus conquistas legítimamente ganadas en tantos años de lucha. Que mi muerte sirva de ejemplo y de algo útil en esta lucha cruel y horrible. Mi mujer y mis hijos están en Biarritz. Te ruego que la paga que yo recibía como consejero la cobren ellos allí, y si el triunfo es nuestro, no los abandonéis, sino que de tu gran corazón, espero sepáis atenderlos lo mejor posible, pues no tienen más amparo que yo. Asimismo, te ruego dejen salir de España para dirigirse a Francia a mi padre, el presidente del Tribunal Popular, a mi hermano Manuel, teniente de Infantería, a mi suegro Manuel Gómez Mazo y a mi entrañable amigo Juan Sobiaga, teniente de la misma arma”.

“A todos mis compañeros de Gobierno, un abrazo muy fuerte, abrazo de amigo y hermano de lucha y sacrificio en esta guerra terrible y cruel. Mis pobres hijos, háblales cuando sean mayores de su padre. Diles que les he querido con toda mi alma y que sigan mi ejemplo, que quieran a su pueblo como yo le quise. Y, si puedes, consuela a mi pobre mujer, tú que tienes talento, hazlo, pues pensando en ella se desgarra mi alma. Ayer creo que fusilaron a Lauaxeta, otro mártir más. Hay muchos condenados a muerte. Haced el canje lo antes posible de todos ellos, pues la vida en estas condiciones es terrible y cuanto hagáis por mitigar sus dolores será bien poco, pues todos ellos sufren lo mismo que he sufrido yo y el pobre capitán Aguirre, que conmigo iba a cumplir su deber en Bilbao o en Santander. Cuando tantos compañeros nuestros huían con rumbo a Francia, nosotros íbamos a cumplir con nuestro deber. Él también tiene hijos en Barcelona, no los desamparéis y protegerlos vosotros. Termino, pues no tengo tiempo para más, pues falta muy poco tiempo para la ejecución. Háblales a todos de la virtud del deber cumplido y diles que es preferible la muerte a traicionar las virtudes y el alma de una raza. Te repito lo de mis hijos y mi mujer, no los abandonéis, por Dios te lo pido. Nada más, querido amigo, y siempre Presidente. Un abrazo muy fuerte y ¡Gora Euzkadi! y ¡Viva la República! Cuando la historia nos juzgue a todos, sabrán que nosotros hicimos lo indecible por evitar la muerte a los presos y por conservar el respeto absoluto a toda idea opuesta a la nuestra. Te abrazo hasta siempre. Alfredo Espinosa Orive. Prisión de Vitoria, 24 de junio de 1937”.

Esta carta fue leída por el lehendakari Aguirre por primera vez en público en el Congreso Mundial Vasco celebrado en París el 23 de septiembre de 1956. El lehendakari Juan José Ibarretxe la leyó en el 70 aniversario de la constitución del primer Gobierno vasco, el 7 de octubre de 2006. Y esta tarde, la del 1 de abril de 2025 ha sido leída por el lehendakari Imanol Pradales en el hotel Carlton de Bilbao, primera sede de Lehendakaritza, delante de la familia de Alfredo Espinosa durante el acto en el que se le ha reconocido, tanto a Espinosa como a su mujer y sus dos hijos, como víctima del franquismo en aplicación de la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi por el que se regula este derecho. “Me quedo con esta última idea: 'Cuando la historia nos juzgue a todos, sabrán que nosotros hicimos lo indecible por evitar la muerte a los presos y por conservar el respeto absoluto a toda idea opuesta a la nuestra'. Una lección de respeto a la vida, la libertad, la democracia y la dignidad de las personas. Un ejemplo para nuestro pueblo, el viejo pueblo vasco. Son los valores que su esposa, Francisca Gómez, inculcó a sus hijos Alfredo y María Victoria. Hoy, en nombre de la sociedad vasca, os agradecemos y reconocemos también vuestro compromiso. La idea de la libertad como compromiso con los demás y con la construcción de un país y un mundo más justo y avanzado. La persona, no el individuo. La persona y su dignidad, por encima de todo, nos interpelan y con fuerza renovada ante el mundo de bloques, nuevos populismos y autoritarismos que se abre camino ante nosotros y que ponen en peligro la democracia”, ha indicado Pradales.

Antes que el lehendakari ha tomado palabra el hijo de Alfredo Espinosa, que comparte nombre con su padre, y que ha querido agradecer el reconocimiento recordando los duros años de la posguerra. “De la guerra puedo decir poco, porque yo tenía 2 años, pero sí que puedo hablar de lo que vino después. Mi madre, con el apoyo del Gobierno vasco, junto a sus hijos y su madre, fuimos exiliados. Vivimos unos años de tranquilidad hasta que nos pilló la Segunda Guerra Mundial y tuvimos que volver a España. Llegamos a Madrid primero y a Bilbao después y vivimos los horrores de la posguerra. De la guerra sé poco, pero la posguerra me la he tragado entera. Aquellos que no respetan la ideología del contrario, que se insultan y se descalifican, nos hacen vivir una realidad horrible. La sociedad española ha conseguido sobrevivir sin odio, que no nos lo vayan a pegar ahora. Gracias a todos por venir”, ha señalado Alfredo Espinosa hijo, visiblemente emocionado. Tras sus palabras, el lehendakari le ha hecho entrega del reconocimiento y se han realizado una foto y un aurresku de honor.

El médico Alfredo Espinosa, hijo y nieto de republicanos bilbaínos, y uno de los principales líderes del republicanismo vizcaíno, fue elegido concejal de Bilbao en 1931 y gobernador de Burgos y Logroño en 1933. Casado con Francisca Gómez Castell, el matrimonio tuvo dos hijos: Alfredo y María Victoria. Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, Espinosa se puso manos a la obra en la defensa de la legalidad republicana como uno de los líderes del republicanismo vizcaíno. Así, integró la Comisaría general de la defensa de la República en Bizkaia, como delegado de Sanidad, y la Junta de Defensa de Bizkaia, como director general de Comunicaciones.

El 7 de octubre de 1936 fue nombrado consejero de Sanidad del Gobierno de Euzkadi, el primer Gobierno vasco, encabezado por José Antonio Aguirre, en representación de su partido, Unión Republicana. Su gestión al frente del Departamento de Sanidad se caracterizó por un espíritu humanitario, fundando la Cruz Roja de Euskadi, colaborando con otros departamentos en pro de la atención a la población civil y en el respeto de las condiciones de los presos derechistas.

El 11 de junio de 1937 Espinosa partió hacia Francia en el buque Warrior con 160 niños del Sanatorio de Gorliz, para ponerlos a salvo. Además, en Francia tenía el encargo de comprar material sanitario para el Gobierno. Al tener conocimiento que Bilbao había caído en manos de los sublevados, lejos de quedarse en Francia a resguardo, Espinosa quiso regresar para reunirse con sus compañeros de gabinete, que se habían trasladado a Santander. Contactó con un piloto de confianza del Gobierno vasco, José María Yanguas Yáñez, al que le pidió que le llevara hasta Laredo. La avioneta, perteneciente a la compañía Air Pyrenees del propio ejecutivo vasco, salió de Toulouse el 21 de junio de 1937, en la que viajaban otras 5 personas más además del propio Espinosa; su secretario Emilio Ubierna, el comandante de artillería José Aguirre Urrestarazu, el jefe de negociado del Departamento de Asistencia Social Eugeni Urgoiti, el mecánico de Air Pyrénées Pablo Martínez y el ciudadano francés George Rouge.

La avioneta, simulando una avería, aterrizó en la playa de Zarautz, donde se había improvisado una pista y se esperaba el aterrizaje de la aeronave. Espinosa y sus acompañantes habían sido traicionados. Todos ellos fueron trasladados al Palacio de Narros, en uno de los extremos de la playa de Zarautz, en donde se les tomó declaración antes de ser trasladados al Convento del Carmen de Vitoria, convertido en cárcel. Allí Espinosa fue interrogado, incidiendo sus captores sobre su actuación en los asaltos a las prisiones de Bilbao. Espinosa respondió que “toda su actuación tendió a encauzar las masas y a evitar que cometieran desmanes”. En la capital alavesa fue sometido a consejo de guerra, dictándose pena de muerte para él y para el comandante José Aguirre Urrestarazu, y cadena perpetua para sus colaboradores en el departamento de Sanidad Emilio Ubierna y Eugenio Urgoiti. El 26 de junio de 1937, sábado, Alfredo Espinosa y José Aguirre fueron fusilados y sus cuerpos inhumados en el cementerio de Santa Isabel de Vitoria.

En Vitoria Espinosa no tiene una calle. Ni siquiera se le menciona en la placa memorialista junto al convento de El Carmen, reconvertido entonces en centro de detención y donde completó su corta vida. El hospital de Osakidetza en Urduliz lleva su nombre, pero el Gobierno vasco no lo utiliza habitualmente en sus comunicaciones oficiales. Con este reconocimiento el Gobierno vasco salda su deuda con el (casi) olvidado único consejero vasco fusilado por el franquismo. “Nos puso el listón muy alto. Fue un ejemplo de tesón, valentía, dignidad, compromiso y sentido del deber en circunstancias dramáticas. Se entregó en favor de las personas más vulnerables. Defendió los derechos de los presos del bando rival. Y reivindicó con hechos la humanización en la guerra. Mantenemos un deber moral como sociedad con una persona, un profesional y un servidor público ejemplar”, ha concluido Pradales en un acto que ha contado con la presencia de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el consejero de Salud, Alberto Martínez, la vicelehendakari primera y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, Alberto Alonso, director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) y Jagoba Álvarez, director de Derechos Humanos y Atención a Víctimas.

José María Azurza Osategui, de Donostia, fue deportado el 3 de abril de 1941 al campo de concentración nazi de Mauthausen y murió el 28 de octubre de ese mismo año. Glorialdo Laza Sarachaga, nacido en Sestao, también fue deportado a Mauthausen el 21 de enero de ese año y murió el 6 de julio. Menos conocidos son los nombres de los campos de concentración nazis de Dachau, a 13 km al noroeste de Múnich, en Baviera, Sachsenhausen, ubicado en la población de Oranienburg, en Brandeburgo o el campo de concentración de Neuengamme en el distrito homónimo de la ciudad de Hamburgo, pero todos ellos también albergaron a vascos deportados allí entre 1940 y 1945.

En total, 253 personas nacidas o residentes en Euskadi fueron deportadas, de las cuales murieron 113 y se salvaron 125. No se tienen datos de las 15 restantes. Solo hubo 10 mujeres y los 243 restantes fueron hombres, aunque se trata de un reparto “no concluyente”, según ha detallado este lunes en Bilbao Anton Gandarias, sobrino de Anjel Lekuona, exiliado en la Guerra Civil y fusilado en un campo de concentración nazi. El campo de concentración de Mauthausen es el más representativo de la deportación de los vascos. “Desempeñó un papel devastador con el apéndice de Gusen. Casi la mitad de los deportados y dos tercios de los fallecidos fueron asesinados en el lugar”, ha recordado Gandarias.

Lo ha hecho durante la presentación de la Coordinadora por la Memoria de la Deportación Vasca (1940-1945) creada para “fomentar la memoria” de estos deportados y ponerse en contacto con los familiares para que reciban “un reconocimiento que hasta ahora no han tenido”. “Este horror es desconocido. Tal y como se conoce en Europa, este episodio no forma parte de nuestra memoria colectiva”, han rinsistido En la coordinadora, que presidirá el propio Ganarias, forman parte el colectivo Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España, el colectivo La ilusión de Renteria, el grupo de trabajo Hradischko 1945 Flossenburg, Kepa Ordoki – Memoria Historikoa Bidasoan elkartea, la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain y los investigadores Etxahun Galparsoro y Joxe Mari Mitxelena.

Su objetivo es que las víctimas y su s familiares reciban “reconocimiento institucional” y se designen “lugares de memoria para los deportados” en la Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral de Navarra. Para ello, ya han puesto en marcha los primeros contactos y junto con el Instituto Vasco de la Memoria (Gogora) se impulsará el proyecto ‘Memoria de la Deportación 1945 – 2025’. Se tratará, según han destacado de “un paraguas de apoyo y coordinación de todas las iniciativas”.

“Más de doscientas personas de Euskadi sufrieron el horror de la deportación entre 1940 y 1945 por defender la democracia en años anteriores. Para entender cómo los vascos llegaron a los campos de concentración del Tercer Reich, es necesario recordar la guerra de 1936, porque es el origen y la causa de la deportación», ha explicado, el historiador y miembro de la coordinadora, Etxahun Galparsoro, que ha detallado que ”la resistencia del frente norte se mantuvo hasta octubre de 1937“. ”Cientos de personas llegaron en barco a la costa de Francia, desde donde fueron enviadas a Cataluña. La guerra duró para ellos hasta febrero de 1939. Los miembros de la resistencia se convirtieron en exiliados en el mayor éxodo jamás registrado en la Península Ibérica. Estos exiliados fueron encerrados por el gobierno de Francia en los campos de “internamiento” que se abrieron en las playas de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien y Le Barcarès. A lo largo de 1939, las autoridades francesas ofrecieron tres opciones: Volver a la España de Franco, exiliarse en otros países (México, Chile, Argentina o Venezuela) o autorizar la contratación en sectores agrarios o industriales, en un contexto de amenaza de guerra“, ha recordado.

Según Galpasoro, la situación cambió drásticamente cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939 y Francia declaró la guerra a Alemania. “El Estado francés necesitaba personas para la guerra y presionó para que los exiliados entraran en el ejército a través de diferentes opciones: La Legión Extranjera, los Regimientos de la Marcha de Voluntarios Extranjeros (RMVE) o las Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE). La mayoría de los exiliados de origen vasco se unieron a las compañías de trabajadores para colaborar en las operaciones de fortificación fuera del frente. En mayo de 1940, poco más de un mes y medio después de los enfrentamientos, la armada alemana Wehrmacht conquistó Francia. Los miembros de las Compañías de Trabajadores Extranjeros fueron detenidos y trasladados a los campos de detención provisionales del denominado frontstalag, a escasos kilómetros del frente, y posteriormente a los stalags”, ha señalado.

A partir de agosto de 1940, los presos con nacionalidad española fueron separados del resto y comenzaron a ser entregados a las SS. Estos prisioneros fueron introducidos en trenes y enviados a un destino incierto. “En ese momento, los republicanos apresados en Francia perdieron su condición de prisioneros de guerra para pasar a ser deportados políticos. El 6 de agosto de 1940 comenzaron a deportar vascos a los campos de concentración de Alemania, con la llegada a Mauthausen, y duró hasta el 6 de mayo de 1945, cuando el último grupo fue liberado en el campo satélite de Ebensee”, ha indicado.

Según ha explicado el historiador, la deportación de los vascos a campos de concentración tuvo dos fases: entre agosto de 1940 y principios de 1942, para los que en 1939 tuvieron que integrarse en el ejército francés y posteriormente se convirtieron en prisioneros de guerra; y desde principios de 1942 hasta mayo de 1945, cuando se deportaron a los resistentes que lucharon contra la ocupación alemana de Francia. “En este periodo llegaron por primera vez los exiliados. Los presos de Mauthausen fueron liberados el 5 de mayo de 1945. Pero al día siguiente, los soldados americanos entraron en Ebensen. En teoría, un centro satélite del anterior, pero en realidad era un campo real en el que había unos 18.000 prisioneros vivos. En este centro se liberó al grupo de los últimos vascos y con él se puso fin a la deportación nacionalsocialista”, ha aseverado.

La Coordinadora por la Memoria de la Deportación Vasca une así a colectivos con una larga trayectoria en materia de memoria histórica y que, en el tema de la deportación han llevado a cabo seis exposiciones, cuatro libros y publicaciones, 29 conferencias, nueve homenajes, dos reconocimientos institucionales, instalaciones de símbolos, hermanamientos entre pueblos y viajes a los campos de concentración, entre otras actividades. “Aunando capacidades y esfuerzos, queremos llevar a primera línea una realidad que ha quedado relegada. Es imprescindible para pedir la verdad, la justicia y la reparación de las personas que sufrieron la deportación”, ha concluido Gandarias.

František Suchý fue el administrador del crematorio civil de Strašnice, en Praga. Cada vez que los nazis le llevaban cuerpos de prisioneros del campo de concentración de Hradisko y le ordenaban que los incinerase, se atrevía a apuntar en un listado los nombres y apellidos de las víctimas a las que en lugar de incinerar todas juntas -como los miembros de las SS esperaban que hiciera- lo hacía por separado y depositaba sus cenizas en urnas individuales que escondía después por el cementerio. Cada urna contaba con un número que también incluía en el listado en el que iba escribiendo todos los días los nombres y apellidos de las personas que incineraba. También le pidió a su hijo que hiciera lo mismo, para así, tener una copia del listado por si le descubrían y acababan con su vida. Unas de aquellas víctimas de los crímenes nazis de las que gracias a la hazaña de Suchý se conoce hoy su paradero fueron Anjel Lekuona, natural de Busturia (Bizkaia), Enric Moner de Figueras (Girona), Pedro Raga (Tarragona), Antonio Medina de Motril (Granada), Rafael Moya y Vicente Vila Cuenca de Alberic (Valencia).

Se trata de una historia conocida a día de hoy gracias a la meticulosa investigación de Unai Eguia, Anton Gandarias y Antonio Medina (estos dos últimos sobrino y nieto de las víctimas de nazis Anjel Lekuona y Antonio Medina). Lo que empezó indagando sobre la vida de Enric Moner, ha acabado con el encuentro de las cenizas de los seis y una novela con sus historias: 'Y los campos se quedaron sin flores', escrita por Unai Eguia y presentada este miércoles en Bilbao.

“Es una novela histórica y en aquellas cuestiones que no podíamos explicar porque no teníamos la suficiente información hemos tomado licencias literarias. No es una obra literaria, es un deber de memoria. Mi objetivo es recuperar la memoria de esas personas. La novela explica la odisea de los republicanos españoles que tuvieron que participar en la Guerra Civil Española del 1936 al 1939. Muchos fueron exiliados en Francia, en campos de concentración del Pirineo oriental. La mayoría hicieron actuaciones antinazis. Fueron detenidos, deportados y la mitad de ellos asesinados”, ha explicado Eguia en una presentación que ha contado con la presencia de su editor, Jordi Jiménez, Anton Gandarias, sobrino del deportado y ejecutado en el campo de concentración de Hradištko, Anjel Lekuona y del director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora), Alberto Alonso.

Eguia narra la historia a través de 45 capítulos que cuentan la vida de cada uno de los prisioneros de los campos de concentración a través de historias reales y de ficción. “Tenía muy claro que iban a ser 45 capítulos por el significado de 1945 y los 45 años del personaje principal que era Enric Moner que nació en 1900 y murió en 1945. Enric Moner fue el punto de arranque pero sabía que la historia no podía ser sobre un solo hombre. Enseguida me di cuenta de que había miles. No podía enfocar la novela a través de un solo deportado. Imaginé que las historias podían confluir y después separarse para unirse otra vez. A lo largo de los capítulos encontramos historias de cada uno de los deportados”, ha reconocido.

Otros de los personajes de la novela son František Suchý, el héroe que escondía las cenizas de los prisioneros y gracias al que a día de hoy se conoce el paradero de miles de víctimas del nazismo, pero también oficiales alemanes nazis que juegan el papel de victimarios. “Narro la historia de un oficial que estaba dentro de la unidad de la Policía de las SS. Un ofical alemán nazi que tenemos sospechas de que participó en matanzas de pueblos enteros del norte de Italia. Recala en Hradisko, en la zona militar que cuenta con varios campos de concentración y allí instruye a jóvenes hitlerianos practicando con fuego real. Aparece en la obra porque es un asesino”, ha detallado Eguia, que no ha querido desvelar el final pero ha confesado que escribir sobre este oficial ha supuesto para él “denunciar” las atrocidades que hizo.

En la novela el escritor describe episodios violentos hasta el momento desconocidos que tenían lugar en campos de concentración, como violaciones de los capos de los campos a los deportados. Según ha investigado, estos capos o jefes de los campos de concentración se tomaban “sus propias licencias” una vez los comandantes nazis se iban o incluso con el apoyo de éstos. “Lo descubrí en un libro checo que leí. En ese libro únicamente se mencionaba y yo lo he querido narrar en un capítulo entero”, ha explicado.

Eguia ha estado más de tres años detrás de las historias que se revelan en la novela. Ha hablado con historiadores, con familiares de víctimas nazis, ha consultado bibliografía y visitado bibliotecas en otros países. Resultado de ello, es 'Y los campos se quedaron sun flores', que según ha declarado, no es un proyecto “en venta”, por lo que lo ha autoeditado él mismo. “Tenía claro que quería hacer justicia y verlo publicado en un papel, por eso lo he autoeditado. Soy consciente de mis limitaciones literarias y no quería pelearme con ninguna editorial”, ha declarado.

Tras esta investigación se ha sabido que las cenizas de Anjel Lekuona, quien fue deportado desde Francia, dónde se exilió tras luchar como gudari en la Guerra Civil, reposan hoy en día en el memorial dedicado a las víctimas de aquella masacre en el cementerio de Praga. Junto a las suyas, también están las de otros cinco prisioneros españoles del campo de concentración del Tercer Reich: Enric Moner, Pedro Raga, Antonio Medina, Rafael Moya y Vicente Vila Cuenca. Llevan ahí desde el año 1945, pero no fue hasta hace poco cuando sus familias lo han sabido con certeza.

Según los datos del Gobierno vasco 253 vascos fueron deportados a campos nazis, de los cuales la mitad perdieron la vida. A modo de homenaje crearon el pasado 5 de febrero de 2024 en su Busturia natal un tótem con fotografías y la historia de Lekuona, quien también fue homenajeado en 2022 con la primera placa Stolpersteine de Euskadi que incluye el mensaje '“Aquí vivió Anjel Lekuona Beitia, nacido en 1913, detenido en Francia el 10 de julio de 1943; deportado en 1944 a Buchenwald, Flosserbürg. Asesinado el 9 de abril de 1945 en Hradisko”. No se trata del único homenaje que se llevará a cabo. A través del proyecto Memoria de la Deportación 1945-2025 con motivo del 80 aniversario de la liberación de los campos nazis, las historias de Lekuona y el resto de víctimas del nazismo contarán con exposiciones, conferencias y un Curso de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) a lo largo de este año.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, en colaboración con diversas entidades locales, ha organizado unas jornadas de Memoria Democrática que se celebrarán del 9 al 31 de octubre. La iniciativa contará con una programación variada, que incluye proyecciones de películas, documentales, mesas redondas, conferencias y coloquios. Como novedad destacada este año, participarán más de 900 estudiantes de Secundaria.

El delegado municipal de Memoria Democrática, Christopher Rivas, ha explicado que este evento es el resultado de meses de trabajo conjunto con entidades locales. Además, ha subrayado la importancia de las jornadas en el contexto de los trabajos de exhumación de la fosa común del cementerio de San Mateo, llevados a cabo bajo la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

La programación de las jornadas se estructura en tres bloques. El primero se desarrollará en el Teatro Gutiérrez de Alba, con la proyección de películas y documentales como Campos sin Memoria el 9 de octubre; Una pasión singular, el 16 de octubre; y Pico Reja. La verdad que la tierra esconde, el 23 de octubre. Las sesiones matinales están concertadas para los estudiantes, mientras que por la tarde se abrirán al público general, desarrollándose a continuación coloquios con expertos en la materia.

Cierre con acto de homenaje

El segundo bloque tendrá lugar en la Casa de la Cultura los días 29 y 30 de octubre, donde se llevarán a cabo conferencias y mesas redondas. Entre los temas que se abordarán están El golpe en Sevilla y la toma de Alcalá de Guadaíra, a cargo del investigador Juan Ortiz Villalba, y las fosas comunes del cementerio de San Mateo. También se discutirá el papel de las instituciones y asociaciones en la preservación de la memoria histórica.

El 31 de octubre, se celebrará en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra un acto institucional con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra Civil y la Dictadura Franquista, un evento que pondrá broche final a las jornadas.

Estas actividades han sido organizadas en colaboración con entidades como la Asociación Cultura y Memoria Histórica y Democrática Siglo XXI, que han destacado la importancia de temas como la fosa de Pico Reja y el campo de concentración ubicado en los Pinares de Oromana.

Memoria Democrática en las aulas

Las jornadas cuentan con la participación activa de los centros educativos de la localidad. Los estudiantes de Secundaria, en su mayoría de 4º de la ESO, trabajarán previamente los contenidos en sus aulas, ya que la Memoria Democrática forma parte de su currículo académico. De esta manera, el Ayuntamiento busca fomentar que los alumnos puedan profundizar en la historia reciente del país, vinculando lo aprendido en clase con las actividades culturales de la ciudad.

Enrique Contreras nació el 3 de noviembre de 1895 en Linares (Jaén), pero se trasladó en 1930 a Aretxabaleta (Gipuzkoa). Casado con Dolores López y con dos hijos, Dionisia y Enrique, trabajaba en la fábrica Industrias Beroa hasta que estalló la Guerra Civil española. Con la llegada de las tropas sublevadas, al igual que otras muchas familias guipuzcoanas, la de Contreras se vio obligada a salir de la localidad para buscar refugio en Bilbao. Durante la guerra, Contreras combatió en la 5º compañía del batallón de Ingenieros nº2, ‘Sarasketa’, adscrito al PNV. Finalmente fue asesinado en combate el 6 de abril de 1937 en Dima, con 41 años, según consta en el Registro de Fallecidos en Campaña, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Bizkaia.

Desde entonces la familia de Contreras no ha sabido nada de él ni de su paradero hasta que ahora, 87 años después, sus restos han sido hallados en una fosa común del cementerio de Amorebieta-Etxano. El descubrimiento ha sido posible gracias al trabajo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi que lleva desde diciembre de 2023 realizando labores de exhumación en el cementerio después de percatarse en mayo de aquel año de que había una cruz que marcaba “muertos de guerra”. Tras meses de trabajo, han localizado un total de 86 cuerpos de posibles víctimas de la Guerra Civil en tres fosas comunes distintas. La principal hipótesis es que se trata de combatientes fallecidos en los frentes de guerra de la zona próximos a Amorebieta-Etxano, como el monte Bizkargi o que fallecieron en el Hospital Militar y, según los investigadores, podría haber hasta 300 fallecidos.

“Son muertos de la Guerra Civil. En una de las fosas está claro que son muertos en combate porque vienen con la ropa, con los gabanes, con botones y con los zapatos de tachuelas que eran los habituales de milicianos y gudaris. Sin embargo, en la otra no hemos visto tanta ropa, hay pocos objetos y justo, ahora mismo, acabamos de encontrar que uno de ellos tiene la pierna amputada, lo cual significa que murió en el hospital y que le amputaron la pierna posiblemente porque tuvo una lesión en la pierna, se gangrenó seguramente y murió a causa de ello”, explicó la historiadora y antropóloga la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Lourdes Herrasti, el pasado 5 de diciembre, cuando hallaron los primeros cuerpos.

Una vez exhumados los cuerpos se da paso a las identificaciones con el cotejo de muestras de ADN. El Instituto Vasco de la Memoria (Gogora) ha realizado un llamamiento a aquellas personas que tengan la sospecha de que algún familiar murió en Amorebieta-Etxano en esas circunstancias o cuyos familiares se encuentren en paradero desconocido desde la Guerra Civil. Para ello han habilitado el teléfono 944032845 y el correo electrónico gogora@euskadi.eus.

En el caso de Enrique Contreras, su identificación ha sido posible gracias a que sus hijos aportaron muestras de ADN. En concreto, su hija Dionisia aportó la primera muestra en el año 2018 y su hijo Enrique este mismo año. Lamentablemente, Dionisia falleció antes de que pudiera saber dónde murió su padre y dónde ha estado todos estos años. Por lo que los restos de Contreras los recibirá su hijo Enrique en un acto de carácter familiar que se realizará en el Ayuntamiento de Aretxabaleta (Gipuzkoa).

La socialista María Jesús San José, consejera de Justicia y DDHH y responsable de las políticas públicas de memoria del Gobierno vasco tras el acuerdo de Gobierno entre el PNV y el PSE-EE, ha reiterado este viernes, tras informar de la identificación de Enrique Contreras, su compromiso firme “con la recuperación, identificación y retorno a sus familias de los restos de tantas y tantas personas, tantos proyectos vitales, tantos sueños de futuro arrancados de forma tan violenta. Un firme compromiso con la verdad y con el rigor histórico, pero también con las miles de familias que han depositado su esperanza en nosotros”.

En este sentido, la consejera ha querido mandar “un mensaje firme a la ciudadanía”, el de su “compromiso con la justicia, la reparación y la dignidad de quienes dieron su vida por defender los valores de la democracia, la libertad y la diversidad”. Según ha destacado, este tipo de proyectos y exhumaciones son “un paso más en un largo camino que tenemos la voluntad de transitar con determinación”. Para ello, desde su Departamento se ha comprometido a reforzar “los esfuerzos necesarios para lograr el mayor número de identificaciones posibles”. “Reforzar el esfuerzo para sacar el mayor número de personas del anonimato al que han sido condenados durante ocho décadas y puedan volver a descansar junto a sus seres queridos”, ha concluido.

11 cuerpos más en una tercera fosa común

Tras los 86 cuerpos hallados en diciembre del año pasado, se han encontrado nuevos restos mortales pertenecientes a 11 personas, todos ellos enterrados en una sola fosa, y todos los indicios apuntan a que se trata de restos de personas fallecidas en el hospital de Amorebieta-Etxano durante la guerra. Son resultados preliminares porque, la tercera campaña de excavación aún no ha finalizado.

Los trabajos que se están desarrollando estos días en el cementerio son los correspondientes a la tercera campaña de excavación en esta misma ubicación, que comenzaron el pasado día 24 de julio y se prolongarán hasta el día 28. En esta ocasión, se está trabajando en la zona contigua donde, en las campañas previas, en diciembre de 2023 y marzo de 2024, se localizaron y exhumaron los restos de 86 personas, con ésta serían ya tres las personas identificadas.

En mayo del año pasado, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano quiso saldar su “deuda con la memoria histórica” y encargó una investigación a la Sociedad de Ciencias Aranzadi para dar a conocer lo que pasó en la localidad en los años previos y posteriores a la Guerra Civil, de 1931 a 1945. “Éramos conscientes de la necesidad de un trabajo que recopilase lo que está documentado acerca de Amorebieta y Etxano [en aquellos tiempo se trataba de dos municipios separados], los hechos vividos en esa época tan convulsa y las violaciones de Derechos Humanos ocurridos”, señaló el por aquel entonces alcalde de la localidad Andoni Agirrebeitia.

La actual alcaldesa, Ainhoa Salterain, ha recalcado su colaboración para que las exhumaciones y la identificación de las víctimas se realicen de “manera respetuosa y digna”. “Se han descubierto varios cuerpos que están vinculados a este oscuro período de nuestra historia. Si bien ya se conocía la existencia de enterramientos relacionados con la Guerra Civil en nuestra zona, este hallazgo reviste una importancia particular en el marco de nuestra comprometida labor por preservar la Memoria Histórica. Este descubrimiento se inscribe en un proceso integral de recuperación, investigación y divulgación científica, que se lleva a cabo con la mayor consideración hacia la sensibilidad social zornotzarra, así como a la de todas las vascas y vascos en general. Es un testimonio de nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la reconciliación”, ha concluido la alcaldesa.

En un acto que comenzaba con la canción de Chicho Sánchez Ferlosio, 'Gallo Rojo, Gallo Negro', interpretada por el cantautor de Turón (Mieres), Alfredo González, presentaba el gobierno asturiano el nuevo Instituto de la Memoria Democrática de Asturias.

Eligiendo para ello una fecha nada casual, 18 de julio, en la que “es importante que quienes defendemos la memoria contemos lo que pasó, y es que este país sufrió un golpe de estado militar que derivó en una cruenta guerra civil”, señalaba, al inicio de su intervención, Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática del Principado.

El Instituto, coordinado por Pedro Jesús Rodríguez, es uno de los mecanismos que contempla la Ley 1/2019 para la Recuperación de la Memoria Democrática para ordenar los trabajos e investigaciones desarrollados en torno a la memoria, y comenzará a funcionar en septiembre, cuando se constituirá el comité técnico, para que antes de que finalice el año pueda estar también constituido el Consejo de Memoria Democrática.

El acto ha tenido lugar en un “lugar de memoria”, el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos. Lo que a día de hoy es un centro de cultura, en 1937 y durante los primeros años del franquismo fue un lugar “oscuro” donde miles de personas fueron juzgadas por “rebelión y sublevación” y enviadas bien a la cárcel gijonesa de El Coto o directamente al paredón del cementerio del 'El Sucu' para ser fusilados.

El propio coordinador del instituto recuerda sus años de estudiante de bachillerato en el Antiguo Instituto Jovellanos donde los profesores les obligaban a cantar canciones falangistas por eso “este acto implica la victoria, a largo plazo, de quienes combatieron por la democracia en este país”.

El Instituto se nutrirá de personal de la propia administración, apoyado por un comité técnico de expertos en memoria, que trabajarán como voluntarios. Al coordinador le acompañarán, además, una persona documentalista y otra administrativa.

Historiadores y colectivos memorialista han venido realizando un arduo trabajo a lo largo de los años en Asturias, que ahora se podrá poner en orden gracias a esta entidad, para poder ser divulgados y difundidos a toda la ciudadanía.

La extrema derecha está golpeando con fuerza y viene a por los pilares de la democracia. Esto no se supera con confrontación, se supera con agenda política

No podemos permitir que la extrema derecha marque la agenda política en este país, señalaba el consejero de Derechos Democráticos, Ovidio Zapico. “Están golpeando con fuerza y vienen a por los pilares de la democracia. Esto no se supera con confrontación, se supera con agenda política”, apuntaba.

El acto concluía, al igual que comenzó, con Alfredo González interpretando a la guitarra el 'Canto a la Libertad' de José Antonio Labordeta, que fue coreado por todos los asistentes.

“Hace más de 20 años nos subimos en dos ocasiones, con una escalera y papel, para taparla. Hoy sigue en el mismo sitio”, contaba este viernes Juan Morillo, miembro de la Asamblea de Familiares y Asociaciones Memorialistas de la Plaza de la Gavidia. El colectivo se ha concentrado para exigir la retirada de la placa en honor a Francisco Franco que aún existe en un patio del Rectorado. Es la tercera vez que la asociación eleva una petición de encuentro con el rector, Miguel Ángel Castro, que no contestó a la convocatoria de una reunión el pasado mes de enero, como ya ha informado SevillaelDiario.es. “La inacción de la Universidad no va ya en contra de la Ley de Memoria Democrática sino contra el reglamento interno que ellos mismos aprobaron hace un par de años”, añade Morillo desde la puerta de un edificio, el Rectorado, blindado para evitar nuevas acampadas y encierros pro Palestina.

El portavoz de la asociación, Juan Valencia, ha pedido “el reconocimiento de los universitarios represaliados que lucharon por la democracia y la libertad en España” y ha exigido al actual equipo de gobierno de la Hispalense la retirada definitiva de la placa en honor al dictador. El representante ha ido más allá, destacando la condición del rector de “servidor público” y su obligación de “escuchar las peticiones de las entidades ciudadanas”.

En la lectura de su manifiesto, el colectivo también se ha acordado del reciente desalojo forzoso de los estudiantes encerrados en la Universidad de Sevilla, reiterando su crítica a la “falta del diálogo” del rector y su equipo ante el “sentido crítico de los ciudadanos”. Desde la asociación han querido hacer también un llamamiento a la ciudadanía para, en caso de que sus declaraciones vuelvan a ser desoídas desde la Universidad, convocar una concentración a mediados de octubre para hacer una reivindicación “justa y necesaria” junto a la “infame placa del Duce Franco” si las puertas del Rectorado volviesen a abrirse.

Valencia ha recalcado también “la importancia de reconocer unos hechos que ocurrieron y el papel del movimiento estudiantil en la lucha por la democracia y la libertad en España”, además de afear la “pasividad” de la Universidad de Sevilla, recordando que ya se han hecho actos “acordes a la legislatura en torno a la memoria democrática” en otras universidades de Andalucía.

Una propuesta en común

El acto ha contado también con el apoyo de los sindicatos presentes en la Universidad de Sevilla, así como con el grupo de Profesores por la Memoria. El portavoz del sindicato de trabajadores de la Universidad ha querido manifestar su apoyo a las propuestas de la Asamblea Memorialista, instando al equipo del rector a “cumplir con las leyes aprobadas” y sumándose a la condena del desalojo violento del Rectorado.

Pablo Gutiérrez ha hablado en nombre del grupo de Profesores por la Memoria de la Hispalense sumándose también a estas reivindicaciones, y ha destacado que estas peticiones llevan intentando ser atendidas desde octubre de 2022. Se ha mostrado duro con la gestión por parte de la Universidad, afirmando que “no tiene que solidarizarse, tiene que cumplir con la ley aprobada desde octubre de 2022, que una administración pública como la Universidad de Sevilla”.

El profesor ha añadido que la Comisión de Memoria Democrática de la Universidad trasladó al rector una batería de medidas dentro de un Plan Integral de Acción que incluyen las acciones reivindicadas en la protesta de este viernes así como otras como la restauración del expediente laboral y administrativo de los represaliados o la elaboración de un inventario de lo incautado por la aplicación de la Ley por Responsabilidades Políticas.

Si hay un ejemplo en Canarias de que es posible sacudirse la herencia franquista por convicción democrática y sin necesidad de que lo dicte una ley es Santa Cruz de La Palma. El Ayuntamiento saneó sus calles de huellas de la dictadura mucho antes de que existieran las normas de memoria democrática y es un caso que rescatan los investigadores e investigadoras de la segunda fase del Catálogo de Vestigios de Canarias, que se entregó en 2023 con los elementos franquistas de todas las capitales de cada isla al completo, pero que el Gobierno de CC-PP guarda en un cajón y no lo ha publicado en el boletín oficial. Esta decisión permite a Santa Cruz de Tenerife seguir alegando que la ciudad es la única “señalada” y que se ha cometido un perjuicio. 

Sobre Santa Cruz de La Palma, el catálogo coordinado por la investigadora María Isabel Navarro, señala que “la experiencia de este municipio merece recordarse como ejemplo de una actuación institucional conducente a la revocación de acuerdos contrarios a la legalidad de la Segunda República y a la adopción de acuerdos representativos del orden democrático alcanzado por el país”. Los trabajos de la Comisión de Gobierno y Personal se habían iniciado dos meses antes de la fecha en la que se volvió a reunir, el 22 de octubre de 1979, con la finalidad de adoptar acuerdos relativos al punto 7 del Orden del día: “Cambio de nombres en plazas, calles y barriadas”.

La investigación destaca que esos trabajos iniciados en plena transición habían abordado una revisión completa de las denominaciones de los espacios públicos del municipio. La conclusión de este proceso permitió abordar “la retirada íntegra de las denominaciones que habían sido impuestas desde el inicio de la Sublevación militar”. Actualmente, solo se conservan tres elementos y los honores y distinciones cuya retirada corresponde a instancias del Estado. Por ello, se proponen la eliminación de una denominación del callejero que se somete ahora a identificación y retirada en el catálogo que se presenta, la calle José López; la placa en recuerdo de Blas y Esteban Pérez González existente en la casa familiar y la denominación del Centro cultural Pérez Andreu.

Los elementos retirados en 1979 fueron numerosos y abarcaron desde una plaza al generalísimo, la avenida José Antonio, calles, barriadas y placas que se encontraban en plazas, espacios públicos y edificios públicos. El catálogo de vestigios de esa ciudad recoge que en esa época, como en otras corporaciones, algunas denominaciones dieron lugar a debate por los efectos que ciertas figuras han transmitido durante décadas. Además, algunas intervenciones de los miembros de la Corporación fueron entonces apelaciones al miedo “dada la situación actual española” invocando la “concordia entre los españoles”. 

A pesar de la insistencia de algunos miembros de la Corporación en dilatar los acuerdos propuestos que reclamaban al alcalde (Antonio Sanjuán, del PCE, y años más tarde diputado por CC) una justificación de la necesidad y urgencia de estos cambios, se produjo la votación y aprobación de los acuerdos con resultado muy reñido. Hubo ocho votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones. El procedimiento de votación fue objeto de un amplio debate acompañado de matizaciones. Además, de acuerdo con la legislación vigente, las abstenciones no se admitían y fueron considerados votos negativos. No constante, la propuesta de eliminar los vestigios franquistas finalmente prosperó. 

Durante ese pleno de votación hubo una intervención de un concejal de CD (Coalición Democrática) que expuso excusas para no adoptar tales acuerdos e introdujo “una reivindicación de la obra de la dictadura franquista, al tiempo que se pregunta por los gastos que ocasionarían las eliminaciones de placas y se alega que hay otras necesidades como las vinculadas a la mejora de los centros educativos”. También incorporada al acta la manifestación de los promotores de la iniciativa con una serie de precisiones respecto al espíritu con el que se ha trabajado para llegar a la propuesta, invocando también “a la concordia y a la aceptación de las ideas políticas”, pero destacando “de manera concluyente” que “con actitudes timoratas y complejos de miedo no se consolida la democracia”. 

La investigación expone que la prensa recogió regularmente informaciones amplias acerca de esta iniciativa que se reconocía como un verdadero acontecimiento. El proceso de normalización democrática se completó mediante la moción presentada por Antonio Sanjuán relativa a la denominación de la Plazoleta del Muelle como Plaza de la Constitución. 

La polémica retirada de placas

Cuenta el Catálogo de Vestigios de Santa Cruz de La Palma que la retirada de las placas conmemorativas de la ciudad en virtud del acuerdo adoptado en 1979 dio lugar a una denuncia que fue cubierta por la prensa nacional al finalizar el año 1985. Informaciones diversas a lo largo del año habían mostrado las controversias que el tema había suscitado y la participación directa del partido Falange Española, que contaba entonces con representantes en la isla. 

Desde enero de 1985 comenzaron a publicarse en las noticias, los argumentos esgrimidos por el alcalde y las opiniones de Falange Española con relación a la sentencia del Tribunal Supremo que ratificaba una sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Ese fallo había considerado nulo el acuerdo de la retirada de las placas conmemorativas de la Guerra Civil y la consiguiente retirada de dos ejemplares y ahora ordenaba restituirlas a sus respectivos lugares originales. Se trataba de un tema de forma, pues el acuerdo de retirada de ambas placas se consideraba nulo por “no haber figurado en el orden del día, junto con el punto relativo a las denominaciones del callejero que fueron objeto también del mismo acuerdo”. 

Las manifestaciones del Alcalde muestran la intensa discrepancia con respecto “a las actuaciones contrarias a los valores democráticos”. El Ayuntamiento cumplió la sentencia colocando las placas y media hora más tarde fueron de nuevo retiradas. Por ello, un juicio por desacato amenazaba a Antonio Sanjuán que interpretaba, una vez cumplida la orden judicial, que su administración era soberana para cumplir el acuerdo aprobado. El periódico El País recoge esta noticia en su web con el titular: “Un alcalde canario, acusado de desacato por no reponer dos placas alusivas al franquismo”.

En concreto, se trataba de dos placas que contenían las leyendas: “José Antonio Primo de Rivera, presente. 20-11-1936”. Y “caídos por Dios y España y su revolución nacional/sindicalista”. 

“No es objeto de este catálogo el estudio sistemático de todas las actuaciones institucionales, sin embargo, este caso merece mencionarse por la significación de esta resistencia que ilustra la voluntad política de normalización durante el periodo de la Transición política”, concluye este capítulo de la investigación de los vestigios que perviven en Canarias y que ensalza el ejemplo de Santa Cruz de La Palma y el empeño de su exalcalde Antonio Sanjuán. 

La asociación de Memoria Histórica de Tenerife y la de La Palma han presentado alegaciones al expediente de revocación del catálogo de vestigios de Canarias, anunciado la pasada semana en el Boletín Oficial. Se trata de una decisión que se toma por petición de Santa Cruz de Tenerife, cuyo alcalde siempre afeó que el documento empezara por su ciudad y no se hubieran publicado el del resto de municipios. José Manuel Bermúdez lleva dilatando la retirada de la herencia franquista de sus calles desde hace años, y ha llegado a acudir a los tribunales al igual que otras asociaciones contrarias a la memoria democrática.

En el documento de alegaciones al que ha tenido acceso Canarias Ahora, tanto Mercedes Pérez Schwartz (presidenta de la asociación de Tenerife) como Felipe Andrés González (presidente de la de La Palma) han solicitado que se escuche a la Comisión Técnica de Memoria Histórica antes de que se derogue este catálgo.

Los representantes de ambas asociaciones recuerdan la legitimidad de la Comisión Técnica, cuya función es la “adopción de acuerdos, emisión de informes, y propuestas, entre otras, informar antes de su aprobación de los proyectos de disposiciones reglamentarias de desarrollo de la ley canaria”.

Sin embargo, ese expediente y esa decisión del Gobierno de CC-PP de derogar el catálogo no pasó por dicha comisión técnica.

Ambas asociaciones insisten en que el pasado 12 de junio de 2022 la Comisión Técnica adoptó el acuerdo de informar “favorablemente del Catálogo iniciado a raíz del diagnóstico previo y análisis de herramienta orientada a la creación y difusión del Catálogo de Símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas del municipio de Santa Cruz de Tenerife”.

“La Comisión Técnica no ha sido informada ni del requerimiento del hecho, ni de la incoación del expediente de revocación”, y ello, pese a que “la incoación del señalado expediente abre un proceso que, de prosperar, puede culminar con la derogación o revocación de la norma que ampara el Catálogo de Vestigios”. Todo ello “sin que se conozcan con certeza los fundamentos del requerimiento hecho, cuya aceptación es la causa de incoación del expediente”, señalan.

“A juicio de las asociaciones que representamos, resulta imprescindible recabar el correspondiente informe de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, que deberá ser oída antes de dictar la resolución que ponga fin al expediente”.

El escrito ha sido remitido tanto a Presidencia del Gobierno como a la Dirección General de Cultura.

No, Santa Cruz de Tenerife no es el único municipio incluido en el Catálogo de Vestigios de Canarias. Sí que fue la primera ciudad en terminarse el recuento de su herencia franquista y fue el primero en ser publicado en el Boletín Oficial después de ser aprobado en la Comisión Técnica de Memoria Histórica. Sin embargo, inmediatamente después de estar finalizada esta ciudad se continuó el trabajo con el resto de capitales canarias.

El 14 de julio de 2023, dos días después de que Fernando Clavijo fuera investido presidente del Gobierno de Canarias, la ULL dio a conocer públicamente la segunda fase del catálogo, es decir, el que incluye el resto de capitales canarias. La coordinadora del Catálogo, la catedrática de Historia del Arte María Isabel Navarro, ha explicado a este periódico que dicho documento se entregó al Ejecutivo regional por el registro oficial.

Un año después de su entrega, el hecho de que el Gobierno de Canarias no lo haya publicado en el Boletín, hace que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda continuar insistiendo en que es la única ciudad afectada por el documento. De hecho, el TSJC dio la razón a Bermúdez en el sentido de que estimó que es un “grave quebranto de forma” la aprobación de un catálogo autonómico bajo la consideración de aprobación inicial.

El hecho de que el resto de capitales continúen sin estar incorporadas de forma oficial permite a Bermúdez seguir sosteniendo que es la única ciudad recogida en el catálogo. De hecho, con el último movimiento del Gobierno de CC-PP de impulsar la derogación de dicho informe a petición del alcalde, se asume su tesis al estimar su requerimiento.

El viceconsejero de Cultura, Horacio Umpiérrez explicó este jueves a la agencia EFE que el catálogo afectaba “exclusivamente” a Santa Cruz de Tenerife y “está inconcluso porque quedan partes por entregar a la comisión de memoria histórica de Canarias”. En este sentido, señaló que el documento ha sido objeto de cuatro denuncias, una del Ayuntamiento de la capital tinerfeña y otras tres de diferentes asociaciones que recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que acordó la suspensión cautelar del catálogo.

Por ello, remarcó que se trabaja en un catálogo de toda Canarias, aunque no hizo hincapié en que parte de ese trabajo está entregado. A preguntas de este periódico, desde la Viceconsejería remarcan que ese trabajo sí que se incorporará a ese futuro catálogo y que lo que se ha hecho, aunque parezca que ralentiza la eliminación de vestigios, es “acelerarlo” ya que consideran que el litigio podría durar años en los tribunales. Por ello, insisten en que han tomado esta salida de derogar el catálogo e iniciar uno nuevo.

Maisa Navarro recuerda que en el equipo de investigación de la ULL hay un total de siete personas, aunque cuatro se encuentran fijas trabajando en ello. Afirma que ahora mismo una de las investigadoras se encuentra en el archivo de Ávila y que ella misma estuvo en el archivo de la Armada de Madrid y van simultaneando los archivos nacionales y locales. El convenio firmado con la universidad contiene acciones a realizar hasta 2026, ya que incluye materiales y contenido didáctico para todo tipo de niveles educativos. Además, establece la entrega periódica de las fases y la tercera (la del resto de municipios que no son capitales de islas) está prevista su entrega en 2025.

La investigadora lleva trabajando en estos temas desde 1977, en una época en la que nadie se interesaba por la memoria histórica. Por ello, apunta que tiene una perspectiva de lo que fue la dictadura. Por ello lamenta esta dilación y que haya jueces que entren a valorar el contenido del catálogo ya que su cometido es señalar efectos de forma que se puedan subsanar.

Señala que una parte interesante de este trabajo de investigación en el que se encuentra inmersa es que se han incluido en un apartado a todos los municipios que han ido contribuyendo a la normalización de la memoria democrática y recuerda al alcalde de Santa Cruz de La Palma, Antonio Sanjuán Hernández, que en plena transición ordenó cambiar los nombres de las calles e incluso eliminó una serie de monumentos del espacio público.

Muchos otros ayuntamientos han ido retirando calles y vestigios sin necesidad de contar con un catálogo. Aquí cabe reseñar el ejemplo de la hélice del Crucero Canarias, que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife la retiró en 2022 una vez publicado el borrador del Catálogo de Vestigios de Santa Cruz de Tenerife.

La concentración de vestigios en Canarias

Explica que las islas con mayor concentración de vestigios son Tenerife y Gran Canaria aunque hay puntos más pequeños con una alta concentración en relación a su superficie. Además, recuerda (como se recoge en el Catálogo) que el momento a Franco no se puede resignificar.

En él se localizan hasta nueve símbolos creados por el escultor con ocasión de la conmemoración de 1964. Por un lado, la victoria obtenida por el ejército sublevado en la Guerra Civil Española (imagen de la victoria); la isla de Tenerife como referente geográfico de la planificación de la rebelión militar (relieve en forma piramidal como base del monumento) y este referente se asocia a otro símbolo, la relación de lealtad de la isla de Tenerife a la figura mesiánica de Franco. El cuarto símbolo que se menciona es la pretensión de elevar al dictador al rango de referente metafísico sancionado por el auxilio del arcángel. Además, menciona “la reivindicación de la iniciativa militar contra el gobierno de la República como una guerra santa, a través de la alegoría del general Franco como figura que sustenta la paz armada mostrando la espada como cruz, símbolo de la cruzada de liberación, a pesar de que nunca fue reconocida como tal por el Vaticano”. Y, por último, la presentación de los escudos de los nueve partidos judiciales de la provincia como escenario de “respaldo a la acción del vuelo del general Franco en el Dragon Rapide para iniciar la sublevación militar constituye una evidente vulneración de la verdad histórica y un símbolo que atenta contra los principios desarrollados en la Ley de Memoria Histórica”. 

Este periódico publicó el pasado año el listado de vestigios del resto de capitales canarias. En él se recuerda desde el escudo de la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria, hasta un panteón a Los Caídos de La Falange que aún se encuentra en el histórico cementerio de Vegueta, en la tumba del falangista Rafael Bello del Toro, donde hay colocada una placa. Esta ciudad alberga además ocho placas franquistas en distintos barrios, dos rótulos, numerosas calles y tres plazas con nombres que vulneran las leyes de memoria democrática. En la capital grancanaria aún se localizan placas y rótulos del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda dependientes de Falange y el Patronato Francisco Franco.

El Gobierno de Coalición Canaria y PP ha impulsado la derogación del Catálogo de Vestigios Franquistas de Canarias, por petición del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que siempre se opuso a este documento aprobado y publicado en la anterior legislatura. El informe incluye una de las esculturas que incumplen con la ley de Memoria Democrática, el monumento a Franco, además de casi cien símbolos solo en esa ciudad en un documento de más de 3.000 páginas.

El consistorio, liderado por José Manuel Bermúdez (CC), llevó incluso este asunto a los tribunales en su cruzada contra el documento, que solo recogía los vestigios de esta ciudad pero en el que se aclaraba que se irían incorporando progresivamente los de resto de municipios. De hecho, antes de terminar la legislatura anterior, se presentó el catálogo del resto de capitales canarias, que aún sigue sin publicarse en el BOC por el Gobierno actual.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica este miércoles una orden por la que se da trámite de audiencia al expediente de revocación de ese catálogo, impulsado por el Gobierno anterior liderado por el PSOE junto a NC, Podemos y ASG.

“Visto el requerimiento interadministrativo formulado por el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 7 de julio de 2023, para que se derogue/revoque y, en consecuencia, se prive de todo efecto jurídico la Orden n.º 654/2022, de 4 de noviembre, publicada en el Boletín Oficial de Canarias ...” (es decir, la primera fase del Catálogo de Vestigios franquistas).

Según se recoge en la resolución, el 16 de abril se procedió a aceptar dicho requerimiento. Ahora, se abre un periodo de diez días para que los interesados puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

La batalla de Santa Cruz de Tenerife contra este Catálogo se evidenció desde un principio en la Comisión Técnica de Memoria Histórica, donde el alcalde votó en contra. Más tarde, un juez dio a la razón tanto al Ayuntamiento como a otras dos asociaciones contrarias a las Ley de Memoria Histórica y se protegió cautelarmente el monumento a Franco.

Cabe recordar que el Catálogo de Vestigios, coordinado por la catedrática de Historia del Arte María Isabel Navarro tiene como precedente otro trabajo también coordinado por ella y encargado por el propio José Manuel Bermúdez, y que llegaba a conclusiones similares, como en la referida a la retirada al monumento a Franco.

El Catálogo de Vestigios de Canarias fue publicado en noviembre de 2022 con todos los elementos que la ciudad de Santa Cruz de Tenerife debía eliminar de su callejero. Se comenzó por esta ciudad porque ya existía ese trabajo previo encargado por José Manuel Bermúdez en 2018 para eludir responsabilidades en el juzgado cuando el abogado experto en memoria histórica Eduardo Ranz llevó ante la Justicia el monumento a Franco. Desde el anterior Gobierno de Canarias (liderado por Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Memoria Democrática) siempre se mantuvo que el catálogo se iría completando con el del resto de municipios de las Islas y, de hecho, existe un convenio de colaboración con las universidades canarias para completarlo hasta 2025. 

La cruzada legal contra el catálogo

En enero de 2023 llegaba uno de los pronunciamientos más polémicos del TSJC, que ordenaba proteger de forma cautelar el monumento a Franco. El auto, del que es ponente Juan Ignacio Luque Casariego, estimaba un recurso de la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio San Miguel Arcángel en contra de la decisión del Cabildo de Tenerife de no declarar como Bien de Interés Cultural dicha escultura. Por tanto, concluyó hasta que no quedara resuelto ese expediente, consideró que debía protegerse la estatua. El expresidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, recordó que ni los técnicos de Patrimonio de la corporación ni la ULL encontraron valor artístico en dicho monumento para declararlo Bien de Interés Cultural o que justifiquen su mantenimiento.

En mayo, el TSJC ordenó publicar de forma íntegra el Catálogo de Vestigios de Canarias en el BOC y apenas unos días después el Gobierno de Canarias subsanaba este error. No obstante, pronto llegarían otros autos ante los recursos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la asociación San Miguel Arcángel y la asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces. 

Sobre el recurso presentado por el Consistorio, el TSJC compró el argumento defendido por el consistorio que hacía referencia a que el documento solo incluye los vestigios de Santa Cruz de Tenerife. En él se afirma que es un “grave quebranto” de forma la aprobación de un catálogo autonómico bajo la consideración de aprobación inicial. Una cuestión que considera “arbitraria” y afea que el Gobierno de Canarias no explique por qué se comienza por Santa Cruz de Tenerife. También la Sala destaca que esta decisión genera “indefensión” al Ayuntamiento porque no le permite tener criterios comparativos con otros municipios. 

Asimismo, la Sala ve “difícilmente explicable” la falta de audiencia en la elaboración del catálogo, que no se hubiera publicado de forma íntegra en el BOC y que “solo se ha diseñado en exclusiva” para Santa Cruz de Tenerife cuando es un documento de rango autonómico. No obstante, cabe recordar en este punto que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sí que fue invitado a la Comisión Técnica de Memoria Histórica que aprobó el Catálogo de Vestigios Franquistas. Tanto el alcalde como el concejal Guillermo Díaz (PP) votaron en contra.

Una cuestión que llama la atención de este auto es que se entra en el contenido del catálogo. Por ello, la resolución judicial contó con el voto particular del magistrado Evaristo González, que se desmarcó de algunas de las afirmaciones realizadas en la misma, en especial a las afirmaciones “de carácter histórico” realizadas sobre personajes como Calvo Sotelo. Para dos de los jueces, para eliminar un nombre del callejero “no basta” con que ese personaje al que se alude tenga “cualquier relación con el franquismo”, sino “una participación activa y relevante en la sublevación” o la ocupación de cargos de “máxima importancia”

La Comisión Técnica de Memoria Histórica ha tenido este jueves su primera reunión desde que se conformara el Gobierno de CC-PP. Muchos eran los temas pendientes que debían abordarse en esta reunión que ha concluido con el acuerdo de declarar el templo masónico como monumento de la Memoria Histórica en Canarias a propuesta de las asociaciones de Tenerife y La Palma.

La reunión ha estado presidida por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias Nieves Lady Barreto y el impulso legal y la gestión del proyecto de declara el templo masónico como lugar de memoria recaerá en la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, representado en la reunión por su titular, Miguel Ángel Clavijo.

“Hoy hemos avanzado para poner dignidad y justicia donde no la hubo”, manifestó Nieves Lady Barreto, que celebró que este nuevo paso por conseguir que el Gobierno de Canarias, junto a las Asociaciones de Memoria Histórica y todos los que forman parte de la comisión, pongan luz y hagan justicia con las personas, y sobre todo en una época en la que no la hubo y que tenemos que superar con pasos firmes como estos, con seguridad y sobre todo con dignidad.

El proyecto de reconocimiento del Tempo Masónico, situado en la calle San Lucas, fue aprobado en el marco de la Estrategia para la Memoria Histórica como memorial a la totalidad de las víctimas perseguidas por el franquismo y como reconocimiento público y permanente de las víctimas canarias.

La Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista recoge, en su Título II, las medidas para el conocimiento y divulgación de la Memoria Histórica como una forma de compilar y recoger para el futuro el patrimonio documental relativo a la etapa de la guerra civil y la dictadura franquista.

En el mismo orden del día se trató el informe sobre la declaración de la excolonia agrícola penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, como lugar de conocimiento de la Memoria Histórica de Canarias y la creación del centro de interpretación de la Memoria de la disidencia sexo genérica de Canarias en Tefía. A propuesta del viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, se aprobó iniciar las gestiones con la FECAI y el Cabildo de la isla para incluir este espacio como “lugar de utilidad pública”, requisito previo a la puesta en marcha de ambos proyectos.

El centro, propiedad del Cabildo de FV, es hoy en día una Escuela de activismo LGTBI+, y un espacio formativo que gestiona el colectivo Altihay. El objetivo es convertir la antigua colonia Agrícola Penitenciaria, donde llegaron a estar presas durante el franquismo más de 300 personas, algunas por su orientación sexual en un centro de interpretación de la memoria LGTBIQ. En el desarrollo del proyecto participa la Consejería de Educación, la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Dirección General de Diversidad, en coordinación con el Cabildo de Fuerteventura.

Otro de los asuntos tratado fue el reglamento de la base de datos de ADN de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en Canarias. En este sentido, se analizó el informe de situación y se acordó trabajar en identificar a profesionales que asesoren la redacción de la normativa 

La Comisión también tuvo conocimiento del proyecto de actualización de la web de la Memoria Histórica del Gobierno de Canarias que llevará a cabo la viceconsejería de Justicia con el Centro para la Investigación y la Divulgación de la Memoria Histórica y Democrática de Canarias. La propuesta incluye la revisión de los contenidos de los distintos apartados como la normativa, publicaciones, recursos, enlaces de interés, bases de datos existentes, así como la ampliación de información, imágenes y datos que actualmente no recoge la web.

Por último, en el turno de ruegos y preguntas, se aceptó la propuesta del presidente del Colectivo Sin Identidad, Jorge Rodríguez, de trasladar a ambas universidades canarias la posibilidad de incluir un programa específico sobre la divulgación de los avances de la Memoria Histórica en los cursos de verano que organizan ambas instituciones.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el Gobierno declarará la “reparación y reconocimiento personal” a la familia del anarquista catalán Salvador Puig Antich, como ya se hizo con el president Lluís Companys.

“Continuaremos trabajando con la ley de memoria democrática y su aplicación con próximos pasos”, ha remarcado el ministro a preguntas de Junts, que ha demandado al Ejecutivo que pida perdón en nombre del Estado por el asesinato del activista antifranquista, quien fue el último ejecutado por la técnica del garrote vil, en 1974.

“Salvador Puig Antich fue juzgado sin garantías por un consejo de guerra que no era un tribunal competente. Fue una lamentable acción que se cometió durante la dictadura con una motivación política del régimen”, ha asegurado Torres, durante la sesión de control en el Congreso.

Así mismo, el ministro ha defendido que la España actual “no tiene nada que ver” con la del franquismo. “Hemos caminado con la aprobación de leyes como la de memoria histórica y de memoria democrática”, ha remarcado. De hecho, esta última norma declara la nulidad para condenas y sanciones de consejo de guerra y motivos políticos, como fue el caso de Puig Antich.

Este ofrecimiento del ministro llega pocos días después de que se celebrara el 50 aniversario de su ejecución en Barcelona. Desde entonces se han sucedido diversos actos de recuerdo y denuncia por su muerte, el 2 de marzo de 1974, en la Modelo de Barcelona.

Puig Antic fue miembro destacado del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), un grupo anarquista que cometía atracos a bancos para financiar sus acciones. El militante fue detenido en Barcelona el 25 de septiembre de 1973 después de haber participado en un atraco en una entidad de Bellver de Cerdanya, en Girona. En la detención, un policía resultó muerto por diversos tiros de pistola, de los que se acusó a Puig Antich. Finalmente, fue condenado a muerte.

Un monolito en memoria de los abogados laboralistas de Atocha que fueron asesinados en Madrid el 24 de enero de 1977. De esta manera ha querido homenajear la Asociación de Víctimas del Franquismo de Montellano, presidida por Auxiliadora Fuentes, a estos letrados de lo que se conoció como la matanza de Atocha, y lo ha hecho con un acto de inauguración que ha tenido lugar este domingo en el municipio sevillano. En la ceremonia –que ha estado presidida por Alejandro Ruiz, el único de los abogados que sufrió el atentado y actualmente sigue con vida– han resonado las palabras de Javier Giráldez, ex director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, que ha apelado al deber de recordar el pasado ausente, “aquel que muchas veces no aparece en los libros de historia pero que nos ayuda a replantearnos el futuro que queremos en base al sufrimiento y los errores pasado”.

La Transición, lejos de ser un periodo pacífico y modélico, fue una etapa compleja y violenta en la que los ultraderechistas se aferraban a los últimos escollos de un franquismo oficialmente ya liquidado pero que todavía seguía dando coletazos. En este contexto, los pistoleros que ejecutaron el asesinato colectivo de tres abogados laboralistas, un estudiante de Derecho y un administrativo se “equivocaron” creyendo que aquel golpe iba a hacer retroceder a la democracia.

Así lo ha recordado José Esteban Garrido, presidente de la Federación Andaluza de Memoria Democrática, que subraya que la movilización durante el entierro, con más de 150.000 personas, provocó un movimiento imparable. De esta manera, el por entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, “no tuvo más remedio que mirar hacia delante, legalizando al poco tiempo el PCE y posteriormente a CCOO. Quisieron recoger un fruto y recogieron lo contrario”.

La noche del 24 de enero

Con este monolito, de esta manera, se pretende grabar en la memoria colectiva democrática lo que ocurrió aquel 24 de enero de 1977. Tres pistoleros fascistas, entre los que figuraban García Juliá de Fuerza Nueva y el falangista José Fernández Cerrá, irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas ubicado en el número 55 de la calle Atocha acabando con las vidas de los abogados Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdevira y Luis Javier Benavides, del estudiante de Derecho Serafín Holgado y del administrativo Ángel Rodríguez Leal. Fernando Lerdo de Tejada, el tercero de los implicados, no llegó a entrar en el despacho. El objetivo de dicho atentado era Joaquín Navarro, dirigente del Sindicato de Transportes de CCOO en Madrid, que en ese momento ya se había marchado del despacho.

Otras cuatro personas resultaron gravemente heridas, entre ellas Alejandro Ruiz y Lola González. El propio Ruiz y José Esteban Garrido tuvieron un recuerdo especial para esta abogada, la “compañera Lola” y “sus tres muertes”. “En 1969 le mataron al que era su compañero, Enrique Ruano, y en el 1977 asesinaron a su posterior pareja, Javier Sauquillo, a quien ella misma vio morir en el atentado. Ella salvó la vida, pero el dolor y la desgracia acabaron con la suya”.

La importancia de preservar la memoria

Garrido ha recalcado la importancia de preservar la memoria para no repetir los errores del pasado y para que la lucha de los demócratas no fuese en vano. “Yo trabajaba en una fábrica de lejía, al día siguiente del atentado se paró y se convocó una asamblea, en la que el padre Gonzalo Mateo, subido en lo alto de un montón de palés, dijo que no podíamos permitir que matasen a los mejores y acabasen con la democracia”. Pasado el tiempo, reflexiona, “se ha visto que realmente ese era el camino: fijaos en todas las vidas, huelgas, despidos y destierros que costó que aquí llegara la democracia”.

“La democracia se consiguió en la calle, no fue un regalo, la consiguió el movimiento obrero, estudiantes, profesionales y demócratas”. De esta forma, ha reivindicado la importancia de inculcar estos valores a los más jóvenes, porque “el futuro pasa por los institutos, los colegios y la juventud”.

El movimiento obrero como objetivo

Los abogados laboralistas estaban en el punto de mira de los grupos ultraderechistas no solo por su vinculación con CCOO y el PCE, sino también por su compromiso con la democracia y su trabajo incansable para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. “La tensión fue muy grande durante aquel enero de 1977, entre otras cosas porque se organizó la huelga de transporte”, rememora Alejandro Ruiz. “Entre nosotros teníamos la costumbre de llevar a los compañeros en coche a su casa y esperábamos hasta que entraran”, relata.

En representación de CCOO y de todas las víctimas, el histórico militante y exdirigente del sindicato Jaime Baena, quien también sufrió en carne propia la represión franquista, ha agradecido a todos los que han puesto en marcha esta iniciativa. “Para nosotros este tipo de actos y memoriales dejan ver un recuerdo tangible de aquellas personas que dieron su vida en la Transición”.

Ruiz, por su parte, ha recalcado la importancia de abogar por los actos de memoria y las exhumaciones “ahora que aún estamos a tiempo”. “Cada vez va a ser más difícil conseguir que esos olvidados sean identificados, cada día es más complicado insistir en nuestro deber de memoria para que haya posibilidades de encontrar a esos familiares”. El encargado de poner el colofón ha sido Alejandro Ruiz, que ha vuelto a recordar a sus compañeros fallecidos y el dolor que le provoca oír hablar de represión, “en Gaza o en cualquier otro lugar”.

La Concejalía de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Avilés está preparando un estudio sobre el cambio de nomenclatura de varias calles vinculadas al franquismo y la retirada de la simbología vinculada a la etapa de la dictadura que aún perdura en la Villa del Adelantado en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Además, su titular, Ana Solís, de IU-Cambio Avilés, también impulsará una iniciativa para realizar un homenaje a la última corporación municipal republicana, como reparación.

Entre las principales modificaciones que se están analizando figura el cambio de nombre del estadio de fútbol Román Suárez Puerta, que hace referencia al que fuera alcalde de la ciudad entre los años 1940 y 1953, así como la sustitución de las placas de las calles dedicadas a los alcaldes Francisco Orejas Sierra y José Luis López Ocaña y del rector Sabino Álvarez-Gendín.

El Ayuntamiento también retirará toda la simbología de la dictadura que persiste en varios enclaves de la ciudad y para ello está elaborando un censo de los edificios construidos durante la dictadura en los que todavía aparecen placas con el yugo y las flechas. Ana Solís ha explicado a elDiario.es Asturias que la idea es dar complimiento a la Ley en el concejo de Avilés en sintonía con las directrices del Consejo de Dirección de Memoria Democrática, un organismo dependiente de la administración autonómica.

Con el PSOE se cambiaron alrededor de 32 calles franquistas hace años. Ya se ha hecho gran parte del trabajo de memoria democrática y lo que queda son cosas puntuales que habrá que valorar si dentro del nuevo marco legislativo hay que modificarlas o no

Ana Solís — Concejala de Memoria Democrática

“Hace muchos años, el PSOE llevó a cabo el cambio de alrededor de 32 calles franquistas. Ya se ha hecho gran parte del trabajo de memoria democrática y lo que queda en Avilés son cosas puntuales que habrá que valorar si dentro del nuevo marco legislativo hay que modificarlas o no”, ha afirmado la edil. Su intención es estudiar caso por caso y ver cuál es la opinión del Consejo de Memoria en Oviedo para actuar en consecuencia.

“Se trata de cumplir la ley y de momento son estudios, si bien tenemos cuatro años de legislatura por delante para ir haciéndolo”, ha incidido. “Somos dos agrupaciones políticas distintas -el PSOE e IU-Cambia Avilés- y yo hasta que no lo tenga todo cerrado no puedo decir nada. Es un tema de simple voluntad política y estamos trabajando en ello”, ha corroborado.

Vestigios franquistas en Avilés

Los nombres de los alcaldes José Luis López Ocaña y Francisco Orejas Sierra han sido los primeros que se barajan para ser retirados del callejero al considerar que formaron parte “de forma documentalmente demostrada de tribunales o instituciones declaradas nulas e ilegítimas en la Ley de Memoria Histórica”.

Avilés cuenta con una calle en El Carbayedo dedicada a José Luis López Ocaña, médico y primer alcalde tras la victoria de los sublevados en el Frente Norte. Participó activamente en la represión contra los republicanos. Ejerció como alcalde en dos ocasiones, la última de las cuales en el periodo de 1937 a 1940. Su mandato coincidió con los momentos “mas duros” de la represión, según han descrito historiadores que han analizado esta época.

Por su parte, Orejas Sierra estaría vinculado a varios casos de represión en los años 40 del siglo pasado y la calle a la que da nombre está ubicada en Las Meanas. Fue designado regidor avilesino en 1956. Falleció en 1965 a los 53 años, siendo alcalde.

Sabino Álvarez-Gendín (1895-1983) tiene una calle en La Magdalena. Fue nombrado rector de la Universidad de Oviedo por los franquistas, en 1937, tras el fusilamiento de su antecesor Leopoldo García-Alas, que había sido el rector durante los años de la República. En 1955 Álvarez-Gendín fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo y, según las crónicas de los historiadores, “ordenó la depuración de libros de escuelas y bibliotecas”.

El 31 de diciembre de 1936, Gerardo Caballero Olavezar, comandante delegado del Gobierno Civil de Oviedo, certifica que Sabino Álvarez-Gendín se presentó el 20 de julio de ese año “incorporándose como voluntario a las fuerzas nacionales… y por la tarde se le dio fusil y destino, poniéndose a las órdenes inmediatas del capitán de artillería D. Oscar Pérez Solís”. Otros certificados similares, obrantes en su expediente, acreditan su valor, patriotismo y méritos durante la guerra civil.

Hijo predilecto de Asturias por acuerdo unánime del ayuntamiento en 1941, contaba con la Cruz Laureada colectiva de San Fernando, medalla de Campaña y Cruz Roja del Mérito Militar y medalla de Oviedo, concedidas como defensor de la ciudad y la Encomienda con placa y Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio.

Román Suárez Puerta, que da nombre al estadio de fútbol de la ciudad, fue alcalde durante los años de posguerra y tenía en su haber dos medallas de Avilés que le había concedido Francisco Franco, en 1945 y en 1966. También se mantienen nombres como avenida de Alemania o avenida de Portugal que surgieron por la vinculación del franquismo con los regímenes europeos de corte fascista como el de Adolf Hitler o el de Antonio Oliveira Salazar.

“El mayor cambio se produjo en la etapa de Manuel Ponga”

El historiador Román Antonio Álvarez fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Avilés durante cuatro mandatos, entre los años 1999 y 2015. A su condición como político se suma también la de escritor, no en vano es autor, entre otros libros, de “El ser de las calles”.

Román Antonio Álvarez sitúa el primer cambio en el callejero avilesino de todo el período democrático en 1979, durante la etapa del alcalde socialista Manuel Ponga (1936-2018). Eso dio paso a la creación de una comisión donde se acordaba por consenso el nombre de las calles que se iban poniendo nuevas. Actualmente, con el tema de la memoria histórica, se tiene que aplicar la normativa y estima que esta será una actuación que se abordará con expertos que analicen cada propuesta concreta.

Hay que estudiar hasta qué punto cada nombre de calle puede vulnerar la Ley de Memoria Histórica. El franquismo fue una época histórica que existió e hizo cosas y eso no se puede borrar con una varita mágica. Hay que hacer el estudio con rigor

Román Antonio Álvarez — Historiador, exconcejal y escritor

“Hay que estudiar hasta qué punto cada nombre de calle puesto durante la época franquista puede vulnerar la Ley de Memoria Histórica. El franquismo fue una época histórica que existió e hizo cosas y eso no se puede borrar con una varita mágica”, dice.

“Lo que hay que ver es concretamente en el tema de las calles si vulneran la normativa que se ha aprobado ahora. Hay determinadas calles que tienen nombres de personajes que fueron cargos durante el franquismo y supongo que serán las que se miren, como por ejemplo la calle López Ocaña o la calle Álvarez-Gendín”, comenta.

El historiador se muestra partidario de estudiar los casos “con rigor”. Advierte de que no se pueden emitir juicios “a la ligera” porque hay que analizar con detenimiento los informes que se emitan antes de adoptar cualquier tipo de decisión, que debe tomarse de acuerdo con la ley.

En su opinión, remover viejas heridas es algo similar a lo que ocurre con las familias en conflicto: “Cuando ha habido un problema en una familia, el volver a hablar sobre el tema también remueve viejas heridas, pero a veces hay que hablar para esclarecerlo y no taparlo. Tiene esa doble cara, como las monedas, por un lado sí que remueve conciencias. pero a veces son las víctimas quienes no son partidarias de volver otra vez a revivir el pasado porque fue muy doloroso”, indica.

Román Antonio Álvarez cree que las modificaciones en el callejero no deberían producir ningún tipo de fricción entre los socios de gobierno municipal. Asegura que el PSOE ha sido el partido que antes de que la Ley de Memoria Histórica viese la luz ya había hecho mucho en esta materia al señalar fosas, impulsar monumentos de memoria para las víctimas y cambiar nombres de edificios o de calles.

“Lo que hay que hacer es actuar con rigor. El PSOE siempre fue partidario de la Ley de Memoria y no me imagino que pueda haber ningún tipo de fricción. Yo no me imagino al PP, por ejemplo, que si volviera a gobernar en España, volviera a poner a Franco en el Valle de los Caídos, por decirlo de alguna manera. El dar el paso costó trabajo, pero ahora mismo eso ya está hecho y todo el mundo lo verá como normal y en el futuro. Lo que se debe hacer es actuar con tacto y mucho rigor, pero, más allá de eso, no tendría tampoco que producir ningún tipo de escozor en nadie”, ha añadido.

En el acuerdo de Gobierno alcanzado entre el PSOE y IU-Cambia Avilés, para el presente mandato, figura el cumplimiento del nuevo marco legislativo, en concreto la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática. Y en este punto se subraya que sólo se modificará el nombre de las calles que así indique el Consejo de la Memoria Democrática después de un amplio y riguroso examen de la trayectoria de cada persona que dan nombre a dichas calles. Por delante, como decía la concejala titular de la materia, cuatro años para borrar los vestigios franquistas que aún queden en la villa avilesina.

Los planes en materia de memoria histórica se encuentran a la espera en Canarias. Desde que comenzara la legislatura la Comisión Técnica (compuesta por asociaciones, cabildos, universidades y Ejecutivo regional) aún no se ha reunido, aunque desde el Gobierno de CC-PP afirman que se celebrará a lo largo del primer trimestre de este año.

Desde la Consejería de Presidencia del Gobierno regional afirman que aún se encuentran en el proceso de designación de los miembros que componen esa comisión, ya que con el cambio de Ejecutivo han cambiado. En cualquier caso, afirman desde el Ejecutivo que está previsto convocar la próxima reunión de la Comisión Técnica de Memoria Histórica durante el primer trimestre del año 2024 con la finalidad de dar cumplimiento a La Ley 5/2018, de 14 de diciembre de Memoria Histórica de Canarias.

El Gobierno afirma que desarrollará la Estrategia de Memoria Histórica aprobada por el Ejecutivo anterior y que en estos momentos se encuentra ejecutando, a través de los fondos aprobados por el Acuerdo del Consejo Territorial de Memoria Democrática en 2023, “proyectos destinados a trabajos de localización y localización de personas desaparecidas así como de divulgación de resultados y promoción de lugares de memoria”. En concreto, menciona dos proyectos en Fuencaliente y un proyecto de presentación del fotolibro Tierra y otro proyecto de investigación en colaboración con la ULL.

Sobre la Estrategia de Memoria Histórica, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad remarca que “es fiel” a su compromiso de apoyo institucional a la defensa de la memoria histórico-democrática, tal como se estable en los objetivos que marca la mencionada estrategia. “El documento contiene 33 proyectos, muchos ya en marcha y presta una atención pormenorizada a colectivos que hasta ahora no habían estado en primer plano como la mujer y la comunidad LGTBIQA+”, insisten desde el Ejecutivo.

Entre esos proyectos indican que se encuentran el fomento de la investigación en materia de Memoria Histórica en las universidades públicas canarias y la aportación de materiales a archivos universitarios; la elaboración de un Catálogo de Espacios y Lugares Históricos; la creación del registro de víctimas canarias del franquismo y de la sustracción de menores; la declaración de la excolonia agrícola penitenciaria de Tefía como lugar para el conocimiento de la Memoria Histórica de Canarias; el reconocimiento del Templo Masónico situado en Santa Cruz de Tenerife como memorial de víctimas perseguidas por el franquismo; y la investigación de las sustracciones de Menores en Canarias.

“Con el desarrollo de todas ellas, se pretende dar cumplimiento a las obligaciones legales y a la realización de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”, destacan desde el Ejecutivo.

Los objetivos de las asociaciones

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas, que sigue celebrando su 20 aniversario (es la segunda que se constituyó en todo el Estado), apuntan que su mayor preocupación es la ficha financiera que se destinará al cumplimiento de la Estrategia de Memoria Histórica; “un  trabajo bastante arduo que se hizo durante meses”, destacan.

Así mismo, los miembros de la asociación (que en el día que hablaron con este periódico estaban reunidos con su presidenta, Pino Sosa) señalan que han tenido una primera toma de contacto con el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez en la inauguración de una exposición sobre los represaliados canarios en Mauthausen. Esperan que este mismo mes sean convocados para poder impulsar los objetivos pendientes y tienen las esperanzas puestas también en el nuevo ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Explican que han dejado unos meses de cortesía al nuevo Gobierno, pero confían en que a partir de enero se mantenga esta reunión para dar desarrollo a esa estrategia de memoria. Indican que otra de sus preocupaciones es que otras asociaciones de memoria histórica en el Archipiélago no cuenten con la misma actividad y dinamización social que la de Arucas y, por ello, se han marcado como reto realizar más colaboraciones y trabajos de forma conjunta este próximo año.

El principal reto de esta asociación es que se continúen con las exhumaciones de represaliados del franquismo. Ya se está redactando un proyecto para exhumar el pozo de la Vuelta del Francés, que junto al pozo del Puente, son los que quedan pendientes en el municipio, después de que se hayan exhumado el del Llano de Las Brujas y Tenoya, donde se encontraron los restos mortales del padre de Pino Sosa. También insisten en la importancia de que se exhume la Sima de Jinámar.

Por su parte, desde la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife están trabajando conjuntamente con la de la Recuperación Masónica. Mercedes Pérez Schwartz, nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife, sigue a la espera de que se cumpla la legalidad y se retire el monumento a Franco, además de cumplir con la retirada de otros vestigios franquistas que quedan en Canarias.