La sentencia de la Audiencia Nacional que condena a los cabecillas del millonario trapicheo que la red Gürtel obtuvo de la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2006 cierra una de las principales derivadas del macrocaso sin una condena para el fallecido exconseller Juan Cotino, cuya muerte por coronavirus supuso la extinción de su responsabilidad penal. El fallo condena a 13 años y 7 meses de prisión al líder de la trama, Francisco Correa; a 15 años y 5 meses a su mano derecha Pablo Crespo; a 6 años y 9 meses a su colaborador Álvaro Pérez y al exdirector de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, y a 11 años y 7 meses al vicepresidente de Teconsa José Luis Martínez Parra.

La sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional establece, en su apartado de hechos probados, que la trama Gürtel tenía el objetivo de “enriquecerse ilícitamente de forma sistemática” con los fondos públicos obtenidos mediante adjudicaciones directas a las empresas de Correa o a otras empresas “previo pago de la correspondiente comisión”. La organización tenía una rama valenciana que dirigía Álvaro Pérez El Bigotes, quien mantenía “relaciones” y tenía “acceso directo” a cargos públicos del Partido Popular valenciano, entonces en el gobierno autonómico bajo la batuta de Francisco Camps.

Los verdaderos propietarios de la empresa Orange Market eran Francisco Correa y Pablo Crespo a través de sociedades mercantiles domiciliadas en Gran Bretaña y en la Isla de Nevis y San Cristóbal, en el archipiélago de las Antillas menores del Caribe. En una segunda etapa, se añadieron otros “reales accionistas” como José Ramón Blanco Balín y Álvaro Pérez. Con esta empresa, los empleados de Correa empezaron en 2004 a realizar actos para el PP valenciano, la America's Cup o la Cámara de Comercio. 

En octubre del 2005, apenas un año después de su aterrizaje en València, la organización de Correa tenía “conocimiento previo” de la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad, con motivo de la celebración del V Encuentro Mundial de las Familias. Así, la trama inició “una serie de actuaciones” dirigidas a obtener “de modo ilícito” adjudicaciones para el evento internacional. Crespo y Correa mantuvieron “directa e indirectamente” contactos y reuniones con el fallecido exconseller Juan Cotino y otras personas vinculadas a la fundación para conseguir el pelotazo de la adjudicación de las pantallas y otros servicios relacionados con la retransmisión de la visita papal. 

Crespo y Correa decidieron, “de común acuerdo” con el director de RTVV Pedro García, que el contrato lo licitara el ente público de la televisión autonómica. Los condenados “contaron con la aquiescencia de personas vinculadas a la Fundación”, señala la sentencia. La fundación de la visita del Papa (constituida, entre otros, por el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, la exalcaldesa de València Rita Barberá y el arzobispo Agustín García Gascó) fue uno de los ejes principales de la trama y tenía dos comisionados: el entonces director del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada, un político cercano a Cotino, y el secretario del arzobispo, Antonio Corbí. Las Generalitat Valenciana acabó asumiendo deudas de la fundación por un valor de 1,3 millones de euros.

Las decisiones de peso sobre la visita del Papa se tomaron en el seno de un autodenominado “grupo de trabajo” (hubo 16 reuniones previas antes del primer encuentro del patronato de la Fundación) que la sentencia considera que es de “naturaleza irregular” y en las que se trataron asuntos relacionados con la contratación. Los condenados idearon un convenio de colaboración entre RTVV y la Fundación por el que se encargaba la cobertura internacional del evento, que ocasionó un “ilícito desembolso” de 7,4 millones de euros de la televisión autonómica y permitió el “enriquecimiento personal” de los miembros de la trama Gürtel. En la confección del convenio participaron el exdiorector económico financiero de RTVV Ricardo Calatayud y el exjefe del departamento técnico Luis Sabater (fallecido).

RTVV adjudicó a dedo a la empresa Teconsa el contrato para las pantallas que retransmitieron el evento por un importe de 7,4 millones de euros, “muy superior al coste real de los trabajos necesarios para su ejecución”. La adjudicación a Teconsa supuso un sobrecoste de 3,2 millones de euros. “El proceso de adjudicación fue simulado, por cuanto la adjudicación ya estaba determinada con anterioridad”, concluye la sentencia de la Audiencia Nacional. Teconsa se gastó, según su propia contabilidad, 4,4 millones a pesar de que el coste efectivo era de 3,2 millones. “En realidad Teconsa actuó en todo este proceso única y exclusivamente como empresa pantalla, para ocultar el destinatario último de la mayor parte del dinero pagado por RTVV” a la trama“, defiende la sentencia.

El beneficio ilícito de 3,2 millones se repartió de la siguiente manera: 200.000 euros para Teconsa; 415.000 para el exdirector de RTVV Pedro García; medio millón para El Bigotes; 957.305 euros para Pablo Crespo (fondos que ingresó en la caja B de la organización corrupta); la mercantil Electronics Design SL 50.384 euros por librar facturas falsas, 230.000 euros se destinaron a una operación inmobiliaria de Correa, Crespo y Blanco Balín en La Nucia, un municipio valenciano gobernado por el PP; 249.000 euros para Blanco Balín por su participación en la operación inmobiliaria.

El tribunal rechaza la petición del PSPV-PSOE, que ejercía la acusación popular, de incluir al fallecido Juan Cotino en los hechos probados (con el fallecimiento se extingue la responsabilidad penal). La confesión de Álvaro Pérez situó en todo momento a Cotino en el epicentro de las decisiones que se tomaron en la preparación de la visita del Papa. El Bigotes reconoció ante el tribunal que Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, le puso en contacto con Cotino. Otro acusado, el fallecido Luis Sabater, exjefe del departamento técnico de RTVV, también señaló a Cotino como la persona que en febrero del 2006 dijo que les había “tocado hacerse cargo de las pantallas”.

Las empresas de las tramas de corrupción vinculadas al PP valenciano también se llevaron un buen pellizco del presupuesto de Feria Valencia durante los años del despilfarro. La entidad ferial contrató con al menos tres empresas vinculadas a casos de corrupción para que realizaran trabajos de representación y marketing, pese a que ya contaba con un departamento para ello.

Valmor, investigada por la trama de la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia; Orange Market, filial de los arquitectos de la Gürtel valenciana, y Laterne, que operaba como las empresas del grupo Correa a nivel local en el caso Taula, fueron las tres afortunadas que se llevaron de la institución cerca de 2,5 millones de euros.

Los diputados de PSPV-PSOE, Compromís y Podemos en las comisión de investigación de las Corts Valencianes sobre el agujero millonario en la entidad ferial, -unos mil millones de euros de los que se hizo cargo la Generalitat Valenciana-, consideran que el departamento de marketing “fue la puerta de entrada” de las empresas de la corrupción. Álvaro Pérez 'El Bigotes', en su declaración por videoconferencia en esta comisión de investigación, insinuó que Feria Valencia formaba parte del entramado de la Gürtel. “La cara B del disco a veces es mucho mejor que la cara A y, desgraciadamente, solamente han escuchado una cara del disco. Yo iré un día a darles la explicación que ustedes me piden”, expresó.

El propio Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, entrevistó a una trabajadora que pasaría al departamento de marketing de Feria. “La entrevista fue con Álvaro Pérez y Pablo Crespo. Nos reunimos, me explicaron un poco que ellos eran la agencia que trabajaba para Feria Valencia. Que les habían pedido que colaboraran –digamos– en un proceso que tenían abierto de búsqueda de talento para ocupar una posición de dirección de marketing”, explicó la trabajadora en la comisión.

Durante los años en los que Orange Market estuvo contratada por Feria Valencia, a partir de 2008, facturó más de un millón y medio de euros. Concretamente, según han calculado los diputados con la documentación aportada a la comisión, 1.582.388 euros por distintos conceptos relacionados con el asesoramiento en comunicación. Su función era, según el contrato, realizar un plan de marketing y un estudio de los certámenes. El contrato se rescindió por parte de Feria Valencia sin abonar indemnización un año después, cuando saltó el escándalo de la Gürtel valenciana.

En el plano local, otra empresa operaba con el PP del Ayuntamiento de Valencia con un método similar, según investigan los juzgados en el Caso Taula. Laterne SL, otra agencia de comunicación, organizaba las campañas del PP de Rita Barberá y, presuntamente, las donaciones irregulares al grupo municipal. Entre 2006 y 2008 Feria Valencia pagó más de 495.000 euros a Laterne S.L., a través de dos contratos y honorarios de servicios de marketing y comunicación. El contrato contemplaba una contraprestación de 4.500 euros mensuales, que luego ascendieron a 6.000 con la misma periodicidad. Se incluía un extra presupuestario para viajes y otros gastos.

En el mismo periodo, cuando llegó la competición deportiva que pondría a Valencia en el mapa, la institución ferial pagó 402.803 a Valmor, la empresa que organizó el Gran Premio de la Fórmula 1 en el circuito urbano valenciano, investigada en dos piezas. Valmor Sports, titular de los derechos de organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1, firmó dos contratos con la entidad, que gastó cerca de 300.000 euros en invitaciones para el espectáculo deportivo entre 2007 y 2008.

Entradas de palco, entradas VIP (a 650 euros la unidad) y entradas normales. En los apuntes de contabilidad se encuentran 16 referencias a compra de entradas a Valmor por 119.229 euros. Según las actas de los consejos de administración, se adquieren 7.500 entradas para los espectáculos y otras actividades en el recinto.

La entidad ferial firmó dos convenios con la empresa de organización de la Fórmula 1. En el primero, meses antes de la celebración de la primera edición, el documento recoge que Valmor recibiría como retribución un 33% del beneficio neto de la zona lúdica, así como un conjunto de remuneraciones acordes al éxito de ocupación de la zona de alojamiento. Por su parte, Feria Valencia cedería un pabellón y un espacio para celebrar eventos y vender accesorios de promoción del premio -merchandising- y asumiría los gastos de personal, apoyo técnico, licencias, seguros y otros. Unas condiciones claramente beneficiosas para la empresa organizadora, como figura en la propuesta de dictamen de los parlamentarios.

Una vez aprobado el dictamen, los diputados decidirán si conviene entregar algunos documentos a la Fiscalía, que tras dos años de investigación archivó el caso. El juzgado también rechazó trasladar las diligencias previas a la comisión parlamentaria. En el escrito de archivo, el Ministerio Fiscal descartaba que se hubiera producido un desvío de capital.

El dictamen propuesto por los partidos del Pacto del Botánico responsabiliza a los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps del agujero millonario de la institución, que trabajaba con dinero público de manera descontrolada. También al expresidente de la institución Alberto Catalá, y a la directora general de feria y exconsellera de Industria y posteriormente de Turismo, Belén Juste.

Los impagos del PP

Al margen de los contratos con las empresas de las tramas corruptas, la institución ferial tuvo otras lagunas. Según la investigación parlamentaria, en abril de 2002 tuvo lugar un desayuno del que no existe ninguna constancia de su abono; en marzo de 2007 tuvieron lugar un acto y un evento facturados por Feria Valencia a la empresa Orange Market; en mayo de 2008, Feria Valencia facturó un acto del PP europeo a la Generalitat Valenciana, bajo el Gobierno de Francisco Camps.

Aunque el más conocido fue el congreso del PP que aupó a Mariano Rajoy, un cónclave de grandes dimensiones celebrado en 2008 y pagado hace apenas un año, después de que la institución reclamara en numerosas ocasiones los 625.000 euros del mismo. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid obligó a los populares a saldar la deuda.

Gastos en firmas de lujo durante la crisis

Cuando la crisis económica acechaba, los directivos de Feria Valencia aumentaron significativamente los gastos. En el periodo de 2007 a 2011, “se multiplican los gastos de representación y las tarjetas Visa hasta un valor superior al millón de euros de forma anual”, en un momento en que comienzan las pérdidas de la institución. Además, según los diputados, en 2006 y 2007 se constata una bajada de los beneficios en más de un millón de euros, sin embargo, “se hinchan los gastos de los directivos en regalos viajes y restaurantes”.

Entre los gastos obscenos de la entidad ferial hay bolsos de lujo, puros habanos y sus respectivos accesorios, relojes, perfumes, bolsos y hasta mantas en concepto de “regalos”. Loewe, Bulgari, Louis Vuitton y Hermes eran las tiendas fetiche de los directivos.

Además del chorreo de crédito a los directivos a cuenta de la institución, el exsecretario general de Feria Valencia Enrique Calomarde explicó en la comisión que anualmente a los miembros del Comité Ejecutivo se les daban tarjetas regalo de El Corte Inglés como regalo de Navidad, de unos mil euros cada una, para gastos personales. En 2007, se registran gastos por un valor total de 11.800 euros; en 2008 por un total de 11.400 euros y en 2009, por 9.600 euros.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que informe acerca de la conveniencia de investigar las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, para saber si éstas fueron ordenadas por el expresidente autonómico Francisco Camps.

Después de que la Sala de lo Penal ordenara reabrir esta causa, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha dictado un auto dirigido al fiscal del caso para que informe sobre la línea de investigación a seguir, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La Sala acordó la reapertura de esta pieza del 'caso Gürtel' a raíz de las revelaciones que hicieron el líder de la trama, Francisco Correa; el que fuera secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'el Bigotes', a principios de este año durante el juicio por la financiación ilegal del partido en la Comunidad Valenciana que apuntaban directamente al expresidente Camps.

La prevaricación prescribe a final de año

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que los posibles delitos de prevaricación que se le podrían atribuir a Camps prescriben a finales de este mismo año debido a las fechas de los contratos con Orange Market, de modo que el inicio de las diligencias deberá ser inminente.

Eso sí, aún no se ha decidido si la investigación al expresidente será, además de por malversación de caudales públicos, por prevaricación en los últimos contratos o se le podrá atribuir prevaricación continuada, lo que incluiría un mayor número de adjudicaciones al Grupo Correa.

El Ministerio Público remitió su escrito a la Sala de lo Penal después de que Ricardo Costa revelara durante el juicio de forma inesperada que fue Camps quien decidió contratar a Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

El líder de Gürtel, Francisco Correa, dijo en ese mismo juicio que los contratos fueron ordenados por altos cargos del PP valenciano, mientras que Álvaro Pérez, el responsable de las empresas de la trama en la Comunidad Valenciana, también mencionó el nombre de Camps.

Averiguar si fueron las “primeras autoridades”

Para el tribunal que ordenó la reapertura de las investigaciones, de esta confesión “se podría desprender que la contratación directa de Orange Market por la Administración valenciana era por decisión de las primeras autoridades y la realización y montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 podría ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el PP en la Comunidad Valenciana”.

En ese juicio sobre la financiación irregular del PP valenciano, Dora Ibars declaró en calidad de testigo y aseguró que no se reunió “con ninguna persona de Orange Market para tratar asuntos relacionados con campañas electorales ni con nadie del PP ni del Gobierno valenciano para hablar de presupuestos”.

Sin embargo, tras lo dicho por Costa, Correa y Pérez la Sala de lo Penal ordenó reabrir la pieza 5 en la que se imputaba a Ibars la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pen drive que se iba a utilizar como regalo institucional, un procedimiento en el que, para sustraerse del control administrativo, las partes acordaron la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por Orange Market de 88.975,59 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580,96 euros.

En segundo lugar, la Fiscalía acusaba a Ibars por hechos relativos a la participación de Orange Market como adjudicataria, de forma directa, del montaje del stand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que se obligaba a contratar con Orange Market, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.

El titular del jutjat central penal de l’Audiència Nacional, José María Vázquez Honrubia, ha considerat acreditat el finançament il·legal del PP de Francisco Camps en les eleccions autonòmiques, municipals i generals del 2007 i el 2008. El magistrat condemna l’exsecretari general dels populars valencians Ricardo Costa a quatre anys de presó i absol l’exvicepresident de la Generalitat, Vicente Rambla.

Aquesta és la segona condemna de la justícia sobre el Partit Popular que se suma a la coneguda com a “Època 1” i que ha provocat la moció de censura que ha posat fi a la carrera política de Mariano Rajoy i ha fet pujar Pedro Sánchez a la Presidència del Govern.

De la trama Gürtel, la que va ajudar a aconseguir els diners negres per al partit polític, han estat condemnats Álvaro Pérez “El Bigotes” a seis anys i nou mesos i Francisco Correa a cinc anys i tres mesos després d’haver col·laborat en l’esclariment dels fets.

Els nou empresaris que van reconéixer els fets abans del judici i que van forçar la resta dels acusats a assumir una part dels delictes eludiran la presó després d’haver pagat una multa.

Segons l’escrit d’acusació de la Fiscalia Anticorrupció, el PPCV va pagar a Orange Market un total de 3,4 milions d’euros per l’organització d’esdeveniments i els actes de campanya per a les eleccions municipals i autonòmiques del 2007 i les generals del 2008. Pel que fa als comicis, precisa que la formació política va abonar 2,03 milions d’euros, dels quals 1,2 milions van ser sufragats pels empresaris.

El líder de la trama Gürtel, amb la seua intenció de col·laborar amb la Justícia, va revelar que la formació política regional, i precisament Costa, els va indicar a qui havien de facturar els actes que van fer si “volien cobrar”. Més enllà van anar Crespo i El Bigotes, que van apuntar directament l’expresident de la Comunitat Valenciana Francisco Camps com el responsable de l’ordre de girar factures falses a tercers.

Una afirmació que va ser corroborada després pel mateix Ricardo Costa, que a més va emfatitzar que va comunicar les decisions de Camps a la direcció nacional del PP. Concretament a l’extresorer Luis Bárcenas, que li va recordar –segons va contar l’exsecretari general del PPCV– que aquestes pràctiques estan prohibides en el partit.

El expresidente del Comité Ejecutivo de Feria Valencia durante los años 1999-2013, Alberto Català, ha insistido este jueves en que el PP no controlaba Feria Valencia ni tenía capacidad de decisión en ella. “Cero”, ha subrayado para indicar que en sus 13 años como presidente nunca ha recibido “una directriz de un partido para un tipo de actuación o cometido en Feria Valencia”.

Asimismo, ha remarcado que en sus actuaciones y gestión no ha estado condicionado por el PP porque él “nunca” ha sido afiliado del partido y ha manifestado que su relación con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y otros dirigentes 'populares' ha sido “de cordialidad, amabilidad y de relación institucional”.

Así lo ha indicado Català en una comparecencia en la Comisión de Les Corts que investiga la gestión general de las instituciones feriales en la Comunitat Valenciana. Se trata de su segunda asistencia a esta comisión para dar cuenta sobre la gestión en el recinto ferial.

En su primera intervención, en octubre de 2017, negó que la institución fuera un instrumento del PP y de Orange Market, tras haber sido utilizada para la celebración del Congreso nacional de los 'populares' en 2008 y por haber trabajado con la empresa vinculada con la presunta financiación ilegal del PP, ya que remarcó que la institución “seguía su rumbo” que estaba marcado por los órganos de gobierno.

En esta ocasión, Cs había pidió una segunda intervención de Català para que explicara una reunión con los socialistas Cristina Moreno, Rafael Rubio y José Luis Ábalos el 23 de julio de 2002 para explicarles el Plan de modernización de la feria. No obstante, ha manifestado recordar “vagamente” dicho encuentro. “Tengo un recuerdo muy vago de aquella reunión porque fue hace 16 años”, ha admitido, para señalar que no recordaba si hubo más encuentros con grupos de la oposición.

Durante su comparecencia, el diputado del PSPV José Muñoz le ha preguntado por una conversión, intervenida por la Policía, entre el responsable de Orange Market Álvaro Pérez y el exjefe de prensa de Camps Pedro García en la que el primero señalaba que iba a presentar un proyecto a Alberto Català y pedía que Camps lo apoyase. Más tarde, la Feria contrató a la mercantil, ha puntualizado el parlamentario socialista.

Al respecto, Català ha remarcado que Àlvaro Pérez no le presentó ningún proyecto “ni nada” y ha negado haber recibido una llamada del exjefe del Consell: “A mí no me llama el señor Camps para decirme que se ha presentado este proyecto que es muy guay. Cero, cero”, ha puntualizado para espetar que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. “Yo puedo estar diciéndole ahora a fulano lo que voy a hacer de mengano, pero que lo haga o no eso es otra cosa”, ha afirmado.

RELACIÓN PROFESIONAL CON CORREA

Respecto a su relación con Francisco Correa, ha relatado que Pérez se lo presentó y comió una vez con él, aunque ha puntualizado que su relación era “profesional”. “Lo he visto dos veces en mi vida” ha señalado para indicar que Correa “no ha mandado” en la institución ferial y solo era un proveedor.

Asimismo, el diputado del PSPV se ha interesado por una anotación en la agenda de otro de los cabecillas de la Gürtel Pablo Crespo que apuntaba a la contratación del hijo de Català por parte de la firma, a lo que el expresidente del Comité Ejecutivo de la Feria ha afirmado que él puede anotar que va a contratar a alguien y, más tarde, no hacerlo. “De ninguna manera a ningún hijo mío lo ha contratado Orange Market ni puñetas”, ha asegurado.

Ha justificado la contratación de trabajos con Orange Market porque era una compañía de marketing y comunicación que el equipo técnico de la Feria entendió que realizaba los eventos “muy bien”. Además, ha admitido que para él era “la mejor que había en ese momento en Valencia como compañía de marketing y comunicación”, por lo que admitido que sintió “muchísima pena que ocurriera lo que ocurrió”.

Ha relatado que en una ocasión atendió al presidente de la academia de los Grammy porque “era la primera vez que pensaba hacer su gala fuera de EEUU”, y la mercantil trabajó “mucho” en la propuesta, pero “lamentablemente” llegó la intervención de la Policía en la empresa de 'El Bigotes'. “Si esta compañía y su matriz no hubieran tenido ningún tipo de irregularidad y de problemas judiciales, se hubiera albergado un evento muy importante porque la presentación de Orange Market fue extraordinaria”, ha señalado.

Sobre el Congreso Nacional del PP en 2008, ha subrayado que él no negoció la celebración del evento y ha indicado que las relaciones las llevó a cabo el director técnico, Pedro López, que era quien “centralizada la operativa y hablaba con gente de Madrid”. Sin embargo, ha puntualizado que “desde el primer momento” el espació lo solicitó Madrid.

OBRAS AMPLIACIÓN

Ha destacado que la ampliación se acometió “por la necesidad y presión” que había de los sectores empresariales ya que ha señalado que había “lista de espera abrumadora” para exponer en el recinto por parte de varios sectores como el mueble, textil e iluminación. Por tanto, ha defendido que se planteó un proyecto para atender la demanda que había “en ese momento”.

Respecto al encarecimiento de las obras, al pasar de un proyecto inicial de 200 millones a 325 millones en 2002 y a de más de 600 millones en 2004, Català ha subrayado que el proyecto “siempre se programó por fases y cada una tenía su coste y su financiación”. Por tanto, ha subrayado que “no hubo improvisación” porque el plan estaba establecido para llevarse a cabo por fases como, a su juicio, “ha quedado muy aclarado por diferentes comparecientes”.

“No hubo improvisación. Estoy convencido de que todo se hizo muy bien y está bien documentado y muy estudiado. Todo se hizo bien”, ha subrayado.

REGALOS

Por otro lado y preguntado por la diputada de Compromís, por gastos de la Feria en regalos, “comilonas en los mejores restaurantes valencianos” o “viajes a lo Willy Fog”, Català ha subrayado que “todo el dinero público que ha entrado en Feria Valencia ha sido finalista, muy bien utilizado, muy controlado dónde se ha utilizado y con alto nivel de rentabilidad”.

“Todos los gastos en Feria Valencia responden a gastos de representación o comerciales, no a un capricho. Todo tiene un trasfondo promocional o comercial”, ha reivindicado para defender la “transparencia absoluta” que hubo en la gestión y considerar que, pese a las críticas de algunos diputados por su “mala gestión”, defender su labor.

La branca valenciana del cas Gürtel, la que investiga el presumpte finançament del PP de Francisco Camps, entra aquest dimarts en la recta final amb sorpreses que el dia 15 de gener, quan va arrancar el judici, ningú no esperava. L’exsecretari general dels populars valencians i home fort de Camps, Ricardo Costa, ha descobert el pastís i ha posat de cap per avall el partit, cosa que ha fet tremolar els mateixos fonaments de Génova, 13.

“Dels quatre desvergonyits”, que va ser com es va definir la xarxa corrupta liderada per Francisco Correa quan va saltar l’escàndol, s’ha provat en el judici –amb confessions dels empresaris corruptors– que el partit que liderava Camps va muntar un estructura per a ingressar com a mínim 1,2 milions de diners B, quantitat que va facilitar la victòria al PP valencià en les eleccions autonòmiques i generals del 2007 i el 2008.

En la vista oral també s’ha fet palés amb les declaracions de Costa i de membres de la xarxa com Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez “El Bigotes” que el mecanisme de corrupció podria haver estat generalitzat en campanyes municipals que ja estarien prescrites.

Així, Ricardo Costa s’ha convertit en un acusat clau en la causa, ja que és la primera vegada que un polític del PP reconeix el finançament irregular del partit. Aquesta confessió –negociada amb la Fiscalia Anticorrupció– ha servit a les acusacions per a armar definitivament el cas i perquè hi haja una sentència condemnatòria.

Això sí, hui es veurà realment quina és la contraprestació que rep Costa per haver descobert el pastís, ja que presumiblement la fiscal del cas reduïsca la seua petició de 7 anys i 9 mesos de presó que va sol·licitar en un principi per a la mà dreta de Camps en el PP.

Dimarts, a la seu de l’Audiència Nacional a San Fernando de Henares tornaran a acudir tots els acusats, inclosos els empresaris que també van confessar haver finançat el PP valencià amb 1,2 milions de diners B. Els nou contractistes d’obra i serveis públics, que han estat els primers a confessar i que van lubricar així les confessions posteriors dels capitostos de la trama i de Costa, han aconseguit evitar entre quatre i sis anys de presó a canvi de pagar una multa. En molts casos irrisòria per al seu compte de resultats.

La fiscal anticorrupció serà la primera a presentar les seues conclusions i s’hi veurà si la confessió de Costa té contrapartida. També si continua mantenint la petició de penes per als altres antics càrrecs públics, l’exvicepresident del Govern valencià Vicente Rambla i l’exvicesecretari del PP valencià David Serra després de les seues declaracions.

Més difícil serà que es reduïsquen les peticions de penes per als capitostos de la trama, ja que durant tota la fase d’instrucció es van negar a col·laborar-hi i va ser, arran de la confessió dels empresaris, que van reconéixer el finançament irregular. Primerament van apuntar a Costa i, posteriorment, al mateix Camps.

Posteriorment, serà l’Advocacia de l’Estat la que presente les seues conclusions, que aniran en línia amb Anticorrupció, i finalment l’acusació popular exercida pel PSPV també presentarà les seues peticions de penes i la seua visió sobre la vista.

Després de les acusacions, serà el torn per a les defenses dels acusats, que seguiran previsiblement l’estratègia mantinguda durant el judici que compleix ja el cinqué mes de vistes.

A pesar que en el judici tant Costa com els capitostos de la Gürtel han apuntat Francisco Camps com a cervell de la trama de finançament irregular i l’exvicepresident i exdirector de la policia amb Aznar, Juan Cotino, com a recaptador, les derivades penals contra aquestes persones no es dirimiran en aquest procés per tal com estan prescrits els presumptes delictes.

Això sí, algunes d’aquestes declaracions podran servir en la peça separada del cas Gürtel sobre la visita del papa, en què sí que està imputat Juan Cotino, i en les dues causes obertes per la Fórmula 1, en què Francisco Camps ha estat citat com a investigat.

Los nueve empresarios valencianos que han confesado financiar al PP valenciano en la etapa de Francisco Camps evitarán la prisión con el pago de una multa. La condena pesará sobre su persona pero sus empresas, a través de las que realizaron los pagos ilegales y las facturas falsas, seguirán sin mácula al no haber sido condenadas. Y es que en 2009, cuando se les imputó por los los delitos ahora confesados, el Código Penal no permitía procesar a una sociedad. Ahora ya es posible.

Así, todos los empresarios que han reconocido haber roto las reglas del juego para perpetuar a un partido político en el poder para posteriormente obtener un beneficio empresarial -aunque esta máxima tampoco ha podido ser probada en el juicio de Gürtel- continúan haciendo negocios suculentos con administraciones públicas, también con las del PP. Y sin ningún problema, incluso llegando a firmar las cartas de compromiso con la ética que exige la presencia de España en la Unión Europea.

Uno de los empresarios valencianos que confesó financiar al PP para ganar elecciones y que sigue ganando concursos con administraciones populares es Enrique Gimeno, propietario del Grupo Facsa de Castellón. Gimeno controla el 90 % de las depuradoras públicas de Castellón -en la diputación provincial que paga esta factura manda el PP- y en 2015, en Castilla la Mancha y con los populares en funciones, el empresario confeso consiguió la gestión de 74 depuradoras públicas con su empresa Facsa.

En 2017 y 2018 y pese a la confesión pública del presidente de Facsa ante el fiscal y posteriomente en el juicio, las empresas de su grupo han dado un pelotazo más que importante en el Ministerio de Medio Ambiente. Mientras Enrique Gimeno declaraba en la Audiencia Nacional haber dado 405.668 euros en B para pagar las campañas del PP para las elecciones autonómicas de 2007 y generales de 2008, una de sus empresas conseguía en UTE 21 millones de euros por la evaluación de las aguas de las confederaciones hidrográficas del Júcar, el Miño y el Duero. Los contratos son para tres años, pero si consiguieran la prórroga de otros tres el montante podría ser de 42 millones. 

Para estas licitaciones el Grupo Gimeno se ha presentado a través de su firma Iproma, que preside la prima de Enrique Gimeno, es consejera su hermana Pilar y cuyo principal accionista es Facsa.

Cuando decidió confesar que había financiado al PP, Gimeno redujo sus apariciones públicas, pero la realidad es que continúa siendo el presidente de Facsa y el que controla el grupo empresarial castellonense. De hecho, no es difícil ver a Enrique Gimeno en los actos que organiza el actual Gobierno valenciano gobernado por PSPV y Compromís. Estuvo en la presentación de la embajada valenciana que la Generalitat ha abierto en Madrid junto al lobby empresarial Connexus.

Las adjudicaciones del Gobierno de Mariano Rajoy a Iproma -Grupo Gimeno- han puesto en alerta a las empresas del sector. La empresa del grupo empresarial de Enrique Gimeno ha conseguido tres de las seis adjudicaciones de cuencas hidrográficas hechas hasta la actualidad. El Miño, el Júcar y el Duero. El Segura, el Guadiana y las cuencas del Cantábrico han ido para otras empresas, donde también llama la atención que Dnota Medio Ambiente haya conseguido dos contratos.

Quedan todavía por adjudicar el análisis de las aguas del Ebro, el Tajo y el Guadalquivir, pero las empresas del sector que se han quedado fuera temen otro pelotazo de Iproma.

En todos los contratos que ha ganado la empresa propiedad del grupo del financiador del PP ha ido con otras compañías en UTE. Llama la atención la que ha ganado la UTE Iproma-Applus Norcontrol por 4.944.116,62 euros por los análisis de la calidad del agua de la Confederación Hidrográfica del Miño. Y es que Applus es una certificadora con poca -o nula- experiencia en el mundo del agua.

Sospechosos habituales

Para el concurso con la Confederación Hidrográfica del Júcar, Iproma ha acudido con Typsa. Han ganado un concurso de 6,85 millones, que si consiguen la prórroga el montante podría ser de casi 14 millones en seis años. Typsa es una vieja conocida de los casos de corrupción valencianos, de hecho, está siendo investigada junto al expresidente Francisco Camps por el proyecto de la Fórmula 1 de Valencia. Esta ingeniería habría sido clave, según los investigadores, para los posibles sobrecostes que se produjeron en el circuito urbano de carreras.

El tercer contrato de Iproma con Medio Ambiente ha sido para una de las joyas de la corona, la Confederación Hidrográfica del Duero. En este caso, la empresa de la familia Gimeno ha concurrido con Labaqua SA. Es, de momento y hasta que se adjudique el Ebro, el contrato de mayor montante económico. Para los próximos tres años facturarán al Estado 9,5 millones, que se podrían convertir en casi 20 en caso de que se les concediera la prórroga. El trabajo de Iproma, los labortarios del Grupo Facsa, consisten en la evaluación del estado químico y biológico de las masas de agua en las diferentes cuencas.

Preocupación en el sector

Las empresas del sector del agua ven con mucha preocupación que Iproma haya copado el 50 % de las adjudicaciones. Según las puntuaciones técnicas en poder del eldiario.es, las sospechas tienen cierto fundamento, máxime cuando algunas de las competidoras se han quedado fuera por bajas temerarias similares a las de la compañía del Grupo Facsa. 

En el concurso para analizar las aguas del Júcar, Iproma consiguió el contrato con una baja del 51 %. Fue la segunda oferta menos barata pero la primera se quedó fuera por baja temeraria. Lo mismo le pasó en el Miño, donde con una baja del 56 % ganó la adjudicación porque la más barata quedó fuera por temeraria con una baja del 59 %. La UTE excluida tenía una mejor oferta técnica que Iproma pero fue eliminada. 

En el Duero, tampoco fue la oferta más barata pero Iproma en UTE quedó por delante de sus competidores al presentar la mejor oferta técnica, según los evaludadores del Ministerio de Medio Ambiente.

L'exsecretari general del PPCV Ricardo Costa ha afirmat aquest dijous que ni va participar en la contractació ni va prendre “cap decisió” sobre com organitzar el congrés nacional que el PP va celebrar en Fira València el 2008 a proposta de Francisco Camps i en el qual Mariano Rajoy va resultar triat president del partit.

La decisió es va prendre, segons declaracions d'anteriors compareixents, en un sopar entre l'extresorer Luis Bárcenas, Francisco Camps i la seua cap de gabinet, i el mateix Costa. Segons el popular, en el sopar només es va parlar de portar el conclave a València i el seu compromís es va limitar a mobilitzar la militància per a l'acte de cloenda. “Jo no tinc constància que s'assumira el compromís”, ha dit en ser preguntat per si el PP valencià va prometre que pagaria la factura de mig milió d'euros que finalment va ordenar pagar un jutge a la direcció nacional pel citat esdeveniment.

No obstant això, no descarta que es donara una conversa entre Camps i Bárcenas prèvia o posterior a la seua presència en la cita. “El president del partit no demana permís al secretari general, ni al vicesecretari”, ha afegit més tard.

Costa, ben entrenat en interrogatoris judicials, ha anat traslladant la responsabilitat a Camps, llavors president del partit, sense dir el seu nom. “Presidència volia que Orange Market organitzara els actes del partit. Jo cridava als secretaris provincials per a dir que l'empresa que anava amb el president era Orange Market”, ha dit en ser preguntat per si va participar en l'intent d'expansió de l'empresa de la filial de la Gürtel per la Comunitat Valenciana. Álvaro Pérez va intentar fer-se amb l'organització d'actes en les diputacions de Castelló i Alacant que els seus dirigents van rebutjar.

Costa ha afegit que també es va comentar en aqueixa reunió que la direcció nacional obriria un concurs per a decidir quina empresa organitzava el congrés -en el qual finalment la triada no va ser Orange Market, sinó l'empresa de la seua cunyada-. També ha negat haver rebut ordre alguna sobre no contractar amb Orange Market, perquè, d'haver-se donat, haguera cessat la relació.

Durant la seua compareixença en la comissió de les Corts que investiga la gestió de Fira València, s'ha remès en nombroses ocasions a la seua declaració en l'Audiència Nacional, especialment quan ha sigut preguntat pel finançament il·legal del partit.

El exsecretario general del PPCV Ricardo Costa ha afirmado este jueves que ni participó en la contratación ni tomó “ninguna decisión” sobre cómo organizar el congreso nacional que el PP celebró en Feria Valencia en 2008 a propuesta de Francisco Camps y en el que Mariano Rajoy resultó elegido presidente del partido.

La decisión se tomó, según declaraciones de anteriores comparecientes, en una cena entre el extesorero Luis Bárcenas, Francisco Camps y su jefa de gabinete, y el propio Costa. Según el popular, en la cena sólo se habló de traer el cónclave a Valencia y su compromiso se limitó a movilizar a la militancia para el acto de clausura. “Yo no tengo constancia de que se asumiera el compromiso”, ha dicho al ser preguntado por si el PP valenciano prometió que pagaría la factura de medio millón de euros que finalmente ordenó pagar un juez a la dirección nacional por el citado evento. No obstante, no descarta que se diera una conversación entre Camps y Bárcenas previa o posterior a su presencia en la cita. “El presidente del partido no pide permiso al secretario general, ni al vicesecretario”, ha añadido más tarde.

Costa, bien entrenado en interrogatorios judiciales, ha ido trasladando la responsabilidad a Camps, entonces presidente del partido, sin decir su nombre. “Presidencia quería que Orange Market organizara los actos del partido. Yo llamaba a los secretarios provinciales para decir que la empresa que iba con el presidente era Orange Market” ha dicho preguntado por si participó en el intento de expansión de la empresa de la filial de la Gürtel por la Comunitat Valenciana. Álvaro Pérez intentó hacerse con la organización de actos en las diputaciones de Castellón y Alicante que sus dirigentes rechazaron.

Costa ha añadido que también se comentó en esa reunión que la dirección nacional iba a abrir un concurso para decidir qué empresa organizaba el congreso -en el que finalmente la elegida no fue Orange Market, sino la empresa de su cuñada-. También ha negado haber recibido orden alguna sobre no contratar con Orange Market, porque, de haberse dado, hubiera cesado la relación.

Durante su comparecencia en la comisión de las Corts que investiga la gestión de Feria Valencia, se ha remitido en numerosas ocasiones a su declaración en la Audiencia Nacional, en especial cuando ha sido preguntado por la financiación ilegal del partido.

La sospita de finançament irregular del PP a través de la trama Gürtel torna a fer ombra sobre la carrera política de la líder valenciana dels populars, Isabel Bonig. Ara el focus s'ha posat en dos actes de la campanya de les eleccions municipals del 2007, quan Bonig va aconseguir l'alcaldia de la Vall d'Uixó, que haurien sigut organitzats per Orange Market i no apareixerien en la comptabilitat oficial del PP, fet que investiga la UDEF de la policia nacional.

Els documents que acreditarien aquest finançament en B els publica El Confidencial i estan en annexos de la UDEF fins ara inèdits que acompanyen un document general datat el 30 de setembre del 2014 sobre el finançament de les campanyes locals del PP.

Els actes en qüestió organitzats per l'empresa d'Álvaro Pérez 'El Bigotes' serien una conferència de seguretat i polítiques d'interior que va tenir lloc a la Vall d'Uixó el 9 de març de 2007 -acte de caràcter regional organitzat pel PP- i un míting electoral el 24 de maig. Segons El Confidencial, l'import facturat va ser de 4.700 euros, i va quedar anotat en l'arxiu 'Actes València' de la comptabilitat interna d'Orange Market.

Es destaca que el segon concepte es refereix a l'acte electoral central d'Isabel Bonig a la Vall d'Uixó que es va organitzar en el Teatre Principal de la localitat, on es van realitzar les propostes estrella de campanya. Tres dies més tard, el 27 de maig, Bonig es feia amb l'alcaldia de la Vall d'Uixó amb majoria absoluta del PP.

El Confidencial també explica que fonts del PP valencià properes a Bonig afirmen desconèixer com es va finançar l'acte, i que es renten les mans i deixen la responsabilitat en la direcció regional del moment, la jutjada amb Ricardo Costa i Vicente Rambla al capdavant, i de la qual Francisco Camps de moment s'hauria lliurat. D'altra banda, també es ressalta que Bonig no ha sigut cridada a declarar en el procés, ni com a testimoni.

Segona vinculació a Bonig

Aquesta nova vinculació a la trama Gürtel de la qual s'hauria beneficiat la carrera política d'Isabel Bonig s'uneix a la implicació també de l'empresa Secopsa, que hauria ajudat la líder del PP pujar a l'alcaldia.

Ricardo Costa en la seua confessió sobre el finançament il·legal del PP va explicar que l'empresa Secopsa va pagar el 2007 15.000 euros en B al partit per a la campanya municipal i autonòmica d'aquell any. Aqueixa empresa posteriorment seria beneficiada per Bonig en accedir a l'alcaldia.

Isabel Bonig, una vegada instal·lada ja en el govern municipal de la Vall d'Uixó, va liquidar l'empresa pública SUMA de recollida de brossa urbana i neteja, tot privatitzant el servei i cedint-ho a Secopsa. La contracta anava acompanyada dels camions, personal, locals i maquinària de l'antiga empresa per 20 anys.

La sospecha de financiación irregular del PP a través de la trama Gürtel vuelve a ensombrecer la carrera política de la líder valenciana de los populares, Isabel Bonig. Ahora el foco se ha puesto en dos actos de la campaña de las elecciones municipales de 2007, cuando Bonig alcanzó la alcaldía de la Vall d'Uixó, que habrían sido organizados por Orange Market y no aparecerían en la contabilidad oficial del PP, hecho que investiga la UDEF de la Policía Nacional.

Los documentos que acreditarían esta financiación en B los publica El Confidencial y están en anexos de la UDEF hasta ahora inéditos que acompañan un documento general fechado el 30 de septiembre de 2014 sobre la financiación de las campañas locales del PP.

Los actos en cuestión organizados por la empresa de Álvaro Pérez 'el Bigotes' serían una conferencia de seguridad y políticas de interior que tuvo lugar en la Vall d'Uixó el 9 de marzo de 2007 -acto de carácter regional organizado por el PP- y un mitin electoral el 24 de mayo. Según El Confidencial, el importe facturado fue de 4.700 euros, y quedó anotado en el archivo 'Actos Valencia' de la contabilidad interna de Orange Market.

Se destaca que el segundo concepto se refiere al acto electoral central de Isabel Bonig en la Vall d'Uixó que se organizó en el Teatro Principal de la localidad, donde se realizaron las propuestas estrella de campaña. Tres días más tarde, el 27 de mayo, Bonig se hacía con la alcaldía de la Vall d'Uixó con mayoría absoluta del PP.

El Confidencial también explica que fuentes del PP valenciano cercanas a Bonig afirman desconocer cómo se financió el acto, lavándose las manos y dejando la responsabilidad en la dirección regional del momento, la juzgada con Ricardo Costa y Vicente Rambla a la cabeza, y de la que Francisco Camps de momento se habría librado. Por otro lado, también se resalta que Bonig no ha sido llamada a declarar en el proceso, ni como testigo.

Segunda vinculación a Bonig

Esta nueva vinculación a la trama Gürtel de la que se habría beneficiado la carrera política de Isabel Bonig se une a la implicación también de la empresa Secopsa, que habría ayudado a la líder del PP a auparse a su alcaldía.

Ricardo Costa en su confesión sobre la financiación ilegal del PP explicó que la empresa Secopsa pagó en 2007 15.000 euros en B al partido para la campaña municipal y autonómica de aquel año. Esa empresa posteriormente sería beneficiada por Bonig al acceder a la alcaldía.

Isabel Bonig, una vez instalada ya en el gobierno municipal de la Vall d'Uixó, liquidó la empresa pública SUMA de recogida de basura urbanas y limpieza, privatizando el servicio y cediéndolo a Secopsa. La contrata iba acompañada de los camiones, personal, locales y maquinaria de la antigua empresa para 20 años.

L'expresident de la Diputació d'Alacant i del PP de la mateixa província, el tercer baró popular que passa aquest dijous per les Corts Valencianes, ha seguit la línia dels seus antecessors en la comissió d'investigació dels recintes firals. José Joaquín Ripoll, oposició a Francisco Camps en el partit, va ser president provincial fins que va dimitir el 2011 per la seua imputació en el 'cas Brugal'.

Ripoll ha negat vinculació de la institució que dirigia amb Orange Market, l'empresa dels capitosts de la trama Gürtel, malgrat que el diputat d'esports apareix citat en els enregistraments. En concret, en una conversa, Francisco Correta comenta que l'alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, diputat d'esports llavors i vicepresident actual de la Diputació amb César Sánchez, els organitza una festa: “Bernabé ens va dir que en muntava una de puta mare amb ties al seu poble”. Més endavant, i segons ha reconegut el mateix Ripoll, es van barallar.

Preguntat per la diputada de Compromís Mireia Mollà, l'expresident provincial ha dit que Bernabé Cano li va suggerir que contractara amb Orange Market per a organitzar una gala esportiva a Alacant i un acte electoral del partit. “El diputat d'esport [Bernabé Cano] va voler que [Orange Market] fera la gala i la resta entra en l'àmbit en el partit. Com a president provincial vaig considerar que en aquell congrés, que era de confrontació, apuraríem fins a les últimes la decisió”, ha dit Ripoll. “No vaig autoritzar ni un acte ni un altre i no li diré altres coses perquè no són motiu d'aquesta comissió”, ha afegit l'expresident provincial.

El congrés del PP provincial del 2008 va situar Ripoll com a líder alacantí enfront de Manuel Pérez Fenoll, el candidat de Francisco Camps, per una diferència de cinc vots.

Posteriorment, el PP de la província d'Alacant va pagar 12.000 euros a Orange Market per un acte de Luis Díaz Alperi, alcalde d'Alacant, en el port, el 24 de febrer del 2007. “Ens van demanar que ho posàrem com a despesa nostra” ha dit Ripoll, que diu que l'organització provincial no va pagar aqueixa despesa. “L'acte no el va organitzar la direcció provincial però ens van demanar que ho incloguérem en els comptes electoral. No sé si ho va fer la local o l'autonòmica. Em fa parlar de coses que no són d'aquesta comissió. No vam participar com a direcció provincial, però es va fer a Alacant i es va incloure en el resum de despeses electorals”, ha assenyalat.

Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat i exministre de Treball amb José María Aznar, ha emès un comunicat en resposta a la declaració de l'ex cap del Consell Francisco Camps, que aquest dimecres ha comparegut com a testimoni en el judici de Gürtel pel finançament il·legal del PP valencià que es desenvolupa en l'Audiència Nacional.

Zaplana ha rebut “amb sorpresa” les paraules de Camps en les quals assegurava que va ser l'exministre qui va introduir Álvaro Pérez 'El Bigotes' i Orange Market a la Comunitat Valenciana: “No he de fer molts esforços per a demostrar la falsedat de tal afirmació”, ha dit.

El també exalcalde de Benidorm ha ironitzat: “De ser cert les afirmacions del senyor Camps, seria l'única cosa en què hauria seguit les meues directrius”. Al mateix temps ha recordat que l'hemeroteca està “plagada” d'“exemples il·lustratius” del que succeïa a la Comunitat Valenciana a partir del 2002, quan va abandonar la Generalitat.

Zaplana ha fet referència a la pèssima relació entre tots dos expresidents des que va abandonar la prefectura del Consell: “Per posar només un exemple, en la campanya de l'any 2008 fins i tot sent portaveu del Grup Popular en el Congrés, no vaig poder comparèixer per la meua circumscripció de València”. “Tothom ha de tenir present les dates en les quals Orange Market va iniciar la seua activitat, així com les declaracions dels mateixos protagonistes”, ha insistit.

Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat y exministro de Trabajo con José María Aznar, ha emitido un comunicado en respuesta a la declaración del exjefe del Consell Francisco Camps, que este miércoles ha comparecido como testigo en el juicio de Gürtel por la financiación ilegal del PP valenciano que se desarrolla en la Audiencia Nacional.

Zaplana ha recibido “con asombro” las palabras de Camps en las que aseguraba que fue el exministro quien introdujo a Álvaro Pérez 'El Bigotes' y a Orange Market en la Comunitat Valenciana: “no tengo que hacer muchos esfuerzos para demostrar la falsedad de tal afirmación”, ha dicho.

El también exalcalde de Benidorm ha ironizado: “de ser cierto lo afirmado por el señor Camps, sería lo único en lo que habría seguido mis directrices”. Al tiempo que ha recordado que la hemeroteca está “plagada” de “ejemplos ilustrativos” de lo que sucedía en la Comunitat Valenciana a partir de 2002, cuando abandonó la Generalitat.

Zaplana ha hecho referencia a la pésima relación entre ambos expresidents desde que abandonó la jefatura del Consell: “por poner sólo un ejemplo, en la campaña del año 2008 aun siendo portavoz del Grupo Popular en el Congreso, no pude comparecer por mi circunscripción de Valencia”. “Todo el mundo debe tener presente las fechas en las que Orange Market inició su actividad, así como las declaraciones de los propios protagonistas”, ha insistido.

El dueño de la pirotecnia Caballer, Vicente Caballer, ha reconocido este martes en el juicio que acoge la Audiencia Nacional por la rama valenciana de la trama Gürtel que Orange Market, que la empresa del cabecilla Francisco Correa pagó los fuegos artificiales que contrató el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) para el acto de campaña del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, celebrado en la Plaza de Toros de València en el año 2008.

Vicente Caballer, que ha comparecido en calidad de testigo, ha negado en un primer momento trato alguno con esta empresa de la trama si bien, ante la insistencia del titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, ha acabado reconociendo la existencia de facturas en las que consta que Orange Market habría abonado los pagos relativos a trabajos para la formación popular de la Comunitat Valenciana.

Con todo, el pirotécnico ha matizado que los contratos para disparar fuegos artificiales en diferentes actos del PP valenciano los cerraba siempre con la formación regional y que “jamás” hizo negocios directos con la empresa de la trama pese a las facturas expuestas durante la sesión de este martes por el representante del Ministerio Fiscal. Una de ellas, relativa a los fuegos artificiales en los actos de campaña que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, celebró en la Plaza de Toros de València por valor de 15.000 euros.

El juez ha citado a Vicente Caballer después de que el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa explicara ante el juez durante su interrogatorio como investigado que la contratación de esta empresa fue una “petición expresa” del entonces presidente de la Comunitat Valenciana y del PP regional, Francisco Camps, como “complemento” en estos actos centrales y que fue pagado con dinero negro.

“No conocemos a esta empresa de nada”

Sobre este trabajo Vicente Caballer Ramírez ha reconocido la existencia de un correo electrónico enviado por Cándido Herrero empleado de Orange Market a una de sus hijas que está al frente del negocio familiar dos días antes la firma de la factura, el 6 de marzo de ese año. Eso sí, el empresario valenciano ha puntualizado que ni él ni sus hijos han tratado de forma directa con nadie de la empresa del cabecilla de la trama.

“A nosotros posiblemente se nos ha dicho que este señor nos pagará pero nunca hemos trabajado con Orange Market. No conocemos a esta empresa para nada”, ha respondido Vicente Caballer al ser preguntado por otras dos facturas de 29.000 euros por disparar fuegos artificiales en la Volvo Ocean Race (Vuelta al Mundo por etapas) de Alicante.

Al respecto ha precisado que llevan cerca de 150 años de actividad dentro de la legalidad (la empresa tiene 138 de historia) y que en ese tiempo han trabajado disparando fuegos artificiales con partidos de todo color político y en todo tipo de eventos llegando a representar a España en 34 actos internacionales. Un juzgado de Valencia declaró en concurso de acreedores de Pirotecnia Caballer y de la sociedad Vicente Caballer e Hijos.

Francisco Correa, capitost de la trama Gürtel, s’ha negat inicialment per videoconferència a declarar per consell del seu advocat en la comissió sobre Fira València que investiga en les Corts Valencianes el forat de 1.000 milions d’euros en la institució firal valenciana. “M’encantaria passar-me un dia sencer explicant-los-ho, però no em deixen”, ha dit a través del plasma. “Els avance que en aquella època la meua activitat estava centrada a Amèrica”, ha comentat Correa, que ha assegurat que respondrà quan les altres causes estiguen tancades.

No obstant això, Correa ha insistit: “Tot va ser un muntatge per a fer mal a un partit des d’un altre partit. S’ha demostrat que en la meua empresa no hi ha delinqüents, una altra cosa són els delictes que haja comés jo de tipus fiscal”.

Així mateix, ha afegit: “Ara tot és corrupció”. “Com no he de fer regals a un client que és boníssim, com no he de regalar a Ana Mato un pallasso i un aniversari, si a la meua empresa no li costa un duro”, ha defensat en relació a les acusacions que pesen sobre ell.

Des de la presó de Valdemoro, on compleixen condemna per les mossegades de la Gürtel a València, els tres capitostos de la trama –Álvaro Pérez, Francisco Correa i Pablo Crespo– han comparegut en la comissió parlamentària.

Compromís i PSPV consideren que hi ha prop d’un milió d’euros en factures “sense aclarir”, entre els anys 2007 i 2008, que no van passar per cap certamen. La formació valenciana ha preguntat per les relacions entre Orange Market, Fira València i el Partit Popular. La diputada Teresa García assenyala que s’assemblen als contractes de Laterne, empresa investigada en el cas Taula. La filial de la Gürtel a València va cobrar de la Fira 1,5 milions d’euros per activitats de comunicació.

‘El Bigotes’ i els cursos de cuina

“Tindria molt de gust a contestar i passar-me el matí amb vostés i explicar-los-ho, però haurà d’entendre que no vulga declarar per les meues causes obertes”. És pràcticament l’única resposta que han obtingut els diputats valencians –en concret, Teresa García, de Compromís– d’Álvaro Pérez ‘El Bigotes’. Pablo Crespo també s’ha negat a contestar.

Després d’escoltar el relat dels diputats, ‘El Bigotes’ ha fet dues peticions peculiars a la Cambra. La primera, que parlen en castellà, perquè el seu advocat “no se n’assabenta”. La segona, que li deixen abandonar la comissió per a assistir a cursos de cuina.

Per a rematar la seua intervenció, el presoner ha advertit els diputats: “No es fien de tot el que diuen els mitjans de comunicació”. “Vostés només han vist la cara A del disc, que és la roïna. Jo promet anar a València a explicar-li la cara B”, ha respost al diputat socialista José Muñoz. “Els donaré el titular de hui, que amb el que passa a Espanya no eixirien en el telenotícies”, ha dit després de prometre que donarà explicacions. “Ni són tots els que estan, ni estan tots els que són”, ha comentat en referència a la trama.

Segons la confessió del delator de la trama, l’exregidor del PP de Majadahonda José Luis Peñas, a qui van oferir un lloc de responsabilitat en l’organisme, Correa i les seues empreses tenien “ un control total, complet i absolut” sobre la institució firal valenciana.

A los cabecillas de la trama Gürtel todavía les queda algún interrogatorio. El próximo, en plasma y desde prisión. Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez (conocido como 'El Bigotes') declaran este jueves ante los diputados valencianos para explicar su papel en Feria Valencia. En concreto, los contratos del organismo con Orange Market, empresa que dirigían y que mediaba para la trama en Valencia. La filial de la Gürtel en Valencia cobró de la Feria 1'5 millones de euros por actividades de comunicación.

El trío, que permanece en la prisión de Picassent desde febrero, es responsable de amañar contratos de la Generalitat valenciana para la Feria Internacional de Turismo (Fitur), según sentenció el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Ahora los parlamentarios autonómicos tratan de desgranar sus relaciones con Feria Valencia, un organismo en el que abundaban los gastos obscenos en sus directivos, los regalos lujosos a políticos, los sobrecostes en las obras, y que ha dejado un agujero millonario (de mil millones, en concreto) en las arcas públicas.

Según la confesión del delator de la trama, el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas, a quien le ofrecieron un puesto de responsabilidad en el organismo, Correa y sus empresas tenían “un control total, completo y absoluto” sobre el recinto ferial. Así lo declaró en la misma comisión ante la que debe comparecer la cúpula, donde se refirió a que 'El Bigotes' -el brazo de Correa en Valencia- y sus compañeros en los negocios tenían “acceso directo” al president de la Generalitat, políticos de confianza -cuyos nombres dijo desconocer- y era un hombre que “entraba en Presidencia y Vicepresidencia como quería, en la rebotica, tenía acceso a todo lo que quisiera”. En la época que se investiga, era Francisco Camps el presidente de la Generalitat.

La exdirectora de marketing de la Feria, Cristina Olmeda, también señaló una posición privilegiada de los cabecillas de la trama en el organismo. La responsable explicó que fueron Pérez, Correa y Crespo quienes la entrevistaron en Madrid para ofrecerle el puesto en Valencia, con un complemento salarial de mil euros por la mudanza que pagaría Orange Market.

Según la propuesta del calendario de la comisión, el extesorero del PP, Luis Bárcenas está llamado a comparecer el próximo 7 de diciembre, el mismo día que el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel y el expresidente de la Diputación de Valencia y vocal nato del patronato de la institución ferial Fernando Giner.

La actividad de la trama en Feria Valencia no ha sido investigada por la justicia y serán los diputados valencianos los primeros en tener la oportunidad de preguntar a la cúpula de la Gürtel sobre esta cuestión.

La competencia entre empresas para obtener contratos de la Administración adquirió un nuevo cariz a mediados de la pasada década en la Generalitat valenciana. Dos sociedades dedicadas a campañas de publicidad y organización de eventos pugnaron por financiar con dinero negro al PP, que controlaba todas las instituciones, a cambio de adjudicaciones. Y en esa partida, ganó el equipo local. De tal forma que el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, confesó a eldiario.es que la delegación que había montado en Valencia no podía competir con el grupo de José Alfredo Vedri en ganar el favor del PP de Francisco Camps.

“En cuatro o cinco años, a Orange Market se le adjudicaron muy pocos concursos, y a Engloba, en un solo año, se le adjudicaron unos sesenta con la Generalitat”, explicaba Correa en la citada confesión por escrito. Con esos datos, y otros sobre el método de financiación ilegal del partido de Mariano Rajoy, el presunto jefe de la Gürtel negoció con la Fiscalía Anticorrupción una rebaja en la petición de condena para los juicios que le restan. Las pretensiones de Francisco Correa hicieron, sin embargo, que el Ministerio Público descartara cualquier posibilidad de pacto.

La cadena Ser informó este lunes de que Engloba y sus 14 filiales obtuvieron adjudicaciones de 11 consejerías de la Generalitat valenciana por valor de 30 millones de euros, la mayoría con Francisco Camps de presidente. Estas adjudicaciones están siendo investigadas dentro de la causa bajo secreto que instruye un juzgado de Valencia por la financiación irregular del PP local, la llamada Operación Taula. En el transcurso del operativo resultó detenido el dueño de Engloba, José Alfredo Vedri.

El viento comenzó a soplar a favor de Vedri ya en 1999, pero fue con el ascenso al poder de Camps, en 2003, cuando se dispararon las adjudicaciones de las que fue beneficiario. Por aquel entonces, Francisco Correa no tenía necesidad de ampliar un negocio que con el PP madrileño y el de Génova le reportaba enormes beneficios.

Pero Aznar dejó la Presidencia del partido y le sustituyó Mariano Rajoy, enfrentado a José Cuiña, el secretario general del PP gallego entonces. La mano derecha de Correa, Pablo Crespo, era hombre de Cuiña y los contratos del PP con las empresas de Correa comenzaron a decaer, según la confesión del presunto cabecilla de la Gürtel, entregada en la primavera de 2015 y publicada en octubre, después de que su autor diera la espantada en las negociaciones que mantenía con la acusación popular. 

El cambio de caras en Madrid no tenía, sin embargo, por qué suponer el fin de los vínculos entre Francisco Correa y sus socios con el PP. Para entonces, campañas electorales y eventos habían hecho de él y de Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, dos elementos más del paisaje con fondo azul del Partido Popular. “Álvaro conoce en un mitin a Francisco Camps, con quien establece una buena relación, lo que nos hace ver la posibilidad de trabajar con el PP de Valencia”, explica Correa en la confesión que eldiario.es publicó en octubre pasado. “Para ello se abrió una pequeña estructura y se creó Orange Market, y Álvaro Pérez se fue a vivir a Valencia…” Comenzaba la aventura valenciana para los dos conseguidores.

En su relato, Correa coloca a Camps en el centro de la trama de la financiación irregular. Así lo pone de manifiesto cuando asegura que la concesión de la organización del stand de Valencia en Fitur fue “por orden” del entonces presidente de la Generalitat. En el juicio por la organización de Fitur en julio pasado, Correa no fue tan allá y se limitó a declarar: “Es posible que Camps le dijera a Álvaro Pérez: ¿Por qué no te animas y vienes a hacer alguna campaña”, aseguró Correa en julio, cuando le tocó declarar en la vista oral del caso Fitur. Entonces se hizo el desentendido sobre los negocios que Álvaro Pérez movía en Valencia.

Había algo en la Comunidad Valenciana con lo que no contaban, sin embargo, 'El Bigotes' y Correa. Así lo explica éste último: “Al final, en Valencia tampoco tuvimos grandes adjudicaciones de eventos o campañas de comunicación de la Generalitat, que le fueron adjudicadas en su mayor parte a Engloba, que tenía el 80% de las adjudicaciones”. Según apunta ahora la investigación de la Fiscalía y la Guardia Civil, Engloba ya acaparaba la vía de financiación irregular del PP valenciano vía campañas de publicidad y celebración de eventos.

“Se nos concedió Fitur, una parte de la visita del Papa (subcontratado) por parte de la Generalitat, y pequeños contratos (Open de Tenis, etc..). Sin embargo, hacíamos todas las campañas y mítines del PP”, explica Correa. Pero no era suficiente. Hasta tal punto que la influencia de Vedri en la Generalitat, en detrimento de la Gürtel, provocó una crisis en el seno de la red que dirigía Correa. “El hecho de que Álvaro Pérez no fuese capaz de conseguir más contratos públicos de la Generalitat provocó fuertes broncas con él, porque los beneficios de los eventos para el PP (mítines y campaña, una cada cuatro años) no resultaba rentable para mantener la estructura en Valencia”, relató el cabecilla de Gürtel.

La participación de Engloba en la financiación irregular del PP valenciano iba a ser una de las bazas a jugar por Correa para obtener beneficios. Así queda en el final de esta parte del relato que Correa hizo a eldiario.es: “El Ministerio Fiscal puede comprobar la gran diferencia de adjudicaciones de contratos de la Generalitat con Engloba y Orange Market, u otras empresas”.

De nuevo el 3%

Según la información de la cadena Ser, la mayoría de los contratos que conseguía Vedri eran a través de un procedimiento negociado, sin publicidad, en el que la Generalitat invitaba a tres empresas. Y las tres eran de Vedri. En otras ocasiones, ni siquiera era necesario. Se establecía el procedimiento de urgencia y se adjudicaba a dedo. A cambio, el empresario entregaba presuntamente un 3% a los políticos del PP valenciano. Una parte era para ellos, otra para el partido.

Otra vez el 3% del que ya habló Correa en la financiación irregular del PP a nivel nacional. En su confesión, Francisco Correa desvela su verdadero papel en la trama de la caja B. El era el encargado de buscar a empresarios para Luis Bárcenas, que acordaba con ellos la entrega del dinero negro. “Cuando se producía una adjudicación, los empresarios me entregaban, siempre en efectivo, el importe de la comisión, que yo posteriormente trasladaba a Luis Bárcenas, después de deducir mi participación. El importe de la comisión que se cobraba a los empresarios era normalmente del 2-3%, dependiendo del importe”, explicó Correa.

Ni que ‘El Bigotes’ fuera bautizado como “amiguito del alma” por Camps, ni el bolso de Louis Vuitton a Rita Barberá servían para hacer frente a la agencia de comunicación de Vedri. Tampoco que Milagrosa Martínez, que posteriormente sería presidenta de las Cortes Valencianas, recibiera el regalo de un reloj Hublot“ cuando era consejera de Turismo.

También su jefe de gabinete, Rafael Betoret, recibió regalos, en concreto, los trajes por los que fue condenado al asumir voluntariamente que había cometido un delito de cohecho impropio, un delito que Camps negó y con ello logró ser absuelto, según Correa. “A Ricardo Costa se le regaló una motocicleta. Ignoro la marca aunque sé que tenía dos ruedas delante. No estaba a su nombre y posteriormente la devolvió (puedo preguntar los pormenores)”, añadía en su confesión.

A Costa, quien fue secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, diputado y portavoz parlamentario, le atribuye Correa la responsabilidad en una pieza en la que el político también está imputado: la de la financiación ilegal del PP valenciano, que habría recibido fondos de diversos empresarios a través de Orange Market para pagar actos de dos campañas electorales en 2007 y 2008. “Ricardo Costa fue quien propuso y obligó, y por decir la verdad en contra del criterio de Pablo (Crespo), a que facturásemos a constructores obviamente por servicios no prestados a ellos”, afirmó.

Fue en noviembre de 2009 cuando los socialistas valencianos presentaron su denuncia por financiación irregular y se querellaron contra la cúpula autonómica del PP, varios miembros de la trama de Francisco Correa y cinco empresarios. Ángel Luna, Carmen Ninet, Ximo Puig y Cristina Moreno, que formaban entonces la dirección del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, firmaron la querella, basada en un informe de la Brigada de Blanqueo, despreciado en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que había detectado las maniobras irregulares durante la investigación del caso Gürtel. De ahí arrancan las piezas sobre la financiación del PP y sobre el saqueo cometido con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006.

Durante unas semanas, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, impulsor de esa acción, que consistía en llevar la denuncia de la corrupción política a los tribunales, fue objeto de todo tipo de presiones. Diversas organizaciones empresariales emitieron comunicados en los que mostraban su indignación porque se pusiera en duda la honorabilidad de las empresas valencianas. Rafael Ferrando, a la sazón presidente de la Cierval, la organización patronal de ámbito autonómico, clamó contra la utilización del empresariado “como arma arrojadiza entre los partidos políticos”. Y el presidente de la patronal alicantina Coepa, Rafael Martínez, criticó la “utilización indebida de la figura del empresario”. Hoy negocia este último con la Fiscalía Anticorrupción y con la acusación popular que ejerce el PSPV-PSOE para confesar, como han hecho Ortiz, Beviá y Pons, porque su empresa, Hormigones Martínez, también acabaría metida en el caso.

Las críticas por la “judicialización” de la política llovieron sobre Alarte y la dirección socialista valenciana de aquel momento. Y no fue solo el PP, con su impávida capacidad para convertir sus fechorías en conspiraciones de los adversarios. En las propias filas del PSOE hubo notables resistencias. No gustaba la iniciativa en la sede de la calle de Ferraz ni, como evidenció José Blanco cada vez que se pasó por Valencia en años sucesivos para regañar a los dirigentes de la calle de Blanqueries, en la ejecutiva que lideraba José Luis Rodríguez Zapatero. Que la denuncia de la corrupción no produce dividendos electorales era lo más confesable de una argumentación impresentable.

Hubo suerte porque Alarte y los suyos decidieron, pese a todo, cumplir con su obligación. Su actitud frente a la corrupción no salvó la carrera política de su líder ni evitó la deriva de su partido, hoy en el poder al frente de la Generalitat, aunque en un gobierno de coalición, tal vez porque entonces se hizo lo que había que hacer. Es importante recordar, sin embargo, que lo que a estas alturas parece obvio no lo era entonces, que hubo que romper muchos prejuicios y vetos interesados, y mucha manipulación (véase Canal 9). La corrupción ha salido a luz y ha sido combatida porque ciertos políticos, como ciertos jueces, fiscales y policías, y como ciertos periodistas, hicieron su trabajo contra la farisea indignación de las fuerzas vivas y la critica mercenaria de demasiados medios de comunicación. Desde el escandalizado rechazo general que hoy impera frente a la corrupción, es muy recomendable consultar la hemeroteca para saber, al principio, quién estaba con qué.

La fiscal del juicio por los contratos de la Generalitat con las empresas de Francisco Correa para Fitur ha defendido este viernes en la primera de las vistas dedicadas a las conclusiones, la legalidad de la modificación de su acusación para añadir el delito de asociación ilícita.

Atribuye este delito tanto a los considerados cabecillas de la red Gürtel como a sus trabajadores, no a los políticos y empleados de la administración procesados, por entender que el grupo de empresas de Francisco Correa fueron creadas “con la exclusiva finalidad de delinquir”.

“Una vez que se practica toda la prueba, se celebra juicio oral, se producen elementos fácticos que conlleven necesidad de realizar modificaciones”, ha apuntado la fiscal, quien ha citado doctrina del Supremo al respecto.

“El Supremo sólo pone un límite, que esas modificaciones no conlleven la modificación esencial de los hechos, y ese límite no ha sido traspasado por el Ministerio Fiscal”, ha agregado.

En caso contrario “el juicio oral sería un fósil, por eso existe ese precepto legal y la abrumadora jurisprudencia del Supremo”, ha insistido.