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Los financiadores del PP valenciano: el rey del agua en Castellón, los amos de Alicante y el especulador que cuida dependientes

Los empresarios que han confesado en el juicio del caso Gürtel fueron y son de los mayores contratistas de la administración autonómica, provincial y local de la Comunidad Valenciana con una facturación en 2016 de unos 300 millones

Grabaciones de la policía desvelaron que el exdirector general de la policía con Aznar quería "llenar" las residencias de mayores de la Generalitat concertadas con los constructores Ortiz y Cotino

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Los empresarios que han reconocido financiar al PP Vicente Cotino (i) y Enrique Gimeno (d), durante el juicio.

Los empresarios que han reconocido financiar al PP Vicente Cotino (i) y Enrique Gimeno (d), durante el juicio. EFE

Los empresarios valencianos que han reconocido financiar al Partido Popular de la Comunitat Valenciana no son unos patronos cualquiera. Entre los nombres de los corruptos confesos se encuentran, desde el expresidente de la patronal alicantina Coepa, Rafael Martínez Berna; a la empresa que ostenta el monopolio del agua en Castellón, Facsa de Enrique Gimeno; pasando por las constructoras que gracias a una ley del PP se convirtieron en la firma con más plazas concertadas en residencias para mayores, Sedesa y Grupo Cívica de Vicente Cotino y Enrique Ortiz, respectivamente. 

Entre todos y sin contar a Piaf (de los hermanos Antonio y Alejandro Pons Dols que está en concurso de acreedores) ingresaron el pasado año gracias a la contratación pública alrededor de 300 millones de euros. Gestión del ciclo integral del agua, depuradoras, limpieza de edificios públicos, recogida de basuras, mantenimiento de carreteras, trabajo con dependientes y obra pública. Todos los sectores donde existe inversión pública y que dependen de los ciclos políticos.

El primero en pactar con la fiscal y uno de los empresarios más importantes de Alicante es Enrique Ortiz, del grupo Cívica, conocido también por las grabaciones del caso Brugal como "la polla insaciable". Fue el patrono que abrió el camino a los demás y quien tiene otras causas por presunta corrupción abiertas.

Ortiz es conocido por haber presidido el Hércules Club de Fútbol y sus empresas continúan viento en popa pese a la crisis y sus implicaciones en escándalos políticos En 2016 sus empresas tuvieron un beneficio de 26 millones de euros con contratos tan importantes como la recogida de basura de Alicante. Con sólo una multa de 109.000 euros se ha librado de la cárcel tras confesar en el caso Gürtel.

A principios de la década del 2000, este constructor diversificó sus inversiones hacia el cuidado de dependientes a la sombra de una ley creada por el exconseller preso Rafael Blasco y regada con dinero a espuertas por el también exconseller Juan Cotino. Como socio eligió a otro de los empresarios confesos. Se trata de Vicente Cotino, con quien montó Savia Geroresidencias, una sociedad que tienen concertadas centenares de plazas públicas de mayores.

El empresario Gabriel Batalla declara en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano

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En 2009, la policía intervino una conversación entre Vicente Cotino y Enrique Ortiz, mientras el primero estaba de viaje en el Caribe. En la grabación ordenada por el juez, Ortiz le recuerda que hay que «presionar a Joaquín Martínez (secretario autonómico de Bienestar Social), y añade que «el conseller tiene todo el interés del mundo en llenar nuestras residencias, pero Joaquín Martínez se está tocando los cojones y le da lo mismo llenar las residencias nuestras que las del tío la boina». El conseller era Juan Cotino, tío de Vicente y a quien Álvaro Pérez El Bigotes acusa de ser el recaudador del PP. 

En la actualidad, Savia Geroresidencias continúa gestionado el mismo número de centros concertados para mayores que cuando se le adjudicaron en 2001. El PP le blindó un negocio para dos décadas.

Otro de los empresarios que han confesado haber financiado al PP durante los años 2007 y 2008 es Enrique Gimeno, de la empresa Facsa, que tiene más de un siglo de historia. Gimeno tiene el monopolio del agua en la provincia de Castellón en municipios, en diputación y hasta en las depuradoras de la Generalitat, de las que gestiona el 90 por ciento. No tiene competencia en esta zona, pero tampoco se expande a otras, evidenciando un reparto del mercado más que particular.

Prácticamente sin salir de las comarcas de Castelló, la firma de Gimeno superó en los 100 millones de facturación en 2016 y los 8,5 de beneficio. El pasado ejercicio demostró que los cambios de gobierno a partidos de izquierda no le han afectado. Sigue ganando contratos millonarios.

Otro de los patronos de Castellón que ha aceptado pagar la multa y reconocer los delitos de falsedad documental y delito electoral es Gabriel Batalla. Su familia tenía la propiedad de Lubasa -ya condenada por amañar contratos- y le cambió el nombre para bautizarla como Becsa. Recientemente consolidaron todas las sociedades de la familia como el Grupo Obinesa, donde también tienen concesionarios de coches y una azulejera. Gabriel Batalla es el presidente, aunque el pasado año perdió el control de la sociedad al vender el 55 % al fondo Atitlan de Roberto Centeno, el yerno de Juan Roig.

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Sólo con Becsa, que es la empresa de obra pública que en 2017 ganó un concurso de la Generalitat de 25 millones para mantenimiento de carreteras, la sociedad que preside Batalla facturó en 2016 75 millones. Tuvo 550.000 euros de beneficio.

Rafael Martínez Berna llegó a ser el presidente de la patronal alicantina Coepa. Con su hermano Tomás Martínez Berna son propietarios de Hormigones Martínez, del Grupo Vallalba. Son los "príncipes" de la Gürtel, según la policía, y recientemente ganaron un concurso de más de 20 millones de euros por el mantenimiento de las carreteras del norte de la provincia de Alicante. Como Facsa con el agua en Castellón, en la obra pública también existe un reparto geográfico del mercado. 

Sólo a través de la empresa Hormigones Martínez facturaron en 2016 70 millones de euros y ganaron 1,3. La multa para evadir la cárcel que les impuso la fiscal por confesar les costó alrededor de 400.000 euros. 

Los que peor parados han salido de la crisis y de haber salido salpicados por el caso Gürtel son los hermanos Antonio y Alejandro Pons Dols que, además de haber roto su relación personal, han llevado su empresa Piaf a concurso de acreedores. Son los empresarios más modestos de todos los implicados en la financiación del PP, pero en su día facturaban una media de 30 millones de euros. Piaf también está siendo investigada en otro presunto caso de corrupción vinculada a los populares, en este caso en Vila-real.

"Son todos los que están, pero no están todos los que son", dijo el Bigotes en el juicio de Gürtel.

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