La promotora denunciada por el PSPV podrá obtener cerca de 53 millones con la venta de las viviendas protegidas a cambio de 39 pisos para València

Las permutas de solares a para construir vivienda protegida de València están bajo la lupa y atisban un buen negocio para las constructoras. El PSPV ha denunciado una tercera operación en el consistorio que dirige María José Catalá, el acuerdo por el que el Ayuntamiento cede cuatro solares a una promotora, donde construirá vivienda protegida, a cambio de que esta entregue para el parque público de gestión municipal un edificio con 39 pisos terminados.

Los socialistas llevarán a Fiscalía la operación tras detectar que los pisos, también protegidos, ya estaban en proceso de comercialización y que, según las denuncias recabadas, la promotora Domio quiso anular las reservas para optar al concurso público. Devolvió la señal a las familias, muchas de ellas desconformes, según ha apuntado el PSPV. Los socialistas ven irregularidades en el proceso porque uno de los requisitos para optar al contrato era que las viviendas no estuvieran comercializadas, algo que la empresa debió acreditar. Según el Ayuntamiento, lo hizo mediante declaración responsable, y tanto el consistorio como la promotora defienden la legalidad del acuerdo.

Con todo, al margen del proceso, la fórmula de la permuta de solares por viviendas, el método que el PP valenciano tanto en la Generalitat Valenciana como en el Ayuntamiento de València han priorizado, parece un buen negocio para las constructoras. En este caso, la constructora cambia un edificio de 39 viviendas protegidas en Patraix, que tiene un valor de 9,5 millones de euros, por cuatro solares donde poder construir vivienda protegida de promoción privada, que tienen un valor estimado de 7,9 millones de euros en su conjunto. Dada la aparente pérdida, el Ayuntamiento acordó compensar a la promotora con la diferencia de valor, lo que se traduce en algo más de 1,5 millones de euros, según consta en la documentación del contrato.

Para el acuerdo, el consistorio estima el valor del suelo y el valor conjunto de las viviendas que adquiere, una medida cuestionable para el PSPV. Es un mal negocio para las arcas públicas, sostienen, además de subrayar que es la promotora la que pasa a controlar quién accede a una vivienda protegida. En esos cuatro solares se podrán edificar más de 200 viviendas -el PSPV apunta que cerca de 250-, que, gracias a la actualización de precio por metro cuadrado que aprobó el Consell de Carlos Mazón, se pueden vender por un precio máximo de 2.400 euros por metro cuadrado.

Según los informes municipales, la mercantil recibe una parcela en la calle Vicente Marco Miranda, en el barrio de Malilla, con posibilidad de edificar 14 alturas y 7.800 metros de edificabilidad residencial -8.300 si se suma la terciaria: oficinas, locales u otros usos compatibles-. El valor estimado del edifico es de 17,8 millones de euros por el ayuntamiento, un cálculo similar del que resulta de multiplicar los metros de edificabilidad residencial por el precio máximo del módulo permitido, que serían unos 18,7 millones de euros. Cabe tener en cuenta que el precio se establece por la superficie útil de la vivienda.

En el caso de la parcela de la calle Vicent Miquel Carceller, también en Malilla, permite edificar 14 alturas con 7.213 metros de edificabilidad residencial y 7.749 metros cuadrados de edificabilidad total. El consistorio calcula un valor de 16,8 millones de euros por el edificio como valor en venta equivalente.

Sobre los solares de Nou Moles, en el caso de la calle Brasil, se prevén seis alturas y 4.469 metros de edificabilidad residencial, más 1.212 metros cuadrados de edificabilidad terciaria; unos 13,9 millones de euros según el cálculo del consistorio. El último solar, en la calle Pilota Valenciana, también consta de seis alturas y 1.570 metros de edificabilidad residencial -1.900 si se añade la terciaria- y un valor en venta equivalente del edificio de 4.4 millones de euros.

En total, sumando los inmuebles de los cuatro solares, teniendo en cuenta los metros edificables, la promotora podría comercializarlos por cerca de 52,9 millones de euros. A cambio, entregará un inmueble por valor de 9,5 millones con las viviendas ya construidas, que deben estar listas antes de julio de 2026, y recibe una compensación por la diferencia del valor del suelo y del edificio construido.

Al proceso concurrieron dos constructoras, pero Domio resultó vencedora al tener el trabajo mucho más avanzado. Cuando optó a la licitación tenía prácticamente la mitad del edificio hecho, según consta en la valoración. Los pliegos primaban aquellas ofertas “cuyos proyectos inmobiliarios estén en un estado de tramitación más avanzado, con preferencia para aquellos que acrediten la superación del proyecto básico de edificación visado colegialmente, tengan la licencia de edificación solicitada, la licencia de edificación otorgada por el Ayuntamiento, la calificación provisional de VPO aprobada, el proyecto de ejecución presentado y las obras de edificación iniciadas con indicación de su estado de ejecución”. La constructora adjudicataria cumplía estas condiciones.

Las permutas son uno de los pilares del plan de vivienda de María José Catalá en València, que pretende conseguir mil pisos protegidos en la ciudad antes de que concluya el mandato. Por el momento, la oposición ha alertado sobre tres de estos procesos: uno, porque la empresa que ganó el concurso -la única que se presentó- era del marido de una diputada del PP, que terminó renunciando; otro, una permuta que el PSPV ha llevado a Antifraude, y esta tercera, que llevarán a Fiscalía.