Doce inspectores de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han dimitido este miércoles de sus cargos operativos ante las “purgas estalinistas y las continuas mentiras” del concejal delegado de Seguridad, Javier Barbero, que cesó la semana pasada al director general de Emergencias y al jefe de Bomberos.

Concretamente, se trata del inspector adjunto operativo y 'número dos' del servicio, Juan José García, de los inspectores de Prevención de Incendios y de Planificación, de los subinspectores de Normalización y Decisiones Técnicas, de Organización Interna, de Infraestructuras y de Programación de Cursos y de los jefes de la unidad zona Norte y Centro, de la Unidad de Herramientas, Equipos y Normativas, de la Unidad de Presupuestos y Adquisiciones y de la de Comunicación y Medios.

Así lo ha denunciado en rueda de prensa este mediodía el jefe de subinspector de Normalización y Decisiones Técnicas de los Bomberos, Rubén Gallego, que ha criticado la “alarmante falta de plantilla” que ha puesto al Cuerpo Municipal “al borde del colapso”, algo que aumentará con la aplicación de la normativa de las 35 horas semanales.

Los Bomberos han mostrado un escrito en el que se les comunica que la aplicación de esta nueva jornada podría suponer la reducción de parques, concretamente el situado en la avenida de Asturias, o de servicios durante las jornadas nocturnas o que hubiera menos efectivos por retén, algo que niega el concejal delegado y por el que “no están dispuestos a pasar” los mandos de Bomberos.

“Las cifras señalan que hoy somos menos bomberos que hace cuatro años y que la política seguida por el concejal Barbero se ha basado en el menos precio, la desconsideración y una dejación de funciones impropias de un cargo público”, ha dicho.

La punta del iceberg ha sido, según Gallego, la de pretender aplicar la nueva jornada laboral “sin el más mínimo estudio de impacto, donde la gestión se demuestra inviable, puesto que obligaría a los responsables del Cuerpo a tomar medidas drásticas que supondrían un grave riesgo tanto para la ciudadanía como para el propio bombero”.

Sus propuestas pasan por la cobertura presupuestaria (lo cifran en 5 millones de euros) con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios por el Ayuntamiento y la creación de una OPE extraordinaria, “tan necesaria como urgente”. Y es que consideran que la aplicación de las 35 horas supondría un 10 por ciento menos de efectivo, 20 bomberos de guardia menos al día. “Sin aumento presupuesto es imposible, sería como explicarnos el milagro de los panes y los peces”, ha apostillado.

El subinspector de Normalización considera que los ceses se deben a una cuestión “más ideológica que técnica” atribuible a la negativa de estos ya excargos de aplicar en estas condiciones la nueva jornada laboral en el Cuerpo. “Cuando Barbero entró hace cuatro años habló de un Plan estratégico, del que no sabemos nada y no ha habido incorporaciones, cuando faltan 356 bomberos. Hablan de convocar oposiciones, todas ellas anteriores a su mandato. Desde que ha entrado hasta que salga el bagaje de Barbero es cero, con Javier Barbero, cero”, ha insistido.

También ha reprochado al delegado de Seguridad que ha tenido “problemas” con Samur y Policía Municipal y ha criticado su idea de suplirlo todo con horas extras, cuando estas “tienen una dilación de 7 meses, cosa que no ha pasado nunca jamás”. “Barbero quiere con horas extraordinarias y el que venga después que arree, patata caliente, tierra quemada. Aparte, si se pagan las extras, habrá que dotarlas presupuestariamente”, ha añadido.

El exdirector de Emergencias y Seguridad del Ayuntamiento, Ignacio Becerril, ha dicho en la rueda de prensa que está ahí por “coherencia con su equipo y profesionalidad”. “Traslado mi inmenso agradecimiento a estos enormes profesionales con los que he trabajado, que son fundamentales para la seguridad de la ciudad. Sois un orgullo”, ha manifestado.

Becerril ha explicado que para ellos la jornada de 35 horas es una “auténtica alegría” pero que no estaba dispuesto a que eso supusiera más guardias o bajas en los servicios, algo que fue transmitido al delegado. “No estamos dispuestos a tomar medidas que supongan ninguna merma, por lo que la única medida que se podía adoptar es una ampliación de la cobertura presupuestaria. La solicitamos en noviembre, diciembre y enero, pero nos dijeron que no cabía. Se lo transmitimos y cuando solicité hace unos días ver el delegado me encuentro que somos cesados los dos sin darnos explicaciones”, ha lamentado.

Barbero defiende los ceses

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha asegurado que los relevos en la dirección de Emergencias Madrid y la jefatura de los Bomberos del Ayuntamiento fue una decisión que “está muy bien tomada” al basarse en criterios “sólidos”. 

Estas palabras han tenido lugar antes de una rueda de prensa donde doce inspectores de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han anunciado que dimitían de sus cargos operativos ante las “purgas estalinistas y las continuas mentiras” del concejal. 

Barbero ha enfatizado que las decisiones concretas en torno a la gestión de las distintas partes del área “le toca al concejal” y “no a los sindicatos” pues en esta cuestión tiene criterios que ya ha explicitado. En este sentido, ha comentado que las organizaciones sindicales pueden opinar lo que les parezca oportuno, pues tienen “toda la libertad” para ello, pero ha insistido en que decisión está “muy bien tomada” con “criterios sólidos”. 

Descartan la huelga pero harán protestas 

Los bomberos, que descartan la huelga pero no protestas puntuales, ha criticado que Barbero ha dejado al Cuerpo municipal en una “precariedad absoluta, que se pueden resumir en cuatro años perdidos para el servicio públicos y que a pesar de ello sigue siendo el más valorado por la ciudadanía de Madrid año tras año”.

“El cese del jefe del Cuerpo de Bomberos sorprende aún más si cabe por el poco tiempo que lleva en el cargo, quizá sea por ser el primer jefe que ha sido bombero y que apostó por la inclusión de la escala operativa y la participación en un modelo más moderno y actual, y no en modelos anteriores, abigarrados y decimonónicos”, han expresado en un comunicado.

En opinión de los dimisionarios, el modelo por el que ahora apuesta Barbero se base el “rescate” como nuevo jefe de un oficial jubilado que se incorporó al servicio en 1983. “Lo podemos calificar sin temor a equivocarnos como un modelo sectario. Se refleja en que durante cuatro años hemos tenido dos coordinadores generales, cuatro directores generales, tres jefes de Bomberos, tres directores de Policía Municipal y dos subinspectores del Samur. Dicho modelo se parece más, desgraciadamente, a las denominadas purgas estalinistas que a un modelo democrático”, han concluido.

Javier Barbero (Burgos, 1961) es el concejal de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Es licenciado en psicología y experto en bioética y se encuentra en excedencia de su trabajo en el Hospital de La Paz de Madrid. Alejado del perfil de político profesional, su militancia le llevó a poner en marcha una casa de acogida de Cáritas para toxicómanos enfermos de sida, a la asistencia en cuidados paliativos o a colaborar con la Asociación de Afectados por el 11-M.

Barbero ha estado al frente de una de las áreas más conflictivas del mandato de Manuela Carmena afrontando crisis tales como la muerte de Mame, el mantero que falleció en Lavapiés por una afección cardíaca, la negociación del convenio policial o el chat policial de contenido fascista. Su relación con el Cuerpo de la Policía municipal fue problemático desde el comienzo y apenas ocho meses después de llegar vivió un 'escrache' por parte de 300 agentes. Pero el edil da por zanjada esa crisis y hace balance “positivo” de su relación con la Policía local.

El concejal no se encuentra entre el núcleo más cercano a la alcaldesa aunque asegura que la apoyará tanto si va en la candidatura para 2019 como si no. Barbero forma parte del colectivo Madrid 129 (M129) junto a los también ediles de Ahora Madrid Celia Mayer y Guillermo Zapata, que actualmente negocian cómo integrar la plataforma en la candidatura de Manuela Carmena.

Esta semana se ha vivido un terremoto político con la alianza de Manuela Carmena e Íñigo Errejón que he desatado la peor crisis en Podemos que pone en peligro la confluencia tanto para el Ayuntamiento como para la Comunidad. ¿Qué valoración hace?

Todo lo que sea sumar me parece que es positivo. En la situación que estamos de política estatal, y también autonómica y municipal, necesitamos sumar fuerzas para un objetivo común. Para mí es positivo que Manuela Carmena e Íñigo Errejón sean capaces de ver cuáles son las líneas comunes.

Pero cree que era el momento con las negociaciones empantanadas con Izquierda Unida y con la propia dirección de Podemos...

Soy consciente de la complejidad que esto tiene y de que lo que hay en juego es cómo se sitúa cada cual a la hora de hacer alianzas. Pero como la idea es sumar, creo que se van a limar todas las diferencias para el objetivo común que es que Manuela sea alcaldesa e Íñigo Errejón sea presidente.

¿Sería un fracaso que las fuerzas progresistas que representa M129, Izquierda Unida, Podemos y Manuela Carmena no fueran juntas a las elecciones?

Sería un fracaso que el resultado final no nos llevara a poder gobernar con las distintas fuerzas progresistas. En el cómo es donde puede haber dudas. Yo entiendo que es preferible ir todos juntos porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.

¿Han hecho mal en negociar a espaldas de Pablo Iglesias?

Lo que está claro es que había que pensar en cómo articularnos y en este momento había posiciones distintas. Pero vamos a llegar a una articulación común porque hay generosidad, y esa generosidad todas las partes la han demostrado en muchísimos momentos de la trayectoria de la izquierda desde el 15M. Va a ver generosidad.

¿Cree entonces que habrá acuerdo?

Puede que haya diferencias entre la plataforma que se presente a las elecciones en la Comunidad y el Ayuntamiento, pero se va a intentar sumar. Y desde luego esa es la postura que tengo yo y mi colectivo (M129), la de sumar, sumar y sumar, porque queremos ganar las eleciones y porque esto es muy bueno para la ciudad de Madrid.

Usted está integrado en la plataforma Madrid 129 que quiere estar en la candidatura, ¿cómo van las negociaciones en ese sentido?

Se está hablando también en cómo conformarlo. Nosotros lo que hemos planteado desde el comienzo es saber de qué herramientas de configuración democrática nos podemos dar para seguir sumando.

¿Le gustaría estar de nuevo en la lista de esa candidatura?

Lo dije ya en su momento. Voy a estar apoyando la candidatura de Manuela Carmena esté en primera fila o en quinta fila. Porque es lo que Madrid necesita sin ningún género de dudas. Pero no sé en qué lugar estaré ni tampoco es lo que más me preocupa. Mi preocupación es seguir siendo concejal este tiempo que queda de Salud, Seguridad y Emergencias y dejándome la piel en ello.

Pero, insisto, ¿quiere estar en esa candidatura?

Si se dan las condiciones... Esto es un proceso colectivo y yo eso me lo creo mucho. Soy psicólogo que trabaja en la Sanidad pública en el Hospital de la Paz, tengo mi plaza allí y volvería porque es un lugar hermoso para hacer un trabajo profesional precioso, y en ese sentido tengo dos posibilidades maravillosas. Entonces, si existe la posibilidad de continuar en el Ayuntamiento pudiendo aportar valor añadido pues adelante. Pero siempre que pueda aportar, no tengo ningún interés en estar por estar.

Se acaba ya la legislatura y se puede afirmar que ha tenido una de las Concejalías más complicadas, por la muerte de Mame, la negociación del convenio con los policías ¿Qué balance hace usted?

Esta es un área muy compleja en la que trabajan más de 10.000 personas y el balance es muy positivo porque lo que hacemos es abordar los conflictos desde la complejidad. Claro que había un mandato de 24 años del Partido Popular con una manera de hacer con la Policía muy concreta. ¿Qué hemos aportado? Hemos aportado un modelo definido de Policía local, hemos aportado medios humanos y materiales, el PP nos había dejado con 800 policías de menos de manera estructural, hemos aportado rigor y le hemos dicho a la Policía que nos creemos su trabajo. Obviamente cuando hay cambios, los cambios generan resistencia.

Pero la negociación con la Policía por el convenio colectivo también fue conflictiva.

La negociación claro que fue intensa, pero siempre hemos mantenido las vías de diálogo y al final se ha resuelto bien, con un acuerdo con tres sindicatos pero, sobre todo, con una mayoría de policías que lo que nos llega es que están de acuerdo con el convenio.

¿Su relación con la Policía ha mejorado después del escrache que sufrió casi nada más llegar al Ayuntamiento'

Mi relación con la Policía es buena porque es de respeto. En estos momentos no hay conflictos importantes. Los pudo haber en su momento pero ahora no es una situación de conflicto. Si es que yo me creo su trabajo, pero tiene que haber criterios establecidos. En el caso de los manteros, por ejemplo, hemos puesto una instrucción concreta donde se le da un marco a los propios policías para poder actuar en torno a la venta ambulante, porque podía haber incluso una inseguridad jurídica en como se tenía que trabajar. Lo que hacemos es generar marcos, herramientas y criterios. Y eso obviamente la Policía lo agradece.

La muerte de Mame fue también un momento crítico de su relación con la Policía.

La muerte de Mame fue la situación más dura y dolorosa que he vivido en estos cuatro años con diferencia. Mame llevaba 14 años huyendo. Y Mame ha tenido que padecer una legislación estatal donde se le dice que no es sujeto, que no es persona, que no es ciudadano... Cuando entramos al Ayuntamiento, una de las perimeras medidas que hicimos desde mi área Salud, Seguridad y Emergencias, fue poner en marcha una campaña de 'Madrid, sí cuida', donde se facilitó toda la información y la intermediación a personas sin papeles para que accedieran de manera real y no solo formal al sistema sanitario. Porque sabíamos que eso era un déficit importante y porque sabíamos que era un derecho real que no se respetaba. Entonces, cómo no me va a preocupar que Mame no tuviera ningún dispositivo preventivo que hubiera detectado que había una lesión cardíaca que le podía llevar a un determinado riesgo. Eso es tremendo y claro que fue durísimo.

Esa misma noche que estuve en Lavapiés y estuve hablando con las asociaciones que están acompañado muchos de los procesos de los manteros, había mucho dolor porque lo que estaba reflejando es una sociedad que tiene todavía muchas asignaturas pendientes.

También reflejó la poca lealtad que hemos vivido con algunas instituciones como pudo ser Delegación del Gobierno, que mandó a la prensa un mensaje que era que este señor había fallecido tras una persecución policial, poniendo a los pies de los caballos a nuestros policías. Eso es una falta de lealtad institucional brutal. Una delegada de Gobierno [Concepción Dancausa] que nunca se ponía al teléfono cuando el concejal de Salud, Seguridad y Emergencias que tiene a su cargo 6.100 agentes, la llamaba cuando tenía que tratar algún asunto de seguridad de la ciudad.

Pero no fue solo Delegación de Gobierno quien dejó caer que hubo persecución, también compañeros de su Gobierno salieron haciendo declaraciones...

Nunca hice ningún pronunciamiento en torno a eso. Lo que hice es ir a los datos y cuando los tuvimos hablamos con respecto a esos datos. Es decir, escuché a mis responsables de Policía y a mis responsables de Samur para que me deieran la información. Y la conclusión es que no hubo causa efecto respecto a la persecución u la muerte de Mame.

Algunos de mis compañeros se portaron muy mal con el equipo del Área. No levantaron el teléfono para preguntar si podían ayudar, cómo estábamos o qué posición teníamos... se permitieron opinar sin preguntar.

¿Compañeros de Gobierno se refiere?

Sí.

Esta semana hemos conocido el archivo judicial del conocido como 'chat de Policía' en el que tres policías hacían declaraciones xenófobas e insultaban a la alcaldesa. ¿Qué valoración hace?

Está recurrido en apelación, con una lógica importante. Lo que dice el juzgado es que es un espacio privado. Pero lo que nosotros decimos es que es difícil argumentar que es un espacio privado en el que hay más de 200 personas, de las cuales 60 son administradores con el objetivo de dar cabida a cuanta más gente mejor. Donde las personas que han declarado ante el juez dicen que como máximo conocían a 30. En un espacio privado las personas nos conocemos. Y lo que se habla es de temas públicos-profesionales. Y lo importante y por lo que nosotros hemos denunciado es que es enorme grave que de policías de los que estás esperando respeto a las personas hagan ese tipo de afirmaciones. En público o en privado me parece enormemente grave.

¿Los policías siguen suspendidos actualmente?

Tres concretamente que están suspendidos de empleo y sueldo.

Si se archiva judicialmente, ¿se les levantaría esa suspensión?

Si se archivase iniciaríamos el camino disciplinario interno.

¿Y eso qué implica?

Eso tendrá que verse por quienes lleven el proceso... Pero lo quiero decir muy claro. No quiero tener policías municipales, mientras yo esté al cargo, que sean capaces de formular que Hitler es su dios. Esta ciudad y los vecinos y vecinas se merecen que ese tipo de personas no estén al tanto de nuestra protección.

Otro de los momentos complicados del Área han sido los diferentes accidentes laborares que se han producido en Madrid por obras de construcción de edificios de lujo. En el de Martínez Campos se llegó a decir que uno de los fallecidos no era trabajador. ¿Qué se sabe de ese asunto?

Está en investigación todavía. Se hizo un trabajo magnífico por parte de nuestra policía en cuanto a siniestralidad laboral, pero está en trámite todavía todo ese proceso judicial como tal. Quiero destacar que aunque fue un espacio doloroso por la muerte de esas dos personas, fue a la vez un espacio de intervención de emergencias impresionante. Desde el punto de vista práctico de intentar rescatar cuanto antes lo que desafortunadamente fueron fallecidos, y también desde el punto de vista de cuidado de las personas, de información a las familias, de la contención a las familias y del acompañamiento.

Además de la muerte de Mame, que ya ha dicho que es su peor momento al frente de la Concejalía. ¿qué otros momentos considera que fueron complicados al frente del área?

Aquello que se llamó escrache, que no fue un escrache en sentido puro, era otra cosa, fue porque tomamos la decisión de clarificar el modelo de Policía. Y claro que fue un momento crítico. La primera decisión que tomo al llegar al área concretamente en el ámbito de Seguridad fue indicar que las UCEs no acudieran a ningún desahucio si no era con autorización mía.

¿Repetiría en el Área de Seguridad, Salud y Emergencias?

Esa es una buena pregunta. Tengo una ventaja y es los aprendizajes hechos. Probablemente podría repetir pero necesitaría poder tomar algunas decisiones más de calado, obviamente consensuadas con la Alcaldía, para profundizar en el trabajo del área.

¿Cuáles son esas decisiones de calado?

Profundización en el modelo de Seguridad y Emergencias y que tendrían que ver también con una profundización a fondo de la dinámica de Salud comunitaria en Madrid Salud. Si pudiera trabajar más afondo el 'Madrid de los cuidados' y el 'Madrid salud comunitaria' pues no estaría mal.

Y si no es en Seguridad, Salud y Emergencias, ¿en qué otra área le gustaría estar?

Mi tradición biográfica tiene que ver con todo lo que supone trabajar con poblaciones vulnerables, con el ámbito de los derechos sociales. He trabajado mucho, por ejemplo, con pacientes con VIH, con personas con discapacidad, y en esos ámbitos creo que tengo un cierto recorrido. Para mí hay una cuestión que es muy básica y es que la experiencia de sufrimiento evitable es una responsabilidad moral. Entonces hay un sufrimiento evitable por razones socioeconómicas muy potente que se convierte en una responsabilidad de poder dar una respuesta. Y eso lo tenemos en el ámbito de los desahucios y en ese tipo de cuestiones donde yo me encontraría cómodo.

Sería entonces un Área parecida a la que lleva actualmente su compañera de Gobierno Marta Higueras (Asuntos sociales, Empleo y equidad).

Bueno, es ahí donde creo que puedo aportar un valor añadido. Lo que pasa es que en un proyecto colectivo esa decisión no me toca a mí.

Hablaba antes de sus discrepancias con algunos compañeros por la muerte de Mame. ¿Cómo ha vivido el resto de las discrepancias internas en el grupo municipal?

Lo vivo con dificultad. Somos una candidatura profundamente democrática, pero lo que tenemos que mejorar son esos mecanismos que nos ayuden a que se pueda gestionar sin necesidad de llegar a una falta de consenso. Deberíamos centrarnos más en lo que nos une que en lo que nos separa, porque la discrepancia pública no nos ayuda. De hecho, yo nunca he votado en contra del planteamiento global. Tendría que ser por algo tremendamente excepcional.

El Ayuntamiento de Madrid y tres sindicatos policiales (CC.OO., UGT y UPM) han alcanzado un acuerdo laboral que supone un incremento salarial de 140 euros al mes para agentes y oficiales y una importante reducción de la jornada laboral, de diez días para el turno de mañana, 17 para el de tarde y el mantenimiento de la reducción a 65 horas para el turno de noche.

Otro de los avances con respecto al convenio vigente de 2013 es la subida del complemento específico en 520 euros anuales tras la valoración del puesto de trabajo y la reclasificación de la plantilla según la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad, donde se enmarca la subida mensual de 140 euros.

Este incremento retributivo “no se deduce de la ley que haya que hacerlo pero este Ayuntamiento decide que lo que quiere es compensar agravios anteriores con un esfuerzo económico importante para todos los policías”, ha explicado el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, que ha hablado de “éxito”.

También se incluyen como novedad tres modelos de jornada con distintos beneficios que “permitirán cubrir de manera más efectiva las necesidades de la ciudad”. El acuerdo pasará por una próxima Junta de Gobierno para hacerse efectivo en el año 2019. Los tres sindicatos firmantes no ponen sobre la mesa la celebración de referéndum alguno ya que ya lo consultaron y sometieron a votación de sus bases.

El convenio incluye la puesta en marcha de una mesa técnica, junto a los sindicatos, para “la negociación de cuestiones nunca hechas en dirección por objetivos en relación con conciliación y descanso”, ha indicado Barbero. Ahí es donde entran las jornadas ampliadas, todas de carácter voluntario, con tres modelos a aplicar en los eventos donde se reclame la presencia policial.

Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos ha tenido que ver con la planificación de los descansos ante el aumento significativo de servicios. Contempla la garantía de no suspensión de descansos, salvo la excepcionalidad por un evento que requiera una alta necesidad de servicio policial y la posibilidad de compensar sus consecuencias con descanso en los mismos términos de su suspensión, además de un día adicional por cada uno de los suspendidos entre lunes y sábado.

Déficit de 800 policías

Además del reconocimiento en el salario también supone una mejor planificación de los efectivos dado el “déficit de 800 policías que el PP llevaba cinco años sin sacar una oferta pública de empleo”, ha argumentado el delegado.

También se pondrá en marcha un sistema de concurso continuo de traslados que permita atender de forma más ágil las solicitudes de cambio de turno y destino, el cambio de servicio entre efectivos de la misma categoría para facilitar la conciliación o el adelanto de la asignación de vacaciones al primer trimestre del año.

Carmena: “Hablando se entiende la gente”

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no ha ocultado lo “contentísimos” que están con el acuerdo dado que se cumplían diez años sin negociación colectiva. “Lo importante de un convenio es que somos capaces de hablar, de escuchar, ceder, tener generosidad, y la prueba es que tenemos el mejor convenio, el más realista y el mejor después de diez años sin él. Es una victoria de todos, gracias a todos. Lo hemos conseguido, estamos de enhorabuena”, ha transmitido la regidora.

“Hablando se entiende la gente, sin duda. Nunca hay que dejar de hablar, el diálogo es la mejor receta para resolver cualquier problema”, ha señalado la alcaldesa, que ha añadido que “a veces los acuerdos se consiguen en dos o tres fases”.

Barbero, a su vez, ha defendido que “es una oferta mejorada tras escuchar a todas las partes”, por lo que anima a los dos sindicatos que no han firmado (CPPM y CSIT) a que se sumen “porque es una cuestión que beneficia a la plantilla y a la ciudad”. “Es un momento de alegría”, ha rematado.

El acuerdo de “extraordinario”, en palabras de Carmena, y compatible con el marco legal en términos de regla de gasto. En él se reconocen en el cómputo de la jornada ocho días de formación para todos los componentes del Cuerpo.

PP ve un “desprecio” el acuerdo aprobado

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este viernes que el acuerdo laboral alcanzado es un “desprecio” al Cuerpo, para quien ha pedido “respeto”. Almeida ha apuntado que en estos años de gobierno de Ahora Madrid, se ha sometido a la Policía Municipal a “ninguneos”, y “esto es un nuevo desprecio”. El portavoz de los 'populares' en Cibeles ha criticado que “lo han firmado únicamente tres de los cinco sindicatos, y el más representado, CPPM, con CSIT, no lo firma”.

“El mandato de la ciudadanía, expresado en las urnas, es que se necesitan cambios, también en la Policía Municipal”. La frase del concejal de Seguridad, Javier Barbero, deslizaba que el conflicto con el cuerpo respondía a las reticencias al nuevo modelo policial de Ahora Madrid. La pronunció después de uno de los episodios de ese enfrentamiento al que algunos agentes dan tintes políticos: el 'escrache' que sufrió por parte de 300 agentes.

El conflicto vive su momento más álgido estos días en plena negociación para aprobar el nuevo convenio colectivo, con dos sindicatos en guerra con el consistorio. Este es el último de una larga lista de encontronazos entre el Ayuntamiento y un sector de los agentes que comenzó tras las primeras decisiones del nuevo equipo de Gobierno. El último episodio ha obligado a intervenir a la Unidad de Asuntos Internos, que investiga si se ha producido una huelga ilegal como medida de presión.

Los primeros episodios de ese levantamiento de una parte de los agentes comenzaron al poco de que Ahora Madrid, con Manuela Carmena al frente, desbancase al PP del Ayuntamiento de Madrid que los populares gobernaban desde 1991. Carmena llegó al poder con la intención de instaurar un nuevo modelo de Policía Municipal que pasaba por estar más cerca del ciudadano, por ejemplo, patrullando a pie. “Quiero una policía preventiva, que tenga como fin la convivencia y al ciudadano. No estamos para resolver los grandes delitos”, dijo entonces Barbero.

La mecha de la revuelta: el fin de los antidisturbios

Tras polémicas leves con las primeras decisiones, llegó la mecha que prendió el primer levantamiento de los agentes: el consistorio suprimió las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), conocidos como los Antidisturbios de la Policía Municipal. Carmena decidió que esos agentes municipales ya no iban a participar en desahucios ni a vigilar manifestaciones, redujo sus efectivos y les asignó otras tareas. Los agentes que salieron de la Unidad perdieron el complemento salarial que tenían asociado a ese puesto.

El descontento de parte del cuerpo desembocó en un escrache a Barbero. Unos 300 agentes acudieron a la salida de una Comisión de Seguridad para asediar al concejal con gritos como “rojo de mierda”, “gordo”, “perroflauta” o “dictador, hijo de puta”. Golpearon su coche oficial y agredieron a una periodista. Barbero dijo entonces que la protesta tenía tintes “fascistas”, lo que le valió una querella por parte del sindicato mayoritario, el Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM), que ha comandado la oposición policial al Ayuntamiento. Se archivó sin más consecuencias.

El proyecto fallido de la Policía Comunitaria también generó protestas entre los agentes y la reciente muerte de un mantero en Lavapiés volvió crear tensión y dio lugar a nuevas querellas. Pero el episodio que mejor ha mostrado el descontento de una parte de la Policía Municipal con el Gobierno de Ahora Madrid es la publicación de los mensajes de un grupo de WhatsApp de agentes del cuerpo.

Esos comentarios contenían insultos y amenazas a Carmena –“Hija de la grandísima puta roja de mierda mal parida”– y a su equipo de Gobierno. Otros mensajes de ese mismo chat lanzaban loas a Hitler y comentarios contra los inmigrantes –“hay que hacer cacerías contra los guarros”–. El Ayuntamiento suspendió a tres agentes que fueron investigados por un juez, que finalmente archivó la causa. Alegó que los mensajes, aunque reprochables, se habían dado en un grupo privado.

Aquel episodio reveló el odio de algunos funcionarios del cuerpo hacia la alcaldesa, pero también evidenció la fractura entre los sindicatos de la Policía Municipal. El agente que denunció el contenido del chat era de Comisiones Obreras (CCOO) y recibió apoyo de la Unión General de Trabajadores (UGT). En contra se situó el sindicato mayoritario CPPM y Unión de Policía Municipal (UPM), quienes defendieron a los agentes suspendidos y cargaron contra el denunciante. CSIT criticó el contenido de los mensajes pero también su filtración.

Las pequeñas discrepancias que había hasta entonces desembocaron en un enfrentamiento abierto que se ha trasladado, con leves cambios, a la negociación del convenio colectivo. Lo único que les une es la denuncia de una plantilla insuficiente en la que no se han cubierto los puestos que se perdían con las jubilaciones: el Ayuntamiento cree que hay un déficit de unos 600 agentes, pero las nuevas oposiciones convocadas cubrirán poco más de 200.

“Se busca un desgaste político”

Esas conversaciones sobre el convenio han llevado la relación del Ayuntamiento con la Policía Municipal de Madrid a su punto más tenso. El consistorio alcanzó un primer acuerdo con tres sindicatos -UGT, CCOO y UPM- que fue rechazado en referéndum por los agentes. Ahora CPPM y CSIT continúan negociando sobre el primer acuerdo en medio de la guerra sindical, que este viernes ha vivido un nuevo capítulo. Las sedes de los sindicatos que firmaron el primer acuerdo han aparecido vandalizadas.

Fuentes de esos sindicatos firmantes aseguran que el primer acuerdo es lo máximo que podían obtener dado el presupuesto del que dispone el Ayuntamiento. La propuesta recogía una subida lineal de 140 euros al mes y la consolidación anual de 400 euros de productividad en el complemento específico, entre otras mejoras.

Esas mismas fuentes critican la actitud de CPPM y CSIT, a quienes acusan de abandonar las reivindicaciones laborales y convertir la negociación en un “conflicto político”. “Se busca el conflicto por el conflicto, se busca un desgaste político”, afirman. Añaden que tratar de estirar el primer acuerdo es “luchar contra un muro”, pero hay quien “le interesa”.

Por la otra parte, desde CSIT, su portavoz Javier Horcajo critica a los sindicatos firmantes por no querer que se mejore el acuerdo. “Van a quedar en evidencia por firmar pronto”, añade. Horcajo no ve predisposición en el Ayuntamiento a mejorar la propuesta rechazada en el referéndum y critica que la única cesión hasta ahora sea una subida anual de 120 euros sobre lo ya acordado. Aún así, afirma que no se trata de “un tema económico”, sino de “conciliación familiar”, porque la no ampliación de la plantilla durante los últimos años ha aumentado su carga de trabajo.

En medio de ese conflicto laboral se han producido las bajas masivas durante el dispositivo del Orgullo. CPPM y CSIT las han achacado al exceso de horas de los agentes, pero Asuntos Internos ha abierto una investigación. Van a analizar más de 200 bajas sobrevenidas de funcionarios que no se presentaron a su puesto de trabajo durante el pasado fin de semana, obligando a otros policías a doblar turno y a trabajar 16 horas. Si ven indicios de que se trata de una huelga encubierta llevarán los hechos al juzgado.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación por el aluvión de “bajas sobrevenidas” que se produjeron durante el dispositivo de seguridad para la celebración del Orgullo 2018. Según fuentes del cuerpo, la investigación afecta a más de 200 agentes que faltaron a su puesto de trabajo el pasado fin de semana alegando que estaban de baja médica.

Esas bajas masivas se han producido en plena negociación del convenio colectivo con el Ayuntamiento de Madrid. El consistorio diseñó un dispositivo de seguridad que obligaba a cientos de agentes a trabajar durante la manifestación del Orgullo en el centro de la capital, porque apenas se presentaron voluntarios para ello. Los sindicatos que negocian el convenio con el Ayuntamiento les habían pedido que no se ofreciesen voluntariamente como medida de protesta.

Así, el operativo de seguridad preveía contar con unos 600 policías municipales, pero un gran número de ellos -alrededor del 50%- no se presentaron al pase de lista. La investigación afecta por ahora a más de 200 de ellos, para comprobar si sus bajas están justificadas o si se enmarcan en una movilización sindical que pretende presionar al Ayuntamiento. La falta de agentes obligó a pedir ayuda a la Policía Nacional para garantizar la seguridad durante las multitudinarias celebraciones que reunieron a más de un millón de personas en las calles de la capital.

Además, como las bajas comenzaron a darse en la noche del viernes, tres distritos se quedaron sin patrullas en las calles. En otros, los agentes del turno de tarde tuvieron que suplir a los de noche porque ninguno se presentó a trabajar.

El Ayuntamiento ya ha abierto una investigación sobre “el número y características de las bajas sobrevenidas durante el fin de semana del Orgullo, en el dispositivo y en el resto de los distritos” y ahora es la Unidad de Asuntos Internos la que realizará sus propias pesquisas. Estudiará si se han producido acciones que supongan faltas disciplinarias, pero también analizará si se han cometido delitos. En ese caso, tendrán que dar traslado de los hechos a un juzgado.

Abandonar un servicio público es un delito

Organizar una huelga encubierta en un servicio público es un delito. El Código Penal recoge en su artículo 409 que serán multados y suspendidos de empleo entre seis meses y dos años los funcionarios que “promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público”.

El mero hecho de participar en una acción de esas características también se castiga: “Los funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses”.

Algunos agentes afirman que las bajas masivas son parte de una movilización orquestada por los sindicatos CPPM y CSIT, los dos que continúan negociando con el Ayuntamiento porque rechazaron el primer acuerdo sobre el convenio colectivo. Por los chats de WhatsApp de los policías municipales circulan audios de agentes que celebran la cantidad de bajas y animan a sus compañeros a seguir con el “conflicto”.

Desde CSIT, su portavoz, José Francisco Horcajo, negó a eldiario.es haber promovido esta acción: “Como sindicato nunca estaremos detrás, no estamos de acuerdo con esas prácticas”. Pero el propio Horcajo deslizó hace unas semanas la posibilidad de que hubiese un aluvión de bajas en la Policía Municipal.

Cuando el Ayuntamiento decidió obligar a algunos agentes a participar en el operativo del Orgullo ante la falta de voluntarios, Horcajo dijo que algunos de ellos podían caer enfermos “por haber ido el día anterior a comer a un restaurante y tomar alimentos en mal estado”.

Enfado entre los agentes que tuvieron que doblar turno

CSIT y CPPM insisten en achacar las bajas a la falta de previsión del dispositivo y al hecho de que se haya obligado a algunos policías a doblar turno. Lo cierto es que fueron las bajas las que obligaron a los agentes a doblar el turno. En algunos distritos no se presentó ninguno de los policías del turno de noche, lo que obligó a los mandos a prolongar la jornada de los agentes con turno de tarde. En Latina no se presentó nadie del turno de tarde.

Este hecho ha provocado el enfado de muchos policías municipales, que han visto cómo lo que definen como una huelga encubierta de sus compañeros les ha obligado a trabajar 16 horas seguidas. Uno de los textos que se mueve entre los chats de los agentes critica “la irresponsabilidad” de CSIT y CPPM por “promover, alentar y fomentar la comisión de actuaciones manifiestamente irregulares que han dejado en precario la seguridad de muchos policías”.

Ese texto se refiere en tono irónico a los agentes que están de baja: “Agradecerles el que me hayan dejado tirado y sin relevo, agradecerles que me hayan dejado en una situación se claro peligro, gracias de verdad, con vosotros he aprendido el valor de la palabra dignidad, porque la indignidad de vuestros actos se ha visto mil veces compensada con la dignidad de todos los que se han sabido mantener en su puesto”.

Los policías descontentos con la huelga encubierta afirman que ya han cesado los audios en los que se decían los nombres de los compañeros de baja y se celebraba cada vez que alguien anunciaba que no iba a ir a trabajar. “Ahora nadie habla ni da nombres porque se han dado cuenta del alcance de su irresponsabilidad”, afirman, y añaden que unos cuantos agentes van a pasar el verano “un poco inquietos” por esta investigación.

Tres distritos de Madrid se quedaron este fin de semana sin patrullas de Policía Municipal en las calles. En algunas comisarías, el mando de la Unidad tuvo que subirse al coche con el responsable del garaje, porque no había más agentes disponibles. Coincidiendo con el dispositivo para el Orgullo, entre los miembros del cuerpo se ha producido este fin de semana un aluvión de bajas médicas “sobrevenidas” en plena negociación del convenio colectivo.

El Ayuntamiento ya ha comenzado a investigar el elevado número de bajas, que se producen en medio de un conflicto laboral abierto en la Policía Municipal. Fuentes del consistorio afirman que están estudiando “el número y características de las bajas sobrevenidas durante el fin de semana del Orgullo, en el dispositivo y en el resto de los distritos”. Mientras, algunos agentes reconocen que se ha hecho un llamamiento a coger esas bajas, o lo que es lo mismo, que todo forma parte de una huelga encubierta en un momento crítico para la ciudad, con centenares de miles de personas en las calles celebrando el fin de semana del Orgullo.

Los sindicatos de la Policía Municipal llevan meses negociando con el Ayuntamiento para el nuevo convenio colectivo. Los agentes rechazaron en una primera votación el primer acuerdo -respaldado por UGT, CCOO y UPM- y ahora continúan las conversaciones en un ambiente muy tenso entre las partes. En ese contexto llegó la celebración del Orgullo 2018, en el que algunos sindicatos pidieron a los agentes que no se presentasen voluntarios para el dispositivo. Ante la falta de efectivos, el consistorio recurrió entonces al convenio vigente para obligar a los policías a participar en el operativo de seguridad.

Tres distritos sin agentes del turno de noche

Los sindicatos críticos con el preacuerdo con el Ayuntamiento -CPPM y CSIT- cargaron contra la medida. Así se llegó al fin de semana en el que la celebración del Orgullo iba a sacar a la calle a un millón de personas durante los actos del sábado. El viernes comenzaron los problemas en varios distritos: Chamberí, Ciudad Lineal y Chamartín se quedaron sin agentes en el turno de noche.

En otros distritos apenas acudieron funcionarios. En Tetuán, por ejemplo, se obligó a un agente a doblar turno para cuidar las dependencias policiales. Algunos mandos tuvieron que avisar rápidamente a los agentes del turno de tarde para que no abandonasen su puesto al constatar que los integrantes del turno de noche no se iban a presentar. En el distrito de Latina, los agentes del turno de mañana prolongaron su jornada porque los de tarde no comparecieron. La razón es que muchos estaban de baja médica, una circunstancia que se repitió el sábado.

La situación se hizo insostenible durante el pase de lista en la comisaría de Centro para organizar a los agentes que iban a participar en el dispositivo del Orgullo. Fuentes de la Policía Municipal relatan que, según se iba nombrando a los agentes, otros respondían que no se habían presentado por estar de baja. Cuando la situación se repitió varias veces, hubo risas entre los efectivos presentes mientras crecía el enfado de sus superiores.

Algunos policías municipales hablan directamente de una huelga encubierta. “Nunca se había producido un hecho similar, ni siquiera en las épocas más duras de Negociación Colectiva”, afirma un agente. Entre los miembros de la Policía Municipal circulan estos días audios de WhatsApp que definen esas bajas como una movilización orquestada.

“El conflicto lo estamos realizando muy bien”

“El conflicto lo estamos realizando muy bien, prueba de ello es que en algunas unidades han pedido voluntarios”, dice uno de esos audios, que celebra el “éxito” de la movilización. Otro informa de que en su distrito cada vez hay más agentes de baja y se felicita por ello. Entre sus compañeros hay algunos que expresan su enfado por esta estrategia: además de dañar la imagen de la Policía, dicen, perjudica a los agentes que sí han acudido a su puesto de trabajo y que se han visto obligados a trabajar 16 horas.

Fuentes de los sindicatos que sí aprobaron el preacuerdo no dudan de que se trata de una movilización alentada para forzar la negociación con el Ayuntamiento. Afirman que algunas bajas pueden estar justificadas, pero que serían, en todo caso, las de después de la celebración del Orgullo. Algunos policías que se vieron obligados a doblar turno pudieron acabar con alguna secuela física que les impidiese trabajar, pero enmarcan el resto en una huelga encubierta.

Las mismas fuentes aseguran que se está alentando a los agentes a que se den de baja, lo que supone una “irresponsabilidad tremenda”. No solo han obligado a sus compañeros a cubrir su turno, sino que se exponen a posibles sanciones si se demuestra que se trata de una movilización orquestada.

CSIT niega la huelga encubierta

Desde CPPM y CSIT achacan la falta de agentes a dispositivo para el Orgullo y a las bajas médicas provocadas por el exceso de horas de trabajo. El portavoz de CSIT, José Francisco Horcajo, afirma que las bajas se produjeron por “sobretrabajo”. “Si te sobreexplotan, el cuerpo tiene un límite”, dice.

Horcajo niega tajantemente que haya un llamamiento a forzar las bajas médicas: “Es mentira, eso es ilegal”. “Como sindicato nunca estaremos detrás, no estamos de acuerdo con esas prácticas”, afirma en conversación con eldiario.es. Insiste en que los turnos, el bajo número de efectivos y la falta de planificación han ocasionado esta situación: “A los agentes les revientan por un lado o por el otro”.

El Ayuntamiento se limita a decir que están investigando lo ocurrido, pero en el Gobierno municipal no se ha decidido todavía si tomarán alguna medida. Fuentes del cuerpo señalan que los agentes se exponen a ser sancionados con una falta muy grave por participar “en huelgas, en acciones sustitutivas de las mismas, o en actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios”, como recoge la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entretanto, la Concejalía de Seguridad que dirige Javier Barbero trata de continuar con la negociación y de apaciguar los ánimos tras varios encontronazos con los sindicatos CPPM y CSIT. Este lunes, el concejal se acercó a la Unidad de Distrito Centro Sur durante el pase de lista para felicitar a los agentes por su trabajo en el Orgullo. Fuentes de la Policía Municipal afirman que los agentes estuvieron durante su charla con la vista fija en el suelo y no miraron al frente ni cuando se pusieron en pie para despedirle.

La crisis de Gobierno abierta este lunes en el Gobierno de Ahora Madrid tras el cese a primera hora de la mañana del concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, todavía puede agravarse. La plataforma política M129 ha emitido un comunicado calificando de “grave error” el cese de Carlos Sánchez Mato al frente de la delegación de Economía y Hacienda.

La plataforma vinculada a Ahora Madrid y a la que pertenecen los concejales Celia Mayer, Javier Barbero y Guillermo Zapata ha asegurado en el comunicado que los ediles con responsabilidad de Gobierno, Mayer y Barbero, se “plantean” la continuidad en el Ejecutivo de Manuela Carmena tras la destitución del concejal de Izquierda Unida.

“Si no hay avances claros y rápidos en estos aspectos, que son centrales en el mandato ciudadano recibido por Ahora Madrid, los concejales de M129 abandonarían sus responsabilidades de gobierno”, recoge el comunicado. Por tanto, Mayer podría dejar de ser la delegada de Políticas de Género y Diversidad y Barbero dejaría el área de Seguridad y Salud.

Madrid 129 asegura que no estar “de acuerdo” con “las decisiones recientes” ya que “ponen en riesgo la confluencia” de Ahora Madrid. “Estos cambios se explicitan en la apuesta por unos presupuestos centrados en el gasto social y la inversión en los barrios periféricos de la ciudad, en un giro en el modelo urbanístico escuchando a la ciudadanía en conflictos como el de la Operación Chamartín y en una verdadera disposición al diálogo profundo dentro de Ahora Madrid, incluyendo a sus bases”, asegura la plataforma política.

Finalmente, el plan económico con los recortes que exige Montoro ha salido adelante únicamente con los votos a favor del Partido Popular.

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha destacado este jueves que desde el Consistorio se trabaja de forma “prudente”. “Despacio y buena letra”, ha indicado, para añadir que “desde el comienzo se pusieron en marcha los mecanismos de avisar al Juzgado, de dar cuenta a la Fiscalía, del proceso de información reservada”, según informa Europa Press.

Además, continuará la investigación para ver si “alguna persona está inculpada o si tiene falta grave o muy grave”. “Con prudencia, pero siendo muy contundentes, porque no quiero que ningún policía este haciendo servicio a los ciudadanos haciendo apología del nazismo o diciendo que hay que incrustar casquillos de bala a martillazos en la cabeza de inmigrantes”, ha afeado.

Si bien, Barbero ha remarcado que estos “sinvergüenzas” suponen “un porcentaje muy pequeño” en la Policía Municipal, donde “el 99,99 por ciento actúan de manera ejemplar”.

El policía que alertó y dio a conocer el chat en el que algunos agentes de la Policía Municipal vertieron amenazas e insultos graves a la alcaldesa, Manuela Carmena, a inmigrantes y periodistas, ha vuelto a recibir amenazas “en distintos canales”.

Así lo ha dado a conocer Barbero durante la entrega de premios a diversas instituciones que han destacado en el último año por su colaboración con Samur-Protección Civil, donde, a la entrada, ha asegurado que el policía que dio a conocer el chat está “fastidiado”.

Nuevas amenazas

“No he tenido contacto directo con él por respeto a la situación, pero está fastidiado, ha seguido habiendo amenazas en distintos canales... es una historia muy fea, se le ha ofrecido cuidado policial, y vamos a intentar cuidarle lo más posible, como con todos los funcionarios”, ha expresado a renglón seguido.

Respecto al tipo de amenazas recibidas, Barbero ha leído un “pseudopoema insultante” realizado por “sinvergüenzas” a los que “no hay que darles más bulo”.

En opinión del delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, estas amenazas responden a la estrategia de “matar al mensajero”, algo que demuestra la “catadura moral” de quien lo hace. “Parece que como has denunciado una situación, eres el culpable, pero no, eso es distinto; él lo puso encima del tapete”, ha expresado.

La Policía Municipal de ya ha impuesto medidas cautelares de aplicación inmediata, que incluyen la suspensión temporal de funciones y la retirada del arma y la placa, al incoar el miércoles expedientes disciplinarios a los agentes identificados en el chat.

“¿Dónde estamos?, o mejor dicho ¿dónde queremos situarnos en la coyuntura política actual?, ¿que amenazas y potencialidades detectamos en este contexto? ¿Qué queremos hacer para mantener el ciclo abierto y seguir avanzando en el municipalismo? ¿Qué dispositivos tenemos para seguir avanzando en la conquista de derechos en nuestra ciudad?”

A estas preguntas intentarán dar respuesta el próximo 19 de noviembre los asistentes a la reunión convocada por el colectivo Madrid 129, bautizada como “reencuentro por Madrid”.

En su convocatoria, los miembros de M129 plantean más interrogantes: “En que medida el nuevo gobierno es una amenaza para los proyectos municipalistas?, ¿Cómo el nuevo contexto puede amenazar poner proyectos en marcha? ¿Cuáles son las diferentes líneas de tensiones que estan amenazando al Ayuntamiento?, ¿gestión vs política?, ¿dentro vs fuera?, ¿áreas vs distritos? ¿Cuáles creemos que van a ser las líneas de conflicto que van a estar en la agenda en los próximos meses? ¿Con qué amenazas y oportunidades se enfrenta Ahora Madrid para hacer frente al nuevo ciclo? ¿Qué necesitaría para hacerlas frente?”

“En los últimos meses”, explican, “hemos vivido cambios en la coyuntura a nivel estatal que creemos nos van a afectar como ciudad y sobre las que nos gustaría poder reflexionar. Además, creemos que para hacer frente a las nuevos retos que nos ofrece el momento necesitamos herramientas concretas. Herramientas que nos ayuden a encontrarnos y a trabajar colectivamente,y sobre todo que nos sirvan para defender el cambio de Madrid para el que nos votaron nuestras vecinas en 2015 y que bien merece que nos juntemos. Contaremos con la presencia de compañeras de otras ciudades del cambio”.

La jornada arrancará a las 11.00 en el local de la plataforma Madrid 129 –calle Ercilla, 46– y se prolongará a lo largo de la tarde.

129 es el número de barrios que hay en el municipio de Madrid. Y Madrid 129, el nombre de un nuevo espacio de activismo social y político lanzado por participantes de Ahora Madrid –y de una de sus patas y germen, Ganemos Madrid–, entre los que se encuentran los concejales de Cultura, Celia Mayer; Seguridad, Javier Barbero; y Guillermo Zapata.

¿Y qué pretenden? “Ha llegado el momento de relanzar Ahora Madrid, que funciona, que existe, que tiene estructuras, una Mesa de Coordinación, concejales, vocales vecinales, estructura territorial y sectorial; y poner todo nuestro tiempo y esfuerzo en eso. Queremos que se generen espacios de transparencia para gobernar de manera más democrática. Desarrollar Ahora Madrid como nació: no un partido clásico, sino un partido movimiento”, explicaba en el lanzamiento del espacio Lucía Lois, una de las portavoces de Madrid 129.

La irrupción de Madrid 129 ha coincidido con el debate abierto en Ahora Madrid sobre su futuro. Ahora Madrid es una candidatura electoral municipalista que surgió del acuerdo entre Podemos y Ganemos Madrid –activistas, colectivos autónomos y partidos como IU, Equo y Por un Mundo más Justo–. Y en el debate sobre qué ha de ser Ahora Madrid hay posiciones diferentes, tanto en Ahora Madrid, como en Ganemos Madrid y en Podemos en Madrid ciudad, la otra pata, en la que también conviven distintos matices.

“Os convocamos a un encuentro para pensar maneras de defender el proyecto de cambio de la ciudad de Madrid y, entre todas, mejorarlo”. Madrid 129, un espacio creado por concejales –Guillermo Zapata, Celia Mayer y Javier Barbero– y activistas fundadores de Ganemos a finales de julio para impulsar Ahora Madrid, llama a un “reencuentro por Madrid” el próximo 19 de noviembre en un espacio aún por determinar.

“La idea fuerza es que la coyuntura política ha cambiado y que afecta a los Ayuntamientos y a los proyectos municipalistas: la entente PP-PSOE-Ciudadanos va a afectar a los Ayuntamientos. Creemos que Ahora Madrid es una herramienta potente que podría tener mayor fortaleza, y por eso queremos compartir entre todos un cierto diagnóstico y marcar estrategias”, afirma Ernesto García, participante de Madrid 129.

¿Cómo será la cita del 19 de noviembre? “Estamos pensando a un día de trabajo”, afirma García, “para reflexionar sobre el devenir de los proyectos municipalistas. Nuestra vocación es invitar a todos los actores políticos de Ahora Madrid, colectivos y personas que se sintieron interpeladas por la candidatura y que tienen mucho que decir. La idea es sentarnos desde la idea de confluencia, heterogeneidad y apertura y ver cómo visualizamos el ciclo, que es distinto y nos obliga a sentarnos y definir estrategias: con un gobierno central en estas condiciones, el margen de maniobra para los muncipios es estrecho dentro un marco de ajuste presupuestario y un planteamiento político regresivo”.

“En los próximos dos o tres años nos jugamos mucho”, abunda un texto publicado en la web de M129: “¿Cómo seguimos ganando?  Lejos de abandonar la idea de confluencia queremos continuar trabajando en ella, ya que hizo de estos proyectos una verdadera potencia de cambio. ¿Cómo abordar todos estos nuevos desafíos? Sentándonos juntas y debatiendo, compartiendo ideas, deliberando y construyendo camino desde esa pluralidad, heterogeneidad, confluyendo para avanzar juntas”.

“Un año y medio después de ganar Madrid nos enfrentamos principalmente a un nuevo intento de recomposición por parte del bipartidismo. Este ciclo nos prepara nuevos retos. ¿Nos juntamos a pensar juntos como seguir construyendo Madrid?”, sostienen los promotores de Madrid 129.

129 es el número de barrios que hay en el municipio de Madrid. Y Madrid 129, el nombre de un nuevo espacio de activismo social y político lanzado por participantes de Ahora Madrid –y de una de sus patas y germen, Ganemos Madrid–, entre los que se encuentran los concejales de Cultura, Celia Mayer; Seguridad, Javier Barbero; y Guillermo Zapata.

¿Y qué pretenden? “Ha llegado el momento de relanzar Ahora Madrid, que funciona, que existe, que tiene estructuras, una Mesa de Coordinación, concejales, vocales vecinales, estructura territorial y sectorial; y poner todo nuestro tiempo y esfuerzo en eso. Queremos que se generen espacios de transparencia para gobernar de manera más democrática. Desarrollar Ahora Madrid como nació: no un partido clásico, sino un partido movimiento”, explicaba en agosto Lucía Lois, portavoz de Madrid 129.

La irrupción de Madrid 129 ha coincidido con el debate abierto en Ahora Madrid sobre su futuro. Ahora Madrid es una candidatura electoral municipalista que surgió del acuerdo entre Podemos y Ganemos Madrid –activistas, colectivos autónomos y partidos como IU, Equo y Por un Mundo más Justo–. Y en el debate sobre qué ha de ser Ahora Madrid hay posiciones diferentes, tanto en Ahora Madrid, como en Ganemos Madrid y en Podemos en Madrid ciudad, la otra pata, en la que también conviven distintos matices.

De acuerdo con el manifiesto inicial publicado en la web, “Madrid 129 nace como un espacio de trabajo conformado por gentes diversas, todas ellas vinculadas a Ahora Madrid, espacio político por el que apostamos y queremos seguir construyendo, acompañando, compartiendo con otras y otros en los próximos meses y años. Construir Ahora Madrid implica desarrollar herramientas que hasta el momento no hemos tenido la posibilidad de utilizar, así como mejorar las que ya tenemos en marcha”.

A Javier Barbero, concejal del área de seguridad, salud y emergencias del Ayuntamiento de Madrid las situaciones excepcionales le vienen en el cargo. Así ocurrió cuando el pasado martes varios internos del CIE de Aluche en Madrid decidieron subirse a la azotea del edificio para exigir su libertad. A las pocas horas, Barbero ya se encontraba a las puertas del CIE, donde trató sin éxito de conseguir información del interior por parte de la policía y las autoridades del centro. Ahora, tras las denuncias de agresiones de la policía a los internos, en Ahora Madrid debaten medidas para presionar por el cierre de los CIE mientras piden información y responsabilidades por todo lo ocurrido.

¿Saben si hubo alguna represión contra los internos que se subieron en la azotea?

La Policía asegura que no hubo nada de represión en el CIE. Que negociaron con los internos y bajaron, pero todo sin ningún incidente. Pero hemos visto imágenes que no dicen lo mismo.

¿Qué les han contado sobre la atención médica a los internos?

Aseguran que se hizo una evaluación médica a primera hora de la mañana y que solo tres personas tenían algo. Dos de ellos rasguños según la policía y el otro un resfriado. También nos han dicho que el único chico marroquí del grupo se negó a que le practicaran las pruebas médicas. Del resto, dicen que uno tiene un golpe en la rodilla y el otro una contusión en el tórax que nada tiene que ver con su actuación.

¿Qué explicaciones les han dado para justificar la denegación de acceso al CIE tanto al Samur como a ustedes?

Yo intenté hablar con el jefe de la UIP porque como concejal de emergencias considero que tendría que saber algo. Pero nunca se produjo esa interlocución. A las 3 de la mañana llamé al subdelegado del gobierno y dijo que iba a llamar pero no sé nada y nunca me devolvió la llamada. Ellos dicen que si no se necesita para que vamos a necesitar la intervención, pero es que en cualquier situación de crisis todos nos organizamos de una manera porque se necesitan intervenciones adecuadas. No quisieron contar con el Samur. Se han privado de utilizar a personas preparadas. 

¿Cómo cuenta la Policía que fueron las negociaciones para que los internos abandonaran su protesta en la azotea del CIE?

Ellos nos cuentan que negociaron durante toda la noche y que las 38 personas subidas accedieron a bajar por su propia iniciativa. La Policía dice que los internos pidieron su libertad o su expulsión a su país de origen. Consideramos que esta versión es difícil de entender, normalmente no se quieren ir de vuelta a su país sino que quieren convivir aquí libremente.

¿Desde la Policía se ha abierto alguna puerta al diálogo sobre sus actuaciones en los CIE?

No. Por el momento solo nos han dicho que hay formada una comisión parlamentaria que visitará el CIE de Aluche en noviembre.

¿Y han propuesto alguna solución a este tipo de situaciones?

No nos han propuesto nada. Nos dicen que es competencia del Ministerio del Interior, pero nosotros no podemos aceptar eso, si se produce una emergencia en un edificio de competencia nacional nosotros lo vamos a atender igual porque es nuestro deber.

Ustedes consideran que no se les permitió formar un gabinete de crisis. ¿Por qué fue así?

Claro. A nosotros nos han dicho que no se generó un gabinete de crisis para gestionar la situación porque no era necesario, que lo tenían todo bajo control. Pero lo que vimos allí fue un dispositivo de gabinete de crisis, pero aún así  desde la Policía lo niegan. Es imposible que no se forme cuando hay 39 personas subidas allí en la azotea con riesgo para todas las partes.

Concepción Dancausa criticó que miembros de Ahora Madrid y Unidos Podemos fueran a vigilar la actuación policial en el CIE. ¿Qué le respondería?

Cuando una institución es cerrada como un CIE, malo. Si a eso además le añades que tienen personas en riesgo dentro, más malo. Son personas con posibilidades de sufrir malos tratos. No estoy diciendo que haya ocurrido ni dudando de la actuación policial, pero sí que existe esa posibilidad, sobre todo en un escenario cerrado y en una situación de crisis. Por ejemplo, en una residencia de ancianos hay protocolos y medidas para prevenir los malos tratos, porque se pueden dar. Dancausa debería estar satisfecha de que hubiera una mirada externa certificando que se estaba cumpliendo con los derechos humanos.

¿Por qué se cerró la interlocución entre el CIE y el Ayuntamiento de Madrid?

Hubo cierta interlocución con los diputados de Unidos Podemos y concejales del ayuntamiento pero no hubo información. Fue muy difícil para los que fueron al CIE, ya que no les dejaban entrar. Los que lo hicieron lo tuvieron que hacer como sujetos privados y no como cargos públicos, entrando como si fueran familiares de las personas internas.

Ahora Madrid ha hecho público un comunicado en el que “exige” el cierre del CIE. Sin embargo,  no hay una declaración tan explícita desde el Ayuntamiento. ¿Por qué pasa esto?

En este sentido voy a respetar los ritmos de cada uno. Desde el ayuntamiento plantearemos un pronunciamiento en el que los partidos políticos deberían explicar claramente su posición sobre los CIE. Pero está claro que nuestra preocupación por las personas concretas es compatible con la posición política de cierre de los CIE, porque es una institución fallida y fracasada, que genera mucho daño y supone una medida desproporcionada.

Ahora Madrid se comprometió hace casi un año a presentar una moción para el cierre del CIE de Aluche, pero finalmente no se presentó. ¿Van a retomar esa iniciativa?

Lo interesante es poder articular sumas y que sea una posición más institucional e intentar recabar apoyos. En aquel momento no pudo ser, pero yo creo que es una posibilidad que se puede retomar ahora. Se está considerando una moción de urgencia y trabajamos en ello. En cualquier caso sería en basándonos en los términos de que la postura es que se cierren los CIE.  

El consistorio no tiene competencias en el CIE, pero en otras ciudades de España sí se están planteando medidas de presión al Gobierno. ¿Qué se proponen desde el Ayuntamiento de Madrid?

Tenemos un grupo de trabajo en ello. Una de las cuestiones planteadas es dar el padrón para que se vacíen los CIE.  Pero todavía lo tenemos que trabajar. Además, hemos hecho avances en cuestiones como la salud y las emergencias, por mucho que digan que no es nuestra competencia, pero es que muchos de los que están ahí encerrados son vecinos nuestros.

Algunas de las personas que terminan en el CIE son manteros. ¿En qué situación están las medidas sociales que se anunciaron para este colectivo?

Seguimos trabajando y elaborando un plan para la ciudadanía que de oportunidades a estas personas. Pero aún quedan por concretar varias cuestiones.

129 es el número de barrios que hay en el municipio de Madrid. Y Madrid 129, el nombre de un nuevo espacio de activismo social y político lanzado por participantes de Ahora Madrid –y de una de sus patas y germen, Ganemos Madrid–, entre los que se encuentran los concejales de Cultura, Celia Mayer; Seguridad, Javier Barbero; y Guillermo Zapata.

¿Y qué pretenden? “Ha llegado el momento de relanzar Ahora Madrid, que funciona, que existe, que tiene estructuras, una Mesa de Coordinación, concejales, vocales vecinales, estructura territorial y sectorial; y poner todo nuestro tiempo y esfuerzo en eso. Queremos que se generen espacios de transparencia para gobernar de manera más democrática. Desarrollar Ahora Madrid como nació: no un partido clásico, sino un partido movimiento”, explica Lucía Lois, portavoz de Madrid 129.

La irrupción de Madrid 129 coincide con el debate abierto en Ahora Madrid sobre su futuro. Ahora Madrid es una candidatura electoral municipalista que surgió del acuerdo entre Podemos y Ganemos Madrid –activistas, colectivos autónomos y partidos como IU, Equo y Por un Mundo más Justo–. Y en el debate sobre qué ha de ser Ahora Madrid hay posiciones diferentes, tanto en Ahora Madrid, como en Ganemos Madrid y en Podemos en Madrid ciudad, la otra pata, en la que también conviven distintos matices.

Así, quienes intentan potenciar el partido instrumental como algo más, un sujeto político propio en la capital que supere a sus integrantes, van más lejos de lo que, en principio, pretende Podemos en Madrid: un movimiento ciudadano; “durmiente”, según ha declarado el secretario general de Podemos Madrid ciudad, Jesús Montero, en El País; y que siga sirviendo como marca electoral en 2019.

“Somos un grupo de gente vinculada a Ahora Madrid, y sabemos y reconocemos que la institución no puede llegar a todos lados. Para cambiar la ciudad hacen falta espacios y colectivos que van en la línea de transformar la ciudad, donde haya derechos para todos y todas”, afirma Lois.

De acuerdo con el manifiesto publicado en la web, “Madrid 129 nace como un espacio de trabajo conformado por gentes diversas, todas ellas vinculadas a Ahora Madrid, espacio político por el que apostamos y queremos seguir construyendo, acompañando, compartiendo con otras y otros en los próximos meses y años. Construir Ahora Madrid implica desarrollar herramientas que hasta el momento no hemos tenido la posibilidad de utilizar, así como mejorar las que ya tenemos en marcha”.

Según Lois, “Ahora Madrid nació para presentarse a las elecciones municipales y se cumplió el reto logrando la Alcaldía. Pero también nació con otros muchos retos, como gobernar de una manera diferente y ser una herramienta para la transformación, un espacio abierto, de confluencia donde se pueda encontrar un espacio de trabajo. Además, hacer Ahora Madrid una organización más fuerte es importante para el desarrollo del municipalismo”.

¿Significa esto el vaciamiento de Ganemos Madrid? “Hay muchos de M129 que siguen en Ganemos: no es una desvinculación de Ganemos, no es una escisión. La estrategia de construir AM es completementaria con Ganemos y nos encontraremos en el camino. Muchísima gente de M129 es parte de Ganemos y seguirá allí”, razona Lois.

¿Y qué necesidad había de crear una herramienta más, no servían las que existían? “Hay proyectos ciudadanos que han de funcionar aparte de la institución, y que sí que tienen que ver con el cambio de la ciudad. Tenemos ganas de caminar juntas, tener redes con otra muchísima gente y hacerlo desde la alegría, el apoyo mutuo y la ilusión. No queremos inventar la rueda, pero sí poder decir abiertamente que sean relanzadas las herramientas, nuestra apuesta es que esas herramientas de AM funcionen mejor, sean espacios democráticos, lugares de trabajo para las iniciativas ciudadanas”, afirma Lois. Y añade: “Hay cosas que un partido como AM no tiene por qué hacer. Lo social tiene que seguir autoorganizándose, autogestionando proyectos que nos parecen interesantes y potentes para aportar un granito más. Para tener un lugar donde trabajar”.

En Ganemos, además de activistas autónomos vinculados al Patio Maravillas y el Observatorio Metropolitano, entraron partidos, como IU, Equo y Por un Mundo Más Justo. ¿Entrarán también en M129? “Como todo espacio asambleario”, explica Lois, “no podré decir si sí o si no. No hemos hablado nada más que la web que tenemos, falta por definir la manera de crecer o vincularnos con otras gentes. Es un espacio desde el que queremos hacer cosas. Tenemos ganas de hacer cosas juntas con AM y desde fuera, que sea un espacio de encuentro entre diferentes personas vinculadas a Ahora Madrid para relanzarlo, reconstruirlo, acompañarlo y reforzarlo”.

Carmena: “Ahora Madrid no existe”

La iniciativa de Madrid 129 se ha dado a conocer tres semanas después de que Manuela Carmena dejara el siguiente titular el pasado 8 de julio: “Ahora Madrid no existe como tal”. La alcaldesa dijo esta sentencia para intentar desvincularse del apoyo de Ahora Madrid-Moratalaz al grupo Distrito 14, acusado de supuestas agresiones en las fiestas del distrito.

La propia alcaldesa dijo en una entrevista publicada por El País el 11 de julio: “Ahora Madrid no es un partido. Yo gestiono personas y personalidades distintas. Negocio con ellas. En un año, hemos dado un ejemplo de consenso. El 83% de los acuerdos ha sido por mayoría. Y el 63%, por unanimidad. Por eso no tiene sentido dar idea de una imagen sectaria y radical, como hace el propio PP. La ideología es adjetivo, es un discurso teatral”.

Manuela Carmena quiere una policía municipal más próxima al ciudadano. Así lo establece el plan director elaborado por el área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, dirigida por el concejal Javier Barbero. Dentro de ese nuevo modelo, están previstas las mesas de convivencia y seguridad en cada barrio de Madrid. Este martes, se ha reunido la primera, en Lavapiés. Una vez que el sistema se consolide y evalúe en este barrio, se extenderá en el resto.

¿En qué consiste este modelo?

La mesa de convivencia y seguridad, que ahora se inicia en Lavapiés, tiene como tarea corresponsabilizarse en el diagnóstico y las propuestas en la intervención de problemas de seguridad.

Frente a la salud, hay personas que depositan la responsabilidad de la salud en el médico. Y frente a la seguridad, se deposita en la institución policial. Lo que nosotros decimos es que hay corresponsabilidad en el sentido de que la gente del barrio haga propuestas a los técnicos, que en este caso es la policía municipal.

Esto es algo que está aprobado en el plan director de la Policía Municipal, y la mesa de convivencia y seguridad de Lavapiés ha sido aprobada por el pleno de la Junta del distrito Centro por los cuatro partidos.

Lo que no es cierto es que haya un modelo basado en jurados vecinales. Eso es falso. Lo que hay son documentos que hablan de distintas buenas prácticas en Europa y EEUU para documentar a las mesas de lo que se hace en otros sitios. Es sólo un ejemplo.

¿Pero podría llegar a haber jurados vecinales?

Habrá lo que decida la mesa de convivencia y seguridad. Si en vez de llamarlo así lo llamáramos un espacio de deliberación sobre temas de seguridad, tendría otras connotaciones. Por ejemplo: si una discoteca hace mucho ruido, se llama a los distintos intervinientes, al dueño, a los vecinos, y se les sienta a ver qué podemos hacer con ese conflicto. Lo que buscamos es la resolución de conflictos que en la medida de lo posible no lleguen al ámbito judicial. Y si tienen que llegar, que lleguen.

Son, en todo caso, estrategias intermedias, que no van a sustituir al ámbito judicial. Si hablamos de un atraco, no hay mediación posible. Este tipo de herramientas se utilizan para gestión de los conflictos en torno a la convivencia.

Es una de las múltiples ideas que hay en EEUU e Inglaterra, que hablan de justicia comunitaria y restaurativa, que no sustituyen a la justicia ordinaria, pero el infractor, no el delincuente, puede acordar conjuntamente para restaurar el daño hecho.

Por ejemplo, si hay unos chavales que montan mucho lío con los patines y han roto unos cristales de un comercio, la idea es que se sienten con sus padres y el comerciante y sean capaces de llegar a un acuerdo de restitución. A veces pueden ser informales, pero con encuadres comunitarios que ayuden a gestionar los conflictos. Es un grupo de mediadores con estrategias de gestión de conflictos no judiciales. No se habla de delitos, para eso está la justicia ordinaria.

¿Quiénes están representados en la mesa de convivencia y seguridad?

Están representadas las asociaciones, los partidos a través de los vocales vecinos, la policía... Y supone una interlocución para evaluar los distintos problemas y hacer propuestas. En todo esto, una idea clave es la de corresponsabilidad.

¿Qué competencias tiene?

Sobre convivencia y seguridad. Por ejemplo, si hay zonas especialmente sucias y el hecho de estar más sucias y menos cuidadas dan mayor sensación de inseguridad subjetiva. El concepto de seguridad tiene que ver también con iluminación, grupos delincuenciales, espacios de encuentro de la propia comunidad, con el acceso a los transportes públicos. Pero hay una parte que es pelear contra los delitos, donde el trabajo de policía va a ser central, pero también los ciudadanos.

¿Qué decisiones puede tomar?

Por ejemplo, con ese bar que pone la música altísima, las asociaciones pueden hacer una campaña de boicoteo. Las medidas no son necesariamente de tipo represivo y policial. Lo importante es que la comunidad no busque tanto culpables como soluciones.

Una cosa es una infracción leve que se puede gestionar de manera dialogada y otra son los delitos. La mesa se ocupa de todo aquello que tenga que ver con la convivencia y no tanto en la seguridad ciudadana.

Cada vez tenemos que más profundizar en el concepto de seguridad. En el plan de policía director, hemos hecho una definición de seguridad suficientemente amplia: hay muchos niños a los que les genera inseguridad no poder dar la luz por la mañana por tener pobreza energética. O que las calles no estén suficientemente iluminadas.

¿Cuándo se extenderá a otros barrios?

Vamos a ir despacio. Estamos en un proceso de reestructuración de la policía, donde se han hecho nombramientos, y cuando se vaya asentando ese proceso iremos empezando. Y habrá que evaluar este plan piloto de Lavapiés.

¿Puede haber diferentes modelos en cada barrio?

Puede haber resultados distintos en función de cada barrio, pero las metodologías serán comunitarias y participativas. El modelo de policía comunitaria sí está definido, y las mesas de convivencia suponen una de las patas de ese modelo.

¿Por qué arranca en Lavapiés?

En 2010 ya había un estudio sobre dificultades en Lavapiés, un barrio que, por otro lado, tiene una gran red asociativa y que además nos invita a pensar en la gestión de la diversidad. No es que sea especialmente problemático, tiene una riqueza e historia rica para el trabajo comunitario.

Ada Colau contó hace unos meses en unas jornadas cómo ella, antes de ser alcaldesa, volvía a casa por la noche, sin batería en el móvil, y le entró un varón grande amenazante. Colau explicaba que lo que le resolvió el problema es que se acercaron dos chavales con patines y le acompañaron. Esa comunidad de jóvenes no es indiferente frente a los riesgos de las personas. Una comunidad comprometida con la seguridad hace que todos nos sintamos más seguros.

¿Y qué papel desempeñaría el gestor de barrio?

Es otro ejemplo que figuraba en la documentación que aportamos. Lo que hace no es centrarse exclusivamente en seguridad, sino en problemas vecinales, y ayuda a gestionar con los distintos agentes. Lo nombraría la propia mesa o el Ayuntamiento. No hay nada definido al respecto, tan solo experiencias en otros sitios.

¿Este modelo policial supone un rebaja del perfil policial?

Tan importante es el trabajo policial de persecución de delitos y de delincuentes, intrínsecamente policial, como el de policía tutor, que también es intrínsecamente policial y que ayuda a gestionar conflictos. El planteamiento que hacemos también prevé la parte reactiva contra delitos y delincuentes, pero lo que nos piden los ciudadanos en la mayoría de las llamadas que recibe la Policía Municipal es gestión de conflictos, otro 20% tiene que ver con movilidad y un 12%, para seguridad ciudadana. Tanto responde a la identidad de policía perseguir al delincuente como ayudar a gestionar conflictos vecinales, o ayudar a jóvenes en riesgo. Esto es importante, porque solamente asociamos a la policía la intervención reactiva.

El Juzgado de Instrucción 47 de Madrid ha archivado la querella interpuesta contra el concejal de Salud, Seguridad y Emergencias de la capital, Javier Barbero, por llamar “fascistas” a algunos agentes que lo increparon en la calle. El juez considera que no constituye un delito de injurias, aunque precisa que puede denunciarse por lo civil.

La denuncia fue interpuesta por el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CCPM) con motivo de las declaraciones que realizó el concejal tras un escrache de la Policía Municipal contra el desmantelamiento de una de las Unidades Centrales de Seguridad (UCE), conocida popularmente como la unidad antidisturbios de la Policía. En una rueda de prensa celebrada el 16 de febrero, Barbero aseguró que los policías que le habían increpado horas antes en una concentración le recordaban a “grupos de fascistas”.

El edil, que declaró el 25 de abril como investigado ante el citado juzgado, dijo al salir de la sala que no había llamado “fascista” a ningún policía, aunque sostuvo que aquel día vivió una situación de “autoritarismo desproporcionado”.

En un auto fechado el 20 de mayo y dado a conocer este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado Adolfo Carretero ha decretado el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones porque la expresión de Barbero “no puede considerarse constitutiva de un delito de injuria grave con relevancia penal”.

“Máxime cuando la citada expresión se ha utilizado contra el Rey y contra el Gobierno de la nación por escrito y con publicidad y no ha tenido reproche penal, según la jurisprudencia invocada por el ministerio público”, ha añadido.

El magistrado ha explicado que en todo caso podría tratarse de “un ataque contra el honor del citado sindicato o sus componentes, que puede ser reparado vía civil correspondiente”.

Al comienzo del auto, el juez señala que la expresión que dijo el edil “es totalmente desafortunada, máximo cuando se ostenta la representación institucional del cuerpo como concejal de Seguridad”, y recuerda que podría constituir una falta de injurias en el antiguo Código Penal, ya derogado.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma (ante el mismo juzgado) subsidiario de apelación (ante la Audiencia Provincial).

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por la manifestación nazi en el centro de la ciudada del pasado sábado, celebrada a pesar de que el Consistorio había solicitado a la Delegación del Gobierno su prohibición, han avanzado a eldiario.es fuentes municipales.

El Delegado del Área de Seguridad, Javier Barbero, sigue así la recomendación de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal, que le había presentado un informe sobre la marcha. En el documento, los agentes aprecian indicios de un delito contra las libertades y los derechos fundamentales, castigado con penas de entre uno y cuatro años de prisión.

El contenido de esa nota interna, adelantada por eldiario.es, concluye que la manifestación convocada por Hogar Social Madrid contenía “una clara intención de criminalizar a las personas extranjeras y refugiadas como generadores de terror y acusándoles de terrorismo”.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado presentó el jueves una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el contenido de la manifestación.

El informe policial concluye que, más allá de la manifestación, Hogar Social Madrid y sus integrantes pueden estar cometiendo un delito tipificado en el artículo 510.1 del Código Penal. “Hogar Social Madrid, de forma indirecta y públicamente, fomenta la hostilidad y el odio hacia estos grupos, con intención de que la sociedad española rechace la llegada de refugiados o de extranjeros”, recoge su nota interna.

En una comparecencia posterior a la presentación de la denuncia, Barbero ha hecho una defensa cerrada de la libertad de expresión pero recordando que el límite está en el respeto a los derechos humanos.

Sobre la manifestación ha dicho: “Expresamos esa preocupación a la delegada del Gobierno, que tomó la decisión de no prohibir la manifestación”. “No puede haber margen de licencia, de posibilidad de que haya una incitación al odio, a la hostilidad”, ha añadido el delegado, informa Europa Press.

El equipo de Manuela Carmena ha apartado de sus funciones al mando de la Policía Municipal José Luis Morcillo, quien fuera máximo responsable del Cuerpo en la época de alcalde de Alberto Ruiz-Gallardón. Morcillo era en los últimos tiempos jefe de la División de Seguridad Patrimonial y, como tal, responsable del informe técnico en el que se basó la adjudicación a una empresa de seguridad privada que un tribunal administrativo acaba de tumbar.

El fallo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) ha ordenado anular la adjudicación a la empresa Segural S.L de la protección y seguridad de todos los edificios dependientes del distrito madrileño de Chamartín durante un año, entre el 31 de marzo de 2015 y el 1 de abril de 2016. Por este concepto, Segural iba a recibir 389.856,96 euros de los fondos públicos.

El acuerdo del tribunal, fechado el 13 de abril, incluye la “anulación de la valoración realizada” por el grupo policial de Morcillo y la repetición de todo el proceso de licitación. El TACP atiende así el recurso de otra empresa, Eulen, una de las cinco que concurrieron al concurso. El contenido del fallo es el motivo de la destitución de Morcillo, según trasladaron a eldiario.es fuentes del Consistorio. Ni el policía, ni la Asociación de Jefes de la Policía Municipal de Madrid (AJPMM) han querido pronunciarse sobre la destitución.

José Luis Morcillo es uno de los cinco subinspectores que hay en la actualidad en la Policía Municipal de Madrid, un Cuerpo con alrededor de 6.000 agentes. Su trayectoria se vio interrumpida en 2007, cuando solicitó una excedencia para convertirse en director general de Falcon, una empresa de seguridad privada.

En 2014, con Ana Botella en la Alcaldía, regresó a la Policía Municipal y fue destinado a la División de Seguridad Patrimonial, de la que ahora ha sido destituido, tras unos primeros meses en el centro de formación de policías y bomberos del Ayuntamiento. Se trata del grupo que debe, entre otras funciones, valorar a las firmas del poderoso sector empresarial de la seguridad, donde también trabaja su mujer.

Entre un periodo y otro, Morcillo pasó dos años en la Empresa Municipal de Transportes (EMT), en un cargo que no existía hasta que él llegó, el Departamento de Seguridad, Salud y Prevención. La UGT se quejó por entonces de que la EMT se había convertido en un refugio para 70 “enchufados” del PP de Madrid, entre los que ubicó a José Luis Morcillo.

El acuerdo del TACP invalida la concesión firmada por el presidente del distrito de Chamartín, Mauricio Valiente, el 11 de marzo. Fuentes municipales aseguran que se revisan en la actualidad otros “informes técnicos” que han servido para realizar adjudicaciones en el ámbito de la seguridad privada, con el objetivo de que no se repita el caso de Chamartín y la administración local pueda ser la primera en actuar.

El fallo del tribunal administrativo es tajante respecto al “informe de valoración” de la Policía Municipal. Así, concluye que “en todos los criterios y subapartados no ha sido debidamente justificado y ponderado en su apreciación de las dos ofertas analizadas”.

Incluso viene a concluir que el informe técnico miente. Por ejemplo, al asegurar que Eulen “hace una mención casi nula del concepto de riesgo, sin definirlo, ni mencionar otros conceptos análogos que permitan la mejor comprensión del mismo”. No solo no es así, sino que Eulen hace una “definición de riesgos, inventario de riesgos asiduos, divididos según el agente causante, en los que constan, riesgos derivados de la naturaleza, de origen antisocial y del fuego” y “además se especifica en cada uno de los apartados los diferentes tipos de riesgo y sus variantes”.

El acuerdo del tribunal se refiere directamente a Morcillo cuando afirma: “Hemos de suponer que los técnicos que elaboraron el informe, Inspector Jefe de la División de Seguridad Patrimonial y jefa de Departamento de Seguridad Privada, no deben necesitar que se les suministren otros conceptos análogos para comprender el concepto de riesgo en un contrato de seguridad”.

La discriminación es tan descarada que la empresa adjudicataria obtiene en un apartado 4 puntos frente a los 0,5 de Eulen, a pesar de que ésta última hace un análisis de riesgo individualizado de cada uno de los edificios que va a proteger y Segural, la adjudicataria, se limita a establecer una media.

Además, el tribunal detecta que se ha penalizado a Eulen por unos conceptos que “no procedería tener en cuenta en la puntuación” y, sin embargo, se han obviado otras prestaciones de la empresa que deberían haber mejorado su puntuación. “Adolece el informe de valoración de falta de motivación suficiente que acredite la diferencia en las puntuaciones otorgadas a ambas empresas”, añade.

Aupado por Álvarez del Manzano

La trayectoria de Morcillo al frente de la Policía Municipal estuvo salpicada de varias polémicas desde el mismo momento en que fue nombrado inspector jefe del Cuerpo por el entonces alcalde José María Álvarez del Manzano. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el 23 de enero de 2003 el nombramiento por un defecto de forma que fue subsanado más tarde.

Al frente de la Policía Municipal, Morcillo denunció a tres concejales de la oposición por desobediencia e incitación a la violencia durante una protesta contra la tala de árboles para construir la M-30. Los ediles denunciaron la carga policial y abuso de autoridad. Un juez archivó la causa en 2006. Uno de esos concejales era Inés Sabanés, en la actualidad concejala delegada de Movilidad y Medio Ambiente y portavoz adjunta del Consistorio.

Ese mismo año, un mando de la Policía Municipal cursó la orden de ampliar el número de agentes antibotellón en las proximidades del domicilio particular de Ruiz-Gallardón. Ese mando fue destituido a pesar de que la instrucción partió de José Luis Morcillo, según informó entonces El País.

Los defensores del subinspector destacan su lucha contra prácticas como el botellón al frente de la comisaría del distrito Centro de Madrid o su labor de coordinación en los atentados del 11-M, siendo ya máximo responsable de la Policía Municipal. Las mismas fuentes aseguran que en sus 36 años de servicio se ha convertido en una de las dos personas más condecoradas de la institución.

Poco antes de la victoria de Ahora Madrid en las elecciones de 2015, fue creada la Asociación de Jefes de la Policía Municipal de Madrid (AJPMM), de la que Morcillo es presidente. La AJPMM considera que el Plan Director creado por el equipo de Carmena para acercar la Policía Municipal a los ciudadanos es una forma de imposición de “un ideario político” que perjudica los intereses de los agentes.

La AJPMM ya ha anunciado que llevará a los tribunales al director general del Cuerpo, Andrés Serrano, por eliminar la permanencia obligatoria en un destino durante un periodo mínimo. Esta asociación de mandos policiales también ha amenazado con la justicia ordinaria al delegado de Seguridad, Javier Barbero, tras el anuncio del Ayuntamiento de crear un comité ético para investigar de oficio la actuación policial en determinados incidentes y supervisar el tratamiento de quejas referentes al servicio de este Cuerpo, con el objetivo de “proteger los derechos humanos”.

El fallo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid es recurrible por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses.

Ahora Madrid ha anunciado que solicitarán "en breve" el archivo de la causa y su sobreseimiento

El concejal delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha declarado este lunes al juez, tras ser denunciado por un sindicato por llamar “fascistas” supuestamente a los policías, que él “en absoluto hizo ningún tipo de calificación ni descalificación de personas, ni de la Policía, ni de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

La declaración, que comenzó poco después de las 10 horas y ha durado unos 40 minutos, se enmarca en la denuncia presentada por el Colectivo Profesional de la Policía Municipal de Madrid (CPPM) por un delito de injurias graves a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad contra Barbero por llamarles “fascistas” en una manifestaciones realizadas tras una concentración en Plaza de la Villa el 16 de febrero, en la que recibió abucheos, insultos y protestas.

“Yo me enfrentado a las preguntas del juez y de los abogados con mucha tranquilidad. Lo que les he dicho ha sido describir una situación que se me asemejaba a un tipo de comportamiento concreto, pero en absoluto he hecho ningún tipo de calificación o descalificación de personas, ni de la Policía, ni de los Cuerpos o Fuerzas de Seguridad”, ha manifestado esta mañana a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.

Barbero ha insistido en que en aquellas manifestaciones sólo describió “una situación concreta”, donde él he recibido insultos, se zarandeó un coche, o en la que a una periodista le tiraron el móvil con el que grababa la manifestación.

“Esa es la realidad y eso lo he contestado. Yo nunca he dicho que hubiera actitudes fascistas de personas concretas, sino que he descrito una situación concreta que viví yo en aquel momento, de un autoritarismo desproporcionado”, ha añadido.

Por todo ello, el edil de Ahora Madrid ha anunciado que solicitarán “en breve” el archivo de la causa y su sobreseimiento. “Y ese es el único escenario que contemplo”, ha apuntado.

Asimismo, preguntado por los periodistas, ha asegurado que él mantiene “una buena relación con la Policía Municipal”. “Vamos hablando y viendo cómo se van haciendo las cosas, mejorando. Ya conté en aquellas declaraciones que era un grupo muy pequeño que ni siquiera manifestaba a los que estaban allí y que tuvo ese comportamiento”.

Tras recordarle que ese “pequeño grupo” eran representantes del sindicato CPPM, que a la postre fueron los que interpusieron la denuncia, Javier Barbero ha apuntado que “no representa a todos los policías”. “Es muy importante saber quién representa a quién”, ha dicho.

Asimismo, al delegado le llama la atención que los que le acusan “digan que estaban haciendo un escraches” y que de esta forma “lo legitimaban”. Preguntado por si considera fascistas los escraches, ha respondido que es una cuestión “peculiar” porque “para debatir sobre ello, hay que debatir sobre lo que es un escrache”.

La acusación: “Se ha ratificado en lo de fascistas”

Por su parte, el abogado del sindicato policial, Fernando Catalán, que ha estado presente en la vista, ha afirmado que Barbero se ha ratificado en que en aquellas protestas del 16 de febrero hubo “comportamientos fascistas por partes de los convocantes y que le recordaba a maniobras fascistas”.

También, según este letrado, el concejal delegado ha narrado que hubo una “actitud provocadora” por parte de algunos de los manifestantes. Asimismo, el juez le dio la oportunidad de disculparse, pero él se ratificó en sus declaraciones, ha añadido.

Catalán también ha explicado que el pasado viernes transformaron la denuncia inicial en una querella por injurias contra los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El magistrado del Juzgado número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, tendrá que decidir ahora seguir el procedimiento y abrir juicio oral o archivar el caso.

El concejal de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, recibió ayer, 5 de abril, una citación judicial para acudir como investigado por la denuncia interpuesta por el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM). El edil deberá asistir el próximo 25 de abril al juzgado número 47 de Plaza de Castilla para prestar declaración ante el juez.

La denuncia se produce por las declaraciones que realizó el concejal tras el escrache de la Policía Municipal el pasado 16 de febrero contra el desmantelamiento de una de las Unidades Centrales de Seguridad (UCE), conocida popularmente como la unidad antidisturbios. La denuncia se basa en el incumplimiento de los artículos 504.2 y 211 del Código Penal que condena a “los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

El concejal respondió a las preguntas de los medios en una rueda de prensa, declaraciones que los agentes consideraron injurias graves contra los cuerpos y fuerzas de seguridad y por las que han decidido presentar el escrito. Ante la pregunta de una de las periodistas presentes sobre si creía que los madrileños se podían seguir sintiendo orgullosos de su Policía Municipal, el concejal respondió que “ese porcentaje pequeño de los que estaban, que se han dedicado a acosarme, a insultarme no representa a lo que es la Policía Municipal”. “La imagen que han dado se me asociaba a esos grupos de fascistas que hemos visto en algunas ocasiones”, añadió.

Durante la protesta, Javier Barbero, tuvo que resguardarse en un bar por el hostigamiento de los agentes. Uno de los manifestantes agredió a una periodista arrancándole el móvil de las manos y lanzándoselo a otra redactora que estaba cubriendo la información.

En una reciente protesta por parte de integrantes de la policía municipal de Madrid se persiguió en la calle al Concejal de Seguridad Javier Barbero

¿Ha sido esa protesta un escrache como nos cuentan los medios? ¿Qué es un escrache?

La mejor definición de lo que es un escrache se la leí una vez al concejal Guillermo Zapata (con el que coincidí en algunos de los escraches de vivienda durante el año 2013). Decía Zapata:

Ese control no parece que es lo que sucedió en los eventos en torno a una protesta y posterior persecución del concejal Delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, el pasado 16 de febrero en las inmediaciones de la Plaza de la Villa en Madrid.

Los escraches del movimiento de vivienda se produjeron ante la repetidísima falta de interlocución de las autoridades a lo largo de años, incluida la vergonzosa (y forzada) tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 1.400.000 firmas. He leído que el concejal se ha reunido sietes veces con los sindicatos de la policía. Siete.

Los escraches de vivienda tenían comienzo y final. Eran campañas organizadas con reglas claras. Aquí tenéis el protocolo de actuación. Lo primero que viene en el documento: “Los escrache deberían realizarse en días laborables y en horario escolar, para cerciorarnos de que los niños no están en casa, sino en la escuela. Los niños nunca, ¡jamás!, deben de ser interpelados. Ni en los colegios ni en ninguna otra parte”. Después habla mucho del arma usada en la protesta: la pegatina. Así eran los escraches, espacios libre de cualquier tipo de violencia. Sin duda. Y lo digo con vehemencia porque participé en varios escraches. Cualquier otra actuación que se diera esos días y que se saliese de estas prácticas, que pudo pasar, sencillamente no era un escrache. *

Más allá de consignas y reivindicaciones políticas y sociales y de valoraciones del trabajo y responsabilidades del concejal, en la protesta policial se escucharon insultos al concejal y al director de la Policía del tipo: “rojo de mierda”, “gordo”, “perroflauta”, “dictador, ”hijo de puta“. Ese tipo de calificativos, son impropios de un escrache. *

En el protocolo de escraches de la PAH leemos: “No se debería pitar durante todo el tiempo, solo al principio para hacer eco de que estamos allí, porque también puede molestar a los vecinos el ruido constante y eso no es lo que pretendemos. Se deberían explicar los casos sin insultos ni amenazas”, en este caso hubo bastante violencia verbal y gestual.

En la protesta de los policías se agredió a una periodista y se le quitó su herramienta de trabajo, cosas impropias de un escrache. *

Igualmente los representantes del monopolio estatal de la violencia que estaban protestando zarandearon el coche del concejal, otra vez: impropio de un escrache. *

Inmediatamente toda la maquinaria mediática del ultracentro ha recuperado y comenzado a usar esa palabra que tanto desconcierto les causó en el pasado: escrache. Parte de las críticas son fundadas: si desde sectores de la política y sociedad se ha defendido –Barbero entre ellos– la protesta pacífica en la calle y la petición de explicaciones a representantes públicos como una forma legítima de acción, pues ahora también lo es, gobierne quién gobierne. Yo creo que eso no se discute. Defiendo el derecho de manifestación y reunión como algo sagrado. Y para todos, incluyendo a integrantes de los ejércitos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías, claro. Protestas pacíficas, claro.

Lo que los compañeros de la prensa de ultracentro no recuerdan y la prueba definitiva de que lo sucedió no es un escrache es la ausencia de detenidos entre los participantes. Tampoco ha habido fichados o multados. Ni siquiera ha habido cargas policiales con palos, golpes y heridos. No van a ir policías encapuchados a los domicilios particulares de los participantes a detenerlos o llevarlos a comisaría para declarar. En este caso la Delegación del Gobierno (que en el pasado ha llegado a tildar de “filoetarras” a colectivos que protestan) no ha apreciado en este caso riesgo para el delegado Barbero y por eso la Policía nacional no ha intervenido. En otras protestas, o mejor dicho, en protestas realizados por otras personas, el acoso policial ha sido constante. Muchas veces violento.

Resumiendo. Si observamos lo que viene sucediendo en el marco de las protestas sociales en Madrid en los últimos años y lo comparamos a lo acontecido en esta protesta (independientemente de los protagonistas), parece que este suceso no cuadra dentro del fenómeno conocido como escrache.

Todo este asunto me recuerda a ese exitoso lema del ultracentro en lo referente al matrimonio homosexual tan y tan repetido: “Que lo llamen como quieran, pero que no lo llamen escrache”. Lo que ha pasado con el concejal y los sindicatos policiales puede definirse de cualquier manera, pero no es un escrache.

*Y si ha sucedido alguna vez algo así en las protestas de vivienda: eso no era parte del escrache y evidentemente condenable.

Unos 300 policías municipales convocados por el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) se han concentrado este martes en la Plaza de la Villa por la “falta de diálogo” con el área que preside el delegado de Seguridad, Javier Barbero, al que han perseguido por toda la calle Mayor al grito de “dictador”.

Durante la protesta, uno de los manifestantes —todos policías municipales— ha agredido a una periodista arrancándole el móvil de las manos y lanzándoselo a otra periodista que estaba cubriendo la información.

Barbero, que había salido de la comisión ordinaria de Seguridad, ha salido por la puerta principal de la Casa de Cisneros, donde se oía a los manifestantes con lemas como “Menos abrazos, más seguridad” y “Sí se puede”. Entre los sindicatos presentes estaban CPPM, CSIT y CSI-F.

Finalmente, el delegado y el director general de la Policía Municipal han tenido que resguardarse en un bar en una calle aledaña a Mayor. El coche en el que se han marchado ha sido zarandeado por los manifestantes.

El delegado Barbero ha asegurado a la prensa minutos antes que sí ha habido reuniones con los sindicatos y que la última, de hecho, fue el viernes pasado. Desde CPPM han explicado antes de la persecución al edil que la protesta responde a “la ausencia de diálogo” ya que el concejal se presentó con un plan director de lo que será la nueva Policía “en la mesa”. El desmantelamiento de una de las Unidades Centrales de Seguridad (UCE), conocida popularmente como la unidad antidisturbios de la Policía, fue“la gota que colmó el vaso”.

Javier Barbero ha explicado a la prensa que las dos UCE “se han quedado en una, es decir, que no se desmantelan”. Lo que hace el área es “fortalecer las 22 unidades integrales de distrito porque es el trabajo de la Policía Municipal por excelencia”.

“Los recursos hay que sacarlos de algún sitio en aras de una reorganización que estamos haciendo. Siempre va a haber unidades de refuerzo en los distritos. Hay que mesurarlas en función de los recursos que tenemos y de las prioridades”, ha informado.