Nueve malienses y un senegalés, con protección de asilo, procedentes de Canarias, serán acogidos en Gijón. Los diez menores, de 16 y 17 años, se quedarán en las instalaciones locales de la oenegé de Accem. Su traslado ha sido coordinado entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Principado.

El Ayuntamiento de Gijón ya ha mostrado públicamente su sorpresa ya que desconocía que iban a ser trasladados a la ciudad.

El equipo de gobierno local ha pasado de la perplejidad inicial a mostrar públicamente su disconformidad por haberse enterado por los medios de comunicación.

“Es una deslealtad institucional”, han asegurado fuentes del ayuntamiento gijonés.

Solicitantes de asilo

Con este primer traslado se cumple con la sentencia dictada, el pasado mes de junio, por el Tribunal Supremo, donde insta al Gobierno a adoptar medidas para garantizar los derechos de protección de los menores.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal requería al Estado para que se hiciera cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo acogidos en la red de protección de Canarias.

El auto ha sido dictado a instancia del Gobierno de Canarias, que había requerido previamente al Ejecutivo central la adopción de estas medidas.

Protección internacional

El Supremo entendía que el Gobierno central debía hacerse cargo de estos menores al considerar que entraba dentro de sus competencias.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunciaba ayer, lunes, a través de la red social X que ya estaban viajando los primeros diez menores solicitantes de protección internacional desde Canarias hasta recursos habilitados por el Gobierno de España en la península, como reproducimos a continuación.

En este post, el ministro ensalzaba la coordinación realizada para este traslado que, según sus propias palabras, se había hecho “con rigor, compromiso y sin improvisaciones”.

Cumpliendo con los menores

Con este traslado se daba cumplimiento tanto al mandato judicial del Tribunal Supremo como al compromiso con Canarias por la saturación de sus recursos y, sobre todo, con “estos niños y niñas” -afirmaba- que están protegidos internacionalmente por la complicada situación de su país. Y seguiremos cumpliendo con el resto de traslados programados“, añadía.

Este primer grupo de diez menores salió ayer, lunes, del centro “Canarias 50” para su traslado a recursos estatales de protección internacional en la Península. Su destino: Gijón.

“Tuve que dejar mi país por motivos políticos, porque trabajaba como asesor de una activista que lucha en República de Guinea contra la violencia de género, la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados. No me quedó más remedio que salir de mi país para salvar mi propia vida”. Son las palabras de Ibrahima Traoré, refugiado guineano licenciado en Ciencias Políticas que ahora está afincado en Toledo.

Traoré explica que su propia familia provocó que tuviese que convertirse en refugiado. “Conspiraron contra mí, porque hablar y estar en contra de temas como la mutilación femenina o los matrimonios forzosos es como tentar a la normativa y a la ley, más siendo un chaval joven. Mi familia fue el detonante, pero después se convirtió en un problema de Estado”. Explica que fue beneficiario de protección internacional, ya que no puede volver a su país por la persecución que sufre.

Llegó a España en 2018, primero a Guadalajara y después se ha establecido en Toledo, donde continúa trabajando como voluntario en diferentes organizaciones sin ánimo de lucro. Ibrahima va a presentar próximamente su libro Diplomacia, diplomacia de defensa: seguridad colectiva y defensa común del África negra contra dominaciones externas, y lo hará el 26 de junio a las 18:30 en la Biblioteca de Castilla-La Mancha que se ubica en el Alcázar de Toledo.

Ha sido uno de los participantes en un encuentro de sensibilización ciudadana celebrado en Toledo, en el marco del Día de las Personas Refugiadas, que se celebra el 20 de junio. Varias organizaciones sin ánimo de lucro se daban cita en el parque escolar limítrofe al Circo Romano en la ciudad.

El encuentro, además de servir como espacio para que la ciudadanía conozca las historias de estas personas refugiadas, también ha funcionado como zona de reunión para todas aquellas personas que comparten una historia: se vieron obligadas a abandonar su país para buscar una vida con mejores condiciones o porque su vida peligraba. Aprovechaban para participar también en diferentes actividades como un taller de henna, el juego de la petanca, un bingo o un taller de decoración de bolsas de tela -también conocidas como totebags-.

La jornada ha sido organizada por Cruz Roja Española, Movimiento por la Paz, Provivienda, Accem, Diaconía, Cáritas y Médicos del Mundo.

Testimonios de refugiados y migrantes en Toledo

Al igual que Ibrahima, Miguel Valdivieso se convirtió en un preso político en Venezuela y tuvo que abandonar su país. Señala que vino a España hace seis meses después de solicitar asilo político porque era dirigente de un partido político en aquel país, compañero de María Corina Machado -también exiliada en España-. “Cualquier persona disidente del régimen es perseguida en mi país. Después de las elecciones del 28 de julio de 2024 tuve que salir por lo que se denomina un 'Camino Verde'. Desde entonces, por el estrés que sufrí durante la persecución padezco hipertiroidismo”, explica. Además, relata que sus compañeros que no pudieron salir ahora están en prisión.

Varias personas han compartido su historia con elDiario.es Castilla-La Mancha, como Codou, una joven senegalesa de veinte años que llegó a España en 2023. “Salí de Senegal en un barco y tardé siete días en llegar hasta Tenerife.” Nos explica que después fue a Barcelona y finalmente se estableció en Toledo, gracias a Cruz Roja. “Estoy aprendiendo español, poco a poco. Empecé en Barcelona, pero es bastante difícil. Estoy buscando trabajo, yo estudié hostelería y pastelería, así que me gustaría trabajar de eso”, comenta.

Llegué con mi tía en un barco junto a otras cincuenta personas, más o menos. Fue muy difícil

Mariam — Migrante senegalesa

Otra joven senegalesa que ha participado en este encuentro es Mariam, de 18 años. Nos explica que llegó a España en septiembre de 2023, concretamente a El Hierro: “Llegué con mi tía en un barco junto a otras cincuenta personas, más o menos. Fue muy difícil”, comenta dirigiendo la mirada al suelo, como si se sintiese incómoda recordando ese episodio de su vida. Sin embargo, cada vez conoce más el idioma y ha aprendido a hablarlo con bastante fluidez. Durante la conversación nos explica que le gustaría estudiar peluquería y estética y trabajar como manicurista.

En el caso de Vlodomir, un médico ucraniano de 68 años, que vivía en Yalta (Crimea) cuenta que se marchó huyendo del conflicto entre su país y Rusia que todavía sigue latente. Está en España desde hace diez meses: “Me fui porque no sé cuándo acabará la guerra. Estoy solo, no tengo a nadie allí, no me queda familia. Vine avión, aunque también en coche y autobús”, explica, aunque todavía encuentra bastante barrera con el idioma.

Me fui porque no sé cuándo acabará la guerra. Estoy solo, no tengo a nadie allí, no me queda familia. Vine avión, aunque también en coche y autobús

Vlodomir — Refugiado ucraniano

Krisley, una venezolana de 38 años, decidió abandonar su país para buscar una vida mejor. “La escasez de los recursos me sobrepasó. Tenía tres trabajos y cubría doce horas laboralmente, algo que era completamente insostenible. No sabía si venir a España o a Estados Unidos, pero elegí España porque no quería pasar por los problemas que existen en la frontera”.

Dejó Venezuela en noviembre de 2023 y desde entonces ha tenido varios trabajos para poder mantener a sus padres que sufren enfermedades degenerativas. “En Venezuela la sanidad es privada y es muy costosa, sobre todo cuando son patologías que conllevan muchos cuidados”.

Tuve malas experiencias, en empleos donde no me pagaron o tuve problemas de violencia, pero ahora con el programa de la organización en la que estoy quiero volver a encontrar un trabajo digno

Krisley — Migrante venezolana

En su relato dice que para las personas migrantes encontrar un empleo es complicado en España: “Tuve malas experiencias, en empleos donde no me pagaron o tuve problemas de violencia, pero ahora con el programa de la organización en la que estoy quiero volver a encontrar un trabajo digno”.

Carlos de la Puente: “El refugio es un derecho”

Desde las diferentes organizaciones sin ánimo de lucro que han estado presentes en este encuentro social han explicado las diferentes iniciativas con las que cuentan para ayudar y posibilitar la integración de los refugiados y migrantes en la sociedad. Cruz Roja Española, Accem, Provivienda, Movimiento por la Paz y Diaconía llevan a cabo el 'Programa de acogida para solicitantes y beneficiarios de protección internacional'. Se trata de un programa con casi 500 plazas de acogida, de las cuales en Cruz Roja Española cuentan con 75 en Castilla-La Mancha.

El referente de Cruz Roja Española en Toledo, Carlos de la Puente, ha explicado que “el refugio es un derecho. Nadie se va de su país porque quiere, sino para labrarse un futuro mejor y sobre todo olvidar lo que han pasado”. Además, subraya que para ser beneficiario de la protección internacional “hay que cumplir los requisitos que marca la Ley de Asilo, como por ejemplo venir de un ambiente de guerra, ser una persona que pertenece al colectivo LGTBIQ+ en países donde está penado por ley y se es perseguido, y también por asuntos políticos o religiosos”, explica.

El programa de acogida lleva activo desde 2016 y en Cruz Roja Española han atendido “en torno a mil personas”, señala De la Puente. Además, expone que en los últimos meses “la mayoría de personas migrantes y refugiados que llegan son personas solas o familias monomarentales de Sudamérica”.

Tanto Mariam como Vlodomir forman parte de un programa de asilo de la Plataforma de Acción Social Diaconía, ubicado en la localidad toledana de Seseña, que posibilita la inclusión de las personas refugiadas en la sociedad y, que en este caso, les están enseñando español.

Patricia Cerrada, profesora de castellano de esta plataforma nos cuenta que actualmente tiene un grupo de seis personas de diferentes edades con los que desarrolla varias actividades para aprender nuestro idioma: “Aprender nuestra lengua es lo más importante para ellos, ya que eso les va a dar acceso a tener un empleo, tener una vivienda o poder seguir estudiando”, explica. Se trata de clases “muy personalizadas, es muy íntimo y cómodo para ellos, porque lo hacemos en un salón, tomamos un café o merendamos. Tenemos personas de muchas nacionalidades y este entorno les ayuda a apoyarse los unos con los otros”.

El responsable de Accem en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, insta a superar el desacuerdo entre el Gobierno central y el regional en torno al reparto de menores debido a la falta de financiación con “mucho diálogo, escucha y humildad” por parte de ambas partes para encontrar soluciones pensando siempre en la persona.

Unas manifestaciones realizadas a Europa Press, a raíz de que el Gobierno de Emiliano García-Page aprobara, el pasado 10 de junio, presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025 aprobado por el Ejecutivo central que impone un sistema obligatorio de reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas.

Carlés defiende el modelo de acogida en torno a los menores de Castilla-La Mancha, basado en hogares pequeños, como un modelo “exitoso” de integración que requiere una financiación “necesaria y adecuada” porque “sin fondos suficientes, no se pueden garantizar condiciones dignas y efectivas para los menores”.

Según este responsable, la situación de los menores migrantes no es un problema exclusivo de España, sino una “problemática global” que afecta Europa, e insiste en que la “clave” para resolver la situación es “diálogo, diálogo y diálogo” entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, marcado, además, por la “humildad por parte de todos”.

Para el dirigente de Accem en Castilla-La Mancha, la postura que se plantea desde Castilla-La Mancha es “muy respetable” y debe ser escuchada porque “su planteamiento también es muy digno” que también debe tenerse en cuenta, por lo que considera que el único camino es el “diálogo”.

En su opinión, ni el Gobierno regional ni Accem están en desacuerdo con acoger a más menores migrantes pero “evidentemente, traer a 500 muchachos cuesta un dinero y esto requiere de una financiación económica que posiblemente se necesite”.

“No estoy de acuerdo en meter a muchachos en una nave”

“Como responsable de una entidad social no estoy de acuerdo en meter a muchachos en una nave, no creo que sea un modelo de integración sino que sería un disparate. Creo que lo que hay que hacer es aplicar el modelo que tenemos en Castilla-La Mancha. Ese modelo cuesta un dinero pero es a imitar y seguir porque los resultados son buenos”, subraya.

“Igual que estamos dando dinero para armamento y defensa, que hará falta y no soy quien para juzgarlo porque lo desconozco, digo también que hace falta para financiar estos otros proyectos”, subraya tras elogiar el modelo que hay en torno a los menores en Castilla la Macha, que califica de “un modelo bueno y a imitar” que debe continuar porque sus resultados también lo avalan.

A renglón seguido, reseña el éxito en la integración, en general, y para aquellos que no lo consiguen, recuerda que tienen otro programa complementario para cuando los menores logran la mayoría de edad, el de autonomía personal, que se puede extender hasta los 24 años si así lo necesitaran.

Desde 2018 la localidad zaragozana de Añón de Moncayo, de 216 habitantes, acoge un centro para menores migrantes. En estas instalaciones, jóvenes de 14 a 18 años reciben formación académica y se preparan para incorporarse al mundo laboral, “son chicos jóvenes que vienen con muchas ganas”, explica Julia Ortega, responsable territorial de Accem en Aragón. La mitad de los jóvenes son de origen magrebí, de Marruecos y Argelia, y el resto son de origen subsahariano. “Durante este año seis de los jóvenes han empezado a trabajar en empresas de la zona y todos los que tienen más de 16 años están apuntados en el INAEM en búsqueda de empleo”. 

El centro de Añón de Moncayo cuenta con 14 plazas destinadas a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. La ubicación del centro en la comarca de Tarazona orienta la intervención con los menores hacia la inserción en el mundo rural, ofreciendo oportunidades reales de integración social y laboral y permitiendo también la renovación demográfica y el rejuvenecimiento de la comarca.

Ortega explica que, especialmente al principio, costaba que los jóvenes quisieran acudir a este centro al estar en un pueblo tan pequeño. “Es algo consensuado, se les ofrece ir al entorno rural, al principio teníamos más reticencias excepto con los perfiles de chicos que provenían de pueblos, pero funciona mucho el boca a boca y al final han sido conscientes de que les brinda muchas más oportunidades”. 

La responsable territorial de Accem asegura que, aunque la oferta formativa puede parecer menor, “la no saturación de los servicios hace que puedan optar a muchas más cosas. En Zaragoza cuando entran no estudian lo que quieren, que suele ser mecánica u hostelería, estudian lo que quedan plazas libres”. Los jóvenes que están en Añón de Moncayo se pueden desplazar a Tarazona para estudiar mecánica o a Borja para cursar hostelería, “así ven que acaban estudiando lo que quieren y con posibilidad de encontrar trabajo. Los procesos de éxito en estas zonas son mucho más rápidos que en otros sitios como Zaragoza y al final los chicos quieren quedarse”. 

Autonomía al salir del centro

Debido a estas ganas de permanecer en la zona, se ha habilitado el programa 17+. Consiste en cinco viviendas ubicadas en Zaragoza y Tarazona, en las que hay 26 plazas de acogida dirigidas a jóvenes migrantes no acompañados de más de 17 años, con un alto grado de autonomía y responsabilidad y que hayan tenido alguna medida de protección por parte del gobierno autonómico siendo aún menores. El objetivo es que su estancia en estos pisos sea un puente de transición hacia la vida totalmente independiente.

El programa está pensado para “favorecer la autonomía y la independencia de los menores tutelados”, tal y como explica Ana Fustero, responsable del programa 17+. Está dirigido a menores que migran solos, pueden empezar a vivir en estos pisos todavía siendo menores y prolongar su estancia hasta los 21 o 22 años, “el único requisito es que estén estudiando o trabajando”. Durante esos primeros años de mayoría de edad, se mantienen en pisos tutelados por la entidad y cuando alcanzan esa autonomía “se plantea la salida del programa de forma paulatina. Se les va dando conocimiento de cómo funciona la sociedad para que puedan ser autónomos”, comenta la responsable.

Viven en los pisos en los que se gestionan con la comida y las labores de organización de la vivienda, “en cada piso hay una educadora, por las mañanas van a sus formaciones o trabajos y nosotras supervisamos que todo está en orden y que todo funciona bien. Hacemos tutorías para ver el proceso de forma individual de cada chico, lleva una vida muy independiente pero con supervisión”. 

Ahora mismo hay 21 chicos viviendo en estos pisos, “la gran mayoría o se están formando o están trabajando, inicialmente acceden a trabajos muy temporales de corta duración, en 2024 tuvieron 70 contratos entre todos, temporales, pero 12 de estos fueron estables, de una duración más amplia, entendemos que sí que hay un éxito de integración laboral, aunque nos gustaría más, creemos que siendo tan jóvenes es bastante positivo que haya tantas contrataciones”. A nivel social, Fustero explica que tratan de favorecer una integración total pero que “cuesta un poco”: “Más que por ellos por la percepción de la sociedad con los discursos de odio, son chavales con muchas ganas de trabajar y de integrarse, y de aportar a esta sociedad”.

Acogida “amable”

La acogida del pueblo es “amable”, dice Ortega, puesto que hace muchos años ya había un centro de estas características: “Siempre nos hemos sentido apoyados por el pueblo, son conscientes de que el centro es un factor de dinamización del entorno. Da trabajo cualificado y ofrece mano de obra a las empresas de la zona”. 

La mayor parte del ocio de estos menores se hace en la localidad cercana de Tarazona, “hacen sus actividades deportivas, son uno más. También están empezando a participar como voluntarios en actividades que hay en el pueblo en el centro de personas mayores. Fustero explica que la forma de integrarse y relacionarse con la gente de la zona está siendo el deporte y el sistema educativo: ”Estos chavales que están formando parte de equipos de fútbol donde juega todo el mundo vemos que se están relacionando con otros jóvenes y esto está favoreciendo que creen sus propias redes. En el ámbito de formación todos los chavales que están estudiando se relacionan con chicos de su edad también está permitiendo que generen más comunidad“. 

“Hubo un incendio hace tres años y nuestros chicos estuvieron ayudando de una forma muy organizada, atendiendo a las indicaciones que les daban, es un entorno amable y donde la inserción está siendo tranquila y satisfactoria para todas las partes”. Ortega resalta que, sobre todo, “no hay que perder de vista que son menores, niños y niñas vulnerables por ser migrantes que viajan solos y necesitan acompañamiento”. 

Fustero también reivindica que, muchas de las carencias y necesidades, surgen cuando salen del programa para, por ejemplo, acceder a un alquiler. Por ello, trabajan la emancipación de forma paulatina: “Hasta que no encuentran un sitio los mantenemos en el programa, todo esto se trabaja con tiempo, no son salidas precipitadas, están muy organizadas, si vemos que no hay una alternativa se mantiene en el programa. Cinco de los chicos que salieron el año pasado salieron compartiendo piso”. 

“¿A quiénes de vosotros os gustaría ir al extranjero a estudiar? ¿Quiénes iríais por amor? ¿Y por trabajo?”. Con estas preguntas el director andaluz de cine, Benito Zambrano, iniciaba este martes un diálogo con alumnos de Bachillerato en el salón de actos del IES Sefarad, en Toledo. “Todas y todos los que habéis levantado la mano seríais inmigrantes en otro país, pero de primer nivel. Os tratarían bien en Europa”.

La presencia en Toledo del también guionista estaba relacionada con la I Jornada sobre Migraciones bajo el lema 'La Migración más allá de la ficción’, organizada por el centro toledano, en la que se proyectó su película 'El Salto'. La cinta gira en torno a la expulsión de un maliense sin papeles y muestra el sufrimiento y el maltrato de los migrantes africanos que llegan a España saltando la valla de Melilla.

El propósito de esta acción formativa, de la que participaron también alumnos y profesores de otro instituto, el IES Greco, es que los estudiantes se sensibilicen y “vean una realidad que no perciben, porque falta mucha formación en todos estos temas. Están en otra cosa, aunque en este centro toledano tenemos alumnos migrantes y cada vez vienen más, la mayor parte del continente americano. Al trimestre llegan unas 20 personas”, explica Oliver Garvín Gómez, director del Instituto Sefarad.

Los españoles fuimos los negros de Europa en los años cincuenta y sesenta, considerados ruidosos, sucios y analfabetos. Ahora vienen otros por necesidad y no a joder y a fastidiar. Vienen a buscar una vida digna

Benito Zambrano — Director de cine

Durante el encuentro, Benito Zambrano, recordó sus orígenes humildes al hablar de su trayectoria profesional, “soy hijo de jornaleros”, dijo, y trató de contagiar lo incomprensible del comportamiento “de quienes fuimos los negros de Europa en los años cincuenta y sesenta, considerados ruidosos, sucios y analfabetos. Ahora vienen otros por necesidad y no a joder y a fastidiar. Vienen a buscar una vida digna”. 

“Aquí hay muchas mujeres”, dijo al observar un auditorio al que se había invitado a alumnos, padres y profesores. “Algunas de vosotras sois madres. ¿Imagináis lo que es no ver a vuestros hijos durante años?, preguntó. Y añadió que ”muchos que los que demonizan la inmigración tienen internas en casa con solo un día libre a la semana, en régimen de semiesclavitud, cuidando los hijos de otra mujer en lugar de a los suyos. ¿Os lo imagináis?“.

El delegado de Bienestar Social en la provincia de Toledo, Maximiliano Muñoz, participaba en la charla y se dirigió a los alumnos para reivindicar sus orígenes chilenos. Señaló la importancia de cómo se habla de ciertos temas: “Si nos referimos a la inmigración como un problema, eso tiene connotaciones negativas. Es mejor hablar de gran desafío”, decía. “El que tiene que salir de su país para buscarse la vida en otro, es el que tiene el problema”.

Algunos de los participantes mostraron sus inquietudes tras el visionado de la película y surgieron las preguntas. Uno de los personajes se centra en una de las pocas mujeres que saltan la valla en Melilla. “Ser mujer, negra y pobre es como tener un cartel en la frente que dice haz conmigo lo que te dé la gana”, comentó Zambrano, que también explicó las dificultades del rodaje a preguntas de los jóvenes. “Se realizó en Madrid porque era donde había más figuración negra”, aunque se encontró con el problema de la falta de especialistas negros.

El cineasta aconsejó a los alumnos sobre “la importancia de observar la vida y a la gente, escuchar el dolor de tu tiempo y aprender para poder contar”. Y mientras dialogaba con estudiantes y profesores, se refirió a la urgente necesidad de migrantes que tienen los países como el nuestro: “Gente que cuide, que trabaje, que tenga hijos” y concluyó que “hay que ser muy estúpido para decir que la inmigración es un problema”.

En el salón de actos del centro educativo, Zambrano quiso dedicar la jornada a la actriz Marisa Pareces, presente en uno de los carteles de películas que lo adornan y cuyo fallecimiento se acababa de conocer. “Fue una gran mujer, comprometida con su carrera, con la cultura y con lo político”.

Este miércoles, 18 de diciembre, se celebra el Día de las Migraciones, declarado por Naciones Unidas en favor de la integración de las personas migrantes en nuestra sociedad.  

La jornada estuvo organizada por el Centro Regional de Formación de Profesores, el IES Sefarad, DAMA Autor (Programa de Formación) y Accem, entidad que abordó el panorama migratorio, la protección internacional actual, el marco legal y el funcionamiento del sistema de acogida. “La implicación de la comunidad educativa es muy importante para todas las personas migrantes”, decía Esther Colado, de Accem, cuyo objetivo es “integrarse en la comunidad y vivir de manera independiente como cualquier otra persona. Tenemos que trabajar mucho para fomentar poder llegar a ese punto”.

El Hospital Universitario de Toledo atenderá y acogerá a dos menores gazatíes con problemas de salud graves derivados de los efectos de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Además, una familiar de ambos, que en este caso es la madre, también les acompañará, gracias al compromiso del Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, con la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha señalado que el próximo jueves el Hospital Universitario de Toledo “recibirá a dos niñas que serán atendidas de las graves heridas que sufren tras un ataque en Gaza, procurándoles los cuidados que precisan lejos de la guerra en su país”.

Se trata de dos hermanas “que vienen acompañadas de su madre cuyo traslado a nuestra capital refleja la solidaridad de Castilla-La Mancha, una tierra siempre dispuesta a ayudar y a acoger a quienes peor lo están pasando; y que es fruto del compromiso firme del Gobierno de España con los derechos humanos y, en especial, con los derechos de la infancia”, ha recalcado la delegada del Gobierno. 

“Todos los niños del mundo, con independencia de dónde se encuentren, tienen derecho a sentirse seguros y protegidos y a recibir la atención sanitaria que precisen y eso es lo que hacemos desde el Gobierno de España y desde Castilla-La Mancha, alejando de la guerra a estos niños para garantizar su recuperación”, ha indicado. 

15 menores palestinos y 27 familiares llegan a España

Un total de 15 menores palestinos con problemas de salud graves derivados de los efectos de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza y 27 familiares directos llegarán a Madrid este miércoles, 24 de julio, desde El Cairo para ser atendidos en diversos hospitales españoles. En concreto, hay 13 menores heridos, una paciente oncológica y otra con una enfermedad crónica cardiaca.

Esta operación responde al compromiso al que llegó el Ministerio de Sanidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunciado por el presidente del Gobierno, y que ha contado también con la participación y colaboración de los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Defensa; e Interior. Asimismo, han estado involucrados y colaborando la OMS; el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC por sus siglas en inglés); y el Fondo de Ayuda para Niños Palestinos.

Los niños, sus familiares y los equipos desplazados de los ministerios de Sanidad e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llegarán este miércoles al aeropuerto Militar de Torrejón de Ardoz, a bordo de un avión medicalizado del Ejército del Aire y del Espacio, que ofrece todas las garantías de seguridad en una evacuación de estas características.

Se completa así la primera evacuación médica dentro del mecanismo Medevac con pacientes palestinos provenientes de Gaza a causa del conflicto. Medevac es un dispositivo de evacuación médica que se activa cuando un país se enfrenta a un desastre que desborda su capacidad de respuesta y requiere ayuda por la vía del mecanismo de protección civil y cuya activación involucra al Centro de Coordinación de Respuestas de Emergencia de la Comisión Europea para movilizar asistencia y expertos de los países participantes.

En este caso, la OMS ha coordinado la gestión de esta solicitud al ERCC y ha activado el Medevac. España ha participado en anteriores mecanismos Medevac para asistir a pacientes provenientes de Ucrania y Moldavia. Y ahora es el primer país europeo en traer mediante este mecanismo a menores palestinos evacuados desde Gaza para recibir tratamiento médico. Asimismo, desde el Ministerio de Sanidad se hace un llamamiento a que otros países europeos se sumen a este mecanismo para la acogida de menores.

El alojamiento será gestionado por ACCEM

Una vez en España, los menores se desplazarán a distintos hospitales del país para poder ser atendidos, atendiendo a la disponibilidad y especialidades de cada uno de los centros médicos y las necesidades los pacientes.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ocupará junto a la ONG ACCEM de la prestación de distintos servicios y actuaciones dentro de la acogida, como el alojamiento, la manutención y la cobertura de necesidades básicas; así como la atención integral, consistente en información y orientación, acompañamiento, atención psicológica y jurídica, y servicio de traducción e interpretación. 

Durante el tiempo que dure la operación, las familias se alojarán en recursos de gestionados por ACCEM. Se ha facilitado la mayor cercanía con los hospitales donde se preste atención médica a los menores o, en su defecto, el desplazamiento de los familiares al centro hospitalario correspondiente. Estas personas contarán también con ayudas económicas para cubrir sus necesidades mientras participan en el programa.

El pasado mes de junio, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha Jesús Fernández anunció que la comunidad autónoma acogería a 12 niños y niñas con cáncer para para prestarles atención médica en Toledo y Albacete y que en todos los casos llegarían acompañados por al menos un familiar o tutor. Nunca llegaron, han confirmado fuentes del departamento en la comunidad autónoma a elDiarioclm.es, por lo que este sería el primer operativo de acogida en España, según han indicado.

En 2023, España registró 163.220 solicitudes de protección internacional, de las cuales casi 6.000 en Castilla La Mancha. Se trata de un récord histórico, que ya superaba en octubre el máximo histórico de 118.842 solicitudes alcanzado en 2022 y que sitúa España, como tercer país europeo con más solicitudes (detrás de Alemania y Francia).

Estos números mantienen la tendencia al alza iniciada hace años, sólo interrumpida por los efectos de la pandemia de COVID-19. La mayoría de las personas solicitantes provienen de países latinoamericanos o subsaharianos como Somalia, Mauritania, Mali o Senegal. Son personas que huyeron de la emergencia humanitaria en Venezuela, la violencia y el conflicto inacabado de Colombia y las violaciones de derechos humanos y persecuciones en Perú. Más de 86.000 son hombres, y 77.678 personas de entre 18 y 34 años.

El 20 de junio, se conmemora el Día Mundial de las personas refugiadas y por tercer año consecutivo Cruz Roja, ACCEM, Movimiento por la Paz (MPDL), YMCA, Diaconía, Cáritas, Provivienda y Médicos del Mundo han promovido actividades lúdicas y de sensibilización para personas solicitantes de asilo y refugiadas que viven en Toledo.

Con el objetivo de construir una sociedad “acogedora, solidaria e inclusiva” para aquellos que han tenido que abandonar sus hogares en busca de seguridad, protección, respeto y dignidad, las ocho organizaciones dedicadas a trabajar en el ámbito de las migraciones y la defensa de los derechos humanos han decidido volver a acercar la realidad de las personas refugiadas a la sociedad toledana.

En el manifiesto conjunto han reafirmado el “compromiso de trabajar juntas en la construcción de una sociedad inclusiva y solidaria donde todas las personas, independientemente de su origen o estatus migratorio, sean tratadas con respeto y dignidad. Abogamos por políticas y acciones que impulsen la integración, la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo entre todas las comunidades”.

Más de 1.300 plazas de acogida en Castilla-La Mancha

Las 8 organizaciones disponen de más de 1.300 plazas de acogida en distintos recursos de alojamiento en Castilla La Mancha. La atención a las personas refugiadas no se limita a proporcionar alojamiento y manutención también incluye ofrecer seguridad, vestuario e información en idiomas que sean comprensibles por las personas que se atienden.

Las organizaciones se esfuerzan por mejorar la salud mental de las personas atendidas, y abordan problemas de adaptación y duelo migratorio. Además, ofrecen asistencia jurídica en la solicitud de protección internacional, temporal o apatridia y apoyo en diversas gestiones legales y administrativas.

Asimismo, el refuerzo de competencias y habilidades es fundamental. A través de un seguimiento personalizado, se fomenta la autonomía personal, el conocimiento del entorno y la igualdad de género. Las organizaciones también sensibilizan sobre la necesidad de una vivienda digna para migrantes y refugiados, desmantelan prejuicios, promueven la convivencia y la búsqueda activa de empleo.

Estos colectivos destacan que la inserción laboral para una persona refugiada significa el acceso a un empleo digno y estable en el país de acogida, lo que tiene un impacto profundo y positivo en su autonomía económica, su integración social, su desarrollo profesional y personal, su estabilidad y seguridad, dignidad y confianza, y, en definitiva, la reconstrucción de su vida después de la experiencia de huir de su país. “El empleo ayuda a dejar atrás el pasado traumático y mirar hacia adelante con esperanza”.

Sin embargo, recuerdan estas organizaciones que llegar a este momento vital conlleva un proceso largo de orientación, capacitación, formación, homologación de títulos y búsqueda de empleo. Sin olvidar procesos vitales como el aprendizaje del idioma, encontrar una residencia estable, forjar redes sociales, etc.

En todos estos procesos, los acompañan las 8 entidades que hoy han promovido esta jornada para conmemorar el día mundial de las personas refugiadas bajo el lema “Toledo, ciudad para todas las personas”.

Trabajadores de la organización Accem se han concentrado hoy en Xixón, frente a la sede de la empresa, en forma de protesta por los despidos recientes de dos compañeras. Mientras que los despidos pueden ser algo normal mientras estén justificados, la principal queja de quienes se han concentrado hoy y de quienes no lo han hecho -por miedo a tener problemas futuros con la dirección, según declaraciones recogidas por este medio-  está el hecho de que achacan que estos despidos han sido una forma de represalia. Y que forma parte de un ‘modus operandi’ dentro de Accem. 

En la concentración liderada por Comisiones Obreras y en la que participaron una treintena de trabajadores y ex trabajadores de Accem, la protesta estuvo encabezada por un cartel afirmando que “La consejería (refiriéndose a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar) precariza. Las subcontratas esclavizan”. Hace unos días, el centro que esta organización tiene en Hevia, Siero, para atender a personas con discapacidad o problemas de salud mental, despidió a dos de sus empleadas y sancionó a otra más a 20 días sin empleo y sueldo, según la denuncia Comisiones Obreras (CCOO). 

De acuerdo con el sindicato y también con personas presentes en la protesta y trabajadoras con las que eldiario.es ha hablado, los despidos son “disciplinarios”, ya que son consecuencia directa de que estas trabajadoras “represaliadas” han apoyado la candidatura de CCOO como representantes sindicales de la plantilla. El pasado mes de abril hubo elecciones en el centro para escoger a los líderes sindicales y estas tres personas (las dos despedidas y la tercera sancionada) apoyaron abiertamente la candidatura de Comisiones Obreras, en vez de la de UGT que tenía el apoyo de la dirección de la ONG. 

Y, según diversos testimonios recogidos, esto no es la primera vez que sucede. Trabajadoras y ex trabajadoras de la empresa hablan de un patrón común, de “caza de brujas” a quienes protestan contra la dirección o se quejan de la situación en los centros de Accem. 

El centro de Hevia: gran rotación laboral

Estos despidos han sido la gota que ha hecho explotar a mucho del personal de la plantilla de Accem Hevia y de otros centros de la misma organización. Ignacio García, responsable de centros de atención a personas con discapacidad de CCOO, recuerda que este lugar se caracteriza dentro del Principado de Asturies por la falta de estabilidad del personal de atención directa. García comenta que los “protocolos inasumibles” que se dictan desde el equipo técnico, la enorme carga laboral y la presión en el entorno de trabajo llevan a constantes bajas por ansiedad o depresión y a muchas personas que dejan su trabajo. Una trabajadora y un ex trabajador de Hevia, que prefieren mantener su anonimato, así lo confirman. 

Accem Hevia, como la misma ONG describe, es un lugar en el que viven personas con discapacidad intelectual y/o problemas de salud mental que presenten un grado de deterioro en aspectos fundamentales para el desenvolvimiento laboral, social y personal (higiene, relaciones interpersonales, capacidades cognitivas, etc…) de manera que sus posibilidades de integración en el entorno de forma normalizada y autónoma estén reducidas o limitadas. Es decir, habla de personas con graves problemas de salud mental. 

Al mismo tiempo, una trabajadora y un ex trabajador afirman que la plantilla se enfrenta a múltiples turnos de dos o tres personas, siendo lo propio establecido cuatro o cinco y que esto se traduce a una “merma tanto en la calidad de vida de los residentes del centro, como en una gran frustración del personal”. La familiar de una persona residente en el centro desde hace años confirma que esto es cierto y que, sobre todo, en el último año ella misma se ha quejado varias veces tras conocer que para la atención de los casi 50 residentes, hay turnos en los que apenas hay 2 personas a cargo. Esta persona, cuyo familiar lleva años en el centro, afirma que con estas condiciones laborales lo que ha visto es que “ha ido empeorando” la atención que se le puede dar a los residentes del lugar. 

“Es una vergüenza no solo las condiciones laborales a las que se enfrentan los trabajadores, sino las condiciones de vida que esto supone para los residentes del centro” afirma esta familiar. Ella recuerda que las personas que están en este tipo de recursos como el de Hevia tienen en ocasiones graves grados de discapacidad por lo que difícilmente pueden expresar los problemas que enfrentan. Ella dice que conoce bien al personal de plantilla y que sabe que hay muchas trabajadoras frustradas por exigir mejoras en la calidad de vida de los residentes y no encontrar respuesta por parte de la dirección.

Un ex trabajador también afirma que este tipo de circunstancias le ha llevado a estar de baja porque la falta de recursos y la constante rotación de trabajadores “hacen que el trabajo diario sea una locura máxima.” Este hombre que trabajó varios años en la ONG en su recurso de Hevia, afirma que el equipo técnico (la dirección) tiene sus documentos y protocolos muy bien asentados de cara al público, pero que en la realidad los trabajadores no conocen bien estos protocolos que, afirma, muchas veces ni siquiera se pueden llevar a cabo por la falta de material para ello o de personal en los turnos.

“En un mismo lugar puedes encontrarte a una persona bipolar, gente que ha estado en la cárcel con condenas de homicidio y una persona con una enorme discapacidad… es un popurrí de perfiles de personas que deriva en muchos conflictos y muchas veces los trabajadores podemos sufrir agresiones graves”, es lo que ha afirmado este ex trabajador que está convencido de que sus compañeras despedidas hacen un buen trabajo pero resultan molestas por haberse quejado abiertamente de las condiciones que el centro ofrece para sus internos y para su plantilla. 

De acuerdo con Ignacio García, “conozco el centro desde hace muchos años, y no es la primera vez que hay despidos a quien se presenta por Comisiones Obreras”. El sindicato que representaba a los trabajadores de Hevia era solamente UGT hasta las elecciones de abril. Una trabajadora del centro afirma que la líder sindical de los últimos años estaba de excedencia desde hacía varios años, por lo que no estaba enfrentándose a los retos que día a día agotan a la plantilla. Por su parte, García dice que UGT avaló hace unos días estos últimos despidos de las compañeras que apoyaron a CCOO o se presentaron en sus listas. 

Accem es una ONG que lleva a cabo su trabajo por el dinero que pagan algunos de los residentes por el recurso y también de subvenciones públicas que llegan tanto de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturies, como de recursos desde España y Europa por estar ofreciendo servicios sociales a diferentes colectivos. El hecho de que el lugar reciba dinero público ha hecho que una de las principales protestas en la concentración de hoy en Xixón haya sido que “es muy fácil despedir a la gente con dinero público” aludiendo que estas decisiones que puedan resultar en mucho gasto extra cuando los despidos son declarados improcedentes, no son directamente asumidas por la organización que decide los despidos. 

Desde eldiario.es Asturias nos hemos puesto en contacto con el centro de Accem en Hevia para conocer su versión sobre estos despidos pero, en el momento de publicar esta información no se ha recibido respuesta. 

Una concentración que ha abierto un melón

A la concentración de esta mañana en Xixón frente a la sede de Accem se han unido también trabajadores y trabajadoras o ex empleados de otros centros, más allá del de Hevia. Esta ONG es conocida en España por ser una de las principales que se encargan de los proyectos de acogida para personas refugiadas, o demandantes de protección internacional.

El enfado por estos dos despidos ha sido aprovechado por más personas para acercarse a la concentración y para contar su historias personales e insistir en que los despidos por “represalias” son algo que la entidad acarrea desde hace años. Desde eldiario.es hemos hablado con Zayra Muñiz y con Ana San José. La primera está de excedencia tras sufrir, según sus palabras, acoso por haberse presentado hace unos años, como representante sindical de una lista alternativa a las que existían dentro de los centros, lo que le llevó, afirma, a grandes niveles de ansiedad y principios de depresión . 

La segunda fue directora de un centro que la empresa tuvo durante años, ahora cerrado, para personas refugiadas con problemas de salud mental (del que dice que era un centro pionero en España) y afirma haber sido víctima de acoso laboral e incluso ha impuesto una demanda por ello. Ella misma confirma que sus superiores mantienen un control sobre lo que votan los empleados para saber quién “está a favor o en contra” de la dirección, siendo en contra los que apuesten por listas alternativas de representación sindical a la que apoye la dirección. E incluso afirma que el control excesivo de la dirección lleva a que los trabajadores en general sientan miedo de hablar abiertamente entre compañeras sobre temas que les puedan preocupar de la gestión del trabajo. 

Muñiz y San José se desempeñaron ambas, durante años, en el área para personas refugiadas (personas que piden protección internacional). Zayra fue profesora de español y presidenta del comité de empresa a nivel provincial. Su lucha arrancó en 2019. Tras unos despidos masivos y escuchar historias sobre acoso laboral  miedo de las trabajadores a hablar o relacionarse dice que comenzó a informarse para crear comité de empresa y promover elecciones sindicales. Dice que en aquel momento el director de la ONG creó una lista independiente y que las tres personas de su lista han ascendido y tienen puestos de poder ahora mismo en la ONG. 

Ana San José confirma lo que describe Muñiz. Ella dice haber sido acosada y controlada para no votar por esta candidatura, al mismo tiempo que habla de cómo la dirección central mantiene mucho control sobre las relaciones interpersonales de los trabajadores. Ana San José explica que a ella le encantaba su trabajo porque el centro ofrecía unos servicios pioneros a personas refugiadas, sin embargo afirma que el ambiente laboral era muy complicado. Tanto fue así que ella puso una denuncia en inspección de trabajo por ambiente laboral tóxico. 

Noelia González Hermida, delegada sindical por Comisiones Obreras entre 2019 y 2023 afirma, por su parte, que está vinculada a Accem desde 2004 (primero durante casi una década como voluntaria y desde 2014 como trabajadora) trabajando desde las oficinas centrales en Xixón. Dice que cuando decidieron buscar representación sindical fue cuando comenzaron las represalias que continúan ahora. 

Esta lista sindical consiguió ganar en aquel momento. González, como otras compañeras, hablan de coacción por parte del director general de la entidad, Javier Mahía, para evitar las votaciones a esta representación y la anterior delegada dice que de las personas que ella sabe que votaron por CCOO cree que ahora mismo no debe quedar nadie en plantilla. Habla de despidos improcedentes y según sus palabras y los documentos que puede aportar, afirma que la mayoría de la gente denunció y se reconoció que, efectivamente estos despidos eran improcedentes. Noelia González vuelve a repetir, como lo han hecho hoy quienes estaban en la protesta en la calle, que no hay que olvidar que el dinero que cuesta a posteriori estos despidos reconocidos por ley como “improcedentes” se acaba pagando con dinero público. 

La ex delegada sindical dice que se han llevado muchas protestas por la gestión de Accem en Asturias, tanto por los despidos improcedentes como por asuntos de acoso laboral, a la dirección general de Madrid pero afirma que, aunque se han abierto expedientes no hay resultados. “Recursos Humanos es parte de la empresa y por tanto no va a ir contra la propia empresa”, comenta la portavoz. 

El responsable de ACCEM en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, espera poder seguir manteniendo un diálogo fluido y de complicidad con las administraciones públicas, tanto a nivel autonómico como provincial y local, teniendo en cuenta que los comicios han conllevado también la conformación de nuevos gobiernos, y ha recordado que el campo social “no es un mundo de izquierdas ni de derechas” sino que “no está ideologizado”, ya que trata de ayudar a personas que sufren y que requieren respuesta a sus necesidades.

“Se trata de algo que debe importar a todos, y que quienes tienen que tomar decisiones colaboren con las entidades que estamos trabajando, al margen de ideologías y de tendencias”, ha señalado a Europa Press Braulio Carlés, para quien es evidente que, todavía, “por desgracia”, se tiende a pensar que “las derechas hacen política asistencialista y la izquierda políticas integradoras”, temas que a su juicio hay que superar.

Para este responsable, es también el momento de que, donde hay gobiernos de derechas, “se quiten esos estereotipos”, y ha mostrado sus rechazo a las “políticas obsoletas” en favor de “avanzar” en el apoyo a la persona en base a estudios sociológicos.

“Hay que dejarse aconsejar y caminar todos juntos”, ha insistido tras abundar en que a ellos solo les compete la decisión técnica, ya que la política es un asunto de los gobiernos de cada momento. Según ha asegurado, hasta ahora, las relaciones han sido satisfactorias con los distintos con las administraciones y espera que sigan en la misma línea.

Un verano en el que afirma que siguen trabajando con los colectivos que más lo necesitan, aunque ha matizado que lo hacen “con normalidad”. “Me conformaría con que siguiéramos en una línea de continuidad, de escucha y de ir haciendo frente a los diferentes proyectos que van surgiendo”, apunta el responsable de ACCEM en Castilla-La Mancha, insistiendo concretamente en los cambios de gobierno que se han producido tras los recientes comicios de mayo.

Así, solo espera que los nuevos dirigentes sean también “receptivos” a sus propuestas y necesidades porque “tienen una espada de Damocles que ellos mismos se deben de quitar para no tener un problema más gordo, y demostrar que son igualmente dialogantes y que entienden el mundo social, que no es izquierdas ni de derechas, y que hay que trabajar con las entidades sociales”, ha subrayado.

Reclama “diálogo, escucha y caminar juntos”

En todo caso, ha dejado claro que esto es tan solo una reflexión suya de cómo estima que tienen que ser las cosas, insistiendo en que espera que esta nueva etapa sea “de diálogo, escucha y de caminar juntos”. No niega que habrá cuestiones que tenga que mejorarse, pero asiente con que hay otras que ya están encaminadas.

Carlés ya solicitó reuniones tanto con responsables del área social del Gobierno regional, y, en principio, mantendrá un encuentro con la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello, la próxima semana; como con el Ayuntamiento de la capital alcarreña, y, en este caso, aún no ha recibido respuesta pero cree que la alcaldesa, Ana Guarinos, le reciba una vez que concluyan las Ferias y Fiestas de la capital.

En cuanto a Guadalajara capital, a Carlés le preocupan asuntos concretos como la necesidad de abordar el proyecto de ampliación del Centro de ACCEM en el barrio de Los Manantiales, y también le gustaría poder mostrar al nuevo equipo de Gobierno, de manera pormenorizada, los distintos programas que tiene en marcha la organización.

Se ha mostrado expectante sobre el comportamiento de la inflación y cómo puede seguir afectando a los colectivos más vulnerables este otoño. “Todo es aún un poco incierto”, aunque ha matizado que los proyectos que había conveniados siguen en marcha.

Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía son las tres regiones en las que más víctimas por trata laboral se detectaron durante 2022. ¿Qué es la trata laboral? ¿Es lo mismo que la trata sexual? La trata de personas hace referencia al reclutamiento, transporte, albergue o recepción de personas a través de la amenaza o el uso de la fuerza para lograr el “propósito de explotación”. Y esa explotación puede ser de carácter sexual, servidumbre, servicios forzados, trabajo o incluso extracción de órganos.

Los últimos datos conocidos en España, que han sido publicados por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, señalan que son estas tres comunidades autónomas las que más víctimas de este tipo acumulan: 27, 26 y 17, respectivamente.

“Este año son las regiones más afectadas, pero el año anterior no hubo ninguna víctima en Castilla-La Mancha. Todo depende del trabajo que se esté haciendo por parte de las administraciones, de las Fuerzas de Seguridad o las ONG”, explica Teresa de Gasperis, responsable de los proyectos sobre trata de personas de Accem.

Según los datos de Interior, el mayor número de víctimas era de nacionalidad marroquí y después la mayoría eran personas naturales de Ucrania. Además, en Castilla-La Mancha fueron diez las personas detenidas por trata laboral, sólo por detrás de los datos de Andalucía, con 14. Las personas detenidas tienen mayormente origen español o rumano.

Son muchas las razones que pueden explicar por qué estas comunidades autónomas sufren esta situación, especialmente teniendo en cuenta las diferencias de un año a otro. En Castilla-La Mancha en 2022 hubo 26 víctimas, pero en 2021 no hubo ninguna; en Murcia en 2022 la cifra llegó a las 17 víctimas de trata laboral, frente a las tres de 2021. En Andalucía tener 27 víctimas identificadas en 2022 supone tener la mitad que el año anterior. En general, se trata de un fenómeno que va más allá de cifras concretas al año, señalan desde Accem.

“Más complejo de investigar”

“Las razones pueden ser muchas, puede ser que en términos absolutos crezcan las cifras, pero también porque las inspecciones aumentan”, explica de Gasperis. La responsable de Accem apunta, por ejemplo, a que sólo en Castilla-La Mancha durante 2022 fueron más de 2.000 los trabajadores inspeccionados, otros 4.000 en Andalucía y 689 en Murcia. “Todo el trabajo que hacemos desde las ONG, la Inspección de Trabajo, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la ciudadanía y las mismas personas han ayudado a que el fenómeno se visibilice y que estos casos puedan salir a la luz”, señala.

Y esto, a pesar de que la información y la formación siempre esté enfocada en los perfiles de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. “Y tenemos que tener en cuenta que todas las personas pueden ser víctimas de trata y en el caso de la trata laboral, son mayormente hombres. Pero una vez más depende de los casos, porque cuando se trata de servicio doméstico, son más mujeres las víctimas. Es un aspecto de la trata mucho más complejo de investigar”, explica de Gasperis. Por eso, desde Accem, incide que no se puede “sesgar” en el tratamiento del fenómeno.

Sin información por sectores

El informe de estadísticas del CITCO no proporciona datos sobre los sectores en los que se repite más esta violación de derechos humanos. “Pero sabemos que hay trata: en la construcción, la hostelería e incluso en la pesca. Esta información sería necesaria a nivel oficial. Desde Accem lo sabemos gracias a nuestro trabajo del día a día, pero no hay datos”, señala la experta de la ONG. “La recopilación de datos es muy complicada, al final lo que sí tenemos es la punta del iceberg de la trata. Pero es importante saber que las víctimas de trata no sólo están en los prostíbulos. Están en nuestros campos, bares y supermercados”, asegura Teresa de Gasperis.

Para la ONG el trabajo con las empresas es un ámbito “relevante” para la prevención e identificación de la trata en todos los aspectos y por todas las etapas. “Tenemos que enseñar a las empresas que pueden poner en marcha mecanismos para respetar los derechos humanos de las personas trabajadoras, porque muchas quieren hacerlo pero desconocen la normativa o sencillamente todo el fenómeno de la trata”, advierte.

Los sectores más precarizados como la hostelería o el agrícola se niegan a mejorar las condiciones laborales y buscan otras vías como la explotación laboral extrema que supone la trata

María Ángeles Castellanos — Secretaria de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Empleo de CCOO Castilla-La Mancha

María Ángeles Castellanos, secretaria de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Empleo de CCOO Castilla-La Mancha, explica que los casos que el sindicato ha podido identificar se refieren a los sectores “más precarizados”, como la hostelería o el agrícola, que “se niegan a mejorar las condiciones laborales y buscan otras vías como la explotación laboral extrema que supone la trata”.

En este sentido, apunta a la patronal del sector agrícola que “se niega” a firmar un nuevo convenio. “Esto es lo que hacen en vez de dignificar el empleo: buscar vías extremas que finalmente pueden suponer una violación de los derechos humanos”.

Otros de los factores que señala, en este caso Accem, se refieren al carácter “eminentemente rural” de Castilla-La Mancha, y a los flujos migratorios, también de Murcia y Andalucía. “Muchas personas llegan a Andalucía o a Murcia directamente en patera, lo que les hace más vulnerables ante estos fenómenos”, señala de Gasperis. La ONG también destaca que cada vez se observan más víctimas nacionales de España. “Tenemos que estar atentos, porque se cree que la trata sólo está en países lejos de nosotros, pero está también en el campo que puede estar al lado de nuestro pueblo, en nuestro supermercado o en la persona que pide dinero en la calle”, remata la experta.

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Funciona desde 2019, es privada, gestionada por el Grupo Centenari, pero su inauguración oficial se produce casi tres años después. La residencia de mayores de Villacañas en Toledo cuenta con 180 plazas, de las que diez han entrado a formar parte de la red pública desde el pasado 1 de julio, tras la entrada en vigor la orden del Concierto Social que regula el servicio de plazas residenciales, estancias temporales y plazas en centros de día.

La localidad toledana recupera así este tipo de recurso residencial - había otra residencia que cerró en 2012 dejando a 65 ancianos y a 40 trabajadores en la calle-, aunque es sobre todo noticia por la trayectoria del centro desde que abriese sus puertas: primero por la pandemia y después por la guerra de Ucrania.

A los pocos meses de entrar en funcionamiento, se reconvirtió en un centro medicalizado para luchar contra la COVID-19, aunque no fue la única en la región. En marzo de 2020 el Gobierno regional reorganizó las residencias de mayores y reconvirtió parte de estos centros creando zonas medicalizadas en las cinco provincias para atender casos leves o asintomáticos por COVID-19. Además, se creó una red telefónica para que las residencias hagan consultas o expongan necesidades

“Más de 600 personas vinieron a esta residencia para pasar ese trance tan difícil que todos, en su conjunto como sociedad, hemos pasado”, según ha recordado hoy la consejera de Bienestar Social.

Después y con la ‘nueva normalidad’ llegó la guerra de Ucrania. Este centro es el primero - y de momento la única residencia de mayores- que ha habilitado parte de sus instalaciones para acoger a personas refugiadas.

Destina 79 plazas a atender a personas desplazadas por el conflicto bélico. En la actualidad acoge a 64 personas, 42 mujeres y 22 hombres incluidos 19 menores de 1 a 17 años con una media de edad de 35 años, según los datos facilitados a eldiarioclm.es.

Fue el 21 de abril cuando llegaron los primeros desplazados a la residencia que, desde entonces, ha acogido a un total de 157 personas, la mayoría han sido mujeres con menores a cargo. “Estas personas huyen de una situación muy difícil y buscan la paz en nuestros centros residenciales”, ha manifestado la titular de Bienestar Social, quien ha agradecido especialmente su labor a ACCEM, como entidad de primera acogida en Castilla-La Mancha y encargada de gestionar la atención que reciben las personas refugiadas procedentes de Ucrania.

En la actualidad hay 2.044 ucranianos y ucranianas empadronadas en la región. Han llegado casi 2.600, hay 762 niños escolarizados y se han aprobado 2.500 tarjetas sanitarias, según los datos que ofrecía hoy Emiliano García-Page.

Page vuelve a cargar contra el modelo de residencias de Ione Belarra

Durante el acto, el presidente de Castilla-La Mancha ha vuelto a cargar contra el modelo de residencias de mayores del Ministerio de Derechos Sociales dirigido por Ione Belarra. “No saben lo que se traen entre manos en el área social del Gobierno. No estoy de acuerdo con un modelo en el que la idea es estorbar al sector privado. Y no puede ser lo mismo en un pueblo de la sierra que en la M-30 de Madrid”, decía en Villacañas.

Contraponía el modelo castellanomanchego que apuesta por el concierto público-privado. Actualmente hay 27.000 plazas en residencias en Castilla-La Mancha de las que 11.000 son públicas o concertadas. “En Castilla-La Mancha allá donde podíamos incluso mover empleo y riqueza a través de los servicios públicos, lo hemos hecho”. García-Page asegura que “junto con Castilla y León tenemos el mejor sistema público-privado de España” y presumen del volumen de centros. “Es equiparable al de Madrid que nos triplica en población”.

Ha insistido en la importancia de “garantizar la colaboración estratégica con el sector privado. No rechazamos a ninguna empresa que quiera venir, también en el sector social. Apostamos por la sostenibilidad no solo social sino integral”.

El Tercer Sector tendrá una partida de medio millón de euros para “gastos estructurales”

También se ha referido al Tercer Sector. “Nos reclaman un colchón de estabilidad. Por primera vez los presupuestos tendrán una partida concreta cercana al medio millón para gastos estructurales”, al margen de otras inversiones, decía el presidente que también ha citado la estrategia que prepara su gobierno y que ha definido como “seria, segura y serena para el Tercer Sector”.

Después se ha referido a las pensiones. “Este año van a subir como nunca”, aseguraba García-Page en alusión al anuncio de subida de un 8,5% el próximo año. “Dicen que eso es hipotecar a los jóvenes. Lo dijo una diputada en el Parlamento regional. Es una falta de justicia elemental. De todas formas, no sé el tiempo que les queda de diputados”, comentaba, en alusión sin citar a Ciudadanos y a las declaraciones de su coordinadora autonómica, Carmen Picazo, durante el Debate sobre el Estado de la Región la pasada semana.

Servicio de comidas para personas mayores en la provincia de Toledo

Bárbara García ha recordado que en la región “son más de 390.000 personas mayores de 65 años y en los próximos años será un número en crecimiento”.

Durante el acto también se ha anunciado un nuevo servicio de catering para personas mayores. La Diputación Provincial acaba de licitar el programa de comedor para personas mayores que se pondrá en marcha en próximos días. La inversión asciende a 2,6 millones de euros para llegar a 1.200 mayores de los pueblos toledanos. “Tenemos más de 100 con menos de cien habitantes” y el objetivo es llegar a las personas que viven solas, que tienen dificultades de autonomía personal o que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, según ha anunciado el presidente de la Institución provincial.

Este servicio o las propias residencias son cuestión de “justicia con nuestros mayores para que vivan más y mejor: primero en sus hogares hasta que puedan y después en una magnífica residencia como esta”, decía Álvaro Gutiérrez. “Es un compromiso del Gobierno regional que compartimos”, para poner como ejemplo la Residencia San José, que gestiona la Institución provincial y que acoge a más de 300 personas. 

Primavera de 1999. Estoy en una aldea perdida de un Kósovo en guerra. Falta un par de minutos para que suene la cabecera del telediario. Por la línea interna pregunto si han llegado a Sigüenza los primeros refugiados albanokosovares. “Sí, ya están… Pero tú no lo cuentes que lo llevamos más abajo, hacia el minuto 20”. “Arrancamos cuando me digáis”, contesto... 

Patrimonio es un término manoseado por euros o maravedíes, pero el patrimonio no es solo un cúmulo de objetos personales ni tampoco es un montón de piedras colocadas con mejor o peor fortuna. El verdadero patrimonio es inmaterial y se traduce en los valores que heredamos de nuestros padres.  

Gracias a la labor -generosa y efectiva- de ACCEM, la Alameda es una pequeña ONU. Se escucha wolof o mandinga, se lee en farsi o ucraniano. Por nuestras calles centenarias se han sentido seguras más de 10.000 personas a quienes el destino enfrentó a la gran decisión de sus vidas: arrancar sus raíces y plantarlas en otras tierras.  

De Irak a Afganistán, de Congo a Nicaragua, no hay conflicto para el que Sigüenza no preste cobijo y cariño. La solidaridad es un tesoro heredado e intangible, digno también de ser valorado por la UNESCO.

… Aquella primavera de 1999, Ana Blanco me pregunta por los últimos bombardeos de la OTAN. Se los cuento, y añado con jactancia que Sigüenza se convierte ese día en la primera ciudad de España que acoge refugiados albanokosovares. “Te dijimos que no lo contaras” escucho por línea interna al final de la conexión. “Lo siento, os escucho fatal, hasta luego”. A veces, el patrimonio también encapsula pequeñas dosis de orgullo y rebeldía.

El Centro de Refugiados de ACCEM Sigüenza (Guadalajara) acoge desde este martes por la noche a trece personas afganas que acaban de llegar a España. Se trata de dos familias, una de siete miembros y otra de seis, que tras su primera noche han descansado y comido bien y que una vez que pasen unos días de descanso y adaptación se sumarán a las mismas condiciones que el resto de los refugiados que acoge la entidad, según recoge Europa Press.

“Se trata de personas que han pedido protección internacional como el resto de la gente que hay en el centro y es lo que se tratará de darles una vez que descansen”, ha señalado el responsable territorial de ACCEM en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés.

Será a partir de ese momento cuando se vaya viendo cada caso concreto, la situación de cada uno de las personas llegadas y su expediente para conocer quiénes son y de dónde viene, ha añadido. “Lo importante para nosotros es que sean unos residentes más”, ha apuntado.

Colaboraban como traductores con el Gobierno español

En ambos casos son familias jóvenes, con un nivel cultural medio alto, que colaboraban como traductores en Afganistán con el Gobierno español y cuyos cabeza de familia hablan correctamente el español.

Una de las primeras cuestiones que motivó su interés al llegar a Sigüenza fue saber la población que tenía y ver si habría más adelante la posibilidad de ir a un sitio más grande, además interesarse por poder trabajar cuanto antes, preguntas que según Carlés, suelen ser las habituales cuando llegan.

Y es que, tras observar que la Ciudad del Doncel era un municipio pequeño, en general, buscan lugares más grandes, aunque por el momento les han indicado que tienen que esperar a ver cómo va evolucionando la situación y adaptarse a la vida en el centro y en la localidad, algo que según el responsable de ACCEM no les suele costar demasiado una vez que pasan las primeras semanas.

Una vez ubicados, al menos las mujeres y los niños comenzarán a aprender el español, algo que no tendrán que hacer los cabeza de familia porque ya lo dominan, y se comenzará a preparar la integración de los menores en los colegios porque, en principio no está previsto que se vayan a ningún lado sino que se quedarán en la localidad algún tiempo.

Un tiempo en el que todos recibirán también atención psicológica, formación y se les ofrecerá apoyo laboral para que puedan buscarse un modo de vida. El propio obispo de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, se ha interesado por la situación de estas familias procedentes de Afganistán.

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social han explicado a elDiarioclm.es que en Castilla-La Mancha tanto ACCEM como Cruz Roja se están ocupando de la acogida de los y las refugiadas procedentes de Afganistán y que están llegando a la base aérea de Torrejón, en Madrid.

Ayer se daba a conocer que la región acoge a 24 familias y se pedía a la sociedad “gestos de solidaridad”.

Las organizaciones que, como Accem, trabajan en el ámbito de las migraciones, las personas refugiadas y la defensa de los derechos humanos, llevan años años alzando la voz para pedir vías legales, reales y seguras para las personas refugiadas. Este año, con motivo del 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, insisten en que esas vías existen, “no son una abstracción”, pero su habilitación efectiva depende de decisiones concretas y de un compromiso con las personas en necesidad de protección internacional.  

Así lo ha afirmado Accem con motivo de la proximidad de esta efeméride. Según su responsable, Braulio Carlés, hacer efectivas las vías seguras reduciría sensiblemente “el sufrimiento asociado a la dureza y la peligrosidad de las rutas migratorias”, que se cobran cada año miles de muertos y desaparecidos. También implicaría multiplicar el número y procedencias de las personas acogidas a través del reasentamiento; habilitar la posibilidad de solicitar asilo en las sedes diplomáticas; aplicar la directiva europea de protección temporal en casos de emergencia humanitaria; y flexibilizar los requisitos para realizar la reagrupación familiar. 

Según ha destacado, este último año todo ha estado condicionado por la pandemia. La reducción drástica de la movilidad internacional para las personas y el aumento de las medidas de control de fronteras “han hecho aún más difícil el acceso a la protección internacional y el asilo”. “Mientras los conflictos no cesan, mientras las causas que originan el fenómeno de los refugiados no se alteran, se hace cada vez más complicada la posibilidad de escapar y llegar a un lugar seguro. No es únicamente más difícil: es también más peligroso”.  

Accem subraya que los obstáculos a la migración obligan a las personas refugiadas y migrantes a tomar caminos cada vez más arriesgados, en los que aumenta la posibilidad de perder la vida. La ruta migratoria atlántica hacia las Islas Canarias y la ruta del Mediterráneo Central, ambas desde las costas de África, fueron las que provocaron más muertos y desaparecidos en 2020.  

Por otra parte, junto a la habilitación urgente de vías seguras, Braulio Carlés destaca como necesario reforzar el acceso al procedimiento de asilo. “Es imprescindible asegurar la posibilidad de solicitar protección internacional a las personas que llegan a las mismas puertas de Europa. Y este acceso al procedimiento debe producirse con todas las garantías de un asesoramiento jurídico personalizado con la asistencia de traductores e intérpretes. Junto al acceso al asilo, deben disponerse los medios necesarios que permitan la detección, identificación y reconocimiento de vulnerabilidades en los flujos migratorios, situaciones que deben resolverse desde un enfoque de derechos humanos”.

El proyecto ‘AFRONTA. Mejora de la empleabilidad y la inserción en entornos rurales y deprimidos de Castilla-La Mancha’ que Accem gestiona en Albacete y Guadalajara ha empezado a trabajar con cien personas desempleadas, de ellas 52 son atendidas en Albacete y 48 en Guadalajara.

En concreto, en Albacete los municipios donde se ha empezado a trabajar son Mahora, Santa Ana, San Pedro, Balzote y Peñas de San Pedro, mientras que en Guadalajara se trabaja en: Sigüenza, Chiloeches, Horche, Marchamalo, Torrejón del Rey, Galápagos, Cabanillas del Campo, Jirueque y Trijueque.

En el caso de Albacete, cuenta Óscar Hernando, referente de empleo de Accem en Castilla-La Mancha, “nos estábamos encontrando con personas desempleadas de larga duración muchas de ellas mayores de 50 años, pero en los primeros contactos que hemos tenido con ellas no han perdido aún esa ilusión por trabajar y lo que estamos haciendo es conectarlos otra vez con la búsqueda y que vuelvan otra vez a la senda del empleo”.

Son personas que mayoritariamente vienen del sector servicios, de comercios de proximidad, de la hostelería, y que “lo que vamos a intentar por todos los medios es que aquellos que estén en esa situación se puedan reciclar con alguna formación, para ello aprovechamos la oferta formativa que desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de los ciclos de formación se ofrece y también orientarles en esa búsqueda para que puedan buscar en otros sectores en los que seguramente con sus capacidades y competencias puedan ser capaces de trabajar”, prosigue el responsable de empleo de Accem.

La situación es diferente en las dos provincias, en Guadalajara no hay tantas personas mayores de 50 años, hay más variedad, en Albacete hay más mujeres que hombres, en Guadalajara está más equilibrado, pero lo que es común es que son personas desempleadas de larga duración que en ambas provincias han querido entrar en este programa a través de las oficinas Emplea del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha para volver a trabajar.

“Lo que estamos intentando es sobre todo dar una atención individual a cada persona, porque cada persona tiene una historia laboral, una experiencia, unas capacidades y a partir de ese análisis es desde donde debemos partir para poder ofrecerles otro camino hacia el empleo”, relata Hernando .

Accem es agencia de colocación autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia de Guadalajara, en la capital y en Sigüenza, y en Albacete capital. Por eso, la convocatoria a la que se adscribe el proyecto ‘AFRONTA’ limita la acción a aquellas entidades que tienen agencias de colocación autorizadas, lo que hace que se desarrolle solo en estas dos provincias, aunque esperan que próximamente se pueda hacer en el resto.

Gracias al programa, que se ofrece en colaboración con las oficinas EMPLEA de la Junta en ambas provincias, en apenas un mes dos personas en Albacete y una persona en Guadalajara se han incorporado al mundo laboral.

Para conseguir este objetivo se realizan entrevistas para elaborar un perfil personal de los participantes en función de sus intereses, conocimientos y necesidades. Posteriormente, las técnicos del programa orientan y hacen seguimiento de los pasos que esas personas dan en el mundo laboral además de realizar formaciones prelaborales que mejoren su empleabilidad.

Por otra parte, prospectores laborales contactan con empresas que buscan incorporar trabajadores a sus plantillas. El sector servicios en Albacte y la logística, atención al cliente y la limpieza en Guadalajara son los sectores con los que se está trabajando en estos momentos.

El programa ‘AFRONTA’ está Subvencionado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, y tendrá una duración anual.

“Me encanta aprender del abuelo, yo creo que es la persona más sabia del mundo (…) Este verano pienso enseñarle de una vez por todas cómo se usa el teléfono móvil para que no vuelva a pasar lo del año pasado (2020) y pueda ver a todos siempre que quiera”. Lo escribieron Bruno Faustino y Gloria Garrido.

Es un fragmento del relato con el que arranca ‘Historias mano a mano’, un audiolibro intergeneracional sobre “los tiempos que vivimos”, en particular en el medio rural.

El audiolibro lo conforman historias escritas y grabadas por 28 vecinos de Sigüenza (Guadalajara). Pertenecen a tres generaciones distintas y sus procedencias y sensibilidades también son muy diferentes. Su visión de la pandemia se ha plasmado en un proyecto desarrollado por la ONG ACCEM y el Ayuntamiento seguntino que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo, la Junta de Castilla-La Mancha, la Consejería de Bienestar Social y la Diputación de Guadalajara.

Potenciar las relaciones entre generaciones y saber cómo viven la pandemia

Una de las tareas más laboriosas en el trabajo que desempeña ACCEM en el medio rural es de las relaciones intergeneracionales, reconoce Ana Yela. “Con la aparición de la COVID que nos ha metido a todos en casa y nos ha aislado del contacto personal”.

Por eso decidieron combinar un programa de Atención Socioeducativa al Menor y un proyecto de Envejecimiento Activo en el medio rural y “surgió la idea de conocer cómo lo estaban viviendo las personas mayores que viven en Sigüenza y cómo querían compartirlo con otras personas”.

Lo hicieron convocando un concurso de relatos breves a través del Centro Joven ‘La Salamandra’. “Jóvenes y mayores se contaban diferentes historias relacionadas con la pandemia, con su pueblo u otras que quisieran compartir. El objetivo es que los mayores siguieran activos a pesar del aislamiento”.

El proyecto terminó viendo la luz en formato libro en el mes de julio. Ahora es también un audiolibro. “Quisimos dar un paso más y hacer llegar los relatos a otras personas que a lo mejor tienen problemas para escribir o leer pero que pueden escuchar”.

Jóvenes y mayores han grabado sus propios relatos junto a algunos profesionales que apoyaron el proyecto. Está a disposición de cualquier usuario y se puede escuchar vía Youtube.

“Emociones compartidas” entre jóvenes y mayores y un “salto cualitativo” en el uso de las tecnologías

Si hay algo que ha puesto de manifiesto esta iniciativa es que “hay muchas temáticas compartidas entre las diferentes generaciones. El aislamiento estaba muy presente en todos ellos. Pero también otros como el respeto al medio ambiente, el cuidado de los demás o la solidaridad”. Aparecen a través de los relatos.

“Es muy interesante porque reflejan emociones compartidas de jóvenes y mayores. Incluida la necesidad de dar valor al entorno rural, el valor del pueblo”, explica la responsable del Área de Mayores de la organización.  

También ha servicio para ofrecer una nueva perspectiva a las personas mayores sobre las nuevas tecnologías. “Hemos otorgado mucha relevancia en nuestro trabajo a los canales de mensajería instantánea, a las redes sociales” con las personas mayores.

En opinión de Yela, “queda mucho por hacer, pero ha habido un salto cualitativo en su uso. Algo que les habían instalado sus hijos y han terminado hasta grabando vídeos para dar consejos sobre repostería, ejercicios físicos…No era algo que antes se les hubiera ocurrido. Hoy es parte del día a día”.

La pandemia ha supuesto el “rediseño” de los programas de envejecimiento activo

Ana Yela explica que con la pandemia ha sido necesario un “rediseño” de las actividades destinadas al envejecimiento activo en las zonas rurales.

Por un lado, en la parte técnica, en la gestión y en el concepto de intervención. “Estamos acostumbrados a trabajar de forma presencial con las personas. Es lo que necesitan: contacto y apoyo emocional”.

Eso, dice, “no ha sido fácil pero sí eficaz” porque han reconvertido todos los proyectos a una metodología que ha permitido el seguimiento individualizado de las cerca de 200 personas con las que se ha trabajado en el medio rural de Guadalajara.

Llamadas telefónicas, encuentros virtuales “para que pudieran verse las caras”, contenidos y tutoriales para actividades físicas, de estimulación cognitiva, para trabajar la funcionalidad y sobre todo mucho apoyo psicológico han formado parte de las tareas.

Sigue siendo una necesidad y es un trabajo muy duro, reconoce esta especialista. “Hemos tenido que reforzar el apoyo psicosocial, no solo por el aislamiento sino por todo lo derivado de la COVID y que afecta a las personas mayores”.

De cara al futuro y cuando lo permita la pandemia ACCEM quiere extender sus proyectos. “Estamos diseñando intervenciones para este año 2021 en las provincias de Toledo y Cuenca”, avanza.

La senadora socialista por Albacete, Donelia Roldán, ha reclamado hoy “coordinación entre las administraciones públicas para dar una solución definitiva a los asentamientos en la ciudad, en declaraciones a elDiarioclm.es, después de que el domingo un grupo de migrantes que malviven en el asentamiento de la carretera de Las Peñas de la ciudad se saltasen el confinamiento, tras haberse detectado COVID-19, como protesta por las restricciones aplicadas para trabajar al menos durante 15 días.

El asentamiento ha sido clausurado por el Consistorio y sus habitantes van a ser trasladados por un lado a la sede de la Institución Ferial de Albacete (IFAB) en los casos negativos de coronavirus mientras que los positivos, un total de 23 se encuentran en el pabellón deportivo del Instituto ‘Tomás Navarro Tomás’.

Un traslado de lugar obligado por las circunstancias que impone la pandemia y que Roldán reconoce que no resuelve el problema de fondo: la falta de alojamiento para personas migrantes que vienen a trabajar durante las campañas agrarias a la provincia.

“En este asentamiento no solo hay personas sin papeles como la gente piensa. Hay incluso gente con permiso de larga duración que viene a trabajar en la temporada. El empresario no les da alojamiento y ningún albaceteño les alquila vivienda”.

Para la abogada y miembro de ACCEM, “Esto no es un problema de sin papeles a los que hay que decir que se vayan a su país. Ha habido una ola de racismo cuando son personas que están contribuyendo con sus aportaciones a la Seguridad Social”, recalca la también senadora que es portavoz de Migraciones en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado.

Tampoco le sorprende cómo se han desarrollado los hechos. “Lo que ha ocurrido ahora es el resultado de no haber trabajado sobre el tema, pero esto no el algo único en España. Si no se trabaja con los migrantes y con los empresarios, esto va creciendo”.

Para Roldán, “el problema que tenemos es la falta de delimitación de competencias. La ayuda humanitaria es una cuestión nacional, a la Junta le corresponde trabajar la acogida y la integración, desde mi punto de vista, y el Ayuntamiento de Albacete debería atender los servicios sociales básicos”. Y reconoce que las administraciones se pasan la pelota de la responsabilidad.

En el asentamiento ha llegado a haber hasta 2.000 personas

Donelia Roldán es además abogada y senadora del PSOE por Albacete. Conoce muy bien el asentamiento que llevan 15 años funcionando, aunque no es el único en la ciudad. Primero, allá por el año 2005 desde Albacete Acoge y después a través de ACCEM, la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones.

Fue en 2005, recuerda, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero, la patronal y los sindicatos llegaron a un consenso para modificar el Reglamento de Extranjería permitiendo la regularización masiva de migrantes, se calcula que lo hicieron unos 700.000, según los datos publicados en la prensa de la época.

Un año después comenzó a funcionar el asentamiento de la carretera de las Peñas. Roldán comenta que “llegaron a ser hasta 2.000 personas en 2008, deambulaban por las calles en aquel tiempo”.

En aquel momento, explica, “se hizo un trabajo conjunto por parte del Gobierno central, la Inspección de Trabajo, la Junta, el Ayuntamiento, las ONG y los empresarios que, desde luego, tienen mucho que decir”.

Por eso recalca la importancia de la coordinación. “Entonces conseguimos algunas cosas. Ahora creo que habría que trabajar en elaborar un censo, debemos saber quién está y en qué condiciones. Cada uno tendrá que trabajar en su ámbito y si hay menores, por ejemplo, en su escolarización”.

“No hay que culpabilizar al empresario sino exigir que se implique”

Sobre el aspecto laboral recalca que estas personas “no vienen porque sí, sino porque hay empresarios que reclaman mano de obra. Quieren trabajar y como no tienen dónde meterse se quedan ahí”. Recuerda cómo surgió el Campamento La Dehesa. “Lo tuvimos muchos años. Si los empresarios se implican con los alojamientos… Tenemos países muy cercanos que los han tenido en condiciones perfectas, como Francia”.

No obstante, pide “no culpabilizar a los empresarios del campo sino exigirles que se impliquen. La responsabilidad es compartida con la Administración y deben estar las ONG. Ha habido demasiados años en los que nadie iba a ver cómo estaba aquello. Costó mucho poner contenedores y agua”.

También cree imprescindible la mediación intercultural, en particular ahora con la emergencia sanitaria. “A un inmigrante no puedes llegar y sacarle sangre sin más. Nosotros tenemos un hábito de ir al médico, pero eso no es así para una persona que viene de una cultura diferente, que no entiende lo que le estás diciendo. Hay que explicar que hay una pandemia y lo que tienen que hacer. No hubo ningún caso durante el estado de alarma”.

En este sentido critica que la intervención social se limite a llevar alimentos y a vigilar si había alguno enfermo. “Es responsabilidad de todos. Y si falta vivienda o atención sanitaria hay que proporcionarla”.

García-Page: la gestión del asentamiento “es municipal” aunque ofrece ayuda

Precisamente el presidente de la región, Emiliano García-Page comentaba hoy en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press que hay que abordar la problemática de este asentamiento “desde la perspectiva humanitaria”, ya que a raíz de los sucesos ocurridos el domingo después de que algunos de los habitantes de este asentamiento se saltaran el confinamiento para protestar por las calles de Albacete “se están desatando brotes racistas”.

Los migrantes, ha dicho, “tienen un miedo atroz y muchos están amenazados por las mafias que les dicen que si no van al campo a trabajar pueden pasarlo muy mal sus familias” residentes en África. “En ocasiones es hasta difícil hablar con ellos por el idioma”, agrega, indicando que son “gente muy fuerte” que por su fisonomía ni siquiera requieren hospitalización.

Page sostiene que la gestión de este tipo de enclaves es “de gestión municipal” aunque se ha comprometido con los ayuntamientos a “no dejar solo a nadie ante este problema”. “En momentos de urgencia, las administraciones estamos para ayudarnos, pero si tenemos algo que decir, hay que decirlo entre nosotros”, ha dicho.

Un tercio de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social trabaja en el sector agrario de la región

En junio de este año un total de 61.351 trabajadores extranjeros estaban afiliados a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De todos ellos, un tercio, 20.411 están afiliados al Sistema Especial Agrario, es decir, el 33,17% del total de los trabajadores extranjeros en Castilla-La Mancha. 12.847 proceden de la Unión Europea y 7.564 de otros países.

Esos mismos datos indican que hay 3.707 personas procedentes de Marruecos afiliados al sector agrario en la región.

Otro dato, Castilla-La Mancha fue la región que registró el pasado junio el mayor incremento de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, un 11,07%.

“Esas cotizaciones de la población inmigrante son muy importantes para nuestras pensiones, para nuestro Estado del Bienestar. Claro que hay gente sin papeles, pero la mayoría tienen su permiso. No se van a ir a ninguna parte y lo que hay que hacer es trabajar con ellos para que estén en las condiciones en las que a nosotros nos gustaría esta”, comenta la activista y senadora.

Su trabajo de intermediación y a través de charlas en el asentamiento ha sido frecuente en los últimos 15 años y por eso pide “no idealizar la inmigración porque son personas como usted o como yo. Trabajadores. Unos serán más simpáticos que otros, pero vienen a trabajar y no a otra cosa. Si en 15 años no han dado problemas, algo ha tenido que suceder para que ocurriera lo que ocurrió el domingo”.  

El Defensor del Pueblo reclama una actuación “coordinada y urgente”

Hoy mismo, el defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha realizado un llamamiento a todas las administraciones, a los empresarios agrícolas y a las organizaciones agrarias para que busquen de “forma coordinada y con urgencia” una solución para acabar con la situación de degradación en la que viven las trabajadoras y los trabajadores temporeros agrícolas en diversas zonas de la geografía española.

Fernández Marugán ha pedido que se garanticen sus derechos laborales y unas condiciones de habitabilidad dignas. En este sentido, ha asegurado que la pandemia ha puesto de manifiesto “con toda su crudeza problemas que permanecían más o menos ignorados desde hace tiempo haciendo saltar las costuras del sistema”.

El Defensor ha recordado que, durante semanas, mientras todo estaba parado por efecto de las medidas de confinamiento, los temporeros han salido al campo a cosechar los frutos que en cada momento se encontraban listos para ello. En su opinión, esto ha servido para “visibilizar” la situación de este colectivo, compuesto en su mayoría por migrantes de distinta procedencia y que, con frecuencia, se ve sometido a condiciones laborales y de vida deplorables.

Fernández Marugán ha citado como ejemplos de estas situaciones de degradación los asentamientos chabolistas cronificados de Huelva o Almería, o las condiciones en las que viven estas personas en Lleida, con muchas de ellas durmiendo en las calles, aunque ha recordado que esta realidad se repite en muchas otras provincias.

El Defensor ha denunciado que la mayoría de estos trabajadores carecen de un “adecuado acceso a la atención sanitaria, lo que resulta particularmente alarmante dado el riego que supone la transmisión de la COVID 19; de una correcta protección y seguridad básicas en su trabajo y, además, se ven abocados a vivir en asentamientos hacinados y carentes de servicios básicos como energía eléctrica, agua e higiene”.

Fernández Marugán ha lamentado que “ni las administraciones públicas ni los empresarios agrícolas ni las organizaciones agrarias hayan sido capaces hasta el momento de garantizar a este conjunto de trabajadores y trabajadoras unas condiciones de vida y laborales dignas”.  

Habrá una investigación global de la situación de los asentamientos

Fernández Marugán ha anunciado que, con independencia de las investigaciones que mantiene abiertas respecto de varios asentamientos y campañas agrícolas, algunas de las cuales llevan años tramitándose sin haber logrado hasta el momento los cambios sustanciales reclamados, la Institución ha asumido la tarea de llevar a cabo un proceso global de análisis, tanto desde el punto de vista territorial como en lo que atañe a los múltiples problemas que esta situación genera o favorece.

 “Este análisis está cimentado en la convicción de que una democracia avanzada como la española no puede permitir situaciones de degradación como la que afecta, con notable extensión y frecuencia, a este colectivo de trabajadoras y trabajadores. Los derechos humanos y la dignidad de estas personas y, en estrecha unión con ello, el modelo de sociedad que nuestro país quiere ser, así lo exigen”, ha concluido.  

Hay 70 personas, entre familias, particulares, varios bebés, niños, niñas y adolescentes, que están pasando su confinamiento en el Centro de Migraciones que la entidad ACCEM gestiona en Sigüenza (Guadalajara) y que se ha mantenido abierto como servicio esencial. Están acogidos a protección internacional o en situación de vulnerabilidad, y proceden en su mayoría de América Latina pero también de Rusia, Túnez, Marruecos, Palestina, Costa de Marfil o Senegal.

Es el único centro de refugiados existente en Castilla-La Mancha y sus instalaciones siempre se han caracterizado por albergar numerosas nacionalidades. Durante el estado de alarma no han sufrido contagios pero sí han tenido que gestionar los ánimos y el miedo de los migrantes. Ahora empiezan a “ver la luz” ante la expectativa de la desescalada.

Ana Belén Sanz, responsable de este Centro de Migraciones, explica que, en general, la situación es buena debido a que no ha habido enfermos ni contagios, lo que les permitió trabajar desde el principio con más facilidad. En primer lugar, reorganizaron muchas de las infraestructuras y equipamientos para facilitar tanto la distancia física como la intervención con seguridad para los trabajadores y residentes.

También se eliminaron todas las actividades grupales y se combinó el teletrabajo con la actividad presencial para el personal, “manteniendo la atención a las necesidades más básicas”. Este centro de ACCEM es muy amplio y con espacios multifuncionales que permiten mantener las distancias. Son tres edificios con un patio en el centro que han facilitado todas las labores. 

Dificultades por el idioma

Pero pese a ello, la responsable del centro señala las dificultades que atraviesan estas personas, ya que la mayoría no lleva mucho tiempo en el país y están en el proceso de incorporarse a la sociedad. “Muchos de ellos no dominan el idioma. Es decir, no todos pueden comprender la información que llega a través de los medios de comunicación y de las instituciones, por lo que debemos comunicársela y asegurarnos de que la han entendido”. Para ello, han utilizado carteles e intérpretes en cuestiones fundamentales como el uso de mascarillas, medidas higiénicas y distancia física.

En paralelo, los trabajadores y trabajadoras han estado muy pendientes “de su situación anímica” y de “la tensión que pudiera producir el confinamiento, que si a todos nos ha afectado, a ellos mucho más, porque son psico-socialmente más vulnerables”. “Hemos trabajado mucho en eliminar miedos, intentar generar actitudes positivas y de ánimo”, relata, también mediante un seguimiento psicológico que se ha mantenido de forma constante.

Otra de sus principales preocupaciones ha sido abastecerse de EPI de protección. En este caso, además del trabajo realizado por ACCEM, la ciudad de Sigüenza se ha volcado con los migrantes, con una “respuesta ejemplar” liderada por la peña del Atlético de Madrid, a la que después se han unido el resto de peñas, asociaciones, AMPAS y particulares. “Consiguieron material sanitario que aportaron a todos los servicios esenciales de la localidad, incluidos nosotros, a lo que también se suma la ayuda del Ayuntamiento”.

A partir de ahí, el objetivo, cuenta Ana Belén Sanz, ha sido “intentar hacer la vida más fácil a las personas”. Esto se ha conseguido debido a que cuentan con integradores sociales que tienen permanencia las 24 horas y se han generado muchas actividades de ocio.

Ora cuestión de la que ha estado pendientes es la educación de los menores, asegurándose de que les llegaban las tareas escolares y facilitando a los padres y madres sin recursos los dispositivos o la financiación para ello. A día de hoy, a muchos de ellos ya les han llegado los dispositivos y tarjetas de datos que está facilitando la Consejería de Educación.

Ahora este Centro de Migraciones está empezando a preparar la desescalada, en base a las indicaciones que reciban del Gobierno conforme al programa de acogida y con el objetivo de respetar “todos los procesos de integración”. “Estamos a la expectativa pero sí que hemos visto un poco de luz sobre de cara a la intervención con las personas para su integración en un futuro inmediato, mediante actividades colectivas reduciendo el número de personas por grupo y mediante el personal, presencial y teletrabajando”. Con todo ello, esperan también una “nueva normalidad” para estas personas, para que continúen con su nueva vida.

Son las diez y media cuando unos pequeños golpes en la puerta de la habitación la despiertan. Hace horas que cientos de relojes han movilizado la ciudad, pero en el quinto piso del número 4 de la plaza Molina, la señora Vila a sus 82 años vive la vida con más calma.

Al levantarse, un pequeño mareo hace que vuelva a sentarse en la cama. Una vez recuperada, abre la ventana dejando que el aire estival y el murmullo de la ciudad entren en la habitación.

Así arranca ‘La soledad de la señora Vila’, el cortometraje basado en el microrrelato de Sara María Laborda y que ganó el Concurso nacional ‘Historias de mujeres mayores que viven solas’ convocado por la ONG Accem.

El corto también refleja la realidad de cerca 75.000 personas mayores de 65 años que viven solas en Castilla-La Mancha. Unas 45.000 de ellas tienen sentimientos de soledad, según datos del estudio del CIS-IMSERSO.

Y es que, la mayor esperanza de vida de nuestra sociedad provoca que cada año aumente significativamente el número de mujeres muy mayores, de 85-90 o más años, que viven solas. De hecho, casi la mitad de las mujeres con más de 85 años vive sola (el 41,3%). En total son cerca de 800.000 mujeres mayores en España las que viven y se sienten solas.

Casi 300 relatos cortos se presentaron un relato al concurso de microrrelatos sobre la soledad en las mujeres mayores que lanzó la ONG, unos 40 mayores participaron en Guadalajara.

La desigualdad de género en las mujeres mayores

La campaña incide en la feminización de la vejez. No solo hay diferencias biológicas y emocionales entre hombres y mujeres en el proceso de envejecimiento. Interfieren otras desigualdades derivadas del tipo de vida que se ha llevado, teniendo en cuenta condicionantes económicos, culturales y sociales, explica Accem Castilla-La Mancha.

Las mujeres mayores se ven afectadas de forma más acentuada por factores como la clase social, etnia, una educación tradicional con un desigual reparto de tareas en función del sexo, la asignación de roles y estereotipos de género, la falta de acceso a trabajo remunerado, su mayor vulnerabilidad a la pobreza o las dificultades de acceso a la educación.

“Esto provoca que las mujeres mayores sean uno de los colectivos más afectados por la desigualdad de género en la etapa más tardía de la vida”, sostiene la ONG. Su acceso a una vida de envejecimiento activo es más complicado y por lo tanto, asevera, “es más necesario si cabe impulsar acciones de sensibilización y empoderamiento hacia estas mujeres con necesidades de atención integral sociosanitaria”.

Los factores del aumento de la soledad en mayores

Accem Castilla-La Mancha también detalla algunos de los elementos que influyen en el aumento de la soledad de los mayores. Por ejemplo, los cambios demográficos en la sociedad actual con bajas tasas de natalidad o el incremento de la esperanza de vida además del trasvase de población del ámbito rural al urbano.

Por otro lado, cambios sociales como el surgimiento de nuevos modelos familiares, la crisis en los sistemas de cuidados, la desprotección familiar y las dificultades para conciliar vida familiar y social. Y finalmente los avances tecnológicos que la interacción social se torne en más superficial, impersonal y en la que se invierte menos tiempo.

“No estamos hablando de personas que viven solas, sino de personas que se sienten solas”, de soledad no escogida. Un problema que, apunta la ONG, “cada vez será mayor” si nos atenemos a los datos que estiman que en 2064 el 38% de la población serán personas mayores.

En la web www.accem.es/mayoressolas se recogen los mejores relatos en audio, escritos y vídeo presentados al concurso organizado en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales dentro de una campaña para sensibilizar a la población sobre la situación que viven en particular las mujeres mayores.

Yahya, Asmaa y su familia abandonaron Siria hace casi seis años debido a los numerosos bombardeos que asolaban la ciudad noroccidental de Idlib, a tan solo 60 kilómetros de Alepo. Se trata de una de las localidades donde actualmente se libran continuas batallas entre los combatientes de Uzbekistán y China con el ejército sirio. Un auténtico polvorín. Este matrimonio consiguió cruzar la cercana frontera con Turquía, donde recibieron asilo en un campo de refugiados.

Hasta cinco años han pasado allí, junto con sus cuatro hijos menores y la abuela paterna. En tierras turcas nada ha sido fácil. La política de acogida a refugiados de este país ha sido muy cuestionada y aunque no hablan de ello, su sufrimiento es detectable.   

El dolor y la devastación tras ese período de apátridas, de expulsados de su tierra, de sus orígenes, de su vida cotidiana, está muy presente en sus miradas y en sus apenas perceptibles palabras. En octubre llegaron a España directamente desde Estambul. Ahora residen en Toledo. La ONG ACCEM, junto con las administraciones públicas, ha conseguido que formen parte de su programa de acogida de refugiados. Están en la primera fase del proyecto de integración. Un mundo absolutamente nuevo para ellos.

Han decidido además abrir las puertas de la vivienda de acogida para recibir a los medios de comunicación. Es un caso insólito. No quieren que afecte a su intimidad ni a su proceso de construcción de una nueva vida, pero tampoco quieren dejar pasar la oportunidad de enviar un mensaje a la ciudadanía española y europea: “Por favor, que paren la masacre en nuestro país”. Así lo denuncia Yahya, abrumado por las cámaras y los periodistas. “Están siendo asesinadas miles de personas. No sabéis lo que diariamente está pasando, la continuas masacres. Solo pedimos que Europa haga algo, que juegue su papel para parar estas muertes”.

Que Europa se implique

Denuncia asimismo las actuaciones del Gobierno sirio en un conflicto que ya parece eterno. Según afirma este padre de familia, el Gobierno de este país está utilizando armas químicas contra los civiles. Hasta ahora no han podido denunciarlo ante los medios, por estar en el campo de refugiados, pero ahora quieren hacer oír su voz. Pide Yahya que los gobiernos europeos se impliquen, que cojan las riendas y ofrezcan soluciones. Y concluye dando las gracias al Gobierno español, al autonómico y a “todos los españoles”.

La familia se encuentra actualmente en la primera fase del proceso completo de integración, tal y como ha explicado Braulio Carlés, responsable territorial de ACCEM. Son seis meses en los que comienzan a aprender el idioma, se revisa su situación jurídica, los niños se incorporan al colegio y se les da acceso a la sanidad y a la formación. Estos son los pilares fundamentales para que después, en un segundo periodo de otros seis meses, sean más autónomos y puedan acceder al mercado laboral.

ACCEM dispone de plazas de acogida en su centro de Sigüenza, Albacete y en Toledo. En este último caso, dispone de 36, de las cuales 31 están ocupadas por personas procedentes de Siria. La ONG se centra sobre todo en que la familia de acogida consiga su integración en la sociedad en un periodo que suele prolongarse entre los 18 y los 24 meses. El objetivo final también es que obtengan su estatuto de refugiados políticos, a la espera de que puedan retornar a sus países de origen. “Es verdad que esto a veces es complicado pero evidentemente nosotros lo trabajamos continuamente y es una de las posibilidades que nunca desechan, por la esperanza de volver a su lugar de origen”, afirma Carlés.

Bajo esos preceptos trabajan también otras asociaciones en Castilla-La Mancha como Cruz Roja o Movimiento de la Paz. De hecho, según ha podido saber eldiarioclm.es, en las próximas semanas llegarán a la región otros 140 refugiados sirios. No es suficiente, sin embargo, para cumplir con las ‘cuotas’ a las que se comprometió el Gobierno español en el marco de la Unión Europea. Actualmente, el nivel de acogida en el país no supera el 11%.

Así lo recuerda la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien también ha pedido una mayor implicación de las administraciones pero ha celebrado que esta familia haya abierto las puertas de su casa. Ha aprovechado también para precisar que en los últimos dos años han llegado a la comunidad autónoma 555 personas refugiadas, el 32% de las mismas procedentes de Siria. “Cuando una familia vive estas situaciones tan graves en su país, hace que se tengan que desplazar por motivos ajenos a su voluntad y debemos mostrar nuestra solidaridad y ayudarles”, ha remarcado.

“Queremos una plena integración. Eso no solamente es este hogar y la ayuda mínima para vivir, sino que los niños estén en el colegio y en el comedor escolar, que todos estén atendidos por la Sanidad y que tengan el apoyo de las prestaciones sociales que puedan solicitar”, agrega la consejera. Destaca igualmente que el Gobierno regional también trabaja en acciones humanitarias en origen desde 2015 tanto en Siria como en países colindantes donde hay refugiados, como Líbano o Jordania. Las subvenciones que destina a entidades colaboradoras están dirigidas principalmente al abastecimiento de estos campamentos, al acceso al agua, a a prestaciones médicas como ginecología y a la educación de los niños.

Finalmente, Aurelia Sánchez llama a la “responsabilidad internacional” en este problema. Reitera que España está muy por debajo de los compromisos de acogida y por eso insiste en ofrecer la comunidad autónoma y la colaboración del Gobierno regional para contribuir a una mayor acogida.