Luz verde a 112 nuevas plazas residenciales y 50 plazas más en centros de día en Castilla-La Mancha

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano

Carmen Bachiller


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El Gobierno de Castilla-la Mancha ha autorizado el gasto para poner en marcha la orden de concertación social de plazas residenciales, estancias temporales y en centros de día para personas mayores y dependientes hasta 2025 por importe de 366,8 millones de euros.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha explicado que se trata de una orden “muy trabajada y esperada” en el ámbito del Tercer Sector y será la primera derivada del Concierto Social pactado en la región en 2021. “Es el mayor gasto que ha realizado el Gobierno regional en esta materia para la atención de personas mayores y con dependencia”, decía.

La nueva orden se publicará este viernes 11 de marzo y vendrá a sustituir al antiguo acuerdo marco que busca “generar estabilidad” siguiendo las pautas de la Ley del Tercer Sector aprobada por unanimidad en las Cortes regionales en 2020.

Estará en vigor durante cuatro años, prorrogables a diez, y según García Torijano “no será una orden estanca, tendrá flexibilidad porque durante el primer trimestre de cada año podrá sufrir modificaciones para aumentar plazas, según las necesidades de la región”.

La orden se traduce en algo más de 107 millones de euros anuales, lo que supone un incremento de ocho millones de euros al año, así como un aumento importante de plazas públicas: 112 plazas residenciales y 50 plazas para centros de día. Se van a atender más de 5.360 plazas residenciales, 468 para centros de día, incluyendo el transporte de los usuarios y más de 82.800 plazas para estancias temporales al año. Se estima además que en conjunto hay más de 88.600 beneficiarios.

Entre las novedades se encuentra la eliminación del requisito de valoración por parte de las empresas, que no tendrán que bajar el precio de la plaza para obtener más puntos en la convocatoria y, por tanto, más plazas. “Esa medida se elimina porque entendemos que todas las plazas residenciales, independientemente de dónde se encuentren, tienen que tener un precio por plaza y día unificado”.

“Es un nuevo modelo demandando por el Tercer Sector para dar seguridad jurídica, estabilidad presupuestaria y financiera y de servicio a la ciudadanía”, ha asegurado la consejera. 

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