El año 2030 se acerca, y con él la fecha límite para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 17 “objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible”, según los define la ONU. Pero, como sucedió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los ODS –que, lejos de ser un canto al viento, cuentan con hitos concretos que alcanzar– van a quedarse a medias. En este momento, según la ONU, únicamente alrededor del 17% de las metas de los ODS están en el camino de cumplirse y un 35% se encuentran estancadas o incluso en retroceso.

Ante un trabajo ingente por delante, las alianzas entre diferentes actores se presentan como una de las principales herramientas que tienen administraciones (en el sentido amplio), empresas, tercer sector y también los ciudadanos –quizá el eslabón más débil de esta cadena– para impulsar los ODS. Como un ejemplo de manual de ese axioma que dice que el todo es más que la suma de las partes. Tanto, que construir alianzas es un objetivo en sí mismo, el número 17.

“La agenda marca no solo una oportunidad, sino una responsabilidad a todos los actores del desarrollo. Uniendo ese ejercicio de responsabilidad, ese idioma común, las alianzas se convierten en la herramienta para su consecución”, ha explicado José Ángel Calle Suárez, director de Alianzas para el Desarrollo Sostenible e Innovación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrrollo (Aecid), durante las jornadas Alianzas para el futuro, claves para un desarrollo global y sostenible, organizadas por elDiario.es en colaboración con Acciona.

Cristina Ruiz, directora de la Fundación de Acciona, ha explicado de manera práctica que significan estas alianzas para una organización como la suya. “Nosotros trabajamos fundamentalmente en llevar acceso a la energía, agua y saneamiento a comunidades en desarrollo, pero también en contextos humanitarios”, ha explicado. “Prestamos un servicio básico, por lo que tenemos que ser capaces de llegar, llegar bien y quedarnos. Así que para nosotros esa coordinación, colaboración, alianzas con autoridades públicas a nivel nacional, local y tradicional es fundamental para ser capaces de identificar dónde están las mayores necesidades. Alianzas y colaboración también con las personas que viven en las comunidades, que van a elegir si quieren o no quieren ser parte del proyecto y que nos van a hacer entender cuáles son sus demandas. Alianzas con organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones que están en el terreno y que tienen un conocimiento específico o o una especialización diferente a la nuestra. También, sin duda, con financiadores”.

Para Jaime Moreno Serna, profesor permanente en la Universidad Politécnica de Madrid y fundador del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano (itdUPM), “las alianzas aportan un ingrediente esencial en el ámbito de la generación y transferencia de conocimiento. En primer lugar, nos dan el foco, nos llevan a situar nuestra investigación y nuestra docencia en retos que son significativos para la sociedad en su conjunto, para la industria, para la administración pública, para los ciudadanos, para las organizaciones de la sociedad civil. En segundo lugar, y casi para mí lo más importante, [nos dan] investigación, ciencia, creatividad. La creatividad es esencial y las alianzas estimulan el diálogo entre saberes” en el que cada uno aporta su conocimiento especializado, ha valorado.

La administración como impulsora

Los tres panelistas han coincidido en la necesidad de acelerar en la consecución de los ODS y en que la administración pública debe “promover e impulsar” acciones, en palabras de Calle Suárez, pero “sin el resto de los actores de la sociedad, del mundo de la empresa, el mundo universitario, de la comunicación”, no se avanzaría igual de rápido. “Necesitamos aproximar mucho más las posiciones del mundo empresarial el mundo académico, el mundo de la investigación. Los grupos de investigación son aceleradores de todo esto. Y hay responsabilidad masiva de los grandes medios de comunicación”, ha argumentado.

A partir de ahí, el siguiente paso es identificar qué actores son apropiados para cada alianza, ha explicado Ruiz: “¿Qué necesito? ¿Necesito recursos financieros, recursos de experiencia, recurso de conocimiento? Y, para cada caso, buscar al mejor. A veces se buscan alianzas porque son complementarias desde el punto de vista de que [los actores implicados] hacemos cosas diferentes y a veces hacemos lo mismo, pero de maneras diferentes”. Después viene pensar qué se quiere hacer y cómo, qué aporta cada uno. “También es muy importante tener una gestión compartida y una corresponsabilidad. Cada uno tiene que tener su ámbito de trabajo, sus actuaciones y sus responsabilidades, pero siempre entendiendo que esto no va de que cada cada uno haga su isla de trabajo, sino que hay que colaborar, ser corresponsables en el éxito del trabajo que se está poniendo en marcha”, ha elaborado.

Una alianza redonda en Etiopía

Pero toda esta teoría solo tiene sentido si se materializa en el terreno. Es el caso de la Alianza Shire, un proyecto para llevar energía eléctrica a la población refugiada en Dollo Ado, Etiopía. que los ponentes han presentado como ejemplo de cooperación entre diferentes entidades y en el que están presentes los tres organismos que han participado en la jornada, junto al Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (Acnur). “Es la primera alianza multiactor de la acción humanitaria española”, ha puesto en valor Moreno Serna. “Hace ya unos cuantos años tuvimos una visión compartida para explorar el potencial de esta colaboración multiactor en el acceso a energía en campos de refugiados, un tema para el cual prácticamente no había soluciones”, ha explicado.

La Alianza Shire ha permitido ofrecer acceso a energía a 13.000 personas refugidas en la frontera entre Etiopía y Somalia, “una de las regiones más duras del planeta”, mediante la instalación de sistemas solares domiciliares de última tecnología. Estos sistemas no solo proveen de energía, un logro ya en sí mismo: les permiten ahorrar en el consumo energético en el hogar, dejar de gastar en velas u otros métodos de iluminación, etc., lo que les generaba un gasto “inasumible”, ha destacado la directora de la Fundación de Acciona. Además, el trabajo realizado y el conocimiento generado permitirá replicar el proyecto en otros lugares.

Una alianza, en definitiva, que aúna todo lo que se espera de este tipo de iniciativas, explotando las fortalezas que cada actor tiene: una visión compartida, creatividad para afrontar un problema, los recursos tecnológicos del sector privado o generar las estructuras organizativas que permitan sacar adelante el proyecto y mantenerlo (“es fundamental”), cooperar también con las comunidades locales y las organizaciones que trabajan en el terreno...

Otra virtud de las alianzas, ha querido destacar Calle Suárez, es juntan en la mesa con un mismo propósito a actores aparentemente contrarios. El director de la Aecid ha contado un caso en el que están trabajando conjuntamente la Xunta de Galicia, la Aecid del Gobierno de España y una empresa como Pescanova para ofrecer formación pesquera en Mozambique “fundamentalmente a jóvenes”, lo que les permite integrarse en el mercado laboral del país.

Problema-solución

Pero los proyectos también encuentran barreras, algunas de ellas internas. Ruiz, de Acciona, ha señalado que las diferentes organizaciones tienen distintas maneras de trabajar, lo que requiere “un proceso de adaptación”, y el profesor Moreno Serna ha incidido en la idea subrayando la dificultad que puede tener solo mantener la alianza en el tiempo, cohesionada y funcional. “Es necesario que haya quien cuide esa alianza, profesionales dedicados con un conocimiento específico, porque hay mucha complejidad”, un rol que, cree, “la universidad, y en particular desde el centro en el que trabajo (el idtUPM) puede cumplir. El director de Alianzas para el Desarrollo Sostenible e Innovación de la Aecid ha coincidido en este punto porque, ha explicado en base a su experiencia –ha sido cooperante muchos años–, ”la frustración en contextos complejos es muy elevada“. En ese sentido, Calle Suárez ha puesto en valor el nuevo estatuto del cooperante aprobado en España.

Preguntado específicamente, Calle Súarez también ha admitido que la burocracia que se autoimpone a veces la administración “interrumpe ese diálogo común, y ha disminuido la velocidad de nuestra capacidad de generación de alianzas”, aunque ha asegurado que los cambios recientes que se han acometido están mejorando ese aspecto.

Pero, problema solución, Ruiz ha destacado que este es precisamente otro de los puntos fuertes de las alianzas, lo que han comprobado de primera mano con Shire. “A este proyecto le ha pasado prácticamente todo que le podía pasar, y que hayamos estado en alianza nos ha hecho resistir. Ha habido situaciones dificilísimas en las que si uno solo igual tiras la toalla. Pero lo bueno de haber estado tantas organizaciones juntas” es que unas se apoyan a las otras para sacar el trabajo adelante, ha cerrado.

La Justicia ha decidido absolver a Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo con Reyes Maroto y exalto cargo de la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, de la acusación de adjudicar contratos de forma irregular en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo entre 2010 y 2012. La Audiencia Provincial de Madrid entiende que ni él ni otros cinco acusados incurrieron en prevaricación, administración desleal o fraude, delitos por los que la Fiscalía pedía hasta tres años de cárcel para él.

El caso fue denunciado en 2020 por la Fiscalía Anticorrupción apenas unos días después de que Valdés fuera nombrado secretario de Estado con la entonces ministra Reyes Maroto. El origen de las sospechas era un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que denunciaba contrataciones irregulares en la AECID entre 2010 y 2012 en el marco de la implantación de un nuevo modelo informático en el organismo.

“En los procesos de contratación no se habrían observado los procedimientos legalmente establecidos”, dijo la jueza al procesar a Valdés en abril de 2023, añadiendo entonces que existían “indicios de que no se ha mantenido la publicidad debida” para “favorecer” a determinadas empresas. Los contratos puestos bajo sospecha, tanto en la AECID como en el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), rozaban los tres millones de euros.

El caso fue juzgado finalmente en la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de noviembre y la sentencia ha optado por absolver a todos los acusados. En esos momentos la Agencia estaba intentando “adaptar” sus sistemas informáticos y en la actuación de todos los acusados, dice el tribunal, no existen “irregularidades patentes, groseras, ni una arbitrariedad dolosa ni que las decisiones adoptadas para llevarlos a cabo fueran justas”.

La Audiencia es contundente para rechazar las acusaciones de Anticorrupción en una sentencia todavía recurrible ante el Supremo. “No existe prueba de prácticas irregulares con autoridades y funcionarios públicos”, explica la sentencia que ha podido examinar elDiario.es. “Tampoco ha quedado acreditado que actuaran para beneficiar a un tercero”, ni tampoco que existieran sobrecostes. AECID, finalmente, no se vio perjudicada por estos contratos.

En el caso de Valdés no hay ilegalidades en los actos en los que participó cuando ocupó diversas jefaturas en esta agencia adscrita a Exteriores: ni en las reuniones sobre contratos menores, ni en torno a las facturas, ni en la encomienda de gestión a Tragsa ni en una de las mesas de contratación. “No consta acreditado perjuicio para el erario público ni beneficio personal para los acusados ni para terceros”, zanja la sentencia de más de un centenar de folios.

Fernando Valdés dimitió en diciembre de 2022 por razones personales del cargo de secretario de Estado de Turismo en el Ministerio que entonces dirigía Reyes Maroto. El departamento destacó entonces su “vocación de servicio público y excelente trabajo al frente de la Secretaría, en la que ha tenido que afrontar los efectos negativos de la pandemia en el sector turístico”.

Los jueces concluyen que, en el caso en general, como mucho existen “determinadas irregularidades administrativas” pero no un delito de prevaricación. “Si ante una mera acción de poca entidad se acude al derecho penal estaríamos ante lo que se denomina criminalización del acto administrativo”, explica el tribunal en respuesta a las acusaciones de Anticorrupción. Que la contratación no fuera la “óptima” no puede “en modo alguno” implicar la existencia de tres delitos distintos.

El tribunal, incluso, carga con dureza contra la IGAE y la Abogacía del Estado por su papel en este caso, hablando incluso de “clamorosa contradicción”. Tampoco entiende la Audiencia de Madrid por qué durante su tramitación el juzgado archivó el caso contra algunos acusados y no contra otros.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado julio, días antes de su renovación tras más de cinco años en funciones, la participación como ponentes de cuatro de sus vocales salientes en sendos cursos en Colombia y Uruguay que se celebrarán el próximo otoño cuando todos tendrán ya la condición de ex. Los acuerdos de la Comisión Permanente que avalan estos desplazamientos autorizan que los vuelos se realicen “en clase superior a la turista” y garantizan que los anteriores integrantes del órgano “sí percibirían retribución” por esas ponencias en caso de “desvinculación” del CGPJ. 

A preguntas de elDiario.es, un portavoz de la institución afirma que el procedimiento ha sido “absolutamente normal”. Asegura que el programa empezó a trabajarse en abril y que la elección de los coordinadores y ponentes de los cursos —entre los que también hay jueces, fiscales, catedráticos, letrados del CGPJ o profesores de la Escuela Judicial— tiene que hacerse con cierto margen de tiempo para hacer la difusión y que los interesados se puedan inscribir. El mismo portavoz insiste en que participan en su condición de “expertos” en la materia. Los seminarios están dirigidos a integrantes de poderes judiciales de países de América Latina y el Caribe y se realizan en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

El acuerdo para la renovación del CGPJ se anunció el 25 de junio y los nuevos vocales celebraron la sesión constitutiva el 25 de julio. La Comisión Permanente del órgano aprobó en sus sesiones del 4 y el 24 de julio —la última del mandato— casi una treintena de desplazamientos de diferentes profesionales vinculados al derecho para dar conferencias o coordinar los citados cursos en Colombia y Uruguay. Entre ellos, los de las entonces vocales María Ángeles Carmona, Carmen Llombart, Roser Bach y Mar Cabrejas. También el del secretario general saliente del órgano, Manuel Luna Carbonell, que se delega “expresamente” a sí mismo la gestión de uno de los cursos en los que participa como ponente. 

Las cuatro vocales formaban parte de la Permanente, el llamado ‘núcleo duro’ del órgano que precisamente eligió a los coordinadores y ponentes de estas actividades. Carmona y Llombart estaban alineadas en el sector conservador y Bach y Cabrejas en el progresista. Todos salvo Llombart, con sólo un desplazamiento a Colombia, participarán como ponentes en dos cursos, por lo que realizarán cuatro desplazamientos transoceánicos (ida y vuelta) entre los meses de septiembre y diciembre. Llombart, Bach y Cabrejas son magistradas, mientras que Carmona es letrada de la Administración de Justicia. 

Para financiar los viajes, el alojamiento y la retribución de los participantes por las conferencias, el CGPJ aprobó un gasto de 202.639,49 euros con cargo a los presupuestos de la Escuela Judicial, el organismo donde se forman los nuevos jueces, y el Servicio de Relaciones Internacionales del órgano. Un portavoz del CGPJ explica que se trata de una “previsión” en base al precio de los billetes estimado por la agencia de viajes y que, en el momento de la emisión, se optará por “la tarifa más económica”. 

No obstante, los acuerdos aprobados por la Comisión Permanente garantizan que los desplazamientos se puedan hacer con las máximas comodidades. Así, autorizan que los viajes se realicen “en clase superior a la turista”; que se supere la cantidad para el alojamiento prevista en la regulación de las indemnizaciones por razón del servicio, que ronda los 150 euros por noche; y que se pueda rebasar el límite de 40 euros fijado para los desplazamientos en taxi. Los acuerdos detallan que los presupuestos de gastos han sido fiscalizados “de conformidad por la Intervención” del CGPJ. 

Los acuerdos también subrayan que los vocales y letrados del CGPJ que participen en dicha condición “no percibirán” retribución por sus ponencias, talleres y foros. Pero detallan que éstas se presupuestan “para atender posibles cambios de ponentes o cambios en la situación profesional de alguno de los designados que pudiese suponer su desvinculación del Consejo General del Poder Judicial, en cuyo caso sí percibirían retribución”. Ese es el caso de las cuatro exvocales, relevadas el pasado 25 de julio tras la toma de posesión de los nuevos integrantes del órgano de gobierno de los jueces. Las ponencias tienen una retribución de 600 euros. 

“Turismo judicial” 

La designación como ponentes en cursos cuando ya sabían que iban a ser relevados de sus puestos tras más de cinco años en funciones ha creado malestar en el CGPJ. Distintas voces consideran que su elección es “escandalosa” y “falta de ética”. Estas fuentes entienden que se podría haber optado por elegir a otros perfiles para garantizar que las actividades formativas se puedan llevar a cabo, pero “sin comprometer la imagen del órgano” designando a vocales que ya sabían que iban a ser relevadas o al propio secretario general, algo que nunca había ocurrido en la historia del órgano. Otras fuentes creen directamente que “sobra” la mayor parte de la actividad internacional del CGPJ e incluso hablan de “turismo judicial de escasa o nula rentabilidad”. 

Los viajes al extranjero de los miembros del CGPJ para participar en actos institucionales o impartir ponencias suponen relevantes desembolsos. Por ejemplo, el gasto más cuantioso del actual mandato es un viaje de seis días que el exvocal Gerardo Martínez Tristán hizo a Cartagena de Indias (Colombia) en noviembre de 2019 para impartir varias conferencias en este mismo programa realizado en colaboración con la AECID. El coste fue de 7.398,04 euros. Precisamente la Permanente del pasado 26 de junio, un día después de que se anunciara el acuerdo para renovar el órgano, acordó que Martínez Tristán fuera relevado en una ponencia que iba a impartir en esa misma ciudad colombiana unos días después, del 2 al 5 de julio de 2024, en el marco de este mismo proyecto. 

Fuentes del CGPJ explican que, en todo caso, la designación como ponentes de cuatro exvocales del órgano podría ser revertida por los actuales miembros del órgano. No obstante, para eso debería estar constituida la Comisión Permanente, que podría dejar sin efecto estos acuerdos si así lo consideraran sus integrantes. Los nuevos vocales tomaron posesión de sus cargos el pasado 25 de julio y, por el momento, siguen sin ponerse de acuerdo en quién debe ostentar la presidencia, lo que impide que el órgano pueda ponerse a funcionar con plenas facultades.

Son ingenieros, limpiadoras, médicos, administrativos o conductores afganos que entre 2005 y 2013 trabajaron para la cooperación española en Badghis, una de las provincias más pobres y remotas del país, y que ahora, tras el regreso al poder de los talibanes, están en peligro por haber estado ligados en algún momento a las potencias aliadas que intervinieron en Afganistán 2001. Más de un centenar de estos extrabajadores de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) y sus familiares se han desplazado a Kabul en los últimos días desde más de una treintena de provincias con la esperanza de poder salir del país. Desde entonces, y tras intentar sin éxito acceder al aeropuerto, aguardan refugiados en hoteles una llamada de las autoridades españolas que no llega.

Esta situación desesperada les llevó el pasado sábado a dirigirse por carta al ministro de Exteriores, José Manuel Albares. En la misiva, de poco más de 300 palabras, piden ser evacuados para salvar sus vidas y las de sus familiares, incluidos sus hijos de corta edad. “Antes, como empleados de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) éramos conocidos en nuestra provincia de Badghis, pero nuestra presencia en Kabul durante los últimos días nos ha expuesto ante todo el país y sobre todo ante los talibanes. Ahora hacemos frente a una amenaza más inminente que nunca”, dice ese texto, al que ha tenido acceso elDiario.es. 

“Ahora mismo estamos en una situación realmente mala, no podemos ir a nuestra provincia. Si vamos, los talibanes nos matarán. Cuando estábamos en nuestra provincia nos amenazaron y nos vimos en la obligación de irnos. Van por las casas por las noches para buscar a las personas que trabajaron para el Gobierno y matarlas”, asegura Taiyiba, una de las mujeres que trabajaba en un proyecto de la AECID sobre cría doméstica de pollos y que se ha desplazado desde Badghis a Kabul. Al otro lado del teléfono, su voz suena desesperada. No tiene dinero para pagar el hotel en el que está escondida en Kabul, pero teme que si vuelve a su provincia de origen los talibanes vayan a por ella. Taiyiba es viuda, tiene dos hijas a su cargo y una hermana soltera.

En Kabul, las tarifas de hoteles y casas de huéspedes se han multiplicado hasta por tres en las últimas semanas, un precio que no es asequible para la mayoría de familias, relata al elDiario.es uno de esos extrabajadores de la cooperación española que pide no ser identificado por miedo a represalias. “Hay familias que están viviendo en parques y otras que sólo usan las casas de sus familiares para dormir y pasan el resto del día a la intemperie. Volver a sus lugares de origen también es un desafío en términos de seguridad. Sabemos lo mucho que trabajó el Gobierno de España para sacar a la mayor cantidad de gente posible. Pero la fortuna no estuvo del lado de algunos de nosotros, que nos hemos quedado atrás”, lamenta este hombre, que trabajó en la misión de Badghis. 

“Estamos listos para recibir más instrucciones para la evacuación (...). Esperamos que el Gobierno español tome en consideración nuestra solicitud”, prosigue en la carta enviada al ministro. Muchos de estos ciudadanos afganos intentaron sin éxito durante días acceder al aeropuerto por Abbey Gate, la puerta sur del aeropuerto donde se produjo la primera detonación del atentado del pasado jueves que asesinó a casi 200 personas y provocó que se detuviera el proceso de evacuación desde ese acceso. En este atentado murió el hijo de una exempleada de la AECID, según adelantó El Confidencial y confirmó elDiario.es.

La mayoría de ellos intentaron acceder al aeródromo provistos de salvoconductos expedidos por el Ministerio de Exteriores español pero la marabunta de gente impidió que pudieran entrar en el aeródromo. Otros se quejan de que, a pesar de tener esos certificados, los soldados no les dejaron pasar porque sus nombres no constaban en las famosas listas de evacuados. 

El Gobierno, que el pasado viernes dio por terminada la “misión” de evacuación por el empeoramiento de las condiciones de seguridad y tras haber podido traer a España a 2.206 afganos, asegura estar buscando “otras vías” para evacuar a más colaboradores. “Esas personas no se han quedado atrás porque la operación no está cerrada. Esas personas tienen que saber que el Gobierno de España sigue comprometido con ellos”, dijo este lunes en el Congreso el titular de Exteriores, José Manuel Albares. Respecto a la carta y la situación concreta de los excolaboradores de la AECID, un portavoz de Exteriores confirma a elDiario.es su recepción y asegura que se están viendo “todas las posibilidades”, si bien reconoce que cualquier vía será “complicada”.

“Todos estamos en peligro”

Entre tanto, los antiguos empleados de la cooperación española que siguen en Afganistán temen que esa respuesta de las autoridades españolas, si llega algún día, lo haga tarde para ellos. Sayed F. S., ingeniero agrícola que trabajó entre 2009 y 2012 el programa de desarrollo rural de la AECID, asegura estar bajo el foco de los talibanes. “No hay opciones para mí. Tocaron nuestras puertas dos veces y eso que cambié mi ubicación en varias ocasiones. Todos estamos en peligro”, escribe por WhatsApp desde Kabul, donde está refugiado en casa de un hermano junto a su mujer y sus cinco hijos. Uno de ellos, de cuatro años, acabó deshidratado tras pasar tres noches en las inmediaciones del aeropuerto. “La coordinación de los soldados españoles fue mediocre. No dejaron pasar a muchas personas que tenían salvoconductos porque no estaban en las listas”, lamenta. 

Desde una pequeña habitación de hotel en Kabul habla el doctor Ghulam R. A., dermatólogo formado en Afganistán y Alemania que coordinó los proyectos sanitarios que la cooperación española desplegó en la ciudad de Qala i Naw, donde se amplió y equipó el hospital, se construyó un nuevo pabellón materno-infantil y una unidad de atención a niños mal nutridos y se edificaron siete clínicas rurales. Ghulam, de 42 años, es ahora uno de esos afganos que está en peligro por haber colaborado con una potencia extranjera. Tiene una hija y dos hijos pequeños. 

“Ahora en Afganistán no hay opciones para mí porque toda la gente —los vecinos, otros médicos...— saben que trabajé para el Gobierno español y que he venido a Kabul desde Herat para intentar salir del país”, afirma por teléfono. Antes de que los talibanes tomaran de nuevo el poder trabajaba en una clínica privada, pero decidió viajar a Kabul junto a su familia para intentar ponerse a salvo. No lo consiguió a pesar de haber pasado varios días junto a su familia en Abbey Gate y el canal de aguas fecales que rodea al aeropuerto. 

De hecho, relata que estuvieron a 200 metros del lugar de la explosión suicida. Afortunadamente, no les pasó nada de gravedad pero su hijo acabó con algunas contusiones por la estampida y tuvo que pasar unas horas en el hospital. “Estamos esperando a que el Gobierno español nos contacte de nuevo. Nos han dicho que sigamos en Kabul, que nos cuidemos, pero la situación de seguridad aquí es muy mala”, lamenta. 

Es la misma esperanza que tiene otro extrabajador de la AECID que prefiere no ser identificado ante el temor de que puedan tomar represalias contra él o de que, si habla, se pueda frustrar la evacuación de su familia. También está en una habitación de hotel junto a sus cuatro hijos, pero con cada vez menos dinero para hacer frente al desembolso que eso supone. “Me gustaría tener una respuesta del Gobierno de España para saber si volvemos a casa o nos quedamos aquí. El hecho de estar en Kabul ya nos ha expuesto de cara a los talibanes, que saben que queremos salir del país”, dice este hombre que también intentó sin éxito acceder al aeropuerto junto a su mujer y sus hijos. 

“La situación es muy difícil, pasamos cuatro noches metidos en el canal de aguas fecales. Le dije a un soldado español que teníamos el salvoconducto pero me dijo que no podía hacer nada por nosotros. Las autoridades españolas nos prometieron que nos contactarían tan pronto como fuera posible, pero seguimos sin respuesta”, sentencia.

En la madrugada de este jueves aterrizó en Madrid el primer avión con trabajadores del cuerpo diplomático que permanecían en Afganistán después del retorno de los talibanes al poder. Tras el regreso el pasado mayo de 24 militares todavía destacados en la base Camp Morehead, a las afueras de Kabul, los llegados la pasada madrugada son parte de los últimos españoles de Afganistán, evacuados a toda prisa junto a locales que durante años han colaborado con las tropas y la cooperación española, y sus familiares, que están en peligro ante la victoria de los extremistas y el deterioro de la situación política y militar. Pero antes que ellos, miles de españoles han estado ligados de una u otra forma al país durante las últimas dos décadas de presencia de la comunidad internacional.

Entre ellos, los 27.000 militares que han rotado por Afganistán luchando contra la insurgencia y ayudando a su reconstrucción en la misión más costosa en vidas de las Fuerzas Armadas en el período democrático, con un total de 102 fallecidos en accidentes y atentados. Pero también funcionarios, cooperantes o reporteros que ahora asisten con dolor al desmoronamiento de las frágiles estructuras de un país en el que, a pesar de los atisbos de progreso, la corrupción siguió siendo generalizada y se consolidaron en el poder sátrapas locales, a menudo con la tolerancia de Estados Unidos, que invadió el país en 2001 tras los atentados del 11-S.

“Soy tremendamente pesimista, era algo que se veía venir aunque el dolor es enorme. El pueblo afgano está acostumbrado a sobrevivir y lo hará una vez más, pero mi percepción es que va a haber un nuevo descenso al caos”, afirma parafraseando a Ahmed Rashid —célebre analista paquistaní— el cooperante Ignacio Álvaro Benito, que estuvo en Afganistán entre 2005 y 2010 trabajando en la Organización Internacional de Migraciones y en la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), donde coordinó la misión en Badghis, una de las provincias más pobres y remotas. “Es un país muy complejo, con un difícil contexto de seguridad tras décadas en conflicto, incluida una guerra civil de seis años y un lustro de extremismo talibán. Pero yo sí he visto cambios reales y sustanciales”, afirma. 

Los contingentes de la AECID pusieron en marcha en Badghis diversos programas de reconstrucción y desarrollo con proyectos de educación, agua y saneamiento, salud, género, agricultura, desarrollo rural, infraestructuras… La misión duró siete años, entre 2005 y 2013. Según los datos que en su día ofreció el Gobierno, se construyeron escuelas para 20.000 niños o infraestructuras de salud para 150.000 personas. También se mejoraron las cosechas de más de 30.000 familias. Álvaro Benito, no obstante, cree que la retirada y el traspaso del proceso de reconstrucción a las autoridades locales fue precipitado. “Afganistán era como un recién nacido traumático”, ilustra. 

Constantino Méndez, que fue entre 2008 y 2011 secretario de Estado de Defensa con la socialista Carme Chacón como ministra, destaca también esa labor de ayuda al desarrollo. “La comunidad internacional se acabó convenciendo de que detrás de una operación militar de riesgo debía haber un esfuerzo de cooperación relevante que pudiera cambiar las cosas”, asegura. En el caso español, esa tarea no habría sido posible sin el trabajo de los 27.000 militares que rotaron por Afganistán en casi dos décadas de misión, en las que se dedicaron a asesorar, instruir y dar apoyo logístico al Ejército afgano, pero también a realizar labores de escolta que permitieran mantener la ayuda humanitaria a salvo de las emboscadas. 

“Fue una experiencia bastante dura. Era rara la vez que no nos tiroteaban cuando salíamos a entregar avituallamiento, medicinas o mantas. Lo hacían con el típico AK 47 desde lo alto de una loma, aunque íbamos en blindados y semiblindados. Dependiendo de la zona de influencia —si era pastún o talibán— te recibían con aplausos o pedradas”, recuerda un militar que pasó seis meses en Afganistán en 2011 y que pide no ser identificado. “A pesar de todo, los españoles gozábamos de un trato preferente de la policía afgana y la población civil. Hemos llegado a tener amigos allí, siento un pesar muy grande”, dice este cabo, que viajó con 35 años a Afganistán dejando en España a su mujer y una hija recién nacida. 

Precisamente a partir de 2009, explica Méndez, los viejos BMR (Blindado Medio de Ruedas) de los ochenta y noventa se cambiaron por nuevos equipamientos para hacer frente a las amenazas de explosivos improvisados. “Habíamos desembarcado sin las dotaciones adecuadas y hubo que hacer un enorme esfuerzo por habilitar una nueva base militar que nos diera la seguridad que no teníamos”, afirma el ex número dos de Chacón, que viajó en dos ocasiones a Afganistán en sus casi cuatro años en Defensa. La primera, en abril de 2008, en aquella célebre visita en la que la ministra pasó revista a las tropas embarazada de siete meses. La segunda, en junio de ese año, con el ahora rey Felipe VI. 

Sólo la misión militar española ha tenido un coste de más de 3.500 millones de euros. Los primeros 350 militares españoles llegaron a Kabul el 24 de enero de 2002, cuatro meses después de los atentados del 11-S. En 2005, bajo mando de la OTAN, España se hizo cargo de las bases de Herat y Qala-i-Now, al oeste del país. El grueso del repliegue se produjo entre 2012 y 2013, aunque la retirada total no llegó hasta el pasado mayo, ya como miembros de la operación Resolute Support, mucho más reducida. Las Fuerzas Armadas realizaron 28.000 patrullas y efectuaron más de 1.400 misiones de desactivación de explosivos. Y se dejaron la vida 102 militares: 62 en el accidente del Yak-42, en mayo de 2003; 17 en el del helicóptero Cougar, en agosto de 2005; y otros 23 perecieron por vuelcos o explosivos improvisados de grupos insurgentes. 

También hubo decenas de heridos. Entre ellos, el cabo Iván Ramos, que salió por los aires en un accidente con el vehículo blindado Lince con el que hacía una escolta a poca distancia de la base de Herat el 13 de abril de 2011. Se rompió 17 huesos y tuvieron que extirparle un riñón y el bazo. La Comunidad de Madrid le reconoció en un primer momento una discapacidad del 65%, pero tuvo que batallar durante años para que Defensa asumiera sus secuelas y le concediera una pensión acorde. Llegó a hacer incluso una huelga de hambre a las puertas del ministerio. “Yo siempre he pedido lo justo, ni más ni menos”, afirma.

Ramos llevaba más de una década en la Legión, pero era personal temporal, como el 87% de la plantilla de tropa y marinería. Y, tras el accidente, fue despedido y no lo reubicaron en otro puesto adaptado a su situación, como reclamó insistentemente. Ahora, también vive con tristeza los últimos acontecimientos en en el país. “Después de todo el esfuerzo, de las vidas perdidas... Los afganos se van quedar tirados como colillas”, lamenta.

“Cuestión de tiempo”  

A pesar de los cuantiosos recursos gastados en estas dos décadas —también de las vidas humanas perdidas, las víctimas afganas son 130.000, de las que 70.000 eran civiles— los últimos acontecimientos han demostrado que el Gobierno de Kabul ha sido incapaz de mantener el control del país tras la salida de las tropas occidentales. “La situación actual demuestra la debilidad de lo que se ha creado en los últimos 20 años y que todo el sistema se ha basado en una gran mentira que nos hemos querido creer. Es algo que hace mucho que se veía venir, no es un evento que nadie se esperaba. Había un Gobierno con pies de barro y todos sabíamos que era cuestión de tiempo”, afirma el periodista Pau Miranda, que conoce el país desde hace dos décadas por su trabajo como reportero y cooperante. Vivió en Afganistán entre 2001 y 2002, justo después de la invasión; volvió otra temporada en 2009 y una tercera a partir de 2016, cuando permaneció otros tres años.  

Miranda insiste en que la presencia internacional no ha evitado que la corrupción fuera generalizada y se consolidaran en el poder políticos y funcionarios conocidos por sus abusos. “Es verdad que la corrupción no nació en 2001, pero no es lo mismo ser corrupto en un país pobre que en uno en el que llueven millones”, asevera. “Nosotros el avituallamiento y los medicamentos lo entregábamos a figuras que se pueden asimilar a lo que aquí llamaríamos alcalde, pero en realidad eran los señores de la guerra que mandaban con su ley en cada pueblo”, afirma un cabo que formó parte del contingente español.

Álvaro Benito admite que en un primer momento la AECID también tuvo algún “problema” con los contratistas locales a los que les encargaban desarrollar infraestructuras o diferentes trabajos, aunque la “confianza mutua” con el personal local y el resto de la población afgana no tardó en fraguarse. “Hay que entender que es un país con una complejidad grande donde también había que empoderar a sus autoridades locales, con una autoestima muy baja tras décadas de conflictos”, afirma este experto.

Las fuentes consultadas también reconocen el fracaso del supuesto objetivo de “democratización” del país. “Los afganos no han confiado en lo que les vendíamos como democracia”, sostiene Miranda. En las últimas presidenciales, en 2019, la participación fue inferior al 20%. Entonces fue reelegido Ashraf Ghani, un antropólogo y exempleado del Banco Mundial apoyado por Estados Unidos y que huyó de Afganistán ante la llegada de los talibanes a Kabul. Ahora se encuentra refugiado en Emiratos Árabes Unidos. La presencia militar extranjera tampoco impidió que Afganistán siguiera siendo en los últimos años uno de los peores países del mundo para las mujeres por mucho que ahora el regreso de los talibanes amenace con deteriorar sus vidas todavía más. A finales de 2014, con la retirada del grueso de las tropas extranjeras al concluir el mandato de la ONU, también desapareció la mayoría de prensa internacional, dice Miranda. ¿La consecuencia? “El nivel de fiscalización cayó”, asegura.

Méndez, alejado de la política institucional, también admite que en Afganistán no se han cumplido los objetivos de reformas y modernización de la sociedad. “El objetivo militar, con todo, era el más sencillo. Se consiguió a medias que el país no fuera una base terrorista, pero en la reforma del Estado se avanzó muy poco y las mejoras en derechos humanos son muy frágiles. Mañana mismo puede volverse a la caverna. Hicimos lo que teníamos que hacer como comunidad internacional, pero seguramente no tuvimos claro el terreno en el que trabajábamos. Estábamos en medio de un Estado fallido de una enorme complejidad. La sensación ahora es muy negativa”, resume. 

También es “tremendamente pesimista” Álvaro Benito, que en los últimos días no deja de recibir llamadas y mensajes de locales con los que coincidió en sus años de cooperante en el país, que le preguntan si puede hacer algo por ellos. “Muchos están desesperados y temen las represalias”, sostiene. “Allí hemos dejado amigos, intérpretes... se hicieron muy buenas migas con personas afganas y es muy duro saber que por haber colaborado con nosotros se han jugado la vida y pueden perderla”, añade el militar que pide mantener el anonimato.

La titular del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, Belén Sánchez, ha citado en calidad de investigado a Fernando Valdés Verelst, secretario de Estado de Turismo desde el pasado 15 de julio, en el marco de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra él y otros cargos relacionados con la gestión de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La querella, según ha adelantado este martes El Confidencial, se interpuso por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a raíz de una denuncia realizada en Anticorrupción por la Intervención General del Estado. Se encuentran bajo sospecha distintos expedientes con la duda de si los contratos adjudicados se tradujeron en una prestación de servicios real o ficticia. Valdés fue nombrado en 2011 subdirector general de la AECID y actuaba como jefe de contratación.

Entre los investigados también se encuentra el embajador en México, Juan Antonio López Dóriga, y otros antiguos cargos de la AECID, como F.J.M.Z.; y Jesús Juan González Navarro, quien fuera jefe del Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información de la AECID. 

También figuran como querellados Francisco Salazar Palma, actual presidente de CESCE, empresa de capital mixto dedicada al crédito a la exportación; Begoña Cristeto Blasco, ex secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; y Guillermo Horche López, ex subdirector del ICEX. Además, en la querella, que se interpuso el pasado 21 de julio, constan como denunciados varios empresarios, informa Europa Press. 

Los investigados están citados para declarar entre los días 13 y 16 de octubre. Fuentes ministeriales han señalado a Europa Press que Valdés se pone a disposición de la justicia para colaborar en la investigación y dará cumplida información de todo lo que se le requiera. Las mismas fuentes han añadido no obstante que, como jefe de departamento en los tiempos que se investiga, Valdés no firmó ninguno de los actos administrativos que son parte de la causa.

La catástrofe en Mozambique, tras el paso del ciclón Idai el pasado 14 de marzo, ya tiene el nivel de emergencia 3, el más alto, a la altura de las crisis de Siria y de Yemen.

Este sábado las autoridades elevaron la cifra de muertos a 417 en el país. Sumadas a las de Zimbaue y Malaui, también azotados por el ciclón, el número supera los 600. Más de medio millón de personas se han visto afectadas por el ciclón, según datos del Instituto Nacional de Gestión de Desastres de Mozambique, y muchas zonas, principalmente en el centro del país, continúan inundadas.

“El rescate está siendo complicado por dos fenómenos. En primer lugar, por el ciclón, que ha afectado de lleno a Beira, una ciudad de más de 500.000 habitantes. En segundo, por las lluvias que ha habido después, que han afectado al norte del país”, explica por teléfono a eldiario.es Fernando Regulez, nombrado coordinador general de la AECID en Mozambique (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).

La provincia más afectada es Sofala, en el centro del país. Muchos distritos continúan inundados, por lo que se prevé que el número de fallecidos aumente, una vez se pueda acceder a ellas. Gran parte de Beira, capital de Sofala, está sin luz.

“El principal problema que tenemos en este momento es de información. Los medios de comunicación en Mozambique en este momento son escasos. Poco a poco vamos conociendo lo que está pasando”, afirma Regulez.

La AECID está contribuyendo a que los alimentos lleguen a las personas aisladas y en campos de realojamiento, a través de donaciones al Programa Mundial de Alimentos. Este sábado enviaron a Beira un avión con material de cocina e higiene.

La Unión Europea ha aprobado el envío de un Hospital de Campaña de nivel 2, que esperan que llegue la próxima semana. “Estamos preparando toda la organización par que venga cuanto antes”, afirma el próximo coordinador general de la Cooperación Española en Mozambique.

“La gran preocupación en este momento es precisamente la ciudad de Beira, porque estaba aislada. Acaban de abrir una vía, pero son 500.000 aisladas sin comida, sin energía, sin teléfono, sin agua….”, dice Regulez, que afirma que en las últimas horas se está confirmando el reabastecimiento de agua en algunos barrios de la ciudad. “Son noticias que están llegando, pero a cuentagotas”, dice.

“Llueve dentro del hospital”

El Servicio Canario de Salud (SCS) lleva desde 2011 formando a médicos en el país. Luis López Rivero, responsable del área de Cooperación Internacional del SCS iba para dar clases, pero el viernes pasado se encontró el aeropuerto cerrado por el ciclón. Ahora, ya en Beira, trata de priorizar la ayuda para optimizarla al máximo.

“Uno de los peligros es cometer errores de dónde se manda, que llegue un aparato ahora no es prioridad porque no tienen corriente. La primera prioridad es el agua potable”, explica el médico, Premio Canarias de Cooperación Internacional en 2016, en conversación telefónica mantenida con eldiario.es.

“Del campo no tienen información alguna”, afirma y recuerda que solo el 25% de la población en Mozambique reside en ciudades.

López Rivero incide en que están sacando el agua de la ciudad con “tremendas dificultades” ya que “gran parte de la ciudad está por debajo del nivel del mar”.

La falta de agua potable y las anegaciones aumenta el riesgo de epidemias de cólera, tifus y malaria. “Al hospital central de Beira –hospital de referencia en el país– se le voló el techo. Llueve dentro del hospital”, dice y explica que no hacen falta más médicos, sino medicamentos y hospital.

“Nosotros estamos trabajando para el siguiente paso. Dentro de un mes y medio todo el mundo se olvidará de Mozambique y las medicinas que necesitaremos en ese momento son diferentes de las de ahora”, afirma el médico canario.

Un incidente de menos de dos minutos durante una huelga les valió el despido, pero la justicia ha revertido esta sanción. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) ha sido condenada a readmitir a tres trabajadores de su Centro Cultural en Malabo (Guinea Ecuatorial) y a abonarles los salarios dejados de percibir durante el periodo que estuvieron alejados de sus puestos. La magistrada concluye que el despido fue improcedente y califica la medida como “desproporcionada” dados los hechos probados.

Se trata de la segunda condena contra la agencia pública, dedicada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible, por la respuesta de sus responsables –bajo el mandato de Rajoy– a la protesta de varios empleados durante la huelga general del 16 de octubre de 2017.

Ese día, los 7.000 trabajadores laborales de organismos públicos en el exterior estaban llamados a parar para denunciar la congelación de sus salarios desde 2009. A día de hoy este personal público sigue con sus nóminas congeladas y pide al Gobierno socialista que ponga fin a esta situación.

La Aecid fue desautorizada por la justicia el pasado mayo por la sanción de seis meses de suspensión de empleo y sueldo que impuso a dos trabajadores involucrados en este incidente. Ahora, en una reciente sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, anula el despido que acordó para otros tres empleados, que recurrieron a los tribunales asesorados por el sindicato UGT.

Fuentes de la Aecid afirman que no han recurrido la sentencia de primera instancia “al no haber base que lo pudiera motivar”. El organismo público reubicó a los tres empleados en sus puestos y ha procedido a abonar los sueldos de tramitación con las cantidades diarias que recoge la resolución judicial, explican las mismas fuentes.

Protesta en una garita de seguridad

Los tres trabajadores despedidos participaron ese 16 de octubre en una manifestación en la Cancillería de la Embajada de España en Guinea Ecuatorial, según recoge la sentencia. Un grupo de manifestantes, entre los que se encuentran los despedidos, entraron en el recinto de la Cancillería “portando pancartas y coreando consignas” y accedieron a la garita de seguridad.

En esta instalación se produjo un incidente con un policía nacional, que ordenó a los empleados que salieran de la garita y forcejeó con algunos de ellos. El agente asegura que uno de ellos le golpeó y que fue insultado por varios manifestantes, aunque la grabación de la garita no permite confirmar estos hechos. Finalmente, el policía fue sacado del cubículo por tres trabajadores y “los manifestantes se disolvieron solos de manera voluntaria”. Todo sucedió entre las 9.28 y las 9.30 de la mañana.

El breve altercado sustentó la apertura de la Aecid de expedientes disciplinarios a cinco trabajadores: dos de ellos se saldaron con seis meses sin empleo ni sueldo y otros tres, con despidos. Tras la denuncia de UGT, la justicia ha acabado invalidando todas estas sanciones. “La sensación que tenemos es que se quiso dar una especie de puñetazo en la mesa, decir 'aquí no se mueva nadie' y que quedara claro quién manda”, afirma Gonzalo Sáenz, secretario de Organización de la Federación Exterior de UGT.

Una medida “desproporcionada”

La magistrada Natalia Velilla Antolín declara el despido disciplinario improcedente y obliga a readmitir a los tres empleados, ya que el Estatuto Básico del Empleado Público no permite elegir entre la readmisión o la indemnización en estos casos. La agencia pública también debe abonar los salarios dejados de percibir desde enero de 2018, cuando se dictaron los despidos.

UGT había solicitado el despido nulo porque considera que se vulneró el derecho a huelga de los denunciantes. Aunque difieren en este punto con la jueza, que no ve afectado este derecho fundamental, están satisfechos por el resultado final: la vuelta de los afectados al trabajo.

La magistrada no cree que se haya vulnerado el derecho a huelga de los empleados, pero concluye que la medida fue “desproporcionada”. En su opinión, los trabajadores podrían haber sido objeto de alguna “sanción laboral” por su comportamiento, pero “en ningún caso” el despido.

La jueza responde a la Aecid, que justificó el despido por la desobediencia a un superior, que el agente de policía no es un superior jerárquico de los afectados. Además, aunque lo hubiera sido, estima que “dicha desobediencia, en el entorno de una jornada de huelga y una manifestación, no tiene la entidad suficiente como para fundar un despido”.

Seis meses de suspensión de empleo y sueldo. Esa fue la sanción impuesta por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (Aecid) a dos trabajadores locales del organismo público en Guinea Ecuatorial, debido a un incidente durante una jornada de huelga. Durante el paro se produjo un breve altercado en una garita de seguridad de la Embajada de España en Malabo, en el que según la Aecid, los empleados desobedecieron las instrucciones de un superior. La justicia ha concluido que los hechos imputados contra los empleados no quedan probados, pero que de ser ciertos, la sanción impuesta por las autoridades españolas es “asombrosamente desproporcionada”.

La sentencia del juzgado de lo Social número 33 de Madrid, a la que ha tenido acceso eldiario.es, revoca las sanciones impuestas por la agencia pública a los dos trabajadores –fijadas el pasado 25 de enero– y obliga a la Aecid a reintegrarles la totalidad de los salarios dejados de percibir debido a esta acción disciplinaria. Fuentes de la Aecid confirman a este medio que ya “ha procedido a reintegrar al personal concernido en su puesto de trabajo y al abono de la indemnización correspondiente” y rechazan entrar a valorar “el contenido de la sentencia”. Cabe señalar que la Fiscalía se opuso a que se anulara la sanción. 

Uno de los trabajadores está empleado como conserje en el Centro Cultural de España en Malabo, dependiente de la Aecid, desde 2014. El segundo trabaja con la agencia pública desde 1985, ejerciendo tareas de “supervisor”. Sus salarios: 420,78 y 566 euros mensuales, respectivamente (con las pagas extra prorrateadas).

Los “exiguos salarios”, en palabras del juez José Pablo Aramendi Sánchez, eran la principal reclamación que llevó a los trabajadores sancionados a la huelga el pasado octubre. La movilización fue convocada a nivel mundial por los sindicatos para denunciar ocho años de congelación salarial del personal laboral en los organismos públicos en el exterior. Este 2018 ya se encadena el noveno año sin subidas.

“Un minuto y medio” de altercado

Ese día de huelga, un grupo de empleados acudió a la Embajada de España en Malabo para manifestarse y exigir la actualización de sus retribuciones. Desde UGT, sindicato que ha defendido a los trabajadores sancionados, Gonzalo Sáenz explica que varios empleados “pasaron un primer control de seguridad, con un vigilante privado, pero en el segundo control no les permitieron pasar. En la garita, el policía nacional les impidió el paso de malas maneras”, explica el secretario de Organización y MAEC de la Federación de Exterior de UGT.

La Aecid sitúa a los dos trabajadores expedientados en ese grupo que accedió a la garita y les sancionó porque considera que cometieron “una sanción muy grave consistente en la desobediencia abierta a las instrucciones de un superior”, recoge la sentencia. El juez concluye que, con las pruebas aportadas (entre ellas una grabación de la garita de seguridad), “nada evidencia la participación de los actores en los hechos que se les imputan”.

Pero el magistrado va más allá y argumenta que, aunque se admitiera su participación en la protesta (en la que los trabajadores permanecieron “un minuto y medio”en la garita), “dicha conducta no puede ser calificada como una desobediencia abierta a instrucciones concretas que no consta que recibieran” y califica lo sucedido de “hecho irrelevante que no afectó ni a la seguridad ni a la actuación ordinaria de la embajada”.

Además, el juez sostiene que aunque hubieran formado parte del incidente es “asombrosamente desproporcionado que por ello se les imponga una sanción de suspensión de empleo y sueldo de hasta seis meses, visto además los exiguos salarios que reciben”.

Otro juicio sobre tres despidos

El portavoz de UGT celebra el resultado de la sentencia, contra la que no cabe recurso, y añade que el sindicato está pensando “pedir responsabilidades políticas” por esta decisión. “La sentencia permite que se sepa cómo se las gasta el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Cooperación Española con el personal local de un país con unos vínculos históricos de hermandad”, denuncia Gonzalo Sáenz.

Sáenz subraya que esta resolución judicial tiene especial importancia por otro juicio que tienen pendiente, fijado para julio, en el que recurren los despidos de tres trabajadores por el mismo incidente en la jornada de huelga. “Creemos que a unos se les impuso una sanción y a otros se les despidió en función del grado de cercanía que dicen que tuvieron con lo ocurrido en la garita y si se opusieron más o menos a las órdenes del policía”, explica el sindicalista. 

Desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo defienden que los despidos se basan en “hechos distintos” y, por lo tanto, esperan “la celebración del juicio y de conocer la sentencia” de este segundo caso. En UGT confían en que el juzgado falle que los despidos son nulos y readmita a los empleados en sus puestos.

El sindicato espera que la Aecid y las autoridades españolas “cambien la actitud con los trabajadores locales, que solo quieren hacer su trabajo y tienen derecho a manifestarse”, añade Gonzalo Sáenz, que interpreta estas sanciones como “un puñetazo en la mesa pasa asustar al personal”.

El Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales, uno de los organismos asociados a la Universidad Rey Juan Carlos tiene pendientes de devolver 670.000 euros de los 770.000 que le concedió entre 2008 y 2011 la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) para llevar a cabo tres proyectos en Mauritania. 

Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, entre las partidas mal justificadas y los intereses de demora que carga la agencia pública, la AECID reclama al instituto de la Universidad Rey Juan Carlos, similar al que organizó el máster de Cristina Cifuentes, el 90% de los fondos que proporcionó para desarrollar programas de igualdad en ese país africano. Uno de los expedientes está ya en manos de los tribunales después de que el organismo dependiente de la Universidad haya acudido a la vía del contencioso-administrativo por discrepancias en la devolución de los fondos. 

La primera de las acciones que AECID subvencionó al Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales fue el Libro Blanco sobre la descentralización en Mauritania en el año 2008. El organismo de la Universidad Rey Juan Carlos lo justificó como “un diagnóstico de la realidad de las administraciones públicas mauritanas en relación con su población y su territorio con el objetivo final de que el mismo sirva de base firme para el desarrollo y puesta en marcha de políticas coherentes y efectivas en materia de descentralización, tanto por parte del Gobierno mauritano como por parte de acciones y programas internacionales”. El tiempo de aplicación era de 19 meses y 20 días y se estipulaba un presupuesto de 303.600 euros. 

Según la información de los expedientes en poder de eldiario.es, el instituto no justificó adecuadamente buena parte de los gastos y esas cantidades sumadas a los intereses han llevado a la AECID a reclamar la práctica totalidad de la ayuda. El instituto pleitea ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para evitar su devolución. 

También a Mauritania estaba dirigido el proyecto de “Fortalecimiento del Dinamismo Municipal de Brakna y Trarza” que contó también con ayudas públicas por 347.304 euros. El objetivo, tal y como lo definió el organismo de la Rey Juan Carlos, era “una intervención de refuerzo de las instituciones de las colectividades locales y de sus servicios” con la “finalidad última de favorecer y fortalecer el desarrollo de la descentralización en Mauritania”. Este expediente se encuentra “en fase de reintegro”, según fuentes de la Agencia Española de Cooperación Internacional. La suma que se reclama en este expediente es de 300.000 euros, entre gastos mal justificados y atrasos. 

Todavía hay un tercer proyecto del Instituto en el que AECID detectó irregularidades en la justificación de fondos. Se trata de un plan sobre “Estado de Derecho y Mujer en Mauritania”, que buscaba “promover y fomentar la participación de mujeres en la escena pública y la vida política del país” con una duración estimada de 18 meses y un presupuesto de 120.000 euros. La agencia ha abierto otro procedimiento de devolución por 70.000 euros. 

Fuentes de AECID señalan que la política de ayudas de la agencia conlleva un trabajo de fiscalización en el que participa el personal de la red de 31 oficinas técnicas de cooperación “en contacto permanente con las instituciones que ejecutan los proyectos para hacer seguimiento de los mismos y efectúa visitas con regularidad para comprobar in situ la correcta ejecución de los proyectos”. Además, una consultora externa valora “la adecuada justificación [de los gastos] y emite un informe”. En los tres proyectos sufragados al instituto de la Universidad Rey Juan Carlos, la agencia ha iniciado otros tantos procedimientos. Uno de ellos se encuentra en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia Madrid.

Fuentes de AECID señalan a eldiario.es que “el inicio de un procedimiento de reintegro no significa que el proyecto subvencionado se haya gestionado mal, sino que falta documentación por justificar que puede ser desde comprobaciones de gasto en la parte económica hasta otros documentos como material gráfico o cuestionas técnicas”. 

Los 770.000 euros que recibió de AECID no fue el único dinero público que recibió el instituto. La Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Educación reconoce haber subvencionado al instituto con 261.115 euros entre 2006 y 2008 a través de tres “convenios para financiar proyectos de cooperación en Mauritania”. De esa cifra, Educación ha exigido y recuperado un 9% del total: 24.390,06 euros, “porque no se justificaron las cantidades” recibidas.

En 2006, el instituto recibió 50.140 euros para un proyecto relativo a la “Promoción de la Participación Política y del Estatuto Jurídico de las Mujeres en Mauritania”. Hubo una primera propuesta de reintegro que, según Educación, “se archivó” el 23 de diciembre de 2011, sin precisar las razones. 

Por el segundo convenio (2007) el instituto recibió 110.975 euros para un proyecto sobre “Estado de Derecho y Mujer en Mauritania. Fortalecimiento del Liderazgo y de las políticas de Base”. En este caso, sí hubo devolución de fondos no justificados: un total de 19.349,66 euros, de los que 14.154,27 euros corresponden al principal no justificado (gastos corrientes) y 5.195,39 euros, a intereses de demora, según la sentencia en la que el TSJM rechazó en 2016 el recurso del instituto contra la resolución que le obligaba a reintegrar esos fundos. La ayuda fue devuelta el pasado 13 de noviembre. Educación asegura que “al haberse pagado la deuda no ha cabido ningún tipo de recurso”.

El tercer proyecto, de 2008, se llamaba “Estado de Derecho y Mujer en Mauritania. Asistencia técnica municipal y fortalecimiento institucional con perspectiva de género”. Fue subvencionado con 100.000 euros de los que se reintegraron 5.040,4 euros en abril de 2015.

La consejería explica que estas subvenciones estaban aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y figuraban en una relación incluida en el Plan Anual de Cooperación correspondiente a cada año. Posteriormente, “la Intervención Delegada fiscalizaba dichos convenios, es decir, comprobaba que se ajustaban a la legalidad, en su forma y su contenido, tras el informe favorable del Servicio Jurídico, verificaba que la entidad beneficiaria y su representante cumplían los requisitos para la firma y daba vía libre a los pagos mediante la tramitación de los documentos contables”.

El director del instituto, Bruno Aguilera, explica a eldiario.es que en los trabajos desarrollados en Mauritania su organismo dedicó “hasta el último céntimo de las subvenciones” a los programas y se muestra satisfecho con la labor realizada: “Llegamos a Mauritania que en 2006 se encontraba en un proceso de democratización y nuestro cometido era desarrollar un programa de mujeres candidatas. A raíz de esa experiencia nos empezaron a llamar el ministerio del Interior de Mauritania y completamos tres programas financiados por la Comunidad de Madrid y otros tantos por AECID. No puede decirse que seamos una ONG pero hemos hecho una buena labor, hemos formado a alcaldesas y concejalas mujeres en zonas conflictivas de Mauritania. Nuestra gente se ha jugado la vida allí, había atentados yihadistas y golpes de Estado”.

Precisamente esa situación de inestabilidad que vivió el país africano es la que alega el instituto de la universidad pública madrileña para explicar los posibles fallos en la justificación de los programas y la burocracia que llevan aparejadas las ayudas públicas. El director de este organismo explica que los gastos estaban amparados por facturas pero que la situación de Mauritania hacía imposible cumplir con todos los requisitos que exigen las administraciones españolas. “Los programas de Comunidad de Madrid se justificaron, hubo algún problema y al final se abonó la cantidad que se nos pidió tras una sentencia en el contencioso administrativo. En Mauritania sufrimos un golpe de Estado y no siempre se podían obtener las facturas, los albaranes, como pedían las instituciones. Mantenemos discrepancias con AECID pero confiamos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y creemos que hay base para determinar que los procedimientos de reintegro están prescritos”.

Aguilera se queja de que los procedimientos de la Agencia Española de Cooperación “parecen pensados para sacar tajada de todo esto porque su decisión de retrasar al máximo el procedimiento de reintegro y dejar pasar años tras los proyectos les ayuda a cobrar después el mayor número de intereses”. 

El máximo responsable del instituto alega que su organismo no ha consumido ni un euro de la universidad Rey Juan Carlos, que su principal objetivo es formar a alumnos y profesores en el extranjero y que si al final acaban teniendo que pagar los 700.000 euros que le reclaman las distintas instituciones, lo harán “con fondos propios”.

La ayuda humanitaria se vendía como “la mejor marca España” en la época de la bonanza bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pero con la crisis el sector ha sufrido recortes de un 90% y se centra en el beneficio de “unos pocos”, según uno de los responsables de gestionar proyectos de cooperación de dinero español en el exterior.

El colectivo de cooperantes en el exterior nació en 2008 y contaba con un presupuesto anual de 3.000 millones de euros, que se redujo en 2012 a poco más de 200 millones de euros. Las consecuencias de estos recortes motivan la huelga de los cooperantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) de este 8 de septiembre, de ámbito internacional y apoyada por el PSOE.

La mala gestión de recursos humanos dentro del colectivo de Responsables de Programas de los proyectos de la Agencia el extranjero ha llevado a sus trabajadores a una situación extrema. Desde la Asociación denuncian la débil política de cooperación para el desarrollo en España, que tras 26 años desde su incorporación al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, continúa sin ser capaz de aplicar los principios internacionales de eficacia, eficiencia y transparencia, aseguran.

“El gran mal empezó con la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado de 2014, que hizo un barrido de los funcionarios de categoría C –los de nivel inferior– y se enfocó en el beneficio de directivos. Una ley extremadamente sesgada y xenófoba que sí concede beneficios a directivos en materia de incentivos a la conciliación, sanidad y opción a la nacionalidad de sus cónyuges”, explica Javier Sastre, coordinador de cooperantes en el exterior de CSIF.

Desde 2009, “los salarios permanecen congelados y los empleados no perciben las indemnizaciones que corresponden a cualquier trabajador en el exterior por la pérdida de calidad de vida y poder adquisitivo. La fluctuación de divisas al euro genera, en algunos casos, mermas de hasta el 60% respecto a su valor en 2008”, denuncia la Asociación.

Mientras tanto, “se duplican y hasta triplican los sueldos de diplomáticos, embajadores y cancilleres”, explica Julián Egea, responsable de programas de cooperación. “A nosotros nos pagan una serie de complementos de ayuda económica por las condiciones de vida que son de risa. Me ceden 500 euros para el alquiler de vivienda, cuando una casa en Honduras cuesta 1.500. Los directivos, embajadores o cancilleres van con vivienda, escuela y seguridad pagadas, sumado a sus más que holgados sueldos”.

El colectivo demanda una aplicación fiel del Real Decreto 6/1995 de regulación de retribuciones de funcionarios destinados en el extranjero.

El artículo 4 del Real Decreto provee el módulo de equiparación del poder adquisitivo, que “paliará los efectos de los tipos de cambio y las diferencias de los niveles de precios entre los países de destino y España” y de compensación de la disminución de la calidad de vida. Además, el artículo 6 concede indemnizaciones para la conciliación familiar, especialmente enfocadas en los daños en la vida escolar de hijos de empleados en el exterior.

Hace unos años, se encargó a una empresa privada que realizase un estudio del nivel de vida de los cooperantes exteriores que determinó la urgencia de un incremento de sus sueldos para poder hacer frente a sus condiciones. “Al Estado no le pareció conveniente darnos viviendas e indemnizaciones y despidió a la empresa”, según Egea. “Es imposible que con un sueldo de 1.300 euros pague vivienda en países con semejante inflación”.

Otro aspecto que afecta a la vulnerabilidad de este colectivo es el tipo de contratación. “Los cooperantes solo pueden optar a contratos temporales de los uno o dos años que dure el proyecto. Después, su estabilidad económica depende de poder acceder a otro proyecto que renueve esta precaria situación”, algo que no pasa con los funcionarios administrativos destinados en territorio español.

A esto se suma la retirada de billetes de avión anuales a España, con la que “muchos cooperantes se han visto desterrados y han roto lazos con España por no poder visitar frecuentemente su país”, añade Sastre. Hasta 2012, cualquier empleado de la Administración General del Estado en el exterior recibía pagos anuales para la compra de billetes de avión a España para visitas a familiares y amigos. El recorte de estos incentivos “ha impactado más crudamente en el colectivo, por la misma precariedad económica”, aseguran desde la Asociación.

Por otra parte, a los cooperantes no se les aplica ninguna de las exenciones fiscales previstas en la ley del IRPF a los residentes en el extranjero. Ellos pagan impuestos en España, pero no disfrutan de los beneficios del resto de contribuyentes.

A los daños económicos, se suman daños colaterales a los miembros familiares de estos trabajadores. El constante desplazamiento geográfico dificulta el desarrollo profesional de cónyuges y la vida escolar de los hijos, lo que afecta a la conciliación de la vida familiar y laboral.

La situación se agrava cuando las parejas de los cooperantes no tienen nacionalidad española; a pesar de trabajar para el Estado Español, sus parejas no pueden acceder a la nacionalidad. “Los cónyuges de los cooperantes no pueden obtener la nacionalidad española por no residir en España, por lo que cualquier tratamiento médico que en otras circunstancias cubriría la Seguridad Social, ha de salir de sus bolsillos. Algo que no ocurre con diplomáticos y demás personal directivo”.

Tras 33 años en vigor, Honduras está en proceso de la reforma* completa de su código penal. De momento, el artículo del aborto, ya aprobado, sigue penado en todos los casos. Con esta reforma todo sigue igual para las mujeres en este país centroamericano, que pueden ir hasta diez años a la cárcel por abortar.

Haciendo caso omiso a las peticiones de 23 organizaciones articuladas bajo la plataforma ‘Somos Muchas’, ignorando también las recomendaciones de organismos internacionales como las del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e incluso obviando las encuestas de opinión que mostraban una postura favorable de la ciudadanía para despenalizar la interrupción del embarazo por causales, el Congreso Nacional votó la pasada semana que ‘no’.

Que en Honduras no se puede abortar, ni siquiera en ninguna de las tres causas que el movimiento feminista ha intentado introducir: “Para salvar la vida y proteger la salud de la madre, cuando hay incompatibilidad del feto con la vida, y en caso de violación e incesto”, como explicó hace unos días en Madrid Regina Fonseca, ‎del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras. “No pedimos el techo, sino el piso”, añadió. El artículo 196, de los más de 600 de la nueva legislación, sigue inamovible.

La decisión de que todo siga igual es un retroceso, que se suma a otros sucedidos desde el golpe de Estado de 2009: se ha eliminado la educación sexual en las escuelas, como recoge la ley, y se ha prohibido la anticoncepción de emergencia. Los datos indican además que el año pasado 910 niñas menores de 15 años parieron a una criatura producto de una violación o que se practicaron más de 3.000 abortos inseguros, según la Secretaría de Salud.

“Lamentamos que la criminalización del aborto se mantenga en el proyecto de ley como un delito grave a pesar de las recomendaciones del Examen Periódico Universal de la ONU y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como del Comité contra la Tortura. Negar a las mujeres y las niñas el acceso a servicios de aborto seguro (…) provoca sufrimiento físico y psicológico excesivo e irreversible para muchas mujeres. Es una instrumentalización de los cuerpos de las mujeres y la negación de su autonomía”, ha apuntado la ONU.

Amnistía Internacional también se ha pronunciado: “Al penalizar el aborto, el código penal de Honduras es incompatible con los derechos humanos”. Un reciente informe de esta organización documenta abusos –“algunos de los cuales podrían llegar a considerarse como tortura”– que enfrentan las mujeres en varios países americanos como consecuencia de la criminalización del aborto.

Apenas unas horas antes de la votación parlamentaria –que el secretario del Congreso Nacional definió como “dividida” aunque sólo apoyaron la reforma nueve personas según ‘Somos Muchas’–, la policía hondureña informó de que una mujer en Comayagua, en la zona central del país, había sido detenida por haberse provocado un aborto. La foto enviada a los medios es sin duda toda una declaración de intenciones: una mujer llorando, con una bata hospitalaria y las manos esposadas es fotografiada junto a una agente que luce media sonrisa.

“Mamá, me han dicho en el colegio que eres de esas mujeres que quieren que asesinen a los niños”. Ésta es la situación que viven muchas integrantes de ‘Somos Muchas’, según relató Regina Fonseca.

Fondos españoles

En su visita a Madrid, Fonseca denunció la participación del Gobierno español, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el proceso de redacción del nuevo código penal. El Congreso Nacional ha recibido asistencia técnica de consultores nacionales, en un primer borrador, y de consultores internacionales en un segundo borrador, según ha explicado la defensora de derechos humanos: “Todo esto era un proceso muy opaco, pero logramos algunos huecos para participar en una jornada de trabajo con otras instituciones en la labor de revisión, antes de que el nuevo código penal entrara en la Asamblea Legislativa”.

En la segunda fase, hubo varios de los consultores “españoles de alto nivel, procedentes del mundo académico, liderados por un catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III”, según una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno del Partido Popular. El equipo técnico español presentó un texto en el que se recogían las tres indicaciones clásicas en materia de despenalización del aborto, que fueran rechazadas por el Congreso hondureño.

La AECID ha confirmado a Pikara Magazine que “ha financiado, con una cuantía máxima de 30.000 euros, una actuación que tiene como finalidad la de asesorar y acompañar al Congreso de Honduras en la fase de discusión, debate y aprobación del nuevo código penal”; y añade que la Agencia no ha redactado “el contenido del artículo del código penal de Honduras relativo al aborto, ni ningún otro de sus artículos, ni ha colaborado en su redacción. No lo ha hecho en Honduras ni en ningún otro país del mundo. Esta labor le corresponde a los órganos de gobierno del país concernido”. Además, desde el área de comunicación apuntan que “la AECID no interfiere ni toma partido en el contenido de los debates políticos de los países en los que opera”.

La pregunta sigue sobre la mesa: ¿es el derecho al aborto un debate político o una cuestión de derechos humanos?, ¿ha gastado la AECID dinero en un proceso que sigue negando la autonomía de las mujeres, fomentando la violencia y atacando a los cuerpos?

“Entre las ocho orientaciones/prioridades del Plan Director en vigor que orientan la actuación de la Cooperación Española, figura en lugar destacado la de promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género”, apuntan desde el organismo público. Este documento también recoge que se apoyarán “las reformas de un sistema judicial que apunten a fortalecer un poder judicial profesional e independiente y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Según se desprende de la respuesta escrita del Gobierno español al Congreso, con fecha del 19 de enero de 2017, ya hubo una primera fase “de financiación otorgada por la AECID a la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos” en la que participaron los expertos “de alto nivel”. Fue posteriormente cuando se abrió una nueva etapa de debate en la que el Congreso de Honduras pidió de nuevo apoyo y para la que se destinaron los citados 30.000 euros. Es decir, que se desconoce el monto total destinado de fondos públicos.

La respuesta escrita recoge además que “una parte de la sociedad civil hondureña se unió en una plataforma denominada ‘Articulación 611’”, con la que se reunió el profesor de la Universidad Carlos III: “En dicho primer encuentro, la sociedad civil entregó dos informes con propuestas para el articulado del borrador del código penal y se acordó que en próximos viajes de los expertos se continuaría el dialogo”.

El resultado es que esta ‘Articulación 611’ ha denunciado que “a pesar de haber tenido reuniones consecutivas, nuestras propuestas no han sido tomadas en cuenta en la redacción del documento final del código, específicamente en lo que se refiere a los delitos de terrorismo, criminalización de la protesta y despenalización del aborto por tres causales, entre otros”.

La penalización de la interrupción del embarazo sigue igual, en cambio sí se ha modificado lo relativo a la criminalización de la protesta, que se ha endurecido; lo llaman “ley mordaza”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por las reformas del código penal hondureño regresivas para los derechos humanos y la libertad de expresión. Este organismo ve “con preocupación la ambigüedad de los tipos penales aprobados ya que facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo. La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”.

Mientras, el Gobierno de España, según afirma en otra respuesta escrita al Congreso con fecha de 29 de marzo de 2017, ha apoyado “al Gobierno hondureño en la promoción y respeto de los derechos humanos en Honduras”; sin olvidar que forma parte del proyecto ‘Eurojusticia’ para Honduras, al que la AECID ha destinado 550.000 euros y la Unión Europea, 27,5 millones de euros.

*En un primer momento se ha publicado que ya estaba finalizada la reforma del Código Penal, pero el proceso, que va por partes, aún no ha finalizado. Lo que sí se ha aprobado es el artículo sobre el aborto.

Los fondos públicos de la Cooperación española están pensados para apoyar a las poblaciones más desfavorecidas. A veces, el destino final del dinero público se aleja de su objetivo, como denuncia el informe Feronia Inc. La diosa desnuda. La investigación de varias ONG sigue los pasos de 40 millones de euros destinados al Fondo Africano Agrícola, de los que la empresa Feronia recibió 3,16 millones. La compañía Feronia, que opera en República Democrática el Congo cuenta con sedes en paraísos fiscales y acumula denuncias de sus empleados sobre las malas condiciones de trabajo, con salarios que a veces no llegan al mínimo del país, y el acaparamiento de sus tierras, que se remonta a la época colonial.

La participación pública en un fondo de inversión como el Fondo Africano Agrícola (FAA) –gestionado por una entidad afincada en el paraíso fiscal de las Islas Mauricio– es posible gracias al Fonprode, una herramienta financiera del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación muy criticada por varias ONG. “Los gobiernos compran una serie de participaciones, y a partir de ahí ese fondo busca cómo colocar el dinero”, explica Pablo Martínez Osés, de la Plataforma 2015 y más. Las empresas deben cumplir, no obstante, con los criterios de desarollo y sostenibilidad.

El informe Feronia Inc. La diosa desnuda –de las organizaciones Mundubat, Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, Grain y la Plataforma 2015 y más– sigue el rastro de la empresa Feronia, en un pormenorizado relato, desde su nacimiento en 2008 en las Islas Caimán, donde mantiene dos sedes (Feronia JCA y Feronia CI).

En el camino, Feronia compró a la empresa Unilever las participaciones que ésta había adquirido anteriormente de la histórica compañía PHC, creada bajo el dominio colonial belga en 1911. Como resultado, Feronia se convirtió en una empresa, que cotiza en la bolsa de Toronto, dedicada a la explotación de monocultivos de aceite de palma en tres grandes plantaciones en República Democrática del Congo (Yaligimba, Boteka y Lokuto) y, en menor medida, a la producción de otros alimentos.

En 2010, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación aprobó la partida de 40 millones de euros para el Fondo Africano Agrícola (FAA), que se ha convertido en uno de los principales inversores de la compañía Feronia, al igual que la agencia oficial británica para la ayuda al desarrollo de la Commonwealth (Commonwealth Development Corporation, CDC). 3,16 millones de las arcas públicas españolas han ido a parar a Feronia, según informan en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Según explica Pablo Martínez, las autoridades españolas están al corriente de estas actividades puesto el FAA explica a sus inversores a dónde va a parar su dinero.

“Casos parecidos hay muchos, en República Democrática del Congo, pero nos llamó la atención Feronia porque establecimos un vínculo bastante directo con Ong locales y pudimos acceder a los testimonios de gente de allí. Confluían múltiples cuestiones: las consecuencias sociales y ambientales de los monocultivos, el acaparamiento de tierras y el uso indebido de las agencias de cooperación”, afirma Joaquim Muntané, de Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.

Miles de hectáreas por “unos sacos de sal y mantas”

“Unos sacos de sal, paquetes de cigarrillos y algunas mantas”, reza una carta escrita a mano y firmada por 61 personas del territorio de Yahuma, donde se asienta una de las tres grandes plantaciones de aceite de palma de Feronia. Las personas entrevistadas por las ONG Grain y RIAOC-RDC en marzo de este año, denuncian que en la empresa PHC (adquirida por Feronia a través de Unilever) les dieron esas retribuciones a cambio de 14.000 hectáreas de tierra en 1911, cuando el país se encontraba bajo dominio belga.

“Desde 1911 hasta la fecha la comunidad local deplora la falta de negociación con la sociedad”, dicen los trabajadores en referencia a Feronia. Los intentos de recuperar y explotar sus territorios no han obtenido respuesta.

En la compañía canadiense consideran que las “opiniones (reflejadas en el estudio) no son representativas del sentimiento en nuestras comunidades”, responden a eldiario.es en una entrevista escrita. Sobre la apropiación de tierras, Feronia admite que “no descartamos esas cuestiones históricas, pero estamos centrados en la realidad de la situación que heredamos después de casi un siglo de funcionamiento en estas ubicaciones” y confían en “desarrollar un camino productivo e inclusivo” en el futuro. Recuerdan que, en las localizaciones donde opera, la empresa facilita las únicas instalaciones médicas y educativas, y ha construido carreteras y otras instalaciones básicas. Este aspecto también valorado por la Aecid en sus respuestas a eldiario.es.

Según explican a este fuentes de la agencia de cooperación, la oficina del Fonprode ha investigado las denuncias de apropiación de terrenos y “de acuerdo a la información facilitada por el gestor [FAA], Feronia cumple con la legalidad congoleña”.

Denuncias del salario de 1,5 dólares al día

Las denuncias de la posesión ilícita de tierras no son las únicas. Trabajadores locales entrevistados por Grain –que ha publicado otro informe de la visita a República Democrática el Congo– “sostienen que el salario diario para un obrero típico de las plantaciones y los viveros de Feronia en Lokutu es alrededor de 1.400 francos congoleños (1 dólar y 50 centavos), lo cual es menor que el salario mínimo de mil 680 francos congoleños”, alerta la ONG.

Fuentes de Feronia, que no responden a la pregunta expresa sobre los salarios de 1,5 dólares, afirman que hay once escalas salariales (sin especificar) y enfatizan que existen sindicatos con los que tratan estas cuestiones. La compañía destaca un acuerdo, alcanzado con los sindicatos, en el que se comprometieron a subir los salarios a partir de enero de este año, aunque no especifica de qué cantidad se trata.

Aunque la visita de la organización Grain tuvo lugar en marzo de 2015, y en una carta fechada entonces los empleados denuncian la existencia de trabajadores “mal pagados” en la actualidad, la Aecid responde que de las investigaciones del FAA sobre el tema se extrae “que la situación reflejada en el informe respecto a los salarios de los trabajadores corresponde al período anterior a la entrada del Fondo Africano de Agricultura en la empresa”, en 2013.

La agencia española de Cooperación destaca también el nuevo convenio con los sindicatos: “Gracias a él se ha igualado el salario de los trabajadores con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) local”.

Pérdidas millonarias cada año

Las entidades responsables del estudio resumen la investigación como un ejemplo de lo que temían que ocurriera con el modelo de cooperación al desarrollo que se empezó a implantar al final del gobierno socialista, en 2010, y que ha continuado el actual. “Introdujo como novedad que el Gobierno español, como ya hacían el británico el el francés, pueda comprar participaciones en fondos de inversión con dinero público de cooperación”, cuenta Pablo Martínez Osés, de la Plataforma 2015 y más.

En la información pública del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación sobre la participación en el Fondo Africano Agrícola, se justifica la viabilidad de la operación por “la existencia de un modelo financiero y un plan de negocios sólidos con expectativas positivas de rentabilidad”.

Las cuentas de Feronia, públicas a través de la información facilitada a la bolsa de Toronto, distan mucho de esa imagen de rentabilidad. La empresa acumula pérdidas millonarias año tras año. En 2014, la cantidad fue de 20 millones de dólares; en 2013, de 12,8 y en 2012, de 8,9. “Ningún fondo de inversión invertiría en una empresa así si no hay algo que se escapa de la propia lógica inversora”, argumenta Pablo Martínez.

Según la Aecid, el FAA “es una de las pocas vías a disposición de este tipo de empresas” y su falta pondría en riesgo un gran número de empleos (8.000 directos e indirectos, según Feronia).

El estudio, que se presenta al público este jueves en Madrid, discute las razones objetivas de las agencias europeas de cooperación en invertir en Feronia, con sede en Canadá y que está lejos de poderse considerar un proyecto de “pequeños productores”.

“Se supone que estos fondos de cooperación dan dinero adonde no llega, a africanos independientes, para ayudar a las poblaciones más empobrecidas a construir sus propias empresas. Pero ya lo dijimos en una investigación con Eurodad, tal y como funcionan los mercados financieros, si eres un pobre agricultor no vas a recibir el dinero del fondo, que tiene accionistas que quieren recuperar su inversión”, argumenta Pablo Martínez.

Los portavoces de Plataforma 2015 y más y de Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas coinciden en su intención de que el estudio genere un cambio en el proceder de la Cooperación Española pública respecto a la inversión en estos fondos. “Es un ejemplo de los riesgos de invertir en los espaciones más ocuros, donde funcionan los brokers. No hay garantías de desarrollo ni de transparencia”, lamenta Martínez.

Después de que el Gobierno endureciese los requisitos a ONG para acceder a las grandes subvenciones, el Ejecitivo ha modificado únicamente la condición de independencia

Si la regulación de 2013 vetaba el acceso a las organizaciones vinculadas con entidades públicas o empresas, la reforma permite saltarse este requisito a las ONG acreditadas antes de su entrada en vigor

"Dicha definición ha resultado excesivamente rígida", explica el preámbulo de la norma publicada este lunes en el BOE

En octubre de 2013, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) endureció los requisitos para convertirse en una ONGD calificada y, así, poder acceder a los grandes convenios y las subvenciones que convoca. Así, las entidades tienen que acreditar no haber sufrido pérdidas en los dos ejercicios anteriores a la solicitud y una reducción de los fondos propios de más del 40% en ocho años, así como contar con una base social mínima de 300 personas o entidades privadas y haber realizado 30 proyectos durante los últimos el mismo periodo. Además, daba cuatro años a las ONGD para adaptarse a estas nuevas reglas.

Poco más de un año después, la AECID modifica estas condiciones porque, como explica el preámbulo de la norma publicada este lunes en el BOE, “dicha definición ha resultado excesivamente rígida”. Pero esa rigidez no se refiere a las condiciones económicas, sino a la exigencia de independencia. Si la regulación aprobada en 2013 vetaba el acceso a las organizaciones vinculadas con entidades públicas o empresas, la reforma permite saltarse este requisito a las ONG acreditadas antes de su entrada en vigor. De este modo, aquellas que estuvieran calificadas antes de octubre de 2013 seguirán estándolo aunque mantengan dichos vínculos. La exigencia de independencia sólo aplica a las nuevas entidades.

La norma entiende que es causa de exclusión la vinculación con una entidad pública o privada con ánimo de lucro. Pero, ¿qué entiende por vinculación? Que entre los promotores o equipo de gobierno de las ONG haya algún miembro en representación de administraciones o empresas; o que la dotación fundacional se haya aportado, aunque sea en parte, por éstas.

Estas condiciones no afectan a otras convocatorias de ayudas de cooperación con sus propias bases reguladoras, como las subvenciones para la difusión de la cultura española en el exterior o los 900.000 euros que se reparten las fundaciones vinculadas a partidos políticos para realizar “actividades de formación, consolidación y difusión del sistema democrático, y de todos sus componentes” en el extranjero.

En la actualidad, 46 ONGD están calificadas para firmar convenios con la AECID. Entre ellas se encuentra la Fundación Humanismo y Democracia, que cuenta en su patronato con numerosos dirigentes del PP y recibe del partido una aportación anual. Pero, de forma oficial, la participación de estas personas no se realiza en representación del partido, como aclara la fundación en su página web. También está incluida Paz y Solidaridad, vinculada a CCOO.

Información publicada por El BOE nuestro de cada día.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo cumple esta semana 25 años con una última etapa muy marcada por los recortes presupuestarios que han supuesto una merma en la ejecución de proyectos. Como ejemplo, este año cuenta con un 14% menos de recursos para atender a los 23 países prioritarios en sus planes. “Si a ello le sumamos los recortes acontecidos en lo que llevamos de legislatura, la Aecid ha visto reducido su presupuesto en casi un 74% desde 2011”, señalan desde la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (Congde).

¿Para qué ha servido la Aecid en estos 25 años? Voces críticas como la de Carlos Gómez Gil, doctor en Sociología y director del Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Alicante, señalan que la institución es “completamente disfuncional”. “Es un lastre para modernizar un modelo de cooperación avanzado. Sus orígenes, como residuo postfranquista, junto una evolución anquilosada, no han estado a la altura de las exigencias estratégicas que tenemos como donantes. Buen ejemplo de lo que señalo es que, durante los últimos años, el volumen de recursos que la AECID ha venido gestionando del total de la cooperación española apenas ha llegado al 20% del total”, critica este profesor, que pone un ejemplo de las “insuficiencias” de la Aecid: “Ni siquiera cuenta con un inventario de infraestructuras financiadas por la cooperación española en su historia en los países del Sur, que en muchos casos están infrautilizadas, cerradas o en desuso”.

David Álvarez, profesor de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y secretario del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, alerta sobre el hecho de que la Aecid ahora mismo tiene “un presupuesto tan exiguo que sólo da para mantener la estructura”. “Eso se nota en todo, en aportaciones que hacíamos a organismos multilaterales como Naciones Unidas, en capacidades técnicas, humanas. En financiación de proyectos, programas de los diferentes actores de la cooperación. En el ámbito de la investigación se había conseguido una herramienta propia para financiar el desarrollo que ha sido laminada. En cooperación universitaria, lo mismo, han desaparecido los programas interuniversitarios con países del Sur. O sea que se nota y mucho: no hay un sólo duro para instrumentos”.

Otros expertos valoran el papel de la Agencia a la hora de posicionar a España en el terreno internacional. “Sin la existencia de la Aecid la cooperación española no hubiera llegado al reconocimiento que ha llegado a alcanzar”, coinciden en su análisis tanto Mercedes Ruiz-Giménez, presidenta de la Congde, como Xavier Palau, director de Cooperación Internacional de Intermón Oxfam. Este último destaca además “los instrumentos de financiación de los últimos años, que permiten el trabajo a largo plazo y promueven una adecuada rendición de cuentas y un mejor aprendizaje a través de auditorías y evaluaciones”.

Las ONG coinciden en que los presupuestos están ahogados y no pueden sufrir más recortes. Si antes la Aecid trabajaba en 49 países, ahora solo lo hace en 23, con especial incidencia en América Latina. “Este brutal recorte está teniendo ya consecuencias que afectan directamente a miles de personas con quienes trabajamos las ONG en distintos países. La propia Agencia está preparando ya planes de salida de algunos lugares. Además, esta situación afectará negativamente a la imagen internacional de España y su rol como socio global a favor del fomento de los derechos humanos”, denuncia Mercedes Ruiz-Gimenez desde la CONGDE.

Para Gómez Gil “los diplomáticos han cortocircuitado la Aecid impidiendo su oxigenación y han despedido a decenas de trabajadores especializados con años de experiencia. La falta de información y publicidad sobre su trabajo es clamorosa, facilitando el amiguismo y el clientelismo, mientras que la rendición de cuentas es una caricatura”.

Gracias al dinero que sigue entrando, se sigue ayudando, por ejemplo, a la erradicación de la pobreza en América Latina o se dedican proyectos a la cultura de la paz, como el que mantiene Manos Unidas en Filipinas. Desde esta organización consideran que Aecid “facilita llegar a más población beneficiaria gracias a sus aportaciones, mejora la cooperación al desarrollo y de la educación para el desarrollo en general”.

Oxfam Intermón resalta el trabajo llevado a cabo con la Aecid en Colombia y que contribuye a la lucha contra la impunidad. “Está orientado a que los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio sean investigados, juzgados y sancionados”, afirma la ONG.

Mercedes Ruiz-Giménez se queda con los logros conseguidos “en el fomento de la equidad de género y los derechos humanos de las mujeres”. “La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, ha supuesto un destacable valor agregado de la Cooperación Española con respecto a otras cooperaciones europeas, un estandarte que ha abierto camino en muchos sentidos y ámbitos”, concluye.

Estos recortes a penas generan contestación en la calle y, de hecho, las organizaciones de desarrollo se enfrentan a la realidad de la desmovilización social para reivindicar el mantenimiento de estas políticas. La justificación de esta falta de apoyo popular está tan manida como manipulada desde los estratos políticos y comunicativos: “en tiempos de crisis, primero los de casa. Si no hay para nosotros, no vamos encima a dar a los de fuera”.

Este argumento utiliza el miedo y las situaciones de incertidumbre para fomentar los prejuicios y difundir falsedades. Veamos por qué.

La ayuda oficial al desarrollo son todos aquellos recursos (económicos, humanos, materiales…) que un país pone a disposición de otros estados para colaborar en su desarrollo. Esta cooperación es una obligación de los estados según la Carta de Naciones Unidas de 1945 y se encuentra recogida en el artículo 1.3 de la misma que recoge los propósitos de la organización. Nada menos.

Sin embargo, el concepto de desarrollo no es unívoco y de hecho ha ido variando a lo largo de los años y la práctica de la cooperación. Durante años, este desarrollo se identificó con el únicamente económico y su éxito se medía con los aumentos del PIB y otros indicadores económicos. Con la introducción del concepto de desarrollo humano en los años 90 del siglo pasado se dio un paso en la concepción de este desarrollo y se empezaron a valorar aspectos como el nivel educativo, las condiciones sanitarias o el acceso a la justicia.

En este sentido, las políticas de cooperación han ido también variando y el entramado internacional de agencias donantes, programas y actores involucrados se ha ido complicando y agrandando, con lo que las diferentes agendas de cooperación se han visto ampliadas.

En este camino, también hemos observado cómo las políticas de cooperación se han visto muy influenciadas por otros intereses estatales, como los comerciales, los geoestratégicos o los puramente políticos, lo cual ha desvirtuado y desdibujado en numerosas ocasiones las intervenciones con objetivos de desarrollo.

Por tanto, ¿qué cooperación se ha hecho hasta el momento? ¿En qué se invierte la ayuda oficial al desarrollo? No es este el lugar ni es nuestra pretensión hacer un análisis exhaustivo de estas políticas, pero sí que nos resulta útil destacar que las políticas de cooperación se han ido configurando como un vehículo de exportación de nuestro propio modelo, tanto económico como político y social.

Así, la ayuda oficial al desarrollo se ha utilizado para fomentar cambios y reformas democráticas, para colaborar en la provisión de derechos y servicios básicos como la salud y la educación, para reforzar las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil… Es decir, entre otros objetivos, la cooperación al desarrollo ha pretendido hacer partícipes a otras sociedades de nuestro modelo de estado social y democrático.

En el momento en que este modelo, básicamente occidental, entra en crisis y deja de ser apoyado por las clases dirigentes (políticas, económicas, financieras…), se ven afectados todos sus componentes, entre ellos las políticas de cooperación al desarrollo. Los recortes en cooperación obedecen a la misma lógica que los recortes en sanidad o educación: la voluntad ideológica firme de querer acabar con el estado del bienestar, amparándose en justificaciones y argumentos economicistas supuestamente absolutos e irrenunciables (estabilidad presupuestaria, pago de deuda, adelgazamiento del sector público…)

La diferencia entre los recortes en cooperación y los recortes en otros sectores sociales, es que los primeros son más “baratos” políticamente y por eso se han llevado a cabo con mayor contundencia y rapidez. Y la culpa, entre otros, es del propio sector de la cooperación. No hemos sido capaces de consolidar una verdadera base social.

Se ha utilizado, erróneamente desde nuestro punto de vista, la justificación de la cooperación como las “políticas buenas” encaminadas a impedir que gentes de otros lugares decidan emigrar a nuestro país. El argumento es simple: “ayudémosles a mejorar su calidad de vida y así no vendrán aquí y harán peligrar nuestro sistema”. Como ocurría con el argumento anterior, éste también es falso y además no educa.

No hemos sabido explicar el mensaje básico de que la solidaridad internacional es una obligación. Nuestro modelo y ritmo de consumo está basado en la explotación de otros lugares y otras sociedades. Aplicar el 0,7% de nuestro presupuesto a la ayuda oficial al desarrollo no es caridad de buenos samaritanos ni tampoco es una jugada calculadora donde se entremezclan otros intereses, es pura justicia social, recogida, además, en instrumentos internacionales.

Defender las políticas de cooperación es defender el estado del bienestar, aquí y allá. Porque las fronteras son cada vez más permeables, porque el sistema internacional basado en el Estado-nación hace décadas que se encuentra en la picota, porque luchar por mis derechos sin luchar por los de los demás es reclamar privilegios.

Resulta imprescindible renovar el papel de la cooperación al desarrollo, repensar el papel de las organizaciones no gubernamentales, rehacer la agenda política internacional y basarla en estándares comúnmente aceptados, como algunos tratados de derechos humanos, por ejemplo. Pero sobretodo, necesitamos hacer llegar nuestro mensaje más allá del sector de la cooperación: “el pobre del sur no es nuestro competidor ni nuestro rival en la distribución de los bienes y servicios recortados ideológicamente y, por tanto, artificialmente. Es un compañero de lucha, es un damnificado más de este sistema que nos ahoga”.

¿Primero lo de casa? Sí, por supuesto, primero los ciudadanos y ciudadanas del mundo.