Las coartadas con que los mandos policiales de la época del Partido Popular pretenden hacer pasar la operación Kitchen por una actuación legal comenzaron a aflorar en la sesión del juicio de este martes, tras más de siete horas de declaraciones. Uno de los testigos, el inspector jefe jubilado Juan Vicente Galán, ha asegurado que uno de los acusados, el antiguo jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas le dio la orden de vigilar a Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas, cuando éste entró en la cárcel. Y añadió que no se trataba de espiarla sino de protegerla “sin ser detectados”.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, dedicada a perseguir delitos cometidos por otros agentes, reconvertida a labores de protección de la mujer de Bárcenas es tan increíble como la imagen que pretendió ofrecer este martes Galán. De 68 años, el policía estuvo imputado en el caso Kitchen, aunque luego decayeron las acusaciones contra él. Ante el tribunal ha intentado aparecer como un simple subordinado de Martín Blas, si bien su perfil es muy distinto: Jesús Vicente Galán fue miembro de la brigada política y no solo participó en Kitchen, también atacó a Podemos y fue recompensado con un destino en la Embajada de Mauritania (más de 11.000 euros mensuales) y una medalla pensionada, pasando a ingresar en el 'club de los diezmileuristas' que el PP organizó entre mandos afines.

La Audiencia Nacional juzga el dispositivo parapolicial con objeto de encontrar y sacar de la circulación el material de la caja B del PP que pudiera guardar Luis Bárcenas o su familia después de que el tesorero entrara en prisión. El Ministerio del Interior hizo de la Unidad de Asuntos Internos en tiempos del PP un grupo operativo sobre el terreno en la Operación Cataluña. Y según aparece en el sumario de Kitchen repitió la operación para espiar a la familia del tesorero.

“Marcelino me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que darle protección sin ser detectados”, ha afirmado esta tarde ante el tribunal Jesús Vicente Galán. Se da la circunstancia de que Iglesias, Bárcenas y el hijo del matrimonio, Guillermo, ejercen la acusación particular porque creen que el único peligro que soportaron fue el que representaban policías como Martín Blas o el propio testigo.

Galán ha dicho que trasladó a sus subordinados la instrucción de Martín Blas y que ellos reaccionaron como lo había hecho él a recibirla, “con extrañeza”, la de unos policías que tienen que proteger a alguien sin que ese alguien se entere.

Comienzan las delaciones

Con la declaración del inspector jefe jubilado llegaron los 'cuchillos voladores' al juicio. En la sesión de este martes y en la de ayer, la defensa de Martín Blas se había afanado en restar importancia a los indicios de la participación de Asuntos Internos en el operativo Kitchen. Apenas unos coches y unos agentes que podían haber pasado casualmente cerca de los escenarios del espionaje. Todo eso se derrumbó con el testimonio de Jesús Vicente Galán quien, por otra parte, negó enemistad alguna con Martín Blas. Aunque parece que no es recíproco.

El abogado de Martín Blas ha preguntado a Galán por la denuncia que el comisario de Asuntos Internos de la época puso contra él en 2016, relacionada con un conflicto con los agentes que investigaban el caso del Pequeño Nicolás. Galán dijo que desconocía que su ex jefe le hubiera denunciado. “Siempre hemos tenido un trato correcto. De inferior a subordinado. Y le estoy agradecido por haberme llevado a la unidad, donde yo había estado hacía años”, ha declarado. Mientras, Martín Blas, sentado al lado de su abogado, se afanaba en pasarle papeles y señalarle párrafos.

Para terminar de romper el falso aroma de cordialidad, el abogado de Martín Blas ha recordado a Galán sus declaraciones en fase de instrucción. En las tres aseguró que “jamás había recibido una orden de Martín Blas para vigilar a Rosalía Iglesias”, según el letrado. Justo lo contrario de lo que acababa de declarar.

Jesús Vicente Galán ha asegurado que decidió retirar las vigilancias, que se prolongaron durante una o dos semanas, cuando detectó a otros policías haciendo lo mismo. Está acreditado que hasta 70 agentes del Área Especial de Seguimientos de la estructura antiterrorista de la Policía se repartieron las vigilancias de la familia Bárcenas durante meses 24 horas al día.

Tres años después del inicio de la operación Kitchen, el 18 de abril de 2016, Jesús Vicente Galán y otros de los acusados por el espionaje a Bárcenas, Bonifacio Díez Sevillano, se reunieron “con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad” y así lo dejaron por escrito. Se trata del venezolano que fabricó el bulo de la cuenta falsa de Pablo Iglesias en el Caribe a cambio de un permiso de residencia en España. Así consta en la investigación que se sigue en el juzgado de Santiago Pedraz.

Ese mismo año, Jesús Vicente Galán fue recompensado con el puesto de agregado de Interior en Mauritania. Ya había sido condecorado con la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo, que supone un incremento del 15% del sueldo mensual de por vida. Al regresar de Mauritania fue destinado a una sección operativa de una comisaría de Madrid y en 2023 se jubiló. Ha pasado por la brigada política del PP sin que siquiera se haya conocido su rostro.

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha acordado conceder el régimen de semilibertad a Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas. La decisión le permitirá permanecer durante el día en libertad y volver a prisión de Alcalá-Meco, en Madrid, únicamente a dormir. No obstante, el auto deja claro que “inicialmente no disfrutará de permisos de fin de semana”, aunque le corresponderán los permisos de segundo grado “si reúne los requisitos legales al respecto”.

Iglesias entró en prisión hace casi tres años, en noviembre de 2020, después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena impuesta por el caso Gürtel, aunque los magistrados le rebajaron en más de dos años la pena impuesta por la Audiencia Nacional, pasando de 15 años y 1 mes a 12 años y 11 meses. La Sala de lo Penal destacó la “conducta activa” de la mujer del extesorero del PP y consideran acreditado que Iglesias estaba al tanto de la procedencia del dinero y del incremento del patrimonio de Bárcenas. 

En un auto de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado establece que tendrá que acudir a la actividad laboral y “especialmente a la actividad de voluntariado comprobada por el equipo técnico”. Además, fija que “se complementarán dichas actividades con una participación en un Programa de Delitos Económicos y Justicia Restaurativa”.

Vigilancia Penitenciaria explica que, “teniendo en cuenta la lejanía de la actividad delictiva, las fechas de cumplimiento impiden” su progresión a un régimen de tercer grado, aunque “la evolución de la penada y las posibilidades de reinserción” le dan acceso a un segundo grado limitado. Por otro lado, el auto señala que Iglesias “ha disfrutado de permisos sin incidencias y no existe dato alguno del que pueda inferirse un posible quebrantamiento de condena o un elemento que incida en” un pronóstico de reincidencia medio-alto.

Los informes de la mujer de Bárcenas revelan que ha tenido “un buen comportamiento y una buena evolución” en prisión, “mostrándose siempre dispuesta a participar y colaborar en las actividades” que realiza su módulo. “Respecto sus relaciones tanto con los funcionarios de servicio como con otras internas se pueden calificar de buenas, encontrándose totalmente integrada en su actual módulo. En general tiene un buen comportamiento e intenta evitar el verse envuelta en conflictos”, añade el escrito.

Luis Bárcenas, el hombre que manejó las finanzas del Partido Popular durante casi dos décadas entre 1990 y 2009 —primero como gerente y después como tesorero— parece estar dispuesto a trasladar a la Fiscalía Anticorrupción la información que aún guarda sobre la caja B de los conservadores. Los abogados del extesorero, según publicó este martes El País, se han reunido ya con los fiscales del encargados del caso Gürtel y del caso de la Caja B, a quienes han trasladado la intención de Bárcenas de colaborar a cambio de conseguir beneficios penitenciarios para su mujer, Rosalía Iglesias, que ingresó en prisión este domingo para cumplir la pena de casi 13 años por el caso Gürtel. En su mano está establecer la conexión que aún no han logrado acreditar los investigadores: que los empresarios donaban dinero en negro al PP a cambio de que después se les adjudicasen contratos de obra pública. Hasta ahora, Bárcenas siempre ha negado que fueran donaciones finalistas.

La existencia de una financiación irregular en el PP quedó acreditada en la sentencia sobre la primera época de Gürtel, ratificada hace unas semanas por el Tribunal Supremo, pero es también objeto de otra causa abierta en la Audiencia Nacional. Una parte de este procedimiento, relativa principalmente a la reforma de la sede de Génova con dinero de esa contabilidad paralela, se juzgará a partir del 8 de febrero de 2021. La otra, centrada en la correlación entre el dinero negro inyectado al partido y adjudicaciones concretas, sigue instruyéndose después de que el juez José de la Mata la reabriera en 2017. 

Tras registrar tímidos avances desde entonces, el juez ha encontrado de forma reciente nuevos indicios de pagos en negro al PP a cambio de adjudicaciones. En concreto, el magistrado ha puesto la lupa sobre tres adjudicaciones a empresas de Rafael Palencia, que aparece en los papeles de Bárcenas como autor de cinco donaciones irregulares por un valor superior a 90.000 euros. Dos informes policiales acreditan la relación entre un contrato del Ministerio de Fomento en la época de Mariano Rajoy y otro de la Comunidad de Madrid, cuando era gobernada por Ignacio González, a la constructora de este empresario. De hecho, en un auto del pasado abril, el juez escribió que “existe una indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones establecidas para entablar los contactos (de Bárcenas y el fallecido Álvaro Lapuerta con las autoridades del PP) y las relaciones establecidas. En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario tras la negociación”.

Las acusaciones creen que son estos indicios de adjudicaciones de Gobiernos del PP a cambio de donaciones en negro a la caja B los que podría contribuir a apuntalar Bárcenas en caso que se materializara finalmente esta voluntad de colaboración. “Tendría que poner papeles por delante y decir, sin mentiras, por dónde entraba y salía el dinero”, dice uno de los abogados que ejerce la acusación popular.

Se cumplirían de esta forma los miedos de los dirigentes populares, que temían que la entrada de su mujer en prisión le llevase a tirar de la manta. Durante este martes, el partido de Pablo Casado trató de aparentar tranquilidad. La portavoz de Interior, Ana Vázquez, dijo en una entrevista en TVE que cuando una persona está condenada comete “locuras” y “muchísimas estupideces”.

No obstante, los letrados de varias acusaciones coinciden en que el ofrecimiento del extesorero llega “tarde”. Su mujer, ya condenada en firme, sólo podría acceder a beneficios penitenciarios sobre los que el tribunal sentenciador —la Audiencia Nacional, en este caso— tendría la última palabra aunque contara con un informe favorable de la fiscal del caso, Concepción Nicolás. Si Bárcenas hubiera colaborado antes, sí podría haber pactado con las acusaciones una reducción de sus peticiones de pena. “La opción de salvar a Rosalía [Iglesias] tenía más sentido en ese momento”, afirma otro letrado. 

Ahora, las fuentes consultadas explican que este ofrecimiento tendría que materializarse, en todo caso, en una estrategia conjunta entre las acusaciones del proceso que continúa vivo y pendiente de juicio sobre la financiación irregular del PP, a quien Bárcenas haría esta hipotética confesión con detalles inéditos hasta la fecha; y las acusaciones de la pieza que ha llevado a la cárcel a Rosalía Iglesias, que solicitarían esos beneficios penitenciarios. 

Por ahora, según El País, los abogados de Bárcenas se han reunido con los fiscales, pero no con el resto de acusaciones. Al menos, no con todas. Además, existe la duda de hasta qué punto la colaboración de una persona puede tener efectos sobre la situación de un tercero. “La ley no lo establece pero el tema penitenciario es tremendamente subjetivo. Puede haber formas de hacerlo sin torcer la ley”, dicen fuentes de la acusación. 

Una vía cerrada en 2015  

Antes de ser reabierta en 2017, la línea del cohecho que Bárcenas podría contribuir a esclarecer había sido descartada en marzo de 2015. La Policía, la Fiscalía y los instructores —Pablo Ruz, primero, y De la Mata, después— concluyeron entonces que no podían acreditar que cada pago en negro se correspondiera a una adjudicación y que, por tanto, no podían acusar de cohecho a los 22 empresarios imputados, entre los que estaban los más importantes constructores del país, por muy demostrado que estuviera que los ingresos anotados por Bárcenas en sus célebres papeles fueran reales. 

Solo en un caso, Ruz encontró indicios de una donación finalista y lo envió a un juzgado de Toledo. Se trataba de un presunto pago de Sacyr para la campaña de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha en 2007 a cambio de la adjudicación de la gestión de las basuras de Toledo. La Audiencia Provincial cerró el caso en junio de 2019. 

La confesión de Francisco Correa en el juicio de la Primera Época de Gürtel, que tuvo lugar un año y medio después, acabó motivando la reapertura del caso. El cabecilla de la red —que acumula 79 años de cárcel y todavía se enfrenta a peticiones de pena por 115 más— aseguró que las adjudicaciones de la gran obra pública se decidían en el mismo Consejo de Ministros de José María Aznar a cambio de una donación de entre el 2 y el 3% al Partido Popular. Correa no ratificó ante el juez De la Mata la declaración que hizo en el juicio tras contratar como abogado a Javier Iglesias, al que Villarejo y otros mandos policiales apodan 'El Largo' y sitúan en el sumario de la operación Kitchen como nexo con Mariano Rajoy. 

Aunque Correa se negó a detallar ante el juez las mordidas con destino a Génova que mencionó en su declaración ante el tribunal, esta revelación sí sirvió a De la Mata para reabrir una investigación de la que no ha habido demasiados avances hasta fechas recientes. Pero las últimas diligencias acordadas por el juez el pasado abril ya han comenzado a dar sus frutos: dos informes policiales recientes muestran la conexión de una adjudicación del Ministerio de Fomento de Álvarez Cascos y otra de la Comunidad de Madrid de Ignacio González al empresario Rafael Palencia, que ingresó más de 100.000 euros a la contabilidad paralela del partido. Las acusaciones populares esperan que la colaboración de Bárcenas, si finalmente se materializa, permita apuntalar esta y otras supuestas conexiones entre las adjudicaciones de obra pública y las donaciones opacas al partido.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concedido un plazo de diez 10 días para entrar en prisión a Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas, y otros cinco condenados por la Primera Época de la trama Gürtel después de que, el pasado 14 de octubre, el Tribunal Supremo ratificara casi en su integridad la sentencia que el tribunal especial dictó en mayo de 2018.

Además de Iglesias, condenada a 12 años y once meses de cárcel, la Sala de lo Penal pide que ingresen en prisión en ese plazo la exmujer del líder de la Gürtel y exjefa de Gabinete del Ayuntamiento de Majadahonda, Carmen Rodríguez Quijano (17 años y ocho meses de prisión); el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (14 años y cuatro meses); el contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo (13 años y 10 meses); el exconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente (siete años y nueve meses) y el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote (seis años y seis meses).

En la misma resolución, los magistrados rechazan la suspensión del ingreso en prisión solicitada por José Luis Izquierdo, Carmen Rodríguez Quijano y Rosalía Iglesias. En el caso de esta última, el tribunal explica que no existe impedimento alguno para seguir tratamiento de rehabilitación en el centro penitenciario.

Los últimos documentos enviados por el Ministerio del Interior al juez del espionaje al entorno de Luis Bárcenas no identifican al mando que pudo ordenar los seguimientos al entorno del extesorero, ni aparecen encabezados con un nombre que pueda hacer reconocible la operación. Son las notas que cerca de setenta agentes del Área Especial de Seguimientos (AES) redactaron sobre el trabajo de campo realizado en el verano y el otoño de 2013 con la familia y otras personas próximas a Bárcenas, quien había ingresadon en prisión provisional el 13 de junio de ese año, han informado a eldiario.es fuentes del caso.

El Área Especial de Seguimientos (AES) pertenece a la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que en ese momento mandaba el comisario principal Enrique García Castaño, conocido en la Policía como ‘El Gordo’. La UCAO es la unidad encargada de los seguimientos, los medios tecnológicos de investigaciones y la captación de fuentes. Enmarcada en la Comisaría General de Información (CGI), estructura antiterrorista de la Policía, trabaja sin embargo para cualquier unidad especializada que requiera de sus capacitaciones.

Las fuentes consultadas explican que las “notas de seguimiento”, como se refirió a ellas Fernando Grande-Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recogen los seguimientos realizados por hasta ochenta agentes de la AES en distintos turnos y días. No se trataba, precisan esas fuentes, de un control de 24 horas sobre Rosalía Iglesias y otras personas del entorno porque no es el método de trabajo que se aplica. A los policías de la AES se les marcaba el objetivo y ellos se limitaban a reflejar sus averiguaciones.

Los documentos que se han encontrado en la Comisaría General de Información a raíz de la petición de los jueces del caso Villarejo y el caso de la caja B no aclaran quién ordenó los seguimientos ni por qué. Al menos los que estaban en los archivos cuando se han ido a buscar. Cabe destacar que ni los mandos policiales ni los políticos del Ministerio del Interior son los mismos que cuando se ordenó el espionaje a Bárcenas. Por el momento ha sido imposible determinar si se han hecho desaparecer documentos o si los encontrados han sido modificados.

Los mandos que dirigieron la Operación Kitchen han explicado esta semana al juez que se trató de un dispositivo oficial encaminado a descubrir los testaferros y el dinero que supuestamente escondía Luis Bárcenas después de haber entrado en prisión. Juez y fiscales creen que fue una operación para robar documentación y adivinar los próximos movimientos de Bárcenas, que un mes después de su entrada en la cárcel reveló al juez veinte años de financiación irregular del Partido Popular.

El entonces jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, ha explicado que intentó contactar con el chófer, que este se negó a tratar con él y que fue el policía asesor de Cospedal en esa época, Andrés Gómez Gordo, quien terminó por captar al conductor, con el que había coincidido en la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, a las órdenes de Francisco Granados. Gómez Gordo ha explicado que fue Pino quien le ordenó el trabajo y que el fin era aportar a la investigación judicial que se seguía por el caso Gürtel y la caja B del PP.

Es más, Gómez Gordo ha dicho al magistrado Manuel García-Castellón que los seguimientos y el trabajo del topo permitieron identificar a los testaferros de Bárcenas. Según fuentes jurídicas ha señalado al exsenador del PP y amigo de Bárcenas Javier Sánchez Lázaro como una de las personas que escondía el dinero del extesorero. Sin embargo, Sánchez Lázaro no aparece en los informes policiales del sumario ni fue llamado a declarar, ni como imputado ni como testigo.

Los responsables de la investigación del espionaje a Bárcenas ya han constatado que la UDEF, unidad de policía que trabajaba a las órdenes del juez Pablo Ruz en el caso Gürtel, nunca fue informada de las supuestas averiguaciones de la brigada política en la Operación Kitchen, pese a que los mandos policiales defienden lo contrario. García Castaño ha dicho que ese apelativo fue un invento del “canalla” de Villarejo por el aspecto del chófer, que le recordaba a “un cocinero”.

El juez García-Castellón ha imputado a Villarejo y a García-Castaño por dirigir la operación de infiltración del chófer y pagarle con fondos reservados; a Gómez Gordo por captarle y a Eugenio Pino como máximo responsable en tanto en cuanto director adjunto operativo de la Pollicía en ese momento y jefe directo de todos los demás. A todos ellos se les atribuye indiciariamente los delitos de robo, cohecho, malversación y prevaricación. Excepto a Gómez Gordo, y por el momento, también se les investiga por el asalto de un falso cura armado a casa de los Bárcenas, por los que se les atribuye presuntamente un delito de allanamiento de morada.

El falso cura que asaltó la casa de los Bárcenas tiene difícil tirar de la manta. La sospecha de los investigadores de que Enrique Olivares actuó por encargo de la brigada política del Ministerio del Interior no podrá ser ratificada por el preso, que hace unos meses sufrió un ictus en el centro penitenciario de Cuenca, según han informado a eldiario.es fuentes del entorno del recluso. Olivares apenas puede expresarse y cuando lo hace incurre en continuas incoherencias.

El recluso Enrique Olivares cumple una condena de 22 años de cárcel por el secuestro de Rosalía Iglesias, Guillermo Bárcenas y la empleada del hogar Victoria Feliz de la Cruz, entre otros delitos cometidos el 23 de octubre de 2013 en el domicilio del extesorero en el madrileño barrio de Salamanca. Según desveló okdiario.com, Olivares fue captado por los mandos policiales que dirigieron el espionaje a los Bárcenas, y cobró 10.000 euros por el asalto a la vivienda en busca de la documentación sobre el PP.

Los hechos serían así parte de la Operación Kitchen, que también incluyó la captación del chófer de la familia para que informara de los movimientos de Rosalía Iglesias después de que el extesorero entrara en prisión provisional, en el mes de junio de 2013. Sergio Ríos, que así se llama el topo, debería también robar el material comprometedor para el PP que escondieran los Bárcenas. Pero el supuesto envío de un delincuente común vestido de cura al domicilio de la familia terminó torciéndose. Willy Bárcenas logró desatarse de las bridas que había puesto Olivares a los tres retenidos, le dio un cabezazo y lo redujo.

En el juicio, el acusado gritaba que voces dentro de su cabeza le daban órdenes. El tribunal concluyó que fingía, si bien la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid reconoce en Olivares un “trastorno de personalidad con rasgos paranoides, narcisistas y antisociales”. Este diagnóstico le valió un atenuante y fue condenado a la pena prevista en la ley en su mitad inferior, esto es, seis años por cada uno de los secuestros, más dos años por tenencia ilícita de armas, seis meses por allanamiento de morada y a otros tres delitos de amenazas, castigados también con seis meses cada uno. Un total de 22 años de cárcel porque Olivares tenía “parcialmente afectada, aunque no eliminada, su capacidad de acomodar su conducta en los términos requeridos por la ley”.

Olivares, que cumple 70 años el próximo mes de enero, fue ingresado en el módulo de enfermería de la prisión de Cuenca después de sufrir el ictus. Su estado desde entonces apenas ha mejorado y por eso ha sido trasladado a una cárcel con más medios de atención a enfermos crónicos, según las fuentes consultadas. eldiario.es se ha puesto en contacto con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para conocer los detalles del traslado y sobre el estado de salud de Olivares, pero un portavoz ha rechazado facilitar cualquier información en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

El relato de hechos probados de la sentencia recoge Olivares se presentó por el telefonillo como un sacerdote que iba de parte de Instituciones Penitenciarias para gestionar la salida de la cárcel de Bárcenas. Tras veinte minutos de charla intrascendente sacó un revólver que “se encontraba en mal estado de conservación, con sus partes metálicas oxidadas, pese a lo cual, accionado en vacío, funcionaba correctamente”.

Enrique Olivares fue asistido por un abogado de oficio colegiado en Madrid durante toda la instrucción, pero antes del juicio se hizo cargo de su defensa Andrés Ruiz Cubero, penalista con despacho en la capital y también en Cuenca, de donde es oriundo el falso cura. Ruiz Cubero ha declarado a eldiario.es que se hizo cargo de la defensa de Olivares porque así se lo pidió un cliente y amigo del despacho de Cuenca que nada tiene que ver con el mundo policial o de la política.

Armado con un arma “especialmente peligrosa”

La Operación Kitchen es objeto de una pieza separada y secreta del caso Villarejo, la número 7. Fuentes jurídicas aseguran a eldiario.es que aún no han aparecido indicios sobre la presunta utilización de Olivares por parte del Ministerio del Interior en tiempos de Jorge Fernández Díaz, aunque los investigadores intentan profundizar en esa posibilidad. De aparecer, mandos policiales que actuaban a las órdenes de la cúpula de interior habrían introducido a un delincuente común armado para practicar un robo por la fuerza, y mediante secuestro. La sentencia que condenó a Olivares recoge que el arma que portaba estaba “en condiciones o circunstancias que la convertían en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana en general, y para las víctimas de la detención en particular”.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Diego de Egea por ahora la imputación de cuatro mandos policiales y del chófer, Sergio Ríos Esgueva, quien después de acabar su misión y cobrar de los fondos reservados ingresó en la Policía con 42 años y recibió un destino privilegiado.

En el momento del asalto del falso cura, Ríos había salido casualmente a ver a su entonces esposa, quien trabajaba en una tienda no muy lejos del domicilio de los Bárcenas. Llegó justo a tiempo para ayudar a Willy Bárcenas una vez éste había reducido a Olivares y poco antes de que se personaran en el domicilio los primeros agentes, de la Policía Municipal. El fallo de la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid se refiere a Ríos como “un amigo de la famiilia que había desempeñado en ocasiones trabajos esporádicos para la misma”.

Ríos Esgueva había sido el chófer de Francisco Granados y así llegó al servicio de Bárcenas. Cuando la familia fue embargada por la justicia, decidió seguir trabajando sin cobrar, por eso la familia le consideraba “un amigo”. Rosalía Iglesias y su marido desconocían que cobraba de los fondos reservados del Ministerio del Interior por espiarles.

Los cuatro mandos policiales para los que Anticorrupción solicita la imputación son el director adjunto operativo de la época, Eugenio Pino; los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, y el inspector jefe Andrés Gómez Gordo. Los tres superiores por encima de Pino, el director general, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado, Francisco Martínez; y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, están en la actualidad aforados ante el Tribunal Supremo en su condición de parlamentarios.

De Egea había decidido resolver la petición de Anticorrupción cuando el Ministerio del Interior le entregara el informe completo de la Operación Kitchen, previa desclasificación por parte del Consejo de Ministras, lo que se produjo el pasado viernes.

Entre tanto, De Egea ha informado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que renuncia a la comisión de servicio que le mantenía en la Audiencia Nacional hasta el 31 de diciembre próximo y que estaba pendiente de ser renovada. En su escrito, entregado el pasado miércoles, De Egea atribuye su decisión “estrictamente a motivos personales”. El juez mantiene un enfrentamiento abierto con la Fiscalía Anticorrupción por casi todos los aspectos más relevantes del delicado caso Villarejo.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de un quinto mando policial en la pieza secreta del caso Villarejo que investiga el espionaje del Ministerio del Interior a Luis Bárcenas a través del chófer de la familia. Según han informado a eldiario.es fuentes jurídicas, se trata del inspector jefe Andrés Gómez Gordo, quien ha dejado dos veces el Cuerpo de forma temporal: la primera para trabajar en el fracasado proyecto de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, que ahora investiga la Audiencia Nacional; y la segunda, para convertirse en la sombra de María Dolores de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha.

Gómez Gordo era director de Análisis y Documentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando la brigada política de la Policía captó en 2013 a Sergio Ríos Esgueva. El inspector jefe habría sido el responsable de contactar con el chófer, con el que había coincidido durante el periodo que ejerció de asesor de Francisco Granados, a continuación de su puesto al frente de la seguridad de la Ciudad de la Justicia. Ríos era el chófer del entonces consejero de Justicia.

El chófer de la familia Bárcenas cobró 2.000 euros mensuales -una cantidad desmesurada para un confidente- durante dos años. A cambio, entregó documentación y reveló información de los movimientos de Rosalía Iglesias mientras Bárcenas estaba en la cárcel. Los policías bautizaron esas maniobras como Operación Kitchen.

La solicitud de imputación de Gómez Gordo se produce en el marco de la pieza separada 7 del caso Villarejo, que investiga el espionaje al extesorero del PP a partir de unas grabaciones incautadas al comisario encarcelado. Otro juez de la Audiencia Nacional, el que instruye el caso de la caja B, ha solicitado toda la información de esa Operación Kitchen al Ministerio del Interior. El Consejo de Ministras acordó el pasado viernes levantar el secreto que pesa sobre el operativo policial sufragado con fondos reservados.

Con la Operación Kitchen, el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz buscaba documentos que pudiera guardar el extesorero sobre la financiación irregular del Partido Popular y la implicación en la misma de sus dirigentes. Cuando acabó su misión, Interior facilitó la entrada de Ríos en la Policía, con 42 años. Una vez dentro, la Dirección del Cuerpo utilizó un mecanismo excepcional para asignarle el destino que quería, Madrid, donde todavía residen su exmujer y su hijo.

A pesar del rimbombante nombre de su cargo en Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo se dedicaba a ser la sombra de Cospedal. Era el hombre que, vestido de traje, organizaba la escolta de la presidenta en actos públicos. Fuentes policiales aseguran que el vínculo de Gómez Gordo con Ignacio López del Hierro, marido de la exnúmero dos del PP, se remonta a años atrás, al igual que ocurre entre el empresario y el comisario Villarejo. La relación del principal investigado en la Operación Tándem con el matrimonio formado por Cospedal y López del Hierro y los encargos que éstos le realizaron para obstaculizar la investigación del caso Gürtel ha quedado acreditada en otras grabaciones del comisario, publicadas por moncloa.com.

La Operación Kitchen se desarrolló en pleno enfrentamiento de Bárcenas con el que había sido su partido durante décadas. El tesorero había tirado de la manta en junio, tras ser enviado a prisión provisional por el juez Pablo Ruz. Su peor enemigo en Génova ya era entonces la secretaria general, María Dolores de Cospedal, la misma que tenía a su servicio al inspector jefe Gómez Gordo en su cargo público, el de presidenta de Castilla-La Mancha.

En una etapa anteriro, el inspector jefe había trabajado en la empresa mixta de seguridad de la Ciudad de la Justicia con un sueldo mensual de 6.000 euros. La oposición madrileña calcula que el faraónico proyecto del PP en Madrid supuso un agujero a las arcas públicas de hasta 100 millones de euros. Gómez Gordó cobró una indemnización de 100.000 euros por ser despedido de un proyecto que no llegó a arrancar. Y no volvió a la Policía. Comenzó a trabajar como asesor de Francisco Granados en la Consejería de Justicia e Interior. Fue allí donde tuvo más trato con Sergio Ríos, por entonces chófer de Granados.

Según El Español, Interior encargó a Andrés Gómez Gordo que le captara para ser el topo en casa de los Bárcenas. Gómez Gordo dijo al citado diario que fue contactado para esa misión pero que se negó a llevarla a cabo. Entre los papeles robados por Sergio Ríos a la familia Bárcenas aparece un documento que hace referencia al contacto del chófer con un alto cargo de la Junta de Castilla-La Mancha. En uno de los documentos manuscritos de Rosalía Iglesias, se puede leer: “Sergio ha creado a través jefe presidencia Cospedal disco duro. Muertos de miedo”. Estos papeles están ya en poder del juez de la caja B, José de la Mata, que se los reclamó a El Mundo cuando los publicó.

El inspector jefe volvió a Madrid semanas antes de la secretaria general del PP perdiera el Gobierno autonómico. Su destino inmediato fue el de jefe de Sección Operativa, concretamente de vigilancias de la UDEF, un puesto que le daba acceso a la información sobre todas las operaciones contra la corrupción de la Policía. Sin embargo, el entonces inspector jefe compaginó durante meses su puesto en la UDEF con la Dirección Adjunta Operativa (DAO), la estructura que albergó la policía política entre 2012 y 2016. Según él mismo ha reconocido, fue el director operativo, Eugenio Pino, quien le ordenó que tuviera un pie en cada destino. A los seis meses de regresar a la Policía, Gómez Gordo fue recompensado por una medalla roja al mérito policial, que lleva aparejado un incremento vitalicio del 10% mensual.

Pino ocupó el cargo más alto de entre los mandos para los que Anticorrupción ha solicitado la imputación por su participación en la Operación Kitchen, sufragada con fondos reservados. Completan la lista los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, ambos ya investigados por la organización criminal dirigida presuntamente por el primero de ellos, y Sergio Ríos, al que el juez ya ha citado para que declare el próximo miércoles.

La anómala situación de Gómez Gordo a su regreso a la Policía salió a relucir en su declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, en el caso de presunto acoso de Javier López Madrid a la doctora Pinto. Gómez Gordo había firmado el informe por el que la Policía de Pino defenestraba al comisario de Chamartín, Jaime Barrado, que se había atrevido a investigar a Villarejo como posible autor de la agresión con arma blanca a la mujer.

Durante esa declaración (ver vídeo al final del párrafo), Gómez Gordo reconoce que fue Pino quien le llamó a la DAO y que, a pesar de estar destinado en la UDEF, pasaba “unas horas” al día en la Dirección Adjunta Operativa, sin concretar a qué se dedicaba. Esas afirmaciones se producen a preguntas de la abogada de Elisa Pinto. La defensa de la doctora ha denunciado un montaje policial para salvar al comisario Villarejo. Esa misma acusación, un montaje de Interior y la cúpula policial para proteger a Villarejo, fue la conclusión a la que también llegó la comisión judicial del caso del Pequeño Nicolás.

Gómez Gordo era habitual de una oficina considerada en el Cuerpo como el centro físico de la brigada política, donde tuvieron su mesa los jefes de gabinete de Pino, tanto José Ángel Fuentes Gago, como después Bonifacio Díaz. Este último va camino de sentarse en el banquillo, junto a Pino, por intentar introducir información robada en el caso de los Pujol. En otro hecho absolutamente inusual, esa oficina se hizo cargo de la denuncia de dos abogados de las empresas de Villarejo contra el comisario que impulsó el caso de la doctora Pinto. El director de la Policía, Ignacio Cosidó, suspendió de sus funciones al comisario Barrado, después de haberle desterrado a Carabanchel, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid frenó esa persecución a Barrado anulando la decisión administrativa y devolviéndolo al servicio activo.

Estos días, Gómez Gordo completa el curso de ascenso a comisario, después de que aprobara la oposición durante los últimos días del anterior equipo de Interior, el del Partido Popular y Juan Ignacio Zoido como ministro. Gómez Gordo no había logrado ascender a comisario en la anterior convocatoria, a pesar de que había comentado en círculos policiales que iba a ocupar un puesto más alto del que sigue ocupando en la UDEF una vez le llegara el ascenso.

El que fuera chófer de los Bárcenas es hoy un policía destinado en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, los servicios centrales de esa especialidad en Madrid. En tres meses pasó de ser, con diferencia, el policía más mayor de su promoción y el penúltimo en el escalafón a que la Dirección General de la Policía le reclamara para sacarle de un destino muy alejado de Madrid y traerle a la capital con el procedimiento excepcional de la comisión de servicios. Esa ha sido su vida después de cobrar de los fondos reservados durante dos años a cambio de controlar a los Bárcenas.

A raíz de que El Español desvelara la Operación Kitchen, el Grupo Socialista en el Congreso se interesó por la situación del nuevo policía. El 27 de marzo de 2018 obtuvo respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy: Ríos Esgueva había pasado de estar destinado en la Unidad de Extranjería y Documentación de Les, localidad próxima a la frontera leridana con Francia, al complejo de la Policía en el barrio de Dehesa de la Villa, en Madrid, la ciudad donde vivían su mujer y su hijo al menos cuando era chófer de los Bárcenas.

La respuesta, de un párrafo, consistió en confirmar el cambio de destino y añadir que el proceso había cumplido con lo estipulado en la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía y el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General de Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de sus Funcionarios Civiles. El ingreso en el Cuerpo no había sido menos extraño. Rodeado de veinteañeros, Sergio Ríos juró como policía con 42 años, el 16 de mayo de 2017, tras su paso por la academia de Ávila. De chófer-topo de la 'brigada política' de la Policía a uno más del Cuerpo cuando acabaron sus servicios en casa de los Bárcenas.

Habitual del gimnasio, Ríos era el tipo trajeado y forzudo que hacía de chófer de Bárcenas. Al entrar éste en prisión, siempre aparecía junto a Rosalía Iglesias cuando la mujer entraba y salía de su casa en el centro de Madrid entre una nube de cámaras y reporteros. Sergio le abría la puerta trasera del coche y Rosalía Iglesias enfilaba el juzgado de Pablo Ruz para pedir al juez de la caja B que le levantara el embargo de parte de sus cuentas porque no podía vivir con los 300 euros asignados mensualmente. A Sergio lo podía mantener porque el chico no tenía prisa por cobrar, al menos de la familia Bárcenas, según han desvelado los documentos incautados al comisario Villarejo. Durante dos años, el chófer recibía 2.000 euros mensuales del turbio policía.

Rosalía nunca sospechó de Sergio, según confirmó su entorno a eldiario.es al saber de su ingreso en la Policía. Tampoco el 23 de octubre de 2013, el día que salió un rato a ver a su mujer en la tienda de ropa cercana donde trabajaba. En ese espacio de tiempo, un cura con sotana tocó la puerta del domicilio de los Bárcenas y les explicó que iba de parte de Instituciones Penitenciarias. Cuando se ganó su confianza, sacó un viejo revólver y maniató a Rosalía, a su hijo Guillermo y a una empleada del hogar. Quería unos pendrive que tumbarían al Gobierno.

Solo la valentía y pericia de Willy, según relató Iglesias en el juicio, le permitió dar un cabezazo al falso cura, desatarse e inmovilizar al asaltante. Rosalía salió al balcón a pedir ayuda y allí abajo estaba Sergio, que ya regresaba de ver a su mujer. Subió corriendo. Al entrar se encontró a Enrique Olivares, el asaltante, innmovilizado en el suelo por el hijo de Bárcenas. Olivares, que se comportó en la vista como un transtornado y se presentó como un indigente sin recursos, tuvo durante la instrucción tres abogados sucesivamente, uno de oficio y dos a quien alguien abonó las minutas. Fue condenado a 22 años de prisión.

Antiguo chófer de Francisco Granados

Ríos había estado trabajando para el PP y por eso entró al servicio de los Bárcenas. Uno de los dirigentes a los que había servido como chófer era Francisco Granados, el político que puso en contacto al comisario Villarejo y al empresario Javier López Madrid. Pero, ¿cumplió Sergio Ríos con su misión de obtener información y documentación durante su misión como infiltrado en casa de los Bárcenas? Eso parece si se atiende a que su ingreso en la Policía, otro de los pagos por el trabajo, tuvo lugar después de su periodo de chófer de la familia a sueldo del Ministerio del Interior.

En noviembre de 2015, una vez concluida la misión del chófer, El Español publicó una serie de informaciones que llamó Los papeles de Rosalía, manuscritos de Iglesias con afirmaciones que, de poder demostrarse como ciertas, comprometerían a dirigentes del Partido Popular, empezando por Mariano Rajoy. El mismo digital explicaba que los documentos habían sido obtenidos por miembros de la Policía y que Villarejo y su gran enemigo, el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, se acusaban mutuamente de irregularidades durante su obtención.

Las anotaciones hacían referencia a supuestos mensajes intercambiados entre Fernández Díaz, ministro del Interior, y Luis Bárcenas, o referencias a como eran las presuntas entregas de dinero negro al presidente del PP y del Gobierno entonces, Mariano Rajoy. Como ocurrió con otros informes de la 'brigada política', ya fueran los informes apócrifos de la Operación Catalunya o el de PISA contra Podemos, nunca llegaron a ser incorporados a causa judicial alguna. De nuevo, el uso de fondos reservados no tenía como fin ayudar a la justicia y al esclarecimiento de delitos.

Willy Bárcenas es famoso por dos razones. Una es la que a él le gusta, y de la que presume, en su papel de líder de la banda de pop Taburete. Un grupo que da decenas de conciertos por toda España y acumula millones de reproducciones en YouTube o Spotify. Pero antes de dedicarse a la música ya era conocido, aunque sea por algo que asegura que no le gusta: los problemas con la justicia de su padre, el extesorero del PP Luis Bárcenas.

El cantante ha concedido una entrevista a la revista Vanity Fair en la que ha opinado abiertamente de la sentencia de la primera época de Gürtel. Este fallo de la Audiencia Nacional condena su padre y su madre, Rosalía Iglesias, han sido condenados a 33 y 15 años de cárcel respectivamente. Unas penas que él admite que no se esperaba. Estas son sus mejores frases sobre sus padres, la sentencia o el “odio” que asegura se le tiene por ser “hijo de”.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha acordado este jueves decretar la libertad provisional de Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas, una vez ha depositado los 200.000 euros que le impuso el tribunal de Gürtel para salir de prisión. Ha logrado reunir esa cantidad en 24 horas.

En total, 18 personas han depositado la fianza para que Iglesias pueda abandonar la cárcel. El auto del tribunal ya ha sido enviado a la prisión de Soto del Real para que ponga en libertad a la mujer de Bárcenas, condenada a 15 años y un mes de prisión. Ahora, Iglesias tiene impuestas como medidas cautelares las comparecencias cada 15 días en el juzgado, la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio.

Los jueces tomaron la decisión de enviarla a prisión este miércoles, aunque le permitieron eludir esa medida con una fianza. “El hecho de que su marido se encuentre en prisión es una circunstancia que puede paliar el riesgo de fuga”, sostiene el tribunal en el auto sobre Iglesias, que señala que ese riesgo de que abandone el país es menor que el de Bárcenas, porque su pena es menor.

Sin embargo, el tribunal dice que no se puede obviar “la importante cantidad de recursos económicos que el matrimonio llegó a acopiar con la ilícita actividad delictiva desplegada por ambos cónyuges”. Por esa razón acuerdan imponer la fianza que “es acorde con los beneficios que le reportó, parte de los cuales no se han conseguido localizar”.

En la sentencia del caso se recoge que Bárcenas e Iglesias transfirieron fondos de una de sus cuentas en Suiza a la del padre de otro acusado, el testaferro de Bárcenas Ivan Yáñez. Este o rdenó la transferencia de 200.000 € a la cuenta que el matrimonio tenía abierta en el banco Butterfield Trust, de las Islas Bermudas, que no han sido localizados.

La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para próximo lunes a las 10.30 horas la vistilla solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para la imposición de medidas cautelares para 16 de los 27 condenados en la sentencia del caso Gürtel. Entre esas medidas cautelares cabe el ingreso en prisión antes de que haya sentencia firme. 

En una nota hecha pública por el ministerio fiscal, se informó ayer de que esta vista afectaría a 16 de los 27 condenados por la Audiencia Nacional en el primer macrojuicio de Gürtel que actualmente están en libertad (solo están en prisión el cabecilla, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo)

Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias querían irse a esquiar en paz con sus vecinos de Baqueira Beret. Así se desprende del escrito que remitió la esposa del extesorero el pasado 13 de febrero, en el que solicita al juez Pablo Ruz que desbloquee algunas de sus cuentas para poder hacer frente a varios pagos, entre ellos el IBI pendiente del lujoso chalé que ocuparán del 20 de febrero al 6 de marzo, así como la plaza de garaje correspondiente.

El procurador de Rosalía Iglesias remitió un escrito al juzgado de Ruz el 13 de febrero, 9 días después de que Bárcenas comunicara al juez de la Audiencia Nacional que se iba de vacaciones sin especificar a dónde. En ese escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, se pedía liberar fondos por un valor total de 2.101,28 euros.

Las cantidades respondían a tres conceptos: el impago de las cuotas de tres plazas de garaje en propiedad en su domicilio de Madrid durante el año 2014, más el adelanto del primer trimestre de 2015, por un total de 1.133,11 euros; el impago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del lujoso chalet de Baqueira, correspondiente a 2013, que asciende a 530,29; y la plaza de garaje correspondiente al chalé por el primer semestre de 2014, por valor de 437,88 euros.

Luis Bárcenas se comprometió a cumplir con su obligación de firmar en la Audiencia Nacional este viernes por última vez antes de poner rumbo a Baqueira Beret, con lo que llegará a su lujoso destino con deudas pendientes al no haber resuelto aún el juzgado. El jueves se conoció que Ruz le había autorizado a desplazarse hasta allí y firmar en el juzgado más próximo, solo después de que le desvelara su destino por escrito, algo que la defensa de Bárcenas intentó eludir en su primera comunicación para evitar filtraciones.

Bárcenas especificó entonces al juez que sus vacaciones se desarrollarían “en territorio nacional”, la única opción posible, puesto que una de las medidas que estableció la Sala de lo Penal para concederle la libertad fue permanecer en España y en un domicilio comunicado, además de firmar tres veces a la semana en un juzgado. En su comunicación a Ruz, el extesorero especificaba que pasaría los 14 días fuera de Madrid en compañía de su familia.

En el escrito del procurador de Iglesias se pide que se desbloquee la cuenta para hacer frente al pago de los garajes en Madrid y Baqueira y también para que la mujer de Bárcenas retire los 530,29 euros pendientes de abonar a la Administración local en concepto de IBI por el chalet, ya que ese recibo “no se encuentra domiciliado”.

Junto al escrito se adjuntan las reclamaciones de las respectivas comunidades de propietarios y la diligencia de apremio del Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación de Tributos Locales de Lleida. Llama la atención, por ejemplo, que la empresa que lleva la administración de la finca de Bárcenas y sus vecinos ignore la situación de embargo de las cuentas del extesorero con la siguiente fórmula: “Rogamos nos indique si mantiene la domiciliación de sus recibos en el mismo banco o desea cambiar a otra cuenta o a otra forma de pago”.

Al correo electrónico del PP

Los dueños del aparcamiento de Baqueira remiten la comunicación de la “deuda pendiente” a dos direcciones, una particular de Rosalía y la que utilizaba Luis Bárcenas en el Partido Popular. Antes de despedirse “atentamente”, dejan caer: “Quedamos a la espera de sus prontas noticias con la finalidad de regular la actual situación”. El correo electrónico está fechado el 14 de noviembre de 2014.

Las solicitudes del matrimonio a Ruz para el desbloqueo de sus cuentas han corrido desigual suerte. En ocasiones, el magistrado lo ha permitido para que Iglesias atendiera las necesidades básicas de cualquier familia, pero ha impuesto límites estrictos. Frente a las peticiones de Iglesias en las que, por ejemplo, se incluían gastos de peluquería, Ruz fijó en 300 euros la asignación mensual para ella y su hijo.

En otros casos, como cuando solicitaron el desbloqueo para pagar a sus abogados, el magistrado les recordó que tenían a su disposición letrados de oficio. La misma respuesta obtuvieron cuando en 2014 Bárcenas solicitó que se desbloquearan cuentas suyas en Suiza para pagar el impuesto de sociedades de Tesedul. Sin embargo, Ruz permite una transferencia automática para el pago de la comunidad de vecinos en Madrid.

La pareja tiene embargadas sus cuentas bancarias, su vivienda en Madrid y el chalé en la estación de esquí de Baqueira Beret, entre otros bienes, desde julio de 2013. Eso no impide que hagan uso personal de las viviendas señaladas, aunque no puedan venderlas o alquilarlas. El embargo tiene por objeto cubrir las responsabilidades civiles que podrían afrontar en el caso de una sentencia condenatoria, y que en el caso de la esposa del extesorero alcanzan los 6 millones de euros; y en el de Bárcenas, 43,2.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 43 años y 2 meses para el que fuera guardián de la finanzas del Partido Popular por la pieza denominada 'Primera Época', el primer gran juicio del caso Gürtel. La Abogacía General del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, eleva esa petición a 60 años.

Luis Bárcenas se va de vacaciones. Su nuevo abogado, Francisco Maroto, ha dirigido un escrito al juzgado de Pablo Ruz en el que comunica la intención de su defendido de pasar 14 días fuera de Madrid, “junto con su entorno familiar” y siempre “dentro del territorio nacional”.

La Audiencia Nacional impuso a Bárcenas la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, como una de las condiciones para su libertad. Maroto afirma que, entre el 20 de febrero y el 6 de marzo, Bárcenas cambiará la comparecencia en el tribunal de la calle Prim por otra “en el juzgado del partido judicial que corresponda” a su destino.

El juzgado más próximo al lugar de vacaciones será comunicado en persona a los funcionarios de la Audiencia Nacional, momento en el que se les informará igualmente de la “dirección exacta” donde puede ser localizado Bárcenas, así como de un “teléfono de contacto”, recoge el escrito, fechado el 4 de febrero, al que ha tenido acceso eldiario.es. Este miércoles, el juez Pablo Ruz comunicó a la defensa de Bárcenas que debe informar del lugar donde se va a desplazar para que le autorice a ello.

Ruz envió a prisión sin fianza a Bárcenas el 27 de junio de 2013. Durante los 19 meses que ha estado en la cárcel, su anterior abogado, Javier Gómez de Liaño, solicitó en repetidas ocasiones la puesta en libertad, pero otras tantas fue rechazada por el juez Ruz, en decisiones confirmadas por la Sala de lo Penal. Hasta que el pasado 20 de enero, la Sección Cuarta se opuso a los argumentos del instructor y decretó la libertad bajo fianza del extesorero del PP.

La familia recaudó en 72 horas los 200.000 euros y el imputado salió de la cárcel el 23 de enero por la noche. “Le he hecho caso y he sido fuerte”, dijo en referencia a Rajoy entre una nube de micrófonos. Según explicó uno de sus hijos, Guillermo Bárcenas, los últimos 7.000 euros fueron aportados por una tía suya residente en Ponferrada, de donde es originaria Rosalía Iglesias.

Con la instrucción del caso Gürtel prácticamente concluida, los magistrados de la Sección Cuarta estimaron que había descendido notablemente el riesgo de fuga. Fue un criterio opuesto al del instructor, Pablo Ruz, quien considera que la proximidad de un juicio y las elevadas penas que para Bárcenas solicitan la Fiscalía y otras acusaciones aumentan el riesgo de que el extesorero decida fugarse. Bárcenas tiene prohibido salir de España y su pasaporte continúa guardado en la Audiencia Nacional.

Por indicación de Gómez de Liaño, en el abono de la fianza quedó aportada la cantidad y el DNI de cada una de las personas que contribuyeron al pago. Se trataba, según el letrado, de eliminar sospechas sobre el origen de los fondos. Bárcenas y su esposa han pedido reiteradamente al juez Ruz y la Sala que le sean desbloqueadas alguna de las cuentas bancarias para poder hacer frente a gastos que consideran domésticos, lo que no han logrado.

“Ni para Coca-Cola”

Según declaró ante Ruz el amigo de la familia Luis Fraga, Rosalía Iglesias no tenía “ni para Coca-Cola” cuando su esposo estaba en prisión. Esta situación, unida a la prohibición de abandonar España, apunta a que el destino de las vacaciones de Bárcenas y su familia no será tan exclusivo como cuando esquiaban en Avoriaz, Val d'Isere, Tignes o Zermatt, después de haber visitado las sucursales bancarias donde guardaban su dinero en Suiza.

La pareja tiene embargadas sus cuentas bancarias, su vivienda en Madrid y un chalé en la estación de esquí de Baqueira Beret, entre otros bienes, desde julio de 2013. Eso no impide que hagan uso personal de las viviendas señaladas, aunque no puedan venderlas o alquilarlas. El embargo tiene por objeto cubrir las responsabilidades civiles que podrían afrontar en el caso de una sentencia condenatoria, y que en el caso de la esposa del extesorero alcanzan los 6 millones de euros; y en el de Bárcenas, 43,2.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 43 años y 2 meses para el que fuera guardián de la finanzas del Partido Popular por la pieza denominada 'Primera Época', el primer gran juicio del caso Gürtel. La Abogacía General del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, eleva esa petición a 60 años.

El juez Pablo Ruz ha pedido al PP que le envíe las copias de todas las escrituras y poderes que el partido concedió a Luis Bárcenas desde el año 2007 para que ejerciera de tesorero de Génova.

En una providencia dictada este martes, el juez de la Audiencia Nacional solicita a Génova los documentos para saber hasta cuándo desempeñó sus funciones y en atención a la “eventual responsabilidad tributaria que pudiera alcanzar al PP”.

Entre las diligencias ordenadas por el juez, figura que se le remitan los documentos que autorizaban a Bárcenas “como consecuencia del ejercicio por el mismo de las funciones de gerente de la formación política, así como las escrituras que se hubieren otorgado en revocación de los referidos poderes”.

La fecha sobre el desempeño de sus funciones ha sido una de las principales divergencias entre las declaraciones del extesorero y de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ante el juez Ruz. Mientras Bárcenas declaró que tuvo esos poderes hasta marzo de 2010, la máxima responsable de Génova aseguró a Ruz que la revocación de sus poderes como tesorero se firmó meses antes, en octubre de 2009.

Desde julio de ese año, según Cospedal, Bárcenas ya no ejercía como guardián de la caja del partido.

En el último interrogatorio al que ha sido sometido por el juez, el extesorero aseguró que fue él mismo quien el 3 de marzo de 2010 envió un correo electrónico al cajero del partido, Luis Molero, para que se llevara a cabo la retirada de sus poderes.

Esta contradicción entre ambos sobre las fechas es relevante porque de ser cierta la fecha que declaró Cospedal cuando testificó, el extesorero no habría podido operar con los bancos. Según aseguró en su declaración, ordenó comprar deuda pública por valor de seis millones de euros durante el semestre que va de octubre de 2009 a marzo de 2010.

Entre las diligencias ordenadas por el juez en esta nueva providencia, Ruz también ordena que se facilite a la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional), a la Agencia Tributaria y a la Intervención General del Estado la transcripción de las declaraciones que Bárcenas hizo ante él el pasado jueves para que “puedan valorarla en el ejercicio de las funciones encomendadas”. También ordena incorporar a la pieza separada la declaración de su esposa, Rosalía Iglesias, que testificó después.

Consulta íntegra la providencia de Ruz.

Poco duró para el matrimonio Bárcenas-Iglesias el suspiro que supuso el levantamiento de su imputación en el caso Gürtel. El juez Antonio Pedreira, que investigaba parte de la trama en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó el sobreseimiento de las acusaciones contra el extesorero del PP y su esposa, Rosalía Iglesias. Pero las pesquisas del magistrado Pablo Ruz en la Audiencia Nacional le llevaron a imputarles de nuevo.

Las alarmas se dispararon en los juzgados de instrucción ante un movimiento extraño en las cuentas de Rosalía Iglesias: el ingreso de 500.000 euros en billetes de 500 que ella justificó por la “venta de varias pinturas” que había adquirido en 1987 por 1.803 euros y vendió por 558.196 euros en 2006. En ese momento, mayo de 2012, aún no se habían descubierto las cuentas del matrimonio en Suiza, en las que llegaron a acumular 47 millones de euros, y el juez imputó a Rosalía Iglesias por haber defraudado 222.112,58 euros en la declaración del IRPF.

La investigación siguió adelante y el 17 de enero de 2013 la Audiencia Nacional ratificó la imputación de la esposa de Bárcenas. Tan solo 14 días después, el extesorero permitió que se publicaran los papeles en los que anotó durante más de 20 años la financiación irregular del PP y en los que acusa a los dirigentes, incluido Mariano Rajoy, de haber cobrado en negro. Era la primera respuesta después de que las comisiones rogatorias en manos del juez demostraran la existencia de las cuentas millonarias en Suiza.

El proceso judicial se complicó a partir de ese momento para los Bárcenas-Iglesias. Además, la Policía desmontó su teoría del negocio de la venta de arte al emitir un informe en el que acusó a Luis Bárcenas de viajar a Argentina para llegar a un acuerdo con la falsa marchante de arte, Isabel Mackinlay, para elaborar un falso documento de compraventa que apoyara la coartada de su esposa.

Fondos de la caja B del PP en sus cuentas

Buena parte de las pesquisas de Ruz se han centrado en las cuentas de Rosalía Iglesias. El último hallazgo de Hacienda es que la esposa del extesorero del PP pudo recibir fondos de la caja B del PP: los interventores del Estado han hallado una posible correlación entre tres salidas de dinero anotadas en los 'papeles de Bárcenas', correspondientes a 2004, 2005 y 2006, e ingresos a su nombre en una sucursal de Bankia.

Ese fue el leitmotiv para que el magistrado Pablo Ruz volviera a citar a Rosalía Iglesias para declarar después de su marido. Otra de las sospechas que pesan sobre ella es la identidad de los titulares de la cuenta en la que ingresó un cheque por importe de 149.000 euros.

Por el momento, la única medida que ha tomado el juez contra ella, aparte del bloqueo de sus cuentas que le obligan a vivir con unos 300 euros al mes, es la imposición de una fianza civil de seis millones de euros para afrontar las responsabilidades pecuniarias ante una eventual condena por los delitos por los que está imputada: fraude fiscal, cooperación en delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y tentativa de estafa procesal. En septiembre, el juzgado embargó todos sus bienes.

El poder de Rosalía en el PP

Iglesias no era ajena a lo que sucedía en Génova 13. Trabajó como secretaria de Jorge Verstrynge en Alianza Popular antes de casarse con Bárcenas. El propio Mariano Rajoy intercambió SMS con ella, tal y como reveló El Mundo. El ahora presidente del Gobierno agradeció el apoyo a Iglesias la madrugada del 23 de mayo de 2011, después de que el PP arrasara en las elecciones municipales y autonómicas: “Rosa, gracias, eres un encanto. Yo estaré ahí siempre, al final la vida es resistir y que alguien te ayude, tampoco hacen falta muchos”.

Tan solo cuatro meses después, el líder del PP celebró que el juez levantara la imputación del extesorero del partido: “Muchas felicidades, Rosa. Esperemos todo se confirme. Un abrazo a ti y a Luis. Mariano”.

Otro SMS demuestra la cercanía de Rosalía Iglesias en el entorno laboral de su esposo. Fue ella quien reclamó -al estallar el caso Gürtel- a la secretaria de Bárcenas en Génova las agendas del extesorero, que acreditarían las citas que mantuvo durante años con los supuestos donantes irregulares de la formación. “Querida Estrella, necesito por favor que me hagas llegar las agendas personales de Luis, él te las dio antes de todo, con lo cual no te compromete a nada, dime dónde las pueden recoger, mil gracias, un beso fuerte”, expresó en un mensaje enviado a Estrella Domínguez.

“Rosalía, siento decirte que ya no las tengo”, respondió la aún trabajadora de Génova. “Estrella, qué quieres que te diga, me parece fatal, eso era de Luis que confiaba en ti, y no estaban en el partido, qué pena”, fue la respuesta de la esposa del exgerente.

Las agendas y dietarios no están en la sede del PP. La secretaria confesó ante el juez Ruz que las destruyó a finales de 2012 -muy poco antes de que estallara el 'caso Bárcenas'-. Luis Bárcenas tiene una copia de esas agendas y ha manifestado su intención de hacer cualquier cosa si su mujer sale mal parada en este proceso.

Se conocieron en el trabajo, a principios de los años 80, en la sede recién estrenada de Alianza Popular en la calle Génova de Madrid. Él, Luis Bárcenas, era administrativo, un recién licenciado en Empresariales que había llegado al partido gracias a la amistad de su padre con el entonces tesorero, Ángel Sanchís. Ella, Rosalía Iglesias, trabajaba como secretaria, a las órdenes de Jorge Verstrynge, el número dos de AP.

Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias se casaron en París. Fue en 1989. Ella tenía 29 años, el 32. Sólo unos pocos amigos asistieron a la boda, a la que parte de la familia de Bárcenas se oponía. Era su segundo matrimonio y sus padres, muy conservadores, no aprobaban que su hijo se divorciase de su primera esposa. El padre de Bárcenas pidió a su amigo Ángel Sanchís que hablase con su hijo para convencerle de que era un error. Cuenta Sanchís que lo intentó, pero que fue imposible. “Ya que no podía hacerle cambiar de opinión, decidí que era mejor ponerme al frente de la manifestación, y por eso les acompañé a la boda hasta París”.

Si Bárcenas tiene una gran debilidad, ésa es su esposa, Rosalía; “Rosa”, como la llaman sus amigos: una leonesa de Astorga que se ha convertido a su pesar en una de las piezas clave de una trama de corrupción que va mucho más allá de su propio matrimonio, que afecta al corazón mismo del Partido Popular.

“Si hablas, tu mujer irá a la cárcel”, asegura el extesorero del PP que le transmitieron dos abogados desde el entorno del PP pidiéndole su silencio cuando aún no había confirmado que era el autor de esas notas manuscritas con todos los secretos de la contabilidad en negro del PP. Aún guarda munición, y ha sido el miedo a que su mujer pudiese acabar en prisión lo que ha frenado que el extesorero disparase todas sus armas contra el PP.

Parte de la documentación más comprometida está fuera de España. Luis Bárcenas ha escondido bien sus mejores cartas, no quiere que le pase lo mismo que a Bárbara Rey. Son grabaciones, documentos..., esa “constancia documental” de la que su abogado, Javier Gómez de Liaño, habla a cada ocasión para que entienda quien lo tiene que entender.

Cada declaración que Luis Bárcenas tiene en la Audiencia Nacional es un mal trago para el PP. No sorprende que Rajoy haya guardado la carta del candidato a las europeas para estos días, unas pocas horas antes de una cita judicial que puede dar mucho de sí. No sólo por él, también por ella: serán interrogados ambos, Luis Bárcenas y su esposa. Y como el extesorero del PP debería saber, conviene acudir a esas citas con una mochila con una muda de ropa cómoda, no vaya a ser que alguna de las acusaciones decida pedir el ingreso en prisión.

Si Rosalía va a la cárcel, ¿qué otra cosa tendría Luis Bárcenas que perder?

El Banco Santander no logra localizar información alguna sobre el ingreso de Rosalía Iglesias de un cheque de 149.000 €. Parece que Rosalía y Bárcenas tenían un buen botín… iloveclicks.es

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha embargado a Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, una finca en la urbanización Guadalmina de Marbella (Málaga) denominada 'La Garza' y todos sus productos financieros, entre otros bienes, para hacer frente a los seis millones de euros que podría tener que afrontar en un juicio en concepto de responsabilidad civil.

Así consta en un decreto de embargo dictado por el secretario judicial del juzgado de Pablo Ruz, Javier Ángel Fernández-Gallardo, en el que se ordena embargar “los saldos de las cuentas bancarias de las que sea titular, depósitos bancarios, valores, cajas de seguridad, títulos, acciones o cualquier productos financieros” de que disponga.

También se requisarán los derechos consolidados de su fondo de pensiones en Bankia, un vehículo Smart, un 'dormitorio de mecánico' y un garaje en la finca de Marbella, el 50 por ciento de la vivienda y dos plazas de garaje que comparte con su marido en el municipio de Naut Aran (Lleida), en la estación de esquí Baqueira Beret, y dos plazas de garaje en su domicilio de la calle Príncipe de Vergara de Madrid.

Iglesias, que no se presentó el pasado miércoles al requerimiento que le hizo el secretario judicial por considerar que se trataba de una diligencia “innecesaria y redundante”, y su marido tenían dos planes de pensiones por un importe de 168.669 euros en Bankia, según un auto de Ruz fechado el pasado 10 de julio.

No abonó la fianza

El secretario judicial lleva a cabo el embargo tras constatar que la esposa de Bárcenas no efectuó el depósito de la fianza de seis millones de euros fijada el pasado 31 de julio por el juez Ruz, que reclamó al Punto Neutro Judicial la información correspondiente a su situación económico-patrimonial.

La mujer de Bárcenas está imputada por tres delitos contra la Hacienda Pública por un total de 1.709.569 euros, otro como cooperadora necesaria en el blanqueo de capitales del que se acusa a su marido, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa.

Según un informe de la Agencia Tributaria enviado al juez Ruz en junio pasado, la esposa del extesorero del PP tenía a su nombre tres pisos en Marbella (Málaga) y otro en la localidad granadina de Monachil, en el valle de Sierra Nevada.

Inicio del embargo

El juez Ruz acordó a finales de julio requisar las propiedades inmobiliarias y cuentas de su marido, al no haber podido reunir la fianza de 43,2 millones de euros que le había impuesto.

En concreto, embargó cuentas corrientes de Bárcenas con un saldo de 700.000 euros y las siguientes propiedades: su domicilio familiar y una plaza de aparcamiento en la calle Príncipe de Vergara de Madrid, una vivienda en el barrio de Peñagrande, y el cincuenta por ciento de un chalet y dos plazas de garaje en el municipio de Naut Aran (Lérida), cerca de la estación de esquí de Baqueira Beret.

La Audiencia Nacional ha citado para el próximo miércoles a la mujer del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, antes de proceder al embargo de los bienes que servirían para cubrir la fianza de 6 millones de euros que le fue impuesta en concepto de responsabilidad civil.

El Juzgado Central de Instrucción número 5 ha acordado esta diligencia al haber transcurrido el plazo fijado por el magistrado para que depositara la fianza susceptible de asegurar las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar de los delitos que se le imputan.

El Juzgado ha citado a Rosalía Iglesias para que comparezca personalmente a las 9.00 horas con el fin de que señale en el plazo de tres días los bienes que son susceptibles a embargo.

Iglesias está imputada por un delito contra la Hacienda Pública, otro como cooperadora necesaria en el blanqueo de capitales del que se acusa a su marido, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa.