“Impresentable” y “surrealista”. Las diputadas Silvia Longueira (PSOE) y Olalla Rodil (BNG) se quedaban sin palabras para definir lo vivido este martes en la comisión de control parlamentaria a la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, la antigua CRTVG). Las dos preguntaban a la directora xeral, Concepción Pombo, por qué se había ocultado en los medios públicos la sanción de la Inspección de Trabajo a la empresa de la familia del conselleiro de Emprego por utilizar en la vendimia a migrantes sin papeles. Ambas estaban convencidas –Rodil llegó a repasar las escaletas de los informativos durante los cuatro días siguientes a la exclusiva de elDiario.es– de que no se había informado ni una línea del caso, pero Pombo se guardaba una sorpresa: ocho días después, el informativo matinal le dedicó veinte segundos al final de una crónica. Con esto, consideraba el trabajo hecho. “No hubo silencio ni ocultación”.

“...y ya mañana, en la segunda jornada, en el turno de preguntas al presidente, los grupos de la oposición a buen seguro que aprovecharán esa ocasión para conocer más detalles sobre la situación de una empresa, una pequeña empresa, una bodega de vino que fue multada por no tener en contrato legal a tres trabajadores. ¿La singularidad? Que esa empresa es propiedad de la familia del conselleiro de Emprego”. Así finalizaba el martes 22 de septiembre su crónica el corresponsal parlamentario de la TVG, una crónica en la que, antes, había glosado la nueva ley de Educación Digital o de la comparecencia del conselleiro de Presidencia para hablar del transporte por carretera. La conexión se emitió a las 9:15 de la mañana, en el ecuador del informativo matinal Bos Días.

Aquel día, ninguna de las preguntas de los portavoces de la oposición a Alfonso Rueda trataban sobre la empresa del conselleiro, así que lo sucedido en aquella vendimia ni se mencionó durante una sesión de control centrada en la vivienda y el coste de la vida. Sin embargo, la inclusión con calzador de esa alusión a un caso que una semana antes sí había copado portadas y titulares dio a Pombo la coartada que necesitaba: el asunto, efectivamente, para desesperación de una oposición que no daba crédito a la respuesta, sí se había mencionado en antena.

No faltaron las comparaciones con el seguimiento, “con minuto y resultado” de los casos que acosan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno y que, en los medios públicos gallegos aparecen “hasta en la sopa”. “Pueden discutir la extensión, el momento y el enfoque. Y es legítimo que lo hagan. Lo que no es legítimo es afirmar que no se informó lo más mínimo cuando la información se emitió”, insistió la directora xeral en su turno de réplica, con el convencimiento de quien se ha guardado un as para matar el tres. Hay que reconocer que lo tenía fácil, simplemente, por una cuestion de tiempo.

Seis días después de las preguntas parlamentarias

Nacionalistas y socialistas registraron sus preguntas sobre el tratamiento informativo del escándalo el 16 de septiembre, dos días después de que saliese a la luz y cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, todavía guardaba silencio. No así el conselleiro, José González, quien desde el primer momento salió a responder a las preguntas, desentendiéndose de una empresa con la que dijo haber roto en 2018, cuando entró en el gobierno gallego.

Rodil mostró en la comisión titulares de aquellas jornadas procedentes de una decena de medios, incluidos varios de los editados en Madrid y con línea abiertamente conservadora, “esos con los que abren ustedes [sus informativos]”. En aquellos momentos, tanto la TVG como la Radio Galega guardaban un absoluto silencio. No fue hasta el día 22, cuando la crisis empezaba a apagarse, cuando realizó su única mención, tan desapercibida que, en palabras de Longueira, “no está en el conocimiento del mundo ni de la gente”.

“Cualquier sanción por contratación con irregularidades puede llegar a ser un hecho noticiable, pero no todas trascienden a los medios. En este caso, el hecho de que estuviese vinculada con la familia del conselleiro fue lo que la convirtió en noticiable”, argumentó Pombo, siguiendo la misma línea que la crónica televisiva. “Lo fue, sobre todo, en el ámbito político y parlamentario, y por eso fue ahí donde se trató el tema”.

“Es fascinante. Esta comisión es maravillosa y el mérito es todo suyo”, respondió una incrédula Longueira. “Tiene una capacidad inimaginable para tirar el balón fuera. No sé ni qué decirle”. Un minuto después sí lo supo y fue cuando utilizó el término “impresentable” para dirigirse a Pombo, la misma a la que, apenas unos minutos antes, la presidenta de la comisión, la popular Raquel Arias, se había referido como “profesional independiente de trayectoria intachable” para contraponerla al presidente de RTVE, José Pablo López, “amigo de Pedro Sánchez”.

Para la nacionalista Olalla Rodil, la respuesta de la directora xeral fue, sin embargo, la “mejor prueba” de la intención de la TVG: “tapar la realidad para que los espectadores conozcan la corrupción en Madrid pero que no sepan que a la familia del conselleiro de Emprego lo sancionan por tener trabajando a inmigrantes explotados”.

“Cada cosa que sabemos es más preocupante”. Así ha reaccionado el PSdeG a las nuevas revelaciones de elDiario.es sobre el conselleiro de Emprego, José González, quien sigue siendo el dueño del 39% de Mirador de Banga, una sociedad del sector vitivinícola, ubicada en la misma sede que las empresas del grupo Casal de Armán, incluida Viña Campinas, la filial sancionada por la Inspección de Trabajo por tener trabajando en la vendimia de 2025 a migrantes sin papeles. Desde que este periódico desveló la multa, González ha insistido en que no tiene relación con Casal de Armán, el holding de su familia que abandonó en 2018 al entrar en el gobierno gallego.

En un comunicado, los socialistas exigen que el conselleiro comparezca en el Parlamento y que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “explique también su papel en esta historia” en lugar de “dar el asunto por cerrado para pasar página cuanto antes”. Consideran que los nuevos datos aportados por elDiario.es “desmontan el principal argumento de González” quien “lleva una semana repitiendo que no tiene nada que ver con las empresas de su familia”.

Según la Consellería, Mirador de Banga carece de actividad, pero las cuentas de 2025 “dicen otra cosa”: recogen 250.000 euros en inversiones financieras a largo plazo, “casi el doble de lo que registraba pocos años antes”. La explicación del gobierno gallego “abre aún más preguntas” al justificarlo como la aportación de una viña a otra sociedad “en la que también entraría el conselleiro pero se niega a decir cuál es”. “Un conselleiro que asegura non tener ninguna relación con el mundo del vino resulta que aporta viñas a sociedades que no quiere identificar. Eso es justo lo contrario a la transparencia”, concluyen el PSOE

El conselleiro de Emprego e Emigración de la Xunta, José González, lleva una semana intentando hacer dos cosas imposibles a la vez: asegurar que no tiene relación con las empresas de su familia sancionadas por emplear a trabajadores sin papeles y afirmar, al mismo tiempo, que la honorabilidad de los negocios de sus hermanos (antes lo fueron de su padre y también suyos) no tiene tacha posible. La versión del político que fichó Alberto Núñez Feijóo y mantiene Alfonso Rueda se fundamenta en el argumento de que él no puede conocer cómo se contrata en la bodega familiar a la que Inspección de Trabajo sancionó en septiembre del año pasado, tras localizar a tres migrantes sin papeles de origen africano recogiendo uva en sus viñas. En su relato, González obvia un dato fundamental: a día de hoy posee el 39% de una sociedad que comparte sede con las principales empresas del grupo familiar.

La versión desarrollada en el tiempo por José González es que en 2018 se apartó de los negocios de su familia y de la Bodega Casal de Armán, en cuyas viñas se localizaron a los trabajadores desprovistos de los mínimos derechos laborales y protección ante posibles accidentes.

Seis años después de aquello, en su declaración ante el Parlamento de Galicia tras las elecciones de 2024, González aseguró ser propietario al 39% de la sociedad Mirador de Banga S.L., empresa cuyo objeto social es “la explotación agrícola dedicada a la obtención y comercialización de uva” y que tiene su sede en el mismo domicilio que el resto de las empresas del conglomerado familiar, Casal de Armán y Vina Campinas, salpicadas por la sanción impuesta por Inspección de Trabajo y de la que el conselleiro del ramo dice no saber nada, pese a defender su honorabilidad como sí conociese su día a día.

La empresa de la que el conselleiro sigue siendo propietario en parte (39%) está radicada en Lugar do Coti, Ribadavia (Ourense), un paraje rural de la parroquia de Santo André de ese mismo municipio donde se encuentra el complejo enogastronómico y hotelero de Bodegas Casal de Armán. Es en ese punto en donde los inspectores laborales encontraron a tres trabajadores sin papeles de origen africano recogiendo la uva para la familia del conselleiro.

Un portavoz de la consellería que dirige José González ha asegurado a esta redacción que Mirador de Banga S.L. “es una sociedad sin actividad”. Sus números, sin embargo, indican que no se trata de una sociedad muerta: en sus cuentas de 2025 reconocen inversiones financieras a largo plazo por importe de 250.000 euros, casi el doble de lo que registraba solo unos años antes.

Según la versión de los portavoces del conselleiro de Emprego, esos números se explican por la realización de aportaciones no dinerarias (entrega de una viña) a otra sociedad en cuya propiedad también habría entrado el conselleiro y cuyo nombre no revela. A pesar de todo ello, José González mantiene su argumento de que carece de relación alguna con el mundo del vino.

Sus compañeros de Gobierno en la Xunta han salido a la carrera para dar por buenas sus explicaciones. El primero ha sido Alfonso Rueda, que este mismo lunes ha asegurado en rueda de prensa que aceptaba todas las explicaciones de su conselleiro. Rueda ha desvelado que su subalterno no le informó de la sanción hace un año, sino cuando elDiario.es desveló que esta se había producido. A Rueda ese retraso en la comunicación de los hechos parece no haberle importado demasiado.

El portavoz de Presidencia del BNG en el Parlamento de Galicia, Iago Tabarés, considera “inaceptables” las declaraciones del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en las que dio por “buenas” las explicaciones del conselleiro de Emprego, José González, sobre la sanción que Inspección de Trabajo impuso a una filial de la bodega de su familia, Casal de Armán, tras descubrir a tres migrantes irregulares trabajando en la vendimia.

“El señor Rueda y el PP, que se oponen a la regularización de trabajadores migrantes, mantienen un conselleiro de Emprego e Emigración, cuyo núcleo más directo se beneficia de la contratación irregular de estos trabajadores extranjeros en situación de vulnerabilidad”. Para el diputado nacionalista, “no está en condiciones de exigir el cumplimiento de la legalidad quien no la practica”, asegura en un comunicado.

Tabarés subraya que la consellería de González tiene “precisamente” las competencias en materia de derechos laborales y de política migratoria y de integración sociolaboral de las personas extranjeras en Galicia. Por eso vuelve a reclamarle a Rueda el “cese con carácter inmediato” del conselleiro“.

Señaló que la empresa sancionada, Viña Campinas, pertenece a un entramado societario al que González “ni fue ni parece ser ajeno”; un grupo empresarial que “en múltiples ocasiones se está viendo beneficiado por actuaciones o por la propia pasividad de la Xunta”.

Como ejemplo, el parlamentario aludió a las subvenciones recibidas por el grupo familiar o la continuidad de uso y explotación económica de su salón de eventos, situado en el entorno de la rectoral de San André de Campo Redondo (Ribadavia), una obra declarada “ilegal e ilegalizable” hace más de una década.

El BNG anuncia la presentación en el Parlamento de una batería de iniciativas para exigir a PP y Xunta explicaciones que justifiquen los más de 750.000 euros que las empresas del grupo recibieron del gobierno gallego en los últimos años, así como por la demora en los trámites para la demolición del salón de eventos gestionado por Bodegas Casal de Armán, “vinculada al conselleiro”. González afirma haber abandonado todas las sociedades del grupo en 2018, cuando fue nombrado conselleiro. “Yo no soy socio, es de mi familia, yo no participo en la gestión ni, por supuesto, en la organización, ni en la contratación de los trabajadores de la empresa”, respondió tras conocerse el escándalo.

UGT: “Se están dando explicaciones”

“Tendrá que aclararse, pero se están dando explicaciones”. Cristóbal Medeiros, secretario xeral de UGT —el único de los grandes sindicatos gallegos que no abandonó el diálogo social después de que la Xunta presentase su plan contra las bajas— ratifica que va “va a continuar” tras la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo a la bodega de la familia de González. En declaraciones a Europa Press, rechazó valorar si los argumentos esgrimidos por el titular de la consellería y por la propia empresa son o no son suficientes. Frente al a postura de la primera central de Galicia, la CIG, que reclamó el cese del conselleiro, Mediros consideró que eso “no compete a un sindicato”.

Apostando por ser “prudente”, reivindica que, “como organización sindical, UGT va a defender siempre el cumplimiento de la legalidad y los derechos de los trabajadores”, pero apela, a renglón seguido, que en este caso “hay una inspección y hay una sanción”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado este jueves que da por “buenas” las explicaciones del conselleiro de Emprego, José González, sobre la sanción impuesta a la bodega de su familia por la situación irregular de dos trabajadores extranjeros, y también ha defendido la “legalidad” de las ayudas otorgadas por la administración autonómica a ésta y al resto de empresas. Desde que, el lunes, una investigación de elDiario.es desveló la noticia, Rueda había guardado silencio sobre este asunto, lo que llevó a la oposición a acusarlo de estar “escondido”.

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press tras participar en el acto de inauguración del centro de la empresa BorgWarner en Nigrán (Pontevedra), el presidente de la Xunta ha subrayado que “cuando ocurren este tipo de situaciones, siempre se pide que se den explicaciones y yo entiendo que es lógico. Y esas explicaciones se dieron. Por tanto, ahí están”, ha señalado antes de afear a los grupos de la oposición que, tras exigir esas explicaciones, ahora “les siguen sin valer”, y prefieren “seguir haciendo ruido”.

Según Rueda, la polémica en torno a lo ocurrido en la empresa de la familia del conselleiro de Emprego “era un tema que había que explicar”, pero ha insistido en que “las explicaciones fueron dadas”. “Y, por supuesto, las doy por buenas”, ha zanjado.

Con respecto a las ayudas recibidas por la bodega y otorgadas por la Consellería do Medio Rural después de que la empresa ya hubiera sido sancionada por Inspección de Trabajo, que suman más de 760.000 euros (según ha avanzado Nós Diario), el presidente de la Xunta ha garantizado que “todas las ayudas de la Xunta de Galicia se dan cumpliendo la legalidad”.

“Por lo tanto, si a esta empresa, como otras muchas, le correspondía, pues bien dadas estarán, y cuando no corresponden, no se otorgan. Si están otorgadas es porque procedía”, ha aseverado Alfonso Rueda.

“Creo que expliqué suficientemente los hechos y remito cualquier aclaración a lo que diga la empresa, que supongo que algo también explicará”. En declaraciones a elDiario.es, el conselleiro de Emprego, José González, pasaba este miércoles la pelota a la bodega de su familia, Casal de Armán, para que fuera ella la que aclarase las dudas que todavía planean sobre las circunstancias de la multa impuesta por Inspección de Trabajo a una de sus filiales, Viña Campinas, después de descubrir a migrantes sin papeles trabajando en la vendimia. Esa misma tarde, actuando de forma coordinada, el gerente de Casal de Armán colgaba un vídeo en Instagram para dar su versión de los hechos. “En estos tiempos de bulos y relatos interesados quisimos que tuvieras de primera mano toda la información”, asegura Nolo Giráldez. En la grabación desveló que los irregulares descubiertos por la Inspección fueron tres y no dos como se pensaba hasta ahora pero mantuvo oculto uno de los datos fundamentales de todo este escándalo: el nombre de la empresa de trabajo temporal a la que señalan como responsable de la contratación de los temporeros.

“Puede que en las últimas horas hayas escuchado hablar de nosotros. Quédate un minuto conmigo y te doy todos los datos”. Como si fuese un creador de contenidos profesional, Giráldez lanza el cebo. El rótulo lo identifica como gerente de Viña Campinas, cuando en realidad lo es de toda la bodega y no sólo de la filial encargada de gestionar los viñedos. “En la vendimia de 2025 tuvimos que incorporar trabajdores temporales, una práctica habitual en nuestro sector para atender las demandas de la campaña. Para ello, recurrimos a ETT y empresas especializadas en trabajos agrícolas. Como siempre, solicitamos el listado nominal de los trabajadores que iban a prestar los servicios en nuestros viñedos. También la documentación que acreditaba su contratación y alta en la seguridad social”.

Tras el contexto, Giráldez llega a la parte central de los hechos: “Una inspección de trabajo hecha el 9 de septiembre del año 2025 comprobó que la identidad de tres de las personas contratadas a través de la ETT no coincidía con el listado facilitado previamente por ésta”. Insiste en que, “desde que fuimos conocedores de esta circunstancia pusimos una denuncia ante la Guardia Civil por presunta suplantación de identidad” y, como el propio conselleiro, trata de quitar hierro a lo que González definiese como “desgraciado incidente”: “La Inspección consideró que Viña Campinas incurrió en responsabilidad por la presencia de estos trabajadores en el viñedo. Por eso, aplicó una sanción administrativa en el grado mínimo y en la cuantía legal más baja. También hizo constar expresamente que no concurrían agravantes”.

El gerente de la empresa afirma que, tras pagar la multa, introdujeron “mejoras” en los protocolos para este tipo de contrataciones: “Incorporamos un contraste presencial de las identidades de los trabajadores para cotejar con el listado previamente enviado por la ETT”. Dicho en otras palabras, reconoce que han empezado a controlar que la documentación aportada por sus temporeros corresponda con su identidad real, tal y como les obliga la ley.

“Hasta aquí las explicaciones”, finaliza Giráldez antes de afirmar que quisieron ofrecer “de primera mano toda la información” como respuesta a tiempos de bulos y relatos interesados“. Mientras, elDiario.es sigue a la espera de respuesta a las preguntas enviadas a Casal de Armán después de que el conselleiro remitiese a la bodega ”cualquier aclaración“. La bodega sigue sin desvelar la identidad de la ETT que les surte de operarios ni muestra la denuncia que dicen haber presentado ante la Guardia Civil en el momento en el que la inspección de trabajo les pilló con trabajadores de origen africano desprovistos de la documentación y permisos que les permitan ejercer su labor y disfrutar el amparo a sus derechos.

De perfil discreto y sin grandes apuros en su mochila –y eso que le tocó lidiar, desde Medio Rural, con alguna de las peores oleadas de incendios–, el conselleiro José González seguía siendo un gran desconocido para los gallegos tras ocho años en la Xunta. Ahora, el responsable Empleo y Emigración tiene sobre él todos los focos después de que Inspección de Trabajo sancionase a la bodega de su familia –de la que él fue socio hasta entrar en la Xunta, en 2018– por tener trabajando en la vendimia a dos inmigrantes sin papeles, contratados a través de la ETT “habitual”. Empleo, Emigración y Medio Rural –su anterior cartera– se juntan en una crisis sobre la que intenta echar tierra pero en la que todavía quedan muchos interrogantes. Empezando por saber...

¿Quién es el conselleiro de Emprego?

José González (Ourense, 1970), ingresó en el cuerpo de inspectores de Hacienda con 27 años, mucho antes de heredar, junto a sus hermanos, la bodega familiar. En 2016, llegó al Parlamento como diputado raso y solo dos años después ya era conselleiro de Medio Rural. El detonante de su despegue, la presidencia de la comisión creada tras los incendios del otoño de 2017, donde el fuego llegó a correr por las calles del centro de Vigo. El dictamen, muy crítico con la propia Xunta, le granjeó enemistades en el partido pero hizo que Feijóo se fijase en él y lo incorporase a su gobierno. Tras ganar sus primeras elecciones, Alfonso Rueda lo desplazó a Emprego.

Su sucesora, María Jose Gómez –protegida de la presidenta provincial y alcaldesa de Lugo, Elena Candia, curiosamente más próxima a Feijóo que a Rueda– guardó en el cajón o “reformuló” algunas de sus medidas estrella, como la anunciada ley de incendios, que sigue en el limbo. Con ella pretendía poner el colofón a un sistema que se basaría, por primera vez, más en la prevención que en la extinción.

¿Cuál es la ETT que contrató a los trabajadores sin papeles?

Ni la bodega Casal de Armán ni el propio conselleiro –que dice limitarse a repetir lo que le contaron en el “ámbito familiar”– han identificado a la ETT a la que responsabilizan de haber llevado a sus viñas de Ribadavia (Ourense) a los dos migrantes en situación irregular. Es la ETT “con la que tratan habitualmente”, afirmó González mientras defendía la “honorabilidad” de la empresa de sus hermanos.

Sin embargo, Trabajo no multó a la ETT sino a una filial de Casal de Armán, Viña Campinas S.L., la encargada de gestionar los viñedos. Lo hizo, según la empresa, porque “aunque la contratación de ese personal fue realizada por la ETT, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que le realizó el encargo”. La ley 14/1994 que regula las empresas de trabajo temporal ya recoge en su artículo 16.2 que “la empresa usuaria es responsable de la protección en materia de seguridad y salud laboral”.

¿Por qué se denunció a los migrantes?

Casal de Armán y González esgrimen, como prueba de que no existió intención de fraude, la denuncia presentada ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –la Guardia Civil, aclara el conselleiro– cuando conocieron los hechos. Sin embargo, la demanda no es contra la tantas veces mencionada ETT, como responsable de la contratación, sino contra los migrantes en situación irregular que supuestamente se han hecho pasar por otras personas que sí tenían los papeles en regla. Si son declarados culpables de usurpación del estado civil, que es como se encuentra tipificado en el Código Penal, podrían afrontar penas de cárcel de 6 meses a 3 años.

¿Se esconde Alfonso Rueda?

Eso dice la oposición, porque el presidente de la Xunta no ha abierto todavía la boca sobre el “desgraciado incidente”, como definió González lo sucedido en Casal de Armán. Desde la publicación de la noticia por elDiario.es en la noche del lunes, Rueda ha seguido protagonizando actos públicos: el martes visitó la ampliación de una depuradora en Padrón y el miércoles participó en el 50 aniversario del Centro Príncipe Felipe de Pontevedra, donde se atiende a menores en riesgo de exclusión. En ninguno de ellos hizo declaraciones más allá de la intervención protocolaria.

El único miembro del gobierno gallego que ha hablado es el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, número dos de facto del ejecutivo, que ha dado por buenas las explicaciones de González. Este, mientras, ha evitado aclarar si cuenta con el apoyo del presidente: “Pertenece al ámbito privado de nuestras conversaciones”.

¿Tiene Casal de Armán un salón de eventos ilegal?

Sí, desde el año 2015, cuando el hoy conselleiro todavía era uno de los socios de la empresa. Se trata de una estructura próxima a la antigua casa rectoral de Santo André de Campo Redondo, en Ribadavia, un edificio protegido por Patrimonio donde la Xunta, en 2019 –siendo ya González responsable de Medio Rural– abrió el Museo do Viño de Galicia. Desde entonces, los diversos intentos de demolerlo –como ha informado ampliamente Praza.gal– se han visto retrasados una y otra vez, en parte por el retraso de la Consellería de Cultura para responder a los recursos. El último, si una vez derribado, en el espacio habría que plantar viñas o se podría instalar una zona ajardinada. Mientras los despachos ralentizan la piqueta, Casal de Armán ha seguido explotando comercialmente la edificación.

¿Qué otros frentes abiertos tiene González?

La gestión de González en Emprego pasaba sin pena ni gloria hasta que la Xunta, con él como mascarón de proa, hizo bandera de la lucha contra el absentismo laboral, una categoría en la que el ejecutivo autonómico equiparaba –aunque después se ha venido esforzando en tratar de diferenciarlo– las ausencias injustificadas con las bajas e incapacidades. Fue ese espíritu el que hizo que dos de los principales sindicatos gallegos –el mayor, la CIG, y CCOO– se negasen a participar en una mesa de diálogo e hicieron que UGT se quedase sola con la patronal y una Xunta que ahora insiste, con poco éxito, en que el futuro decreto no busca “demonizar” a los trabajadores.

Los partidos de la oposición en Galicia consideran insuficientes las explicaciones dadas hasta el momento por la Xunta tras conocerse que la bodega de la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, contrató a dos migrantes sin papeles para la vendimia de 2025 y dirigen su mirada también hacia el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda. El BNG lo acusa de estar “escondido” por no haber respondido a ninguna pregunta ni haberse pronunciado en público sobre el asunto y el PSdeG le pide que aclare si conocía la situación de la empresa de la familia de González.

La líder del BNG, Ana Pontón, calificó de “auténtico escándalo” que la empresa familiar del conselleiro que está encargado de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y que lleva las políticas sobre personas migrantes haya sido sancionada por contratar a dos sin papeles para la vendimia de 2025. Considera que es “gravísimo” el hecho en sí, pero también que el conselleiro “pretenda echarles la culpa a esos trabajadores”, algo que tacha de “obscenidad”. Se refiere a que, González señaló en sus declaraciones a una empresa de trabajo temporal (ETT) por proporcionar a estos trabajadores para la vendimia de la bodega, Casal de Armán, y aseguró que la denuncia que la empresa de su familia interpuso es por “usurpación de identidad” contra estos temporeros, no contra esa ETT.

“La pregunta que me hago es dónde está el señor Rueda, que está escondido y no dice nada de este tema”, agregó Pontón, que le ha exigido que tome una decisión: “O avala este comportamiento o procede al cese de un conselleiro que, desde nuestro punto de vista, está inhabilitado de facto para su cargo”. También cargó contra la postura en contra del PP con la regularización de migrantes: “Sabemos que, para el PP, los inmigrantes hay que tenerlos de manera irregular para poder explotarlos”.

Por su parte, el PSdeG ha registrado una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia que incluye varias preguntas sobre las ayudas públicas recibidas por la empresa familiar del conselleiro desde 2009 y una petición para que comparezca en la Cámara autonómica. Las explicaciones dadas hasta ahora, dicen los socialistas, son insuficientes. La diputada Carmen Rodríguez Dacosta recuerda que, aunque González y la bodega familiar atribuyen la responsabilidad a la ETT, la Inspección de Trabajo dirigió su actuación contra una empresa del grupo de la familia.

En el Parlamento, recalcó Rodríguez Dacosta, “no se le pregunta como hermano, sino como conselleiro de Emprego”. En las preguntas registradas en PSdeG pide saber la calificación de las infracciones y la cuantía de la sanción, además de la fecha en la que el conselleiro tuvo conocimiento de la actuación de la Inspección y si informó al presidente de la Xunta de lo ocurrido. “Primero pedimos explicaciones. Si las que dé en el Parlamento no convencen, exigiremos responsabilidades”, dijo la diputada.

El conselleiro de Emprego, José González, defendió este martes la “honorabilidad” de Casal de Armán, la bodega de su familia, tras la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo al descubrir a dos inmigrantes sin papeles trabajando en la vendimia, tal y como adelantó elDiario.es. González culpó de la situación a la empresa de trabajo temporal con la que trabajan habitualmente, pese a que la multa le fue impuesta a Viña Campinas, una filial del grupo que dirigen sus hermanos y que él mismo abandonó en 2018 para tomar posesión de su cargo en el gobierno gallego.

En una visita al parque empresarial de San Cibrao das Viñas (Ourense), el conselleiro consideró que ese “desgraciado incidente” se debe al “error” de “confiar en que las personas contratadas, o puestas a disposición, a través de una empresa de trabajo temporal con la que se habla habitualmente tengan los papeles en regla”.

“Aunque la contratación de ese personal fue realizada por la ETT, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que le realizó el encargo”, habían explicado a elDiario.es los responsables de Casal de Armán, quienes llegaron a asegurar que, cuando tuvieron conocimiento de las irregularidades, presentaron una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, se negaron a proporcionar una copia del documento a esta redacción. Este martes, González ha explicado que la denuncia, por “usurpación de la identidad” se interpuso contra los temporeros, “no contra la ETT”. Para él, esa querella “acredita claramente que no había intención de fraude ni había conocimiento previo de la situación”.

Sin embargo, en su respuesta oficial, la Xunta no se suma a esa estrategia de desviar el foco. A través de un portavoz, afirmó por escrito a las preguntas de elDiario.es que el ejecutivo autonómico “como no puede ser de otra manera, aboga por el cumplimiento de las condiciones laborales en cualquier actividad que se desarrolle en Galicia y, evidentemente, también durante la vendimia”. Añadió que “cualquier trabajador que desarrolle su actividad en Galicia tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social y, por tanto, las empresas deben cumplir todos los requerimientos en materia de contratación”.

A preguntas de los periodistas, González también argumentó que Trabajo impuso la sanción “en su grado mínimo” y “en la cantidad legalmente mínima” ya que “no apreciaba circunstancias agravantes”. “Quiero defender la honorabilidad de la empresa y, por supuesto, también de mi familia”, manifestó el conselleiro, tras insistir en que él ya no tiene vinculación con Casal de Armán, el grupo que los tres hermanos heredaron de su padre. “No soy socio, es de mi familia, no participo en la gestión, ni por supuesto en la organización ni en la contratacion de los trabajadores”.

Les alarmes de Mohamed Alami Battahi van començar a sonar amb molta força el matí de primavera en què va veure que la cua de l'oficina d'atenció ciutadana arribava fins a la porta del seu despatx. Dos-cents metres plens d'històries que li resultaven massa familiars per romandre indiferent. Pere Garau bullia. En un dels barris més multiètnics de Palma, gairebé qualsevol podia sentir-se interpel·lat per la regularització que acabava de decretar el Govern d'Espanya.

Aquest procés extraordinari ha concentrat en tot just dos mesos la feina que l'advocat Alami pensava desenvolupar al llarg, potser, del seu primer any com a professional liberal. Va obrir el despatx al gener i el tsunami va arribar a finals d'abril. Diverses desenes de les 15.000 sol·licituds de residència que s'han tramitat a les Illes Balears han passat per les mans d'aquest jove mallorquí –de la quinta del 99– amb avis a la medina imperial de Fes. Prefereix no revelar les seves tarifes, però reconeix que són més econòmiques que les d'altres gestories. El tema li toca molt de prop. Quan tenia cinc anys, el seu pare va ser contractat per donar forma als interiors d'una mansió que s'estava construint a Artà. Un cop acabada la feina, aquell mestre d'obres va decidir quedar-se en aquest poble del nord-est de l'illa i reagrupar-hi la família. En Simo –el diminutiu amb què el coneixen a casa– va aterrar a l'aeroport de Son Sant Joan amb l'edat justa per començar l'escola. A l'escola pública Na Caragol va aprendre a parlar català, la mateixa llengua en què confessa:

–A més d'advocat, al cap i a la fi, jo també som un immigrant. Mai no he sentit què és estar en situació irregular, però he conegut gent que, uf, tenia por de sortir al carrer. A Son Gotleu, cada dos per tres, hi havia batudes per demanar la documentació. Estàs prenent un cafè després de nou hores a l'obra i et demanen el carnet perquè només per la teva cara saben si ets regular o irregular. Ara s'han calmat una mica, però fa uns anys era horrible...

Estàs prenent un cafè després de nou hores a l'obra i et demanen el carnet perquè només per la teva cara saben si ets regular o irregular. Ara s'han calmat una mica, però fa uns anys era horrible

Mohamed Alami Battahi — Advocat

El cartell de ‘tancat’

És dimarts, 30 de juny de 2026. Passades les onze del matí, a l'advocat Alami li costa acabar les frases. Encara que el despatx sigui tancat, cada dos, tres o cinc minuts com a màxim apareix algú amb ganes d'obrir-lo. Normalment, hòmens magribins de mitjana edat. L'advocat treu la clau i, amb la porta mig oberta, xiuxiueja una excusa. Una excusa que no admet rèplica: l'“avui ja no fem feina” va rematat amb un “yallah”, un “vamos” i un “d'accord”. Àrab, castellà i francès perquè no hi hagi cap dubte que la sort de la regularització ja està tirada.

La majoria són clients que esperen amb ànsia una resposta. Amb la documentació en mans de l'Administració, ara a l'advocat Alami li toca esperar i descansar. Més d'una vegada li han tocat les quatre de la matinada davant l'ordinador mentre intentava certificar que les proves que li havien lliurat els seus clients eren verídiques. Tanmateix, ahir vespre va caure rendit abans que el Marroc esclafàs els Països Baixos als setzens de final del Mundial de futbol: “Després me'l posaré a la televisió del despatx... si em deixen”. Alami deixa el comandament a distància amb què remenava els menús buscant el partit en diferit, fa una ganyota i camina cap a la porta. Algú el torna a reclamar. Deixant anar una riallada, diu:

–Fatouch, i si comprem un cartell que hi posi tancat?

Més marroquins que alemanys

A Mallorca hi viuen més marroquins que alemanys. Molts es van establir a Manacor. En aquest poble gran –o ciutat petita– ja hi ha una segona –i una tercera– generació d'una comunitat molt més complexa i diversa del que sembla. Hi ha àrabs i amazics. Alguns tenen, fins i tot, gotes de sang gnawa (subsahariana) o jueva (dels sefardites que es van refugiar al nord d'Àfrica després de l'expulsió dels Reis Catòlics) a les venes.

Tots, tanmateix, són fills i nets d'una mateixa diàspora. Fatouch El Abdaoui n'és una. Aquesta dona va néixer fa vint anys a l'hospital públic que atén els mallorquins que viuen a la comarca de Llevant (i els turistes que la visiten). Després vendrien, sense sortir de casa, l'escola, l'institut i un grau superior d'Administració i Finances que ha acabat. El 16 de juny es va graduar i l'endemà mateix ja recorria els tres quarts d'hora de carretera que separen Manacor de Palma per convertir-se en l'ajudant de l'advocat Alami. A la recta final de la regularització, va aprendre de pressa com s’havia d’afrontar cada cas:

–El més important és empatitzar amb la persona que ve al despatx. Aquí hem rebut gent molt desesperada, que arriba molt trista i, és clar, molt angoixada. Per això preferim dir-los la veritat, encara que els sàpiga greu. Si no són capaços de reunir totes les proves que exigeix el procés, difícilment els donaran la documentació. Però jo els entenc; encara que jo tampoc no les pogués reunir, davant una oportunitat així m'hi llançaria de cap i resaria perquè me'ls concedissin.

Fatouch descriu amb molta eloqüència –i força gràcia– el sentiment de qui no és ni d'aquí ni d'allà. Té cosines a França, a Bèlgica, als Països Baixos i a Alemanya. Les reunions familiars, al voltant d'uns tajins ben carregats de carn, peix o verdures, són una autèntica torre de Babel. En un racó es parla en francès; en un altre, en alemany. Entremig s'hi cola el castellà. I, si hi ha dubtes, sempre tenen la dàrija, l'àrab que es parla al Marroc.

–És la llengua que fem servir al despatx perquè en Simo parla l'àrab de Fes, que a noltros ens sona molt fi, i el meu, en canvi, a ell li sembla molt dur, molt aspre. Amb la meva família encara podria ser més divertit –riu na Fatouch–, perquè venim d'un llogaret envoltat de pobles on es parla rifeny; per això també l'entenem, tot i que no el parlem.

El llinatge El Abdaoui prové de la província de Driouch, prop de Nador. Una zona castigada per les guerres colonials contra espanyols i francesos fa un segle, i per la marginació i la repressió de la monarquia alauita en èpoques més recents. L'esperit rebel i independentista dels germans Abd el-Krim no s'ha extingit del tot al Rif, una terra on el futur és difícil.

–Per què hi ha tants rifenys a l'estranger? –es demana na Fatouch–. Allà, encara que estudiïs una carrera, depens de la sort, i és difícil tenir-ne. Aquí, si t'hi esforces, te'n surts. En la nostra generació, la mentalitat de les dones ja no és casar-me i, en deu anys, tenir set fills que caldrà mantenir. Gairebé totes les dones de la meva família han estudiat una carrera: Dret, Periodisme, Història de l'Art... Potser per això, al Marroc em sento europea i, a Europa, marroquina.

Per què hi ha tants rifenys a l'estranger? Allà, encara que estudiïs una carrera, depens de la sort, i és difícil tenir-ne. Aquí, si t'hi esforces, te'n surts. En la nostra generació, la mentalitat de les dones ja no és "em cas i, en deu anys, tenc set fills que hauré de mantenir". Gairebé totes les dones de la meva família han estudiat una carrera: Dret, Periodisme, Història de l'Art... Potser per això, al Marroc em sento europea i, a Europa, marroquina

Fatouch El Abdaoui — Ajudant de l'advocat

Química entre l'Amèrica Llatina i el Magrib

Un “amic veneçolà” va parlar a na Giselle Lor del despatx de l'advocat Alami. Com que aquesta dona equatoriana vivia “a tres illes de cases”, va aconseguir una cita i hi va anar per explicar la seva situació. Feia un any i mig que estava empadronada a Palma, on ja vivia una germana seva; tenia una filla i un fill escolaritzats, i volia regularitzar la seva situació legal per poder signar un contracte de feina en condicions. I hi va haver química. “N'estic molt contenta. Hi vaig veure professionalitat, no interès econòmic. No em va demanar diners per avançat ni res; ‘quan ja tenguis la documentació presentada, ja em pagaràs’”, em va dir. “Tenc molts clients equatorians i colombians: és molt fàcil treballar amb ells. Solen ser persones tranquil·les i confien molt en tu. Tot depèn de com sigui de fàcil demostrar que ja vivien aquí abans de l'1 de gener i d'aconseguir certificats d'antecedents penals que siguin vàlids. Amb ella ha estat senzill”, li respon ell.

Ara, na Giselle és una de les 360.000 persones –una mica més d'una quarta part del total de sol·licitants– que ja saben que la seva sol·licitud està en tramitació. Encara que no sigui una victòria definitiva, la seva vida ha fet un tomb de cent vuitanta graus.

–Llavors, ja has començat a fer feina? –li demana l'advocat Alami.

–Estic fent un curs d'ungles i, mentre el faig, treballo a l'hostaleria. Just fa vuit dies que faig net un hotel de cinc estrelles.

–Saps que jo vaig començar fent de grum? Mentre estudiava Dret a la Universitat de les Illes Balears, treballava els estius en un agroturisme.

–Jo començ des de baix i, en el futur, vull ser governanta, però primer he de ser exemplar. Entendre com s'ha de fer bé la feina, quins productes de neteja he d'utilitzar en cada cas i com s'han de deixar les habitacions.

–Has parlat amb la teva família de l'Equador per dir-los que han admès a tràmit la sol·licitud?

–La meva mare estava molt contenta, tot i que sap que encara hem d'esperar la resolució definitiva. Tan aviat com la tingui, esper poder viatjar. Per això mateix vaig buscar feina als hotels. Quan s'acaba l'estiu et donen uns dies de vacances i també la liquidació, perquè puguis mantenir-te.

–I els teus fills, com porten això de ser mallorquins?

–Com que em tenen a mi aquí i també la seva tia, no ho troben gaire a faltar. Hauria estat diferent si haguessin arribat adolescents, perquè els adolescents ja entenen moltes més coses. Ells encara són petits, tenen set i deu anys, obliden de pressa i estan contents a l'escola. Tenen companys espanyols, llatinoamericans i xinesos. Ara es troben una nina o un nin i, al cap d'un minut, ja són amics.

La Giselle sí que troba a faltar els encocados o els ceviches que es mengen a Manta, el port del Pacífic d'on és originària. Però l'enyorança té un límit, i aquest límit el marca l'estat del benestar. Uns drets que, segons ella, “aquí” (Espanya) estan molt més consolidats que “allà” (l'Equador). “El que més m'agrada d'aquí és la seguretat: cadascú té el seu espai i no es fica en la vida de ningú. Allà no pots estar tranquil pel carrer” o “aquí no t'has d'endeutar per poder curar-te; allà has d'escollir entre la medicina o el menjar: aquestes circumstàncies fan baixar l'economia i la gent és capaç de matar per 50 o 100 euros” són algunes de les frases que diu na Giselle abans de marxar del despatx de l'advocat Alami. Ha tornat, senzillament, per donar-li les gràcies una altra vegada.

La Giselle és una de les clientes de l'advocat Alami. Ha passat pel despatx només per donar-li les gràcies una altra vegada. “El que més m'agrada d'aquí és la seguretat: cadascú té el seu espai i no es fica en la vida de ningú. Allà no pots estar tranquil pel carrer”, comenta l'equatoriana

Una persona, dos identitats

Entre la fotografia de la seva graduació i l'orla de la seva promoció universitària, l'advocat Alami ha col·locat dues banderetes a la prestatgeria del seu despatx. Són petites, de la mida de les que onegen damunt les taules de les cimeres internacionals. En una hi ha l'estrella de Salomó, cinc puntes verdes sobre fons vermell. En l'altra, els lleons, les columnes, el Plus Ultra, una corona i una flor de lis, i a sota el castell, el lleó, la quatribarrada i les cadenes navarreses. El Marroc i Espanya, les dos identitats d'un professional del Dret que, fa tot just un any, va decidir transformar la seva carrera de manera radical. L'advocat Alami vivia a Madrid i treballava per a una companyia internacional d'aviació privada. Feia una feina d'alt nivell que, tanmateix, no l'omplia. Quan va saber que no podria teletreballar durant els mesos d'estiu des de Mallorca, ho va passar malament. Per sortir de la depressió i sentir-se útil, va decidir tornar a l'illa amb tota l'experiència adquirida. Llavors va fundar un despatx per assessorar –jurídicament i administrativament– particulars, autònoms i empreses.

Pensava que aquesta seria la seva activitat principal, fins que al compte d'Instagram del despatx va haver d'escriure –en castellà i en àrab– el missatge següent: “S'ha anunciat una nova regulació que obrirà pròximament la possibilitat de regularitzar la situació a Espanya per a determinats perfils. Analitzam la teva situació i et preparam amb antelació perquè, quan el procediment estigui operatiu, puguis iniciar l'expedient sense retards. Contacta amb noltros i estudiarem el teu cas”. En un dels comentaris d'aquella publicació, va respondre amb elegància a una persona que l'acusava d'“ajudar” el PSOE a aconseguir “votants”: “La nostra funció és assessorar d'acord amb la normativa vigent. Les valoracions polítiques queden fora del nostre àmbit. Una salutació!”

–La regularització extraordinària s'ha fet de manera lògica?

–La realitat de Barcelona o de Madrid no la conec de primera mà; sé coses pels companys que hi tenc, però no les he viscudes. A Mallorca crec que hem estat afortunats i a les administracions públiques se'ls ha de dir “bravo”. És normal que, al principi, a les oficines d'atenció ciutadana no tinguessin clar què havien de fer, perquè tots ens vam assabentar pel BOE que, en molts casos, calia demanar un informe de vulnerabilitat. Però després han treballat molt, ràpid i bé. Igual que la Policia Nacional. Un deu per a ells.

–Per què genera tanta por que es donin papers a centenars de milers de persones que ja viuen a Espanya?

–Ens fixem molt en Donald Trump i en l'ICE, però aquí a Europa, a Bèlgica, per exemple, aproven expedients d'expulsió en només una setmana. En canvi, Espanya és molt més garantista. Si presentes una sol·licitud i te la deneguen, potser, a la llarga, t'estàs posant en un problema. Em fa gràcia que es vengui –o que alguns pens–in que els papers els regalen perquè sí. El procés és molt estricte i, almenys aquí, hem hagut de dir a diverses persones que no les podíem representar perquè no complien els requisits. Fins i tot a gent de qui ens refiàvem, però que, per mala sort, no tenia un certificat d'empadronament que demostrés el temps que feia que vivia aquí. El meu consell és molt clar: igual que s'ha aprovat un decret per regularitzar, també se'n pot aprovar un per expulsar.

Ens fixam molt en Donald Trump i en l'ICE, però aquí a Europa, a Bèlgica, per exemple, aproven expedients d'expulsió en només una setmana. En canvi, Espanya és molt més garantista

Mohamed Alami Battahi — Advocat

–Té recorregut la maniobra del Tribunal Suprem per frenar la regularització a la Unió Europea?

–S'escapa dels meus coneixements, però crec que és una estratègia encoberta per frenar una realitat que no podem negar. Ens agradi més o menys, a Europa fa falta molta mà d'obra i un bon nombre de les persones que han sol·licitat la residència ja estan treballant. En negre, evidentment, una realitat que a Mallorca no és gens difícil de veure (i que a determinats empresaris els va d'allò més bé).

Ens agradi més o menys, a Europa fa falta molta mà d'obra i un bon nombre de les persones que han sol·licitat la residència ja estan treballant. En negre, evidentment, una realitat que a Mallorca no és gens difícil de veure (i que a determinats empresaris els va d'allò més bé)

Mohamed Alami Battahi — Advocat

–Quan es parla d'integració, quina importància té l'habitatge?

–És fonamental, perquè la integració necessita temps, i el temps te'l dona el lloc on vius. Amb un contracte i una nòmina de 1.500 o 1.600 euros ho tendran una mica més fàcil per accedir a un habitatge digne (encara que ja sabem quins són els preus de Mallorca). Sempre defensaré que els qui venim de fora som els qui ens hem d'integrar en la cultura del lloc que ens acull, però, alhora, com que tots som descendents d'immigrants, la mescla és inevitable.

–Això mateix ha passat entre els espanyols d'arreu que van venir a viure a una illa turística com Mallorca.

Sempre defensaré que els que venim de fora som els que ens hem d'integrar amb la cultura del lloc que ens rep, però, alhora, com que tots som descendents d'immigrants, la barreja és inevitable

Mohamed Alami Battahi — Advocat

–Et posaré un exemple molt senzill, però que ho explica bé. Vaig tenir una nòvia d'Artà durant cinc anys: es va convertir en una cosa ben normal que els divendres ella vengués a ca meva a menjar cuscús i que els diumenges jo anàs a ca seva a menjar paella.

En aquell moment tornen a trucar a la porta i, aquesta vegada, l'advocat Alami sí que s'aixeca a obrir amb un somriure als llavis. És un amic que ha vingut a veure'l.

–De Son Gotleu, farmacèutic i, com noltros, marroquí.

Las alarmas de Mohamed Alami Battahi empezaron a sonar con mucha fuerza la mañana de primavera en la que vio que la cola de la oficina de atención ciudadana llegaba hasta la puerta de su despacho. Doscientos metros repletos de historias que le resultaban demasiado familiares como para permanecer indiferente. Pere Garau bullía. En uno de los barrios más multiétnicos de Palma, casi cualquiera podía sentirse interpelado por la regularización que acababa de decretar el Gobierno de España.

Ese proceso extraordinario ha concentrado en apenas dos meses el trabajo que el abogado Alami pensaba desarrollar a lo largo, quizás, de su primer año como profesional liberal. Abrió la oficina en enero y el tsunami llegó a finales de abril. Varias decenas de las 15.000 solicitudes de residencia que se han tramitado en las Illes Balears han pasado por las manos de este joven mallorquín —de la quinta del 99— con abuelos en la medina imperial de Fez. Sus tarifas prefiere no desvelarlas, pero reconoce que son más baratas que en otras gestorías. El tema le toca muy de cerca. Cuando él tenía cinco años, a su padre lo contrataron para darle forma a los interiores de una mansión que se construía en Artà. Completado el encargo, aquel maestro de obra decidió quedarse en este pueblo del noreste de la isla y reunificar a la familia. Simo —el diminutivo por el que conocen en su casa al abogado Alami— aterrizó en el aeropuerto de Son Sant Joan con edad para empezar la escuela. En el colegio público Na Caragol aprendió a hablar catalán, la misma lengua en la que confiesa:

–Además de abogado, yo, al final, también soy un inmigrante. Nunca he sentido lo que es estar de forma irregular, pero he tenido gente que, uf, tenía miedo de salir a la calle. En Son Gotleu, cada equis, había redadas para pedir documentación. Estás tomando un café después de nueve horas en la obra y te piden el carné porque solo por tu cara saben si eres regular o irregular. Ahora se han calmado un poco, pero hace unos años era horrible…

Estás tomando un café después de nueve horas en la obra y te piden el carné porque sólo por tu cara saben si eres regular o irregular. Ahora se han calmado un poco, pero hace unos años era horrible

Mohamed Alami Battahi — Abogado

El cartel de cerrado

Es martes, 30 de junio de 2026. Pasadas las once de la mañana, al abogado Alami le cuesta terminar las frases. Aunque el despacho esté cerrado, cada dos, tres, cinco minutos como máximo, aparece alguien con ganas de abrirla. Normalmente, hombres magrebíes de mediana edad. El abogado quita la llave y, con la puerta entreabierta, susurra una excusa. Que no admite réplica: el “hoy ya no trabajamos” va rematado de un “yallah” y un “vamos” y un “d’accord”. Árabe, castellano y francés para que no quepa duda de que la suerte de la regularización ya está echada.

La mayoría son clientes que esperan con ansia una respuesta. Con los documentos en manos de la Administración, al abogado Alami ahora le toca esperar y descansar. Más de una vez le dieron las cuatro de la madrugada delante del ordenador mientras trataba de certificar que las pruebas que le habían entregado sus clientes eran verídicas. Sin embargo, anoche cayó rendido antes de que Marruecos machacara a los Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial de fútbol: “Luego me lo pondré en la tele del despacho... si me dejan”. Alami suelta el mando a distancia con el que trasteaba por un menú en busca del partido en diferido, pone una mueca y camina hacia la puerta. Alguien vuelve a reclamarlo. Soltando una carcajada, dice:

–Fatouch, ¿y si compramos un cartel que ponga cerrado?

Más marroquíes que alemanes

En Mallorca viven más marroquíes que alemanes. Muchos se establecieron en Manacor. En este pueblo grande –o ciudad pequeña– ya existe una segunda —y una tercera— generación de una comunidad mucho más compleja y diversa de lo que parece. Hay árabes y bereberes. Algunos tienen, incluso, gotas de sangre gnawa (subsahariana) o judía (de los sefardíes que se refugiaron en el norte de África tras la expulsión católica) en las venas.

Todos, sin embargo, son hijos y nietos de la misma diáspora. Fatouch El Abdaoui es una de ellas. Esta mujer nació hace veinte años en el hospital público que atiende a los mallorquines que viven en la comarca de Llevant (y a los turistas que la visitan). Luego vendrían, sin salir de casa, el colegio y el instituto, y un grado superior de Administración y Finanzas que acaba de terminar. El 16 de junio se graduó y al día siguiente ya recorría los tres cuartos de hora de carretera que separan Manacor de Palma para convertirse en la ayudante del abogado Alami. En la recta final de la regularización, aprendió rápido cómo había que afrontar cada caso:

–Lo importante es empatizar con la persona que viene al despacho. Aquí hemos recibido a gente muy desesperada, que viene muy triste y, por supuesto, agobiada. Por eso, preferimos decirles la verdad, aunque les siente mal. Si no son capaces de reunir todas las pruebas que exige el proceso, difícilmente les van a dar la documentación. Pero yo les entiendo, aunque yo no las pudiera reunir, ante una oportunidad así me metería de sopetón y rezaría para que me las dieran.

Fatouch describe con elocuencia —y bastante gracia— el sentimiento de quien no es ni de aquí ni de allí. Tiene primas en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Alemania. Las reuniones familiares, en torno a unos tajines bien cargados de carne, pescado o verduras, son una Torre de Babel. En una esquina se habla en francés, en la otra, en alemán. En medio se cuela el castellano. Y, si hay dudas, tienen el dhariya, el árabe que se habla en Marruecos. “Es el que usamos en el despacho porque Simo habla el árabe de Fez, que a nosotras nos suena muy pijo, y el mío, en cambio, a él le parece muy duro, muy basto. Con mi familia podría ser todavía más divertido”, ríe Fatouch, “porque venimos de una aldea rodeada por pueblos que hablan rifeño: por eso lo entendemos también aunque no lo hablemos”.

El apellido El Abdaoui procede de la provincia de Driuch, cerca de Nador. Una zona castigada por las guerras coloniales contra españoles y franceses hace un siglo, por la marginación y represión de la monarquía alauita en épocas más recientes. La rebeldía independentista de los hermanos Abd el-Krim no se ha apagado completamente en el Rif, una tierra donde el futuro es arduo. “¿Por qué hay tantos rifeños en el extranjero? —se pregunta Fatouch— Allí, aunque estudies una carrera, dependes de la suerte y es difícil que la tengas. Aquí, si te esfuerzas, sales adelante. En nuestra generación, la mentalidad de las mujeres ya no es me caso y en diez años tengo siete hijos a los que habrá que mantener. Casi todas las mujeres de mi familia se han sacado una carrera. Derecho, Periodismo, Historia del Arte… Quizás, por eso, en Marruecos me siento europea y en Europa, marroquí”.

¿Por qué hay tantos rifeños en el extranjero? Allí, aunque estudies una carrera, dependes de la suerte y es difícil que la tengas. Aquí, si te esfuerzas, sales adelante. En nuestra generación, la mentalidad de las mujeres ya no es 'me caso y en diez años tengo siete hijos a los que habrá que mantener'. Casi todas las mujeres de mi familia se han sacado una carrera. Derecho, Periodismo, Historia del Arte… Quizás, por eso, en Marruecos me siento europea y en Europa, marroquí

Fatouch El Abdaoui — Ayudante del abogado

Química entre Latinoamérica y el Magreb

Un “amigo venezolano” le habló a Giselle Lor del despacho del abogado Alami. Como esta mujer ecuatoriana vivía “a tres cuadras”, consiguió una cita y fue a contar su situación. Un año y medio empadronada en Palma, donde ya vivía una hermana; una niña y un niño escolarizados; ganas de regularizar su situación legal para poder firmar un contrato de trabajo en condiciones. Y hubo química. “Estoy muy en gracia con él. Vi profesionalismo, no interés económico. No me pidió dinero por adelantado ni nada, apenas tengas la documentación metida me pagas”, dice ella. “Tengo muchos clientes ecuatorianos y colombianos: es muy fácil trabajar con ellos. Suelen ser personas relajadas, confían mucho en ti. Todo depende de lo fácil que sea probar que ya vivían aquí antes del 1 de enero y obtener certificados de penales que sean válidos. Con ella, ha sido sencillo”, replica él. Ahora, Giselle es una de las 360.000 personas –algo más de un cuarto del total de solicitantes– que ya saben que su papeleo se está tramitando. Aunque no sea un triunfo definitivo, su vida ha dado un vuelco de ciento ochenta grados.

–Entonces, ¿has empezado a trabajar? –le pregunta el abogado Alami.

–Estoy haciendo un curso de uñas y, mientras lo hago, estoy trabajando en una hostelería. Justo tengo ocho días limpiando un hotel de cinco estrellas.

–¿Sabes que yo empecé de botones? Mientras estudiaba Derecho en la Universitat de les Illes Balears, trabajaba los veranos en un agroturismo.

–Yo voy de abajo y en un futuro quiero ser gobernanta, pero primero tengo que ser ejemplar. Entender cómo se hace bien el trabajo, qué productos de limpieza tengo que utilizar en cada caso, cómo hay que dejar las habitaciones.

–¿Has hablado con tu familia de Ecuador para decirles que han aceptado a trámite la solicitud?

–Mi mamá estaba supercontenta, aunque sabe que tenemos que esperar a la resolución final. No más la tenga, espero viajar. Por eso mismo busqué el trabajo de los hoteles. Se acaba el verano y te dan tu tiempo para que puedas tener vacaciones; y te dan el finiquito, para que te puedas sustentar.

–¿Y tus hijos cómo llevan lo de ser mallorquines?

–Como tienen a la mamá aquí y a la tía, no se extrañan mucho. Habría sido diferente si hubieran llegado de adolescentes porque los adolescentes ya saben lo que son las cosas. Ellos están pequeños, siete y diez años, olvidan pronto, y están contentos en el cole. Tienen compañeros españoles, latinoamericanos, chinos. Ahora se encuentran a una niña o un niño y, al minuto, ya son amiguitos.

Giselle sí echa de menos los encocados o los ceviches que se comen en Manta, el puerto del Pacífico del que procede. Pero la morriña tiene un límite y el límite lo marca el Estado del bienestar. Unos derechos que, según ella, “acá” (España) están mucho más consolidados que “allá” (Ecuador). “Lo que más me gusta de acá es la seguridad: cada uno tiene su sitio y no se mete en la vida de nadie. Allá no puedes estar en la calle” o “acá no tienes que endeudarte para poder sanarte, allá es la medicina o la comida: esas circunstancias hacen bajar la economía y la gente va a matar por 50 ó 100 euros” serán algunas de las frases que diga Giselle antes de marcharse del despacho del abogado Alami. Ha vuelto, simplemente, a darle las gracias de nuevo.

Giselle es una de las clientas del abogado Alami. Se ha pasado por el despacho solo para darle las gracias de nuevo. 'Lo que más me gusta de acá es la seguridad: cada uno tiene su sitio y no se mete en la vida de nadie. Allá no puedes estar en la calle', comenta la ecuatoriana

Una persona, dos identidades

Entre la foto de su graduación y la orla de su promoción universitaria, el abogado Alami ha plantado dos banderitas en la estantería de su oficina. Son pequeñas, del tamaño de las que ondean sobre las mesas de las cumbres internacionales. En una, la estrella de Salomón, cinco puntas verdes sobre fondo rojo. En la otra, los leones, las columnas, el Plus Ultra, una Corona y una flor de lis encima y debajo del castillo, el león, las barras rojas y amarillas, las cadenas navarras. Marruecos y España, las dos identidades de un profesional del Derecho que, hace apenas un año, decidió transformar su carrera. De forma radical.

Alami vivía en Madrid y trabajaba como abogado para una compañía internacional de aviación privada. Labores de alto nivel que no le llenaban. Cuando supo que no podría teletrabajar durante los meses de verano en Mallorca, lo pasó mal. Para curarse de la depresión y sentirse útil, decidió volver a la isla con su experiencia en la maleta. Entonces, fundó una firma para asesorar —en lo jurídico y en lo administrativo— a particulares, autónomos y empresas.

Esa pensaba que iba a ser su actividad principal hasta que en el Instagram de su despacho tuvo que escribir —en castellano y en árabe— el siguiente mensaje: “Se ha anunciado una nueva regulación que abrirá próximamente la posibilidad de regularización en España para determinados perfiles: analizamos tu situación y te preparamos con antelación, para que cuando el procedimiento esté operativo puedas iniciar tu expediente sin retrasos. Contacta con nosotros y estudiaremos tu caso”. En uno de los comentarios de aquel post, corregiría luego con elegancia a una persona que le señalaba de “ayudar” al PSOE a conseguir “votantes”: “Nuestra función es asesorar conforme a la normativa actual. Valoraciones políticas quedan fuera de nuestro ámbito. ¡Un saludo!”

–¿La regularización extraordinaria se ha hecho de forma lógica?

–La realidad de Barcelona o de Madrid no me la conozco, sé cosas por colegas que tengo allí, pero no la he vivido. En Mallorca creo que hemos sido afortunados y a las Administraciones Públicas hay que decirles “bravo”. Es normal que en las oficinas de atención ciudadana no entendieran al principio lo que tenían que hacer porque fue por el BOE como nos enteramos de que había que solicitar en muchos casos un informe de vulnerabilidad, pero luego han trabajado mucho, rápido y bien. Igual que la Policía Nacional. Chapó para ellos.

–¿Por qué suscita tanto miedo que se entreguen papeles a cientos de miles de personas que ya viven en España?

–Nos fijamos mucho en Donald Trump y el ICE, pero aquí en Europa, Bélgica, por ejemplo, aprueba expedientes de expulsión en apenas una semana. España, en cambio, es mucho más garantista. Si solicitas y te deniegan, quizás, a la larga, te estés metiendo en un problema. A mí me hace gracia que se venda —o que algunos piensen— que los papeles te los regalan así porque sí. El proceso es muy estricto y, al menos aquí, le hemos dicho a varias personas que no las podíamos representar porque no reunían los requisitos. Incluso a gente de la que nos fiamos, pero que, por mala suerte, no tenía un padrón que demostrara el tiempo que lleva aquí. Mi consejo ahí es claro: igual que se ha aprobado un decreto para regularizar se puede aprobar un decreto para expulsar.

Nos fijamos mucho en Donald Trump y el ICE, pero aquí en Europa, Bélgica, por ejemplo, aprueba expedientes de expulsión en apenas una semana. España, en cambio, es mucho más garantista

Mohamed Alami Battahi — Abogado

–¿Tiene recorrido la maniobra del Tribunal Supremo para frenar la regularización en la Unión Europea?

–Se escapa a mis conocimientos, pero creo que es una estrategia encubierta para frenar una realidad que no podemos negar. Nos guste más o nos guste menos, en Europa hace falta mucha mano de obra y un buen número de la gente que ha solicitado la residencia ya está trabajando. En negro, obviamente, algo que en una realidad como la mallorquina no es tan difícil de ver (y que a ciertos empresarios les va de lujo).

Nos guste más o nos guste menos, en Europa hace falta mucha mano de obra y un buen número de la gente que ha solicitado la residencia ya está trabajando. En negro, obviamente, algo que en una realidad como la mallorquina no es tan difícil de ver (y que a ciertos empresarios les va de lujo)

Mohamed Alami Battahi — Abogado

–Cuando se habla de integración, ¿qué importancia tiene la vivienda?

–Es fundamental porque la integración necesita tiempo y el tiempo te lo da el lugar en el que vives. Con un contrato y una nómina de 1.500 ó 1.600 euros lo tendrán un poquito más fácil para conseguir una vivienda digna (aunque ya sabemos qué precios se manejan en Mallorca). Siempre defenderé que los que venimos de fuera somos los que nos tenemos que integrar con la cultura del lugar que nos recibe, pero, a la vez, como todos somos descendientes de inmigrantes, la mezcla es inevitable.

–Ha pasado entre los españoles de todas partes que vinieron a vivir a una isla turística como Mallorca.

Siempre defenderé que los que venimos de fuera somos los que nos tenemos que integrar con la cultura del lugar que nos recibe, pero, a la vez, como todos somos descendientes de inmigrantes, la mezcla es inevitable

Mohamed Alami Battahi — Abogado

–Te pongo un ejemplo muy tonto, pero que lo explica bien. Tuve una novia durante cinco años que era de Artà: se convirtió en algo normal que los viernes viniera a comer a mi casa cuscús y los domingos yo fuera a la suya a comer paella.

Entonces, vuelven a llamar a la puerta y, esta vez, el abogado Alami sí se levanta a abrir con una sonrisa en la boca. Es un amigo que viene a verle: “De Son Gotleu, farmacéutico y, como nosotros, marroquí”.

Las colas se repiten estos días en distintos puntos de la provincia de Almería. Con la necesidad y la ilusión por encontrar un futuro más digno, a las puertas de servicios sociales, oficinas municipales y sedes de entidades sociales, decenas de personas esperan para conseguir uno de los documentos clave del proceso extraordinario de regularización abierto por el Gobierno hasta el próximo 30 de junio: el certificado de vulnerabilidad. Un escollo que está generando un cuello de botella para los migrantes y para quienes trabajan en la administración o las ONGs que están expidiéndolo.

No en vano, según estimaciones del tercer sector, en la provincia viven alrededor de 30.000 personas en situación administrativa irregular. La cifra, la más alta de Andalucía, que explica por sí sola el alcance de un proceso que, en apenas unos días, ha tensionado estructuras ya sobrecargadas desde hace años. Cada migrante ha de obtener el certificado de vulnerabilidad y presentar a su vez otros documentos ante el Ministerio de Inclusión Social, pero el plazo para lograrlo es de apenas 70 días.

De ahí que el proceso esté llevando al límite los recursos disponibles. “Ha habido muchísima afluencia en las oficinas municipales”, reconocen desde el Ayuntamiento de Níjar, uno de los municipios con mayor presencia de población migrante. “Se han visto colas muy largas, pero todo dentro de la normalidad”. En la misma línea, apuntan a que la situación se repite en otros puntos de la provincia como El Ejido, Roquetas de Mar o la capital.

Y es que el certificado de vulnerabilidad no estaba previsto hasta que el Gobierno lo introdujo por petición del Consejo de Estado. Por parte de Regularización Ya!, la plataforma que impulsó el proceso, se trató de evitar que este documento fuese necesario, al entender que si una persona carece de papeles, ya está de facto en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, asumían que la expedición del certificado iba a tensionar los recursos sociales disponibles, como así ha sucedido en tierras almerienses.

Sin ir más lejos y a diferencia de Níjar, el Ayuntamiento de Almería, dice tener una presión mayor que otras localidades de la provincia en sus servicios comunitarios. “Está saturando el ayuntamiento”, explica la alcaldesa, María del Mar Vázquez (PP), que habla de una “masificación de personas en las calles” y de reuniones con la Subdelegación del Gobierno para reorganizar la atención. Por ello, dice, el Consistorio trabaja en habilitar un espacio específico para “ordenar toda esta masificación”.

El cuello de botella del certificado

Y es que el certificado de vulnerabilidad, uno de los requisitos previstos para aquellas personas que no pueden acreditar contrato de trabajo o arraigo familiar, está generando una cascada de problemas. Un documento que, sobre el papel, puede ser emitido por servicios sociales o entidades del tercer sector habilitadas. Pero en la práctica, se ha convertido en el principal obstáculo del proceso. “Es el gran tapón”, explica Juan Miralles, de Almería Acoge, una de las pocas organizaciones que está tramitando estos certificados en la provincia. “No somos capaces de darle la respuesta que deberíamos”.

La entidad reconoce que la avalancha de solicitudes les ha desbordado. “Nos ha superado”, admite Miralles, que vincula la situación a una “mala decisión desde el punto de vista de la normativa”: “Le hemos generado una necesidad a la que no están encontrando respuesta”. El problema, explica, no es solo de volumen, sino también de diseño. Cada solicitud requiere una mínima intervención profesional: entrevista, apertura de expediente y cumplimiento de la normativa de protección de datos. “Tardamos mínimo cinco a diez minutos por cada persona”, señala. “No podemos ponernos en la puerta y firmar papeles. Se trata de atender dignamente”.

Con ese ritmo, asumir un volumen potencial de decenas de miles de personas resulta inviable. “No podemos sacar adelante veinte o treinta mil personas”, lamenta. Además, la capacidad está muy concentrada. “Aquí en Almería básicamente lo estamos haciendo Almería Acoge y Cepaim”, explica Miralles. “Hay entidades que dijeron que sí, pero no lo están haciendo, y otras grandes que no se han sumado”.

La falta de recursos se traduce también en efectos visibles en el entorno. “Hay mucha concentración de personas y eso genera malestar”, reconoce, en referencia a quejas vecinales y tensiones en los barrios donde se ubican estas entidades. “Y luego están los de siempre, que se dedican a esparcir odio con cualquier excusa”.

Dudas y falta de instrucciones

Porque la situación no solo afecta a las entidades que ya están tramitando certificados, sino también a aquellas que aún no han empezado. Como muchos de los migrantes en situación irregular trabajan en el primer sector, COAG Almería es la organización agraria que puede participar en el proceso pero que todavía no ha comenzado a emitir estos informes. “No tenemos muy claro cómo hacer ese informe”, reconoce su secretario provincial, Andrés Góngora. “Nos faltaba saber qué tenemos que poner”.

Góngora confirma que están en contacto con la administración para resolver dudas y que previsiblemente se incorporarán al proceso en breve. Pero admite que el principal problema es ese requisito concreto: “Lo demás es un trámite bastante fácil”. También cuestiona el propio concepto de vulnerabilidad en este contexto. “Por el mero hecho de no tener documentación ya es una situación de vulnerabilidad”, apunta.

Desde COAG, además, exploran otras vías dentro del proceso, como la posibilidad de regularización a través de precontratos vinculados a explotaciones agrícolas. “Existe la posibilidad de hacerlo mediante precontrato”, explica, en un territorio donde el sector agrario concentra buena parte de la mano de obra migrante. Mientras tanto, constatan un interés creciente. “Sí hay bastante interés”, señala Góngora. “La persona que no tiene documentación quiere hacerlo ya, quiere ser el primero”.

Confusión y “mercadeo”

Sobre el terreno, la falta de información y la presión por acceder al proceso están generando dinámicas paralelas. Mustapha Ait-Korchi, un migrante que lleva más de 30 años en España, acompaña a otras personas en este proceso y describe un escenario de confusión generalizada. “Hay gente migrante que ni siquiera conoce esas organizaciones”, explica. “Han dejado a la gente perdida”.

En ese contexto, advierte de la aparición de prácticas irregulares en torno a la tramitación. “Se está mercadeando con un certificado que en principio iba a ser gratuito”, señala. “No es traficar directamente, pero es traficar”. Describe un sistema informal de intermediación en el que distintos actores canalizan solicitudes a cambio de dinero o control del expediente. “Imagínate un mercadillo: cada uno está vendiendo su producto”.

Para Mustapha, el problema de fondo es el propio enfoque del requisito. “Pedir ese certificado es lo más estúpido que he escuchado en todos los años que llevo en España”, afirma. “Aquí no hay una situación de vulnerabilidad, hay una situación de explotación. Esa gente está trabajando en la economía sumergida, no viviendo de la caridad”, añade. “Lo que está en situación de vulnerabilidad es la legislación laboral, que se está pisoteando todos los días”. Ante la situación, asegura que recomienda a las personas que no se precipiten. “Les digo que no entren en ese mercadillo”, explica.

Dudas de los trabajadores sociales

A todo lo anterior, hay que sumar las dudas que emergen en los profesionales que se encargan de expedir estos documentos tanto desde el tercer sector como desde la Administración Pública. De hecho, el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) ya había advertido del impacto que este proceso podía tener en los servicios sociales, especialmente en territorios con alta concentración de población migrante como Almería. Una opinión que comparte el Colegio que aglutina a estos profesionales en Almería ya que desde los servicios comunitarios reconocen estar al borde del colapso por la avalancha de peticiones. Fuentes del sector alertan también del riesgo de que la intervención profesional quede reducida a la mera emisión de certificados.

Por otro lado, recuerdan que la situación administrativa irregular implica en sí mismo un factor estructural de vulnerabilidad, al limitar el acceso a derechos básicos, y reclama refuerzos de personal y criterios homogéneos para evitar desigualdades territoriales. De esta forma, con miles de personas potencialmente afectadas y un plazo limitado, el proceso de regularización avanza en Almería entre colas, reorganizaciones administrativas y entidades desbordadas.

Mientras las administraciones se mueven entre la normalización y el reconocimiento de la saturación, y el tercer sector asume gran parte de la carga, el certificado de vulnerabilidad se ha convertido como el principal cuello de botella de un procedimiento que pretendía agilizar el acceso a la residencia, en una zona especialmente tensionada como lo es Almería. “Le hemos generado una necesidad a la que no estamos sabiendo dar respuesta”, sentencia Juan Miralles.

Las personas migrantes viven estos días una mezcla de emociones entre la oportunidad de dignificar su vida y el nerviosismo de estar a un paso de conseguirlo. Han recibido con esperanza la regularización extraordinaria, mientras la vulnerabilidad en la que viven está siendo aprovechada con desinformación y estafas. En muchos casos, son maniobras fraudulentas que se cometen habitualmente, pero que con el proceso de regularización se han disparado las cantidades de dinero que estafan.

En este proceso, el empadronamiento se ha convertido en un documento muy valioso para acreditar la permanencia interrumpida de al menos cinco meses en el país. En este contexto, hay propietarios de viviendas en Logroño que están pidiendo altas cantidades de dinero por acreditar que una persona está residiendo en la casa. Una práctica ilegal de la que, sin embargo, las personas migrantes hablan con normalidad, aunque todos ellos temen denunciarlo, incluso de forma anónima.

La necesidad y la vulnerabilidad provoca que la mayoría cuenten que les ha pasado a amigos o conocidos, y todos lo han escuchado. Aunque muchos relatan que es algo que ha ocurrido siempre, ahora están pidiéndoles cantidades muy altas. “A una amiga le pedían 250 euros mensuales adicionales al alquiler para mantenerle el empadronamiento”, cuenta una mujer en la cola del Ayuntamiento de Logroño. “Cuando buscas empadronamiento, hay gente que te pide 1.500 euros o 2.000 euros”, cuenta otro hombre que está ayudando a un grupo de jóvenes con sus trámites. Incluso hasta 3.000 euros le han solicitado a personas en Logroño, según relata una mujer que se ha acercado a la Seguridad Social para recabar información para el amigo al que le pedían estas cantidades.

Varias organizaciones sociales confirman que estás estafas se están produciendo, tanto con cantidades adicionales a la cuota de alquiler como en una cifra única. “Las personas víctimas de esta estafa a veces lo cuentan de forma confidencial o en alguna acogida parroquial, pero no son casos que lleguen a denunciarse, puesto que la persona lo que quiere es regularizar su situación y no tener más problemas. Se aprovechan de esa misera”, visibiliza Marcos Montoya, trabajador social de Cáritas, que señala entre 250 y 300 euros como las últimas cifras que ha escuchado al respecto. El profesional de Cáritas recuerda que la propia Ley de Extranjería, en su artículo 53, recoge multas de hasta 10.000 euros por conseguir un rédito económico por un empadronamiento. Es decir, “no es una cosa que esté en el limbo jurídico, es decir, si las personas demuestran o hay una denuncia y un proceso judicial, hay un procedimiento sancionador”, subraya Montoya.

Propietarios que no quieren empadronar a sus inquilinos

Otro de los obstáculos que se encuentran las personas migrantes es que directamente se les impide el empadronamiento. Una joven colombiana que se encuentra realizando sus trámites señala que en la vivienda anterior en la que residió durante un año, el propietario se negó a empadronarle. “Ocurre sobre todo con los realquileres de habitaciones y es bastante típico que la persona que ostenta el contrato de alquiler no quiere que se sepa cuántas personas viven allí o que conste que recibe esos ingresos”, confirman desde Cáritas.

Hay una serie de situaciones en las que los Ayuntamientos tienen la obligación de facilitar el empadronamiento a las personas a pesar de que vivan en la calle o en lo que se llama “vivienda insegura o inadecuada”, como son los casos de personas durmiendo en lugares sin cédulas de habitabilidad. Es lo que se llaman los “empadronamientos ficticios”, amparados por una resolución del INE. No obstante, “en Logroño si no acreditas un título de propiedad o un titular de la vivienda, sí que las personas tienen bastante dificultad para poder empadronarse”, describe Montoya, que refiere que la fórmula ordinaria sigue requiriendo la firma del propietario o titular de la vivienda.

El empadronamiento no es el único trámite para acreditar la permanencia

Ante estos casos, Cáritas recuerda que el empadronamiento no es obligatorio para conseguir la regularización ni es el único documento que certifica la permanencia en el país. “Es uno de los documentos más valiosos y que más directamente acredita esos cinco meses y por eso se aprovechan, pero no es el único”, resalta Marcos Montoya. En este sentido, son también útiles informes médicos, giros de dinero a países terceros, certificados de cursos formales o no formales que hayan realizado o cualquier documento sellado o acreditado por un organismo público o entidad social que en el que se recojan los datos personas de las personas. En este caso, se recomienda acreditar alguno de estos documentos por cada mes que lleves en el país e incluso conviene que se añadan incluso disponiendo del certificado de empadronamiento.

No es la única estafa a la que se enfrentan las personas migrantes en el proceso de regularización. Alude Cáritas, en este sentido, a embajadas de algunos países que están dificultando el proceso, que obligan a desplazarse a otras ciudades para trámites solo presenciales o que cobran tasas muy altas. “Estas personas vienen de contextos de pobreza, de salarios bastante bajos de la media”, recuerda Marcos Montoya. Otras entidades del tercer sector se refieren a los anuncios de abogados con tarifas para la realización de los trámites, incluso antes de que el BOE publicara las condiciones y los pasos necesarios para la solicitud. Montoya habla de 500 euros para un trámite gratuito, sencillo y con entidades sociales que están colaborando para su realización. “La gente está tan apurada que tira de lo que sea, cree que así va a ser más rápido y evitará problemas; pero no es necesario, al menos para la tramitación”.

En definitiva, las personas migrantes que van a regularizar próximamente su situación están sometidos en Logroño a situaciones de abusos y desinformación. Ante ello, las organizaciones sociales subrayan que el empadronamiento no es el único camino, pero que se trata de un derecho de todas las personas al que deben acceder de forma gratuita. La esperanza y los nervios de estas personas por presentar cuánto antes la solicitud para poder trabajar de forma regular (una vez que se inicia a trámite, ya se expide una autorización provisional) chocan con el abuso de quienes buscan enriquecerse y aprovecharse de la vulnerabilidad.

La vida de Gabriela está en suspenso desde el 18 de septiembre de 2025. Ese día admitió una condena por atentado a dos agentes de los Mossos d'Esquadra. Un delito que, pese a que figure en papel timbrado, esta vecina de Badalona (Barcelona) originaria de Argentina mantiene que no cometió. La consecuencia más relevante es que, hasta que no logre cancelar sus antecedentes penales dentro de dos años, Gabriela no podrá empezar su ansiado proceso de regularización en España. “El abogado de oficio que me atendió no me lo advirtió”, denuncia esta mujer. 

La situación de esta madre de cuatro hijas, quien se mudó a España junto a su familia por la “inseguridad” que vivía en su país de origen, ha cambiado por completo desde su encontronazo con los agentes de los Mossos d'Esquadra y su paso por el sistema judicial. A las dificultades para labrarse un futuro fuera de su casa, se le añade el shock por el episodio ocurrido y el vértigo de reclamar una revisión de la actuación de los uniformados y del abogado de oficio que la asistió. “Cada vez que salgo a la calle y veo a un agente, me pongo nerviosa”, cuenta la mujer.

Al no tener los papeles en regla, el trabajo informal era (y es) la única fuente de ingresos de Gabriela. Como todos los días, el 17 de septiembre del año pasado cuidaba en su casa del barrio de la Salut de Badalona al bebé de su cuñado. El hombre acudía a recoger a su hijo, pero las cosas no fueron como siempre. Tras llamar al interfono, Gabriela oyó que el hombre gritaba desde el vestíbulo: dos agentes de los Mossos d'Esquadra lo estaban inmovilizando.

Las razones por las que el hombre fue identificado figuran en el atestado del caso: los mossos consideraron que el cuñado de Gabriela “intentó no mantener contacto visual” con los agentes y “picó de forma insistente en el timbre” al ver el coche patrulla. Razón suficiente, a criterio policial, para bajar del coche y proceder a identificar al hombre, pese a que no estaba cometiendo delito alguno. Estaba llamando a un timbre.

La tesis de Gabriela y del centro Iridia, que representa ahora a la mujer, es que se trata de una actuación policial “racista” originada en una identificación por perfil étnico, una práctica que los distintos cuerpos policiales siguen realizando pese a las críticas de las entidades de derechos humanos. “La identificación por perfil racial es la mayor puerta de entrada al maltrato institucional”, advierte la directora de Iridia, Anaïs Franquesa. La entidad ha presentado su décimo informe sobre violencia institucional.

El cuñado de Gabriela, prosigue el atestado policial, “intentó cerrar la puerta” a los agentes, que lo inmovilizaron ya en el vestíbulo del edificio. El relato policial se mantiene en la sentencia del caso, donde se ha fijado que el hombre quiso “entrar apresuradamente en el edificio y mantener una actitud esquiva” hacia los agentes. “¿Cómo no iba a llamar al timbre, si iba a recoger a su hijo a mi casa?”, se pregunta Gabriela.

La mujer bajó de su piso, dejando al bebé en su sillita, alarmada por los gritos de su cuñado. “Lo tenían agarrado del cuello, era horrible”, rememora Gabriela. “Les pedí que por favor lo dejaran, pero me pusieron contra la pared. Yo solo repetía que había un bebé solo arriba”, agrega la mujer, que reconoce que la situación la desbordó. “Ellos dicen que les agredí, pero yo les grité y me defendí cuando me quisieron agarrar”, explica.

Gabriela y su cuñado terminaron detenidos. Ambos pasaron la noche en comisaría y pasaron a disposición judicial al día siguiente. “Ni siquiera pude hablar con mi marido y explicarle la situación”, denuncia la mujer. Los documentos del caso muestran que un mosso estuvo durante unas horas con el bebé en la casa hasta que llegó la cuñada de la mujer.

“Yo estaba con ropa liviana porque todavía hacía calor, y era la única mujer detenida. Mientras esperaba en el juzgado los otros detenidos hombres no fueron agradables, menos mal que estaba mi cuñado”, recuerda la mujer sobre las peores horas de su vida. “Estaba claramente en shock”, agrega.

Cuando su abogado de oficio la atendió, según relata la mujer, sus primeras palabras fueron: “La has liado”. Luego le indicó que había dos opciones: un acuerdo en un juicio rápido ese mismo día o un juicio más adelante, en el que se exponía a una multa más elevada, de hasta 6.000 euros. 

“Yo no sé ni lo que son unas diligencias urgentes, el letrado no me dijo que el acuerdo ya no se podía recurrir ni los efectos que tenía sobre mi residencia en España”, denuncia la mujer. Aceptar la condena implicaba que la mujer aceptaba la tesis policial del caso y no podía formalizar una denuncia por el trato policial recibido.

Este diario ha contactado con el abogado de oficio que atendió a Gabriela. El letrado niega presión alguna a la mujer para que aceptara el acuerdo, si bien admite que no abordó con Gabriela las consecuencias en su situación administrativa de una condena penal, ya que no es experto en extranjería. “Tampoco me lo preguntó”, agrega.

“Al saber que mi familia me estaba esperando fuera del juzgado me quedé todavía más descolocada, la presión emocional era tremenda y nadie me escuchó”, recuerda la mujer. “Puse la ficha y confié, porque además yo 6.000 euros ni los tengo ni los tendré, pero no me explicó la gravedad que iba a tener aceptar los cargos”, apostilla Gabriela.

En la sentencia de conformidad constan como hechos probados que la mujer “se abalanzó sobre el agente, le propinó diversos golpes y le escupió en la cara”. El atestado del caso recoge que los hechos quedaron grabados en una cámara corporal de uno de los uniformados, si bien a día de hoy la actual defensa de Gabriela no dispone de ese vídeo de nueve minutos pese a haberlo solicitado al juzgado.

Para Sònia Olivella, coordinadora de litigio estratégico de Iridia, el caso de Gabriela “es paradigmático de las consecuencias del racismo institucional que impacta en las vecinas más vulnerables”. “Ha habido una falta de escucha a Gabriela que conduce a una desconfianza en las instituciones y los cuerpos de seguridad porque confirma una vez más que la palabra de una víctima no vale lo mismo que la de los agentes”, reflexiona la psicóloga del centro, Paula Rossi.

La actual defensa de la mujer ha presentado un incidente extraordinario de nulidad contra la sentencia de conformidad, así como una queja a la comisión de deontología del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por la actuación del letrado de oficio. La mujer es consciente de la dificultad de dar marcha atrás a la rueda de la Justicia cuando se ha activado. “Ya lo único que puedo hacer es alzar la voz por mis hijas”, concluye Gabriela.

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño ha compartido una imagen que muestra que el consistorio ha cerrado la atención al público antes de las 14.00 horas porque se han agotado las citas. Una denuncia que se suma a la que ya hiciera ayer Antoñanzas de la gestión del equipo de Conrado Escobar del proceso de regularización extraordinaria, sobre lo que critico “la falta de previsión” y las colas que estaba generando.

El alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar, a preguntas este martes de los medios de comunicación sobre el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes y las críticas, ha respondido: “Si todas las administraciones estuviesen trabajando como está trabajando el Ayuntamiento de Logroño, los inmigrantes lo tendrían más sencillo”.

En este sentido, ha valorado positivamente la implantación de dos líneas diferenciadas de atención en el Servicio 010, tal y como había solicitado este lunes la formación regionalista. El portavoz del Partido Riojano de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha agradecido que el Ayuntamiento haya atendido esta reivindicación, al considerar que “es una medida que está suponiendo un alivio para la ciudadanía porque, además de optimizar los recursos, permite realizar las gestiones ordinarias sin tener que soportar las largas colas que se han registrado estos días pasados”.

Según ha explicado, “esta medida permite diferenciar la atención para completar trámites habituales y una específica para quienes necesitan documentación para su regularización, ofreciendo un mejor servicio a la ciudadanía y evitando el colapso de las dependencias municipales”. Sin embargo, parecer, esta agilidad no se ha compensado con más citas, y el servicio ha cerrado al agotarlas todas.

Además, “todavía queda una parte muy importante de las reivindicaciones del Partido Riojano por atender, como es el refuerzo de horarios y personal en los servicios municipales afectados”, ha resaltado Antoñanzas. “Es imprescindible que el equipo de Gobierno dote al Ayuntamiento de más recursos mientras dure el proceso de regularización extraordinaria para garantizar una atención adecuada a la ciudadanía y evitar que se repitan situaciones de colapso”, ha afirmado.

Esta semana han comenzado los trámites para que las personas migrantes sin papeles puedan regularizar su situación en España. De la mano de las periodistas de elDiario.es Laura Martínez y Gabriela Sánchez escuchamos las historias de algunas de estas personas y nos traen sonidos de la calle y oficinas de Correos en estos primeros días de trámites. 

Mientras tanto, en una dimensión paralela: PP y Vox han llegado a un acuerdo de Gobierno en Extremadura que se compromete a darle “prioridad nacional” a los servicios públicos, a las ayudas sociales, a las viviendas sociales. ¿Qué es eso de la prioridad nacional y qué implica hasta el momento? ¿Tiene un sentido, además, de calado político en un contexto en el que el Gobierno regulariza a alrededor de medio millón de migrantes? Lo analizamos con el subdirector de elDiario.es, Iñigo Sáenz de Ugarte.

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El primer día de la solicitud presencial de la regularización de personas migrantes en Logroño ha transcurrido, en términos generales, con tranquilidad y esperanza. La necesidad de cita previa para realizar los trámites ha posibilitado que no se produzcan filas en las oficinas de Correos en las que se podían solicitar, pero que pocas personas al día puedan acceder. Aunque fuentes oficiales no han facilitado datos sobre cuántas citas se expiden diariamente, lo cierto es que han sido pocas las personas que han acudido esta mañana.

Donde sí se han podido ver filas es en el Ayuntamiento de Logroño, especialmente, a primera hora de la mañana, cuando se solicitan las filas para entrar. Una de las mujeres que espera paciente su turno sentada frente a la pantalla de citas ha acudido a primera hora de la mañana para conseguir su turno y a las 12 del mediodía todavía tiene más de 20 personas por delante. En este sentido, el PR ha criticado la falta de previsión del Ayuntamiento de Logroño que ha provocado “una saturación de los servicios municipales”. “El Ayuntamiento de Logroño atiende diariamente a un máximo de 120 personas de forma presencial en el Registro, una cifra claramente insuficiente y que está generando colas de espera enormes sin que las personas tengan garantías de poder completar sus gestiones con la administración”, ha resaltado Rubén Antoñanzas.

Llevo desde que se publicó en el BOE alterada y con ataques de ansiedad por pensar si me va a tocar a mí esta suerte

El Ayuntamiento de Logroño ha informado que durante la jornada de hoy ha emitido 300 volantes de empadronamiento y se han contabilizado 150 solicitudes de informes de vulnerabilidad social. A pesar de las esperas, en el consistorio el clima general es de expectativas, aunque “sin cantar victoria”, puntualiza esta mujer de Guinea Ecuatorial mientras espera. Como casi todos, prefiere no mostrar su rostro ni dar su nombre. Tiene 33 años y llegó sola hace un año y siete meses, dejando allí a dos hijos de 10 y 3 años. “Cuando emigramos no es por gusto, es por mejorar las condiciones de vida”, subraya. Reconoce que cuando empezó a escuchar la regularización extraordinaria no se lo creía, pero empezó a preparar los papeles y solo le queda el certificado de vulnerabilidad, al que espera esta mañana. “Llevo desde que se publicó en el BOE alterada y con ataques de ansiedad por pensar si me va a tocar a mí esta suerte. Ojalá”.

Justo en frente, un grupo de jóvenes naturales de Senegal esperan también su turno. Uno de ellos lleva cuatro años esperando en España, fue solicitante de asilo, pero ahora vive en un garaje sin ni siquiera luz y no tiene empadronamiento, lo que teme que le dificulte el acceso. Cuando vio el trámite de la regularización, empezó a hablar con amigos, consultar redes sociales y entidades sociales, y este lunes ha llegado al Ayuntamiento de Logroño para preguntar si cumple con los requisitos para regularizarse. “Si no hay papeles, no hay trabajo; se sufre mucho”, resume de una realidad que cuentan todas las personas que esperan sus trámites.

Los casos son muchos pero todos coinciden en la necesidad de trabajar de forma legal. “No tengo trabajo, es muy difícil sobrevivir así, sin papeles, sin un ingreso estable y es muy difícil también encontrar así una vivienda”, señala un joven de 25 años. Otra joven colombiana de 22 años, que llegó con su familia hace un año a Logroño, que espera con su madre, señala: “Recibimos esta noticia con expectativas porque hasta ahora a una le tocaba aceptar trabajos mal pagados y con malos horarios”.

Primeros trámites presenciales en la Seguridad Social

Por la tarde, se ha abierto el plazo presencial para presentar solicitudes de la oficina de la Seguridad Social. A las 16.00 horas, cuando abrían, varias personas esperaban su cita, con sus carpetas de trámites. Marina lleva en España desde octubre de 2024 y ya había iniciado el trámite de Protección Internacional, aunque espera que ahora todo se agilice. “Esto nos facilita las oportunidades”, agradece justo antes de entregar sus papeles.

Nervios, filas, esperanza, ilusión y pocas citas han marcado la primera jornada de la solicitud presencial para la regularización en Logroño. Entre carpetas bajo el brazo y miradas a las pantallas de citas, miles de personas en La Rioja aguardan que este Decreto les ofrezca una vida digna. Para ellos, hoy no solo han hecho unos trámites burocráticos, hoy se ha empezado a ver la posibilidad de dejar de ser invisibles en una ciudad que ya es la suya.

La regularización llevaba solo media hora en marcha cuando las primeras cien solicitudes fueron registradas. Un día después, se superaban las 13.000 peticiones telemáticas presentadas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, llega a la redacción de elDiario.es con un punto de euforia contenida ante la “normalidad” que, defiende, ha caracterizado a la entrada en vigor de una medida que la derecha mira con lupa y ya intenta frenar en los tribunales.

“Cuando el Gobierno escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado”, dice la también portavoz del Ejecutivo para referirse a un proceso de negociación particular: tras el pacto con Podemos, el movimiento impulsor de la iniciativa, Regularización YA, ha sido otro de los actores clave en el resultado final de un real decreto que ha mantenido la esencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 personas, aunque ha acabado excluyendo algunas de sus demandas.

Elma Saiz hace balance en caliente de ese arranque y habla de los obstáculos a los que podrá enfrentarse la medida. La regularización, presentada como un hito por el Gobierno, nace también rodeada de resistencias: ayuntamientos que amenazan con no colaborar, críticas de la oposición y dudas sobre cómo aterrizará en la práctica un procedimiento que depende, en parte, de informes sociales y del acompañamiento de organizaciones sobre el terreno.

Acaba de entrar en vigor la regularización. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es su balance?

Está yendo con total normalidad. Como estaba previsto, dando respuesta a la vía telemática y también a la solicitud de cita con total normalidad. A modo de anécdota, en la primera media hora de este proceso, que ha empezado a la medianoche, ya había 100 solicitudes telemáticas presentadas. Llevamos muchas semanas preparando este procedimiento con muchísimo cariño, sabiendo que tenía que estar a la altura de este hito para nuestro país.

Uno de los requisitos de última hora que está generando angustia a parte de los solicitantes es el informe de vulnerabilidad, exigido a los migrantes sin papeles [que no puedan probar vinculación laboral ni hijos menores], que deben ser por servicios sociales y ONG. Algunos ayuntamientos critican que no han recibido instrucciones por parte del Ministerio y mucha gente no logra conseguirlo. ¿Se ha coordinado este punto con todos los actores?

En este plan operativo se ha caminado de la mano del papel que tienen las entidades colaboradoras con el Ministerio, no solamente las entidades que ya vienen desde atrás colaborando, sino más allá, a través del nuevo registro de entidades colaboradoras de Extranjería, donde ya están más de 200 entidades que han dado un paso hacia adelante. Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. El informe de vulnerabilidad va a ser un informe tipo, al que se puede acceder a través de la web del Ministerio, sencillo de rellenar y fácil, comprensible, accesible. A partir de ahí las diferentes entidades que tienen presencia en todo el país van a poder revisarlo y validarlo. 

Hemos sido muy conscientes de que no podíamos permitir que ningún trámite burocrático obstaculizara este importantísimo proceso que va a dar respuesta a muchísima gente. Vamos a mantener reuniones constantes con las entidades sociales para monitorizar cómo ir solventando cualquier dificultad que pueda aparecer en el camino.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que no va a colaborar en ningún trámite y otros ayuntamientos se han posicionado en ese sentido. ¿Temen que muchos ayuntamientos del PP puedan obstaculizar la emisión de esos informes sociales y que no sea suficiente con las ONG? ¿Hay un ‘plan B’ en este caso?

El boicot que pretenden hacer desde el Partido Popular es un boicot que no se lo hacen al Gobierno, se lo están haciendo a miles de ciudadanos que tienen sus esperanzas, su dignidad, sus proyectos de vida detrás de este procedimiento. Esta medida es tan potente que va a salir bien a pesar del Partido Popular. 

Estamos hablando de un hito. No voy a permitir el boicot del PP ni de quien quiera poner piedras en el camino de esta regularización. Cuando, además, es absolutamente incoherente. Quiero recordar que el Partido Popular hace dos años dio luz verde a esta ILP de la que cogemos el testigo. Ese giro en política migratoria, por ser preso de Vox en sus políticas nacionales e internacionales, no va a conseguir torpedear un procedimiento que nos hace mejor país y que da respuesta a miles de ciudadanos.

El Gobierno no solo ha mantenido en el cajón durante gran parte de la legislatura esta iniciativa legislativa popular, sino que llegó a calificar como inviable una regularización masiva. Han defendido ustedes en el pasado que las regularizaciones se estudiaran caso a caso. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora sí es viable?

La política migratoria del Gobierno de España es absolutamente coherente. Esta iniciativa se votó en el Congreso hace dos años con 310 votos a favor, solo votó en contra Vox. Pero el Partido Popular, con un giro de 180 grados en su política migratoria precisamente por ser preso de Vox la tenía paralizada. Por eso no teníamos el consenso suficiente para sacarla adelante. Este es un paso más de una política migratoria que es mucho más completa. Llevamos a cabo un procedimiento de regularización en Valencia tras la dana. Y todos los días damos respuesta y se regularizan a personas en nuestro país por las vías de arraigo, que ampliamos hace año y medio. El PP ha votado en el Congreso para eliminar la figura del arraigo. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar

El PP parece haber cambiado de opinión, pero es verdad que también hay una evolución sobre este tema en el discurso del Gobierno. Sus adversarios políticos dicen que esa evolución es oportunismo político.

Insisto, todos los días llevamos a cabo procesos de regularización caso a caso. Es muy importante que el texto haya visto la luz porque estamos viendo ese discurso racista y xenófobo que intenta abrirse camino. Y sabemos lo que quieren hacer porque cada vez que han tenido oportunidad han intentado implementar un discurso racista vinculando inmigración con delincuencia o poniendo piedras en el camino, negando servicios o documentos a personas que están queriendo regularizarse. Por eso hemos trabajado con rigor y por eso es tan importante ese aval recibido por parte del Consejo de Estado con un texto garantista, serio, riguroso.

Esta regularización fue negociada con Podemos en el marco también de un diálogo a tres bandas con Junts para la cesión de competencias migratorias. ¿Este proceso vuelve a abrir la puerta a esa negociación pendiente con Junts?

Yo querría separar las cuestiones. El Gobierno cumple sus acuerdos, que se trabajan muchísimo porque no son sencillos, son materias delicadas. Pero este texto coge el testigo de esa ILP que tiene una triple legitimidad: la de 900 entidades sociales y 700.000 firmas, la legitimidad política de 310 votos a favor y una legitimidad económica, porque la apoyan los empresarios. Lo hablamos con un grupo político como Podemos, que tiene un contacto especialmente intenso con determinados colectivos, y se alcanzó este acuerdo que hoy es una realidad y que nos hace ser un país mejor.

La derecha ha dicho que lo hacen para ganar votantes en el futuro, Feijóo ha calificado el texto de “inhumano” y ha llegado a decir también que ustedes van a darle papeles a hombres que han abusado de mujeres. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar, que llevó a cabo bajo su presidencia un proceso de regularización. Debería conocer un poquito mejor la normativa que rige en nuestro país y dejar de alimentar un marco que no voy a alimentar ni por un segundo. Este proceso de regularización es para personas en situación irregular, no para delincuentes. Carecer de antecedentes penales es un requisito imprescindible. Ya está bien por parte del señor Feijóo de intentar comprar un discurso claramente xenófobo y racista. Así que no voy a entrar ni por un segundo en ese marco. Pediría al señor Feijóo que fuera un poco más responsable en sus declaraciones. 

No solo hay una ofensiva política, también judicial contra esta medida. El Supremo ha inadmitido las medidas cautelarísimas que pedía una asociación ultra. ¿Le inquieta desde un punto de vista meramente técnico, legal o jurídico lo que pueda suceder con la regularización en los juzgados?

Este es un texto sólido, riguroso, que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado. Afrontamos con total tranquilidad este procedimiento.

Han quedado fuera de la regularización los solicitantes de apatridia, que en España la mayoría son saharauis. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?

Este procedimiento es para personas en situación irregular y también para solicitantes de protección internacional, y es diferente. España es uno de los pocos países que, fruto de ese compromiso con el pueblo saharaui y de los acuerdos internacionales, tiene un estatuto específico desde el año 2001 para proteger la situación de los apátridas. Y de hecho, todos los años miles de personas que lo solicitan, muchas de ellas saharauis, tienen esa protección por ese estatuto. Es importante diferenciar ambas situaciones, como por ejemplo también en lo que se refiere a los ucranianos, que tienen una protección temporal internacional y que tampoco entran en este procedimiento porque no están en situación irregular. 

En el caso de los solicitantes, aún no son apátridas y no tienen esa protección que usted menciona. Su resolución suele tardar unos dos años. Por tanto, esa justificación no encaja con la protección real que tienen en el día a día los solicitantes de apatridia, que son quienes necesitan pedir la regularización. Si no se corrige la norma, ¿se plantea solucionar esa situación?

Lo que puedo asegurar es que con este procedimiento se van a liberar recursos, con el compromiso de que haya una mayor celeridad, acortando plazos y siendo mucho más exigentes a la hora de poder tramitar y resolver expedientes. Es importante precisamente que esto se lleve a cabo para acortar esos plazos de los que me habla.

Durante este Gobierno ha habido varias decisiones que han afectado al pueblo saharaui, como el cambio de posición con respecto al Sáhara Occidental. Algunos saharauis y activistas dicen que puede deberse a una presión de Marruecos. ¿Tiene algo que ver?

De ninguna manera. Era una de las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado y era muy importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente.

Hay otro colectivo sobre el que han mostrado preocupación las ONG: los migrantes con arraigo que están en estos momentos encerrados en los CIE. En elDiario.es hemos publicado varios casos de personas que tenían un arraigo documentado y que iban a ser igualmente expulsados. ¿Abrirán algún tipo de vía para que estas personas puedan pedirla con garantías para no ser discriminados?

Son personas que, si cumplen los requisitos, claro que van a poder pedir esta regularización. Estar en un CIE no es una decisión unilateral del Gobierno, sino que es una cuestión que viene de un procedimiento judicial. Pero efectivamente podrán pedir y acogerse a este proceso de regularización quienes cumplan los requisitos. 

¿Cómo? Porque estando en el CIE es muy difícil acceder a toda esa documentación que se pide…

Hay muchísimas entidades acreditadas que van a poder dar respuesta. Y al margen de eso tenemos una vía telemática, una vía presencial y se establecerá la posibilidad de que, quien cumpla los requisitos, pueda acceder. De hecho, ha puesto usted un ejemplo [el de Oussama, que finalmente fue liberado a horas de su repatriación] que demuestra la colaboración interministerial. Somos un Gobierno. Esto es una regularización extraordinaria, un proceso de un Gobierno. Así que estaremos a la altura para dar respuesta a todos los que cumplan los requisitos.

La oposición critica también la regularización apelando a la economía. ¿Qué les dicen sus datos sobre cómo va a afectar el proceso de regularización al mercado laboral y también a nivel social?

En primer lugar, tras la última regularización con el presidente Zapatero se multiplicaron por cuatro las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Anualmente. En los últimos días, antes de la regularización, ya hemos batido récords en afiliación extranjera con 3,2 millones de afiliados extranjeros. Con su aporte, estamos consiguiendo las cifras de paro más bajas de los últimos 18 años y reducir la temporalidad. Todos los datos son positivos. El 42% del empleo creado desde la reforma laboral procede de trabajadores extranjeros con cada vez más presencia en sectores altamente cualificados. Esta es la España por la que estamos trabajando muchísima gente.

¿Qué España quiere el Partido Popular? Estas personas ya están aquí, ya llevan a sus hijos al colegio, ya caminan por nuestras calles, ya viven en nuestros barrios. El Partido Popular, que los quiere silenciados, escondidos, con miedo, sin derechos. Pues no.

¿Cómo lleva lo de ser portavoz y tener que meterse no solo en sus propios charcos, sino en los charcos de todo el Gobierno?

Me parece un honor contar la acción de un Gobierno, rendir cuentas, contestar a sus preguntas aunque muchas veces no sean fáciles. Le dedico mucho trabajo para estar a la altura. 

Con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto del juez Peinado que son inauditos y que van más allá de lo jurídico

Vamos a aprovechar ese honor para preguntarle por esos otros charcos. Óscar Puente ha hablado de la posibilidad de que haya instrucciones judiciales enfocadas a violentar a representantes elegidos democráticamente y no a hacer justicia. Lo decía en el contexto de la instrucción del juez Peinado sobre la pareja del presidente. ¿Usted cree que hay lawfare contra el Gobierno?

Yo creo en la inocencia de Begoña Gómez, en su trayectoria impecable, profesional y personal. Tengo formación jurídica, soy licenciada en Derecho y he ejercido la abogacía. Y con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto que son inauditos y que van más allá de lo jurídico. 

¿Pero que un auto vaya más que lo jurídico, que es a lo que a lo que se debería ceñir un auto, no es otra cosa que prevaricar, no?

Mire, yo le digo que no solamente le hablo como ministra portavoz, sino desde mi formación jurídica: no son pocos los profesionales de mi mundo jurídico, también de su mundo periodístico, que coinciden en afirmar esto que le digo y que hay pasajes que son inauditos y que van mucho más allá de lo jurídico. Yo creo en la Justicia, en que la Justicia tiene que hacer su trabajo y en que lo hará.

No quiere decir entonces que el juez Peinado prevarique. 

Creo que he sido bastante clara con mis afirmaciones.

Apuesto a que, desde que usted es ministra portavoz, la pregunta que más le han hecho los medios es si va a haber Presupuestos.

Pues creo que gana usted la apuesta.

¿Y cuánto tiempo más lo vamos a tener que seguir preguntando?

Estamos dando respuesta a lo que necesita la gente con unos presupuestos prorrogados. No es lo mismo tener un presupuesto prorrogado de un Gobierno que recorta que un presupuesto prorrogado que está permitiendo, por ejemplo, desplegar un paquete de cinco mil millones de euros para proteger a la ciudadanía frente a la guerra de Irán. Dicho esto, vamos a presentarlos. 

¿No le parece una anomalía política que vayamos hacia el cuarto ejercicio sin ni siquiera presentar unas cuentas?

Lo que me parece una anomalía es que haya comunidades autónomas que, por esperar un acuerdo entre el PP y Vox, estén paralizadas y no estén poniendo en marcha medidas que acompañen este importante paquete que ha desplegado el Gobierno de España. Eso sí que es una anomalía, porque eso es hacer daño a la gente. Tener un presupuesto prorrogado no está siendo un problema para seguir teniendo una política social coherente, de acompañamiento y respuesta a la situación mundial que estamos viviendo tan complicada.

16 mujeres han sido asesinadas por parejas o exparejas en lo que va de año. El caso de esta semana en Córdoba es bastante paradigmático de hasta qué punto hemos normalizado un fallo sistémico. La víctima hizo todo lo que se le 'pide': denunció y se dispuso a acudir a un juicio por malos tratos, pero fue asesinada en la víspera. ¿Qué está haciendo mal el Gobierno para que esto ocurra y además parezca que no pasa absolutamente nada?

No, no, sí que pasa. En este contexto todavía es más inexplicable que podamos estar viendo cómo el Partido Popular y Vox ahí donde gobiernan alcanzan acuerdos negacionistas de la violencia de género. Vox es un partido que no acude a los homenajes, a los minutos de silencio.

Intento extrapolar esta situación a cualquier otra consideración de asesinados o asesinadas y seguramente se paralizaría el país. Cuando una víctima hace todo lo que le estamos diciendo que tiene que hacer para proteger su vida y en el proceso la matan es que aquí están fallando la policía, los jueces, las administraciones públicas, el Gobierno central. Por eso le decía que la sensación es de fallo sistémico y no se paraliza nada. ¿No tiene la sensación de que minusvaloramos este asunto?

Lo que le puedo decir es que no podemos bajar los brazos, no podemos ser tibios, no podemos seguir como si nada pasara. Tenemos que ser mucho más contundentes, con pedagogía desde la educación de los más pequeños. No vamos a dejar de trabajar ni un minuto para acabar con esta lacra.

¿Cómo asiste al juicio contra su excompañero José Luis Ábalos, al que le piden 25 años de cárcel?

Lo veo con repulsa, con asco. Porque cuando hay mucha gente que se está dejando la piel por construir un país mejor y por demostrar que las políticas públicas sirven, funcionan y mejoran la vida de la gente, ver determinados comportamientos hace daño, porque hacen que la gente se aleje de la política, que nos metan a todos en el mismo saco y que haya un descrédito. Pero también siento orgullo de la contundencia con la que se responde en el PSOE ante cualquier atisbo de corrupción. Eso no es un eslogan, sino que es una realidad. El Partido Popular de hoy sigue celebrando y homenajeando a M. Rajoy.

Sobre las pensiones se está empezando a consolidar un debate de guerra generacional que sostiene que la culpa de que los jóvenes tengan bajos salarios es de los pensionistas que tienen una pensión digna. ¿Dónde se sitúa en ese debate? ¿Es necesaria una reforma de las pensiones o la sostenibilidad está garantizada?

Está garantizada. Y en ese debate me sitúo donde está el Gobierno, en el rigor de los datos. Puedo lanzar el mensaje de tranquilidad de la sostenibilidad de las pensiones públicas. La reforma la hicimos con la mirada a largo plazo, no con la mirada cortoplacista de quien intenta embarrar también esto. ¿Sabe quién intenta enfrentar a nietos con abuelos? Los que defienden la privatización. Feijóo prometió a los autónomos bajarles la cuota si se abrían un plan de pensiones privado. Frente a quien quiere el descrédito de lo público y hace solamente política para unos pocos, datos, rigor y una reforma de pensiones que transmite certidumbre a los miles de pensionistas de hoy y también a los que los seremos un día.

A usted le ha tocado ser ministra-portavoz en un mundo en guerra. ¿Cómo vive la tensión diplomática con aliados tradicionales de España, como pueden ser Estados Unidos o Israel, ante la política exterior lanzada por su Gobierno del ‘no a la guerra’?

Me siento absolutamente orgullosa de pertenecer a un gobierno coherente que siempre ha defendido la paz, el multilateralismo, el respeto al orden internacional. Hemos alzado la voz y hemos llegado los primeros, pero cada vez nos siguen más países. España es un faro y cada vez que acudimos a un foro internacional son muchísimos los países de cualquier latitud que nos preguntan, que se interesan y que ponen como ejemplo al Gobierno de España y a sus políticas.

Volviendo a la regularización para acabar. Ha sido particular porque, además de Podemos, también ha tenido un gran papel el movimiento Regularización YA. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Este jueves hemos tenido un encuentro con el presidente del Gobierno donde estaban desde la Iglesia Católica, sindicatos, patronal, organizaciones de entidades del Tercer Sector y entidades colaboradoras en materia de extranjería. Y, viendo el unánime aplauso a esta iniciativa, me quedo con algo: lo importante que es para miles de personas. Esto demuestra que el Gobierno, cuando escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado. Y esa es la manera de gobernar. 

La regularización, celebrada por colectivos sociales y partidos de izquierdas que llevan años pidiéndola, entró en vigor este jueves. Ya pueden solicitar sus papeles todas las personas extranjeras que demuestren haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que llevan cinco meses viviendo aquí. Te dejamos las claves aquí. Es un motivo de celebración para mucha gente. No para Omar. Él no se va a poder acoger a una regularización a la que tiene derecho porque cumple todos los requisitos. No va a poder porque, a unos días de que el consejo de ministros diera luz verde a la regularización le detuvieron. Ahora está en un CIE, con una orden de expulsión.

Escuchamos a Andrea, su novia, que cuenta a la perfección el arraigo que Omar sí tiene en España. También a Omar, desde el CIE. No es habitual escuchar a alguien hablar de cómo es el día a día en un CIE… de cómo se siente ante una expulsión cuando cumple todos los requisitos de una regularización extraordinaria. Hablamos con Gabriela Sánchez, la periodista de elDiario.es que ha estado en contacto con Omar y que nos explica los detalles de su historia y de la regularización que ya está en marcha.

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Vive con su novia sevillana, habla español y juega en un equipo de fútbol local, pero Omar puede ser expulsado a días de la regularización 

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Las delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha estimado este jueves que “entre 5.000 a 7.000 personas” se podrían acoger en la comunidad al proceso para la regularización de migrantes que se ha abierto, cuya tramitación se ha abierto hoy mismo. En rueda de prensa, Arraiz ha apuntado que este proceso deriva de “una idea muy clara que tiene el Gobierno de España y es que la regularización de personas inmigrantes no es solo ni puramente una cuestión administrativa sino que es una apuesta por una sociedad justa, más fuerte y más cohesionada”.

“España es un país que ha sabido crecer integrando y que hoy seguimos demostrando que la convivencia y la inclusión son una fortaleza de este país y no una debilidad”, ha afirmado la delegada, que ha querido recordar que “este proceso de regularización extraordinaria en este país se ha vivido en otras ocasiones y con gobiernos de distintos colores”.

Se ha centrado especialmente Arraiz en el procedimiento para la regularización, que se ha abierto este mismo jueves, ya que, como ha detallado, “desde hoy se pueden realizar las peticiones telemáticas, es decir, se pueden tramitar desde hoy las solicitudes de esta regularización extraordinaria”.

Una opción que, a su juicio, es “la forma más eficaz de presentarla, la óptima”, para la que “no se precisa cita previa presencial, se hace automáticamente en la página web del Ministerio de Inclusión, 24 horas al día, 7 días a la semana, porque está constantemente funcionando”.

Así, ha explicado que “se puede realizar mediante certificado digital”; también “puede ser realizada en tu nombre por una persona apoderada, quedando inscrita como tal en el registro electrónico del Ministerio de Inclusión”; y “por un profesional habilitado, como abogados, graduados sociales, gestores administrativos o entidades inscritas en el registro de colaboradores de extranjería”, como sería, en el caso de La Rioja, el del sindicato Comisiones Obreras.

Igualmente, en el caso de que se prefiera al opción de la tramitación presencial, se puede desde hoy pedir cita previa -a través de medios como contar con la CLAVE, tanto propia como por otra persona que la tenga; rellenando el formulario de la web del Ministerio de Inclusión; o llamando por teléfono al número 060-, “y a partir del lunes 20, se empezarán a enviar los días, horas y lugares” para presentar la solicitud.

Aunque ya se conoce que esa presentación -abierta hasta el 30 de junio- se desarrollará en oficinas de Correos y en sedes del INSS, la delegada ha preferido no precisar más los lugares concretos, “porque aún puede cambiar algo” hasta el momento en el que se empiecen a remitir las citas, “cambiar -ha afirmado- para bien”, porque se pueden ampliar los espacios habilitados.

Regularizar a quienes ya están contribuyendo en este país y en esta región a nuestra economía significa reforzar ese crecimiento

Beatriz Arraiz ha destacado las ventajas de esta regularización en diversos ámbitos, comenzando por el punto de vista económico, ya que, en un contexto de “crecimiento sostenido”, ha considerado que “regularizar a quienes ya están contribuyendo en este país y en esta región a nuestra economía significa reforzar ese crecimiento; aflorar actividad; y tanto garantizar derechos como el cumplimiento de obligaciones”.

“Es un acto de justicia”, ha añadido, que “en el laboral permite luchar contra la precariedad, contra la economía sumergida, que miles de trabajadores y trabajadoras pueden acceder a contratos dignos, como los más de 37.000 contratos indefinidos existentes en La Rioja que han crecido de forma muy importante en los últimos años, es aapostar por un mercado laboral más estable, más justo y más competitivo”.

Y a ello ha sumado que “desde el punto de vista social, contribuye directamente y sin duda a la cohesión, porque, cuando una persona está regularizada y puede acceder con normalidad a servicios públicos, a la educación, a la sanidad, a la política social, eso beneficia al conjunto de la sociedad porque favorece y fortalece el estado del bienestar”.

Para Arraiz, además, “estamos hablando de una cuestión profundamente humana, detrás de cada proceso de regularización y de cada persona en situación irregular hay personas con nombres y apellidos, con familias, con situaciones complicadas en ocasiones que quieren oportunidades, que quieren estabilidad, que quieren futuro y que quieren aportar también en este país”.

“España -ha destacado- tiene una larga tradición de acogida e integración y anteriores procesos de regularización lo han puesto de manifiesto. Cuando se hacen bien las cosas se genera prosperidad, se genera convivencia y se genera progresión. Ése es el modelo de país que defendemos, el modelo de país que deberíamos defender todos, que defiende desde luego al gobierno de España, que integra y que no quiere dejar a nadie atrás”.

Un proceso de regularización extraordinaria que, ha incidido, “se ha venido hasta exigiendo desde organizaciones muy distintas y por distintos motivos”, citando “desde las asociaciones empresariales hasta la Iglesia católica, pasando por los organismos del tercer sector que trabajan con inmigrantes”.

Hay ayuntamientos donde se está poniendo dificultades desde hace tiempo, no precisamente este proceso de regularización extraordinaria, sino al propio empadronamiento

Con todo, en palabras de la delegada del Gobierno, ha reconocido que “los primeros días son un tanto complicados en cualquier proceso; sé que puede haber problemas, dudas, dificultades, pero trataremos de ir solventando en estos días, en este proceso, que no es muy largo, hasta el 30 de junio, todas aquellas situaciones que puedan irse poniendo sobre la mesa”.

Se ha referido, por ejemplo, a preguntas de los periodistas, a las dudas con respecto a la obtención del informe de vulnerabilidad, que “se puede encontrar colgado en la web del Ministerio de Inclusión” y que debe ir sellado por un profesional de una administración, que serían los Servicios Sociales municipales -con algunas quejas de Ayuntamientos como Logroño o Calahorra-, o por entidades colaboradoras.

Sobre las dudas municipales, Arraiz ha apuntado que “yo no quiero pensar que nada de esto haya mala fe, yo entiendo que es a veces complicado también entender el funcionamiento de todo esto y prefiero quedarme con esta idea”. “Trataremos de ir solventando estas dudas, pero yo pido también que las administraciones que tengan de una u otra manera que colaborar en todo este procedimiento que lo hagan de buena fe”, ha insistido.

En sus palabras, “hay ayuntamientos donde se está poniendo dificultades desde hace tiempo, no precisamente este proceso de regularización extraordinaria, sino al propio empadronamiento”, apuntando en cambio que “son ciudadanos que están entre nosotros, y que, en muchas ocasiones, nos están prestando servicios muy importantes en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro entorno”.

“No se puede negar una realidad que está a nuestro alrededor y que además nos necesitamos, nosotros a ellos y ellos a nosotros. Vamos a pensar que lo que existe es un inicio de un procedimiento que puede llevar a dudas o errores y vamos a pensar que vamos a ser capaces de ir solucionándolo todo”, ha argumentado.

Y sobre las quejas de algunos sindicatos por falta de personal o de formación, la delegada ha recordado que, tanto en las oficinas de Correos como en el INSS, “no van a entrar a valorar nada, solo se recoge la solicitud y la documentación, para eso sí se ha formado”, mientras que la tramitación del expediente se hará en una unidad específica, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX).