La vida de Gabriela está en suspenso desde el 18 de septiembre de 2025. Ese día admitió una condena por atentado a dos agentes de los Mossos d'Esquadra. Un delito que, pese a que figure en papel timbrado, esta vecina de Badalona (Barcelona) originaria de Argentina mantiene que no cometió. La consecuencia más relevante es que, hasta que no logre cancelar sus antecedentes penales dentro de dos años, Gabriela no podrá empezar su ansiado proceso de regularización en España. “El abogado de oficio que me atendió no me lo advirtió”, denuncia esta mujer. 

La situación de esta madre de cuatro hijas, quien se mudó a España junto a su familia por la “inseguridad” que vivía en su país de origen, ha cambiado por completo desde su encontronazo con los agentes de los Mossos d'Esquadra y su paso por el sistema judicial. A las dificultades para labrarse un futuro fuera de su casa, se le añade el shock por el episodio ocurrido y el vértigo de reclamar una revisión de la actuación de los uniformados y del abogado de oficio que la asistió. “Cada vez que salgo a la calle y veo a un agente, me pongo nerviosa”, cuenta la mujer.

Al no tener los papeles en regla, el trabajo informal era (y es) la única fuente de ingresos de Gabriela. Como todos los días, el 17 de septiembre del año pasado cuidaba en su casa del barrio de la Salut de Badalona al bebé de su cuñado. El hombre acudía a recoger a su hijo, pero las cosas no fueron como siempre. Tras llamar al interfono, Gabriela oyó que el hombre gritaba desde el vestíbulo: dos agentes de los Mossos d'Esquadra lo estaban inmovilizando.

Las razones por las que el hombre fue identificado figuran en el atestado del caso: los mossos consideraron que el cuñado de Gabriela “intentó no mantener contacto visual” con los agentes y “picó de forma insistente en el timbre” al ver el coche patrulla. Razón suficiente, a criterio policial, para bajar del coche y proceder a identificar al hombre, pese a que no estaba cometiendo delito alguno. Estaba llamando a un timbre.

La tesis de Gabriela y del centro Iridia, que representa ahora a la mujer, es que se trata de una actuación policial “racista” originada en una identificación por perfil étnico, una práctica que los distintos cuerpos policiales siguen realizando pese a las críticas de las entidades de derechos humanos. “La identificación por perfil racial es la mayor puerta de entrada al maltrato institucional”, advierte la directora de Iridia, Anaïs Franquesa. La entidad ha presentado su décimo informe sobre violencia institucional.

El cuñado de Gabriela, prosigue el atestado policial, “intentó cerrar la puerta” a los agentes, que lo inmovilizaron ya en el vestíbulo del edificio. El relato policial se mantiene en la sentencia del caso, donde se ha fijado que el hombre quiso “entrar apresuradamente en el edificio y mantener una actitud esquiva” hacia los agentes. “¿Cómo no iba a llamar al timbre, si iba a recoger a su hijo a mi casa?”, se pregunta Gabriela.

La mujer bajó de su piso, dejando al bebé en su sillita, alarmada por los gritos de su cuñado. “Lo tenían agarrado del cuello, era horrible”, rememora Gabriela. “Les pedí que por favor lo dejaran, pero me pusieron contra la pared. Yo solo repetía que había un bebé solo arriba”, agrega la mujer, que reconoce que la situación la desbordó. “Ellos dicen que les agredí, pero yo les grité y me defendí cuando me quisieron agarrar”, explica.

Gabriela y su cuñado terminaron detenidos. Ambos pasaron la noche en comisaría y pasaron a disposición judicial al día siguiente. “Ni siquiera pude hablar con mi marido y explicarle la situación”, denuncia la mujer. Los documentos del caso muestran que un mosso estuvo durante unas horas con el bebé en la casa hasta que llegó la cuñada de la mujer.

“Yo estaba con ropa liviana porque todavía hacía calor, y era la única mujer detenida. Mientras esperaba en el juzgado los otros detenidos hombres no fueron agradables, menos mal que estaba mi cuñado”, recuerda la mujer sobre las peores horas de su vida. “Estaba claramente en shock”, agrega.

Cuando su abogado de oficio la atendió, según relata la mujer, sus primeras palabras fueron: “La has liado”. Luego le indicó que había dos opciones: un acuerdo en un juicio rápido ese mismo día o un juicio más adelante, en el que se exponía a una multa más elevada, de hasta 6.000 euros. 

“Yo no sé ni lo que son unas diligencias urgentes, el letrado no me dijo que el acuerdo ya no se podía recurrir ni los efectos que tenía sobre mi residencia en España”, denuncia la mujer. Aceptar la condena implicaba que la mujer aceptaba la tesis policial del caso y no podía formalizar una denuncia por el trato policial recibido.

Este diario ha contactado con el abogado de oficio que atendió a Gabriela. El letrado niega presión alguna a la mujer para que aceptara el acuerdo, si bien admite que no abordó con Gabriela las consecuencias en su situación administrativa de una condena penal, ya que no es experto en extranjería. “Tampoco me lo preguntó”, agrega.

“Al saber que mi familia me estaba esperando fuera del juzgado me quedé todavía más descolocada, la presión emocional era tremenda y nadie me escuchó”, recuerda la mujer. “Puse la ficha y confié, porque además yo 6.000 euros ni los tengo ni los tendré, pero no me explicó la gravedad que iba a tener aceptar los cargos”, apostilla Gabriela.

En la sentencia de conformidad constan como hechos probados que la mujer “se abalanzó sobre el agente, le propinó diversos golpes y le escupió en la cara”. El atestado del caso recoge que los hechos quedaron grabados en una cámara corporal de uno de los uniformados, si bien a día de hoy la actual defensa de Gabriela no dispone de ese vídeo de nueve minutos pese a haberlo solicitado al juzgado.

Para Sònia Olivella, coordinadora de litigio estratégico de Iridia, el caso de Gabriela “es paradigmático de las consecuencias del racismo institucional que impacta en las vecinas más vulnerables”. “Ha habido una falta de escucha a Gabriela que conduce a una desconfianza en las instituciones y los cuerpos de seguridad porque confirma una vez más que la palabra de una víctima no vale lo mismo que la de los agentes”, reflexiona la psicóloga del centro, Paula Rossi.

La actual defensa de la mujer ha presentado un incidente extraordinario de nulidad contra la sentencia de conformidad, así como una queja a la comisión de deontología del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por la actuación del letrado de oficio. La mujer es consciente de la dificultad de dar marcha atrás a la rueda de la Justicia cuando se ha activado. “Ya lo único que puedo hacer es alzar la voz por mis hijas”, concluye Gabriela.

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño ha compartido una imagen que muestra que el consistorio ha cerrado la atención al público antes de las 14.00 horas porque se han agotado las citas. Una denuncia que se suma a la que ya hiciera ayer Antoñanzas de la gestión del equipo de Conrado Escobar del proceso de regularización extraordinaria, sobre lo que critico “la falta de previsión” y las colas que estaba generando.

El alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar, a preguntas este martes de los medios de comunicación sobre el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes y las críticas, ha respondido: “Si todas las administraciones estuviesen trabajando como está trabajando el Ayuntamiento de Logroño, los inmigrantes lo tendrían más sencillo”.

En este sentido, ha valorado positivamente la implantación de dos líneas diferenciadas de atención en el Servicio 010, tal y como había solicitado este lunes la formación regionalista. El portavoz del Partido Riojano de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha agradecido que el Ayuntamiento haya atendido esta reivindicación, al considerar que “es una medida que está suponiendo un alivio para la ciudadanía porque, además de optimizar los recursos, permite realizar las gestiones ordinarias sin tener que soportar las largas colas que se han registrado estos días pasados”.

Según ha explicado, “esta medida permite diferenciar la atención para completar trámites habituales y una específica para quienes necesitan documentación para su regularización, ofreciendo un mejor servicio a la ciudadanía y evitando el colapso de las dependencias municipales”. Sin embargo, parecer, esta agilidad no se ha compensado con más citas, y el servicio ha cerrado al agotarlas todas.

Además, “todavía queda una parte muy importante de las reivindicaciones del Partido Riojano por atender, como es el refuerzo de horarios y personal en los servicios municipales afectados”, ha resaltado Antoñanzas. “Es imprescindible que el equipo de Gobierno dote al Ayuntamiento de más recursos mientras dure el proceso de regularización extraordinaria para garantizar una atención adecuada a la ciudadanía y evitar que se repitan situaciones de colapso”, ha afirmado.

Esta semana han comenzado los trámites para que las personas migrantes sin papeles puedan regularizar su situación en España. De la mano de las periodistas de elDiario.es Laura Martínez y Gabriela Sánchez escuchamos las historias de algunas de estas personas y nos traen sonidos de la calle y oficinas de Correos en estos primeros días de trámites. 

Mientras tanto, en una dimensión paralela: PP y Vox han llegado a un acuerdo de Gobierno en Extremadura que se compromete a darle “prioridad nacional” a los servicios públicos, a las ayudas sociales, a las viviendas sociales. ¿Qué es eso de la prioridad nacional y qué implica hasta el momento? ¿Tiene un sentido, además, de calado político en un contexto en el que el Gobierno regulariza a alrededor de medio millón de migrantes? Lo analizamos con el subdirector de elDiario.es, Iñigo Sáenz de Ugarte.

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El primer día de la solicitud presencial de la regularización de personas migrantes en Logroño ha transcurrido, en términos generales, con tranquilidad y esperanza. La necesidad de cita previa para realizar los trámites ha posibilitado que no se produzcan filas en las oficinas de Correos en las que se podían solicitar, pero que pocas personas al día puedan acceder. Aunque fuentes oficiales no han facilitado datos sobre cuántas citas se expiden diariamente, lo cierto es que han sido pocas las personas que han acudido esta mañana.

Donde sí se han podido ver filas es en el Ayuntamiento de Logroño, especialmente, a primera hora de la mañana, cuando se solicitan las filas para entrar. Una de las mujeres que espera paciente su turno sentada frente a la pantalla de citas ha acudido a primera hora de la mañana para conseguir su turno y a las 12 del mediodía todavía tiene más de 20 personas por delante. En este sentido, el PR ha criticado la falta de previsión del Ayuntamiento de Logroño que ha provocado “una saturación de los servicios municipales”. “El Ayuntamiento de Logroño atiende diariamente a un máximo de 120 personas de forma presencial en el Registro, una cifra claramente insuficiente y que está generando colas de espera enormes sin que las personas tengan garantías de poder completar sus gestiones con la administración”, ha resaltado Rubén Antoñanzas.

Llevo desde que se publicó en el BOE alterada y con ataques de ansiedad por pensar si me va a tocar a mí esta suerte

El Ayuntamiento de Logroño ha informado que durante la jornada de hoy ha emitido 300 volantes de empadronamiento y se han contabilizado 150 solicitudes de informes de vulnerabilidad social. A pesar de las esperas, en el consistorio el clima general es de expectativas, aunque “sin cantar victoria”, puntualiza esta mujer de Guinea Ecuatorial mientras espera. Como casi todos, prefiere no mostrar su rostro ni dar su nombre. Tiene 33 años y llegó sola hace un año y siete meses, dejando allí a dos hijos de 10 y 3 años. “Cuando emigramos no es por gusto, es por mejorar las condiciones de vida”, subraya. Reconoce que cuando empezó a escuchar la regularización extraordinaria no se lo creía, pero empezó a preparar los papeles y solo le queda el certificado de vulnerabilidad, al que espera esta mañana. “Llevo desde que se publicó en el BOE alterada y con ataques de ansiedad por pensar si me va a tocar a mí esta suerte. Ojalá”.

Justo en frente, un grupo de jóvenes naturales de Senegal esperan también su turno. Uno de ellos lleva cuatro años esperando en España, fue solicitante de asilo, pero ahora vive en un garaje sin ni siquiera luz y no tiene empadronamiento, lo que teme que le dificulte el acceso. Cuando vio el trámite de la regularización, empezó a hablar con amigos, consultar redes sociales y entidades sociales, y este lunes ha llegado al Ayuntamiento de Logroño para preguntar si cumple con los requisitos para regularizarse. “Si no hay papeles, no hay trabajo; se sufre mucho”, resume de una realidad que cuentan todas las personas que esperan sus trámites.

Los casos son muchos pero todos coinciden en la necesidad de trabajar de forma legal. “No tengo trabajo, es muy difícil sobrevivir así, sin papeles, sin un ingreso estable y es muy difícil también encontrar así una vivienda”, señala un joven de 25 años. Otra joven colombiana de 22 años, que llegó con su familia hace un año a Logroño, que espera con su madre, señala: “Recibimos esta noticia con expectativas porque hasta ahora a una le tocaba aceptar trabajos mal pagados y con malos horarios”.

Primeros trámites presenciales en la Seguridad Social

Por la tarde, se ha abierto el plazo presencial para presentar solicitudes de la oficina de la Seguridad Social. A las 16.00 horas, cuando abrían, varias personas esperaban su cita, con sus carpetas de trámites. Marina lleva en España desde octubre de 2024 y ya había iniciado el trámite de Protección Internacional, aunque espera que ahora todo se agilice. “Esto nos facilita las oportunidades”, agradece justo antes de entregar sus papeles. Daniel y Ronald también tienen una de las primeras presenciales para solicitar su regularización y son solicitantes de asilo, por lo que sí pueden trabajar. En su caso, aguardan con ilusión para poder visitar a su familia en Colombia, porque con la residencia actual no pueden salir de España. Es “lo más importante” para este matrimonio, que tuvo que salir de Colombia precisamente por su orientación sexual.

Nervios, filas, esperanza, ilusión y pocas citas han marcado la primera jornada de la solicitud presencial para la regularización en Logroño. Entre carpetas bajo el brazo y miradas a las pantallas de citas, miles de personas en La Rioja aguardan que este Decreto les ofrezca una vida digna. Para ellos, hoy no solo han hecho unos trámites burocráticos, hoy se ha empezado a ver la posibilidad de dejar de ser invisibles en una ciudad que ya es la suya.

La regularización llevaba solo media hora en marcha cuando las primeras cien solicitudes fueron registradas. Un día después, se superaban las 13.000 peticiones telemáticas presentadas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, llega a la redacción de elDiario.es con un punto de euforia contenida ante la “normalidad” que, defiende, ha caracterizado a la entrada en vigor de una medida que la derecha mira con lupa y ya intenta frenar en los tribunales.

“Cuando el Gobierno escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado”, dice la también portavoz del Ejecutivo para referirse a un proceso de negociación particular: tras el pacto con Podemos, el movimiento impulsor de la iniciativa, Regularización YA, ha sido otro de los actores clave en el resultado final de un real decreto que ha mantenido la esencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 personas, aunque ha acabado excluyendo algunas de sus demandas.

Elma Saiz hace balance en caliente de ese arranque y habla de los obstáculos a los que podrá enfrentarse la medida. La regularización, presentada como un hito por el Gobierno, nace también rodeada de resistencias: ayuntamientos que amenazan con no colaborar, críticas de la oposición y dudas sobre cómo aterrizará en la práctica un procedimiento que depende, en parte, de informes sociales y del acompañamiento de organizaciones sobre el terreno.

Acaba de entrar en vigor la regularización. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es su balance?

Está yendo con total normalidad. Como estaba previsto, dando respuesta a la vía telemática y también a la solicitud de cita con total normalidad. A modo de anécdota, en la primera media hora de este proceso, que ha empezado a la medianoche, ya había 100 solicitudes telemáticas presentadas. Llevamos muchas semanas preparando este procedimiento con muchísimo cariño, sabiendo que tenía que estar a la altura de este hito para nuestro país.

Uno de los requisitos de última hora que está generando angustia a parte de los solicitantes es el informe de vulnerabilidad, exigido a los migrantes sin papeles [que no puedan probar vinculación laboral ni hijos menores], que deben ser por servicios sociales y ONG. Algunos ayuntamientos critican que no han recibido instrucciones por parte del Ministerio y mucha gente no logra conseguirlo. ¿Se ha coordinado este punto con todos los actores?

En este plan operativo se ha caminado de la mano del papel que tienen las entidades colaboradoras con el Ministerio, no solamente las entidades que ya vienen desde atrás colaborando, sino más allá, a través del nuevo registro de entidades colaboradoras de Extranjería, donde ya están más de 200 entidades que han dado un paso hacia adelante. Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. El informe de vulnerabilidad va a ser un informe tipo, al que se puede acceder a través de la web del Ministerio, sencillo de rellenar y fácil, comprensible, accesible. A partir de ahí las diferentes entidades que tienen presencia en todo el país van a poder revisarlo y validarlo. 

Hemos sido muy conscientes de que no podíamos permitir que ningún trámite burocrático obstaculizara este importantísimo proceso que va a dar respuesta a muchísima gente. Vamos a mantener reuniones constantes con las entidades sociales para monitorizar cómo ir solventando cualquier dificultad que pueda aparecer en el camino.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que no va a colaborar en ningún trámite y otros ayuntamientos se han posicionado en ese sentido. ¿Temen que muchos ayuntamientos del PP puedan obstaculizar la emisión de esos informes sociales y que no sea suficiente con las ONG? ¿Hay un ‘plan B’ en este caso?

El boicot que pretenden hacer desde el Partido Popular es un boicot que no se lo hacen al Gobierno, se lo están haciendo a miles de ciudadanos que tienen sus esperanzas, su dignidad, sus proyectos de vida detrás de este procedimiento. Esta medida es tan potente que va a salir bien a pesar del Partido Popular. 

Estamos hablando de un hito. No voy a permitir el boicot del PP ni de quien quiera poner piedras en el camino de esta regularización. Cuando, además, es absolutamente incoherente. Quiero recordar que el Partido Popular hace dos años dio luz verde a esta ILP de la que cogemos el testigo. Ese giro en política migratoria, por ser preso de Vox en sus políticas nacionales e internacionales, no va a conseguir torpedear un procedimiento que nos hace mejor país y que da respuesta a miles de ciudadanos.

El Gobierno no solo ha mantenido en el cajón durante gran parte de la legislatura esta iniciativa legislativa popular, sino que llegó a calificar como inviable una regularización masiva. Han defendido ustedes en el pasado que las regularizaciones se estudiaran caso a caso. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora sí es viable?

La política migratoria del Gobierno de España es absolutamente coherente. Esta iniciativa se votó en el Congreso hace dos años con 310 votos a favor, solo votó en contra Vox. Pero el Partido Popular, con un giro de 180 grados en su política migratoria precisamente por ser preso de Vox la tenía paralizada. Por eso no teníamos el consenso suficiente para sacarla adelante. Este es un paso más de una política migratoria que es mucho más completa. Llevamos a cabo un procedimiento de regularización en Valencia tras la dana. Y todos los días damos respuesta y se regularizan a personas en nuestro país por las vías de arraigo, que ampliamos hace año y medio. El PP ha votado en el Congreso para eliminar la figura del arraigo. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar

El PP parece haber cambiado de opinión, pero es verdad que también hay una evolución sobre este tema en el discurso del Gobierno. Sus adversarios políticos dicen que esa evolución es oportunismo político.

Insisto, todos los días llevamos a cabo procesos de regularización caso a caso. Es muy importante que el texto haya visto la luz porque estamos viendo ese discurso racista y xenófobo que intenta abrirse camino. Y sabemos lo que quieren hacer porque cada vez que han tenido oportunidad han intentado implementar un discurso racista vinculando inmigración con delincuencia o poniendo piedras en el camino, negando servicios o documentos a personas que están queriendo regularizarse. Por eso hemos trabajado con rigor y por eso es tan importante ese aval recibido por parte del Consejo de Estado con un texto garantista, serio, riguroso.

Esta regularización fue negociada con Podemos en el marco también de un diálogo a tres bandas con Junts para la cesión de competencias migratorias. ¿Este proceso vuelve a abrir la puerta a esa negociación pendiente con Junts?

Yo querría separar las cuestiones. El Gobierno cumple sus acuerdos, que se trabajan muchísimo porque no son sencillos, son materias delicadas. Pero este texto coge el testigo de esa ILP que tiene una triple legitimidad: la de 900 entidades sociales y 700.000 firmas, la legitimidad política de 310 votos a favor y una legitimidad económica, porque la apoyan los empresarios. Lo hablamos con un grupo político como Podemos, que tiene un contacto especialmente intenso con determinados colectivos, y se alcanzó este acuerdo que hoy es una realidad y que nos hace ser un país mejor.

La derecha ha dicho que lo hacen para ganar votantes en el futuro, Feijóo ha calificado el texto de “inhumano” y ha llegado a decir también que ustedes van a darle papeles a hombres que han abusado de mujeres. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar, que llevó a cabo bajo su presidencia un proceso de regularización. Debería conocer un poquito mejor la normativa que rige en nuestro país y dejar de alimentar un marco que no voy a alimentar ni por un segundo. Este proceso de regularización es para personas en situación irregular, no para delincuentes. Carecer de antecedentes penales es un requisito imprescindible. Ya está bien por parte del señor Feijóo de intentar comprar un discurso claramente xenófobo y racista. Así que no voy a entrar ni por un segundo en ese marco. Pediría al señor Feijóo que fuera un poco más responsable en sus declaraciones. 

No solo hay una ofensiva política, también judicial contra esta medida. El Supremo ha inadmitido las medidas cautelarísimas que pedía una asociación ultra. ¿Le inquieta desde un punto de vista meramente técnico, legal o jurídico lo que pueda suceder con la regularización en los juzgados?

Este es un texto sólido, riguroso, que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado. Afrontamos con total tranquilidad este procedimiento.

Han quedado fuera de la regularización los solicitantes de apatridia, que en España la mayoría son saharauis. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?

Este procedimiento es para personas en situación irregular y también para solicitantes de protección internacional, y es diferente. España es uno de los pocos países que, fruto de ese compromiso con el pueblo saharaui y de los acuerdos internacionales, tiene un estatuto específico desde el año 2001 para proteger la situación de los apátridas. Y de hecho, todos los años miles de personas que lo solicitan, muchas de ellas saharauis, tienen esa protección por ese estatuto. Es importante diferenciar ambas situaciones, como por ejemplo también en lo que se refiere a los ucranianos, que tienen una protección temporal internacional y que tampoco entran en este procedimiento porque no están en situación irregular. 

En el caso de los solicitantes, aún no son apátridas y no tienen esa protección que usted menciona. Su resolución suele tardar unos dos años. Por tanto, esa justificación no encaja con la protección real que tienen en el día a día los solicitantes de apatridia, que son quienes necesitan pedir la regularización. Si no se corrige la norma, ¿se plantea solucionar esa situación?

Lo que puedo asegurar es que con este procedimiento se van a liberar recursos, con el compromiso de que haya una mayor celeridad, acortando plazos y siendo mucho más exigentes a la hora de poder tramitar y resolver expedientes. Es importante precisamente que esto se lleve a cabo para acortar esos plazos de los que me habla.

Durante este Gobierno ha habido varias decisiones que han afectado al pueblo saharaui, como el cambio de posición con respecto al Sáhara Occidental. Algunos saharauis y activistas dicen que puede deberse a una presión de Marruecos. ¿Tiene algo que ver?

De ninguna manera. Era una de las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado y era muy importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente.

Hay otro colectivo sobre el que han mostrado preocupación las ONG: los migrantes con arraigo que están en estos momentos encerrados en los CIE. En elDiario.es hemos publicado varios casos de personas que tenían un arraigo documentado y que iban a ser igualmente expulsados. ¿Abrirán algún tipo de vía para que estas personas puedan pedirla con garantías para no ser discriminados?

Son personas que, si cumplen los requisitos, claro que van a poder pedir esta regularización. Estar en un CIE no es una decisión unilateral del Gobierno, sino que es una cuestión que viene de un procedimiento judicial. Pero efectivamente podrán pedir y acogerse a este proceso de regularización quienes cumplan los requisitos. 

¿Cómo? Porque estando en el CIE es muy difícil acceder a toda esa documentación que se pide…

Hay muchísimas entidades acreditadas que van a poder dar respuesta. Y al margen de eso tenemos una vía telemática, una vía presencial y se establecerá la posibilidad de que, quien cumpla los requisitos, pueda acceder. De hecho, ha puesto usted un ejemplo [el de Oussama, que finalmente fue liberado a horas de su repatriación] que demuestra la colaboración interministerial. Somos un Gobierno. Esto es una regularización extraordinaria, un proceso de un Gobierno. Así que estaremos a la altura para dar respuesta a todos los que cumplan los requisitos.

La oposición critica también la regularización apelando a la economía. ¿Qué les dicen sus datos sobre cómo va a afectar el proceso de regularización al mercado laboral y también a nivel social?

En primer lugar, tras la última regularización con el presidente Zapatero se multiplicaron por cuatro las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Anualmente. En los últimos días, antes de la regularización, ya hemos batido récords en afiliación extranjera con 3,2 millones de afiliados extranjeros. Con su aporte, estamos consiguiendo las cifras de paro más bajas de los últimos 18 años y reducir la temporalidad. Todos los datos son positivos. El 42% del empleo creado desde la reforma laboral procede de trabajadores extranjeros con cada vez más presencia en sectores altamente cualificados. Esta es la España por la que estamos trabajando muchísima gente.

¿Qué España quiere el Partido Popular? Estas personas ya están aquí, ya llevan a sus hijos al colegio, ya caminan por nuestras calles, ya viven en nuestros barrios. El Partido Popular, que los quiere silenciados, escondidos, con miedo, sin derechos. Pues no.

¿Cómo lleva lo de ser portavoz y tener que meterse no solo en sus propios charcos, sino en los charcos de todo el Gobierno?

Me parece un honor contar la acción de un Gobierno, rendir cuentas, contestar a sus preguntas aunque muchas veces no sean fáciles. Le dedico mucho trabajo para estar a la altura. 

Con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto del juez Peinado que son inauditos y que van más allá de lo jurídico

Vamos a aprovechar ese honor para preguntarle por esos otros charcos. Óscar Puente ha hablado de la posibilidad de que haya instrucciones judiciales enfocadas a violentar a representantes elegidos democráticamente y no a hacer justicia. Lo decía en el contexto de la instrucción del juez Peinado sobre la pareja del presidente. ¿Usted cree que hay lawfare contra el Gobierno?

Yo creo en la inocencia de Begoña Gómez, en su trayectoria impecable, profesional y personal. Tengo formación jurídica, soy licenciada en Derecho y he ejercido la abogacía. Y con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto que son inauditos y que van más allá de lo jurídico. 

¿Pero que un auto vaya más que lo jurídico, que es a lo que a lo que se debería ceñir un auto, no es otra cosa que prevaricar, no?

Mire, yo le digo que no solamente le hablo como ministra portavoz, sino desde mi formación jurídica: no son pocos los profesionales de mi mundo jurídico, también de su mundo periodístico, que coinciden en afirmar esto que le digo y que hay pasajes que son inauditos y que van mucho más allá de lo jurídico. Yo creo en la Justicia, en que la Justicia tiene que hacer su trabajo y en que lo hará.

No quiere decir entonces que el juez Peinado prevarique. 

Creo que he sido bastante clara con mis afirmaciones.

Apuesto a que, desde que usted es ministra portavoz, la pregunta que más le han hecho los medios es si va a haber Presupuestos.

Pues creo que gana usted la apuesta.

¿Y cuánto tiempo más lo vamos a tener que seguir preguntando?

Estamos dando respuesta a lo que necesita la gente con unos presupuestos prorrogados. No es lo mismo tener un presupuesto prorrogado de un Gobierno que recorta que un presupuesto prorrogado que está permitiendo, por ejemplo, desplegar un paquete de cinco mil millones de euros para proteger a la ciudadanía frente a la guerra de Irán. Dicho esto, vamos a presentarlos. 

¿No le parece una anomalía política que vayamos hacia el cuarto ejercicio sin ni siquiera presentar unas cuentas?

Lo que me parece una anomalía es que haya comunidades autónomas que, por esperar un acuerdo entre el PP y Vox, estén paralizadas y no estén poniendo en marcha medidas que acompañen este importante paquete que ha desplegado el Gobierno de España. Eso sí que es una anomalía, porque eso es hacer daño a la gente. Tener un presupuesto prorrogado no está siendo un problema para seguir teniendo una política social coherente, de acompañamiento y respuesta a la situación mundial que estamos viviendo tan complicada.

16 mujeres han sido asesinadas por parejas o exparejas en lo que va de año. El caso de esta semana en Córdoba es bastante paradigmático de hasta qué punto hemos normalizado un fallo sistémico. La víctima hizo todo lo que se le 'pide': denunció y se dispuso a acudir a un juicio por malos tratos, pero fue asesinada en la víspera. ¿Qué está haciendo mal el Gobierno para que esto ocurra y además parezca que no pasa absolutamente nada?

No, no, sí que pasa. En este contexto todavía es más inexplicable que podamos estar viendo cómo el Partido Popular y Vox ahí donde gobiernan alcanzan acuerdos negacionistas de la violencia de género. Vox es un partido que no acude a los homenajes, a los minutos de silencio.

Intento extrapolar esta situación a cualquier otra consideración de asesinados o asesinadas y seguramente se paralizaría el país. Cuando una víctima hace todo lo que le estamos diciendo que tiene que hacer para proteger su vida y en el proceso la matan es que aquí están fallando la policía, los jueces, las administraciones públicas, el Gobierno central. Por eso le decía que la sensación es de fallo sistémico y no se paraliza nada. ¿No tiene la sensación de que minusvaloramos este asunto?

Lo que le puedo decir es que no podemos bajar los brazos, no podemos ser tibios, no podemos seguir como si nada pasara. Tenemos que ser mucho más contundentes, con pedagogía desde la educación de los más pequeños. No vamos a dejar de trabajar ni un minuto para acabar con esta lacra.

¿Cómo asiste al juicio contra su excompañero José Luis Ábalos, al que le piden 25 años de cárcel?

Lo veo con repulsa, con asco. Porque cuando hay mucha gente que se está dejando la piel por construir un país mejor y por demostrar que las políticas públicas sirven, funcionan y mejoran la vida de la gente, ver determinados comportamientos hace daño, porque hacen que la gente se aleje de la política, que nos metan a todos en el mismo saco y que haya un descrédito. Pero también siento orgullo de la contundencia con la que se responde en el PSOE ante cualquier atisbo de corrupción. Eso no es un eslogan, sino que es una realidad. El Partido Popular de hoy sigue celebrando y homenajeando a M. Rajoy.

Sobre las pensiones se está empezando a consolidar un debate de guerra generacional que sostiene que la culpa de que los jóvenes tengan bajos salarios es de los pensionistas que tienen una pensión digna. ¿Dónde se sitúa en ese debate? ¿Es necesaria una reforma de las pensiones o la sostenibilidad está garantizada?

Está garantizada. Y en ese debate me sitúo donde está el Gobierno, en el rigor de los datos. Puedo lanzar el mensaje de tranquilidad de la sostenibilidad de las pensiones públicas. La reforma la hicimos con la mirada a largo plazo, no con la mirada cortoplacista de quien intenta embarrar también esto. ¿Sabe quién intenta enfrentar a nietos con abuelos? Los que defienden la privatización. Feijóo prometió a los autónomos bajarles la cuota si se abrían un plan de pensiones privado. Frente a quien quiere el descrédito de lo público y hace solamente política para unos pocos, datos, rigor y una reforma de pensiones que transmite certidumbre a los miles de pensionistas de hoy y también a los que los seremos un día.

A usted le ha tocado ser ministra-portavoz en un mundo en guerra. ¿Cómo vive la tensión diplomática con aliados tradicionales de España, como pueden ser Estados Unidos o Israel, ante la política exterior lanzada por su Gobierno del ‘no a la guerra’?

Me siento absolutamente orgullosa de pertenecer a un gobierno coherente que siempre ha defendido la paz, el multilateralismo, el respeto al orden internacional. Hemos alzado la voz y hemos llegado los primeros, pero cada vez nos siguen más países. España es un faro y cada vez que acudimos a un foro internacional son muchísimos los países de cualquier latitud que nos preguntan, que se interesan y que ponen como ejemplo al Gobierno de España y a sus políticas.

Volviendo a la regularización para acabar. Ha sido particular porque, además de Podemos, también ha tenido un gran papel el movimiento Regularización YA. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Este jueves hemos tenido un encuentro con el presidente del Gobierno donde estaban desde la Iglesia Católica, sindicatos, patronal, organizaciones de entidades del Tercer Sector y entidades colaboradoras en materia de extranjería. Y, viendo el unánime aplauso a esta iniciativa, me quedo con algo: lo importante que es para miles de personas. Esto demuestra que el Gobierno, cuando escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado. Y esa es la manera de gobernar. 

La regularización, celebrada por colectivos sociales y partidos de izquierdas que llevan años pidiéndola, entró en vigor este jueves. Ya pueden solicitar sus papeles todas las personas extranjeras que demuestren haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que llevan cinco meses viviendo aquí. Te dejamos las claves aquí. Es un motivo de celebración para mucha gente. No para Omar. Él no se va a poder acoger a una regularización a la que tiene derecho porque cumple todos los requisitos. No va a poder porque, a unos días de que el consejo de ministros diera luz verde a la regularización le detuvieron. Ahora está en un CIE, con una orden de expulsión.

Escuchamos a Andrea, su novia, que cuenta a la perfección el arraigo que Omar sí tiene en España. También a Omar, desde el CIE. No es habitual escuchar a alguien hablar de cómo es el día a día en un CIE… de cómo se siente ante una expulsión cuando cumple todos los requisitos de una regularización extraordinaria. Hablamos con Gabriela Sánchez, la periodista de elDiario.es que ha estado en contacto con Omar y que nos explica los detalles de su historia y de la regularización que ya está en marcha.

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Vive con su novia sevillana, habla español y juega en un equipo de fútbol local, pero Omar puede ser expulsado a días de la regularización 

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Las delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha estimado este jueves que “entre 5.000 a 7.000 personas” se podrían acoger en la comunidad al proceso para la regularización de migrantes que se ha abierto, cuya tramitación se ha abierto hoy mismo. En rueda de prensa, Arraiz ha apuntado que este proceso deriva de “una idea muy clara que tiene el Gobierno de España y es que la regularización de personas inmigrantes no es solo ni puramente una cuestión administrativa sino que es una apuesta por una sociedad justa, más fuerte y más cohesionada”.

“España es un país que ha sabido crecer integrando y que hoy seguimos demostrando que la convivencia y la inclusión son una fortaleza de este país y no una debilidad”, ha afirmado la delegada, que ha querido recordar que “este proceso de regularización extraordinaria en este país se ha vivido en otras ocasiones y con gobiernos de distintos colores”.

Se ha centrado especialmente Arraiz en el procedimiento para la regularización, que se ha abierto este mismo jueves, ya que, como ha detallado, “desde hoy se pueden realizar las peticiones telemáticas, es decir, se pueden tramitar desde hoy las solicitudes de esta regularización extraordinaria”.

Una opción que, a su juicio, es “la forma más eficaz de presentarla, la óptima”, para la que “no se precisa cita previa presencial, se hace automáticamente en la página web del Ministerio de Inclusión, 24 horas al día, 7 días a la semana, porque está constantemente funcionando”.

Así, ha explicado que “se puede realizar mediante certificado digital”; también “puede ser realizada en tu nombre por una persona apoderada, quedando inscrita como tal en el registro electrónico del Ministerio de Inclusión”; y “por un profesional habilitado, como abogados, graduados sociales, gestores administrativos o entidades inscritas en el registro de colaboradores de extranjería”, como sería, en el caso de La Rioja, el del sindicato Comisiones Obreras.

Igualmente, en el caso de que se prefiera al opción de la tramitación presencial, se puede desde hoy pedir cita previa -a través de medios como contar con la CLAVE, tanto propia como por otra persona que la tenga; rellenando el formulario de la web del Ministerio de Inclusión; o llamando por teléfono al número 060-, “y a partir del lunes 20, se empezarán a enviar los días, horas y lugares” para presentar la solicitud.

Aunque ya se conoce que esa presentación -abierta hasta el 30 de junio- se desarrollará en oficinas de Correos y en sedes del INSS, la delegada ha preferido no precisar más los lugares concretos, “porque aún puede cambiar algo” hasta el momento en el que se empiecen a remitir las citas, “cambiar -ha afirmado- para bien”, porque se pueden ampliar los espacios habilitados.

Regularizar a quienes ya están contribuyendo en este país y en esta región a nuestra economía significa reforzar ese crecimiento

Beatriz Arraiz ha destacado las ventajas de esta regularización en diversos ámbitos, comenzando por el punto de vista económico, ya que, en un contexto de “crecimiento sostenido”, ha considerado que “regularizar a quienes ya están contribuyendo en este país y en esta región a nuestra economía significa reforzar ese crecimiento; aflorar actividad; y tanto garantizar derechos como el cumplimiento de obligaciones”.

“Es un acto de justicia”, ha añadido, que “en el laboral permite luchar contra la precariedad, contra la economía sumergida, que miles de trabajadores y trabajadoras pueden acceder a contratos dignos, como los más de 37.000 contratos indefinidos existentes en La Rioja que han crecido de forma muy importante en los últimos años, es aapostar por un mercado laboral más estable, más justo y más competitivo”.

Y a ello ha sumado que “desde el punto de vista social, contribuye directamente y sin duda a la cohesión, porque, cuando una persona está regularizada y puede acceder con normalidad a servicios públicos, a la educación, a la sanidad, a la política social, eso beneficia al conjunto de la sociedad porque favorece y fortalece el estado del bienestar”.

Para Arraiz, además, “estamos hablando de una cuestión profundamente humana, detrás de cada proceso de regularización y de cada persona en situación irregular hay personas con nombres y apellidos, con familias, con situaciones complicadas en ocasiones que quieren oportunidades, que quieren estabilidad, que quieren futuro y que quieren aportar también en este país”.

“España -ha destacado- tiene una larga tradición de acogida e integración y anteriores procesos de regularización lo han puesto de manifiesto. Cuando se hacen bien las cosas se genera prosperidad, se genera convivencia y se genera progresión. Ése es el modelo de país que defendemos, el modelo de país que deberíamos defender todos, que defiende desde luego al gobierno de España, que integra y que no quiere dejar a nadie atrás”.

Un proceso de regularización extraordinaria que, ha incidido, “se ha venido hasta exigiendo desde organizaciones muy distintas y por distintos motivos”, citando “desde las asociaciones empresariales hasta la Iglesia católica, pasando por los organismos del tercer sector que trabajan con inmigrantes”.

Hay ayuntamientos donde se está poniendo dificultades desde hace tiempo, no precisamente este proceso de regularización extraordinaria, sino al propio empadronamiento

Con todo, en palabras de la delegada del Gobierno, ha reconocido que “los primeros días son un tanto complicados en cualquier proceso; sé que puede haber problemas, dudas, dificultades, pero trataremos de ir solventando en estos días, en este proceso, que no es muy largo, hasta el 30 de junio, todas aquellas situaciones que puedan irse poniendo sobre la mesa”.

Se ha referido, por ejemplo, a preguntas de los periodistas, a las dudas con respecto a la obtención del informe de vulnerabilidad, que “se puede encontrar colgado en la web del Ministerio de Inclusión” y que debe ir sellado por un profesional de una administración, que serían los Servicios Sociales municipales -con algunas quejas de Ayuntamientos como Logroño o Calahorra-, o por entidades colaboradoras.

Sobre las dudas municipales, Arraiz ha apuntado que “yo no quiero pensar que nada de esto haya mala fe, yo entiendo que es a veces complicado también entender el funcionamiento de todo esto y prefiero quedarme con esta idea”. “Trataremos de ir solventando estas dudas, pero yo pido también que las administraciones que tengan de una u otra manera que colaborar en todo este procedimiento que lo hagan de buena fe”, ha insistido.

En sus palabras, “hay ayuntamientos donde se está poniendo dificultades desde hace tiempo, no precisamente este proceso de regularización extraordinaria, sino al propio empadronamiento”, apuntando en cambio que “son ciudadanos que están entre nosotros, y que, en muchas ocasiones, nos están prestando servicios muy importantes en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro entorno”.

“No se puede negar una realidad que está a nuestro alrededor y que además nos necesitamos, nosotros a ellos y ellos a nosotros. Vamos a pensar que lo que existe es un inicio de un procedimiento que puede llevar a dudas o errores y vamos a pensar que vamos a ser capaces de ir solucionándolo todo”, ha argumentado.

Y sobre las quejas de algunos sindicatos por falta de personal o de formación, la delegada ha recordado que, tanto en las oficinas de Correos como en el INSS, “no van a entrar a valorar nada, solo se recoge la solicitud y la documentación, para eso sí se ha formado”, mientras que la tramitación del expediente se hará en una unidad específica, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX).

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha advertido este miércoles de un supuesto deterioro de los servicios públicos y de un aumento de la presión sobre la vivienda como consecuencia de la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno central. Asimismo, ha cuestionado los requisitos previstos en el proceso de regularización y ha aseverado que, a su juicio, no debería bastar con una declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales: “No todo el mundo que llega es un delincuente, no me encontrarán en ese discurso, pero no todo el mundo que viene es un ser de luz”, ha incidido.

La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá que miles de personas en situación administrativa irregular accedan a derechos laborales y sociales básicos. Para Prohens, se trata de una regularización “indiscriminada” que “ignora la emergencia habitacional y la presión asistencial”, a pesar de que los datos desmienten este relato, ampliamente difundido por la derecha y la extrema derecha en contraste con la evidencia disponible.

Entre los estudios que rebaten este diagnóstico se encuentra el Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027, que confirma las desigualdades que sufre la población extranjera no comunitaria en educación, empleo, vivienda y acceso a los servicios públicos básicos como la sanidad. Según el documento, estos ciudadanos utilizan menos que los españoles los servicios sanitarios, presentan un abandono escolar temprano y sufren con mayor dureza el incremento de los precios de la vivienda.  

Sin embargo, para la líder balear el resultado de la regulación serán “peores servicios públicos para los ciudadanos de Balears”, recriminando que la medida no va acompañada por el “compromiso de más financiación” y aprovechando para reclamar la renovación del sistema de financiación autonómico. En esta línea, ha recriminado que el coste recae sobre las comunidades autónomas, evitando, no obstante, mencionar el potencial incremento de ingresos públicos derivado de la regularización.

No en vano, instituciones como el  Banco de España subrayan la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico. Asimismo, indican que la regularización de migrantes permitirá aumentar las cotizaciones sociales y los ingresos fiscales al aflorar empleo no declarado. Por otro lado, informes académicos y análisis de organismos públicos han cuestionado la relación directa entre migración y criminalidad.

Respecto a la vivienda, Pohens ha reprochado que el Gobierno no tenga en cuenta la problemática que atraviesan las islas en esta materia, obviando el impacto que están teniendo en el encarecimiento del alquiler factores como la presión del alquiler turístico, la escasez de vivienda disponible y la inversión especulativa. Además, distintos informes apuntan a que los hogares migrantes suelen concentrarse en viviendas compartidas o en condiciones de hacinamiento, lo que refleja su limitada capacidad de competir en el mercado inmobiliario.

Con todo, y pese a que las competencias en materia migratoria corresponden al Estado, la presidenta balear ha señalado que el Govern recurrirá ante el Tribunal Supremo y tratará de lograr la suspensión cautelar de la medida, que entrará en vigor este jueves.

Alineamiento con Vox en materia migratoria

En los últimos meses, el PP ha afianzado su alianza en materia migratoria con Vox, su socio de investidura en Balears. Entre otras medidas, los conservadores facilitaron que el partido de extrema derecha sacase adelante una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno central a deportar a las personas migrantes que, aunque se encuentren en situación legal, cometan algún delito grave o hagan del delito leve “su forma de vida”, así como a aquellos que “decidan no integrarse en la cultura de la nación que la acoge o intente imponer la suya”.

La propuesta apela a la llamada “remigración”, un término que la extrema derecha europea ha popularizado en los últimos años como consigna política, bajo la cual agrupan propuestas como la devolución masiva de migrantes -e incluso de ciudadanos nacionalizados- por motivos culturales o identitarios. El postulado, que no forma parte del marco jurídico español ni de la legislación de otros países europeos, ha sido abanderada especialmente por sectores de la ultraderecha alemana vinculados a Alternativa para Alemania (AfD) así como por formaciones ultras en Austria y Francia. En España, Vox lo ha incorporado a su discurso como eje de su ofensiva migratoria.

La “remigración” va, de este modo, más allá de la expulsión de una persona extranjera conforme a lo previsto en la Ley de Extranjería, es decir, con garantías procedimentales, motivación individualizada y posibilidad de recurso judicial. El término se apoya en valoraciones subjetivas sobre el grado de integración o adaptación cultural, conceptos que no figuran como causa legal de devolución o expulsión.

Aunque el PP se abstuvo en los puntos más extremos -como la expulsión automática de todos los migrantes en situación irregular o la supresión del arraigo-, sí avaló el núcleo de la PNL, que, entre otros puntos, incluye “acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado miles de personas a jugarse la vida, y a perderla trágicamente en demasiados casos como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor a Europa”, suspender la cooperación al desarrollo con países que no colaboren en el control de flujos e impulsar incentivos y bonificaciones fiscales para la contratación de españoles, además de promover una política migratoria “firme, ordenada y de acorde a las necesidades del mercado laboral”.

Endurecimiento de las condiciones de acceso a ayudas

Asimismo, ambas formaciones han alcanzado un acuerdo por el que exigirán un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder obtener la renta social garantizada (Resoga). Además, los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. También se endurecerán los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas, una modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.

Durante el Debate de Política General celebrado el pasado mes de octubre, Prohens ya anunció el endurecimiento de las condiciones de acceso a las ayudas a los migrantes: “No podemos permitir que haya quien venga aquí con el único propósito de abusar de nuestras ayudas y prestaciones públicas como único medio de vida, y mucho menos que puedan suponer un efecto llamada”, espetó.

Tres meses antes, el Govern nombró como nuevo director general de Inmigración y Cooperación a Manuel Pavón, subinspector de la Policía Nacional y secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), quien en una entrevista vinculó la “subida de la violencia” en las islas con “la migración ilegal”, una visión que se alinea con las posiciones más duras del PP así como con los discursos de Vox -socio de investidura de los conservadores en las islas- y otros grupos ultras.

El Consejo de Ministros aprobó este 14 de abril un proceso extraordinario de regularización dirigido a personas migrantes que ya residen en España, con el objetivo de facilitar su situación administrativa mediante un procedimiento accesible y multicanal. La medida, que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá presentar solicitudes a partir de este jueves 16 de abril tanto de forma telemática como presencial. Se estima que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas, muchas de ellas residentes en Madrid, en lo que se perfila como uno de los procesos administrativos más relevantes de los últimos años.

Impulsada mediante real decreto, la iniciativa busca dar respuesta a una realidad social cada vez más visible: la de miles de personas que viven y trabajan en España sin papeles. Con este cambio normativo, el Ejecutivo pretende facilitar su integración legal, permitiéndoles acceder a derechos básicos y a un empleo regulado. Para ello, se habilitará una red de oficinas en Madrid y su área metropolitana donde los solicitantes podrán completar el trámite de forma presencial.

El proceso está dirigido a dos grandes perfiles. Por un lado, los solicitantes de asilo que hubieran registrado su petición antes del 1 de enero de 2026, tanto si está en trámite como si fue denegada. Por otro, los extranjeros en situación irregular que puedan acreditar su residencia en España antes de esa fecha y una permanencia continuada mínima de cinco meses. En todos los casos, será necesario carecer de antecedentes penales y demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

A continuación, explicamos todas las cuestiones a tener en cuenta para solicitar la regularización migratoria extraordinaria en Madrid a partir de este jueves:

¿Cuándo comienza y finaliza el proceso de regularización extraordinaria?

El plazo de solicitud se abre el jueves 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas. Para la vía presencial, el sistema de cita previa a través de la web se habilitará también el mismo día, aunque se comenzará a atender presencialmente a partir del lunes 20 de abril.

El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio.

¿Quién puede acceder a la regularización extraordinaria?

Las personas extranjeras podrán acceder a la regularización si se encuentran en una de estas dos situaciones:

¿Qué requisitos hay que cumplir?

El Real Decreto establece dos requisitos para acceder al proceso de regularización extraordinaria:

¿Dónde se puede presentar la solicitud?

Se puede hacer a través de dos vías: presencial y telemática. La forma presencial funcionará únicamente a través de un servicio de cita previa. En cambio, la vía telemática estará disponible de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los siete días de la semana durante todo el plazo de solicitud.

Las comunicaciones posteriores se llevarán a cabo preferentemente por la misma vía en la que se inició la solicitud. Por esto, se solicita a efectos de notificación que se rellene con atención la información personal y de contacto (teléfono, email y dirección postal) en el momento de la solicitud. En caso de representación, las notificaciones se dirigirán al representante.

Estas son las opciones existentes para presentar la solicitud:

1. Vía telemática: esta vía permitirá llevar a cabo solicitudes durante todo el proceso de 4 maneras:

La plataforma de solicitud será accesible desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

2. Vía presencial con cita previa:

Esta vía requerirá contar siempre con cita previa. Se podrá gestionar en una misma cita las solicitudes de los miembros de una misma unidad de convivencia y se podrá presentar la solicitud en los siguientes puntos, de lunes a viernes en:

Oficinas de extranjería (OEX)

Uno de los canales clave para presentar la solicitud en la capital será la red de Oficinas de Extranjería. En Madrid, estas sedes estarán habilitadas con atención específica para este proceso en horario de tarde, entre las 16.00 y las 19.00 horas, siempre con cita previa obligatoria.

Las oficinas disponibles son:

Oficinas de la Seguridad Social

Además de Extranjería, el Gobierno ha habilitado centros de la Seguridad Social para ampliar la capacidad de atención. En Madrid, habrá varios puntos donde los interesados podrán entregar su documentación en horario de 16.00 a 19.00 horas. Las principales sedes son:

Correos

Las oficinas de Correos también participarán en la regularización. A partir del 20 de abril y hasta el 30 de junio, un total de 371 oficinas en toda España permitirán presentar la solicitud de forma presencial. El horario en este caso será de 8.30 a 17.30 horas y, al igual que en el resto de canales, será imprescindible contar con cita previa. Esta deberá solicitarse a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060.

¿Cómo solicitar la cita previa?

Hay tres opciones:

¿Qué documentación hay que presentar?

Todos los solicitantes deben presentar la siguiente documentación:

Todos los documentos justificativos deberán, en cualquier caso, ser nominativos y especificar una fecha para resultar válidos.

Además, en caso de no ser solicitante de Protección Internacional, se debe acreditar uno de estos tres supuestos:

¿Hay asesoramiento de profesionales disponible?

Aunque la solicitud puede llevarse a cabo de forma individual, también se permite contar con apoyo y asesoramiento de profesionales especializados. Por una parte, los interesados podrán contar con asesoramiento de profesionales habilitados a través de abogados, graduados sociales o gestores administrativos que pueden actuar como representantes para la presentación de solicitudes.

En paralelo, entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería, formado por entidades sociales y sindicatos también ofrecerán su ayuda. Estas presetarán asesoramiento gratuito y pueden actuar en calidad de representantes. Puedes consultar el listado completo en este enlace.

¿Con este permiso se puede trabajar?

La comunicación de inicio del procedimiento permite trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector de actividad. Este documento no es el justificante de solicitud, sino una comunicación oficial emitida por la Unidad de Tramitación de Expedientes (UTEX) a la persona solicitante.

Con el inicio del procedimiento, se obtendrá de oficio un Número de Seguridad Social (NUSS) y una resolución que reconoce el derecho a recibir asistencia sanitaria. La autorización que se concede tiene una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, las personas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.

¿Este permiso es válido para la Unión Europea?

El permiso de residencia y trabajo no otorga autorización para establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea. Los beneficiarios podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año y es un permiso para residir y trabajar únicamente en España, no en otro Estado miembro de la UE.

¿Para quién no está dirigido este procedimiento?

Este proceso no está dirigido a:

¿Y si ya se ha solicitado arraigo?

No será necesario llevar a cabo ningún trámite adicional. La solicitud seguirá su curso normal.

¿Dónde se puede contactar para consultar dudas?

El Gobierno aprobará este martes la esperada regularización extraordinaria que concederá los papeles a cerca de medio millón de personas, según sus estimaciones. Cientos de miles de migrantes esperaban desde hace meses el momento para empezar a presentar las peticiones, lo que de facto suspenderá sus procedimientos de expulsión. Ya tenemos fecha de entrada en vigor: este 16 de abril, el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

A continuación, respondemos con detalle una serie de preguntas y respuestas claves para quienes estén interesados en acogerse a la regularización extraordinaria. Las respuestas se basan en el último borrador del texto de la medida, el mismo que será aprobado este martes en el Consejo de Ministros, según aseguran a elDiario.es fuentes gubernamentales.

¿Dónde puedo registrar la solicitud de regularización extraordinaria?

Las solicitudes se podrán presentar desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 30 de junio de 2026, de manera presencial o telemática (a través de la plataforma 'Mercurio', ya sea de manera individual, por apoderamiento o mediante representantes o apoyo de entidades colaboradoras). Las personas sin papeles, al no tener documento electrónico, no pueden acceder por su propia cuenta a la vía telemática, por eso será tan importante que funcionen bien los puntos físicos habilitados, así como la posibilidad de hacerlo a través de intermediarios. La vía on line estará operativa 24 horas, 7 días a la semana.

El Gobierno va a habilitar nuevas oficinas públicas en distintos puntos de España, que incluirán “las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y determinadas oficinas de extranjería”. Estos puntos presenciales buscan evitar que unas personas tengan más difícil que otras el acceso a la regularización en función de dónde vivan, ya que Correos cuenta con oficinas de Correos en todo el territorio español, según el texto normativo. En el despliegue extraordinario participarán 372 oficinas de Correos, 60 oficinas de Seguridad Social y 5 oficinas de Extranjería habilitadas.

¿Cuándo empieza? ¿Cuándo puedo presentar mi expediente?

¿Quiénes pueden optar a la regularización extraordinaria?

Hay dos grandes grupos de beneficiados, con un procedimiento específico para cada uno de ellos. En primer lugar, las personas en situación irregular que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. 

El otro colectivo afectado son los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha.

En todos los casos, deben carecer de antecedentes penales en España y en sus países de origen, así como no ser considerado “un riesgo para la seguridad y el orden público” -algo que determinará un informe policial, que será evaluado por el personal del Ministerio de Migraciones).

Si soy solicitante de asilo, ¿qué requisitos tengo que cumplir? 

Los solicitantes deben acreditar haber llegado al país antes del 1 de enero de 2026, a través de cualquier medio de prueba válido, y probar la inexistencia de antecedentes. También hay que presentar un documento identificativo, sin importar que esté caducado o en vigor. 

Como solicitante de asilo, ¿debo renunciar al procedimiento de protección antes de pedir la regularización?

No es necesario renunciar antes de registrar la petición, pero sí después de recibir una respuesta positiva. Los solicitantes de asilo que aún no hayan recibido una respuesta a su petición o a su recurso no tienen la obligación de renunciar al procedimiento de la protección internacional antes de solicitar la regularización extraordinaria. 

Si la respuesta a esta última petición es positiva, entonces sí debe desistir al asilo antes de pedir la tarjeta de identificación de extranjero ligada al permiso de residencia extraordinario, según la última versión del texto normativo. 

Y si estoy en situación irregular, ¿cuáles son los requisitos?

En función del supuesto en que se encuentre, hay requisitos generales y particulares. En general, debe presentar documentos que acrediten tanto haber entrado antes del 1 de enero de 2026, haber vivido en España de manera continuada al menos cinco meses y carecer de antecedentes penales. 

Para acreditar los plazos de entrada y permanencia en España, será posible presentar “cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales que permitan acreditar su identidad”. Es decir, en este aspecto hay flexibilidad y las posibilidades van mucho más allá del habitual certificado de empadronamiento: documentos de identidad o pasaportes -en vigor o caducados-, facturas de la luz, partes médicos, diplomas de formaciones, papeles de servicios sociales o actividades municipales en las que se haya participado…

Esta regularización se puede pedir por tres motivos distintos: laboral, familiar o situación de vulnerabilidad. En función del supuesto en que se encuentra, se añaden otros requisitos más específicos. 

¿Cuáles son las exigencias en función de esos supuestos?

¿Qué es eso del informe de vulnerabilidad? ¿Dónde se puede pedir y quiénes lo deben presentar?

Es un informe nuevo, distinto a los habituales “informes de integración” de los servicios sociales, que deberá realizarse “a través de un modelo específico”, elaborado por el Ministerio de Inclusión. Se trata de un documento que acreditará la vulnerabilidad que sufren los migrantes por el hecho de vivir sin papeles: mayores dificultades para acceder a un trabajo estable, a la vivienda, etc. Además de las entidades competentes en materia de asistencia social de las comunidades autónomas, el Ejecutivo ha habilitado un registro de ONG especializadas en extranjería que también tendrán capacidad de emitirlos. 

Se trata de las entidades del Tercer Sector inscritas en el nuevo “Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, regulado mediante una orden interna el pasado 2 de marzo, de la que el Gobierno dará más información en las próximas horas. 

¿Cómo acredito que no tengo antecedentes penales?

Las autoridades de mi país suelen tardar muchísimo en enviar este tipo de certificados de antecedentes y temo que no me llegue a tiempo. Si he pedido el certificado a las autoridades de mi país, no me responden y se acerca la finalización del plazo de la regularización. ¿Qué puedo hacer?

La norma abre una vía excepcional para dar un poco más de margen a estos casos, porque es muy habitual que las autoridades de determinados países tarden meses en enviar este tipo de documentos. 

Si acredita que ha pedido el certificado y ha transcurrido un mes sin recibir respuesta, puede solicitar que el Gobierno español intente recabarlo por vía diplomática. Para activar esta vía, debes adjuntar a tu solicitud de residencia el justificante de haber solicitado el certificado a las autoridades de tu país, una declaración responsable (en un modelo específico) donde manifieste formalmente que ha pasado un mes y aún no ha recibido respuesta; y, por último, una autorización para que las autoridades españolas puedan pedir sus antecedentes en su nombre. Este documento tiene que presentarse en español y también en el idioma del país que deba emitir el certificado.

Tras ello, el trámite quedará suspendido por un “plazo máximo de tres meses”, mientras España intenta conseguir dicha información por la vía diplomática. Pero si transcurren esos tres meses y el Gobierno español tampoco consigue por su cuenta el certificado, se le notificará y, como última oportunidad, se exigirá al solicitante que aporte el certificado oficial en un último plazo de 15 días. Si no se entrega entonces, la solicitud de regularización será suspendida aunque no sea su responsabilidad, sino de la inoperancia de la administración correspondiente. 

¿Cómo puede pedir la regularización en mi nombre otra persona?

Es posible autorizar a una tercera persona o profesional para que presente la solicitud telemática en su nombre. Esto incluye, además de los abogados, a las ONG inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, las cuales están legitimadas para la presentación electrónica de trámites, lo que supone una vía segura, especialmente para personas vulnerables que pueden ser objeto de abusos. 

Por lo tanto, no necesita hacerlo usted mismo desde un ordenador si carece de firma electrónica. Bastará con reunir la documentación obligatoria rellenando el modelo específico (que estará disponible en las webs de los ministerios implicados) y acudir presencialmente a una de estas oficinas públicas u organizaciones colaboradoras, donde se encargarán de realizar el envío telemático por usted. 

Veo algún anuncio de abogados de extranjería que urgen a pagar mucho dinero y meten miedo diciendo que es imprescindible hacer el trámite a través de un profesional. ¿Es normal?

Ojo. Solicitar los servicios de un abogado colegiado a cambio de dinero siempre es una opción si se quiere reducir tiempo o se trata de casos muy complejos, pero no es imprescindible. Este proceso de regularización cuenta con distintas posibilidades para presentar la solicitud sin desembolsar grandes cantidades de dinero, sea a través de las oficinas públicas o con el apoyo de las ONG habilitadas para este fin. El Movimiento Regularización Ya está realizando también distintas charlas o talleres para informar sobre los trámites a seguir. 

En todo caso, si alguien le dice que pagar un servicio jurídico es un requisito fundamental para presentar su regularización, huya. Le está engañando. 

¿Qué pasa con los hijos menores que están acompañados por sus familias?

Los padres, madres o tutores que soliciten la regularización extraordinaria deberán presentar “de forma simultánea” la solicitud de autorización de residencia para sus hijos menores, o mayores con discapacidad que requieran apoyo, que se encuentren en España. Ambas solicitudes se resolverán al mismo tiempo y, en caso de obtener una respuesta positiva, los niños y adolescentes obtendrán un permiso de cinco años de duración, en vez de la autorización de un año recibida por los adultos. 

Estos casos se resolverán a través de la vía general de menores acompañados, pero flexibilizando mucho sus requisitos. Para los menores nacidos en España, se exime de la exigencia de presentar esta petición a los seis meses posteriores a su nacimiento. Para los nacidos en el extranjero, solo se pide acreditar por cualquier medio que el menor “ha permanecido en España de forma ininterrumpida” durante los cinco meses anteriores al momento de presentar la solicitud (se evita así demostrar los habituales dos años de permanencia previa, así como de disponer de los medios económicos y del alojamiento adecuado que habitualmente se exigen para la reagrupación familiar).

¿Qué tipo de permiso concede la regularización extraordinaria?

La autorización inicial es temporal y tiene una vigencia de un año. Este permiso permitirá residir y trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, en cualquier parte del territorio español y en cualquier ocupación o sector. 

¿Qué pasará cuando pase el año? ¿Se puede prorrogar?

Sí, se podrá modificar la autorización extraordinaria a un permiso por la vía ordinaria, si se cumplen con los requisitos, que incluye encontrarse trabajando en España o haberlo hecho durante un tiempo determinado. 

Si no se cumple con este requisito, el permiso podrá ser prorrogado por año extra por la vía extraordinaria siempre que el solicitante esté en búsqueda activa de empleo e inscrito en el servicio público de empleo, o haya aportado un “informe favorable de esfuerzo de integración” emitido por la comunidad autónoma que corresponda.  

Creo que tengo todo preparado… ¿pero qué pasa si falta algún papel y no me he dado cuenta?

Si presenta la solicitud y falta alguna documentación o está incompleta, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería le enviará un requerimiento formal para que subsane los problemas detectados, según la norma. Se le indicará qué es lo que falta y se le dará un plazo específico para añadirlo, que no podrá ser superior a 15 días. Si sobrepasado el tiempo establecido no envía la documentación solicitada, la petición quedará archivada. 

Si ya están saturadas las oficinas de extranjería y es tan difícil conseguir cita, ¿cómo se va a poder gestionar este pico de peticiones?

Las solicitudes de la regularización extraordinaria irán por otro canal, aseguran fuentes de Migraciones. No dependerán de las oficinas de extranjería (dependiente del Ministerio de Política Territorial con implicación de Interior) sino por la Unidad de Tramitación de Extranjería (responsabilidad de Migraciones). Según fuentes ministeriales, habrá un refuerzo de 550 empleados de personal de tramitación y atención, Habrá unas 450 oficinas habilitadas en todo el territorio y más de “150 entidades colaboradoras y profesionales habilitados”.

La misma semana en que el Gobierno anunció la regularización extraordinaria, varias mujeres migrantes comentaban la noticia en un restaurante mexicano del barrio madrileño de Tetuán. Trataban de entender los requisitos de la futura medida -cuyo texto definitivo se desconoce y aún no ha sido aprobado-, cuando una de ellas se presentó como abogada, empleada de una reconocida gestora. Les aseguró que podría apoyarlas con la tramitación de sus peticiones y les entregó su número de teléfono por si necesitasaban sus servicios. Regina (nombre ficticio) decidió llamarla pero, días más tarde, llora desconsolada tras sentirse víctima de una estafa.

“Me pidió 200 euros en efectivo, insitió en que era necesario para hacer un trámite y si no, no podría optar a la regularización. Se los pagué. Al día siguiente me di cuenta de que me había engañado”, cuenta la solicitante de asilo a elDiario.es. Asegura que la persona que está detrás de la estafa la ha amenazado con hacer daño a su familia en su país de origen, dado que le proporcionó mucha información sobre ellos, así como denunciarla a la policía para frustrar su regularización: “He pasado por muchas cosas aquí, no puedo tirar todo por la borda”, dice con la voz entrecortada.

La persona a la que pagó, asegura la mexicana afectada, no era quien decía ser. “No me ha devuelto el dinero, que supuestamente era para solicitar mis antecedentes”, lamenta la mujer, quien lleva más de un año a la espera de la respuesta de su solicitud de asilo, por lo que prefiere acogerse al proceso de regularización. “Ese dinero lo necesitaba para el alquiler, pero hice el esfuerzo porque me dijo que, si no, me podría quedar fuera”, clama.

El anuncio de la regularización extraordinaria de migrantes ha despertado la esperanza de cientos miles de personas que desean beneficiarse de la medida, pero también ha multiplicado el ansia de quienes tratan de hacer negocio de su desesperación. El caso de Regina, que denuncia haber sido engañada por una mujer que se hizo pasar por empleada de una reconocida gestora experta en extranjería, es la punta del iceberg del alarmismo generado en redes sociales por ciertas cuentas que urgen a sus seguidores a “empezar a tramitar” sus casos de regularización cuando todavía no ha sido aprobada la normativa que regularará su procedimiento, por lo que los requisitos incluidos en el borrador de la medida aún están sujetos a cambios.

Una semana después del inicio de la tramitación de la regularización, en un momento en que el borrador de la medida se encuentra audiencia pública, ya empiezan a proliferar las primeras denuncias de estafas dirigidas hacia migrantes deseosos de conseguir sus papeles. Además de las estafas, como la denunciada por Regina, en los últimos días también han aumentado las críticas sobre la tendencia de algunos abogados de extranjería que, a través de vídeos en TikTok o Instagram, han urgido a los migrantes interesados en la regularizacion a cerrar citas de asesoramiento con determinados despachos a cambio de dinero, en un momento en que aún se desconoce el contenido definitivo de la normativa. No saben, por tanto, si finalmente podrán optar a ella o no.

Denuncias de estafas

La denuncia de Regina es una de los que ha empujado a la gestora colegiada Griselda Herrera, especializada en derechos humanos y extranjería, a publicar este miércoles un post en Facebook para alertar del uso fraudulento de su nombre y su oficina. “Se informa a todos mis contactos, clientes, compañeros y amigos que la Gestoría Herrera no tiene trabajadores que les citen en cafeterías para dar asesoramientos o pedirles dinero, menos para recibir documentos”, ha afirmado. “Mi despacho es una gestoría unipersonal y estoy en las oficinas profesionales de la calle [...]”, ha aclarado la profesional, tras recibir las quejas de un par de exclientes que aseguran haber quedado con una mujer que decía ser su empleada y pedía dinero a cambio de tramitar su proceso de regularización.

“Están intentando estafar utilizando mi nombre, aprovechándose de su desesperación. Una mujer ha caído y, como había dado toda la información de su país de origen, ahora la están amenazando con denunciarla e impedir su regularización”, explica la gestora sobrecogida, quien asegura haber comunicado el caso al Colegio de Gestores de Madrid y tiene la intención de presentar una denuncia ante la Policía Nacional.

Un vistazo en Facebook o Wallapop basta para encontrar ofertas de supuestos servicios de asesoramiento ligados a la regularización. Algunos de los mensajes más sospechosos, publicados en distintos grupos de personas inmigrantes en España, van acompañados de carteles realizados con inteligencia artificial y no incluyen el nombre del despecho o de un abogado específico. No dicen precio, animan a solicitar información por privado. En Wallapop también ha sido publicado ya al menos un anuncio que oferta ayuda para este tipo de trámites. El precio, supuestamente, es 1 euro, pero no detalle las condiciones o si luego requerirá más cobros.

Más allá de los intentos de estafas, de engaños de personas que se hacen pasar por abogados o gestores sin serlo, algunos abogados han acusado de “alarmismo” y “abuso” el comportamiento en redes sociales de algunos compañeros juristas que han publicado ofertas para tramitar la regularización y han urgido a sus potenciales clientes a “iniciar el trámite” cuando todavía se desconoce el texto definitivo de la regularización.

Camilo A. Escobar es uno de los letrados expertos en Extranjería que en los últimos días han criticado las estrategias de algunos compañeros para atraer clientes interesados en la regularización pese a que el texto aún no ha sido aprobado. “Hay despachos que anuncian que están 'tramitando expedientes' o reservando supuestos cupos cuando ni siquiera se conocen los requisitos definitivos, sostiene en conversación con elDiario.es. El letrado, que ha publicado varios vídeos en redes sociales cuestionando estas prácticas, considera que se están exigiendo precios ”desorbitados“, con cobros por adelantado de cientos de euros por trámites que aún ”no existen“. A su juicio, este tipo de mensajes pueden estar presionando a las personas migrantes, que ante el miedo a quedarse fuera, ceden y acaban pagando cuando aún no es necesario ni saben si podrán ser finalmente beneficiados.

“Se está presionando a personas migrantes desesperadas con miedo a quedarse fuera, pero ¿cómo van a asesorar sobre un texto que no está firmado?”, se pregunta. El jurista recuerda lo ocurrido con el último borrador del reglamento de Extranjería, que generó expectativas en solicitantes de asilo y luego, no solo los dejó fuera, sino que empeoró su situación. “¿Con qué cara cobras una consulta sobre algo que sabes que puede cambiar por completo? ¿Y si luego cambia y esa persona no podía optar a la regularización?, añade.

El Ministerio pide “calma” para evitar abusos y colas innecesarias

Tras estas quejas y después de que se hayan registardo filas frente algunos consulados de distintos países de España para realizar trámites relacionados con la regularización, el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ha lanzado un comunicado para recordar que aún no está abierto el plazo de presentaciones para el proceso de regularización y, por tanto, realiza “un llamamiento a la calma”. Desde Migraciones insisten en quaeel borrador de la normativa se encuentra en fase de audiencia pública, por lo que su contenido y requisitos están sujetos a cambios. Fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz reconocen sentirse preocupados por las informaciones que apuntan a “posibles abusos que se puedan comenter antes de que se sepan los requisitos”. Migraciones recuerda los distintos plazos que aún tiene pendiente la tramitación de la medida, que aún no ha sido aprobada, con el objetivo de evitar que quienes quieran regularizarse empiecen a “hacer trámites que aún no se tienen que hacer” y evitar “que no haya abuso por parte de algunas personas en beneficio propio”.

La Secretaría de Estado de Migraciones recalca que, tras la actual fase de audiencia pública, “el documento será revisado, incorporará los cambios que se consideren pertinentes y se remitirá a distintas instituciones para la emisión de informes, entre ellos el del Consejo de Estado”, antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. “Solo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se abrirá el plazo para solicitar la regularización, que el Ministerio prevé que comience en torno a principios de abril, es decir, dentro de aproximadamente dos meses”, indica la nota de prensa. Mientras tanto, el departamento que dirige Elma Saiz insiste en que las personas potencialmente afectadas consulten únicamente los canales oficiales del Gobierno para evitar bulos o informaciones falsas.

Paco Solans, abogado especializado en inmigración y portavoz de la Asociación Extranjeristas en Red, afea la actitud alarmista de algunos algunos compañeros en redes sociales. “Era previsible. Siempre hay algún aprovechado y gente con mucha jeta”, resume el letrado. Él también se ha chocado en la última semana con anuncios de servicios jurídicos que prometen gestionar la regularización a cambio de pagos elevados y anticipados, cuando aún no se conocen los detalles definitivos de la medida. “He visto anuncios que cobran 490 euros a los primeros que reserven y, al resto, 700. Eso provoca que haya gente que lo pague cuando aún no se conoce el texto definitivo y puede ser que, finalmente, no esté entre los beneficiados”, denuncia.

Solans marca una línea clara entre ejercer la abogacía como profesión o convertirla en negocio a costa de personas vulnerables. “Los que concebimos esto como una profesión ajustamos precios y no atentamos contra la dignidad de nuestro trabajo ni de la gente. Los que lo conciben como negocio, simplemente buscan recibir dinero”, afirma.

El teléfono del despacho de Solans no ha dejado de sonar en la última semana. “Llama mucha gente desesperada y, con razón, pero ahora mismo lo único que hacemos es calmarles”, explica. A quienes le consultan, añade, se les recomienda ir preparando documentación básica —como el pasaporte o los certificados de antecedentes penales del país de origen—, pero sin adelantar dinero. “Si quieren ir trayéndome papeles, vamos preparando cosas, pero por eso no les cobro”, aclara Solans, quien asegura que desde la red de abogados extranjeristas de la que forma parte tratan de trasladar un mensaje muy distinto al que está proliferando en TikTok entre algunos letrados: “Nuestra respuesta es la contraria a la que se está lanzando por ahí: tranquilidad. Todavía no se puede hacer nada. Paciencia”, concluye Solans.

Los inspectores de trabajo son una figura clave a la hora de destapar situaciones de abuso y explotación de trabajadores migrantes cada día. “Sabemos bien que, en muchas ocasiones, sin papeles no hay derechos efectivos”, subraya este viernes UPIT (la Unión Progresista de Inspectores e Inspectoras de Trabajo), que ha celebrado la regularización extraordinaria de migrantes que ha comenzado a tramitar el Gobierno. La medida, para la que han pedido recursos públicos suficientes, aflorará empleo sumergido y “debilita a quienes hacen negocio con la precariedad y el miedo”, indican.

El sindicato de inspectores celebra que la medida ofrece una salida con derechos a una realidad conocida: “Cientos de miles de personas migrantes sostienen sectores enteros de nuestra economía –agricultura, cuidados, hostelería, construcción– en condiciones de extrema vulnerabilidad”.

“La irregularidad administrativa no es una elección; es una imposición legal que alimenta la explotación laboral, el fraude, la economía sumergida y, en sus formas más extremas, la trata de seres humanos con fines de explotación”, sostiene UPIT. “Regularizar no es un premio: es poner fin a una hipocresía estructural”, añade la organización.

Un impedimento a la explotación laboral

Los inspectores apuntan que la falta de autorización administrativa empuja a muchas personas a “aceptar jornadas abusivas, salarios por debajo de convenio, ausencia de cotización, falta de protección en materia de seguridad y salud y situaciones cercanas a la servidumbre moderna”.

“El abuso sobre las personas en situación de necesidad por su irregularidad administrativa es, sin duda, en sus casos más extremos, la esclavitud del S. XXI”, recoge su comunicado.

Por ello, saludan la regularización como “una medida de salud democrática y de fortalecimiento del Estado social”. La unión de inspectores sostiene que la medida aflorará empleo ahora en la economía sumergida, reforzará así el Sistema de Seguridad Social y debilita las oportunidades de explotación laboral que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas sin papeles.

“Rechazamos los discursos hipócritas que criminalizan a quienes migran, al tiempo que miran hacia otro lado ante los beneficios empresariales construidos sobre su explotación. Migrar no es un delito; explotar sí lo es. Y la mejor forma de combatir la explotación laboral no es la persecución del más débil, sino la ampliación de derechos, la visibilidad jurídica y el refuerzo de los mecanismos de control público”, denuncian.

Piden recursos públicos para evitar “cuellos de botella”

UPIT reclama al Gobierno que, “siendo estricto en las condiciones exigidas para el reconocimiento de la nueva situación administrativa, adopte las medidas necesarias para agilizar el procedimiento, evitando que el mismo se pueda convertir en un cuello de botella que le reste efectividad”.

El sindicato de inspectores demanda a todas las autoridades públicas que deban participar en el procedimiento que faciliten la documentación necesaria para acreditar la estancia en nuestro país y que “no pongan obstáculos a las personas solicitantes”. “Esta no es una cuestión de ideologías. Es una cuestión de humanidad”, indican.

Además, UPIT pide que la regularización vaya acompañada también de más recursos para la Inspección de Trabajo. “No lo olvidemos, los derechos no se declaran, se reconocen y se garantizan, y para lograrlo es imprescindible una Inspección de Trabajo fuerte, dotada de recursos materiales y humanos suficientes”, añaden.

Esta semana PSOE y Podemos han anunciado que el Gobierno inicia los trámites para la regularización extraordinaria de migrantes. La estimación es que unas 500.000 personas podrán acogerse a la regularización. Serán personas en situación irregular que deben haber llegado a España hasta el 31 de diciembre de 2025 y que llevan al menos cinco meses aquí. Esta es una reivindicación del colectivo ‘Regularización Ya’, que la había llegado al parlamento como una Iniciativa Legislativa Popular con más de 700.000 firmas. Se convierte en realidad y se traduce en una buena noticia para muchas personas que ya viven en España. Personas para las que esto es político y es personal. Personas como Ndongo, como Abdullah, como Aicha, como Ibtissam, a las que escuchamos en este episodio. 

Esto es un Decreto Ley. Lo aprueba el Gobierno… pero lo anuncia Irene Monero en un acto de Podemos. ¿Por qué lo aprueba el Gobierno y lo anuncia públicamente Podemos? ¿A cambio de qué? Lo abordamos con la jefa de Desalambre en elDiario.es, Gabriela Sánchez, y con el periodista parlamentario de elDiario.es, Alberto Ortiz.

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Nilka Baena es una mujer colombiana que hace un año trabajaba en Valencia cuidando de una persona mayor. Se ocupaba de todo en casa, era lo que mucha gente llama “una interna”. Sin papeles. Hasta aquel día, en el que como mucha gente, perdió su casa y perdió su trabajo. Se cumple un año de la dana: 229 víctimas mortales confirmadas. Y una pregunta: ¿Dónde estaba Mazón? 

Esa pregunta es la que da nombre al documental de elDiario.es coproducido junto a Barret Cooperativa, Calibrando Producciones y Cosabona Films que arroja luz sobre los huecos que deja la falta de información del propio Mazón y de su equipo, que todavía no ha aclarado los detalles de ese día. En este podcast escuchamos fragmentos del documental de expertos, responsables políticos y personas afectadas por lo que pasó ese día. Te dejamos el enlace en la descripción. 

Contamos cómo fue el día de la riada de Nilka y cómo fue, hasta donde sabemos, el día del president Carlos Mazón. Queremos hablar de esa historia paralela, a veces tan desconectada, de lo que pasaba en el plano político, que contamos en el documental, con lo que le iba pasando a Nilka en su casa. Lo hacemos acompañados del periodista que mejor sabe los detalles de lo que pasó hace un año. Con Sergi Pitatch, director de elDiario.es en la Comunitat Valenciana. 

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“¿Dónde estaba Mazón?”: el documental que investiga la gran incógnita de la dana

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El Gobierno ha aprobado una regularización extraordinaria a la que podrán acogerse miles de personas sin papeles afectadas por la DANA. Hace unos meses, después de la tragedia, Oxfam Intermón calculó que entre 28.000 y 41.000 personas migrantes en situación irregular no iban a poder optar a distintas ayudas públicas. Ahora, el Gobierno va a regularizar la situación de unos 25.000 inmigrantes para que estas ayudas sí lleguen. Personas como Leydis, con la que hablamos en este episodio. 

Pero hay otras personas a las que esto no va a llegar a tiempo. Para nosotros fue imposible no acordarnos de Nilka y de Yolanda. Son dos mujeres colombianas con las que hablamos en este podcast y que trabajaban en Valencia cuidando de personas mayores, con las que convivían para encargarse de todo. Yolanda, cuando todo pasó, se fue a Colombia. 

Hacemos balance del alcance de esta medida y de lo que queda por hacer con la jefa de Desalambre en elDiario.es Gabriela Sánchez.

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Como tantos miles de habitantes de los municipios afectados por la DANA, sus casas también fueron azotadas con la riada del pasado 29 de octubre. También temieron por su vida mientras la corriente parecía arrastrar sus cuerpos y, tras sobrevivir, perdieron sus empleos por la imposibilidad de desplazarse a su trabajo ante los destrozos de la catástrofe. Pero ellas no pudieron solicitar las ayudas dirigidas a los afectados de la DANA ni pudieron reclamar sus derechos ante sus despidos.

Ellas no existían para el Estado, trabajaban de manera irregular y no podían plantearse acceder a alguna de las medidas para recuperar una parte de lo perdido. Son las personas sin papeles, muchas trabajadoras domésticas, jornaleros o empleados de la construcción, que llevaban más de tres meses tratando de sobrevivir en la clandestinidad después de perderlo todo en los municipios arrasados por las inundaciones. 

Este martes, más de 100 días después de la riada, el Gobierno aprobó una batería de medidas centradas en atender las necesidades especiales de las personas extranjeras afectadas por la DANA. Además de flexibilizar y prorrogar los permisos de residencia de quienes tenían papeles, pero corrían el riesgo de perderlos a causa de las consecuencias de las inundaciones, el Ministerio de Inclusión sacó adelante una vía para regularizar a los migrantes en situación irregular empadronados [o con cita para hacerlo antes del 4 de noviembre] en los municipios impactados por la catástrofe. 

Inclusión calcula que la medida beneficiará a 25.000 personas, aunque las ONG especializadas en migración advierten de que dejará a mucha gente atrás al exigir el empadronamiento como única vía para probar su residencia en estos pueblos, un trámite complicado de conseguir para quienes viven en la clandestinidad. 

Una de las personas que cumple con los requisitos es Leydis. La mujer migró a España desde Colombia hace más de dos años y desde entonces vive en el municipio Valenciano de Chiva, donde se encuentra empadronada en la vivienda de su hermana. La riada destrozó la casa donde vivía de alquiler junto a su marido y su hija de cuatro años. Desde entonces, la familia reside de forma temporal en una habitación de un hotel que el Ayuntamiento ha habilitado para los vecinos afectados que lo han perdido todo.

“Siento un gran alivio. Estaba pendiente de la reforma del reglamento con los nuevos requisitos, pero ahora puedo hacerlo antes. Necesitamos papeles para volver a empezar”, dice en uno de los pocos ratos que tiene libre en toda la jornada. Desde la riada, vive más lejos del pueblo y las distancias para todos sus quehaceres han aumentado. No tiene coche, por lo que va a  la carrera a todas partes. Más aún desde la entrada en vigor del plazo establecido por el Gobierno para solicitar la regularización. 

Este jueves, cuando Leydis conoció los detalles de la medida tras su aprobación en el BOE, la colombiana respiró aliviada, pero no tardó en levantar el teléfono. La mujer cumplía los requisitos de la medida y quiso tratar de averiguar a qué ayudas podría acceder en los plazos marcados. También llamó a asociaciones para tratar de entender los trámites que debía cumplir y el papeleo que debía acumular en el tiempo establecido: la norma aprobada por el Gobierno da tres meses para pedir este permiso de residencia excepcional.  

“Tres meses pasan volando. Hay que ponerse en marcha para que no se nos pase”, dice la mujer por teléfono. “Esperemos que el procedimiento sea rápido. Hay un plazo para las ayudas y me da miedo no llegar”, comenta la colombiana. Ese temor le ha hecho ir los últimos dos días de un lado a otro para presentar la documentación cuanto antes. Por ejemplo, cuenta, una ayuda para el alquiler que le interesaría ofrecida por el Ayuntamiento de Chiva finaliza en junio. “Estoy sin trabajo fijo aún. Aunque ya las cosas se van mejorando, me gustaría obtener alguna de esas ayudas para empezar de cero otra vez”, explica Leydis. 

Ella y su familia necesitan salir del paréntesis en el que se ha convertido su día a día desde la riada que se llevó por delante su vivienda y la vida que había empezado a construir desde su llegada a España hacía dos años. “La regularización es bienvenida porque siempre será más fácil conseguir trabajo. Si hay una posibilidad de obtener ciertas ayudas como afectados de la DANA nos vendría muy bien. Pero si no alcanzamos a pedirlas, al menos estamos regularizados”, añade. 

Meses sin empleo ni ayudas

Días después de la tragedia, el marido de Leydis perdió su empleo en el sector de la construcción. Desde Chiva, ante los destrozos causados por las inundaciones le era imposible desplazarse hasta Valencia, donde se encontraba la obra donde trabajaba. Dos días después, el hombre fue despedido. Sin contrato al no tener papeles, no podía exigir ninguno de sus derechos ni acogerse a ninguna de las medidas impulsadas por el Gobierno para prevenir los despidos. 

La misma situación vivieron Valentina (nombre ficticio) y su esposo. Ambos, de origen venezolano, perdieron sus empleos por no tener forma de llegar los días posteriores a la riada, cuando todas las carreteras de la zona estaban intransitables. “Una alegría por fin. Desde que perdí el empleo he querido trabajar, pero no puedo por no tener papeles. Si puedo regularizarme será más fácil conseguir trabajo”, dice la mujer.

“Desde la DANA todo ha ido faltal. ¿Quién se espera eso? Se paralizó todo. Yo trabajaba, pero dejé de trabajar porque aquí perdimos el carro y todo estaba atrancado”, lamenta Valentina, quien hasta la tragedia trabajaba en Turia cuidando de una señora mayor.  

“Cuando volvieron las comunicaciones, avisé de que no podía salir. Pero cuando uno trabaja en negro, no apoyan a uno en nada”, explica la venezolana. “Me dijeron que ya buscarían entonces a otra persona. Me dijeron que no era problema de ellos lo que había pasado. Llevaba dos años trabajando con ellos, pero como estaba en negro, no podían pagarme nada”. 

El marido de Valentina trabajaba sin contrato en un restaurante que ha permanecido cerrado durante más de dos meses. “Y todo ese tiempo hemos estado sin cobrar ninguno de los dos. Hemos pagado la habitación con ahorros. Y nos han ayudado con la comida”, detalla la venezolana, que ha conseguido un empleo temporal hace unas semanas. 

Oxfam Intermón calcula que entre 28.000 y 41.000 personas migrantes en situación irregular fueron afectadas por la DANA y no pueden optar a las ayudas estatales, lo que las empuja a una situación de extrema vulnerabilidad. La ONG ha valorado positivamente la decisión del Gobierno, pero advierte de que el requisito del empadronamiento puede dejar a cientos de personas excluidas debido a las dificultades que encuentran los migrantes para realizar dicho trámite.

“Es muy posible que vecinas y vecinos migrados residentes en esos municipios cuando les impactó la DANA no estuvieran empadronados. Es necesario flexibilizar ese requisito administrativo para que no sea la única forma de demostrar que residían o trabajaban allí y que han sido afectadas”, explica Raquel Checa, responsable del programa Desigualdad Cero de la ONG.

Desde Valencia Acull piden que el Gobierno flexibilice los requisitos con el objetivo de que las personas afectadas sin papeles puedan presentar otro tipo de prueba de su residencia en la zona, ante la dificultad para cumplir con este trámite, especialmente en los municipios de la provincia de Valencia. “Se pueden presentar otras pruebas de residencia efectiva: como informes municipales, tarjetas sociales, los documentos de la escolarización de los niños...”, reclama Paco Simón, de la ONG.  

Tanto Valentina como Leydis están empadronadas, pero reconocen que no es fácil realizar dicho trámite. Ambas están registradas en los municipios donde residen, pero no en los pisos concretos en los que viven, dado que hacerlo en la vivienda donde residen era más complicado. “Yo pude hacer el trámite gracias a que mi hermana me dejó empadronarme en su casa, donde viví un tiempo, pero es muy difícil”, reconoce Leydis.

Una imponente puerta de metal da acceso al almacén industrial. Justo al cruzarla, aguarda en una cabina David Carrillo, encargado de hacer un primer registro a la chatarra. Algunos materiales que le traen llegan en carros; otros, en furgonetas o incluso en vehículos particulares. Por su garita suelen desfilar hasta 100 personas cada día con algo que vender. 

En el interior de la nave de Recuperaciones Carrillo, ubicada en el municipio barcelonés de Ripollet, a 16 kilómetros de Barcelona, el caos aparente esconde en realidad un sistema perfectamente orquestado. Una luz tenue permite distinguir las montañas de desechos de metal, clasificados por tipo y tamaño, y que se alinean a la espera de ser fundidos: hierro, acero, cobre y aluminio comparten espacio con piezas mecánicas y objetos cotidianos, desde electrodomésticos a patinetes eléctricos, todos sometidos a lo que los empleados denominan su ciclo de transformación. 

En la empresa familiar Recuperaciones Carrillo, fundada en 1996 por los hermanos Antonio y Andrés Carrillo, trabajan 18 personas. La suya es una de las 400 plantas de recuperación y reciclaje que hay en Catalunya, conocidas popularmente como chatarrerías. Un sector que se alimenta tanto de los desperdicios de grandes empresas e industrias como de lo que recogen por la calle y en los contenedores miles de personas, la mayoría extranjeros sin papeles.

Según explica David, cada día se acercan a su almacén un centenar de personas, que pueden ser chatarreros o particulares que quieren deshacerse de objetos de su casa o de su empresa. Estos almacenes actúan como el intermediario entre quienes tiran el material y la industria del reciclaje. 

Se trata además de un sector que de vez en cuando se sitúan en el foco por la existencia de compradores de chatarra que operan de forma ilegal. Ocurrió sin ir más lejos con el último gran robo de cobre que colapsó la red de Rodalies en Catalunya, y que llevó a cabo una banda en la que participaba un empresario chatarrero. 

Victoria Ferrer, directora del Gremio de Recuperación en Catalunya, admite el impacto de esos negocios al margen de la ley: “Estos establecimientos ilegales representan una competencia considerable”. Muchos recolectores, lamenta, optan por venderles sus materiales porque no exigen documentación y porque pueden ofrecer precios más altos al eludir las normativas que regulan el sector.

En cambio, en las empresas de chatarrería oficiales, cuando llegan los materiales a la nave, lo primero que hacen es registrar la documentación de la persona que lo entrega, como el DNI, NIE o, en su defecto, la hoja de empadronamiento y el pasaporte. A continuación, se identifica el tipo de material recibido, ya que el valor varía dependiendo de si se trata de latón, hierro, aluminio u otro metal.

Una vez clasificado, el material se pesa en una báscula, y se genera un albarán que detalla el peso, el tipo y su precio. Con el proceso administrativo completo, los materiales se procesan y funden según su clasificación. Finalmente, estos se preparan para su venta a fundiciones o mayoristas, “cerrando el ciclo del reciclaje”, concluye David.

Vivir de chatarra

En el exterior del almacén, ubicado en medio de un polígono industrial, esperan en fila para entrar los recolectores de chatarra, la mayoría de ellos con carros de supermercado cargados de metales de objetos de metal que contienen hierro, aluminio, cables, acero... Son los que recogen los desperdicios aprovechables para el reciclaje de entre los contenedores en plena calle, aunque también junto a obras y grandes construcciones. 

La mayoría de estos chatarreros son jóvenes de origen migrante, que provienen de países africanos, principalmente de Senegal, y han llegado a través de la peligrosa ruta Canaria, explica Federico Demaria, investigador principal del proyecto Wastecare, que estudia el papel de los chatarreros en los procesos de reciclaje en Barcelona.

“Me levanto temprano por la mañana y recorro todos los contenedores de la zona buscando chatarra”, explica Mamadou, un joven de Mauritania que espera fuera del almacén con su carro. “Cada día intento traer cosas para poder comer”, admite. De su carro asoma el cuadro de una bici desmontada. 

A su lado, Sin Seck, un pescador de Senegal que tuvo que dejarlo todo atrás, asiente mientras escucha a su compañero y añade: “Vivimos al día, sin saber qué nos pagarán y si hay suerte de encontrar algo”.  

El sector de la chatarra, altamente competitivo según quienes lo integran, está marcado por las fluctuaciones constantes en los precios que se pagan por los materiales. “Por este carro lleno de cosas creo que me darán entre 15 o 20 euros”, señala Mamadou, que suele dedicar una media de 10 horas diarias a la recolección de chatarra por unos ingresos que no superan esos 20 euros por entrega. 

Según la directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, las empresas pagan poco porque estas oscilaciones de precio, que pueden cambiar de un momento a otro, les obligan a operar con márgenes muy ajustados y a lidiar con costes fijos elevados, como la maquinaria que procesa los metales.  

“Aunque actualizamos precios semanalmente para dar estabilidad a estas personas, la realidad es que los valores fluctúan diariamente y muchas veces salimos perdiendo nosotros también”, añade.

Recicladores informales

“Nada de lo que llevo en el carro es robado, trabajo muchas horas para conseguirlo”, asegura Mamadou a David, mientras le entrega la documentación necesaria para poder vender los materiales que ha recolectado.

En las chatarrerías, se registra el NIE o DNI de las personas que entregan materiales, o, en su defecto, la hoja de empadronamiento y el pasaporte. Esta medida es obligatoria por la Ley de Seguridad Ciudadana, especialmente para prevenir los robos de cobre.

Las empresas del sector están obligadas a enviar semanalmente un listado detallado con los datos de los proveedores y una descripción de los materiales entregados a los Mossos d’Esquadra.

“Nosotros no podemos saber si los materiales son robados o no”, explican desde el sector. Por ello, el registro permite a las autoridades identificar a las personas implicadas en posibles delitos, ya que los datos reflejan cuántas veces han vendido material y en qué chatarrería lo han entregado.

“Buscamos basura dentro de los contenedores porque no tenemos papeles y es de los pocos trabajos que podemos hacer”, explica Sin Seck. La mayoría de ellos se encuentran en situación administrativa irregular, el 78% no tienen NIE, señala la investigación Wastecare de la Universidad de Barcelona (UB). Solo en la capital catalana operan unos 3.200 de estos chatarreros informales, que llegan a recoger 380 toneladas diarias de metales o, lo que es lo mismo, 100.000 toneladas al año. En este sentido, el investigador del estudio, Federico Demaria, señala que las empresas de chatarrería también se ven afectadas por la situación irregular de los recolectores.

“Las empresas de chatarrería no son ‘los malos’, el foco del problema radica en las desigualdades, las leyes de extranjería y el racismo, que dejan a estos trabajadores en una situación de vulnerabilidad, limitándoles sus opciones laborales”, admite Demaria.

La falta de documentación también empuja a los chatarreros informales a vender sus materiales a intermediarios que sí la tienen, quienes les pagan menos y luego revenden los productos a un precio más alto en los almacenees. “Este sistema añade un nivel de explotación aún mayor a una situación ya de por sí precaria”, concluye el investigador.

En este contexto, el sector propone que la Seguridad Social diseñe un tipo de IRPF más accesible para estos trabajadores, con el fin de regularizar su situación y facilitar su integración en el sistema.

“Llamarlos recicladores informales es más preciso que chatarreros, ya que reciclan, pero son informales porque el sistema no los reconoce porque la mayoría no tienen papeles”, subraya Demaria. “Al final ofrecen servicios de reciclaje a la sociedad sin coste, no los tenemos en cuenta en nuestros impuestos”, añade.

El Gremio de Recuperación de Catalunya estima que el 25% de los metales que entran en sus almacenes proceden de estos chatarreros que empujan sus carros por la calle. El resto suele tener como origen los desechos de grandes empresas e industrias.

Una profesión con historia

Una furgoneta blanca llega al almacén cargada de materiales para vender. De ella desciende Antonio Pujadas, un hombre de 78 años que ha dedicado buena parte de su vida a la chatarra. Todos en la empresa lo conocen y lo saludan.

“Tenía un taller de mecánica, pero tuve problemas con Hacienda y lo cerré”, recuerda. “En aquellos años, lo único que quedaba al margen de la ley era la chatarra, así que decidí dedicarme a esto para salir adelante”. 

No fue hasta los años 90 cuando el sector dejó de operar sin normativa y se exigieron permisos específicos para gestionar residuos. “Cuando la actividad de las chatarrerías empezó a regularse, decidimos fundar mi hermano y yo la empresa”, recuerda Antonio Carrillo.

“Al principio fue muy duro empezar el negocio, pero ya conocíamos bien el oficio”, admite Antonio. “Mi hermano y yo llevábamos años trabajando de chatarreros. Cuando llegamos de Granada a Catalunya en los años 60, no nos quedaba otra opción que dedicarnos a esto”. 

La profesión siempre ha estado vinculada a la migración, no solo subsahariana como ahora, sino también a aquellos que llegaron de Andalucía a Catalunya durante las décadas de los 50 y 60 en busca de nuevas oportunidades. “Ser chatarrero ya era una forma de ganarse la vida en la posguerra civil española”, señala Antonio.

Las reliquias del sector

Pujadas conversa con David en su cabina. Se mueve por la empresa como si fuera su segunda casa. Señala una estantería repleta de radios vintage, cuidadosamente alineadas por colores. “Estos son los tesoros que nos trae la chatarra, no tienen precio”, comenta David.

“Mi hermano tiene una colección de reliquias”, añade David, mientras le pide a Andrés Carrillo, su hermano, que las muestre. Andrés se convierte en el guía hacia una pequeña sala con un expositor de cristal.

En el primer estante destacan figuras de metal que parecen elaboradas con materiales reciclados, pero lo que más llama la atención es una colección de teléfonos antiguos de diversos colores y modelos. Al subir a la planta superior, enseña su joya más preciada: una bicicleta blanca y azul de la marca Panther Cross, reluciente y perfectamente conservada.

“A veces nos trae cosas bonitas como estas, pero es una vida muy dura, la de chatarrero”, admite Pujadas. Que él lleve tantos años en el negocio, dice, es una excepción. “La gente rota mucho y nadie quiere dedicarse realmente a esto”, explica Pujadas. “Para mí ahora es un entretenimiento”, concluye.

Muchos chatarreros lo consideran un trabajo temporal para sobrevivir. Un claro ejemplo de ello fue la creación de la cooperativa Alencop el año 2015 por parte del Ayuntamiento de Barcelona, destinada a la integración de personas en situación de exclusión y en  servicios de reutilización y reciclaje de residuos.

Sin embargo, el proyecto no prosperó debido a la alta rotación de trabajadores y a que los recolectores informales necesitan complementar su trabajo en la chatarra con otras actividades para subsistir. Las empresas de chatarrería tampoco vieron con buenos ojos la iniciativa, que consideraban una competencia desleal por parte del propio Ayuntamiento.

Actualmente, los chatarreros denuncian que no existe ninguna política específica, ni a nivel estatal ni autonómica, dirigida a esos trabajadores informales para mejorar sus condiciones laborales precarias. 

Después de colocar su material, Mamadou sale del almacén con el carro vacío. En 15 minutos, le han revisado el material y esta vez se lo han comprado casi todo. “He sacado 15 euros”, comenta. Sin Seck, en cambio, no ha tenido suerte hoy y no ha encontrado nada para vender, solo acompañaba a su amigo. Pero Mamadou ya le ha propuesto ir juntos al día siguiente a buscar chatarra para llevarla a la empresa.

Mahdi tiene 26 años y con 13 migró solo, agarrado a los ejes de un camión, desde Tánger (Marruecos) hasta Barcelona. “Soy de los pocos que ha conseguido hacerlo del tirón”, dice este joven. Toma su teléfono móvil y enseña fotografías de su familia y de algunas habitaciones. Son de Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) para menores no acompañados en los que estuvo hasta que cumplió 18 años. Luego, se vio sin techo.

“Albergues, casas ocupadas, la calle...”. Mahdi enumera los lugares en los que ha vivido desde su mayoría de edad. Fueron unos dos años de incertidumbre hasta que un amigo le habló de la 'Tancada Migrant'. Se trata de una residencia para personas migrantes situada en uno de los edificios que antaño acogieron la escuela de arte Massana, en el barrio del Raval de Barcelona, y que fue ocupada en 2018.

Pero las cincuenta personas que, como Mahdi, residen allí ya han empezado a buscar otro lugar para vivir. Este espacio, que en su día recibió la visita del president Quim Torra y contó con el beneplácito del consistorio de Ada Colau, ahora pende de un hilo. El Ayuntamiento de Jaume Collboni inició en septiembre un proceso para desalojar el el inmueble -de titularidad pública- y recuperarlo.

Después de diversos intentos de desalojo frustrados por colectivos del barrio, el consistorio dio un plazo de 10 días a los residentes para que se marcharan de forma voluntaria. Ese plazo ha acabado este viernes 8 de marzo y en cualquier momento puede aparecer una patrulla de la Guàrdia Urbana para desalojar a los cincuenta migrantes que viven en la Tancada.

El consistorio ha optado por un desalojo por la vía administrativa, que no pasa por juzgados. Basta con que la administración propietaria del inmueble justifique que el espacio es de utilidad pública y requiere darle uso. La notificación de desalojo, a la que ha tenido acceso este diario, no va firmada por un juez, sino por Albert Batlle, concejal del distrito de Ciutat Vella y también teniente de alcalde y concejal de Seguridad.

Los principales motivos que expone el Ayuntamiento para desalojar el lugar son “los requerimientos de seguridad y salubridad exigibles para el uso de este local” y argumentan que la Guàrdia Urbana ha debido actuar de manera “reiterada” debido a incidentes “de orden público” ocurridos.

Tanto los residentes de la Tancada como colectivos del barrio que los atienden se muestran de acuerdo en que es un espacio “complicado y conflictivo”. “No es un buen lugar para vivir. El problema es que no tienen otra cosa que no sea la calle”, asegura Helena Martín, miembro del Sindicat d'Habitatge del Raval. “De vez en cuando hay peleas porque hay robos o porque hay malentendidos, cuestiones religiosas”, relata Mahdi, que apunta que “pocas cosas pasan” teniendo en cuenta las condiciones en las que viven.

Colchones, chatarra y bicis de Glovo

Al principio, la cincuentena de personas que vivían allí dormían en colchones en el suelo, lidiando con las goteras y humedades, así como con la falta de intimidad y la inseguridad de perder sus pertenencias. Pero con el paso del tiempo, los habitantes fueron construyendo pequeños módulos de menos de 3 metros cuadrados que se cierran con candado y dentro de los cuales cada quién se acomoda como puede.

Mahdi es uno de los más manitas y ha ayudado a sus amigos a construir cubículos de madera, reforzados y hasta con armarios y electricidad. Incluso ha llegado a levantar habitáculos de dos pisos para aprovechar mejor el espacio y dejar más lugar a las zonas comunes. “Hacemos lo que podemos -dice- No es una vida buena, pero es mucho mejor que estar en la calle”, explica Yunes, un joven de 21 años, también de Marruecos y que se dedica a recoger y vender chatarra.

Él llegó al recinto en 2019. Se lo recomendó su hermano, que ya había conseguido otro lugar en el que vivir. “La asamblea votó a favor de que me quedara”, recuerda el chico, explicando los métodos de decisión que se usan para organizar el día a día. Estuvo poco más de dos años porque consiguió un albergue a través de Servicios Sociales.

Pero la gran mayoría de sus compañeros no han tenido esta suerte. Al preguntar sobre si han recibido algún tipo de ayuda, Lili, una mujer nigeriana, se ríe sonoramente. “¿Ayuda? ¿Servicios Sociales? Meses intentando que me atiendan, pero no hay manera. Hoy es miércoles, ¿no? Pues hoy me tendrían que haber llamado y nada”, explica esta mujer, que ha perdido la fe en poder conseguir un techo si desalojan el edificio. “Es muy difícil”.

Desde el Ayuntamiento aseguran que se ha “solicitado la actuación de Servicios Sociales para explorar la situación” y poder dar la “atención social necesaria a los ocupantes” tras el desalojo. Pero el Sindicat d'Habitatge del Raval desmiente al consistorio y denuncia que los trabajadores sociales solo pasaron por el espacio en septiembre (cuando se incoó el expediente) para realizar un censo preliminar, pero no para estudiar cada caso. “Han tenido que pedir hora ellos y, algunos, sin éxito”, resume Martín.

“No nos van a ayudar”, sentencia Mahdi. “Y, aunque lo hicieran, ¿de qué me sirve un albergue?”, se pregunta, señalando diversas bicicletas con la característica caja amarilla de Glovo y un armario en el que hay sopletes, herramientas y diversos cableados. Este joven marroquí, como muchos de sus compañeros del lugar, trabaja como rider. “Es de las pocas maneras de currar si no tienes papeles”, explica.

Trabaja muchas horas y no gana demasiado; al no tener permiso de trabajo, Mahdi realquila de manera ilegal la cuenta de trabajo de Glovo a alguien que sí tiene papeles y que paga la Seguridad Social a cambio de un 30% de lo que gane. Así que no tiene más remedio que complementar sus ingresos con un pequeño taller de reparación de patinetes que ha montado en el edificio, en el que también arregla las bicicletas de otros riders.

Lo que más le preocupa ahora es no tener dónde guardar sus pertenencias, que son con lo que se gana la vida. “Si no tengo dónde reparar patinetes o si me roban la bici, me matan”, resume Mahdi. En los meses buenos, puede sacar unos 1.000 euros con sus dos trabajos. “Nos ganamos la vida como podemos, pero ¿quién nos va a alquilar un piso?”, añade.

Lili se hace la misma pregunta pero, en su caso, con un sustento mucho menor. Es una de las tres mujeres que residen en este local y relata que tiene muchos más problemas que los hombres para ganarse unos euros. Por eso, sus compañeros le dejaron instalar una pequeña tienda de ropa que cose ella misma en uno de los accesos del edificio.

Posa para el fotógrafo ante sus telas y con el cuello rodeado de una cinta métrica, justo cuando un par de mujeres se acercan a preguntarle el precio de unos bolsos. Son ocho euros, pero les parece excesivo y se van sin decir nada a Lili, que las mira con una evidente frustración. “Hay muchos días en que no vendo nada de nada”, se lamenta.

Un destino incierto

“La Tancada Migrant ha ido degenerando, pero antes era un lugar de cooperación y ayuda mutua”, recuerda Martín. Hace unos años, se establecieron puntos de asesoramiento legal para conseguir la residencia, permisos de trabajo o se informaba sobre cursos y demás oportunidades. Aquello se hacía de la mano de trabajadores sociales o funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona, que acudían al espacio de manera “regular”, tal como explica a este diario Jordi Rabassa, exconcejal de Ciutat Vella durante el mandato de Colau.

Rabassa apunta que es consciente de que el recinto “no es un buen lugar para vivir”, pero recuerda que el sistema actual “excluye a muchas personas” y lamenta que el actual consistorio no sólo “no tenga contactos fluidos” con este espacio, sino que haya decidido desalojarlo. “Es un error”, remacha.

De hecho, cuando se ocupó el edificio, el Ayuntamiento de los comuns también incoó un expediente administrativo para recuperar la propiedad, pero tal como recuerda Rabassa, se suspendió el trámite porque “se priorizó buscar soluciones para las personas que vivían allí y acompañarlos en sus actividades comunitarias”.

Este expediente suspendido es una de las herramientas que quiere usar el Sindicat d'Habitatge para frenar el desalojo. Según sus abogados, cuando se suspende un expediente de este tipo y no se hace nada durante un año, la propiedad pierde el derecho a recuperar el inmueble por la vía administrativa y sólo puede hacerlo por la vía judicial, que es más lenta e incierta.

Por eso, están trabajando en un recurso contra el Ayuntamiento y pedirán medidas cautelares que impidan el desalojo hasta que el juez resuelva. Por su parte, desde el Ayuntamiento aseguran que el proceso se está haciendo “siguiendo todos los pasos necesarios, con todas las garantías jurídicas y procedimentales” e insisten en que su voluntad es dar a este espacio un “uso público como equipamiento para el barrio, la ciudad y el distrito”.

Desde el Sindicat d'Habitatge lamentan, sin embargo, que “jamás” se les ha explicado cuál es ese uso público, que el Ayuntamiento tampoco ha concretado a preguntas de este medio. “Será tristísimo que les echen, se vayan a la calle y esto se quede cerrado a cal y canto durante mucho tiempo”, aventura Martín.

Mahdi está resignado y nervioso por lo que le pueda pasar. “Nos van a joder la vida. Y no solo la nuestra: de mí depende mi madre, a quien le envío dinero todos los meses”, explica. Él, como todos, ha empezado a mover hilos y a buscarse la vida. Algunos ya han encontrado lugar en alguna casa ocupada. Unos pocos tienen todavía esperanza de acabar en un albergue y otros tienen claro que acabarán en la calle. “Ahora, a muchos sólo les quedará la calle y tendremos que montar un campamento. Pero, si lo hacemos, que tengan claro que será en Plaça Sant Jaume”, avisan.  

Ilia Topuria es un luchador profesional y acaba de ganar en su categoría, el peso pluma, el campeonato del mundo del torneo UFC, el más importante de este deporte de combate. Los titulares de la prensa deportiva dicen: un español, campeón del mundo. Pero, realmente, ha sido ahora cuando por carta de naturaleza, una medida discrecional del Gobierno, ha obtenido la nacionalidad española.

Le preguntamos por esta situación excepcional al periodista y activista antiracista Moha Gerehou y a la jefa de Desalambre en elDiario.es Gabriela Sánchez.

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La Guardia Civil ha liberado a un trabajador de origen peruano que estaba siendo explotado en un centro hípico del Baix Penedès (Tarragona). La policía ha detenido a los titulares de la instalación por un delito de tráfico con fines de explotación laboral.

Los arrestados aprovechaban la situación de vulnerabilidad de la víctima, que se encontraba en situación irregular, para retenerla en el recinto, donde vivía en un almacén de las cuadras, en unas condiciones higiénicas deficientes.

El empleado fue captado a través de un anuncio que aparentaba ser legal, publicado en un portal de ocupación. Tenía encomendadas las funciones de mozo de cuadra, y las ejercía durante extenuantes jornadas de trabajo, sin protección sanitaria, ni medidas de prevención de riesgos laborales.

Los detenidos obligaban al hombre a vivir en el mismo espacio donde guardaban las basuras y otros desechos de los animales. Para su higiene personal y cocinar usaba agua que había en un abrevadero próximo y que no disponía de medidas higiénicas ni sanitarias. Tampoco le dotaron de la equipación necesaria para los trabajos que tenía que hacer.

Estas deficiencias han ocasionado a la víctima patologías de diversa tipología. Ha sufrido afectaciones en sus ojos y la piel, pérdida acusada de peso corporal, así como alteraciones en el estado emocional.

Según la policía, el hombre tenía que ejercer los trabajos aunque estuviera indispuesto o con síntomas de enfermedad. Los detenidos eran los que gestionaban el dinero que cobraba el hombre a cambio de hacer estas tareas. 

Después de la investigación, la Guardia Civil junto con los servicios sociales competentes han gestionado la protección de la víctima y diversas ayudas. Entre ellas, la de una solución habitacional digna, así como la obtención de permisos temporales de residencia y trabajo.

La operación se ha llevado a cabo en coordinación con la Fiscalía de Trata de Personas y Extranjería en Tarragona, la Inspección Territorial de Trabajo de Tarragona y la Fundación Creu Blanca. Las diligencias policiales han sido libradas al juzgado de instrucción número 6 del Vendrell.