Hace ocho años, las hermanas Carmen y Josefa (nombres ficticios a petición de las entrevistadas) conocieron que iban a ser expropiadas de sus tierras en Fuencaliente, en el sur de La Palma, por la construcción del balneario de la Fuente Santa, un manantial de aguas termales que fue sepultado por la erupción del volcán de San Antonio en 1677 y que ahora el Cabildo insular busca recuperar como atractivo turístico. 

Ambas recurrieron. La Corporación había iniciado en 2018 la expropiación amparándose en una norma de 2014 que modificó la Ley de Espacios Naturales de Canarias para dar cobertura legal a la “transformación excepcional” del malpaís lávico sobre el que se encuentra su finca, por cuyo subsuelo discurre la galería de la Fuente Santa, dentro del Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía. Pero esa regulación quedó derogada en 2017. La polémica Ley del Suelo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), la anuló ese mismo año. Y el Cabildo de La Palma se quedó entonces sin salvaguardia normativa.

La justicia estimó el recurso de las hermanas porque “si la norma que daba cobertura” a la expropiación “no estaba en vigor al tiempo de su apreciación, la consecuencia no puede ser otra que la nulidad” del acto. Así lo indicó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en octubre de 2022. El fallo pasó a ser firme después de que el Tribunal Supremo rechazara un recurso de casación de la Corporación palmera por “falta de fundamentación suficiente”. Así que las tierras debían volver a las manos de Carmen y Josefa. O eso es lo que ellas creían. Pero nada más lejos de la realidad.

En marzo de 2023, es decir, medio año después del fallo que anuló la expropiación, el Gobierno autonómico modificó la Ley del Suelo para restaurar la vigencia de lo que decía la norma de 2014 sobre la Fuente Santa: el “interés general” de un proyecto “anhelado” por la sociedad palmera, el establecimiento de “las instalaciones, edificaciones y las infraestructuras necesarias para su racional explotación”, y su futura delimitación.

El Ejecutivo regional hiló fino. En lugar de recuperar todo lo que decía esa ley, que también estableció entre otras cosas el procedimiento para declarar zonas Red Natura 2000 o reguló la evaluación ambiental de planes y proyectos, señaló que “todas y cada una de las modificaciones legislativas introducidas” en la ordenación de los espacios naturales eran válidas.

Antes, la Ley del Suelo solo mantenía la eficacia de las directrices originales de estos espacios, acordadas en el año 2000. Ahora también recoge la de todas sus “modificaciones”, entre ellas la del Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía, de 2014. El Gobierno dio a esa nueva disposición efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que el marco legal para justificar la expropiación del suelo de la Fuente Santa había vuelto.

El Cabildo de La Palma aprovechó esa maniobra y presentó en los tribunales lo que se conoce en derecho como un incidente de imposibilidad legal de cumplimiento de sentencia. Como ahora vuelve a tener amparo para expropiar en favor de la Fuente Santa, no tiene ninguna intención de entregarles a Carmen y Josefa sus terrenos, tal y como había sido obligado en sentencia firme.

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Santa Cruz de Tenerife no compró las alegaciones de la Corporación insular y se limitó a responder que la nueva norma “no viene a restaurar expresamente la vigencia de la derogada”, de modo que considera “ejecutable” el fallo. Pero con un tribunal dividido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC sí estimó el recurso del Cabildo en segunda instancia, declarando la “imposibilidad legal” de ejecutar la sentencia y emplazando a las hermanas a solicitar una indemnización “justa”.

El fallo sostiene que, con esta nueva ley, la de 2023, el Gobierno de Canarias “sale al paso de los problemas que una deficiente técnica legislativa había provocado”. Y lo hace, continúa, haciendo una “interpretación auténtica” al detallar que son “todas y cada una de las modificaciones introducidas” en la ordenación de los espacios naturales de las Islas las que recuperan su vigor.

Este punto es muy relevante para el tribunal porque de esta manera queda remarcado que no estamos ante “una ley dictada para evitar el cumplimiento de la sentencia”, ya que no solo hace referencia a la modificación de un espacio natural protegido, sino a varios: el Parque Rural del Nublo, en 2003; la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, en 2006; o la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, en 2017.

El TSJC concluye entonces que “tal derogación nunca existió”. Y que “cualquier otra tesis podrá ser una realidad de mero hecho, pero no de derecho”.

La sentencia, sin embargo, contó con el voto particular del magistrado Jaime Guilarte, quien también formó parte del tribunal que anuló la expropiación en 2022. A su juicio, no se ha elevado “ningún hecho” que impida ejecutar el fallo ni puede alterarse “la cosa juzgada”, es decir, la devolución de los terrenos a las hermanas, por una “mera modificación legislativa” con carácter retroactivo.

El Cabildo de La Palma alegó que el expediente “prácticamente ha concluido” y que “se han invertido fondos públicos en la contratación de los proyectos para la ejecución” de la Fuente Santa. También dijo que revertir el procedimiento sería perjudicial por razones de “eficacia y eficiencia” y que la norma no fue aprobada ‘ad hoc’ porque involucra a más espacios naturales que “podrían estar afectados” por lo mismo.

Pero Guilarte matiza que “ni consta realizada la obra que legitima la expropiación, ni iniciada, ni consta pagado el justiprecio ni ocupada la finca expropiada”. Habría sido distinto si la obra se hubiera ejecutado y se planteara después la devolución de la parcela por un defecto de forma en la expropiación. En ese caso sí sería “poco práctico, incluso absurdo”, recuerda el magistrado citando jurisprudencia, “volver a la situación inicial”. Pero aquí es distinto.

“No acabo de asumir que la retroactividad dispuesta con carácter general por ley implique, sin más, la privación de derechos reconocidos por sentencia firme. De otra forma, toda sentencia anulatoria de un acto administrativo carecería de eficacia en sus propios términos por un mero cambio legislativo retroactivo”, dice Guilarte.

El magistrado reitera que “el derecho a la ejecución de la sentencia es un derecho fundamental que solo ha de ceder en casos excepcionales bien distintos” a este porque, agrega, “no se ha alegado causa alguna que la haga inejecutable” salvo la reforma de la normativa, “cuestión que no afecta a la ejecución del fallo, cuya validez y eficacia no ha sido revocada”. 

Para Guilarte, la nueva ley solo restablece la justificación para ocupar los terrenos, habilitando a la administración a iniciar un nuevo procedimiento desde cero. Defiende que lo correcto habría sido devolver las fincas y “comenzar de nuevo” la expropiación. Lo contrario (“reflotar un expediente en el que ha sido anulada la declaración de ocupación” y no “constan probados más hechos” que hacen inejecutable la sentencia) impide a las hermanas impugnar el acto por “otros posibles motivos jurídicos”.

La defensa de ambas, liderada por el abogado José Julio García Ramos, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo argumentando que el fallo del TSJC ha vulnerado dos artículos de la Constitución Española, en concreto el 24.1, que garantiza a todas las personas el derecho a la tutela judicial efectiva, y el 118, que establece la obligación de cumplir las sentencias y resoluciones judiciales.

El escrito apela a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que establece la “obligación” de la justicia de “dejar inaplicadas” leyes que “pretendan alterar el resultado de litigios ya resueltos”. Y defiende, basándose en una sentencia de 1996 del Tribunal Supremo, que una nueva norma solo permite iniciar una nueva expropiación desde cero, pero no resucitar un expediente ya nulo.

“Al sentar la sentencia impugnada que la retroactividad legislativa puede convalidar automáticamente expedientes expropiatorios nulos, se ve vulnerado el principio de seguridad jurídica y el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales”, añade el texto. Con este fallo, “se prescinde de la exigencia de un nuevo procedimiento expropiatorio y del control judicial previo, sustituyendo la ejecución por una indemnización automática”, remacha.

La finca de Carmen y Josefa tiene cerca de 10.000 metros cuadrados. Es un terreno heredado de carácter volcánico, árido y de superficie muy irregular que lo más cerca que tiene son un par de invernaderos. Pero está justo encima de la Fuente Santa. Y eso le da un valor incalculable en estos momentos.

El Cabildo de La Palma lleva muchos años intentando desbloquear este proyecto después de que el ingeniero Carlos Soler descubriera su ubicación a principios de siglo. Manifiestan que se trata de una iniciativa turística “clave y de primer orden que supondrá un salto cualitativo” para la isla. Su coste rondaría los 16 millones de euros.

Tras aprobar la redacción definitiva del plan en 2023, Costas lo impugnó al considerar que no se ha justificado por completo su ubicación en la zona de dominio público. El Supremo ha admitido este mismo año un recurso para estudiar su ubicación. Está por ver si hace lo mismo sobre los métodos de expropiación de la Corporación insular.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha rechazado el justiprecio propuesto por Azata del Sol S.L., la promotora del Algarrobico, que reclama 44,5 millones de euros de indemnización por la expropiación forzosa del suelo donde se erige el macrohotel ilegal, construido hace 20 años en el litoral almeriense.

El Miteco ofrece una suma infinitamente inferior: 16.496,67 euros y da diez días a los dueños del inmueble para aceptarla o rechazarla, confirman a este periódico fuentes conocedoras del procedimiento administrativo.

El pasado 21 de enero, el Jefe de Demarcación de Costas de Almería -dependiente del Miteco- notificó por escrito a los propietarios del Algarrobico el “rechazo” a su hoja de aprecio, esto es, a la estimación económica de los terrenos expropiables que había hecho la promotora, según sus propios cálculos: 44.514.077,78 euros.

En ese mismo escrito, el Gobierno ofreció una contraoferta de 16.496,67 euros [el valor catastral del suelo era de 323.872,89 euros en 2024] y, con arreglo a la ley, dio diez días de plazo para que “se acepte lisa y llanamente o bien se rechace”.

Azata del Sol no recogió la notificación hasta el 30 de enero, de modo que aún está en plazo parar valorar la oferta del Miteco. Sin embargo, la cantidad es “muy inferior” a la que previamente había reclamado la promotora, por lo que previsiblemente será rechazada, y la empresa tendrá derecho a hacer alegaciones “para justificar su propia tasación” aplicando sus “criterios estimativos” y aportando “las pruebas que considere oportunas”.

Si persisten las discrepancias respecto al justiprecio, el expediente de los terrenos del Algarrobico pasará entonces a manos de un Jurado provincial de Expropiación, que podrá fijar una nueva cifra a la indemnización cuando considere que las propuestas de las partes resulten “notoriamente inferiores o superiores al valor real de los bienes”. La resolución de este Jurado pone fin a la vía gubernativa y, a partir de aquí, cabe recurso en los tribunales.

Los actores que participan en el procedimiento de expropiación también ven poco probable que Azata del Sol acepte la cantidad propuesta por el órgano de arbitraje y auguran que acudirá a la vía judicial, para que resuelva un tribunal de lo Contencioso Administrativo en un plazo máximo de seis meses.

Seis meses de litigio

El Algarrobico, símbolo del urbanismo descontrolado de principios de siglo en España, empezó a construirse con autorización de las administraciones públicas. Las expectativas de indemnización de los promotores, que vieron paralizada el hotel con las obras ejecutadas al 94%, están muy por encima de la cantidad fijada hoy por el Miteco.

En 2014 presentaron una reclamación patrimonial ante la Audiencia Nacional por más de 70 millones de euros, que debían abonar el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras por su “anormal funcionamiento”, pero la demanda no prosperó. Los jueces no consideraron a las administraciones responsables de los perjuicios económicos derivados de la paralización del hotel ilegal.

El pasado 30 de septiembre de 2025, el Miteco remitió a Azata del Sol un requerimiento para que presentase propuesta sobre el coste de la indemnización por la expropiación de sus terrenos. Dentro del plazo concedido, la promotora presentó su hoja de aprecio en la que solicitaba un justiprecio de 44.514.077,78 euros.

La falta de un acuerdo amistoso entre el Gobierno y los dueños del Algarrobico ha echado por tierra el cronograma optimista de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero. Hace justo un año, Montero viajó hasta Almería y anunció, a pie de playa y frente al macrohotel, que sería derribado parcialmente antes de que terminara el año 2025.

Desde entonces, el Miteco ha acelerado el procedimiento administrativo de expropiación, sin llegar a apurar los plazos que marca la ley para lograr alcanzar su objetivo. Pero en los últimos seis meses se ha topado con la resistencia de los dueños del hotel, la falta de acuerdo sobre el justiprecio de los terrenos y un recurso en los tribunales que paralizó cautelarmente el proceso.

El pasado 2 de agosto, los abogados de Azata del Sol S.L. interpusieron un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se levanta desde hace 20 años el Algarrobico, en primera línea de la costa almeriense, dejando en suspenso el procedimiento de expropiación y los planes del Gobierno para demoler el inmueble en 2025. El recurso se registró el último día de plazo para hacerlo.

La promotora rechazó en su escrito la resolución del 24 de junio de 2025 de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que declaró la “necesidad de ocupación para su expropiación” de 16.432 metros cuadrados de superficie en el litoral del municipio de Carboneras (Almería), zona de dominio público marítimo terrestre, afectada por la declaración de “utilidad pública” que había aprobado el Consejo de Ministros el 11 de febrero del año pasado. Era la primera señal de resistencia de los promotores.

El Miteco tenía tres meses para estudiar el recurso de alzada, pero no tardó ni dos semanas en desestimarlo (el 14 de agosto) y reactivar de inmediato el procedimiento de expropiación. Desde entonces, el Gobierno y los dueños del Algarrobico han forcejeado sin lograr un acuerdo amistoso sobre el coste de los terrenos expropiados.

El 29 de octubre, la promotora interpuso un recurso ante la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo de ocupación de los terrenos del hotel, aprobado por el Consejo de Ministros, solicitando la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. El Ministerio de Sara Aagesen acordó paralizar el proceso hasta que los jueces se pronunciasen.

El pasado 19 de diciembre, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, el TSJA dio la razón a la Abogacía del Estado, reafirmó la “necesidad de que prevalezca el interés público en la tutela del dominio marítimo terrestre, no existiendo riesgo de inmediata ocupación”, y denegó la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. “Es evidente que los daños o perjuicios que provocaría la continuación del expediente de expropiación no son irreversibles”, reza el auto.

El 30 de diciembre, el Miteco reactivó el procedimiento y el pasado 21 de enero remitió a la promotora del Algarrobico su última propuesta con el justiprecio de los terrenos, esos 16.500 euros que la empresa deberá aceptar o rechazar en los próximos días. La última palabra de la vía administrativa la tiene el Jurado Provincial de Expropiación, dependiente de la subdelegación del Gobierno en Almería.

El capital social de Azata del Sol ronda los 33,4 millones de euros, según los últimos datos disponibles, del año 2019. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa, que ha declinado valorar su posición en el procedimiento.

Derribo de la mitad del inmueble

El proceso de expropiación en ciernes afectaría sólo al 50% del edificio. El departamento de Sara Aagasen tiene competencias en el dominio público marítimo terrestre que ocupa el macrohotel de 20 plantas y 411 habitaciones, construido en 2003, pero que nunca llegó a abrir al público porque la Justicia frenó las obras cuando estaban a punto de terminar, en 2006, y más tarde lo declaró ilegal.

El otro 50% del suelo donde se levanta esta mole de ladrillo -símbolo de la voracidad inmobiliaria y turística- está en el Parque Natural de Cabo de Gata y es competencia de la Junta de Andalucía, que ha rechazado la fórmula del Gobierno de expropiar para luego derribar el edificio.

La vía de la expropiación fue anunciada hace un año, desde Carboneras, por la vicepresidenta primera y candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, María Jesús Montero. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tildó la fórmula de “electoralista” y aventuró que estaba abocada al fracaso.

El Ejecutivo andaluz se alineó entonces por la fórmula alternativa, en manos del Ayuntamiento de Carboneras, que el pasado verano ejecutó finalmente la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, después de diez años ignorando los avisos del TSJA para que ejecutara una sentencia de 2021 (y para modificar el PGOU recalificando el suelo del Algarrobico como “no urbanizable”). Pero, tras una lluvia de críticas, finalmente la Junta se ha personado en el procedimiento de expropiación para conocer todos los avances al respecto.

El Algarrobico es el símbolo del urbanismo descontrolado en la costa de España y su demolición es un objetivo tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía, que en 2011 firmaron un “protocolo para la recuperación de la playa” donde se ubica, ocupando parte de la franja de 100 metros de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde confirmado judicialmente. El inmueble se levanta sobre suelo calificado como no urbanizable dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la licencia municipal de obras concedida en 2003 está pendiente de revisión de oficio por posible nulidad.

---------

Fe de errores: En la primera publicación de esta noticia se confundía la cifra de la indemnización propuesta por la promotora Azata del Sol S.L (44,5 millones de euros) con el justiprecio que ha ofrecido el Ministerio de Transición Ecológica, por un error de la fuente informante. Los 44,5 millones es la cantidad que piden los dueños del hotel ilegal por la expropiación de su suelo, y los 16.496,67 euros es la contraoferta que ofrece el Miteco.

La antigua ciudad romana de Caraca se ubica en el Cerro de la Virgen de la Muela de la pequeña localidad de Driebes (Guadalajara) y un equipo arqueológico se encarga desde hace diez años de las excavaciones de la zona, para profundizar en el conocimiento de este testigo de la historia más antigua de la zona. Es la única ciudad romana conocida en esta provincia y una joya arqueológica asentada a orillas del río Tajo.

Hasta ahora se han realizado nueve campañas de excavaciones arqueológicas en el yacimiento que han demostrado, según los investigadores, que se trata de una ciudad “fascinante”. Es el motivo por el que el yacimiento fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Zona Arqueológica, hace justo dos años.

Pero ahora atraviesa un momento “crítico”. Según el teniente de alcalde y concejal de Cultura de Driebes, José Luis Aguado, el Ayuntamiento necesita expropiar dos terrenos privados, que ocupan un total de cinco hectáreas, para poder continuar las excavaciones en este yacimiento arqueológico.

Es la única forma, apunta, de garantizar su “conservación, protección y difusión”, pero para ello es necesario que las tierras donde se ubican los restos arqueológicos más destacados pasen a propiedad municipal. “Esto implica un desembolso económico que un Ayuntamiento con 331 habitantes no puede costear en solitario”. En concreto, cada terreno cuesta unos 35.000 euros, por lo que estima que el Ayuntamiento necesita unos 70.000 euros.

Fue en 2019 cuando las excavaciones en el Cerro de la Virgen de la Muela llegaron a un punto muerto, justo en la linde con estos dos terrenos privados. Los propietarios de ambas zonas, de la misma familia, se negaron a que se realizaran esos trabajos.

Ha llegado el momento de dar el paso definitivo

José Luis Aguado — Concejal de Cultura de Driebes

Por eso en los últimos años los arqueólogos se han centrado en la necrópolis de la ciudad romana, al pie del cerro. Precisamente, estas últimas campañas se han podido realizar hasta la actualidad porque una vecina del pueblo donó las tierras al Ayuntamiento.

“Pero ha llegado el momento de dar el paso definitivo”, afirma el concejal de Driebes, en relación a la zona que queda por excavar. Después de la declaración como BIC, se abrió la posibilidad de que si no había acuerdo con los propietarios, lo que no ha sido posible tras varias negociaciones, el Consistorio local podía dar el paso de iniciar el trámite de expropiación.

Este expediente concluyó el pasado mes de octubre y el jurado de valoraciones tasó las dos tierras en esa cifra de 70.000 euros. “Este ayuntamiento no tiene ni ese dinero ni ese remanente, ni siquiera posibilidad de tenerlo. La única opción que hemos visto es lanzar un micromecenazgo para que instituciones, particulares, asociaciones y colectivos aporten un granito de arena y poder comprar las tierras y retomar las excavaciones”.

En el Ayuntamiento de Driebes consideran que, una vez declarado BIC, no pueden “dejar pasar el tiempo” en la expansión del yacimiento de Caraca, porque, de lo contrario, “todo esto se echa en un saco de olvido”.

El equipo de Gobierno municipal se ha reunido en varias ocasiones con el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Diputación provincial de Guadalajara para buscar soluciones. “Están viendo la forma de articular una expropiación, pero no es fácil. Tienen que buscar las fórmulas para hacerlo dentro de la legalidad y con toda la transparencia posible. Pero, mientras tanto, nosotros lo que queremos es comprar el terreno para poder hacerlo”, resalta el edil de Cultura.

Hace especial hincapié en que ya desde las primeras investigaciones con georradares en esa zona, en 2016, se pudo cartografiar la ciudad romana y en la zona que queda por excavar se encuentran vestigios “únicos” del foro, las termas, los decumanos (calles) y el decumano máximo (calle principal), así como algunos mosaicos. “Ahora tenemos la posibilidad de acrecentar datos históricos para el patrimonio arqueológico de Guadalajara y de todo el país”.

El Ayuntamiento hace así un llamamiento a todas las personas, asociaciones, empresas e instituciones para ayudar en esta campaña de mecenazgo que el Ayuntamiento ha decidido realizar a través de la plataforma de Hispania Nostra y con el apoyo del equipo arqueológico que trabaja en la zona desde el inicio de la campaña hace diez años.

Junto a esta campaña de micromecenazgo denominada “Salvemos la ciudad romana de Caraca”, que finalizará el próximo 28 de febrero, el Gobierno local ha organizado también dos conferencias, la primera este lunes, día 19, en el Salón de Actos del Museo de Guadalajara, y otra, este martes, día 20, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Las personas que colaboren con la campaña, en función de la cantidad donada, recibirán detalles simbólicos en reconocimiento de su contribución, entre ellos visitas gratuitas al yacimiento junto a los arqueólogos.

Caraca, un enclave único

Caraca es un emplazamiento frecuentado desde tiempos de los cazadores-recolectores del Paleolítico hasta la época visigoda. Entre su legado destaca un depósito de objetos de plata enterrado en el siglo III a.C. por los carpetanos: el Tesoro de Driebes, que se expone en el Museo Arqueológico Nacional.

Este enclave y su entorno fueron testigo de importantes episodios históricos. Enfrentó a los carpetanos con figuras como el general romano Sertorio, quien finalmente la conquistó en el año 77 a.C., según relata Plutarco, y es posible que en su entorno se produjera la Batalla del Tajo entre Aníbal y una coalición de pueblos hispanos liderada por los carpetanos en el año 220 a. C. Todo esto convierte a Caraca en “un referente arqueológico de enorme valor”.

La incorporación del territorio a Roma en el siglo II a.C. dio paso a un lento proceso de romanización. Caraca se transformó gradualmente en una ciudad con las infraestructuras propias del modelo romano. En su momento de mayor esplendor (siglos I-II d.C.), se edificaron termas públicas, el foro, viviendas, un ustrinum (pira funeraria) de grandes dimensiones y un acueducto de más de tres kilómetros que abastecía a la ciudad desde el manantial de Lucos.

A partir de mediados del siglo II d.C., Caraca entró en declive. Los edificios públicos perdieron su función original y se reutilizaron como espacios de hábitat. Finalmente, la población se desplazó hacia el entorno rural.

Precisamente este mismo martes se ha sabido que la Diputación de Guadalajara pagará la mitad de la compra de terrenos para seguir excavando en este yacimiento.

El Gobierno de Cantabria desinfla sus expectativas sobre el proyecto de macropolígono industrial de Laredo. Su nueva propuesta, a través de la empresa pública Sican, pasa por reducir el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) que lo articulará: en tamaño, en viviendas expropiadas y en vecinos afectados. La superficie pasa de 533.814 metros cuadrados, del plan inicial, a 187,721 metros cuadrados en la nueva propuesta, con un 65% menos de terreno. Respecto a las viviendas, se reducen de 47 a 11, mientras que los vecinos afectados descienden de 307 a 102, tras la fuerte presión de los centenares de vecinos que se oponen a esta iniciativa del Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga (PP).

“Le hemos dado un mordisco grande al proyecto inicial y eso es un impulso grande; hemos ganado una pequeña batalla, se ha conseguido mucho”, ha reaccionado este miércoles Borja Fernández, portavoz de la Plataforma de Afectados del llamado Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de Laredo a preguntas de elDiario.es.

Han pasado siete años desde que el Ayuntamiento de Laredo empezó a plantear la supuesta necesidad de más suelo industrial para el municipio, el Gobierno en coalición de PRC-PSOE impulsó el proyecto y luego el actual Ejecutivo del Partido Popular lo heredó de buena gana y aprobó el plan en 2023. Sin embargo, más de dos años después, al PP le ha tocado reducir sus expectativas y recular, tras 264 alegaciones en la fase de información pública, que ha durado cinco meses.

“Esta propuesta, tras reuniones con la plataforma, es más razonable, la anterior propuesta era un suelo quizá excesivo”, ha valorado Eduardo Arasti (PP), consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, acompañado en rueda de prensa por el alcalde de Laredo, Miguel González (PP).

El consejero no ha aclarado dos temas clave sobre un plan impulsado por la presunta necesidad de más suelo industrial: ha evitado decir cuántas empresas están interesadas en ocupar el futuro polígono, repitiendo hasta tres veces como argumento que no lo hacía “por confidencialidad”. Tampoco ha dicho la cifra aproximada de empleos que podría generar: “Lo habitual es que haya 35 o 40 empleos directos por hectárea”, ha matizado. El alcalde de Laredo, por su parte, ha asegurado que han sido “varias”, sin concretar, las empresas que han consultado sobre la posibilidad de instalarse en el futuro polígono. Además, ha precisado, “empresas pequeñas que han querido ampliar y se han tenido que marchar”.

Durante su intervención en la sede del Gobierno, el consejero de Industria ha mostrado los planos cartográficos de ambas versiones del polígono y ha insistido tanto en la reducción “sustancial” del tamaño como en el “diálogo” que ha mantenido sobre el proyecto con la plataforma de afectados.

Expropiaciones e indemnizaciones

Sin embargo, el nuevo número de viviendas afectadas no coincide con los datos que manejan los vecinos: 11 ahora, según el Gobierno, que solo maneja datos catastrales, y 58, según los vecinos, porque incluyen casas de aperos, casas no regularizadas y los bungalows habitados de un camping en la zona. En este sentido, el portavoz de la plataforma ha señalado en declaraciones a este periódico que, esta propuesta “por lo menos, va más encaminada, porque antes era una salvajada, pero no deja de ser una expropiación”. 

Arasti tampoco ha querido adelantar el valor de las tasaciones de las propiedades afectadas. Supuestamente habrá un aumento respecto a la tasación original, que era 15 euros por metro cuadrado, cifra que los vecinos denunciaban como “especulación” considerando por cuánto podría venderse como suelo industrial. El consejero ha zanjado el asunto diciendo que la tasación será “sustancialmente mayor”.

La expropiación se hará por método de tasación conjunta, porque es el mismo proyecto, pero varios técnicos valorarán cada parcela de forma individual. Sobre esto, el portavoz de la plataforma, que ha advertido que aún no han tenido acceso a la documentación y tendrán que revisarla con sus expertos jurídicos, ha dicho que aunque no todas las parcelas son iguales, el Gobierno “debería de hacer una horquilla (de precio)”.

Según han explicado en rueda de prensa, el Gobierno espera más indemnizaciones que realojos. Para los escasos realojos previstos, la nueva propuesta es la misma que la anterior: mantiene sobre plano una parcela de poco más de mil metros en el polígono. Arasti ha dicho que solo “dos o tres” personas estarían interesadas en ser realojadas del total de afectados, según le han comunicado desde la plataforma. Tampoco ha aclarado cuánto dinero invertirá su departamento en reubicar a estos afectados. “La mayoría de la gente prefiere una indemnización”, ha zanjado.

Entre otros detalles que sí ha dado a conocer el responsble de Industria, el nuevo plan incluye una subestación eléctrica, una estación depuradora de aguas residuales, un punto limpio, aparcamientos y espacios libres de uso público, en un plan que va para largo, después de siete años desde su anuncio hasta su primera fase de información pública. “Hemos escuchado con máximo respeto y empatía” a la plataforma. “Esta propuesta, en parte, es gracias también a ellos”, ha dicho sobre un proyecto que vendría a instalarse en una comunidad autónoma donde hay polígonos industriales infrautilizados, según han demostrado algunos partidos.

Del centenar de parcelas a las que afecta el futuro Centro de Datos de Meta en Talavera de la Reina, una treintena serán sometidas a expropiación forzosa, tras no alcanzarse un acuerdo con sus propietarios. Así lo publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), en una resolución de la Consejería de Fomento en la que somete a información pública esta decisión.

Es el siguiente paso que el Gobierno regional ha dado después de que hace un mes se publicara igualmente el inicio de la reparcelación del terreno, un paso pendiente antes del inicio de las obras, por parte de la mercantil Zarza Networks, S.L., propiedad de Meta, matriz de Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads.

El inicio sobre el terreno, a 12 kilómetros del núcleo urbano de Talavera, en el Polígono Industrial de Torrehierro, ya lleva dos retrasos pese a que se está tramitando como Proyecto de Singular Interés (PSI) por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Este centro albergará las operaciones y el equipo de tecnología de la información de la empresa, empleado para producción digital, procesado y almacenamiento de datos que permitan dar servicio a través de sus aplicaciones, expandiendo su capacidad informática y de servidores, convirtiéndose así en un centro clave para España y el sur de Europa.

Conexiones y acceso

En la resolución publicada hoy, Fomento detalla que para llevar a cabo parte de las conexiones exteriores se requieren obras en la Red de Alta Tensión y en la carretera TO-1287, que pertenece a la Diputación provincial de Ttoledo-

En el primer caso, para dotar de suministro eléctrico en alta tensión al Centro de Datos son necesarias las obras de conexión desde el Nudo de Calera y Chozas, mediante líneas eléctricas subterráneas y aéreas. Además, para alcanzar los puntos de suministro se contempla una intervención soterrada en media tensión.

Con respecto a la carretera, para que el Centro de Datos pueda comenzar su funcionamiento, se requiere la modificación del actual acceso rodado desde la carretera TO-1287, con una nueva glorieta, así como la modificación del trazado de la vía pecuaria Colada del Camino Real, que actualmente cruza por el centro la zona destinada a dicha glorieta.

“Resulta imprescindible, para garantizar su continuidad e integridad, alterar dicho trazado fuera de este ámbito, trasladándolo a la parte sur de la nueva rotonda, que queda libre de obstáculos que pudieran afectar al tránsito ganadero”, añade.

Al no haberse llegado a acuerdos con la totalidad de las personas propietarias de las parcelas en que se proyectan estas conexiones exteriores, Fomento considera necesaria la tramitación del correspondiente expediente expropiatorio respecto a las mismas, resultando afectadas 29 parcelas por el proyecto de suministro eléctrico y tres por el proyecto de acceso a la carretera TO-1287, todas en el término municipal de Talavera de la Reina.

Expediente expropiatorio, a información pública

Por todo ello, la Consejería de Fomento ha resuelto tramitar el expediente expropiatorio mediante el procedimiento de tasación conjunta, designar beneficiaria de la expropiación a la mercantil promotora Zarza Networks, S.L. y someter el expediente expropiatorio a información pública por el plazo de un mes.

Del mismo modo, se ha resuelto notificar individualmente las tasaciones a las personas que aparezcan como titulares de bienes o derechos en el expediente, mediante traslado literal de la correspondiente hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de valoración, para que puedan formular alegaciones en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación.

Se procede igualmente a publicar en el Boletín Oficial del Estado a presente resolución y a dar audiencia al Ayuntamiento de Talavera de la Reina por plazo de un mes.

“¿No es un crimen quitar este árbol?”. La pregunta resuena bajo la sombra espesa de un aguacatero descomunal, cargado de fruto. Y es que en una de las fincas amenazadas por la expropiación –entre naranjos, caquis, melones o sandías– el citado árbol se impone como un símbolo de resistencia de los vecinos de Laredo afectados por un proyecto industrial que casi de la noche a la mañana ha puesto en jaque sus hogares y cultivos de toda la vida. “Mírame este aguacatero, porque hay que hacerle patrimonio de Cantabria”, insiste con orgullo su dueño, Pablo Caviedes, de 82 años de edad.

Él, como la gran mayoría, nació y se crió en la vivienda que ahora el Gobierno de Cantabria quiere derribar para instalar un macroparque industrial de medio millón de metros cuadrados. Son más de medio centenar de casas y más de 300 terrenos los afectados por un Proyecto Singular de Interés Regional, conocido como PSIR, contra el que sus propietarios se han alzado desde que tuvieron conocimiento de lo que la Administración pretende llevar a cabo. “Gente mayor ha sido ingresada por subidas de tensión o se ha pasado dos semanas llorando en la cama”, relatan los propios vecinos en conversación con elDiario.es.

Según señalan, entre los vecinos afectados hay un gran número de personas mayores que han vivido allí prácticamente desde que nacieron. “Y hasta una persona que ya ha cumplido los 100 años”, subrayan, haciendo énfasis en que “se trata de una tierra muy buena para vivir”. “Es una pena que vayan a llevársela toda para poner una mole de hormigón”, lamentan, incidiendo, además, en que la delimitación del polígono está muy próxima al parque natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel: “Va a estar pegado a una reserva al nivel de Doñana”, denuncian.

Y es que donde hoy hay huerta fértil, árboles frutales, ganado y una vida levantada a lo largo de generaciones, el Gobierno de Cantabria proyecta construir un macropolígono industrial. “La tierra tiene sales minerales del mar, aquí lo que siembras se recoge”, asegura Caviedes, mientras conversa con vecinos y familiares en torno al aguacatero plantado hace 30 años. “Todos hemos vivido y comido de esta tierra”, añaden Luis San Emeterio, Borja Fernandez, María Luisa Caviedes, Marinina Díez y María Antonia Caviedes.

Sus historias tienen un denominador común: las casas que les pretenden expropiar fueron levantadas con esfuerzo, representan sus raíces, están cargadas de recuerdos y encarnan un proyecto de vida a presente, pero también a futuro para generaciones venideras. “Están jugando con mi porvenir, pero también con el de mis hijos y mis nietos”, denuncia San Emeterio.

Su caso refleja bien lo que está en juego, teniendo en cuenta además que sería nada menos que la cuarta vez que le expropian. En esta ocasión, su hija vendió su piso en Zaragoza para regresar a Laredo con su marido e hijos, con la intención de construirse una casa en la misma finca familiar, junto a la de su padre. Tras obtener los permisos necesarios, ahora han sido paralizados como consecuencia del PSIR y la amenaza de expropiación. “Ahora vivimos una multitud en una casa por un problema que no teníamos. Esta finca es mía. Estamos desbordados, esto es una insensatez, no tiene lógica”, lamenta visiblemente indignado San Emeterio.

Él es “del barrio de toda la vida”: “Nací en 1958 y aquí vivieron mis padres y mis abuelos”, explica, caso similar al de María Luisa Caviedes: “Aquí vivían mis padres, nací yo en el año 1947 y aquí sigo viviendo actualmente”. Marinia Díez, por su parte, se mudó hace cuatro décadas: “Mi marido era albañil y nosotros hicimos la casa con privaciones y sacrificios, y ahora nos encontramos con esto”, lamenta. Y es que el relato se repite en cada caso, como el de Borja Fernández, que lleva desde el año 2000 viviendo en una casa familiar ubicada en una finca que era propiedad de sus abuelos.

Por otro lado, María Antonia Caviedes cuenta que nació en Colindres –localidad limítrofe con la zona delimitada por el PSIR– y se trasladó con su familia cuando estalló la Guerra Civil: “No había trabajo y vinimos aquí a vivir de lo que podíamos”, recuerda. Finalmente, Pablo Caviedes, nacido en 1943 en la casa donde se realiza la entrevista, resume toda una vida en una frase: “Aquí he vivido toda la vida hasta que fui a la mili, estuve un año en Canarias y después aquí otra vez”.

“Nos van a dar 15.000 euros”

El proyecto del PSIR enfrenta a decenas de familias a un horizonte de pérdida y desarraigo: “Han puesto a 15 euros el metro cuadrado, es insultar a la gente”, denuncian. “Nos van a dar 15.000 euros por una parcela de 1.000 metros, con lo que no vamos a poder comprar nada, ni siquiera un coche, y ellos la van a vender por 187.000. Mira lo que van a trincar”, denuncian.

A ello se suma la incertidumbre sobre la futura reubicación, tal y como la denomina la Administración. “Tienen planteado con 3.800.000 euros, en una zona del polígono, hacer una especie de edificios o contenedores, pero salen a 70.000 euros por vivienda. Y ninguna baja de 100 o 150 metros. No es equiparable”, aseguran los vecinos afectados, que se enteraron del proyecto por el BOE el pasado 31 de julio y estuvieron abocados a realizar las alegaciones en agosto, el mes más complicado para llevar a cabo trámites con la Administración.

“Nos hemos visto desprotegidos; menos mal que nos hemos creado una plataforma, y nos están empezando a escuchar”, celebran. Y es que, según denuncian, la comunicación institucional que recibieron fue nula desde el primer momento: “Fuimos al Ayuntamiento de Laredo a preguntar y se escondieron. Los mismos que habían votado esto en 2018 nos dijeron que no sabían nada, que fuéramos a preguntar a Santander. Es inaudito. ¿Esta es la política del siglo XXI?”, denuncia otra vecina afectada.

Todos coinciden en que el proyecto industrial es innecesario y dañino: “Aquí lo tenemos claro: esto es puramente especulación, porque un polígono en un pueblo que meramente es turístico no tiene ningún sentido. El polígono que hay, de 80.000 metros, está medio vacío. Las fábricas que se hicieron se han llevado el trabajo a Marruecos”. “No hay ningún plan, esto va a ser como el aeropuerto de Ciudad Real”, insisten.

El hartazgo de los vecinos es palpable. La tensión acumulada durante meses se nota en cada conversación y en cada gesto. Muchos dicen sentirse al límite, agotados por la incertidumbre y la falta de respuestas. “Yo llevo sin dormir mucho tiempo. Somos mayores y esto te enloquece”, asegura uno de ellos. Pese al cansancio, aseguran estar decididos a continuar. “Estamos abocados a los tribunales. Empezaremos por Cantabria, iremos a Madrid, y como todos los vecinos están implicados, podremos recaudar dinero para poder hacer frente a los juicios”, sentencian.

Rechazo al PSIR

Por toda la extensión del barrio, entre caminos rurales, huertas y viviendas unifamiliares, se suceden los carteles pintados a mano y las pancartas colgadas en vallas y balcones con un mismo mensaje: “No al PSIR”. El rechazo a las expropiaciones se respira en cada finca, donde los vecinos tratan de conservar lo que consideran su hogar y su forma de vida. Entre esas parcelas se encuentra también un camping, abierto desde hace más de tres décadas, que forma parte del entramado humano y económico del lugar.

“Aquí hay 55 familias”, explica Luz Martínez, una de las socias. “Durante todo el año vivimos ocho, hay seis empadronadas, pero los fines de semana esto está casi lleno”. El camping, recuerda, se abrió en el verano de 1990 como una sociedad privada impulsada por dos socios después de que desapareciera un antiguo camping público que funcionaba en la zona. “Nosotros vinimos el 19 de octubre de 1990”, añade Chema Barandiaran, que rememora cómo incluso el Ayuntamiento de Colindres utilizaba sus instalaciones para los cursos de natación antes de construir sus propias piscinas municipales.

Hoy, el lugar continúa dividido en participaciones entre distintas familias, muchas procedentes de Euskadi o Burgos, que mantienen en él su segunda residencia o su espacio de descanso. Ese modo de vida, como el de los vecinos que viven de la tierra, también se ve ahora amenazado por el proyecto industrial.

Los vecinos explican que sus viviendas ya están devaluadas. Saben que no pueden pedir un préstamo ni una hipoteca, porque el simple hecho de figurar dentro del ámbito de expropiación las deja fuera de cualquier posibilidad de crédito. “Llevo 20 años pagando la hipoteca de una casa familiar y ahora ya no vale nada. Nos han puesto la espada de Damocles encima”, lamenta uno de ellos. 

A pocos metros de la vivienda donde crece el aguacatero, que parece desafiar el destino al que lo quieren abocar, se levanta una nave reconvertida en iglesia evangelista, donde cada fin de semana se escuchan cánticos y oraciones. Mientras, el gran aguacatero continúa en pie, testigo mudo de lo que esté por venir, con sus ramas asomando cargadas de fruto. Quizá, cuando todo esto pase siga aquí, como símbolo de que la naturaleza y la vida también pueden echar raíces frente al hormigón.

La secretaria general del PSOE de Mora y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de esta localidad toledana, Elena Martín Bravo, se ha reunido con el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén Torres, para abordar la “preocupación e inquietud” que existe en el municipio sobre la posible expropiación de terreno con el deslinde de la 'Cañada de las Sierras de Mora' que afectará a unos 300 propietarios, muchos de ellos agricultores de olivar.

Afecta a más de 130 hectáreas que engloban a centenares de propietarios de fincas, principalmente de cultivos leñosos, y que fueron notificados el pasado mes de mayo de la intención de realizar un procedimiento de deslinde.

A juicio de la portavoz de Mora y tras revisar la orden de 2012, considera “necesario diferenciar las vías pecuarias que se vienen utilizando en su uso inicial, esto es el paso de ganado en muchas localidades de la provincia de Toledo y de la región, de las vías pecuarias que en la actualidad no son necesarias para ese uso”.

Según ha resaltado la secretaria general del Partido Socialista de Mora, su “compromiso y el del PSOE de Mora con el sector y los agricultores morachos ha sido siempre firme y desde que surgió la cuestión la primavera de este año, hemos mantenido contacto directo con muchos de los afectados que se pusieron en contacto con nosotros de forma inmediata para que les ayudásemos con este tema y la incertidumbre que se estaba generando”.

Martín Bravo ha resaltado que “hemos asistido a todas las reuniones con los agricultores y agricultoras de Mora mostrando nuestro apoyo unánime para que esta Cañada, que actualmente no presenta utilidad ganadera, pueda seguir con los aprovechamientos agrícolas que se vienen realizando en la actualidad y se tengan en cuenta los documentos obrantes como por ejemplo los que datan de principios del siglo XX que ya indicaban su innecesaridad”.

Además, asegura que han mantenido conversaciones con el Gobierno de Castilla-la Mancha para que “esta cuestión se esclarezca lo antes posible”.

Una vía pecuaria que se considera “innecesaria”

Elena Martín Bravo ha agradecido al delegado provincial de Desarrollo Sostenible su contacto directo y su disposición con la Asociación de Fincas Rústicas quienes solicitaron una reunión para “presentar toda la documentación que los propietarios de estas tierras están recabando y que justificarían y acreditarían con documentos, escrituras y registros de propiedad, entre otros, la titularidad de las mismas y la exención cargas”. En los documentos obrantes hasta el momento, algunos de los cuales datan de principios del siglo XX, ya se especifica que esta vía pecuaria “es innecesaria”, según explica la portavoz socialista.

Igualmente, Elena Martín Bravo ha asegurado que “hay que ser consciente de que la situación de hace décadas e incluso siglos no es la misma que en la actualidad y que Mora es una localidad con muy escaso sector ganadero. Si era coherente hace tiempo que las cañadas, debido al tránsito del ganado y las trashumancias, tuvieran sus vías de paso y sus apeaderos para los animales, en la actualidad la situación de la Cañada de las Sierras de Mora es muy diferente”.

En este sentido, la secretaria general de los socialistas de la localidad ha resaltado que “Mora es un pueblo eminentemente agrícola, es el mayor productor de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) y en nuestro término municipal predominan los olivares. Es por ello que el trazado de esta vía iría en perjuicio directo del sector y entre todos es necesario buscar la solución para asegurar que los agricultores sigan conservando sus propiedades y así puedan seguir con los cultivos actuales y su aprovechamiento como se ha venido haciendo en los últimos tiempos”.

El objetivo de la Junta es “no perjudicar” a los titulares de fincas

Por su parte, el delegado provincial de Desarrollo Sostenible ha asegurado a Martín Bravo en la reunión que “se seguirá trabajando para no perjudicar a los titulares de las fincas referidas y en ningún caso se obligará a los propietarios a levantar cultivos”. De igual forma, explica que “se ha mantenido contacto con los representantes de los agricultores y agricultoras de Mora en todo momento” y se ha acordado una reunión en las próximas semanas para que con la documentación que tienen, y que se está recopilando y será aportada, se estudie el caso concreto de la Cañada de las Sierras de Mora.

De la misma manera, Martín Bravo ha agradecido la disposición plena del Gobierno regional de Emiliano García-Page, incidiendo en que “desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se está trabajando para evitar perjuicios a los agricultores y agricultoras de Mora” y ha querido “trasmitir, una vez más, un mensaje de tranquilidad al sector dejando constancia de que se está trabajando en este asunto desde el primer momento para garantizar que podrán seguir desarrollando el aprovechamiento agrícola que se ha venido haciendo desde los inicios”.

La Consejería explica: “Nada tiene que ver con un procedimiento expropiatorio”

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha explicado que el procedimiento de deslinde es el acto administrativo por el que se “define el límite exacto de las vías pecuarias que discurren por la Comunidad Autónoma”, delimitando así el dominio público. Se trata de un procedimiento, señalan , delimitando el dominio público, lo cual revierte en beneficio de todos los ciudadanos, conservando y manteniendo este legado tal y como recoge la Ley de Vías Pecuarias 9/2003 de Castilla-La Mancha. Además, este procedimiento, sirve de base fundamental para posteriores acciones, ya sea su amojonamiento, desafectación, permuta, cesión o modificación de trazado.

En este contexto, señalan, “hay que explicar que el procedimiento de deslinde de vías pecuarias nada tiene que ver con un procedimiento expropiatorio”. “El deslinde es un acto administrativo dirigido exclusivamente a identificar y delimitar sus límites conforme a la clasificación existente, garantizando su defensa y conservación”, destacan.

Por eso, señalan, el “único documento válido” que determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas fundamentales de cada vía pecuaria es el Proyecto de Clasificación. Para la elaboración del expediente de deslinde, además de lo señalado en dicho proyecto, se consulta la documentación e información disponible, tanto histórica como actual, entre la que se encuentra cartografía y ortofotografía del Instituto Geográfico Nacional y otras entidades.

En todos los procedimientos de deslinde tramitados en Castilla-La Mancha se ha asegurado, y se continuará asegurando, el pleno derecho de información y defensa de todas las personas interesadas o afectadas, aseguran desde Desarrollo Sostenible.

“En definitiva, el deslinde se desarrolla bajo los principios de transparencia, participación y legalidad, con el doble objetivo de garantizar la correcta delimitación del dominio público y proteger los derechos de los particulares, siempre conforme a la normativa que regula las vías pecuarias”.

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica (MITECO), Sara Aagesen, ha confirmado este miércoles que su departamento “agilizará” la tramitación del recurso interpuesto por la promotora y dueña del Algarrobico, Azata del Sol, que ha frenado en seco el plan del Gobierno para derribar el macrohotel ilegal de la costa almeriense este mismo año, como adelantó elDiario.es.

“Vamos a conseguirlo, estoy convencida, por supuesto que sí”, ha respondido Aagesen cuando le han preguntado si, tras el recurso de los propietaros que abre un plazo de tres meses para que el Ministerio resuelva, aún ve factible que se produzca la demolición parcial del hotel antes de final de año, como anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

Azata del Sol esperó al último día de plazo legal para interponer un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se ubica el Algarrobico, un trámite que era obligatorio para justificar la expropiación. Con esa decisión se produjo un frenazo en el cronograma anunciado por Montero, que esperaba iniciar los primeros trabajos de demolición este mismo verano.

Ahora el recurso debe estudiarlo la Dirección General de Costas, dependiente del MITECO, que tiene un plazo legal de tres meses para resolver. Aagesen ha anunciado este miércoles, durante una visita en Cádiz, que tratarán de no apurar ese plazo para poder cumplir con el compromiso de derribo este mismo año. “Seremos lo más ágiles posibles”, ha dicho, para actuar en la parte de dominio público terrestre, la zona de servidumbre“, porque el Gobierno central sólo tiene competencias para expropiar y demoler la mitad del Algarrobico, símbolo del urbanismo salvaje en el litoral español.

La otra mitad corresponde a la Junta de Andalucía que, hasta ahora, se ha mostrado reacia a sumarse al proceso de expropiación impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque la semana pasada se personó para poder recibir información sobre los pasos que se están dando.

Negociar el precio de la expropiación

El MITECO puede desestimar o aceptar las alegaciones de los dueños del hotel. El plazo máximo para resolver finalizaría en noviembre. En la siguiente fase de expropiación, una vez resuelto el recurso, Gobierno y empresa deben negociar el justiprecio del inmueble que pasaría a manos del Estado por “interés social”. Tienen 15 días para llegar a un acuerdo amistoso.

Si no lo logran, los propietarios tienen 20 días para presentar su oferta, la administración tendrá otros 20 días para aceptarla o rechazarla, y en caso de rechazarla, el expediente pasará a manos de un Jurado Provincial de Expropiación, que puede dilatar su resolución otros tres meses.

La resolución del Jurado pone fin a la vía administrativa, pero también puede ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cual enfangaría aún más un proceso que arrastra dos décadas de impotencia para restaurar la legalidad en los tribunales, con dos sentencias firmes desde 2018 (sin ejecutar) sobre la reclasificación del suelo y la nulidad de la licencia del símbolo del urbanismo desbocado.

19 años después de que un juez paralizara las obras de El Algarrobico, la inmensa mole de 21 plantas y 400 habitaciones, enclavada en mitad de una playa de Carboneras (Almería), en pleno Parque Nacional de Cabo de Gata, el ambicioso plan del Gobierno para expropiar los terrenos y acelerar el derribo -primero dijeron en “cinco meses”, luego “antes de que finalizara el año”- se ha estrellado con la misma tela de araña que rodea esta historia desde el principio.

Azata del Sol, la promotora del Algarrobico, presentó este viernes in extremis un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se erige el macrohotel ilegal, en primera línea de la costa almeriense, lo cual deja en suspenso durante tres meses el procedimiento de expropiación y, en consecuencia, hace tropezar el plan del Gobierno para demoler el inmueble este año.

Esos tres meses, de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa, es el plazo para estudiar el recurso interpuesto por la promotora ante el Ministerio de Transición Ecológica contra la declaración de interés social de los terrenos donde se ubica el Algarrobico, un trámite que era obligatorio para justificar su expropiación.

Si el recurso es desestimado, el proceso se reactivará -como muy tarde en noviembre- en la siguiente fase de justiprecio, donde las partes -Gobierno y empresa- tratarán de pactar un acuerdo amistoso sobre el coste de los terrenos expropiados. El plazo para negociar el precio es de 15 días.

Pero si, como parece previsible, no hay acuerdo entre las partes, los propietarios tienen 20 días para presentar su oferta, la administración tendrá otros 20 días para aceptarla o rechazarla, y en caso de rechazarla, el expediente pasará a manos de un Jurado Provincial de Expropiación, que puede dilatar su resolución otros tres meses.

La resolución del Jurado pone fin a la vía administrativa, pero también puede ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cual enfangaría aún más un proceso que arrastra dos décadas de impotencia para restaurar la legalidad en los tribunales, con dos sentencias firmes desde 2018 (sin ejecutar) sobre la reclasificación del suelo y la nulidad de la licencia del símbolo del urbanismo desbocado.

19 años después de que un juez paralizara las obras de El Algarrobico, la inmensa mole de 21 plantas y 400 habitaciones, enclavada en mitad de una playa de Carboneras (Almería), en pleno Parque Nacional de Cabo de Gata, el ambicioso plan del Gobierno para expropiar los terrenos y acelerar el derribo -primero dijeron en “cinco meses”, luego “antes de que finalizara el año”- se ha estrellado con la misma tela de araña que rodea esta historia desde el principio.

Fuentes del Gobierno confirman a este periódico que Azata del Sol presentó el recurso de alzada a pocas horas de que expirase el plazo para frenar el proceso de expropiación, este sábado 2 de agosto. “Están en su derecho, pero prevalecerá el interés general frente a la aberración urbanística que es el Algarrobico. Ahora el MITECO resolverá el recurso y seguirá con los trámites previstos”, advierten.

El pulso Montero vs Moreno con Algarrobico al fondo

La expropiación parcial del Algarrobico y las expectativas de empezar a demoler el macrohotel almeriense este mismo verano entraban dentro de los planes del Gobierno hasta el viernes. El parón supone, sobre todo, un duro golpe para la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero que, en calidad de candidata in pectore a las próximas elecciones andaluzas, fue quien viajó hasta la playa de Carboneras para anunciar el plan de expropiación.

Montero personalizó e hizo suyo el compromiso de agilizar el derribo del Algarrobico y, en su entorno, pensaban que las picas y las excavadoras entrarían en el recinto del hotel a las puertas de la campaña electoral de las andaluzas, previstas para junio de 2026 si el presidente Juan Manuel Moreno no las adelanta.

El Gobierno central sólo tiene competencias para expropiar una parte de los terrenos y, por tanto, para derribar la mitad del macrohotel. La Junta de Andalucía puede hacer lo propio con la otra mitad, que es de su competencia. La hipótesis de ver una parte del Algarrobico demolido y otra en pie, a las puertas de una campaña electoral, era una imagen potentísima que unos y otros han tenido en la cabeza desde el principio.

El Gobierno de Moreno también entendió el plan de expropiación como un salvoconducto electoral para la candidata socialista y, desde el principio, se opuso frontalmente, hasta el jueves pasado, cuando anunció por sorpresa su personación en el procedimiento, alegando que en cinco meses no había sido informado de los avances.

Formar parte del proceso, en cualquier caso, permite a la Junta tener voz en la toma de decisiones y controlar los tiempos de su rival para que no capitalice (al menos en solitario) la ambiciosa foto de las máquinas derribando la mole de ladrillo. El anuncio de Montero con el Algarrobico al fondo había orillado la iniciativa política de Moreno, que también prometió en su día el derribo del inmueble. Ambos políticos forcejearon en la distancia por ese activo político.

24 horas antes de personarse en el proceso de expropiación, la consejera andaluza de Medio Ambiente, Catalina García, había ofrecido a la ministra Sara Aagesen un pacto bilateral de alto nivel, como el que desencalló el conflicto en Doñana por la polémica ley andaluza para amnistiar regadíos ilegales junto al Parque Natural, pero el Ministerio dio la espalda y respondió que la hoja de ruta ya estaba marcada y era la vía de la expropiación.

El ambiente de polarización y crispación política, agudizado por la cercanía de las elecciones andaluzas, ha imposibilitado un acercamiento entre Gobierno y Junta de Andalucía para finiquitar la historia del Algarrobico, llena de matices e incoherencias tanto de administraciones socialistas como populares.

Esta misma semana, nueve después de la sentencia que le obliga a consignar en su plan urbanístico que El Algarrobico está en suelo no urbanizable, el Ayuntamiento de Carboneras dio el paso definitivo (aparentemente), para cumplirla. Casi una década ha tardado el Consistorio en declarar en Pleno que los terrenos donde se asienta el edificio destinado a hotel, levantado entre 2003 y 2006 en la playa del mismo nombre, son no urbanizables de especial protección.

“Es como si una mano invisible se hubiese metido en nuestra casa, en nuestra economía y en nuestra intimidad”. Beatriz Primo Prados resume así cómo se siente después de los últimos capítulos en su lucha contra el Ayuntamiento de Madrid y un Agente Urbanizador. Una batalla judicial y administrativa por evitar la expropiación de la casa y el terreno de su familia en Aravaca, una de las zonas residenciales con mayor renta de la ciudad, que podría acabar en manos de una sociedad inmobiliaria privada.

Su abuela, su tía y su madre, Beatriz Prados, adquirieron en 1987 una parcela de 4.500 metros cuadrados residenciales para crear una especie de arcadia familiar en el número 17 de la calle de las Golondrinas. Pero en 2004, el Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón puso en marcha una licitación “sin consentimiento” para urbanizar el jardín de la casa y encima de ella. Adjudicó el proyecto a una empresa privada bajo la etiqueta de Agente Urbanizador, Iniciativas En Áreas De Planeamiento S.L. (Inaplan), que edificaría para sus propios intereses. Gallardón aprovechaba para ello el paraguas legal proporcionado por La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, aprobada en 2001 e inspirada en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunitat Valenciana (popularmente conocida como Ley Zaplana).

Las dos normas autonómicas, criticadas con dureza en un informe del Parlamento Europeo y derogadas por su impacto “lesivo” en la población, impulsaron la figura del Agente Urbanizador: una persona o entidad que podía presentar planes de desarrollo urbanístico sobre suelos de terceros, siempre y cuando los dueños de ese suelo no hubieran actuado en ellos durante un tiempo determinado. Una concepción “abusiva”, que según Beatriz Primo supone en la práctica “expropiaciones que acaban en otras manos privadas”. Siempre ha defendido, además, que en su caso ni siquiera se cumplían las características de aplicación de la ley: habían solicitado una licencia de obra en el solar y no se encontraba inactivo desde un punto de vista urbanístico.

Lo que nos ofrecen ni siquiera se corresponde con el valor de expropiación, pero está claro que son coacciones para empujarnos a una mala venta y a buscar una salida por la vía rápida

En medio de un conflicto judicializado por varias vías, Beatriz denuncia en conversación con Somos Madrid que está recibiendo “coacciones” por parte del Agente Urbanizador: “Me ha enviado una oferta vinculante para adquisición de la finca, con un notario que se ha personado en nuestra casa. Para responder me dan solo hasta el 1 de abril. Lo que nos ofrecen ni siquiera se corresponde con el valor de expropiación, pero está claro que son coacciones para empujarnos a una mala venta y a buscar una salida por la vía rápida”. Le trasladaron que, en caso de no acceder a la oferta, se enfrenta a “un desahucio de registro y a la expropiación”, previo estudio caso del caso por los servicios sociales.

“Nosotras vamos a rechazar la oferta de pleno”, sentencia pese a este ultimátum. Para Beatriz se trata de una escalada más en la “pelea dialéctica y jurídica” que mantienen con Inaplan y con el Ayuntamiento de Madrid. Cree que el objetivo es presionarlas para que cedan antes de que los tribunales dicten sentencia sobre el caso: “Confío en la Justicia, pero no en la administración”.

Un “torpedeo constante” que no amedrenta (pero sí inquieta) a madre e hija

La resolución judicial que está por venir no afecta sin embargo al fondo de la cuestión, sino a supuestos defectos de forma que podrían tumbar todo el planeamiento. Beatriz debe salvar un escollo originado cuando fue víctima, según cuenta, de una estratagema ejecutada por anterior equipo legal, que desde 2014 “no presentó una sola alegación en el período de información pública del proyecto”. Las afectadas acabaron cambiando de letrados y el 7 de diciembre de 2023 presentaron un recurso de reposición por diferentes errores de tramitación, plazos y caducidades en el expediente administrativo y en el acuerdo del pleno municipal del 30 de octubre de 2023.

En dicha sesión plenaria, la mayoría absoluta del Partido Popular desestimó las alegaciones de la familia al expediente que autoriza a Inaplan a ejecutar el desarrollo urbano. “En el Convenio Urbanístico aprobado no se revela la fórmula de cálculo ni los coeficientes de homogeneización, lo que podría permitir manipulaciones. No se elabora un plan de negocio ni una cuenta de resultados que justifique adecuadamente la retribución del adjudicatario. Carece de mecanismos de control para garantizar una retribución justa al Agente Urbanizador”, detallan los servicios jurídicos de las todavía propietarias del terreno en Aravaca.

“Pero el mismo día que presentamos el recurso de reposición, mi abogado anterior presenta a mi nombre un recurso contencioso-administrativo. Ramón Caravaca [vinculado a Luis Rubiales y la antigua cúpula de la Real Federación Española de Fútbol] lo hizo sin nuestro conocimiento, autorización ni encargo. A la semana su procurador me pidió incluso dinero por las costas”, narra Beatriz.

“Nada más enterarnos pedimos retirar el contencioso-administrativo, aunque ya se había diligenciado. Hay una mala praxis por parte de ese abogado, contra el que emprenderé las acciones oportunas, pero lo más indignante es que a ojos del Ayuntamiento ha existido duplicidad de recursos. Como consecuencia, no se ha entrado a valorar el contenido del recurso de reposición. La realidad es que durante 25 días esa duplicidad no existió y he documentado la retirada del contencioso, ya efectuada cuando el 8 de enero el Ayuntamiento no valoró mi recurso de reposición por esa supuesta duplicidad. Para la administración no debe caber suspensión alguna de este procedimiento judicial, no pueden obviar mi escrito ni seguir adelante con la tramitación de la expropiación”, expone la afectada.

Si el Ayuntamiento no toma en consideración dicho recurso, no pueden aplicarse las medidas cautelares que Beatriz y su madre reclaman para paralizar la expropiación. Habla incluso de emprender un “posible proceso penal por prevaricación del Ayuntamiento, que no puede omitir la retirada del segundo recurso y, por tanto, la validez del primero”. Fuentes del Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida se limitan a indicar a este periódico que “el tema está judicializado”, mientras que desde Inaplan no responden por el momento las consultas trasladadas por este periódico.

Lo que la familia ha presentado ya es una nueva demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, ya vista para sentencia, que busca obligar a la administración a reconocer la no duplicidad de recursos. “Esto permitiría que se analice el fondo del escrito de reposición y que se resuelvan los agravios planteados”, apunta Beatriz.

No en vano, según la afectada la celeridad y presiones de Inaplan puede deberse a que la defensa de la familia Primo Prados ha remitido ya al juzgado un escrito de conclusiones, lo que implica que la instrucción entra en su fase final. Lo hizo el pasado 3 de marzo, dos semanas antes del requerimiento notarial que la inmobiliaria envió a Beatriz. Denuncia un “torpedeo constante” por parte de Inaplan y el Ayuntamiento, que le impide “hacer valer los mismos derechos que tiene cualquier propietario y cualquier persona”. Apostilla además que “no es una cuestión monetaria”, aunque las cantidades que les ofertan “en ningún caso hacen justicia a lo lesivo de la situación”.

El temor es, en definitiva, que “se inicie la maquinaria de la expropiación antes de la sentencia”, que esperan para junio o julio. Recuerda que la razón de ser en su lucha “de un David contra Goliat” es que “nunca se ha dado la situación de que el Ayuntamiento de Madrid expropie con dinero público para un interés privado, sería un caso insólito”. Piensa sobre todo en su madre, que vive “con miedo”: “Cuando te coaccionan sientes un mal inminente sobre ti y sobre tu devenir”. Y, pese a todo, su intención es quedarse: “Irnos sería un ultraje a la memoria de mi abuela y de mi familia”.

La polémica senda peatonal entre Milladoiro (Ames) y Santiago, impulsada desde el Parlamento de Galicia y la oposición municipal por el líder local del PP, Borja Verea, atraviesa dos fincas propiedad de la mujer de David Pillado, histórico secretario general de la agrupación compostelana durante veinte años. Las expropiaciones suman algo más de 3.400 metros cuadrados, lo que supondrá —teniendo en cuenta el precio medio de estas operaciones en el municipio— unos 30.000 euros. En conversación con elDiario.es, Pillado admite que la compra “es una alegría”, pero no por el dinero, sino porque “habrá que desarrollar un país”.

Ese fue siempre uno de los argumentos de Verea para defender un proyecto, el llamado eje de movilidad sostenible, que nunca apareció como una prioridad para el gobierno local de BNG y Compostela Aberta. Con casi diez kilómetros de longitud total y un coste cercano a los 12 millones de euros —siete procedentes de los fondos europeos Next Generation—, “la mayor inversión que se está haciendo hoy supondrá un antes y un después en la movilidad de la capital de Galicia”, afirmaba, entusiasta, en septiembre.

Dos meses después, lo reivindicaba como uno de los “grandes proyectos” que los populares sacaron adelante pese a un ejecutivo municipal “pequeño e ineficaz” —en el que le gusta incluir al PSOE, al que el bipartito necesita para alcanzar la mayoría absoluta en el pleno— que sólo había planteado “negativas, reticencias y obstáculos”.

“Uno de estos ejemplos es la senda peatonal ciclista Santiago-Milladoiro, un proyecto transformador, ambicioso y de futuro”, una apuesta “integral de la movilidad alternativa” que colocará a Santiago “a la altura de las grandes ciudades europeas”, argumentó.

Verea reiteró el “orgullo” por un proyecto “defendido y conseguido por mí” tras ser preguntado por la afectación a las parcelas de Pillado. “Evidentemente, no sabemos a quién pertenecen las fincas por las que va la senda”, añadió, ya que “el trazado concreto corresponde a los técnicos”. “En este caso hubo varios cambios, por las alegaciones presentadas, etcétera... como para estar al tanto de quiénes son los propietarios a los que se les va a expropiar”, concluyó.

Protestas y acciones judiciales detrás de los cambios de trazado

Los problemas que persiguieron al eje de movilidad desde su inicio convierten el “etcétera” de Verea en un eufemismo. El proyecto une en un primer tramo de casi seis kilómetros Milladoiro y la intermodal. De allí, saldrán otras dos vías: una hacia la sede de la Xunta en San Caetano (2,4 km) y otra hacia el Complejo Hospitalario de Santiago (CHUS), de 1.100 metros. Las obras del tramo principal se licitaron en marzo de 2023, pero no comenzaron hasta un año más tarde. Entre los tres trazados posibles, la Xunta no optó por el que, sobre el papel, era la “alternativa aparentemente más directa de comunicación” ya que, según los técnicos, presentaba diversos problemas de accesibilidad.

Pese a presentarse como modelo de “movilidad sostenible”, ecologistas y vecinos consideraban la actuación demasiado agresiva para zonas protegidas como las Brañas de Sar o el bosque del Banquete de Conxo, incluido en el conjunto declarado como Patrimonio de la Humanidad. En noviembre, tras meses de protestas e iniciativas parlamentarias, la Xunta daba su brazo a torcer y anunciaba el nuevo trazado. Una semana antes, Ecoloxistas en Acción había informado de que tanto un juzgado de instrucción compostelano como la fiscalía anticorrupción europea habían abierto diligencias contra la administración autonómica por los daños provocados en el entorno.

“En política a cambio de nada”

El pasado sábado 22 de febrero, el PP de Santiago celebró su segunda romería popular para festejar “la unidad”, un acto en el que se homenajeó la figura de Pillado y que contó con la participación del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la número dos del partido en Galicia, Paula Prado, o el que fuera ministro y presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, el mentor político de Núñez Feijóo.

Allí, ante doscientas personas, Rueda agradeció a Pillado “haber estado en política absolutamente a cambio de nada”. Recordó aquella campaña por la alcaldía en la que el entonces secretario local dijo que “sólo le faltaba llevar a cama a la sede” o su papel en el partido en Barakaldo, adonde emigró, “cuando era de héroes dar la cara por el PP”.

30.000 euros en metálico en casa

En 2004, la Cadena SER informó de que Pillado, a través de su promotora, gestionaba 500 viviendas protegidas que la Xunta estaba construyendo en Santiago, “una de cada seis”. El responsable de aquellas adjudicaciones, el director xeral del Instituto Galego da Vivenda e Solo, formaba parte de la candidatura de Pillado al congreso local del partido. La noticia contaba también que el hijo de Pillado, Carlos —por aquel entonces concejal del PP en la capital de Galicia, dentista y “propietario de un Jaguar”— había logrado ser adjudicatario de una de aquellas viviendas protegidas, al igual que su hermano Roberto.

Pero la última vez que Pillado apareció —a su pesar— en los papeles fue hace más de una década. En 2013 protagonizó un curioso suceso que, según su relato, combinaba la estafa y la agresión. Tal y como contó, dos mujeres lo sometieron al timo del tocomocho y le ofrecieron comprar unos boletos premiados que ellas no podían cobrar. De camino al banco, Pillado desconfió y se tiró del coche en marcha.

El empresario, que ya entonces superaba los 80 años, se golpeó en la cabeza, pero la mujeres bajaron tras él y lo patearon en plena calle hasta que consiguieron quitarle el sobre de dinero que llevaba en el bolsillo. El montante alcanzaba los 30.000 euros que, según contaba entonces La Voz de Galicia —sin darle mayor importancia dentro del desarrollo de los hechos—, Pillado había ido a casa a “recoger en metálico”. Una cantidad equivalente a la que, ahora, recibirá por las expropiaciones del eje de movilidad.

El Gobierno calcula que tirar el edificio del hotel ilegal El Algarrobico puede costar unos siete millones de euros. “El Gobierno se hace responsable de la demolición”, ha afirmado este martes la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Es casi misma cifra que ya avanzó en 2012 un informe solicitado por la organización Greenpeace al gabinete de arquitectos n’Undo y otro de la empresa pública Tragsatec de fecha similar.

También este martes, el Ejecutivo ha aprobado la declaración de utilidad pública de parte de los terrenos sobre los que se eleva el esqueleto del edificio, encima de la costa en el Parque Natural Cabo de Gata-Nijar. Es el primer paso para iniciar el proceso de expropiación anunciado este lunes por la vicepresidenta María José Montero.

El suelo que planea expropiar el Ejecutivo cae en la denominada servidumbre de protección del Dominio Público Marírimo-Terrestre. Esta es una franja de 100 metros colindante con el dominio público diseñada para garantizar su salvaguarda. La ley de Costas establece una serie de restricciones a esta franja (aunque sea de propiedad privada) entre las que están, precisamente, la prohibición de nuevas construcciones, viviendas u hoteles de ningún tipo.

Con todo, las parcelas a las que se refiere la declaración de utilidad pública son, según el Ministerio de Hacienda, aproximadamente un 40% del resort ilegal. El resto, insiste el Gobierno, son terrenos de competencia autonómica, es decir, sobre los que decide la junta de Andalucía.

“Queremos contar con todas las administraciones, con el sector privado concernido para avanzar; que ese símbolo de lo que no se debe hacer acabe siendo el símbolo de lo que se resuelve”, ha rematado Aagesen.

En marzo de 2024 una jueza advirtió al Ayuntamiento de Estepona y a su alcalde: debían cumplir ya una sentencia dictada en 2022 o, de lo contrario, los multaría y llamaría al fiscal para que los investigue por un posible delito de desobediencia. Nueve meses después, los vecinos beneficiados por la sentencia, que declara la nulidad de pleno derecho de la expropiación irregular de una calle y obliga a reponer la situación previa, han vuelto al juzgado para pedir a la magistrada titular que cumpla su advertencia, ya que el Consistorio sigue sin llevarla a término.

En un escrito presentado el pasado lunes al juzgado contencioso-administrativo 5 de Málaga, al que ha tenido acceso este medio, el abogado Luis Sáenz de Tejada, que representa a los vecinos de la comunidad de propietarios de la Urbanización Albayalde, solicita que deduzca testimonio contra el alcalde José María García Urbano (es decir, que informe a Fiscalía para que investigue si está cometiendo un delito), que ordene nuevamente la identificación de los funcionarios que siguen ignorando las resoluciones judiciales y que imponga ya las multas.

El Ayuntamiento no ha respondido a las preguntas de este medio.

El conflicto tiene su origen en una pequeña calle privada, de apenas cien metros, que el Ayuntamiento insiste en expropiar desde hace años. Justifica su empeño en la necesidad de permeabilizar al tráfico una zona encajonada entre la autovía A-7 y la línea de costa. Los vecinos entrevén también un deseo de impulsar el proyecto de un centro comercial hoy abandonado.

El Consistorio empezó ofreciendo a los vecinos un precio ridículo y, pese a la oposición de la comunidad de propietarios, siguió adelante con el procedimiento, hasta que este acabó siendo tumbado por los tribunales porque la calle no está declarada de utilidad pública.

Una larga historia de incumplimientos

Según el abogado, el Ayuntamiento está “tomando el pelo” a los vecinos y al juzgado desde hace años. Aunque se han repuesto las vallas que delimitan la propiedad privada, el Ayuntamiento no ha movido un dedo para que el Registro de la Propiedad y el Catastro recojan que la calle Bauprés no es pública, sino privativa de los vecinos de la comunidad de Albayalde.

El asunto tiene ya un largo recorrido judicial. Sin embargo, nunca ha habido dudas en los tribunales: la expropiación de la calle Bauprés fue declarada nula de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por sentencia de 17 de febrero de 2022, luego confirmada por el Tribunal Supremo.

En vista de que el Ayuntamiento no cumplía voluntariamente, los vecinos solicitaron la ejecución judicial de la sentencia, y se vieron respaldados por el juzgado, que concedió un mes para ejecutar, y por el TSJA, después. Sin embargo, el Ayuntamiento siguió dando largas, y volvieron a instar la ejecución, a lo que el Ayuntamiento se opuso alegando la imposibilidad jurídica y material de cumplir la sentencia, al contravenir supuestamente el PGOU municipal. El Consistorio también deslizaba la presunta inutilidad de devolver la calle a los vecinos porque su intención seguía siendo expropiársela, para lo que confiaba en culminar el nuevo expediente que había iniciado. Pero el juzgado no compró el argumento y en julio de 2023 volvió a ordenar al Ayuntamiento que cumpliera, algo que reiteró el TSJA apenas unos meses después.

El juzgado ya advirtió al Ayuntamiento con multas y Fiscalía

La tozudez del Ayuntamiento acabó por cansar al juzgado en marzo de este año. En un auto del que ya dio cuenta este medio, recordó que el nuevo expediente de expropiación no justifica el “reiterado incumplimiento del Fallo de la sentencia por la Administración” y subrayó el “claro perjuicio” que estaba sufriendo la Comunidad de Propietarios, a la que se le estaba privando del derecho reconocido en la sentencia.

“Por todo lo cual, y visto que el Ayuntamiento de Estepona ha incumplido en reiteradas ocasiones la ejecución de los términos de la sentencia dictada”, la magistrada indicaba expresamente al Consistorio lo que debía hacer: “Reponer la calle Bauprés en la situación anterior al procedimiento expropiatorio declarado nulo de pleno derecho, llevando a cabo las actuaciones pertinentes para ello, así como a la reposición de las vallas y puertas que fueron retiradas”. Es decir, llevar a cabo “las acciones pertinentes” y, además, reponer las vallas.

Si no, informaría al fiscal para que investigase si el “personal responsable” estaba cometiendo un delito de desobediencia. Y en todo caso, pidió al Ayuntamiento que le dijera ya quién eran los funcionarios a cargo del expediente para multar a cada uno de ellos con 1.500 euros, reiterando la multa “hasta la total ejecución de la sentencia”.

El efecto de la advertencia fue inmediato, pero solo sobre la realidad material. De un día para otro, el Consistorio envió a sus operarios a reponer puertas y vallas. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha movido un papel para devolver ese terreno a la Comunidad de Propietarios, para lo que debería instar a la modificación de su situación registral y catastral. Tanto en el Registro de la Propiedad como en el Catastro, el titular de la calle sigue siendo el Ayuntamiento de Estepona, y la parcela comunitaria sigue constando como segregada por efecto de la expropiación declarada nula.

El Ayuntamiento tampoco ha llegado a identificar a los funcionarios responsables para multarlos, tal y como exigía el auto judicial.  

Un juzgado llegó a abrir diligencias de investigación penal por si hubiese prevaricación en la reiteración del Consistorio en expropiar la calle, pero acabó archivando. Ahora, los vecinos vuelven a instar al juzgado de lo contencioso para que cumpla la advertencia que lanzó en su día, lo que implicaría la intervención, al menos, de Fiscalía.

Un alcalde en el ojo del huracán

Este asunto por una calle, aparentemente menor, puede añadir una nueva complicación judicial a un alcalde que ahora está en el ojo del huracán por un escándalo sexual con posible derivada económica.

Un juzgado de instrucción esteponero le investiga a raíz de una denuncia en la que un agente de la policía local relata que él y su mujer fueron forzados por García Urbano a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza explícita de que, si no lo hacían, su puesto de trabajo estaba comprometido. El alcalde dice que la denuncia es falsa y ha pedido su archivo. El Ayuntamiento llegó a contratar a la mujer durante tres meses, al final del pasado mandato, para un cargo de confianza para el que no tenía formación o experiencia. Le pagó unos 15.000 euros, si se atiende a las remuneraciones habituales de los cargos de confianza en el Consistorio esteponero.

El asunto de la calle Bauprés y la resistencia del Consistorio a cumplir las sentencias guarda similitud con otros casos de alcaldes que ignoran de forma palmaria resoluciones judiciales sin que nada pase. Es el caso, por ejemplo, de la alcaldesa de Marbella, que fue multada con 1.000 euros e investigada por la Fiscalía del Tribunal Supremo por incumplir reiteradamente una sentencia que obliga al Ayuntamiento a demoler una edificación ilegal desde hace 15 años. El fiscal de Marbella, que recibió el caso cuando ella dejó de ser aforada, archivó el asunto pese al profundo malestar de los magistrados del TSJA con la actitud de la alcaldesa y el Ayuntamiento de Marbella, tal y como informó este medio. El edificio, por cierto, sigue en pie.

En otros casos, como el de Carboneras y El Algarrobico, el Consistorio ha usado durante años todas las artimañas judiciales y administrativas para demorar las resoluciones judiciales que obligan a reclasificar su el PGOU un terreno en el que la normativa de costas y de protección ambiental prohibía construir desde 1994. Aquí, los alcaldes se han librado de las multas, a pesar de las advertencias reiteradas del TSJA, a base de dar pequeños pasos hacia la demolición que luego no eran tales.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha desestimat el recurs que el 2021 va interposar la societat immobiliària Divarian Propietat contra l'expropiació temporal de quatre dels seus immobles a Eivissa per destinar-los a lloguer social. Divarian, filial alhora del fons voltor nord-americà Cerberus, és una de les grans empreses que compta amb més pisos buits a les illes.

La Sala Contenciosa Administrativa dóna així la raó al Govern que presidia Francina Armengol i que va instar la cessió d'aquests quatre immobles seguint una figura contemplada a la llei d'habitatge de 2018 per a pisos que estiguessin desocupats més de dos anys i que pertanyin a grans propietaris. Mentre uns van aplaudir la iniciativa, altres hi van veure una clara vulneració del dret a la propietat privada. “O s'hi està amb la gent o amb els especuladors”, va arribar a proclamar llavors l'actual presidenta del Congrés en resposta a les crítiques llançades per l'exlíder nacional del PP, Pablo Casado.

El TSJIB basa la seva decisió, entre altres arguments, en què està acreditat que l'Administració ha actuat per pal·liar la manca d'accés a l'habitatge sense assolir els objectius desitjats, per la qual cosa s'exigeix la incorporació de més alternatives, segons el que recull la sentència, avançada per 'Diari de Mallorca'.

La Sala s'atura especialment en la quantitat de sol·licituds d'habitatge que l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) no aconsegueix atendre, amb una menció especial al cas de Santa Eulària, on es troben els immobles expropiats.

La sentència al·ludeix així, sobre la base de l'acord adoptat el 2021, a la situació d'“extrema necessitat” en què es troben els sol·licitants d'habitatge a les Illes Balears, i, més concretament, les persones que requereixen un lloguer social. “L'existència d'aquesta situació no és una mera conjectura, sinó que es basa en les múltiples dades objectives [com la memòria justificativa de 10 de novembre de 2020 sobre la greu situació de l'habitatge a Balears] que posen de manifest que aquella situació, lluny d'estar propera a resoldre's, es veu cada dia més agreujada”.

“Basten algunes dades que ofereix la memòria referida per convèncer-se de la realitat del fenomen a què s'enfronten els demandants d'habitatge, especialment els d'habitatge de lloguer: el percentatge del sou mensual destinat al pagament del lloguer era a Espanya, el 2018, del 28%, i del 40% el 2019, a Balears del 50%; amb dades del 2019, la comunitat balear és en on més ha augmentat el preu del lloguer als darrers cinc anys, un 66%, davant del 50% de la mitjana estatal, i per municipis la que presenta l'increment més gran de tot l'Estat és Eivissa, un 93%; de lloguer, entre el 2014 i el 2018 el preu del lloguer per metre quadrat va augmentar un 38'6%; més de les tres quartes parts dels desnonaments que es realitzen a les Illes Balears vénen motivats per l'impagament del lloguer; o, com a última dada, l'any 2020 les sol·licituds d'ajuda al lloguer van assolir una xifra rècord, un increment del 44% respecte del 2019”, precisa la resolució judicial.

“Sembla difícil negar que l'accés a un habitatge digne i assequible sigui un dels principals problemes a què s'enfronta un ampli sector de la població balear. Però, a més, aquestes dades evidencien una tendència d'empitjorament de la situació, per això es pot considerar justificada la decisió d'implantar mesures de reacció com la que preveu la Llei 5/2018”, continua. El TSJIB, en definitiva, creu que l'existència real d'una situació extraordinària serveix per explicar suficientment la pertinència de la decisió adoptada.

La primera expropiació duta a terme pel Govern d'Armengol, el març del 2021, va ser la de 56 habitatges pertanyents a grans propietaris. La decisió, fonamentada sobre la base de l'interès públic i la protecció dels més vulnerables en plena debacle ocasionada per la crisi del COVID, especialment virulenta a l'arxipèlag balear, va arribar en un moment en què l'impacte econòmic de la pandèmia a les illes –que durant el 2020 van veure desplomat el PIB un 27%, segons dades del Banc d'Espanya– se sumava a la problemàtica que arrossega la regió des de fa dècades: sòl escàs, pressió urbanística, la limitació dels habitatges disponibles com a efecte col·lateral de la puixança del lloguer de vacances davant d'una demanda imparable, els elevats preus dels lloguers i la conseqüent gentrificació.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha desestimado el recurso que en 2021 interpuso la sociedad inmobiliaria Divarian Propiedad contra la expropiación temporal de cuatro de sus inmuebles en Eivissa para destinarlos a alquiler social. Divarian, filial a su vez del fondo buitre estadounidense Cerberus, es una de las grandes empresas que cuenta con más pisos vacíos en las islas.

La Sala de lo Contencioso Administrativo da así la razón al Govern que presidía Francina Armengol y que instó la cesión de estos cuatro inmuebles siguiendo una figura contemplada en la ley de vivienda de 2018 para pisos que estuvieran desocupados más de dos años y que pertenezcan a grandes tenedores. Mientras unos aplaudieron la iniciativa, otros vieron en ella una clara vulneración del derecho a la propiedad privada. “O se está con la gente o con los especuladores”, llegó a proclamar entonces la actual presidenta del Congreso en respuesta a las críticas lanzadas por el exlíder nacional del PP, Pablo Casado.

El TSJIB basa su decisión, entre otros argumentos, en que está acreditado que la Administración ha actuado para paliar la falta de acceso a la vivienda sin alcanzar los objetivos deseados, por lo que se exige la incorporación de más alternativas, según que recogido en la sentencia, adelantada por 'Diario de Mallorca'.

La Sala se detiene especialmente en la cantidad de solicitudes de vivienda que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) no logra atender, con especial mención al caso de Santa Eulària, donde se encuentran los inmuebles expropiados.

La sentencia alude así, con base al acuerdo adoptado en 2021, a la situación de “extrema necesidad” en la que se encuentran los solicitantes de vivienda en las Illes Balears, y, más en concreto, las personas que requieren un alquiler social. “La existencia de esta situación no es una mera conjetura, sino que se basa en los múltiples datos objetivos [como la memoria justificativa de 10 de noviembre de 2020 sobre la grave situación de la vivienda en Balears] que ponen de manifiesto que aquella situación, lejos de estar próxima a resolverse, se ve cada día más agravada”.

“Basten algunos datos que ofrece la referida memoria para convencerse de la realidad del fenómeno al que se enfrentan los demandantes de vivienda, especialmente los de vivienda de alquiler: el porcentaje del sueldo mensual destinado al pago del alquiler era en España, en 2018, del 28%, y del 40% en 2019, en Balears del 50%; con datos del 2019, la comunidad balear es en la que más ha aumentado el precio del alquiler en los últimos cinco años, un 66%, frente al 50% de la media estatal, y por municipios el que presenta el mayor incremento de todo el Estado es Eivissa, un 93%; hay más de 8.000 personas inscritas como demandantes de vivienda protegida en régimen de alquiler; entre 2014 y 2018 el precio del alquiler por metro cuadrado aumentó un 38'6%; más de tres cuartas partes de los desahucios que se realizan en las Illes Balears vienen motivados por el impago del alquiler; o, como último dato, en el año 2020 las solicitudes de ayuda al alquiler alcanzaron una cifra récord, un incremento del 44% respecto de 2019”, precisa la resolución judicial. 

“Parece difícil negar que el acceso a una vivienda digna y asequible sea uno de los principales problemas a los que se enfrenta un amplio sector de la población balear. Pero, además, esos datos evidencian una tendencia de empeoramiento de la situación, de ahí que pueda considerarse justificada la decisión de implantar medidas de reacción como la que contempla la Ley 5/2018”, continúa. El TSJIB, en definitiva, cree la existencia real de una situación extraordinaria sirve para explicar suficientemente la pertinencia de la decisión adoptada.

La primera expropiación llevada a cabo por el Govern de Armengol, en marzo de 2021, fue la de 56 viviendas pertenecientes a grandes propietarios. La decisión, cimentada sobre la base del interés público y la protección de los más vulnerables en plena debacle ocasionada por la crisis del COVID, especialmente virulenta en el archipiélago balear, llegó en un momento en el que el impacto económico de la pandemia en las islas –que durante 2020 vieron desplomado su PIB en un 27%, según datos del Banco de España– se sumaba a la problemática que arrastra la región desde hace décadas: suelo escaso, presión urbanística, la limitación de las viviendas disponibles como efecto colateral de la pujanza del alquiler vacacional frente a una demanda imparable, los elevados precios de los alquileres y la consecuente gentrificación.

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y el presidente de la Sociedad Cooperativa ‘Santos Mártires’, José Manuel Ruiz, han firmado un acuerdo para la resolución de las controversias derivadas del procedimiento expropiatorio y procesos judiciales, que pone fin al expediente de expropiación por tasación conjunta y determinación de justiprecio dimanante del proyecto de expropiación de la parcela número 43 de la avenida de Numancia, en la que estaba ubicado el antiguo trujal.

El Ayuntamiento de Calahorra y la Sociedad Cooperativa ‘Santos Mártires’ han aceptado el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de La Rioja suscrito el 25 de abril de 2024, que fija el justiprecio en el importe de 377.775,74 euros, más el IVA que suma 79.332,91 euros y los intereses correspondientes.

Dicho acuerdo era recurrible por ambas partes, pero el equipo de gobierno municipal ha preferido negociar con la Sociedad Cooperativa para terminar los litigios que todavía quedaban pendientes y zanjar las controversias. 

El 23 de mayo de 2024 la asamblea general de la Cooperativa decidió, por unanimidad, alcanzar un acuerdo conforme a la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de La Rioja y desistir de los procesos contenciosos-administrativos interpuestos contra el acuerdo municipal sobre el proyecto de expropiación de la parcela.

Mediante esta firma, tanto el Ayuntamiento de Calahorra como los socios de la Cooperativa ponen fin a dos años de conflicto, originado por la valoración económica realizada por el Ayuntamiento de la parcela, sita en la avenida de Numancia número 43, propiedad en esa fecha de la Sociedad ‘Santos Mártires’. 

El anterior equipo de gobierno municipal acordó en Junta de Gobierno Local, de fecha 31 de mayo de 2022, aprobar definitivamente el proyecto de expropiación por tasación conjunta de los bienes y derechos incluidos en la parcela de la avenida de Numancia 43 valorada en 167.901,38 euros. Una cifra inferior a la que los cooperativistas entendían que era justa por lo que el 5 de julio de 2022 presentaron un escrito manifestando su disconformidad con la valoración realizada y decidieron recurrir a los tribunales. 

El pasado 25 de abril se conoció el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de La Rioja que fija el justiprecio en el importe de 377.775,74 euros, más IVA y los intereses legales que resulten de aplicación.  

Como el Ayuntamiento de Calahorra ya había depositado los 167.901,38 euros en que había sido valorado el solar en la caja general de depósitos, ahora tiene que abonar el importe resultante 289.207,27 euros (IVA incluido), más los intereses correspondientes. 

A través de este acuerdo, los cooperativistas se comprometen a paralizar las impugnaciones que habían interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de mayo de 2022. El Ayuntamiento tampoco recurrirá el acuerdo del Jurado Provincial. “Pensamos que es un acuerdo bueno para las dos partes y agradecemos al Ayuntamiento que tampoco quiera seguir con el tema y haya querido solucionarlo”, ha afirmado. 

Por su parte, la alcaldesa de Calahorra ha agradecido la voluntad de la Sociedad Cooperativa para llegar a un entendimiento, pero también ha lamentado que este acuerdo no se hubiera conseguido desde el principio para, entre otras razones, evitar el sobre coste que va a suponerle a las arcas municipales“. 

“Una vez más la falta de diálogo y talante de la anterior alcaldesa han salido muy caras a los calagurritanos porque al inicio los cooperativistas hubieran aceptado que el Ayuntamiento les pagara el valor catastral de la parcela”, ha destacado Mónica Arceiz.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha puesto en marcha toda una ofensiva para intentar acabar con los centros sociales okupados. En los últimos días, dos de ellos se han enfrentado a la intervención policial: La Ferroviaria fue desalojada y La Bankarrota logró resistir a la espera de recibir una nueva fecha en la que se volverá a repetir la historia.

“La Ferro no se vende”, clamaban las calles el pasado 13 de marzo ante las ocho lecheras policiales justo antes de se produjera la desokupación. Aquel edificio situado en el número 7 de la Plaza de Luca de Tena, en el barrio de Delicias, propiedad de Banco Santander, y que llevaba desalojado más de 12 años. El lugar acogía hasta a 15 asociaciones centradas en el ecologismo, el feminismo o la lucha LGTBI y también se llevaban a cabo clases de baile, boxeo o eventos culturales.

Algo similar sucedía en La Bankarrota, en el distrito de Moratalaz, donde se reunían jóvenes de todo el barrio. “Intentamos permanecer en el lugar, evidentemente vivimos en un constante estado de alarma ante la posibilidad de que el día de mañana nos echen, pero persistiremos”, comentaba una de las activistas que lograron parar el desalojo antes de que el mítico lema “10, 100, 1.000 centros sociales” fuera coreado por todos los asistentes tras su victoria.

La tasa de okupación ha disminuido desde la llegada del alcalde popular. Otros centros de larga trayectoria también fueron desalojados en los últimos años. En noviembre de 2019 se produjo el fin del centro social La Dragona, situado en Avenida de Daroca, 90, en La Elipa (distrito de Ciudad Lineal). Después de 11 años de actividad se confirmaron las amenazas de Almeida de “tolerancia cero con los okupas” convirtiéndose en el primero de al menos diez desahucios similares que han sembrado el terror entre las diferentes asociaciones que gestionan y promueven estos espacios.

En noviembre de ese mismo año se produjo el desahucio de La Ingobernable. El alcalde aseguró entonces que usaría “toda la fuerza de la ley” para llevarlo a cabo. Sin embargo, años después el Tribunal Supremo declaró que aquella acción fue ilegal y determinó que el Gobierno municipal no tenía “legitimidad” para expulsar al colectivo. Años después, en mayo de 2022, el movimiento consiguió un nuevo edificio en el que poder seguir con las actividades vecinales. Llevaba más de cinco años sin uso, pero volvieron a ser expulsados “sin previo aviso”. En esta ocasión para levantar un hotel de lujo. “Los poderes están deseando eliminar de la ciudad los espacios vecinales. Y regalársela a la especulación y la turistificación”, afirmaba el comunicado de la organización.

En los últimos años, la Quimera, el Patio Maravillas, la Salamanquesa o la Traba también fueron desalojados de edificios que previo a la llegada de las diferentes asociaciones y movimientos vecinales carecían de actividad y utilidad de los diferentes barrios. “Hay una ofensiva en contra de estos lugares”, aseguran desde todos los centros sociales. Tras las diferentes acciones contra ellos, también se produjeron infiltraciones policiales.

El año pasado, el CSO La Animosa, situado en el distrito madrileño de Hortaleza, sufrió una de ellas. “Teniendo en cuenta la escasez de CSO que hay en Madrid y la ofensiva que estamos sufriendo en los últimos años, entendemos este caso como un ataque frontal ante la auto-organización de la clase trabajadora”, anunciaba el colectivo que desde 2021 se convirtió en un enclave esencial para la vida vecinal y política de la ciudad en un comunicado que aseguraba que las infiltraciones se producía a través de los eventos deportivos que se ponían a disposición en los centros. “Este es un caso más como los sucedidos en Barcelona o Valencia”, concluía el mensaje en relación a otras actividades policiales similares.

Los centros que se mantienen en pie mantienen su resistencia mientras sobrevuela el peligro constante de ser desalojados, pese a ello, las actividades vecinales, deportivas y de concienciación social persisten en aquellos lugares, dando así a los barrios un soplo de aire fresco y de rebeldía a una cotidianidad que promueve el individualismo.

“Podrán cortar las flores, pero no la primavera”

El pasado 10 de marzo se extendió en redes sociales y en el barrio de La Latina el lema “el corazón de Madrid sigue latiendo”, una consigna que daba el pistoletazo de salida a un nuevo centro social situado en el centro de la capital llamado La Rosa. “Madrid cuenta con un nuevo espacio para las vecinas y los movimientos sociales. El edificio de la calle Bastero 1 será ahora un lugar que acoja la lucha contra la gentrificación y la turistificación”, anunciaba el comunicado del centro. “Queremos que la ciudad merezca la pena ser vivida, queremos que su corazón siga latiendo, queremos volvernos a ver”, concluía.

En la jornada de puertas abiertas, en la que vecinos y curiosos podían visitar el centro, la policía intentó un “desalojo extrajudicial” bajo el supuesto de que el edifico podía tener riesgo por su estado. Tras la verificación de los bomberos, estos mismos aseguraron que no había indicios de peligro y que no respaldaban la acción policial, con lo que la misma no se llevó a cabo. “El Ayuntamiento quiere la ciudad y sus edificios para el turismo, el capital y para los rentistas. Nosotras, para las personas”, anunciaba la organización minutos después en redes sociales.

Pese al cierre de más de una decena de centros sociales en la capital, aquellos que siguen en pie siguen realizando labores en sus respectivos barrios, como La Animosa, que ofrece un gimnasio popular, actividades culturales, como conciertos o sesiones de lectura, y campañas de concienciación con los derechos sociales. Además, también surgen nuevos espacios en los que estas iniciativas encuentran cauces donde poder instalarse.

Un juzgado ha exigido al Ayuntamiento de Estepona y sus responsables que cumplan una sentencia que llevan dos años ignorando. De lo contrario, dice la jueza, multará a los funcionarios o cargos públicos e informará al fiscal para que investigue si el “personal responsable” está cometiendo un delito de desobediencia.

La advertencia, formulada por el juzgado de lo contencioso-administrativo 5 de Málaga en una resolución del pasado 12 de marzo, tiene su origen en la resistencia del consistorio esteponero, liderado por José María García Urbano (PP), a devolver a los vecinos una calle privada de la urbanización Albayalde, situada entre la autovía y la línea de costa en la zona de Cancelada, tal y como informó este medio.

“Visto que el Ayuntamiento de Estepona ha incumplido en reiteradas ocasiones la ejecución de los términos de la sentencia dictada”, la jueza le da un mes para que lo haga. Pasado ese plazo, deducirá testimonio por un posible delito de desobediencia, dando traslado al fiscal. Además, requiere ya a la administración para que indique en diez días quién es “el personal funcionariado responsable de la tramitación y cumplimiento de la sentencia”, y acuerda una multa de 1.500 euros para cada uno de ellos, que se irá reiterando hasta que la sentencia se ejecute totalmente.

La resolución no cita expresamente al regidor, pero este asumió la decisión de no restituir el vial a los vecinos en el Pleno del pasado mes de noviembre. “No es que nosotros tengamos que devolver un vial”, aseguró, antes de explicar que ejecutar esa sentencia es “incompatible con el plan general”. Una tesis que ya ha sido rechazada por los tribunales.

Este martes, elDiario.es trasladó al consistorio las siguientes preguntas, que no fueron contestadas: “¿Va a cumplir el Ayuntamiento con el requerimiento del juzgado? Si es así, ¿ha restituido ya las vallas y barreras de acceso? ¿Cuándo lo va a hacer?”. “¿Ha indicado el Ayuntamiento quiénes son los funcionarios responsables de cumplir la sentencia? Si es así, ¿cuántos funcionarios son y qué cargos tienen?”. “A la vista de que el alcalde defendió la no restitución del vial en el Pleno de noviembre, ¿asume el regidor la responsabilidad de cumplir -o incumplir- la sentencia de 17 de febrero de 2022? ¿Es uno de los designados responsables por parte del Ayuntamiento ante el juzgado?”. “¿Quiénes van a abonar las multas de 1.500 euros impuestas por el juzgado? ¿Los funcionarios/cargos públicos responsables? ¿El Ayuntamiento?”.

Desde 2016 intentando expropiar

Desde 2016, el Ayuntamiento pretende expropiar la calle Bauprés, una vía de apenas 100 metros que discurre en paralelo a la A-7. Razona que así permearía la trama urbana en este sector de la ciudad, muy condicionada por estar encajonada. Los vecinos y la oposición denuncian que se busca favorecer a un promotor privado amigo personal del alcalde, y que es el propietario un inmueble destinado a centro comercial. Ese inmueble sigue siendo hoy un esqueleto de hormigón, y sería de muy difícil acceso de mantenerse la titularidad privada de la calle Bauprés.

Hace años, el consistorio eliminó las barreras de acceso a Bauprés, similares a las que siguen existiendo en las otras entradas a la urbanización. Había decidido expropiarla, y primero ofreció 50.000 euros.

A los vecinos aquel precio les pareció irrisorio, así que llevaron el asunto ante los juzgados, denunciando también que el expediente se había tramitado de forma irregular. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó sentencia definitiva el 17 de febrero de 2022: el procedimiento expropiatorio era nulo “de pleno derecho”. Los magistrados subrayaban que existió “una ausencia absoluta de competencia” para iniciar la expropiación, porque la calle no está declarada de utilidad pública en el PGOU.

Dos años sin cumplir la sentencia

Pese a ello, el alcalde insistió. Volvió a abrir otro expediente (nuevamente recurrido) e ignoró la sentencia del TSJA aun siendo firme. También incumplió el auto de ejecución, que los vecinos instaron cuando vieron que el consistorio no cumplía voluntariamente. De modo que han pasado dos años, y sigue sin reponer las barreras ni permitir que se repongan. No solo eso. Públicamente el regidor ha declarado que no va a ejecutar la sentencia ni a devolver el vial, y que todo es una cuestión de un trámite.

Sin embargo, el juzgado parece haberse cansado de que lo ignoren, y pretende obligar a que se cumpla advirtiendo de que, si le siguen ignorando, impondrá multas y enviará el asunto a los juzgados penales. Así consta en una resolución del pasado 12 de marzo, en el que se recuerda que ya se han desestimado todas las alegaciones y excusas puestas por el Ayuntamiento para no cumplir: que el PGOU no lo permite, que hay nuevo expediente de expropiación...

“Ello no justifica el reiterado incumplimiento del Fallo de la sentencia por la Administración, ocasionando con ello, un claro perjuicio a la Comunidad de Propietarios, que de forma soslayada con el expediente iniciado, está privando del derecho que le otorgo la resolución dictada”, se lee en la nueva resolución. La jueza subraya que ya lo sabe todo, y le exige al Ayuntamiento que cumpla de una vez.

Antecedentes de multas y advertencias a alcaldes

La advertencia de abrir diligencias por delito de desobediencia y la imposición de multas a funcionarios y cargos públicos que ignoran resoluciones judiciales es una medida excepcional. Este medio ha informado en los últimos meses de dos casos.

El año pasado Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella (PP), fue denunciada por la Fiscalía (a instancias del TSJA) por negarse reiteradamente a demoler un edificio declarado ilegal por sentencia firme de 2009. Los hechos “ciertamente podrían ser constitutivos” de delito, dijo el fiscal en una resolución del pasado 20 de marzo avanzada por este diario. Además, el TSJA le impuso una multa de 1.000 euros. El asunto se trasladó a la Fiscalía del Tribunal Supremo (por ser Muñoz aforada entonces) y regresó a Marbella en noviembre. La Fiscalía dice que sigue investigando y el edificio no se ha demolido.

El otro asunto es el de El Algarrobico. El TSJA ha apercibido de multa de 700 euros en reiteradas ocasiones al exalcalde de Carboneras, José Luis Amérigo (PSOE), por incumplir intencionadamente (según el TSJA) la sentencia de 2018 que concluye que el suelo de El Algarrobico es no urbanizable, y traza el camino hacia su demolición. Pero El Algarrobico sigue en pie, enredado en una maraña jurídico-administrativo-política cada vez más compleja, y no hay constancia de que Amérigo haya llegado a abonar multa alguna.

En el caso de la expropiación en Estepona, los vecinos llegaron a querellarse contra el alcalde, al que imputaban prevaricación. Un juzgado de instrucción abrió diligencias para investigar por qué el consistorio insistía en una expropiación declarada nula, pero archivó el caso el pasado 14 de febrero por entender que no tiene, por ahora, naturaleza penal. El abogado de la Comunidad asegura que ha recurrido el archivo y ampliado la denuncia.

“La Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra se modifica para acabar con una interpretación demagógica, dejando clara su nula voluntad expropiatoria”. Es el argumento que ha dado este jueves el diputado del PSOE Fernando Mora durante el debate en las Cortes de Castilla-La Mancha para cambiar el artículo 29 de la norma.

Esta modificación es una de las quince que se han incluido en la llamada ‘Ley de Acompañamiento’ de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para este año 2024 y que ha sido aprobada con los votos a favor del PSOE, que ostenta mayoría absoluta.

El cambio llega tras una dilatada polémica, avivada en los prolegómenos de las elecciones del pasado 28 de mayo, en la que el PP acusó al PSOE de querer “expropiar las tierras” a los agricultores. Ahora la norma no hablará de cesión en propiedad de las parcelas infrautilizadas al banco de tierras, sino que será solo una cesión de uso, es decir, quedarán en usufructo, durante un periodo máximo de 25 años. 

“Nos hemos abstenido, porque quitan lo de la expropiación, pero estamos preocupados porque no sabemos por qué se redactó así”, ha comentado el diputado de Vox Francisco Cobo en una breve intervención sobre la cuestión. Hay que recordar que en Castilla y León, donde Vox gobierna con el PP, el consejero de Agricultura es precisamente del partido de ultraderecha y allí existe una ley en términos similares.

El presidente del PP Paco Núñez se ha referido a esta cuestión durante su intervención en este punto del debate en el Parlamento regional. “Es cierto que aprobaron una ley para expropiar tierras. Si no lo hubieran hecho, hoy no quitarían el término y con eso demuestran que mintieron”. Cree que el cambio es un mero lavado de cara. “Cambian el término ‘expropiación’ por el de ‘usufructo’. Es decir, se lo quitan a sus propietarios para dárselo a otras personas”.

El diputado popular Santiago Serrano había incidido en lo mismo en una intervención anterior. “Les ponen ustedes la espada de Damocles porque si el terreno es infrautilizado se cederá al banco de tierras. ¿Esto no era un bulo del PP?”, ironizaba para recordar que la norma permite “reservar el derecho de cederlo al banco de tierras por un mínimo de 10 años y un máximo de 25”.

En su opinión el cambio auspiciado “busca uso responsable del suelo. Sí. Pero modifica el derecho a la propiedad privada y eso no puede ser admitido porque es una injerencia”.

La respuesta desde el PSOE la daba el diputado Fernando Mora. “Si se elimina malo, y si se deja peor. ¿Qué pretenden? ¿Intoxicar? Son ustedes tóxicos, afirmaba. ”No acabo de entender a dónde quieren llegar con este tema. Ni ha habido, ni hay, ni habrá expropiaciones“, decía tajante.

“Lo que se pretende es optimizar la tierra porque puede dar empleo a mucha gente cuando hay fincas cuya tierra no se usa” y en este punto ha apelado a la Constitución. “Dice que toda la riqueza del país debe subordinarse al interés general, pero eso no quiere decir que haya expropiaciones”.

Ha citado el artículo 33 de la norma sobre el derecho a la propiedad y la herencia. “Todo lo demás es demagogia. Núñez impregnó de demagogia este artículo que estaba consensuado con las organizaciones agrarias” y por eso reafirmaba que “para evitar que la demagogia se extienda, vamos a quitar el término expropiación de tierras, por mucho que vistan de lagarterana la modificación del artículo”.

“Ya no les queda sitio para el bulo”, zanjaba, dirigiéndose al PP.

La Generalitat de Catalunya ha aprobado este martes iniciar una nueva vía para tratar de recuperar pisos vacíos y ponerlos en el mercado de la vivienda. Se trata de la expropiación, prevista en la ley desde el año 2016 pero que la administración autonómica nunca había llevado a cabo hasta ahora. En concreto, el Govern tiene detectados 188 inmuebles, repartidos entre 14 municipios, que llevan más de dos años vacíos y que por tanto son susceptibles de ser expropiados si sus propietarios no los movilizan de inmediato. De entrada, el Govern cree que puede movilizar inicialmente entre 50 y 70 de estos inmuebles.

“Hemos activado una herramienta que está prevista en la ley y nos permite expropiar pisos que llevan más de dos años vacíos”, ha detallado el conseller de Territori, Juli Fernàndez, en rueda de prensa. Según ha explicado, una vez iniciado el procedimiento, la Generalitat permitirá a los propietarios sacar los inmuebles al mercado de la vivienda o bien alcanzar un acuerdo de compra con la Generalitat. Para esta segunda opción, el Govern ha consignado 5 millones de euros inicialmente.

Los 188 pisos sobre los que se iniciará el proceso han sido inspeccionados por la Generalitat, después de llegar a un convenio con los ayuntamientos correspondientes, todos ellos en zonas con alta demanda de vivienda. Durante este proceso se ha podido acreditar que las viviendas llevan al menos dos años vacías, por lo que la administración puede forzar su salida al mercado. La propiedad puede ser de bancos, fondos o personas jurídicas, pero tampoco existe el requisito de que sean grandes tenedores, aunque por las características de las viviendas, prácticamente nunca corresponden a pequeños propietarios.

Se trata de inmuebles situados en Tarragona, Mataró, Reus, Cornellà, Figueres, Lloret de Mar, Mollet del Vallès, Roda de Berà, Rubí, Salt, Valls, Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú. Si se llegase a la adquisición de la propiedad, la ley de expropiaciones prevé que la administración pague el llamado justiprecio, es decir, una indemnización. El Govern prevé utilizar para ello los 5 millones ya consignados, suma que daría para quedarse con algo menos de la mitad de los inmuebles, según calculan. Con todo, si la mayoría de los propietarios se negasen a movilizar los pisos, la administración haría una nueva consignación para continuar expropiando.

“El objetivo del Govern es actuar para que el parque de viviendas vacías y garantizar la función social de la vivienda”, ha destacado Fernàndez. En Catalunya el registro de pisos vacíos supera los 30.000 inmuebles. Según explican desde el Ejecutivo, para disminuir esa cifra están llevando a cabo diversas actuaciones, desde procesos de tanteo y retracto a compras directas. La vía de la expropiación es, según defienden, una más de esas vías, que la norma catalana contempla pero que a su juicio ha quedado blindada ahora, después de que el Estado no la haya recurrido. El Ejecutivo considera que hay plena seguridad jurídica para ello.

El Govern carga contra los anuncios de Sánchez en vivienda

El conseller ha aprovechado el anuncio del expediente sobre la expropiación para pronunciarse sobre las medidas en materia de vivienda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho en las últimas semanas. “Los anuncios deben ir acompañados de concreción y de despliegue inmediato y hasta ahora no lo hemos tenido”, ha asegurado Fernàndez, que ha asegurado que la Generalitat trabaja “desde hace tiempo” en la vía de la compra de viviendas de la Sareb. “Ya sabemos que quiere vender pisos”, ha indicado el conseller, que ha asegurado que por el momento no hay avances.