El Gobierno de Cantabria ha comunicado que el PSIR de Real de Piasca derribará menos viviendas de las previstas inicialmente. Según la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, las 35 viviendas afectadas se reducen a 12, la mitad de ellas en el barrio santanderino de Rucandial. “De acuerdo con la nueva delimitación, el núcleo principal de Rucandial queda por completo fuera del ámbito de actuación del PSIR”, asegura el comunicado oficial.

La noticia se ha conocido tras la reunión que Buruaga y el consejero de Fomento y Vivienda Roberto Media han mantenido con los representantes de los vecinos de Rucandial, a quienes han recibido dos semanas después de anunciarse públicamente el proyecto que contemplaba derribar 35 casas en el barrio de Rucandial.

La presidenta ya había anunciado el viernes que, tras la polémica pública, había pedido a Real de Piasca -la promotora inmobiliaria que plantea hacer casi 8.000 viviendas en la zona, la mayoría para venderlas a precio de mercado- que “minimizase al máximo el impacto en este barrio del proyecto Bosques de Santander”.

Buruaga, además, se ha comprometido a mediar con la empresa promotora para que les facilite toda la información y eliminar así la incertidumbre que ha generado el proyecto, “puesto que se trata de una iniciativa privada y el Gobierno no es el promotor”, puntualiza el comunicado oficial obviando que el PSIR lo aprueba el Ejecutivo de Cantabria, no depende del inversor particular.

En este sentido, la presidenta ha dicho que el Gobierno “solo interviene en la declaración del interés público del proyecto”. También ha incidido en que incluye la construcción de casi 3.200 viviendas de protección oficial “a precios asequibles, la Ciudad de la Justicia y la cesión a Santander de 650.000 metros cuadrados del Parque Litoral Norte”.

El Partido Regionalista de Cantabria ha trasladado su apoyo a los vecinos de Rucandial en su oposición al “macroproyecto” urbanístico 'Bosques de Santander' que el Gobierno de Cantabria (PP) quiere impulsar en el barrio y se ha ofrecido a promover una iniciativa en el Parlamento en defensa de sus viviendas para tratar de evitar que la actuación se lleve a cabo “en los términos planteados”.

Así lo han manifestado el secretario general, Miguel Ángel Revilla, la candidata electoral, Paula Fernández, y el portavoz en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, durante una reunión con representantes de la asociación vecinal, en la que han conocido de primera mano su postura y las actuaciones que están preparando para intentar frenar el proyecto.

Fernández ha anunciado la disposición del Grupo Parlamentario Regionalista a presentar una iniciativa en la Cámara autonómica en el momento que los afectados consideren “más oportuno”, teniendo en cuenta las actuaciones que están preparando y la evolución del procedimiento.

Precisar el alcance de los PSIR

Además, ha ofrecido su colaboración para trasladar al Parlamento las firmas que está recogiendo la asociación, a la que ha animado a mantener su “unidad e independencia”, y ha indicado que el PRC también está trabajando en propuestas para precisar el alcance de los PSIR y evitar que puedan ser utilizados en desarrollos urbanísticos ajenos a su finalidad original.

En la misma línea, Revilla ha asegurado que el uso de esa figura en una operación inmobiliaria como la de Rucandial “no cumple los objetivos para los que este instrumento se incorporó a la legislación urbanística de Cantabria en su etapa como presidente de la Comunidad Autónoma”. “El PSIR fue concebido para desarrollos de interés general, no para amparar pelotazos”, ha recalcado.

El secretario regionalista también ha criticado que el Gobierno ampare una actuación urbanística que “puede implicar la desaparición de viviendas familiares, algunas de ellas centenarias, por intereses inmobiliarios privados”.

En el ámbito municipal, Felipe Piña ha destacado que el Grupo Regionalista ya ha registrado preguntas en el Ayuntamiento de Santander para conocer todas las circunstancias de esta actuación, las cuales serán abordadas en el pleno del 29 de octubre.

Asimismo, ha cuestionado que se plantee un crecimiento urbanístico de estas dimensiones en la “anómala” situación urbanística de Santander, con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, y “sin aclarar previamente” el impacto sobre las infraestructuras y los servicios públicos.

En particular, ha advertido de las consecuencias que puede tener el incremento de población previsto sobre el transporte urbano, el abastecimiento de agua y otros servicios municipales y ha abogado por un desarrollo “ordenado y respetuoso con las características del entorno”.

Al menos 37 viviendas afectadas

Por su parte, los representantes vecinales han explicado que manejan un listado inicial de 37 viviendas afectadas, aunque temen que el alcance real del proyecto sea superior. De momento, han recogido 2.700 firmas de rechazo y la asociación que han constituido ronda ya los 200 miembros.

Finalmente, los representantes del PRC han subrayado su compromiso de mantener una comunicación permanente con el colectivo y acompañar a los vecinos en las actuaciones que emprendan para defender sus viviendas y preservar el carácter residencial de Rucandial, ha indicado el PRC en nota de prensa.

Cantabristas Santander ha denunciado “el pelotazo urbanístico de Rucandial” que “esconde el PSIR a la carta” que ha pedido Real de Piasca al Gobierno de Cantabria (PP).

En un comunicado, el partido cantabrista ha criticado que una figura jurídica creada para usos muy específicos y limitados como el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) esté siendo “utilizada por el PP de Buruaga de forma discrecional para beneficiar a promotoras inmobiliarias y empresas amigas”.

Cantabristas ha denunciado que el PP está utilizando el PSIR para promover proyectos como el Olucas Surf Center en Villaverde de Pontones, para llevar adelante La Pasiega, la ampliación del polígono de Astillero o la del de Laredo.

Para el portavoz de la agrupación cantabrista en Santander, Manuel Núñez, “el PP está sosteniéndose en los PSIR para saltarse todas las normativas urbanísticas y poder recalificar terrenos a su antojo y, como estamos viendo en el barrio Rucandial de Peñacastillo, dar un pelotazo urbanístico”.

Por ello, Cantabristas ha expresado su apoyo a las personas afectadas por los “posibles derribos y expropiaciones”. “Los vecinos y vecinas de Rucandial lo tienen claro. Van a dar la cara y luchar por defender su barrio de este pelotazo orquestado por el PP y una promotora inmobiliaria”.

Respecto a la cuestión de la generación de vivienda, Núñez ha recordado que desde Cantabristas ya promovieron la construcción en los solares vacíos del centro de Santander, que son suelo urbano totalmente consolidado, más de 1.500 viviendas. “Existen herramientas para luchar contra la crisis de vivienda sin degradar espacios rústicos y naturales. Lo que pretende el PP de Buruaga es utilizar esta crisis para dar un pelotazo y beneficiar a una promotora inmobiliaria”, ha opinado la formación.

La Diputación de Badajoz ha dado el pistoletazo de salida al proceso de expropiaciones para la construcción de 'La Lanzadera', un nuevo itinerario viario de 20,28 kilómetros que conectará Guareña y Santa Amalia en un tiempo estimado de 17 minutos, con una inversión total de 6,32 millones de euros.

El anuncio, publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), somete a información pública la relación de 63 parcelas afectadas en los términos municipales de Medellín (41), Santa Amalia (16), Guareña (5) y Valdetorres (1). La gran mayoría de los terrenos corresponden a arrozales y otras tierras de regadío, además de olivares, secanos, cerramientos y una parcela de suelo industrial.

Los propietarios dispondrán de un plazo de quince días hábiles para presentar alegaciones o corregir posibles errores en la relación de bienes. Tras este trámite, la institución provincial solicitará a la Junta de Extremadura la declaración de urgente ocupación para acelerar la disponibilidad de los terrenos.

Conexión agraria y acceso a Casas del Turuñuelo

El proyecto se divide en dos tramos principales: uno de 6,2 kilómetros entre Guareña y Valdetorres (a través del camino C-5) y otro de 8,9 kilómetros entre el final de la carretera provincial BA-142 y Santa Amalia, pasando por el entorno de Yelbes.

La nueva infraestructura permitirá crear un itinerario continuo con conexión directa a la carretera N-430, optimizando el transporte de mercancías y productos agrícolas, facilitando el acceso a las explotaciones de regadío y mejorando los viales hacia las fincas colindantes, incluyendo además un ramal específico de acceso al yacimiento arqueológico de Casas del Turuñuelo.

Financiación pluriinstitucional

El coste de la actuación cuenta con la participación de varias administraciones. La Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Junta de Extremadura aportarán 2,24 millones de euros cada una, mientras que la Diputación de Badajoz financiará los 1,85 millones restantes, encargándose asimismo de la licitación, la ejecución de las obras y la posterior conservación de la vía.

Entre 2012 y 2015, Andalucía se situó a la vanguardia de las políticas públicas en materia de vivienda en una España aplastada por la gran recesión, donde la gente se arrojaba por las ventanas cuando venían a desahuciarlas de sus casas. 2012, el año en que el PSOE perdió las elecciones andaluzas por primera vez en su historia, la crisis habitacional tocó techo: 500 desahucios diarios, unos 70.000 en total.

Durante tres meses, entre septiembre de 2013 y enero de 2014, un Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida tramitó medio millar de solicitudes de expropiación de viviendas a entidades bancarias, al amparo de la conocida como 'ley antidesahucios', para evitar que familias vulnerables fueran desalojadas de sus casas.

Todo lo que está pasando ahora mismo en España ya pasó antes en Andalucía: el problema, los protagonistas, las reivindicaciones y las dificultades para aprobarlas. En este mismo momento, otro Gobierno de coalición de izquierdas se tambalea, como un trapecista en el alambre, buscando el equilibrio imposible entre propietarios e inquilinos.

Una parte de España -representada por miles de personas acampadas en la Puerta del Sol de Madrid- contiene el aliento, pendiente del Consejo de Ministros de este martes, donde PSOE y Sumar se han citado para aprobar un decreto de vivienda que revierta la terrible imagen internacional de un país tras el desahucio de Maricarmen: una anciana de 87 años, con discapacidad en la mitad de su cuerpo, que llevaba 70 años en su casa sin dejar de pagar un solo mes, expulsada por un fondo buitre que compró su piso y le subió un 250% el alquiler.

La encrucijada del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios a la izquierda tiene un precedente andaluz, muy útil para calibrar las expectativas y el mayor o menor riesgo de frustración. ¿Qué va a ocurrir? “Ojo, porque en la puerta de la casa de Maricarmen está en juego una legislatura, no ésta, sino la que viene”, avisa, desde Sevilla, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

Maíllo era el líder recién llegado de IU en Andalucía, cuando la presidenta de la Junta, Susana Díaz, expulsó a los suyos del Gobierno de coalición acusándoles de una “deriva radical”. Meses antes, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU), había desobedecido una orden de la presidenta, al realojar a familias que llevaban meses ocupando pisos en un edificio vacío propiedad de Ibercaja. Díaz le retiró a su consejera las competencias para adjudicar VPO, para devolvérselas 48 horas después, escenificando la mayor crisis política de un Gobierno progresista de coalición.

Juanma Moreno: “Menos ideología y más gestión”

Las discrepancias sobre políticas de vivienda tuvieron mucho que ver con la ruptura de aquella alianza de izquierdas (eso, y el tacticismo de Susana Díaz, que adelantó las elecciones un año para cortocircuitar el ascenso de un nuevo fenómeno político a su izquierda: Podemos).

Ahora España está instada, de sopetón, en un debate social que lleva enquistado décadas: la vivienda en este país no cumple su función social, por tanto, no cumple con los requisitos que aparece en la Constitución.

PP y Vox se han autoexcluido de este debate, aunque los populares gobiernan 11 comunidades autónomas y tienen las competencias en materia de vivienda. Han boicoteado la ley estatal del Ejecutivo de Sánchez, porque la consideran excesivamente intervencionista, se han negado a declarar zonas tensionadas (para topar el precio de los alquileres).

Los populares apuestan por fórmulas que no solivianten el mercado inmobiliario ni el turismo, como bajar impuestos a quienes aún pueden comprarse una casa (1,2 millones de contribuyentes andaluces está exento de hacer la declaración de la renta, porque sus ingresos no llegan al mínimo): “El problema se empieza a resolver cuando se construye más”, asegura el presidente andaluz, Juanma Moreno, que este lunes ha participado en el acto de la primera piedra de una promoción de viviendas de alquiler “a precio asequible” en Sevilla, una colaboración público privada con dinero del promotor, de las administraciones y de fondos europeos.

Es el mayor proyecto de vivienda pública y privada de Andalucía -691 pisos a alquiler asequible-, cofinanciado con fondos europeos, la participación del Gobierno central, la Junta y el Ayuntamiento, junto con la promotora. Dadas las circunstancias, Moreno ha preferido estar en la presentación de este proyecto en Sevilla que en Madrid, donde Alberto Núñez Feijóo se ha rodeado de sus barones territoriales para intentar resituar el debate público en un marco más propicio a sus intereses políticos: la corrupción del PSOE, la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta.

“El problema de la vivienda en España necesita menos ideología y más gestión”, ha sentenciado Moreno. Un minuto antes que él, el CEO de la promotora Lagoon Living, Javier Braza, ha dicho prácticamente lo mismo: Dejémonos de ideologías. No demonicemos al sector privado. Hace falta un pacto de Estado por la vivienda“.

Pero España está lejos de un pacto de Estado. De cualquier tipo de pacto de Estado. La vicepresidenta primera del Gobierno y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, acaba de pedir explícitamente que la gente se movilice contra el Gobierno del que forma parte. A la parte socialista del Ejecutivo le ha indignado, como le indignó en 2023 cuando hizo exactamente lo mismo otra ministra, Ione Belarra, líder nacional de Podemos, también acusando a sus socios de “arrastrar los pies” en materia de vivienda.

Este momento álgido del Gobierno de coalición de izquierdas tiene reminiscencias del pasado. Basta retroceder a la legislatura 2012-2015 en Andalucía, cuando se gestó el primer Ejecutivo de PSOE-IU. La legislatura en la que los comunistas se estrenaron en la Junta asumiendo las competencias en materia de vivienda, cuando aprobaron la polémica 'ley antidesahucios'.

Elena Cortés (IU): “Con nuestra ley llegamos hasta donde quisimos llegar”

La ley que vino a cambiar el paradigma del debate público sobre vivienda, al regular por primera vez la “expropiación temporal de su uso” a personas jurídicas (bancos, fondos de inversión), “en una España donde la gente se tiraba por la ventana cuando venían a desalojarlas de sus casas”, recuerda la autora material de aquella ley, la exconsejera andaluza de Vivienda, Elena Cortés.

En una entrevista telefónica con elDiario.es, Cortés reconoce que todo lo que está sucediendo ahora le está “removiendo cosas por dentro”, porque los paralelismos con la encrucijada en la que hoy se encuentra el Gobierno de Sánchez son evidentes. La Ley de la Función Pública de la Vivienda de Andalucía se popularizó en los medios como 'ley antidesahucios', porque venía a responder de urgencia al drama de impagos hipotecarios que había dejado la gran recesión de 2008.

Pero el nombre original que se eligió no era casual: emanaba de la propia Constitución, para subrayar que la vivienda debía tener una “función social” y que la propiedad privada debía estar limitada por dicha función, así lo reconoce el artículo 33 de la Carta Magna. “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes” (art. 33.3).

En 2013, el Gobierno andaluz, entonces presidido por José Antonio Griñán, aprobó por la vía de urgencia un ambicioso decreto ley que le permitía sancionar a las entidades bancarias por no sacar sus casas vacías al mercado –entonces se estimaban un millón de viviendas vacías en Andalucía– y la expropiación temporal para evitar desahucios.

“Aquella norma sacudió el debate público y puso a IU por encima del PSOE en todos los titulares de prensa”, recuerda un miembro socialista de aquel Gobierno, que reconoce que sus socios “supieron capitalizar el 100%” de aquella ley que “opacó todo lo demás que se estaba haciendo en ese momento”. “En los telediarios se hablaba de la expropiación de casas en Andalucía, pero aquello, aunque luego lo tumbara la Justicia, se corrigió mucho jurídicamente para que pudiera salir: el acierto fue expropiar el uso, no el inmueble en sí”.

En efecto, la Justicia terminaría tumbando aquella ley, aunque los mismos jueces reconocieron en la sentencia que “era necesaria una acción normativa absolutamente inmediata” en una España sacudida por la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria, con las órdenes de levantamiento disparadas. La política nacional –sobre todo los partidos de la izquierda tradicional (PSOE e IU)– aún estaba desnortada por la indignación social del 15M.

El PP de Arenas se abstuvo; el Gobierno de Rajoy recurrió

La presión social era tan elevada, que incluso el PP de Javier Arenas (que venía de ganar las elecciones andaluzas de 2012, pero no pudo gobernar) no se atrevió a votar en contra del decreto en el Parlamento. Se abstuvo.

Los populares andaluces se quedaron en tierra de nadie. Pero, al poco de aprobarse el decreto antidesahaucios, el Gobierno de Mariano Rajoy lo recurrió ante el Tribunal Constitucional y logró que se paralizase cautelarmente. Estuvo en vigor apenas unos meses: se habían iniciado 18 expedientes de expropiación de viviendas a bancos –la norma sólo se activaba a petición expresa de las familias que iban a ser desahuciadas– y dejó en espera 520 solicitudes. Ninguna prosperaría, porque año y medio después los jueces tumbaron parcialmente la ley y declararon nulos los artículos más ambiciosos.

“Nosotros sí llegamos hasta donde quisimos llegar con aquella ley”, dice Cortés. La exconsejera andaluza de Vivienda recuerda que el proyecto de ley llegó al Consejo de Gobierno “avalado por un informe jurídico específico”, con el objetivo de “exprimir al máximo las competencias autonómicas en materia de vivienda”, y siguiendo el mismo recorrido que, años atrás, hizo la Ley de la Reforma Agraria para regular la expropiación de tierras baldías, sobre todo latifundios.

El Constitucional asestó un golpe duro a la ley, pero no la suspendió en su totalidad. Sin embargo, el siguiente Gobierno de Susana Díaz dio un volantazo en política de vivienda: metió la norma antidesahucios en un cajón y llevó al Parlamento andaluz una Ley de Tanteo y Retracto –sustituyó la expropiación por la compra preferente de viviendas a los bancos antes de que desahuciasen a sus inquilinos–, aprobada con los votos del PSOE y su nuevo socio (Ciudadanos), la abstención del PP y de Podemos, y el único rechazo de IU.

En diciembre del año pasado, el Parlamento andaluz aprobó la nueva Ley de Vivienda del Gobierno de Juanma Moreno, con los únicos votos favorables del PP y su mayoría absoluta. La norma derogó todas las leyes anteriores de gobiernos progresistas.

“Al PSOE le presionan en los despachos, a la izquierda le presiona la calle”

A Elena Cortés no le suena raro que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, haga hoy un llamamiento a la movilización de la gente para presionar al mismo Gobierno del que forma parte, horas antes del Consejo de Ministros clave para aprobar el decreto de vivienda. “No es contradictorio, al revés, es necesario: todos los gobiernos reciben presiones, el PSOE las recibe en los despachos, y la izquierda transformadora la recibe de la calle. El capital sabe cómo meterse en los despachos: yo llevaba una semana de consejera de Vivienda, y el primer empresario que recibí me preguntó: ¿a quién le doy el maletín con dinero? La concentración en la Puerta del Sol es lo que da fuerza a Sumar para negociar con el PSOE. Ojalá yo hubiera tenido una manifestación así en Plaza Nueva entonces. La movilización ayuda mucho”, asegura.

La sentencia que tumbó la 'ley andaluza antidesahucios' puso el derecho a la propiedad privada por encima de la función social de la vivienda. El drama de Maricarmen ha reabierto el debate sobre dónde residen las competencias en materia de vivienda, con el Gobierno central y las comunidades del PP intercambiando acusaciones.

En enero de 2014, el Constitucional que tumbó la ley andaluza antidesahucios consideró que la política de vivienda forma parte de la “regulación económica” de un país y, por tanto, es competencia del Estado, aunque la gestionen las comunidades. El Tribunal de Garantías no consideró este asunto al nivel de otras políticas delegadas, como la sanidad o la educación.

El Gobierno de Pedro Sánchez está ultimando su decreto –presionado por sus socios de izquierdas– sabiendo que su malísima sintonía con los tribunales puede echarle por tierra una norma tan ambiciosa como la que están exigiendo los acampados en la Puerta del Sol. Pero, al tratarse de una norma de rango estatal, no corre el mismo riesgo de la andaluza, de ser paralizada de forma cautelar por invasión de competencias.

Cortés está convencida de que la jueza podía haber impedido el desahucio de Maricarmen. “El primer artículo de la Constitución dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. El legislador no eligió ese orden al azar: un Estado social no puede desahuciar a una anciana de 87 años con discapacidad que siempre ha pagado su alquiler. La ley tiene que atender al Estado social”, sentencia.

Assumpció Rof nunca olvidará la noche en la que derribaron la casa de su vecino, apenas un día después de que falleciera. Ocurrió en 1971, en plena oleada de expropiaciones en Gallecs, un antiguo núcleo rural de unos 100 habitantes situado entre las comarcas del Vallès Oriental y el Vallès Occidental, a las afueras de Barcelona. El Gobierno franquista proyectó allí una nueva ciudad para descongestionar el área metropolitana de Barcelona. Para levantarla, sin embargo, tenía que quedarse primero con las tierras.

“Fue un atraco en toda regla. Lo único que, en vez de pistolas, llevaron bolígrafos”, expresa Josep Molist, habitante de toda la vida de Gallecs. “Vinieron aquí sin preguntar nada y acabaron imponiéndonos una expropiación forzosa, sin poder defendernos”, añade.

La operación formaba parte de los proyectos de vivienda masiva impulsados durante los últimos años de la dictadura. Bautizada como Actuación Urbanística Urgente (ACTUR) de Santa Maria de Gallecs, la iniciativa contemplaba urbanizar las 1.500 hectáreas que ocupaba Gallecs para construir una ciudad que debía acoger a unos 150.000 habitantes.

El proyecto afectó a cerca de 3.000 propietarios, arrendatarios y aparceros. En 1971, se aprobó el expediente de expropiación y, al año siguiente, comenzaron a pagarse las indemnizaciones.

Para quienes vivían y trabajaban allí, sin embargo, aquello no suponía simplemente perder unos terrenos. Eran sus casas, sus campos y un modo de vida transmitido durante generaciones. “El precio que nos ofrecieron por nuestras viviendas y tierras era muy bajo y no se correspondía, ni de lejos, al valor que tenía para nosotros”, señala Rof.

Marina Duñach, exvecina de Gallecs y miembro de la Comisión por la Defensa de Gallecs, pertenece a otra de las familias afectadas y describe como “un palo muy grande” el momento en que supo que su casa podía ser expropiada. En su hogar conserva documentos que acreditan que la vivienda ya existía en 1640. “Cinco generaciones de mi familia han vivido y trabajado la tierra durante todo este tiempo”, cuenta.

Ante las amenazas de expropiación, la mayoría de los vecinos acabó marchándose. Pero otros decidieron quedarse y resistir mientras el proyecto avanzaba sobre el papel. “Nos quedamos como acto de resistencia, ya que perder nuestra casa habría supuesto perder nuestra identidad”, señala Duñach.

Durante años convivieron con la incertidumbre de no saber qué ocurriría con sus viviendas. Algunas fueron abandonadas y muchas, posteriormente, derribadas. “La gente tenía miedo. Estar viendo constantemente cómo derriban las casas de tus vecinos y no saber en qué momento podrían derribar la tuya es algo muy duro”, recuerda Rof.

La empresa subcontratada por el Ministerio de Vivienda para ejecutar los derribos también arrancó viñas centenarias y otros cultivos, lo que acabó transformando el paisaje agrícola en un monocultivo de cereal. Muchos de los vecinos acabaron retirando animales y bienes de las fincas ante el temor de que las máquinas entraran en los terrenos y destruyeran sus propiedades, afirman los entrevistados

Las expropiaciones coincidieron, además, con los últimos años del franquismo, en un contexto de creciente movilización social que también se hizo notar en Gallecs. Los tres vecinos consultados recuerdan aquel periodo como una etapa de intensa organización y resistencia frente al proyecto urbanístico. “No nos esperábamos la cantidad de gente que vino a movilizarse por Gallecs, fue algo realmente emocionante”, recuerda Rof.

La falta de libertad para reunirse y organizarse obligaba a los vecinos a buscar fórmulas para hacerlo sin llamar la atención. “Aprovechábamos las reuniones municipales en las que se hablaba de la construcción de un cementerio para reunirnos y organizarnos contra las expropiaciones”, explica Duñach. Asegura, no obstante, que en algunas ocasiones la Guardia Civil irrumpió en estos encuentros y los disolvió para impedir la organización vecinal.

Se frenó el proyecto, pero no las expropiaciones

La ciudad imaginada en Gallecs nunca llegó a construirse. Duñach atribuye el freno del proyecto a varios factores, entre ellos la lucha vecinal, el declive económico provocado por la crisis del petróleo de 1973 y el final de la dictadura franquista. Pero aunque la gran operación urbanística acabó paralizándose, las viviendas y las tierras ya habían sido expropiadas.

De las 1.500 hectáreas previstas inicialmente para la urbanización, una parte sí acabó transformándose para la expansión residencial y de servicios de Mollet del Vallès, así como para la creación de grandes polígonos industriales y logísticos en Santa Perpètua de Mogoda y Parets del Vallès.

El espacio agrícola también quedó fragmentado por la construcción de algunos de los principales ejes de comunicación de Catalunya, como la autopista AP-7, la autovía C-17 y las vías del ferrocarril de alta velocidad (AVE).

Aun así, unas 754 hectáreas conforman actualmente el espacio agroforestal protegido de Gallecs, uno de los principales espacios agrícolas y naturales del área metropolitana de Barcelona.

Para Rof, igual que para el resto de vecinos que resistieron a todos los intentos de expropiación, saber que finalmente no se llevaría a cabo el proyecto urbanístico supuso un alivio. “Viví con mucha ilusión el momento en que nos dijeron que no se construiría la ciudad”, recuerda. “Pensé: aquí estamos nosotros y seguiremos luchando siempre, junto a nuestros vecinos”.

Haber resistido durante décadas también tiene mucho valor para Josep Molist: “Seguir viviendo aquí después de 50 años es un logro que hemos conseguido a base de muchos esfuerzos y sacrificios”. En la misma línea, Duñach, explica que continuar en el pueblo es un “gran orgullo” para ella y su familia.

Medio siglo después, los vecinos siguen sin ser propietarios de sus casas

El fracaso del proyecto urbanístico no resolvió, sin embargo, una de las principales consecuencias de aquellas expropiaciones. Las familias que continúan viviendo en Gallecs y los agricultores que siguen trabajando sus campos ya no son jurídicamente propietarios de los terrenos.

En 1981, la titularidad de los terrenos pasó a corresponder al Institut Català del Sòl (INCASÒL), organismo de la Generalitat. Eso implica que, pese haber construido y mantenido sus propias casas durante generaciones, las familias de Gallecs no poseen la propiedad legal de las viviendas donde residen actualmente.

“Por mucho que legalmente nuestra situación pueda parecer la de unos ocupas, siempre sentiremos que estas casas y tierras son nuestras, porque las construyeron nuestras propias familias y las hemos mantenido durante generaciones”, expresa Duñach.

En 2005 se aprobó un Plan Director Urbanístico que puso fin al proyecto de construcción de la ciudad y estableció las bases para proteger el territorio. Los vecinos de Gallecs, sin embargo, lamentan que el plan no incluyera la regularización de la propiedad de las casas y de las tierras de las familias afectadas por las antiguas expropiaciones.

“Si las tierras ya no tienen clasificación urbanística y se han declarado ecológicas, ¿por qué no nos las devuelven?”, plantea Duñach. “Solo queremos recuperar lo que nos expropiaron”.

Desde 2009, además, Gallecs está considerado espacio natural protegido y las tierras se cultivan únicamente a través de la agricultura ecológica. De hecho, desde el INCASÒL consideran que Gallecs se ha convertido en un referente, en relación a la investigación e innovación en agricultura ecológica.

Vivir en Gallecs sin agua potable ni una red general de alcantarillado

La falta de regularización afecta también a los servicios del lugar. Los vecinos llevan años denunciando la falta de infraestructuras básicas como agua potable o alcantarillado en determinadas zonas. “Muchas casas tienen pozos que se construyeron hace años, pero el problema es que esa agua está contaminada”, explica Rof.

Gallecs no dispone de una red pública general de abastecimiento de agua potable para las viviendas y el suministro se ha realizado históricamente mediante pozos. Pero las aguas están contaminadas desde hace décadas por la presencia de nitratos debido al uso de fertilizantes y purines para la actividad agrícola del lugar.

El lugar, en el que continúan viviendo unas 40 familias, tampoco pertenece a un municipio concreto. Gallecs está dividido entre Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall y Montcada i Reixac.

También residen en Gallecs personas que ocuparon viviendas durante los años de las expropiaciones. Las tres personas entrevistadas, todas ellas pertenecientes a familias con varias generaciones vinculadas a Gallecs, coinciden en que, en la mayoría de los casos, la convivencia con estas personas es buena.

De hecho, Molist explica que algunos de estos ocupas fueron quienes organizaron las manifestaciones en contra de la construcción de la ciudad. “La lucha vecinal de Gallecs tuvo mucho fuerza y, en parte, fue uno de los motivos por los que se acabó frenando el proyecto”, asegura.

El proceso de regularización, en su fase final

Medio siglo después, los vecinos de Gallecs siguen reclamando poder decidir sobre un territorio que, aunque legalmente no les pertenezca, han continuado habitando, trabajando y manteniendo durante generaciones.

En marzo de 2024, la Generalitat empezó un proceso de regularización de las diferentes “situaciones posesorias irregulares existentes” en Gallecs. Desde el INCASÒL aseguran que el proceso se encuentra en la fase final de las adjudicaciones de las tierras y prevé que los contratos puedan firmarse en las próximas semanas.

El organismo explica también que se empezarán regularizando las tierras de cultivo y que, posteriormente, se abordarán las viviendas particulares.

El desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años expulsada a instancias de un fondo de la casa donde vivía desde 1956, llegará la semana que viene al Consejo de Ministros. Sumar ha anunciado que propondrá la expropiación de la vivienda de Madrid para que la mujer pueda volver, una medida sin muchos precedentes y que, según una ley creada durante la dictadura, debe ser minuciosamente justificado por parte del Ejecutivo con la previsión de acabar en los tribunales.

Las expropiaciones forzosas están reguladas por una ley firmada por el dictador Francisco Franco en 1954, solo dos años antes de que Maricarmen se mudase por primera vez al domicilio de la avenida Alcalde Sainz de Baranda, una calle de menos de 100 números empotrada entre el barrio de la Estrella, Fuente del Berro y a un paseo del parque del Retiro. Una zona donde, según los principales portales inmobiliarios, el alquiler de un piso a duras penas baja de los 2.000 euros mensuales y las compras suben con facilidad del millón de euros. Poner este piso en manos del Estado para que Maricarmen pueda regresar de forma urgente remite a varios artículos de esta ley y a un proceso de expropiación que, por norma general, no suele quedar zanjado de forma pacífica, sobre todo a la hora de ajustar el precio que la administración debe pagar al dueño del terreno o inmueble expropiado.

La ley explica que una expropiación puede justificarse por “causa de interés social” y ahí es donde se puede hacer beneficiario de esta medida a “cualquier persona natural o jurídica” y el bien, en este caso el piso, tiene que haber sido declarado “de utilidad pública o interés social” y cuando no haya un plan de obras y servicios del Estado de por medio eso se debe hacer “mediante Ley en cada caso”. Eso es solo el comienzo del proceso, que tiene algunos de sus puntos más espinosos en la fijación del justiprecio y el abono de unas cantidades e indemnizaciones que muchas veces son llevadas a los tribunales por considerarse demasiado bajas.

Tal y como propone Sumar para la reunión del gabinete de la semana que viene, el Consejo de Ministros tendría que justificar por qué la expropiación del piso de la avenida Alcalde Sainz de Baranda de Madrid responde a ese “interés social”, y también debería proponer un precio justo para abonar a Urbagestión, el nuevo casero de la anciana que ha instado y conseguido su desahucio después de pretender que pagara casi un 300% más de alquiler. Cualquier paso de este proceso podría ser llevado a los tribunales por la empresa que, además, ha rechazado cualquier alternativa ofrecida por la anciana o su entorno.

El Tribunal Supremo y su sala tercera llevan dos décadas afirmando con rotundidad que la falta de esta declaración de interés social y su justificación constituyen un error que aboca al fracaso a cualquier expropiación: “Faltando la declaración de utilidad pública o interés social los actos que con una pretendida finalidad expropiatoria verifique la Administración no tienen validez jurídica alguna, por lo que deben calificarse como nulos de pleno derecho”, dijo en una sentencia que anuló una expropiación ejecutada por el gobierno valenciano de Eduardo Zaplana en los años 90 del siglo pasado.

Este tribunal ha asestado sonoros varapalos a las administraciones públicas que no han justificado cada paso del proceso. Por ejemplo en el primer trimestre de 2018, cuando obligó al ayuntamiento jienense de Linares a pagar varios millones de euros a los propietarios de los terrenos donde se levantó el parque de Cantarranas porque no era suelo rústico, sino urbanizable. Unos años antes, el mismo Supremo anuló la expropiación de suelo en Alicante para levantar la “Ciudad de la Luz” al sur de la ciudad, un proyecto de estudios cinematográficos que tuvo que esperar más de una década para ser una realidad. La razón que esgrimieron los jueces: la administración no detalló para qué se iban a usar exactamente esos terrenos. “La referencia a un complejo con las características que se expresan en la Memoria del Plan Especial adolece de una mínima especificación que permita conocer lo que se proyecta, con la consiguiente indefensión”.

Forzosa y urgente

Desde Sumar ha sido su portavoz Verónica Martínez la que ha puesto encima de la mesa el artículo 33.3 de la Constitución para afirmar que esta expropiación es “viable jurídicamente”. La adaptación democrática de la ley franquista que regula las expropiaciones y que vuelve a poner el foco en la justificación: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

El segundo escollo a salvar en una hipotética expropiación sería su carácter urgente para evitar un proceso judicial de años y años y que la medida fuera efectiva para Maricarmen, recién expulsada del que ha sido su hogar durante décadas. La ley de 1954 también especifica que “excepcionalmente” los trámites se podrán gestionar de forma urgente. Y aquí los tribunales también han establecido que el Consejo de Ministros debe justificar al milímetro la declaración de urgencia.

El último caso es el de la expropiación urgente perpetrada en Canarias a favor de AENA para ampliar una pista de aterrizaje y despegue en el aeropuerto de La Palma. El gestor público aeroportuario fue contundente y recibió poco antes de verano el aval del Tribunal Supremo: “Para que el aeródromo siga operando en condiciones de seguridad, es necesaria la franja de pista requerida”. Los jueces concluyeron que había razones para tramitar todo de forma urgente en base a “la seguridad de la infraestructura y en estar incumpliendo la normativa europea sobre la seguridad de las instalaciones aeroportuarias”.

Una hipotética expropiación para que Maricarmen pudiera volver a corto plazo al domicilio de Alcalde Sainz de Baranda implicaría, por tanto, una justificación minuciosa tanto de su interés social como de su carácter urgente. Un movimiento sin precedentes en la normativa inmobiliaria española. En Balears, por ejemplo, el Govern que lideró Francina Armengol puso en marcha la expropiación temporal de 56 viviendas de grandes tenedores para destinarlas a alquiler social. Una medida que, con los años, recibió el aval del Tribunal Superior de Justicia. “Parece difícil negar que el acceso a una vivienda digna y asequible sea uno de los principales problemas a los que se enfrenta un amplio sector de la población balear. Pero, además, esos datos evidencian una tendencia de empeoramiento de la situación, de ahí que pueda considerarse justificada la decisión de implantar medidas de reacción como la que contempla la Ley”, dijo esa sentencia.

Hace dos años, una llamada de Microsoft abrió una negociación que la familia Garza nunca imaginó que acabaría en una expropiación. Los propietarios de una de las parcelas sobre las que se levantará el futuro campus de centros de datos de la multinacional estadounidense en Zaragoza rechazaron vender sus terrenos junto a Puerto Venecia por entre 25 y 30 euros el metro cuadrado y hoy denuncian que el procedimiento impulsado por el Gobierno de Aragón fija una valoración de alrededor de dos euros por metro.

“Nos llamaron por primera vez hace dos años y pidieron confidencialidad”, relata Ana Garza, una de las afectadas. Según explica, la familia rechazó entonces la oferta porque consideraba que el precio no se correspondía con el valor de unos terrenos situados junto a Puerto Venecia, el mayor centro comercial de Zaragoza, y colindantes con Parque Venecia, uno de los barrios con mayor crecimiento urbanístico de la ciudad.. “Nos hablan de un proyecto prioritario para Aragón, pero al final la prioridad ha sido una empresa extranjera”, sostiene, en referencia al proyecto impulsado por Microsoft.

La negociación volvió a reabrirse en la primavera de 2025. “Nos hicieron una oferta similar y nos dijeron que, si no aceptábamos vender, acabarían expropiándonos”, asegura Garza. La familia volvió a negarse. Pocos meses después, en septiembre de 2025, el Gobierno de Aragón declaró de interés general el proyecto del campus de centros de datos de Microsoft e inició la tramitación del procedimiento expropiatorio. En enero de este año, los propietarios recibieron la convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas.

El Gobierno de Aragón considera el campus de centros de datos de Microsoft uno de los proyectos estratégicos de la legislatura. La multinacional prevé invertir 2.900 millones de euros en Aragón para desarrollar tres campus, uno de ellos junto a Puerto Venecia.

En total, el procedimiento expropiatorio afecta a unas 16,5 hectáreas de suelo destinadas al futuro campus tecnológico. Según la documentación del expediente, el justiprecio —la indemnización económica fijada por la Administración al expropiar un bien— varía en función del tipo de terreno y de las construcciones existentes, situándose entre los dos y los cinco euros por metro cuadrado en las parcelas afectadas. Una cifra que los afectados comparan con los 57 euros por metro cuadrado que Microsoft abonó en La Muela, donde el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo para vender a la multinacional los terrenos necesarios para completar la ampliación del polígono Centrovía.

“Todo fue muy rápido hasta llegar al precio”

La familia explica que, en el marco del procedimiento expropiatorio, se incorporó al expediente una valoración pericial encargada por Microsoft que sitúa el precio de los terrenos en torno a dos euros por metro cuadrado. Los propietarios presentaron posteriormente su hoja de aprecio, paso previo a la fijación del justiprecio en caso de desacuerdo entre las partes. Sin embargo, aseguran que desde abril no han recibido ninguna comunicación por parte del Gobierno de Aragón sobre el estado del expediente. “Todo era prioritario, todo iba muy rápido, pero cuando llegó el momento de fijar el precio llevamos meses sin saber nada”, lamenta Garza.

El Gobierno de Aragón explica que el expediente se encuentra todavía en la fase de intercambio de hojas de aprecio. Según detalla, los propietarios presentaron sus valoraciones entre abril y junio y estas han sido trasladadas a Microsoft, como beneficiaria de la expropiación, para que formule su propia hoja de aprecio. Si ambas partes no alcanzan un acuerdo, el expediente se remitirá al Jurado Provincial de Expropiación para fijar el justiprecio.

Más allá del precio, los afectados cuestionan también el alcance del procedimiento. Según sostienen, la documentación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) prevé que los edificios del campus ocupen alrededor de 68.000 metros cuadrados, mientras que la expropiación afecta a unas 16,5 hectáreas. “Nos preguntamos qué ocurre con el resto del suelo y por qué se expropia toda esa superficie cuando el proyecto ocupa bastante menos”, afirma.

La familia critica además que no pudo participar en la tramitación del proyecto y considera que este se impulsó sin un grado de definición suficiente. En este sentido, recuerda que el propio Plan de Etapas incorporado al PIGA señala que las obras comenzarán “una vez se reciba la aprobación definitiva del PIGA” y fija un plazo estimado de cuatro años para completar y poner en marcha la primera fase del campus, además de prever que los tres campus proyectados se desarrollen de forma paralela. Los propietarios han presentado diversos escritos ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza en los que denuncian presuntas irregularidades en la tramitación administrativa y en las actuaciones que, según sostienen, ya se están desarrollando sobre los terrenos.

Los afectados cuestionan igualmente el impacto económico que tendrá el proyecto una vez concluya la construcción. A su juicio, la documentación presentada para justificar la declaración de interés general no concreta el empleo estable que generará el campus ni las repercusiones económicas para Aragón. “Se habla de un proyecto estratégico para Aragón, pero aquí quien sale ganando es Microsoft, que consigue suelo urbano por dos euros el metro cuadrado”, concluye Garza.

Microsoft sostiene que la valoración de los terrenos fue realizada por un técnico independiente conforme a los criterios establecidos en la Ley del Suelo y el Reglamento de Valoraciones, teniendo en cuenta la clasificación y el uso actual de las parcelas. La compañía evita pronunciarse sobre las negociaciones mantenidas con los propietarios o sobre las ofertas económicas planteadas antes del inicio de la expropiación y asegura que los únicos trabajos autorizados actualmente son labores de limpieza de la parcela, al no haberse aprobado todavía el PIGA.

Respecto a la valoración de los terrenos, el Ejecutivo autonómico señala que corresponde a la empresa beneficiaria de la expropiación y sostiene que los importes incluidos en la documentación remitida por Microsoft se consideraron “adecuados” a la normativa sobre valoración del suelo y “similares a otros procesos expropiatorios en municipios colindantes a Zaragoza”. El Gobierno añade que las negociaciones privadas mantenidas con anterioridad entre la multinacional y los propietarios “quedan al margen del procedimiento administrativo expropiatorio”.

Los vecinos cuestionan la tramitación ambiental

La Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ha criticado la tramitación ambiental del proyecto del campus de centros de datos de Microsoft tras la publicación en el Boletín Oficial de Aragón del documento ambiental estratégico del Plan de Interés General de Aragón (PIGA). El colectivo considera que el periodo de información pública, abierto en pleno mes de agosto, dificulta la participación ciudadana y ha animado a vecinos y entidades a presentar alegaciones.

La plataforma sostiene además que el proyecto tendrá un impacto sobre el entorno de los Pinares de Venecia y cuestiona la justificación ambiental y urbanística del desarrollo previsto. Entre otras cuestiones, reclama una mayor transparencia en la tramitación y pide que se revisen los efectos que el campus podría tener sobre el espacio natural y su biodiversidad.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha cuadruplicado el justiprecio que Adif deberá pagar por la expropiación forzosa de Palencia que reclamó Adif en Piña de Campos para la construcción de la plataforma ferroviaria para la línea de alta velocidad Palencia-Aguilar de Campoo.

El jurado provincial de expropiación forzosa fijó en un millón de euros el justiprecio de la expropiación para la ejecución del tramo de Amusco-Osorno de la línea de alta velocidad hacia Cantabria. El ºTSJ ha establecido la indemnización en 3,9 millones de euros. Adif deberá también pagar los intereses legales desde que se ocuparon los terrenos en junio de 2021.

Adif quería expropiar el 85% de una finca en Piña de Campos, unas 28 hectáreas en el tramo de Amusco-Osorno. Los propietarios del terreno reclamaban casi 4,7 millones de euros por esos terrenos o, como mínimo, de 2,3 millones.

El Alto Tribunal ha aceptado el cálculo basado en una renta agraria superior, el premio de afección y también ha incrementado los conceptos indemnizatorios vinculados a la expropiación.

La Sala considera que los informes periciales aportados durante el procedimiento desvirtúan la presunción de acierto de la resolución del Jurado Provincial en la valoración económica de la finca y justifican una revisión al alza de la indemnización.

También considera acreditado que la resolución del Jurado Provincial no valoró adecuadamente algunos de los perjuicios sufridos por los propietarios tras la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad.

Difícil aprovechamiento agrícola

En especial, estima que la división física de la parcela dejó restos de terreno con una configuración irregular que dificulta su aprovechamiento agrícola, circunstancia que justifica una compensación económica por la pérdida de valor de la explotación. También aprecia que el coste de las instalaciones de riego afectadas era superior al reconocido inicialmente por el Jurado Provincial.

La sentencia no impone las costas a ninguna de las partes y no es firme, por lo que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Esta es la segunda resolución que se produce en este sentido este mes. El Tribunal Superior de Justicia cuadruplicó la indemnización que debía percibir una cooperativa por la expropiación parcial de otra finca en Palencia, también para las obras de la línea de alta velocidad.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) somete a información pública más de un centenar de afecciones en los municipios cántabros de Valdeolea y Valdeprado del Río por la renovación de la vía de la línea Bilbao Aranguren (Vizcaya)- Asunción Universidad (León).

En Valdeolea, de las aproximadamente 40 fincas afectadas, la mayoría son ocupaciones temporales de terreno, aunque hay nueve expropiaciones de terreno. En el caso de Valdeprado del Río casi 80 fincas resultan afectadas por estas obras aunque en todos los casos son ocupaciones temporales de terreno y no hay ninguna expropiación.

Así se detalla en el anuncio de ADIF publicado este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria. El periodo de información pública es de 15 días hábiles a contar desde el martes 19.

La documentación del proyecto podrá ser examinada en el área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Cantabria, ubicada en el número 53 de la calle Vargas de Santander; en las oficinas de la Subdirección de Operaciones Norte, en la Estación FEVE-Renfe de Santander; en los ayuntamientos de Valdeolea y Valdeprado del Río y en el Portal de Transparencia de la web de ADIF.

Para la presentación de las alegaciones, se podrá hacer uso del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado o de la Sede electrónica de Adif.

Hace ocho años, las hermanas Carmen y Josefa (nombres ficticios a petición de las entrevistadas) conocieron que iban a ser expropiadas de sus tierras en Fuencaliente, en el sur de La Palma, por la construcción del balneario de la Fuente Santa, un manantial de aguas termales que fue sepultado por la erupción del volcán de San Antonio en 1677 y que ahora el Cabildo insular busca recuperar como atractivo turístico. 

Ambas recurrieron. La Corporación había iniciado en 2018 la expropiación amparándose en una norma de 2014 que modificó la Ley de Espacios Naturales de Canarias para dar cobertura legal a la “transformación excepcional” del malpaís lávico sobre el que se encuentra su finca, por cuyo subsuelo discurre la galería de la Fuente Santa, dentro del Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía. Pero esa regulación quedó derogada en 2017. La polémica Ley del Suelo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), la anuló ese mismo año. Y el Cabildo de La Palma se quedó entonces sin salvaguardia normativa.

La justicia estimó el recurso de las hermanas porque “si la norma que daba cobertura” a la expropiación “no estaba en vigor al tiempo de su apreciación, la consecuencia no puede ser otra que la nulidad” del acto. Así lo indicó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en octubre de 2022. El fallo pasó a ser firme después de que el Tribunal Supremo rechazara un recurso de casación de la Corporación palmera por “falta de fundamentación suficiente”. Así que las tierras debían volver a las manos de Carmen y Josefa. O eso es lo que ellas creían. Pero nada más lejos de la realidad.

En marzo de 2023, es decir, medio año después del fallo que anuló la expropiación, el Gobierno autonómico modificó la Ley del Suelo para restaurar la vigencia de lo que decía la norma de 2014 sobre la Fuente Santa: el “interés general” de un proyecto “anhelado” por la sociedad palmera, el establecimiento de “las instalaciones, edificaciones y las infraestructuras necesarias para su racional explotación”, y su futura delimitación.

El Ejecutivo regional hiló fino. En lugar de recuperar todo lo que decía esa ley, que también estableció entre otras cosas el procedimiento para declarar zonas Red Natura 2000 o reguló la evaluación ambiental de planes y proyectos, señaló que “todas y cada una de las modificaciones legislativas introducidas” en la ordenación de los espacios naturales eran válidas.

Antes, la Ley del Suelo solo mantenía la eficacia de las directrices originales de estos espacios, acordadas en el año 2000. Ahora también recoge la de todas sus “modificaciones”, entre ellas la del Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía, de 2014. El Gobierno dio a esa nueva disposición efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que el marco legal para justificar la expropiación del suelo de la Fuente Santa había vuelto.

El Cabildo de La Palma aprovechó esa maniobra y presentó en los tribunales lo que se conoce en derecho como un incidente de imposibilidad legal de cumplimiento de sentencia. Como ahora vuelve a tener amparo para expropiar en favor de la Fuente Santa, no tiene ninguna intención de entregarles a Carmen y Josefa sus terrenos, tal y como había sido obligado en sentencia firme.

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Santa Cruz de Tenerife no compró las alegaciones de la Corporación insular y se limitó a responder que la nueva norma “no viene a restaurar expresamente la vigencia de la derogada”, de modo que considera “ejecutable” el fallo. Pero con un tribunal dividido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC sí estimó el recurso del Cabildo en segunda instancia, declarando la “imposibilidad legal” de ejecutar la sentencia y emplazando a las hermanas a solicitar una indemnización “justa”.

El fallo sostiene que, con esta nueva ley, la de 2023, el Gobierno de Canarias “sale al paso de los problemas que una deficiente técnica legislativa había provocado”. Y lo hace, continúa, haciendo una “interpretación auténtica” al detallar que son “todas y cada una de las modificaciones introducidas” en la ordenación de los espacios naturales de las Islas las que recuperan su vigor.

Este punto es muy relevante para el tribunal porque de esta manera queda remarcado que no estamos ante “una ley dictada para evitar el cumplimiento de la sentencia”, ya que no solo hace referencia a la modificación de un espacio natural protegido, sino a varios: el Parque Rural del Nublo, en 2003; la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, en 2006; o la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, en 2017.

El TSJC concluye entonces que “tal derogación nunca existió”. Y que “cualquier otra tesis podrá ser una realidad de mero hecho, pero no de derecho”.

La sentencia, sin embargo, contó con el voto particular del magistrado Jaime Guilarte, quien también formó parte del tribunal que anuló la expropiación en 2022. A su juicio, no se ha elevado “ningún hecho” que impida ejecutar el fallo ni puede alterarse “la cosa juzgada”, es decir, la devolución de los terrenos a las hermanas, por una “mera modificación legislativa” con carácter retroactivo.

El Cabildo de La Palma alegó que el expediente “prácticamente ha concluido” y que “se han invertido fondos públicos en la contratación de los proyectos para la ejecución” de la Fuente Santa. También dijo que revertir el procedimiento sería perjudicial por razones de “eficacia y eficiencia” y que la norma no fue aprobada ‘ad hoc’ porque involucra a más espacios naturales que “podrían estar afectados” por lo mismo.

Pero Guilarte matiza que “ni consta realizada la obra que legitima la expropiación, ni iniciada, ni consta pagado el justiprecio ni ocupada la finca expropiada”. Habría sido distinto si la obra se hubiera ejecutado y se planteara después la devolución de la parcela por un defecto de forma en la expropiación. En ese caso sí sería “poco práctico, incluso absurdo”, recuerda el magistrado citando jurisprudencia, “volver a la situación inicial”. Pero aquí es distinto.

“No acabo de asumir que la retroactividad dispuesta con carácter general por ley implique, sin más, la privación de derechos reconocidos por sentencia firme. De otra forma, toda sentencia anulatoria de un acto administrativo carecería de eficacia en sus propios términos por un mero cambio legislativo retroactivo”, dice Guilarte.

El magistrado reitera que “el derecho a la ejecución de la sentencia es un derecho fundamental que solo ha de ceder en casos excepcionales bien distintos” a este porque, agrega, “no se ha alegado causa alguna que la haga inejecutable” salvo la reforma de la normativa, “cuestión que no afecta a la ejecución del fallo, cuya validez y eficacia no ha sido revocada”. 

Para Guilarte, la nueva ley solo restablece la justificación para ocupar los terrenos, habilitando a la administración a iniciar un nuevo procedimiento desde cero. Defiende que lo correcto habría sido devolver las fincas y “comenzar de nuevo” la expropiación. Lo contrario (“reflotar un expediente en el que ha sido anulada la declaración de ocupación” y no “constan probados más hechos” que hacen inejecutable la sentencia) impide a las hermanas impugnar el acto por “otros posibles motivos jurídicos”.

La defensa de ambas, liderada por el abogado José Julio García Ramos, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo argumentando que el fallo del TSJC ha vulnerado dos artículos de la Constitución Española, en concreto el 24.1, que garantiza a todas las personas el derecho a la tutela judicial efectiva, y el 118, que establece la obligación de cumplir las sentencias y resoluciones judiciales.

El escrito apela a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que establece la “obligación” de la justicia de “dejar inaplicadas” leyes que “pretendan alterar el resultado de litigios ya resueltos”. Y defiende, basándose en una sentencia de 1996 del Tribunal Supremo, que una nueva norma solo permite iniciar una nueva expropiación desde cero, pero no resucitar un expediente ya nulo.

“Al sentar la sentencia impugnada que la retroactividad legislativa puede convalidar automáticamente expedientes expropiatorios nulos, se ve vulnerado el principio de seguridad jurídica y el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales”, añade el texto. Con este fallo, “se prescinde de la exigencia de un nuevo procedimiento expropiatorio y del control judicial previo, sustituyendo la ejecución por una indemnización automática”, remacha.

La finca de Carmen y Josefa tiene cerca de 10.000 metros cuadrados. Es un terreno heredado de carácter volcánico, árido y de superficie muy irregular que lo más cerca que tiene son un par de invernaderos. Pero está justo encima de la Fuente Santa. Y eso le da un valor incalculable en estos momentos.

El Cabildo de La Palma lleva muchos años intentando desbloquear este proyecto después de que el ingeniero Carlos Soler descubriera su ubicación a principios de siglo. Manifiestan que se trata de una iniciativa turística “clave y de primer orden que supondrá un salto cualitativo” para la isla. Su coste rondaría los 16 millones de euros.

Tras aprobar la redacción definitiva del plan en 2023, Costas lo impugnó al considerar que no se ha justificado por completo su ubicación en la zona de dominio público. El Supremo ha admitido este mismo año un recurso para estudiar su ubicación. Está por ver si hace lo mismo sobre los métodos de expropiación de la Corporación insular.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha rechazado el justiprecio propuesto por Azata del Sol S.L., la promotora del Algarrobico, que reclama 44,5 millones de euros de indemnización por la expropiación forzosa del suelo donde se erige el macrohotel ilegal, construido hace 20 años en el litoral almeriense.

El Miteco ofrece una suma infinitamente inferior: 16.496,67 euros y da diez días a los dueños del inmueble para aceptarla o rechazarla, confirman a este periódico fuentes conocedoras del procedimiento administrativo.

El pasado 21 de enero, el Jefe de Demarcación de Costas de Almería -dependiente del Miteco- notificó por escrito a los propietarios del Algarrobico el “rechazo” a su hoja de aprecio, esto es, a la estimación económica de los terrenos expropiables que había hecho la promotora, según sus propios cálculos: 44.514.077,78 euros.

En ese mismo escrito, el Gobierno ofreció una contraoferta de 16.496,67 euros [el valor catastral del suelo era de 323.872,89 euros en 2024] y, con arreglo a la ley, dio diez días de plazo para que “se acepte lisa y llanamente o bien se rechace”.

Azata del Sol no recogió la notificación hasta el 30 de enero, de modo que aún está en plazo parar valorar la oferta del Miteco. Sin embargo, la cantidad es “muy inferior” a la que previamente había reclamado la promotora, por lo que previsiblemente será rechazada, y la empresa tendrá derecho a hacer alegaciones “para justificar su propia tasación” aplicando sus “criterios estimativos” y aportando “las pruebas que considere oportunas”.

Si persisten las discrepancias respecto al justiprecio, el expediente de los terrenos del Algarrobico pasará entonces a manos de un Jurado provincial de Expropiación, que podrá fijar una nueva cifra a la indemnización cuando considere que las propuestas de las partes resulten “notoriamente inferiores o superiores al valor real de los bienes”. La resolución de este Jurado pone fin a la vía gubernativa y, a partir de aquí, cabe recurso en los tribunales.

Los actores que participan en el procedimiento de expropiación también ven poco probable que Azata del Sol acepte la cantidad propuesta por el órgano de arbitraje y auguran que acudirá a la vía judicial, para que resuelva un tribunal de lo Contencioso Administrativo en un plazo máximo de seis meses.

Seis meses de litigio

El Algarrobico, símbolo del urbanismo descontrolado de principios de siglo en España, empezó a construirse con autorización de las administraciones públicas. Las expectativas de indemnización de los promotores, que vieron paralizada el hotel con las obras ejecutadas al 94%, están muy por encima de la cantidad fijada hoy por el Miteco.

En 2014 presentaron una reclamación patrimonial ante la Audiencia Nacional por más de 70 millones de euros, que debían abonar el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras por su “anormal funcionamiento”, pero la demanda no prosperó. Los jueces no consideraron a las administraciones responsables de los perjuicios económicos derivados de la paralización del hotel ilegal.

El pasado 30 de septiembre de 2025, el Miteco remitió a Azata del Sol un requerimiento para que presentase propuesta sobre el coste de la indemnización por la expropiación de sus terrenos. Dentro del plazo concedido, la promotora presentó su hoja de aprecio en la que solicitaba un justiprecio de 44.514.077,78 euros.

La falta de un acuerdo amistoso entre el Gobierno y los dueños del Algarrobico ha echado por tierra el cronograma optimista de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero. Hace justo un año, Montero viajó hasta Almería y anunció, a pie de playa y frente al macrohotel, que sería derribado parcialmente antes de que terminara el año 2025.

Desde entonces, el Miteco ha acelerado el procedimiento administrativo de expropiación, sin llegar a apurar los plazos que marca la ley para lograr alcanzar su objetivo. Pero en los últimos seis meses se ha topado con la resistencia de los dueños del hotel, la falta de acuerdo sobre el justiprecio de los terrenos y un recurso en los tribunales que paralizó cautelarmente el proceso.

El pasado 2 de agosto, los abogados de Azata del Sol S.L. interpusieron un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se levanta desde hace 20 años el Algarrobico, en primera línea de la costa almeriense, dejando en suspenso el procedimiento de expropiación y los planes del Gobierno para demoler el inmueble en 2025. El recurso se registró el último día de plazo para hacerlo.

La promotora rechazó en su escrito la resolución del 24 de junio de 2025 de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que declaró la “necesidad de ocupación para su expropiación” de 16.432 metros cuadrados de superficie en el litoral del municipio de Carboneras (Almería), zona de dominio público marítimo terrestre, afectada por la declaración de “utilidad pública” que había aprobado el Consejo de Ministros el 11 de febrero del año pasado. Era la primera señal de resistencia de los promotores.

El Miteco tenía tres meses para estudiar el recurso de alzada, pero no tardó ni dos semanas en desestimarlo (el 14 de agosto) y reactivar de inmediato el procedimiento de expropiación. Desde entonces, el Gobierno y los dueños del Algarrobico han forcejeado sin lograr un acuerdo amistoso sobre el coste de los terrenos expropiados.

El 29 de octubre, la promotora interpuso un recurso ante la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo de ocupación de los terrenos del hotel, aprobado por el Consejo de Ministros, solicitando la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. El Ministerio de Sara Aagesen acordó paralizar el proceso hasta que los jueces se pronunciasen.

El pasado 19 de diciembre, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, el TSJA dio la razón a la Abogacía del Estado, reafirmó la “necesidad de que prevalezca el interés público en la tutela del dominio marítimo terrestre, no existiendo riesgo de inmediata ocupación”, y denegó la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. “Es evidente que los daños o perjuicios que provocaría la continuación del expediente de expropiación no son irreversibles”, reza el auto.

El 30 de diciembre, el Miteco reactivó el procedimiento y el pasado 21 de enero remitió a la promotora del Algarrobico su última propuesta con el justiprecio de los terrenos, esos 16.500 euros que la empresa deberá aceptar o rechazar en los próximos días. La última palabra de la vía administrativa la tiene el Jurado Provincial de Expropiación, dependiente de la subdelegación del Gobierno en Almería.

El capital social de Azata del Sol ronda los 33,4 millones de euros, según los últimos datos disponibles, del año 2019. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa, que ha declinado valorar su posición en el procedimiento.

Derribo de la mitad del inmueble

El proceso de expropiación en ciernes afectaría sólo al 50% del edificio. El departamento de Sara Aagasen tiene competencias en el dominio público marítimo terrestre que ocupa el macrohotel de 20 plantas y 411 habitaciones, construido en 2003, pero que nunca llegó a abrir al público porque la Justicia frenó las obras cuando estaban a punto de terminar, en 2006, y más tarde lo declaró ilegal.

El otro 50% del suelo donde se levanta esta mole de ladrillo -símbolo de la voracidad inmobiliaria y turística- está en el Parque Natural de Cabo de Gata y es competencia de la Junta de Andalucía, que ha rechazado la fórmula del Gobierno de expropiar para luego derribar el edificio.

La vía de la expropiación fue anunciada hace un año, desde Carboneras, por la vicepresidenta primera y candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, María Jesús Montero. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tildó la fórmula de “electoralista” y aventuró que estaba abocada al fracaso.

El Ejecutivo andaluz se alineó entonces por la fórmula alternativa, en manos del Ayuntamiento de Carboneras, que el pasado verano ejecutó finalmente la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, después de diez años ignorando los avisos del TSJA para que ejecutara una sentencia de 2021 (y para modificar el PGOU recalificando el suelo del Algarrobico como “no urbanizable”). Pero, tras una lluvia de críticas, finalmente la Junta se ha personado en el procedimiento de expropiación para conocer todos los avances al respecto.

El Algarrobico es el símbolo del urbanismo descontrolado en la costa de España y su demolición es un objetivo tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía, que en 2011 firmaron un “protocolo para la recuperación de la playa” donde se ubica, ocupando parte de la franja de 100 metros de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde confirmado judicialmente. El inmueble se levanta sobre suelo calificado como no urbanizable dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la licencia municipal de obras concedida en 2003 está pendiente de revisión de oficio por posible nulidad.

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Fe de errores: En la primera publicación de esta noticia se confundía la cifra de la indemnización propuesta por la promotora Azata del Sol S.L (44,5 millones de euros) con el justiprecio que ha ofrecido el Ministerio de Transición Ecológica, por un error de la fuente informante. Los 44,5 millones es la cantidad que piden los dueños del hotel ilegal por la expropiación de su suelo, y los 16.496,67 euros es la contraoferta que ofrece el Miteco.

La antigua ciudad romana de Caraca se ubica en el Cerro de la Virgen de la Muela de la pequeña localidad de Driebes (Guadalajara) y un equipo arqueológico se encarga desde hace diez años de las excavaciones de la zona, para profundizar en el conocimiento de este testigo de la historia más antigua de la zona. Es la única ciudad romana conocida en esta provincia y una joya arqueológica asentada a orillas del río Tajo.

Hasta ahora se han realizado nueve campañas de excavaciones arqueológicas en el yacimiento que han demostrado, según los investigadores, que se trata de una ciudad “fascinante”. Es el motivo por el que el yacimiento fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Zona Arqueológica, hace justo dos años.

Pero ahora atraviesa un momento “crítico”. Según el teniente de alcalde y concejal de Cultura de Driebes, José Luis Aguado, el Ayuntamiento necesita expropiar dos terrenos privados, que ocupan un total de cinco hectáreas, para poder continuar las excavaciones en este yacimiento arqueológico.

Es la única forma, apunta, de garantizar su “conservación, protección y difusión”, pero para ello es necesario que las tierras donde se ubican los restos arqueológicos más destacados pasen a propiedad municipal. “Esto implica un desembolso económico que un Ayuntamiento con 331 habitantes no puede costear en solitario”. En concreto, cada terreno cuesta unos 35.000 euros, por lo que estima que el Ayuntamiento necesita unos 70.000 euros.

Fue en 2019 cuando las excavaciones en el Cerro de la Virgen de la Muela llegaron a un punto muerto, justo en la linde con estos dos terrenos privados. Los propietarios de ambas zonas, de la misma familia, se negaron a que se realizaran esos trabajos.

Ha llegado el momento de dar el paso definitivo

José Luis Aguado — Concejal de Cultura de Driebes

Por eso en los últimos años los arqueólogos se han centrado en la necrópolis de la ciudad romana, al pie del cerro. Precisamente, estas últimas campañas se han podido realizar hasta la actualidad porque una vecina del pueblo donó las tierras al Ayuntamiento.

“Pero ha llegado el momento de dar el paso definitivo”, afirma el concejal de Driebes, en relación a la zona que queda por excavar. Después de la declaración como BIC, se abrió la posibilidad de que si no había acuerdo con los propietarios, lo que no ha sido posible tras varias negociaciones, el Consistorio local podía dar el paso de iniciar el trámite de expropiación.

Este expediente concluyó el pasado mes de octubre y el jurado de valoraciones tasó las dos tierras en esa cifra de 70.000 euros. “Este ayuntamiento no tiene ni ese dinero ni ese remanente, ni siquiera posibilidad de tenerlo. La única opción que hemos visto es lanzar un micromecenazgo para que instituciones, particulares, asociaciones y colectivos aporten un granito de arena y poder comprar las tierras y retomar las excavaciones”.

En el Ayuntamiento de Driebes consideran que, una vez declarado BIC, no pueden “dejar pasar el tiempo” en la expansión del yacimiento de Caraca, porque, de lo contrario, “todo esto se echa en un saco de olvido”.

El equipo de Gobierno municipal se ha reunido en varias ocasiones con el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Diputación provincial de Guadalajara para buscar soluciones. “Están viendo la forma de articular una expropiación, pero no es fácil. Tienen que buscar las fórmulas para hacerlo dentro de la legalidad y con toda la transparencia posible. Pero, mientras tanto, nosotros lo que queremos es comprar el terreno para poder hacerlo”, resalta el edil de Cultura.

Hace especial hincapié en que ya desde las primeras investigaciones con georradares en esa zona, en 2016, se pudo cartografiar la ciudad romana y en la zona que queda por excavar se encuentran vestigios “únicos” del foro, las termas, los decumanos (calles) y el decumano máximo (calle principal), así como algunos mosaicos. “Ahora tenemos la posibilidad de acrecentar datos históricos para el patrimonio arqueológico de Guadalajara y de todo el país”.

El Ayuntamiento hace así un llamamiento a todas las personas, asociaciones, empresas e instituciones para ayudar en esta campaña de mecenazgo que el Ayuntamiento ha decidido realizar a través de la plataforma de Hispania Nostra y con el apoyo del equipo arqueológico que trabaja en la zona desde el inicio de la campaña hace diez años.

Junto a esta campaña de micromecenazgo denominada “Salvemos la ciudad romana de Caraca”, que finalizará el próximo 28 de febrero, el Gobierno local ha organizado también dos conferencias, la primera este lunes, día 19, en el Salón de Actos del Museo de Guadalajara, y otra, este martes, día 20, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Las personas que colaboren con la campaña, en función de la cantidad donada, recibirán detalles simbólicos en reconocimiento de su contribución, entre ellos visitas gratuitas al yacimiento junto a los arqueólogos.

Caraca, un enclave único

Caraca es un emplazamiento frecuentado desde tiempos de los cazadores-recolectores del Paleolítico hasta la época visigoda. Entre su legado destaca un depósito de objetos de plata enterrado en el siglo III a.C. por los carpetanos: el Tesoro de Driebes, que se expone en el Museo Arqueológico Nacional.

Este enclave y su entorno fueron testigo de importantes episodios históricos. Enfrentó a los carpetanos con figuras como el general romano Sertorio, quien finalmente la conquistó en el año 77 a.C., según relata Plutarco, y es posible que en su entorno se produjera la Batalla del Tajo entre Aníbal y una coalición de pueblos hispanos liderada por los carpetanos en el año 220 a. C. Todo esto convierte a Caraca en “un referente arqueológico de enorme valor”.

La incorporación del territorio a Roma en el siglo II a.C. dio paso a un lento proceso de romanización. Caraca se transformó gradualmente en una ciudad con las infraestructuras propias del modelo romano. En su momento de mayor esplendor (siglos I-II d.C.), se edificaron termas públicas, el foro, viviendas, un ustrinum (pira funeraria) de grandes dimensiones y un acueducto de más de tres kilómetros que abastecía a la ciudad desde el manantial de Lucos.

A partir de mediados del siglo II d.C., Caraca entró en declive. Los edificios públicos perdieron su función original y se reutilizaron como espacios de hábitat. Finalmente, la población se desplazó hacia el entorno rural.

Precisamente este mismo martes se ha sabido que la Diputación de Guadalajara pagará la mitad de la compra de terrenos para seguir excavando en este yacimiento.

El Gobierno de Cantabria desinfla sus expectativas sobre el proyecto de macropolígono industrial de Laredo. Su nueva propuesta, a través de la empresa pública Sican, pasa por reducir el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) que lo articulará: en tamaño, en viviendas expropiadas y en vecinos afectados. La superficie pasa de 533.814 metros cuadrados, del plan inicial, a 187,721 metros cuadrados en la nueva propuesta, con un 65% menos de terreno. Respecto a las viviendas, se reducen de 47 a 11, mientras que los vecinos afectados descienden de 307 a 102, tras la fuerte presión de los centenares de vecinos que se oponen a esta iniciativa del Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga (PP).

“Le hemos dado un mordisco grande al proyecto inicial y eso es un impulso grande; hemos ganado una pequeña batalla, se ha conseguido mucho”, ha reaccionado este miércoles Borja Fernández, portavoz de la Plataforma de Afectados del llamado Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de Laredo a preguntas de elDiario.es.

Han pasado siete años desde que el Ayuntamiento de Laredo empezó a plantear la supuesta necesidad de más suelo industrial para el municipio, el Gobierno en coalición de PRC-PSOE impulsó el proyecto y luego el actual Ejecutivo del Partido Popular lo heredó de buena gana y aprobó el plan en 2023. Sin embargo, más de dos años después, al PP le ha tocado reducir sus expectativas y recular, tras 264 alegaciones en la fase de información pública, que ha durado cinco meses.

“Esta propuesta, tras reuniones con la plataforma, es más razonable, la anterior propuesta era un suelo quizá excesivo”, ha valorado Eduardo Arasti (PP), consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, acompañado en rueda de prensa por el alcalde de Laredo, Miguel González (PP).

El consejero no ha aclarado dos temas clave sobre un plan impulsado por la presunta necesidad de más suelo industrial: ha evitado decir cuántas empresas están interesadas en ocupar el futuro polígono, repitiendo hasta tres veces como argumento que no lo hacía “por confidencialidad”. Tampoco ha dicho la cifra aproximada de empleos que podría generar: “Lo habitual es que haya 35 o 40 empleos directos por hectárea”, ha matizado. El alcalde de Laredo, por su parte, ha asegurado que han sido “varias”, sin concretar, las empresas que han consultado sobre la posibilidad de instalarse en el futuro polígono. Además, ha precisado, “empresas pequeñas que han querido ampliar y se han tenido que marchar”.

Durante su intervención en la sede del Gobierno, el consejero de Industria ha mostrado los planos cartográficos de ambas versiones del polígono y ha insistido tanto en la reducción “sustancial” del tamaño como en el “diálogo” que ha mantenido sobre el proyecto con la plataforma de afectados.

Expropiaciones e indemnizaciones

Sin embargo, el nuevo número de viviendas afectadas no coincide con los datos que manejan los vecinos: 11 ahora, según el Gobierno, que solo maneja datos catastrales, y 58, según los vecinos, porque incluyen casas de aperos, casas no regularizadas y los bungalows habitados de un camping en la zona. En este sentido, el portavoz de la plataforma ha señalado en declaraciones a este periódico que, esta propuesta “por lo menos, va más encaminada, porque antes era una salvajada, pero no deja de ser una expropiación”. 

Arasti tampoco ha querido adelantar el valor de las tasaciones de las propiedades afectadas. Supuestamente habrá un aumento respecto a la tasación original, que era 15 euros por metro cuadrado, cifra que los vecinos denunciaban como “especulación” considerando por cuánto podría venderse como suelo industrial. El consejero ha zanjado el asunto diciendo que la tasación será “sustancialmente mayor”.

La expropiación se hará por método de tasación conjunta, porque es el mismo proyecto, pero varios técnicos valorarán cada parcela de forma individual. Sobre esto, el portavoz de la plataforma, que ha advertido que aún no han tenido acceso a la documentación y tendrán que revisarla con sus expertos jurídicos, ha dicho que aunque no todas las parcelas son iguales, el Gobierno “debería de hacer una horquilla (de precio)”.

Según han explicado en rueda de prensa, el Gobierno espera más indemnizaciones que realojos. Para los escasos realojos previstos, la nueva propuesta es la misma que la anterior: mantiene sobre plano una parcela de poco más de mil metros en el polígono. Arasti ha dicho que solo “dos o tres” personas estarían interesadas en ser realojadas del total de afectados, según le han comunicado desde la plataforma. Tampoco ha aclarado cuánto dinero invertirá su departamento en reubicar a estos afectados. “La mayoría de la gente prefiere una indemnización”, ha zanjado.

Entre otros detalles que sí ha dado a conocer el responsble de Industria, el nuevo plan incluye una subestación eléctrica, una estación depuradora de aguas residuales, un punto limpio, aparcamientos y espacios libres de uso público, en un plan que va para largo, después de siete años desde su anuncio hasta su primera fase de información pública. “Hemos escuchado con máximo respeto y empatía” a la plataforma. “Esta propuesta, en parte, es gracias también a ellos”, ha dicho sobre un proyecto que vendría a instalarse en una comunidad autónoma donde hay polígonos industriales infrautilizados, según han demostrado algunos partidos.

Del centenar de parcelas a las que afecta el futuro Centro de Datos de Meta en Talavera de la Reina, una treintena serán sometidas a expropiación forzosa, tras no alcanzarse un acuerdo con sus propietarios. Así lo publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), en una resolución de la Consejería de Fomento en la que somete a información pública esta decisión.

Es el siguiente paso que el Gobierno regional ha dado después de que hace un mes se publicara igualmente el inicio de la reparcelación del terreno, un paso pendiente antes del inicio de las obras, por parte de la mercantil Zarza Networks, S.L., propiedad de Meta, matriz de Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads.

El inicio sobre el terreno, a 12 kilómetros del núcleo urbano de Talavera, en el Polígono Industrial de Torrehierro, ya lleva dos retrasos pese a que se está tramitando como Proyecto de Singular Interés (PSI) por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Este centro albergará las operaciones y el equipo de tecnología de la información de la empresa, empleado para producción digital, procesado y almacenamiento de datos que permitan dar servicio a través de sus aplicaciones, expandiendo su capacidad informática y de servidores, convirtiéndose así en un centro clave para España y el sur de Europa.

Conexiones y acceso

En la resolución publicada hoy, Fomento detalla que para llevar a cabo parte de las conexiones exteriores se requieren obras en la Red de Alta Tensión y en la carretera TO-1287, que pertenece a la Diputación provincial de Ttoledo-

En el primer caso, para dotar de suministro eléctrico en alta tensión al Centro de Datos son necesarias las obras de conexión desde el Nudo de Calera y Chozas, mediante líneas eléctricas subterráneas y aéreas. Además, para alcanzar los puntos de suministro se contempla una intervención soterrada en media tensión.

Con respecto a la carretera, para que el Centro de Datos pueda comenzar su funcionamiento, se requiere la modificación del actual acceso rodado desde la carretera TO-1287, con una nueva glorieta, así como la modificación del trazado de la vía pecuaria Colada del Camino Real, que actualmente cruza por el centro la zona destinada a dicha glorieta.

“Resulta imprescindible, para garantizar su continuidad e integridad, alterar dicho trazado fuera de este ámbito, trasladándolo a la parte sur de la nueva rotonda, que queda libre de obstáculos que pudieran afectar al tránsito ganadero”, añade.

Al no haberse llegado a acuerdos con la totalidad de las personas propietarias de las parcelas en que se proyectan estas conexiones exteriores, Fomento considera necesaria la tramitación del correspondiente expediente expropiatorio respecto a las mismas, resultando afectadas 29 parcelas por el proyecto de suministro eléctrico y tres por el proyecto de acceso a la carretera TO-1287, todas en el término municipal de Talavera de la Reina.

Expediente expropiatorio, a información pública

Por todo ello, la Consejería de Fomento ha resuelto tramitar el expediente expropiatorio mediante el procedimiento de tasación conjunta, designar beneficiaria de la expropiación a la mercantil promotora Zarza Networks, S.L. y someter el expediente expropiatorio a información pública por el plazo de un mes.

Del mismo modo, se ha resuelto notificar individualmente las tasaciones a las personas que aparezcan como titulares de bienes o derechos en el expediente, mediante traslado literal de la correspondiente hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de valoración, para que puedan formular alegaciones en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación.

Se procede igualmente a publicar en el Boletín Oficial del Estado a presente resolución y a dar audiencia al Ayuntamiento de Talavera de la Reina por plazo de un mes.

“¿No es un crimen quitar este árbol?”. La pregunta resuena bajo la sombra espesa de un aguacatero descomunal, cargado de fruto. Y es que en una de las fincas amenazadas por la expropiación –entre naranjos, caquis, melones o sandías– el citado árbol se impone como un símbolo de resistencia de los vecinos de Laredo afectados por un proyecto industrial que casi de la noche a la mañana ha puesto en jaque sus hogares y cultivos de toda la vida. “Mírame este aguacatero, porque hay que hacerle patrimonio de Cantabria”, insiste con orgullo su dueño, Pablo Caviedes, de 82 años de edad.

Él, como la gran mayoría, nació y se crió en la vivienda que ahora el Gobierno de Cantabria quiere derribar para instalar un macroparque industrial de medio millón de metros cuadrados. Son más de medio centenar de casas y más de 300 terrenos los afectados por un Proyecto Singular de Interés Regional, conocido como PSIR, contra el que sus propietarios se han alzado desde que tuvieron conocimiento de lo que la Administración pretende llevar a cabo. “Gente mayor ha sido ingresada por subidas de tensión o se ha pasado dos semanas llorando en la cama”, relatan los propios vecinos en conversación con elDiario.es.

Según señalan, entre los vecinos afectados hay un gran número de personas mayores que han vivido allí prácticamente desde que nacieron. “Y hasta una persona que ya ha cumplido los 100 años”, subrayan, haciendo énfasis en que “se trata de una tierra muy buena para vivir”. “Es una pena que vayan a llevársela toda para poner una mole de hormigón”, lamentan, incidiendo, además, en que la delimitación del polígono está muy próxima al parque natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel: “Va a estar pegado a una reserva al nivel de Doñana”, denuncian.

Y es que donde hoy hay huerta fértil, árboles frutales, ganado y una vida levantada a lo largo de generaciones, el Gobierno de Cantabria proyecta construir un macropolígono industrial. “La tierra tiene sales minerales del mar, aquí lo que siembras se recoge”, asegura Caviedes, mientras conversa con vecinos y familiares en torno al aguacatero plantado hace 30 años. “Todos hemos vivido y comido de esta tierra”, añaden Luis San Emeterio, Borja Fernandez, María Luisa Caviedes, Marinina Díez y María Antonia Caviedes.

Sus historias tienen un denominador común: las casas que les pretenden expropiar fueron levantadas con esfuerzo, representan sus raíces, están cargadas de recuerdos y encarnan un proyecto de vida a presente, pero también a futuro para generaciones venideras. “Están jugando con mi porvenir, pero también con el de mis hijos y mis nietos”, denuncia San Emeterio.

Su caso refleja bien lo que está en juego, teniendo en cuenta además que sería nada menos que la cuarta vez que le expropian. En esta ocasión, su hija vendió su piso en Zaragoza para regresar a Laredo con su marido e hijos, con la intención de construirse una casa en la misma finca familiar, junto a la de su padre. Tras obtener los permisos necesarios, ahora han sido paralizados como consecuencia del PSIR y la amenaza de expropiación. “Ahora vivimos una multitud en una casa por un problema que no teníamos. Esta finca es mía. Estamos desbordados, esto es una insensatez, no tiene lógica”, lamenta visiblemente indignado San Emeterio.

Él es “del barrio de toda la vida”: “Nací en 1958 y aquí vivieron mis padres y mis abuelos”, explica, caso similar al de María Luisa Caviedes: “Aquí vivían mis padres, nací yo en el año 1947 y aquí sigo viviendo actualmente”. Marinia Díez, por su parte, se mudó hace cuatro décadas: “Mi marido era albañil y nosotros hicimos la casa con privaciones y sacrificios, y ahora nos encontramos con esto”, lamenta. Y es que el relato se repite en cada caso, como el de Borja Fernández, que lleva desde el año 2000 viviendo en una casa familiar ubicada en una finca que era propiedad de sus abuelos.

Por otro lado, María Antonia Caviedes cuenta que nació en Colindres –localidad limítrofe con la zona delimitada por el PSIR– y se trasladó con su familia cuando estalló la Guerra Civil: “No había trabajo y vinimos aquí a vivir de lo que podíamos”, recuerda. Finalmente, Pablo Caviedes, nacido en 1943 en la casa donde se realiza la entrevista, resume toda una vida en una frase: “Aquí he vivido toda la vida hasta que fui a la mili, estuve un año en Canarias y después aquí otra vez”.

“Nos van a dar 15.000 euros”

El proyecto del PSIR enfrenta a decenas de familias a un horizonte de pérdida y desarraigo: “Han puesto a 15 euros el metro cuadrado, es insultar a la gente”, denuncian. “Nos van a dar 15.000 euros por una parcela de 1.000 metros, con lo que no vamos a poder comprar nada, ni siquiera un coche, y ellos la van a vender por 187.000. Mira lo que van a trincar”, denuncian.

A ello se suma la incertidumbre sobre la futura reubicación, tal y como la denomina la Administración. “Tienen planteado con 3.800.000 euros, en una zona del polígono, hacer una especie de edificios o contenedores, pero salen a 70.000 euros por vivienda. Y ninguna baja de 100 o 150 metros. No es equiparable”, aseguran los vecinos afectados, que se enteraron del proyecto por el BOE el pasado 31 de julio y estuvieron abocados a realizar las alegaciones en agosto, el mes más complicado para llevar a cabo trámites con la Administración.

“Nos hemos visto desprotegidos; menos mal que nos hemos creado una plataforma, y nos están empezando a escuchar”, celebran. Y es que, según denuncian, la comunicación institucional que recibieron fue nula desde el primer momento: “Fuimos al Ayuntamiento de Laredo a preguntar y se escondieron. Los mismos que habían votado esto en 2018 nos dijeron que no sabían nada, que fuéramos a preguntar a Santander. Es inaudito. ¿Esta es la política del siglo XXI?”, denuncia otra vecina afectada.

Todos coinciden en que el proyecto industrial es innecesario y dañino: “Aquí lo tenemos claro: esto es puramente especulación, porque un polígono en un pueblo que meramente es turístico no tiene ningún sentido. El polígono que hay, de 80.000 metros, está medio vacío. Las fábricas que se hicieron se han llevado el trabajo a Marruecos”. “No hay ningún plan, esto va a ser como el aeropuerto de Ciudad Real”, insisten.

El hartazgo de los vecinos es palpable. La tensión acumulada durante meses se nota en cada conversación y en cada gesto. Muchos dicen sentirse al límite, agotados por la incertidumbre y la falta de respuestas. “Yo llevo sin dormir mucho tiempo. Somos mayores y esto te enloquece”, asegura uno de ellos. Pese al cansancio, aseguran estar decididos a continuar. “Estamos abocados a los tribunales. Empezaremos por Cantabria, iremos a Madrid, y como todos los vecinos están implicados, podremos recaudar dinero para poder hacer frente a los juicios”, sentencian.

Rechazo al PSIR

Por toda la extensión del barrio, entre caminos rurales, huertas y viviendas unifamiliares, se suceden los carteles pintados a mano y las pancartas colgadas en vallas y balcones con un mismo mensaje: “No al PSIR”. El rechazo a las expropiaciones se respira en cada finca, donde los vecinos tratan de conservar lo que consideran su hogar y su forma de vida. Entre esas parcelas se encuentra también un camping, abierto desde hace más de tres décadas, que forma parte del entramado humano y económico del lugar.

“Aquí hay 55 familias”, explica Luz Martínez, una de las socias. “Durante todo el año vivimos ocho, hay seis empadronadas, pero los fines de semana esto está casi lleno”. El camping, recuerda, se abrió en el verano de 1990 como una sociedad privada impulsada por dos socios después de que desapareciera un antiguo camping público que funcionaba en la zona. “Nosotros vinimos el 19 de octubre de 1990”, añade Chema Barandiaran, que rememora cómo incluso el Ayuntamiento de Colindres utilizaba sus instalaciones para los cursos de natación antes de construir sus propias piscinas municipales.

Hoy, el lugar continúa dividido en participaciones entre distintas familias, muchas procedentes de Euskadi o Burgos, que mantienen en él su segunda residencia o su espacio de descanso. Ese modo de vida, como el de los vecinos que viven de la tierra, también se ve ahora amenazado por el proyecto industrial.

Los vecinos explican que sus viviendas ya están devaluadas. Saben que no pueden pedir un préstamo ni una hipoteca, porque el simple hecho de figurar dentro del ámbito de expropiación las deja fuera de cualquier posibilidad de crédito. “Llevo 20 años pagando la hipoteca de una casa familiar y ahora ya no vale nada. Nos han puesto la espada de Damocles encima”, lamenta uno de ellos. 

A pocos metros de la vivienda donde crece el aguacatero, que parece desafiar el destino al que lo quieren abocar, se levanta una nave reconvertida en iglesia evangelista, donde cada fin de semana se escuchan cánticos y oraciones. Mientras, el gran aguacatero continúa en pie, testigo mudo de lo que esté por venir, con sus ramas asomando cargadas de fruto. Quizá, cuando todo esto pase siga aquí, como símbolo de que la naturaleza y la vida también pueden echar raíces frente al hormigón.

La secretaria general del PSOE de Mora y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de esta localidad toledana, Elena Martín Bravo, se ha reunido con el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén Torres, para abordar la “preocupación e inquietud” que existe en el municipio sobre la posible expropiación de terreno con el deslinde de la 'Cañada de las Sierras de Mora' que afectará a unos 300 propietarios, muchos de ellos agricultores de olivar.

Afecta a más de 130 hectáreas que engloban a centenares de propietarios de fincas, principalmente de cultivos leñosos, y que fueron notificados el pasado mes de mayo de la intención de realizar un procedimiento de deslinde.

A juicio de la portavoz de Mora y tras revisar la orden de 2012, considera “necesario diferenciar las vías pecuarias que se vienen utilizando en su uso inicial, esto es el paso de ganado en muchas localidades de la provincia de Toledo y de la región, de las vías pecuarias que en la actualidad no son necesarias para ese uso”.

Según ha resaltado la secretaria general del Partido Socialista de Mora, su “compromiso y el del PSOE de Mora con el sector y los agricultores morachos ha sido siempre firme y desde que surgió la cuestión la primavera de este año, hemos mantenido contacto directo con muchos de los afectados que se pusieron en contacto con nosotros de forma inmediata para que les ayudásemos con este tema y la incertidumbre que se estaba generando”.

Martín Bravo ha resaltado que “hemos asistido a todas las reuniones con los agricultores y agricultoras de Mora mostrando nuestro apoyo unánime para que esta Cañada, que actualmente no presenta utilidad ganadera, pueda seguir con los aprovechamientos agrícolas que se vienen realizando en la actualidad y se tengan en cuenta los documentos obrantes como por ejemplo los que datan de principios del siglo XX que ya indicaban su innecesaridad”.

Además, asegura que han mantenido conversaciones con el Gobierno de Castilla-la Mancha para que “esta cuestión se esclarezca lo antes posible”.

Una vía pecuaria que se considera “innecesaria”

Elena Martín Bravo ha agradecido al delegado provincial de Desarrollo Sostenible su contacto directo y su disposición con la Asociación de Fincas Rústicas quienes solicitaron una reunión para “presentar toda la documentación que los propietarios de estas tierras están recabando y que justificarían y acreditarían con documentos, escrituras y registros de propiedad, entre otros, la titularidad de las mismas y la exención cargas”. En los documentos obrantes hasta el momento, algunos de los cuales datan de principios del siglo XX, ya se especifica que esta vía pecuaria “es innecesaria”, según explica la portavoz socialista.

Igualmente, Elena Martín Bravo ha asegurado que “hay que ser consciente de que la situación de hace décadas e incluso siglos no es la misma que en la actualidad y que Mora es una localidad con muy escaso sector ganadero. Si era coherente hace tiempo que las cañadas, debido al tránsito del ganado y las trashumancias, tuvieran sus vías de paso y sus apeaderos para los animales, en la actualidad la situación de la Cañada de las Sierras de Mora es muy diferente”.

En este sentido, la secretaria general de los socialistas de la localidad ha resaltado que “Mora es un pueblo eminentemente agrícola, es el mayor productor de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) y en nuestro término municipal predominan los olivares. Es por ello que el trazado de esta vía iría en perjuicio directo del sector y entre todos es necesario buscar la solución para asegurar que los agricultores sigan conservando sus propiedades y así puedan seguir con los cultivos actuales y su aprovechamiento como se ha venido haciendo en los últimos tiempos”.

El objetivo de la Junta es “no perjudicar” a los titulares de fincas

Por su parte, el delegado provincial de Desarrollo Sostenible ha asegurado a Martín Bravo en la reunión que “se seguirá trabajando para no perjudicar a los titulares de las fincas referidas y en ningún caso se obligará a los propietarios a levantar cultivos”. De igual forma, explica que “se ha mantenido contacto con los representantes de los agricultores y agricultoras de Mora en todo momento” y se ha acordado una reunión en las próximas semanas para que con la documentación que tienen, y que se está recopilando y será aportada, se estudie el caso concreto de la Cañada de las Sierras de Mora.

De la misma manera, Martín Bravo ha agradecido la disposición plena del Gobierno regional de Emiliano García-Page, incidiendo en que “desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se está trabajando para evitar perjuicios a los agricultores y agricultoras de Mora” y ha querido “trasmitir, una vez más, un mensaje de tranquilidad al sector dejando constancia de que se está trabajando en este asunto desde el primer momento para garantizar que podrán seguir desarrollando el aprovechamiento agrícola que se ha venido haciendo desde los inicios”.

La Consejería explica: “Nada tiene que ver con un procedimiento expropiatorio”

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha explicado que el procedimiento de deslinde es el acto administrativo por el que se “define el límite exacto de las vías pecuarias que discurren por la Comunidad Autónoma”, delimitando así el dominio público. Se trata de un procedimiento, señalan , delimitando el dominio público, lo cual revierte en beneficio de todos los ciudadanos, conservando y manteniendo este legado tal y como recoge la Ley de Vías Pecuarias 9/2003 de Castilla-La Mancha. Además, este procedimiento, sirve de base fundamental para posteriores acciones, ya sea su amojonamiento, desafectación, permuta, cesión o modificación de trazado.

En este contexto, señalan, “hay que explicar que el procedimiento de deslinde de vías pecuarias nada tiene que ver con un procedimiento expropiatorio”. “El deslinde es un acto administrativo dirigido exclusivamente a identificar y delimitar sus límites conforme a la clasificación existente, garantizando su defensa y conservación”, destacan.

Por eso, señalan, el “único documento válido” que determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas fundamentales de cada vía pecuaria es el Proyecto de Clasificación. Para la elaboración del expediente de deslinde, además de lo señalado en dicho proyecto, se consulta la documentación e información disponible, tanto histórica como actual, entre la que se encuentra cartografía y ortofotografía del Instituto Geográfico Nacional y otras entidades.

En todos los procedimientos de deslinde tramitados en Castilla-La Mancha se ha asegurado, y se continuará asegurando, el pleno derecho de información y defensa de todas las personas interesadas o afectadas, aseguran desde Desarrollo Sostenible.

“En definitiva, el deslinde se desarrolla bajo los principios de transparencia, participación y legalidad, con el doble objetivo de garantizar la correcta delimitación del dominio público y proteger los derechos de los particulares, siempre conforme a la normativa que regula las vías pecuarias”.

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica (MITECO), Sara Aagesen, ha confirmado este miércoles que su departamento “agilizará” la tramitación del recurso interpuesto por la promotora y dueña del Algarrobico, Azata del Sol, que ha frenado en seco el plan del Gobierno para derribar el macrohotel ilegal de la costa almeriense este mismo año, como adelantó elDiario.es.

“Vamos a conseguirlo, estoy convencida, por supuesto que sí”, ha respondido Aagesen cuando le han preguntado si, tras el recurso de los propietaros que abre un plazo de tres meses para que el Ministerio resuelva, aún ve factible que se produzca la demolición parcial del hotel antes de final de año, como anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

Azata del Sol esperó al último día de plazo legal para interponer un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se ubica el Algarrobico, un trámite que era obligatorio para justificar la expropiación. Con esa decisión se produjo un frenazo en el cronograma anunciado por Montero, que esperaba iniciar los primeros trabajos de demolición este mismo verano.

Ahora el recurso debe estudiarlo la Dirección General de Costas, dependiente del MITECO, que tiene un plazo legal de tres meses para resolver. Aagesen ha anunciado este miércoles, durante una visita en Cádiz, que tratarán de no apurar ese plazo para poder cumplir con el compromiso de derribo este mismo año. “Seremos lo más ágiles posibles”, ha dicho, para actuar en la parte de dominio público terrestre, la zona de servidumbre“, porque el Gobierno central sólo tiene competencias para expropiar y demoler la mitad del Algarrobico, símbolo del urbanismo salvaje en el litoral español.

La otra mitad corresponde a la Junta de Andalucía que, hasta ahora, se ha mostrado reacia a sumarse al proceso de expropiación impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque la semana pasada se personó para poder recibir información sobre los pasos que se están dando.

Negociar el precio de la expropiación

El MITECO puede desestimar o aceptar las alegaciones de los dueños del hotel. El plazo máximo para resolver finalizaría en noviembre. En la siguiente fase de expropiación, una vez resuelto el recurso, Gobierno y empresa deben negociar el justiprecio del inmueble que pasaría a manos del Estado por “interés social”. Tienen 15 días para llegar a un acuerdo amistoso.

Si no lo logran, los propietarios tienen 20 días para presentar su oferta, la administración tendrá otros 20 días para aceptarla o rechazarla, y en caso de rechazarla, el expediente pasará a manos de un Jurado Provincial de Expropiación, que puede dilatar su resolución otros tres meses.

La resolución del Jurado pone fin a la vía administrativa, pero también puede ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cual enfangaría aún más un proceso que arrastra dos décadas de impotencia para restaurar la legalidad en los tribunales, con dos sentencias firmes desde 2018 (sin ejecutar) sobre la reclasificación del suelo y la nulidad de la licencia del símbolo del urbanismo desbocado.

19 años después de que un juez paralizara las obras de El Algarrobico, la inmensa mole de 21 plantas y 400 habitaciones, enclavada en mitad de una playa de Carboneras (Almería), en pleno Parque Nacional de Cabo de Gata, el ambicioso plan del Gobierno para expropiar los terrenos y acelerar el derribo -primero dijeron en “cinco meses”, luego “antes de que finalizara el año”- se ha estrellado con la misma tela de araña que rodea esta historia desde el principio.

Azata del Sol, la promotora del Algarrobico, presentó este viernes in extremis un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se erige el macrohotel ilegal, en primera línea de la costa almeriense, lo cual deja en suspenso durante tres meses el procedimiento de expropiación y, en consecuencia, hace tropezar el plan del Gobierno para demoler el inmueble este año.

Esos tres meses, de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa, es el plazo para estudiar el recurso interpuesto por la promotora ante el Ministerio de Transición Ecológica contra la declaración de interés social de los terrenos donde se ubica el Algarrobico, un trámite que era obligatorio para justificar su expropiación.

Si el recurso es desestimado, el proceso se reactivará -como muy tarde en noviembre- en la siguiente fase de justiprecio, donde las partes -Gobierno y empresa- tratarán de pactar un acuerdo amistoso sobre el coste de los terrenos expropiados. El plazo para negociar el precio es de 15 días.

Pero si, como parece previsible, no hay acuerdo entre las partes, los propietarios tienen 20 días para presentar su oferta, la administración tendrá otros 20 días para aceptarla o rechazarla, y en caso de rechazarla, el expediente pasará a manos de un Jurado Provincial de Expropiación, que puede dilatar su resolución otros tres meses.

La resolución del Jurado pone fin a la vía administrativa, pero también puede ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cual enfangaría aún más un proceso que arrastra dos décadas de impotencia para restaurar la legalidad en los tribunales, con dos sentencias firmes desde 2018 (sin ejecutar) sobre la reclasificación del suelo y la nulidad de la licencia del símbolo del urbanismo desbocado.

19 años después de que un juez paralizara las obras de El Algarrobico, la inmensa mole de 21 plantas y 400 habitaciones, enclavada en mitad de una playa de Carboneras (Almería), en pleno Parque Nacional de Cabo de Gata, el ambicioso plan del Gobierno para expropiar los terrenos y acelerar el derribo -primero dijeron en “cinco meses”, luego “antes de que finalizara el año”- se ha estrellado con la misma tela de araña que rodea esta historia desde el principio.

Fuentes del Gobierno confirman a este periódico que Azata del Sol presentó el recurso de alzada a pocas horas de que expirase el plazo para frenar el proceso de expropiación, este sábado 2 de agosto. “Están en su derecho, pero prevalecerá el interés general frente a la aberración urbanística que es el Algarrobico. Ahora el MITECO resolverá el recurso y seguirá con los trámites previstos”, advierten.

El pulso Montero vs Moreno con Algarrobico al fondo

La expropiación parcial del Algarrobico y las expectativas de empezar a demoler el macrohotel almeriense este mismo verano entraban dentro de los planes del Gobierno hasta el viernes. El parón supone, sobre todo, un duro golpe para la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero que, en calidad de candidata in pectore a las próximas elecciones andaluzas, fue quien viajó hasta la playa de Carboneras para anunciar el plan de expropiación.

Montero personalizó e hizo suyo el compromiso de agilizar el derribo del Algarrobico y, en su entorno, pensaban que las picas y las excavadoras entrarían en el recinto del hotel a las puertas de la campaña electoral de las andaluzas, previstas para junio de 2026 si el presidente Juan Manuel Moreno no las adelanta.

El Gobierno central sólo tiene competencias para expropiar una parte de los terrenos y, por tanto, para derribar la mitad del macrohotel. La Junta de Andalucía puede hacer lo propio con la otra mitad, que es de su competencia. La hipótesis de ver una parte del Algarrobico demolido y otra en pie, a las puertas de una campaña electoral, era una imagen potentísima que unos y otros han tenido en la cabeza desde el principio.

El Gobierno de Moreno también entendió el plan de expropiación como un salvoconducto electoral para la candidata socialista y, desde el principio, se opuso frontalmente, hasta el jueves pasado, cuando anunció por sorpresa su personación en el procedimiento, alegando que en cinco meses no había sido informado de los avances.

Formar parte del proceso, en cualquier caso, permite a la Junta tener voz en la toma de decisiones y controlar los tiempos de su rival para que no capitalice (al menos en solitario) la ambiciosa foto de las máquinas derribando la mole de ladrillo. El anuncio de Montero con el Algarrobico al fondo había orillado la iniciativa política de Moreno, que también prometió en su día el derribo del inmueble. Ambos políticos forcejearon en la distancia por ese activo político.

24 horas antes de personarse en el proceso de expropiación, la consejera andaluza de Medio Ambiente, Catalina García, había ofrecido a la ministra Sara Aagesen un pacto bilateral de alto nivel, como el que desencalló el conflicto en Doñana por la polémica ley andaluza para amnistiar regadíos ilegales junto al Parque Natural, pero el Ministerio dio la espalda y respondió que la hoja de ruta ya estaba marcada y era la vía de la expropiación.

El ambiente de polarización y crispación política, agudizado por la cercanía de las elecciones andaluzas, ha imposibilitado un acercamiento entre Gobierno y Junta de Andalucía para finiquitar la historia del Algarrobico, llena de matices e incoherencias tanto de administraciones socialistas como populares.

Esta misma semana, nueve después de la sentencia que le obliga a consignar en su plan urbanístico que El Algarrobico está en suelo no urbanizable, el Ayuntamiento de Carboneras dio el paso definitivo (aparentemente), para cumplirla. Casi una década ha tardado el Consistorio en declarar en Pleno que los terrenos donde se asienta el edificio destinado a hotel, levantado entre 2003 y 2006 en la playa del mismo nombre, son no urbanizables de especial protección.

“Es como si una mano invisible se hubiese metido en nuestra casa, en nuestra economía y en nuestra intimidad”. Beatriz Primo Prados resume así cómo se siente después de los últimos capítulos en su lucha contra el Ayuntamiento de Madrid y un Agente Urbanizador. Una batalla judicial y administrativa por evitar la expropiación de la casa y el terreno de su familia en Aravaca, una de las zonas residenciales con mayor renta de la ciudad, que podría acabar en manos de una sociedad inmobiliaria privada.

Su abuela, su tía y su madre, Beatriz Prados, adquirieron en 1987 una parcela de 4.500 metros cuadrados residenciales para crear una especie de arcadia familiar en el número 17 de la calle de las Golondrinas. Pero en 2004, el Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón puso en marcha una licitación “sin consentimiento” para urbanizar el jardín de la casa y encima de ella. Adjudicó el proyecto a una empresa privada bajo la etiqueta de Agente Urbanizador, Iniciativas En Áreas De Planeamiento S.L. (Inaplan), que edificaría para sus propios intereses. Gallardón aprovechaba para ello el paraguas legal proporcionado por La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, aprobada en 2001 e inspirada en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunitat Valenciana (popularmente conocida como Ley Zaplana).

Las dos normas autonómicas, criticadas con dureza en un informe del Parlamento Europeo y derogadas por su impacto “lesivo” en la población, impulsaron la figura del Agente Urbanizador: una persona o entidad que podía presentar planes de desarrollo urbanístico sobre suelos de terceros, siempre y cuando los dueños de ese suelo no hubieran actuado en ellos durante un tiempo determinado. Una concepción “abusiva”, que según Beatriz Primo supone en la práctica “expropiaciones que acaban en otras manos privadas”. Siempre ha defendido, además, que en su caso ni siquiera se cumplían las características de aplicación de la ley: habían solicitado una licencia de obra en el solar y no se encontraba inactivo desde un punto de vista urbanístico.

Lo que nos ofrecen ni siquiera se corresponde con el valor de expropiación, pero está claro que son coacciones para empujarnos a una mala venta y a buscar una salida por la vía rápida

En medio de un conflicto judicializado por varias vías, Beatriz denuncia en conversación con Somos Madrid que está recibiendo “coacciones” por parte del Agente Urbanizador: “Me ha enviado una oferta vinculante para adquisición de la finca, con un notario que se ha personado en nuestra casa. Para responder me dan solo hasta el 1 de abril. Lo que nos ofrecen ni siquiera se corresponde con el valor de expropiación, pero está claro que son coacciones para empujarnos a una mala venta y a buscar una salida por la vía rápida”. Le trasladaron que, en caso de no acceder a la oferta, se enfrenta a “un desahucio de registro y a la expropiación”, previo estudio caso del caso por los servicios sociales.

“Nosotras vamos a rechazar la oferta de pleno”, sentencia pese a este ultimátum. Para Beatriz se trata de una escalada más en la “pelea dialéctica y jurídica” que mantienen con Inaplan y con el Ayuntamiento de Madrid. Cree que el objetivo es presionarlas para que cedan antes de que los tribunales dicten sentencia sobre el caso: “Confío en la Justicia, pero no en la administración”.

Un “torpedeo constante” que no amedrenta (pero sí inquieta) a madre e hija

La resolución judicial que está por venir no afecta sin embargo al fondo de la cuestión, sino a supuestos defectos de forma que podrían tumbar todo el planeamiento. Beatriz debe salvar un escollo originado cuando fue víctima, según cuenta, de una estratagema ejecutada por anterior equipo legal, que desde 2014 “no presentó una sola alegación en el período de información pública del proyecto”. Las afectadas acabaron cambiando de letrados y el 7 de diciembre de 2023 presentaron un recurso de reposición por diferentes errores de tramitación, plazos y caducidades en el expediente administrativo y en el acuerdo del pleno municipal del 30 de octubre de 2023.

En dicha sesión plenaria, la mayoría absoluta del Partido Popular desestimó las alegaciones de la familia al expediente que autoriza a Inaplan a ejecutar el desarrollo urbano. “En el Convenio Urbanístico aprobado no se revela la fórmula de cálculo ni los coeficientes de homogeneización, lo que podría permitir manipulaciones. No se elabora un plan de negocio ni una cuenta de resultados que justifique adecuadamente la retribución del adjudicatario. Carece de mecanismos de control para garantizar una retribución justa al Agente Urbanizador”, detallan los servicios jurídicos de las todavía propietarias del terreno en Aravaca.

“Pero el mismo día que presentamos el recurso de reposición, mi abogado anterior presenta a mi nombre un recurso contencioso-administrativo. Ramón Caravaca [vinculado a Luis Rubiales y la antigua cúpula de la Real Federación Española de Fútbol] lo hizo sin nuestro conocimiento, autorización ni encargo. A la semana su procurador me pidió incluso dinero por las costas”, narra Beatriz.

“Nada más enterarnos pedimos retirar el contencioso-administrativo, aunque ya se había diligenciado. Hay una mala praxis por parte de ese abogado, contra el que emprenderé las acciones oportunas, pero lo más indignante es que a ojos del Ayuntamiento ha existido duplicidad de recursos. Como consecuencia, no se ha entrado a valorar el contenido del recurso de reposición. La realidad es que durante 25 días esa duplicidad no existió y he documentado la retirada del contencioso, ya efectuada cuando el 8 de enero el Ayuntamiento no valoró mi recurso de reposición por esa supuesta duplicidad. Para la administración no debe caber suspensión alguna de este procedimiento judicial, no pueden obviar mi escrito ni seguir adelante con la tramitación de la expropiación”, expone la afectada.

Si el Ayuntamiento no toma en consideración dicho recurso, no pueden aplicarse las medidas cautelares que Beatriz y su madre reclaman para paralizar la expropiación. Habla incluso de emprender un “posible proceso penal por prevaricación del Ayuntamiento, que no puede omitir la retirada del segundo recurso y, por tanto, la validez del primero”. Fuentes del Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida se limitan a indicar a este periódico que “el tema está judicializado”, mientras que desde Inaplan no responden por el momento las consultas trasladadas por este periódico.

Lo que la familia ha presentado ya es una nueva demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, ya vista para sentencia, que busca obligar a la administración a reconocer la no duplicidad de recursos. “Esto permitiría que se analice el fondo del escrito de reposición y que se resuelvan los agravios planteados”, apunta Beatriz.

No en vano, según la afectada la celeridad y presiones de Inaplan puede deberse a que la defensa de la familia Primo Prados ha remitido ya al juzgado un escrito de conclusiones, lo que implica que la instrucción entra en su fase final. Lo hizo el pasado 3 de marzo, dos semanas antes del requerimiento notarial que la inmobiliaria envió a Beatriz. Denuncia un “torpedeo constante” por parte de Inaplan y el Ayuntamiento, que le impide “hacer valer los mismos derechos que tiene cualquier propietario y cualquier persona”. Apostilla además que “no es una cuestión monetaria”, aunque las cantidades que les ofertan “en ningún caso hacen justicia a lo lesivo de la situación”.

El temor es, en definitiva, que “se inicie la maquinaria de la expropiación antes de la sentencia”, que esperan para junio o julio. Recuerda que la razón de ser en su lucha “de un David contra Goliat” es que “nunca se ha dado la situación de que el Ayuntamiento de Madrid expropie con dinero público para un interés privado, sería un caso insólito”. Piensa sobre todo en su madre, que vive “con miedo”: “Cuando te coaccionan sientes un mal inminente sobre ti y sobre tu devenir”. Y, pese a todo, su intención es quedarse: “Irnos sería un ultraje a la memoria de mi abuela y de mi familia”.