David Hatchwell, empresario judío cercano a Isabel Díaz Ayuso y cofundador de la organización ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) que afirma promover “la relación entre España e Israel y la lucha contra el antisemitismo”, ha presentado una serie de demandas de conciliación contra presentadores, colaboradores de televisión, periodistas, medios e incluso cadenas por supuestos delitos de injurias. Entre los nombres propios que figuran en las cuatro demandas interpuestas por Hatchwell, miembro de la comunidad judía, se encuentra la adjunta al director de elDiario.es Raquel Ejerique.

Además, entre los demandados están el columnista de este mismo medio, Antonio Maestre, las presentadoras de RTVE Silvia Intxaurrondo e Inés Hernand, así como políticos como Eduardo Rubiño y Pablo Padilla Estrada (Más Madrid), y laSexta, cadena de Atresmedia.

En un comunicado, la mencionada organización señala “ataques” inscritos “en un patrón sistemático y recurrente que ya se reprodujo con idéntica intensidad en septiembre y octubre del año pasado y que resurge ahora”. Sin concretar a qué “ataques” se refieren en su denuncia, afirman que “no es casualidad que en los momentos de mayor tensión en Oriente Medio emerjan en España campañas coordinadas de acoso, injurias e incitación al odio dirigidas específicamente contra personas judías relevantes y contra quienes apoyan a Israel en nuestro país”.

ACOM dice que los implicados “pertenecen mayoritariamente al entorno mediático y político del Gobierno de España” y que “la disciplina y simultaneidad de estos ataques revelan una movilización coordinada, no una coincidencia”. Enmarcan sus acciones legales en “un serio toque de atención” a los denunciados, de quienes afirman que “utilizan sus tribunas para invitar al odio e injuriar personal y públicamente a ciudadanos judíos españoles con significación pública”.

Las demandas de conciliación, presentadas en distintos juzgados de la Comunidad de Madrid, son cuatro: la primera de ellas a Silvia Intxaurrondo y a Raquel Ejerique, junto a las entidades Sukun Comunicación SL y elDiario.es; la segunda a Inés Hernand, al concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño y a Nadwa Abu-Ghazaleh, activista del movimiento BDS junto a Podium Prisa Podcast.

En sus siguientes procedimientos, todos ellos de conciliación, incluye a Antonio Maestre y a laSexta; y en el último a Pablo Padilla Estrada, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.

A punto de cumplirse un año de la DANA que azotó la Comunitat Valenciana y dejó 229 víctimas mortales, elDiario.es ha estrenado en primicia su documental ¿Dónde estaba Mazón?, coproducido junto a Barret Cooperativa, Calibrando Producciones y Cosabona Films. Se trata de una investigación que examina las sombras en la gestión de la Generalitat y el papel del president Carlos Mazón en las horas críticas del 29 de octubre de 2024. Tras las pesquisas del documental, queda patente que “los 229 muertos son responsabilidad directa de la Generalitat”, ha afirmado Sergi Pitarch, periodista y director de la edición valenciana, durante el coloquio posterior a la proyección en los Cines Verdi de Madrid. El trabajo, que recoge testimonios inéditos, imágenes de archivo y los silencios y mentiras de la Generalitat, ya está disponible para las socias y socios de elDiario.es.

El documental reconstruye las horas de desconcierto en la gestión del temporal y aborda las versiones contradictorias sobre el paradero de Mazón aquel 29 de octubre. En la conversación después de la proyección, en la que también han participado el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y la adjunta a la dirección Raquel Ejerique, Pitarch ha explicado que el president “gestionó la peor dana que hemos vivido en el siglo XXI desde un bar, con una amiga”, añadiendo que la relación de Mazón con Maribel Vilaplana —la periodista con la que comió en el Ventorro— era de amistad, más que de trabajo: “Que fuera una reunión de trabajo es un mito. Era una comida entre amigos, y en la peor tragedia que ha vivido Valencia en años, él se va a una comida de amigos”. Sobre el paradero del president posterior a la comida, ha añadido que “hay dos opciones y las dos son malas: o Mazón termina la comida y se queda una hora de copas, o Mazón se va a su casa”.

El debate, en el que los socios y socias de elDiario.es han participado con sus preguntas, también ha abordado el curso judicial del caso. Ignacio Escolar ha recordado el episodio más reciente, en el que “la jueza ha llamado a Maribel Vilaplana para declarar como testigo” y que “ha sido muy cuidadosa para no investigar a un aforado”, como es Mazón. Según el director elDiario.es, “habrá que ver si esto es una maniobra para elevarlo al Tribunal Superior de Justicia”, el órgano competente en caso de que se extendiese la investigación al presidente de la Generalitat valenciana.

Las llamadas entre Pradas y Mazón podrían “señalarle como responsable”

Raquel Ejerique ha argumentado que “el auto es muy claro al poner el horizonte en el president”, y añade: “La Audiencia le abre la puerta a la jueza a imputarlo si encuentra indicios suficientes”. La periodista ha explicado que la clave ahora son las comunicaciones: “La única manera de vincular a Mazón o no con las decisiones de aquel día son las llamadas. Cuando hay que tomar una decisión importante, Salomé [Pradas] llama a Mazón. Ella necesitaba una validación, y eso podría acabar señalándole como responsable”.

El coloquio también ha abordado el papel de Pradas, entonces Consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, de quien Ejerique intuye que “todavía le quedan ases en la manga”. Según ha explicado, Mazón “podría haber pedido la emergencia catastrófica y haber asumido el mando, pero a la hora en que mueren las víctimas, la responsabilidad recae sobre la Conselleria”, aunque las llamadas que hizo Pradas a Mazón el día 29 sugieren que él podría haber tenido la última palabra.

Asimismo, Escolar ha recordado un aspecto técnico del trabajo que se ha visto reflejado durante la proyección, en la que se han mostrado textos que explicaban que À Punt, la televisión autonómica valenciana —que tuvo acceso privilegiado a la reunión clave del Cecopi por ser ente público— ha denegado el uso de las imágenes de sus programas del día de la dana que cedió en un primer momento a elDiario.es. “El documental no se estrenará en À Punt”, ha ironizado.

Otro de los puntos tratados ha sido el destino de los 12 millones de euros en donaciones recaudadas tras la DANA. “Mi teoría es que los tiene en el cajón”, ha ironizado Ejerique, quien también ha denunciado que “los contratos de emergencia han castigado a las empresas críticas y premiado a las afines: 600 millones en contratos, incluidas empresas vinculadas a la Gürtel. Y casi un año después siguen contratando a dedo”.

“La libertad, la democracia, es muy compleja. Los enemigos de la democracia salen de la propia democracia, de la libertad. La gente debe ser exigente con los mensajes que recibe”.

El cineasta, periodista y escritor David Trueba ha reflexionado de esta manera sobre el momento que viven la política y el periodismo en España, durante el segundo día de las IV Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria. El foro se desarrolla en la Casa de Cultura de Torrelavega, cuyo salón de actos ha vivido este jueves un diálogo entre Trueba y la periodista y adjunta al director de elDiario,es, Raquel Ejerique.

Trueba, autor de la sátira novelesca 'Queridos niños', se ha apoyado en los personajes de su libro para hablar sobre la política española y al tiempo reivindicar una mejor formación política de la ciudadanía y la recuperación de los valores morales a la hora de votar a unos políticos cuyo común denominador es la seducción y su olfato ante las demandas del electorado.

El escritor y cineasta se ha preguntado ante el público de Torrelavega si el perfil del político dominante es causa o más bien consecuencia de una sociedad que ha rebajado sus estándares de moralidad.

“A veces en política cuanto peor, mejor; y eso es posible cuando la sociedad rebaja sus estándares de moralidad a la hora de elegir a sus representantes. Se habla muy mal de los políticos pero, me pregunto, ¿qué fue antes?, ¿ellos o nosotros?, ¿la sociedad que los fomenta?... La política es un arte de seducción. El político es una persona que intenta seducir. Todo lo que hace es una acusación latente a la sociedad”.

Columnista del periódico El País y autor del libro satírico 'Queridos niños', en el que invita a los lectores a sumarse a una peculiar caravana electoral, para él, esos “queridos niños” son los electores y la literatura, la manera de verse uno mismo a través de los otros. Lo ha explicado así: “Si alguna utilidad pública tiene la literatura es mirar las cosas cotidianas de otra manera, incluso a las personas. El gran servicio que nos ha hecho la literatura es que personas que nos son ajenas nos permiten mirarnos desde otro lado. Siempre me he sentido atraído escribir sobre gente que no es como yo o que no piensa como yo. Hay que ser capaz de ver qué hay detrás de las personas que detestas y por qué son así”.

Políticos salvajes

Trueba estudió periodismo y colabora en prensa escrita desde hace décadas. Como director de cine, su carrera ha dirigido películas como 'La buena vida' y 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', que ganó seis Premios Goya.

En la relación entre periodismo y política, David Trueba ve una misma acidez en ambos lados, pero le llama la atención el nivel de “salvajismo” que ha adquirido cierta clase política. “Todos sabemos que si hay algo bueno en el mundo periodístico es que sois muy ácidos y los políticos también -ha dicho el escritor y cineasta-. Lo que más me sorprende de algún político que he conocido son lo salvajes que son. Les pregunto por otros candidatos de su propio partido y es muy habitual que te digan 'hijo de puta...'”

Ejerique dio repaso a los personajes de su última novela y Trueba se detuvo en el de Amalia, una candidata “sosa y conservadora” que rápidamente adquiere los hábitos más agresivos.

“¿Cómo es posible que Ayuso [presidenta de la Comunidad de Madrid, PP] se inspirara en tu novela?”, le ha preguntado Ejerique. “El tiempo marca cómo son las personas -le ha contestado-; a lo mejor en otra época hubiera sido una aspirante sin historia. Pero cuando escribí la novela, ella no existía. En realidad me basé en pautas de comportamiento y en cuanto defines la pauta te paras y alguien ocupa el lugar. Es como en el fútbol, cuando un jugador ocupa un lugar inexistente para que el balón acabe acudiendo”.

A su juicio, una de claves del criterio por el que se rige gran parte del electorado procede de la fuente de información que utiliza: titulares cortos, de gran simpleza, que recibe a través de su móvil.

“Una clave es por dónde llega el discurso político, cuál es el conducto por el que la gente se informa -ha explicado-. En tiempo de mis abuelos, tal vez fueran menos formados intelectual y académicamente pero no diría que quien trabaja, por ejemplo, en el campo esté peor formado que quien tiene dos títulos universitarios. Depende de para qué. Antes había una información de fondo a través de un conducto personal. Ahora, tienes una sociedad que se forma por una titulares breves en el teléfono móvil que a veces ni siquiera son correctos ni tienen concordancia con la realidad”.

En un contexto en que ya no hay diferencia entre una campaña electoral y el resto del tiempo político, una de las claves para que parte del electorado se decante por personajes como Trump o Ayuso es porque le caen mal al 'establishment', su ausencia de filtros, su apariencia de “autenticidad”. Según Trueba:

“Los votantes de Trump y Ayuso perciben en ellos un grado de autenticidad mayor que en los rivales. Quizá usan menos filtros, hipocresía, educación, respeto. Llegan e irrumpen con mucho descaro y eso, por desgracia, la gente se lo cree. Yo dudo que detrás de Donald Trump haya un interés por las clases desfavorecidas americanas; a él le interesan un carajo, pero estas encuentran que es el que más molesta a un establishment que rige su destino.”

Programa del viernes

Las IV Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria se celebran entre el 29 y el 31 de mayo de 2024 en la Casa de Cultura de Torrelavega, con un amplio programa que incluye la proyección de documentales, entrevistas, charlas sobre diversos temas de actualidad, presentaciones de libros, la grabación de un podcast en directo y una sesión de monólogos, con la participación en el evento de destacados nombres del periodismo a nivel nacional como Silvia Intxaurrondo, David Trueba, Rosa María Calaf, Ángeles Caballero, Nicolás Castellano, Ebbaba Hameida, Víctor López o Javier Triana, además de la presencia de Ignacio Escolar, Juanlu Sánchez y Raquel Ejerique, entre otros.

La jornada de este viernes, 31 de mayo, comienza a las 17.30 horas con la proyección del documental '01:05:12. Una carrera de fondo' codirigido por Javier Triana, un periodista riojano afincado en Cantabria que ha ejercido durante década y media como corresponsal en Pekín (China), Nairobi (Kenia), Manila (Filipinas) y Estambul (Turquía) para medios como la Agencia EFE o El Periódico de Catalunya, y que en este trabajo audiovisual premiado en diversos festivales internacionales pone el foco en el cambio hacia la igualdad de la mujer a través del deporte en países como Etiopía o Kenia.

También este viernes a partir de las 19.00 horas tendrá lugar la grabación en directo del podcast 'Un tema al día', presentado por el cofundador y subdirector de elDiario.es, Juanlu Sánchez, que dirige este espacio diario para explicar la actualidad y que obtuvo el Premio Ondas al Podcast Revelación 2023. En esta ocasión, el podcast tendrá como protagonista especial a la periodista Silvia Intxaurrondo, presentadora del programa 'La Hora de La 1' de TVE, y que a lo largo de su carrera ha sido subdirectora del programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER y ha pasado por medios de comunicación como CNN+, Cuatro, ETB o Telemadrid, donde ha presentado diferentes formatos televisivos de información con entrevistas, debates y análisis de la actualidad.

Como clausura, a partir de las 20.00 horas, tendrá lugar el espectáculo efímero 'Los Monólogos de la Redacción', que se representa y muere en una única función, que no se puede grabar, tampoco está en YouTube y vive del boca a boca, en el que los periodistas Juanlu Sánchez y Raquel Ejerique serán los protagonistas absolutos con sendas intervenciones en las que repasarán con humor e ironía algunos de sus momentos más épicos en el mundo del periodismo.

elDiario.es Cantabria organiza desde el año 2019 unas jornadas con acceso gratuito que se han convertido en un foro abierto a todos los públicos para trasladar a la sociedad algunos de los debates de actualidad en los que el periódico tiene puesta su mirada, como la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de los derechos humanos, la migración o el medio ambiente, siempre desde un enfoque social.

Quiero felicitar desde aquí al magistrado Miguel Florit. Es absolutamente necesario. El juez titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha encontrado la piedra filosofal. Acaba de descubrir él solito la solución a las zozobras de todos los sesudos juristas que son y han sido en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, por no mencionar al resto de su homónimos. Él solito, oiga. Miren que he asistido a seminarios y programas del formación, incluso del CGPJ, respecto a la situación en la que queda el secreto decretado de un sumario cuando colisiona con la protección constitucional de las fuentes de un periodista, miren que he oído propuestas. No hacía falta. El instructor mallorquín tenía la clave: saltarse la protección constitucional y campar a sus anchas. ¿Pero cómo no se le ocurrió esto antes a nadie?

En realidad es como el que descubre la pólvora mojada. ¿Necesitas saber quién ha filtrado un dato secreto a un periodista? Pues incautas e intervienes los teléfonos, ordenadores y dispositivos del periodista. La existencia del artículo 20 de la Constitución y la protección expresa, reforzada y manifiesta que realiza del secreto de las fuentes y del derecho del periodista a salvaguardarlas no es obstáculo. Si lo llegan a pensar antes los canelos de los altos tribunales no estaríamos dónde estamos. Una pena que no consultaran con Florit.

Mi ironía sí pretende ser sangrante. Es una alerta, un grito, una demanda de reacción porque la actuación unilateral, prepotente y anticonstitucional de un juez de Instrucción no sólo vulnera los derechos de dos compañeros de Diario de Mallorca y de Europa Press sino que pone en riesgo los derechos de todos los periodistas y, por ende, de todos los ciudadanos de este país.  El juez de instrucción ha entrado como un elefante en una cacharrería en un derecho que es un derecho absoluto y no ponderable. El derecho al secreto profesional del periodista, y su expresa protección constitucional, no es un derecho sometido a ponderación judicial porque precisamente su objeto es proteger al periodista de la inmisión de los poderes del Estado en su labor.

El constituyente quiso preservar la tarea de control de la prensa y el derecho a la información de los ciudadanos en una democracia, hasta el punto de preservarla del controlador. Si el derecho al secreto de las fuentes por parte del periodista fuera un secreto que dependiera de la ponderación del juez respecto a la importancia o relevancia de su objetivo, sería un derecho inexistente. Hay que entender que si de algo protege este derecho es de la inmisión del poder judicial y del resto del poderes del Estado. Esta protección pretende que las fuentes, las personas conocedoras de asuntos que interesan al ciudadano y de relevancia informativa y pública, puedan hacer llegar a los periodistas las denuncias que estimen convenientes. No se trata de ponderar si el interés del juez por su investigación pesa más que la protección del periodista. Eso es tanto como anularla.

Está claro que un juez no puede obligar a un periodista a testificar en juicio o en instrucción sobre cuáles son sus fuentes. Si no puede obligarle, ¿puede tomar por su mano los dispositivos en los que éstas quedan al descubierto? No. No. Mil veces no. Esta es una cuestión que amenaza a todos los periodistas y a todos los ciudadanos. La defensa de la protección constitucional ha de ser cerrada y firme. Todos estamos llamados a hacerla. Si un juez puede forzar el conocimiento de la fuente que le dio a un periodista la información, se acabó la investigación periodística y se acabó la función de la prensa como controladora de los poderes del Estado.

¿Quiere esto decir que el juez Florit no puede investigar quién ha violado el secreto decretado de sumario? Evidentemente, no. El juez tiene obligación de investigarlo y debe hacerlo de forma constitucional pero, claro, eso tiene otras implicaciones. A un sumario declarado secreto tienen acceso el propio juez, el o los fiscales, el secretario judicial y algún funcionario. Ellos tienen deber de secreto y sobre ellos pesa el delito de revelación de secretos.

¿Ha ordenado Florit la incautación e investigación de los móviles y dispositivos de estos funcionarios? No. Pues esa es la vía y el camino obligado, que no comporta vulneración constitucional alguna. ¿Lo hará? ¿Ordenará a la policía investigar los dispositivos electrónicos de sus compañeros? Ya hemos visto que ha optado por la vía fácil pero también por la senda vedada. Lo mismo sucedió en el Caso Lezo con la filtración de la “magistrada amiga” sobre las escuchas telefónicas a Ignacio González. ¿Ordenó el instructor la incautación y violación de los dispositivos de los magistrados, fiscales, lajs (Letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios) y funcionarios que hubieran podido revelar ese secreto? Ya saben que no.

Florit ha encontrado la vía fácil pero prohibida y no sabemos si lo ha hecho por ignorancia inexcusable o por pura prevaricación. En realidad, no quedan más opciones. No es un caso aislado. Ahí sigue la anómala e incomprensible imputación por revelación de secretos del director de este medio, Ignacio Escolar, y de Raquel Ejerique. ¡A por ellos! parece que ha gritado alguien.

No van a por nosotros, o no sólo, van a por el derecho a la información del ciudadano y a sembrar el miedo entre los profesionales para que no osemos levantarle la voz al poder. ¡Compañeros periodistas, van a por todos! ¡Ciudadanos todos, van a arrebataros un derecho irrenunciable! Ser constitucionalista es también defender esto.

Turquía, sin puente aéreo.

“Los colectivos de profesionales del periodismo han denunciado en numerosas ocasiones el descenso de la calidad de la libertad de información en España”, explica la Asociación de la Prensa de Cádiz. Por este motivo ha invitado a Raquel P. Ejerique, imputada por destapar el ‘Caso Cifuentes' y redactora jefe de política social en eldiario.es, para ofrecer una conferencia sobre las amenazas al periodismo. Así, como reza la nota de la APC, “contará en primera persona las técnicas que utiliza el poder político y económico para lograr el sesgo mediático” y “pondrá de relieve la importancia que tiene para la democracia disfrutar de una información libre de manipulación”.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (del PP), se querelló contra Ejerique y el director de Eldiario.es, Ignacio Escolar, por “descubrimiento de secretos” tras publicar las prácticas irregulares que cometió la Universidad Rey Juan Carlos en la concesión del título de Máster de la expresidenta. Para la APC este es uno de los “claros ejemplos de la presión a la que están sometidos los medios y los periodistas” en su trabajo diario.

La conferencia “La presión del poder: amenazas a la libertad de prensa” se celebrará este viernes 9 de noviembre a las 20.00 horas en el salón de actos de la sede que la Asociación de la Prensa de Cádiz tiene en la Calle Ancha. La entrada es libre hasta completar aforo.

¿Existe el periodismo de investigación o se debería llamar periodismo de filtraciones? ¿Qué maquinarias se ponen en marcha para obstaculizar la profesión periodística y proteger al poder? ¿Todo el periodismo es (o debe ser) de investigación? ¿Existe un lector ‘reposado’ que pueda digerir con calma tanta información? La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació inició este martes el ciclo de ‘Els Debats del Magnànim’ con una mesa redonda titulada ‘Contra l’opacitat del poder. Periodisme d’investigació hui’ en la que participaron las periodistas valencianas Raquel Ejerique (eldiario.es) y Laura Ballester (Levante-EMV) y la catedrática de la Universitat de València Beatriz Gallardo. El acto estuvo moderado por el también periodista Adolf Beltran (director edición valenciana eldiario.es).

Beltran empezó el debate recordando que, cuando se habla de la opacidad del poder, “no únicamente tiene que ser político, también puede ser el poder económico, militar o eclesiástico” y presentó a dos periodistas que han tenido que luchar contra el oscurantismo para llevar a cabo su profesión. Raquel Ejerique es la periodista que destapó el caso del máster de Cifuentes y Laura Ballester siguió durante años el caso del accidente del metro de València y es autora del libro Lluitant contra l’oblit, que relata la lucha de la Asociación de Víctimas de Metro del 3 de julio. Ambas coincidieron en que el sistema es capaz de poner en marcha toda una maquinaria para silenciar y enterrar las noticias que le son molestas. Tanto Ejerique como Ballester contaron en primera persona cómo fue lidiar con información incómoda para el poder, los obstáculos que tuvieron que superar para dar con la verdad o las alianzas con personas que, a través de filtraciones, se han convertido en una gran baza para el periodismo actual.

Ejerique relató el proceso de investigación sobre los casos de los fake masters de Cifuentes, Casado y Montón, donde se toparon con un sistema universitario público, pero opaco, que dificultó el acceso a la información desde el principio. “Un día llegaron unos papeles a la redacción con unas notas modificadas con el apellido Cifuentes y, en un primer momento, ni pensamos que se trataba de Cristina Cifuentes. Cuando lo comprobamos, lo primero que hicimos fue llamar a nuestros abogados para ver qué nos podía pasar si publicábamos esa información”, contó Ejerique. Cuando decidieron “lanzarse” porque “todo indicaba que le habían regalado el máster”, se organizaron en la redacción para empezar llamar a la vez a personas implicadas para que no pudieran ponerse de acuerdo en las versiones. Aun así, a la tercera llamada los periodistas ya se dieron cuenta de que las fuentes habían hablado entre ellas y “ya tenían una versión común”.

Pero eso fue sólo antes de publicar la información. “Una vez ya teníamos la noticia hecha, la maquinaria se puso en marcha para decir que no era verdad, que todo era un ataque de sus enemigos. La noche que lo publicamos no dormí”, explicó Ejerique. Se estaban metiendo directamente en un sistema universitario corrupto que les dificultó la labor de contraste, las fuentes oficiales no sabían nada o incluso intoxicaban la información. Únicamente contaron con la ayuda de unos pocos funcionarios públicos, de algunos profesores -siempre bajo el anonimato- y de alumnos que contactaron a través de Linkedin. “Con el caso Cifuentes vimos que no podíamos confiar en el sistema” y aunque “una demanda civil era esperable, lo que no nos esperábamos era una querella personal”.

Según Ejerique, esos días sintió la “vulnerabilidad” a la que se enfrentan los periodistas, “sobre todo los free-lance que no tienen un medio con abogados detrás”. Por eso, la solución pasa por “exigir transparencia a los políticos” y “pedir a las instituciones públicas que den respuestas”. “Hay políticos que confunden ser majos con ser transparentes”, apuntó.

Mantener “la llama” encendida

Laura Ballester luchó durante años para mantener “la llama” encendida de las reivindicaciones de la Asociación de Víctimas de Metro del 3 de julio (AVM3J). Según Ballester, “el periodismo de investigación no existe, existe el periodismo de filtración bien investigado”, que define como un “GPS de gente honrada y decente que decide compartir información con un periodista o con la Fiscalía”. Es entonces cuando, con las herramientas periodísticas, se puede “escarbar” en la información.

La periodista valenciana relató cómo fue contar “una historia triste y lamentable que nunca habría querido escribir” y enfrentarse a un sistema que “reaccionó virulentamente”. Se refiere a un caso que ha marcado su vida, tanto en clave personal como profesional, y que le continuará acompañando siempre. “Con Jordi Évole volvió a despertarse todo y la Fiscalía pasó a tener una actitud activa”, recuerda de un tema en el que incluso se contrató a una consultora -H&M Sanchis- que se encargaba de manipular y diseñar estrategias de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para contrarrestar las denuncias públicas de las víctimas y la versión de los medios de comunicación. “Éramos cuatro periodistas y delante teníamos a una consultora que cobraba más de 600.000 euros por elaborar informes anuales haciendo seguimiento de lo que publicábamos”, contó.

La periodista recordó que la ocultación de información en el caso del accidente de metro de València, en el que murieron 43 personas y hubo 47 heridos, “no es un caso aislado, también se ha repetido con el accidente del Alvia en Santiago”. “Vivimos en un país de cero responsables y la lástima es que tengan que ser los ciudadanos y las asociaciones los que luchen por la transparencia”, lamentó.

Por su parte, Beatriz Gallardo, catedrática de la Universitat de València y analista del discurso público, incidió en que “el periodismo, por definición, sigue siendo un perro guardián que vigila al poder”. También recordó que hay veces que “los profesionales tienen claras sus funciones, pero los medios no” y que el periodismo de investigación “es una metodología que exige independencia y tiempo”. Pero no sólo los periodistas deben dedicarle tiempo a trabajar la información, también se necesita de un “lector reposado” que “digiera” la información y “ciudadanos que sepan distinguir entre qué información es válida o no”.

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la redactora jefa de política social, Raquel Ejerique, participaron este 24 de octubre en una charla titulada ‘Periodistas y casos judiciales: el ‘Caso Cifuentes’ y eldiario.es’ enmarcada en la V Semana del Periodismo organizada por la Universidad Carlos III de Madrid.

La ponencia estuvo centrada en el caso del máster de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, que obtuvo su título con notas falsificadas el pasado mes de marzo y que se publicó en exclusiva en eldiario.es. La noticia acabó con la dimisión de Cifuentes 35 días después del estallido del escándalo y después de que se demostrara que las pruebas aportadas para su defensa eran falsas. A pesar de ello, Cifuentes pide cinco años de prisión para Ejerique, la periodista que destapó y publicó el caso, y el director de eldiario.es, Ignacio Escolar.

Puedes ver la charla íntegra aquí.

Seis meses después de publicar la primera entrega del 'caso Máster', el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique, han acudido este viernes a declarar a los juzgados de Plaza Castilla. Ambos periodistas han tenido que comparecer ante el juez en calidad de imputados por un supuesto delito de revelación de secretos después de sacar a la luz las irregularidades en torno al caso máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que derivó en su dimisión y el final de su carrera política.

Tras su declaración en el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Escolar y Ejerique han insistido en que, a pesar de las preguntas de la defensa de Cifuentes y de la propia Fiscalía, no revelarán cuáles han sido sus fuentes en el caso del máster de la expresidenta, igual que harían “en cualquier otro caso” o como haría “cualquier otro periodista”. Ambos han remarcado que tampoco confirmarán o desmentirán si la persona que ha sido señalada en la querella y en el periódico El Mundo como la supuesta fuente es, es el origen de la exclusiva de eldiario.es. 

Escolar ha recordado que la protección de las fuentes periodísticas es un derecho constitucional y ha reconocido que se siente sorprendido por las preguntas de la Fiscalía sobre este asunto: “Me ha sorprendido que al interrogatorio sobre las fuentes, cuya protección es un derecho constitucional, se haya sumado la Fiscalía”.

Sobre su declaración, Ejerique ha destacado que ambos periodistas han tenido que defender “por qué esta exclusiva era relevante”. “Insistían en preguntar qué nos había llevado a publicarlo y hemos tenido que explicar que el periodismo consiste en revelar algo que alguien pretende mantener en secreto”, ha remarcado la redactora jefa de Política Social, que también ha destacado la reiteración de las preguntas de la acusación y de la Fiscalía sobre el asunto de las fuentes.

Ejerique ha señalado que le preocupa que hayan tenido que responder a “preguntas que no se deberían hacer porque son derechos que están amparados por la Constitución”. “Me preocupa por nosotros y por la salud democrática de este país. A ver si los periodistas vamos a tener que empezar a desfilar por aquí a que nos pregunten cómo hemos obtenido informaciones que son tan relevantes que han acabado en un juzgado y con la dimisión de una presidenta”.

“Cifuentes sigue mintiendo con esta querella”

“Cifuentes acusa a eldiario.es, a Raquel Ejerique y a mí de mentir de forma deliberada para perjudicarla, cuando quien ha mentido y sigue mintiendo con esta querella es la propia Cristina Cifuentes”, ha remarcado Escolar. El director de eldiario.es espera que con su declaración quede claro que no han cometido ningún delito de revelación de secretos, tal y como asegura la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que decidió querellarse contra los dos periodistas antes de dejar su cargo.

La declaración de Escolar y Ejerique se produce como consecuencia de la querella en la que la exdirigente del PP acusaba los periodistas de eldiario.es de un delito agravado de revelación de secretos, castigado en el Código Penal con entre uno y siete años de prisión. La Fiscalía ha advertido de que no ve indicios de delito pero trata de indagar en el origen de los documentos publicados por eldiario.es.

La jurisprudencia de los tribunales ha eximido hasta ahora a los periodistas del delito de revelación de secretos cuando la información publicada es veraz y tiene interés público. Sí ha habido condenas a funcionarios que hayan facilitado expedientes protegidos de la Administración. El Tribunal Constitucional establece que, siempre que la información sea relevante y veraz, prima la libertad de información frente al derecho a la intimidad.

El Consejo de Europa lanzó una alerta a principios de julio criticando el procedimiento abierto contra Escolar y Ejerique, los autores de la exclusiva. “Un político español trata de que encarcelen a dos periodistas que desenmascararon un fraude escandaloso”, asegura la Plataforma del Consejo de Europa en la redacción de la alerta que ha sido comunicada a la autoridades españolas.

El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Salvador Perelló ha declarado este viernes ante el juez que le investiga a él y a dos periodistas de eldiario.es por la exclusiva sobre el máster de Cristina Cifuentes. Perelló ha admitido que reenvió a varios medios los documentos que recibió antes de forma anónima sobre un expediente académico y que lo hizo sin saber que se trataba del de la expresidenta madrileña, han informado fuentes jurídicas.

Perelló está imputado junto a la jefa de Política Social de eldiario.es, Raquel Ejerique, y el director del medio, Ignacio Escolar, como consecuencia de una querella de Cristina Cifuentes por un presunto delito de revelación de secretos, castigado con hasta cinco años de cárcel.

El profesor ha dicho ante el juez Pedro Antonio Domínguez que los dos pantallazos que publicó eldiario.es aparecieron en su casillero (buzón) de la Universidad junto a un manuscrito anónimo en un sobre. Uno de los pantallazos recogía dos notas modificadas y otro se refería al pago de una cantidad y tasas.

Perelló ha declarado que al principio le pareció “una chorrada”, pero que en su casa, con ayuda de un escáner, comprobó su veracidad y detectó que aludían a un expediente con irregularidades. En este sentido ha explicado que está acostumbrado a tratar con ese tipo de documentación en su puesto y que si dispone de un escáner es porque igulamente lo necesita para su trabajo.

En esos pantallazos no se identificaba al alumno referido y simplemente aparecía un código. Perelló ha añadido que conoce a muchos periodistas y que envió a varios medios el material, pero que solo eldiario.es investigó el hecho y descubrió lo que se escondía tras él, según las fuentes consultadas. También ha afirmado que si no acudió a la Fiscalía o al juzgado fue porque creyó que se trataba de una irregularidad, pero que en principio no apreció que se pudiera tratar de un delito.

Una buena parte de la declaración del profesor ha versado sobre la supuesta entrevista que le señalaba como autor de la supuesta filtración y que publicó Javier Negre en El Mundo. Perelló ha repetido en varias ocasiones que “jamás” ha concedido una entrevista sobre este tema a un medio de comunicación, tampoco al periodista referido. El profesor ha explicado que la publicación parte de una conversación que pactó previamente que fuera privada y que concedió porque el periodista se lo rogó “para subirse al carro del escándalo”. Incluso así, ha dicho, el texto contiene “falsedades”.

La querella con la que Cristina Cifuentes quiere enviar a la cárcel al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y a la jefa de Política Social, Raquel Ejerique, toma como pruebas de sus supuestos delitos las notas que se han demostrado falsificadas y el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) que la Universidad Rey Juan Carlos fabricó como coartada para la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.

Con estos mimbres, la representación de legal de Cifuentes arma un escrito en el que concluye que debe aplicarse a los periodistas el tipo agravado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido, además, de forma continuada. La acusación aduce también que los periodistas de eldiario.es actuaron “con fines lucrativos” y que, por todo ello, se les debería condenar a penas de entre dos años y medio y 5 de cárcel.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado a primera hora de esta tarde en la Universidad Rey Juan Carlos en busca de soportes informáticos que puedan determinar el origen de la exclusiva de eldiario.es sobre el título que Cristina Cifuentes obtuvo con notas falsificadas, han informado fuentes próximas al caso. 

Los agentes actúan por orden del juez Pedro Antonio Domínguez, instructor de la causa abierta a raíz de una querella de Cifuentes y por la que están imputados el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la jefa de Política Social, Raquel Ejerique. El juez adoptó esta decisión a instancias de la Fiscalía de Madrid. 

En una providencia, el juez reclamaba a la URJC que entregue a los agentes los logs de acceso a la base de datos de gestión académica de la Universidad entre noviembre de 2014 y marzo de 2018. En concreto, pide que se identifique a quien accedió a la asignatura 'La financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales' y a los datos sobre el Trabajo de Fin de Máster (TFM).

La primera noticia que publicó eldiario.es aludía a que esas dos asignaturas habían sido modificadas en 2014, dos años después de que Cifuentes cursase el máster: una funcionaria de otro campus entró en el sistema en 2014 y cambió los dos “No Presentado” a “Notable” dejando rastro. La funcionaria declaró que lo hizo por indicación del profesor Pablo Chico de la Cámara. La URJC acabó reconociendo que no hay rastro del TFM ni de que lo presentase ante un tribunal.

En esa misma providencia, el magistrado pide a la Universidad que identifique en un plazo de 15 días al responsable de la gestión informática de sus bases de datos. Además, hacía una petición mucho mas general: que la Universidad aporte cualquier dato o información que permita conocer quién accedió a la base de datos y “procedió a efectuar capturas de las pantallas posteriormente divulgadas” por eldiario.es.

El juez también reclamaba que se entregue a los agentes de la Guardia Civil un listado con todas las personas que tenían autorización para acceder a la base de datos, con detalle de los permisos que tenían. Por último, la providencia pide al Juzgado de Instrucción número 51, el que investiga el caso Máster, que entregue toda la documentación que pueda ayudar a la investigación del origen de la noticia.

El juez Antonio Domínguez Morales ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue el origen de la exclusiva de eldiario.es sobre el máster de Cristina Cifuentes. Lo hace a instancias de la Fiscalía, que le ha pedido una serie de diligencias encaminadas a identificar quién accedió a la intranet de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para consultar la notas de la expresidenta madrileña.

El titular del Juzgado número 29 de Madrid ha tomado esta decisión en el marco de la investigación por la querella por revelación de secretos que interpuso Cifuentes. En ella, además de reclamar que se investigue el origen de la noticia que acabó con la carrera política de Cifuentes, la expresidenta madrileña pide hasta cinco años de cárcel para el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y para la jefa de Política Social, Raquel Pérez Ejerique.

Esa querella utiliza como documento que acredita que Cifuentes cursó el máster el acta falsificada. El escrito fue presentado el pasado 4 de abril, cuando la ya expresidenta compareció en la Asamblea de Madrid para tratar de responder a las primeras informaciones sobre su máster falso.

El escrito insiste en que “la totalidad de los créditos fueron superados durante el mencionado año académico” –algo que ya se ha demostrado falso– y acusa a los periodistas de eldiario.es de “difamar” y “manipular”, “cegados” por conseguir “una lucrativa exclusiva”. Ese ánimo de lucro lo utilizan los abogados de Cifuentes como agravante para incrementar su petición de cárcel.

El juez, que citó el pasado 28 de junio a Escolar y Ejerique para que recogiesen la querella, encargó el pasado 11 de junio a la UCO que comenzase a investigar. En una providencia, reclama a la URJC que entregue a los agentes los logs de acceso a la base de datos de gestión académica de la Universidad entre noviembre de 2014 y marzo de 2018. En concreto, pide que se identifique a quien accedió a la asignatura 'La financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales' y a los datos sobre el Trabajo de Fin de Máster (TFM).

La primera noticia que publicó eldiario.es aludía a que esas dos asignaturas habían sido modificadas en 2014, dos años después de que Cifuentes cursase el máster: una funcionaria de otro campus, Amalia Calonge, entró en el sistema en 2014 y cambió los dos “No Presentado” a “Notable” dejando rastro. Calonge dijo que lo hizo por indicación del profesor Pablo Chico de la Cámara. La URJC acabó reconociendo que no hay rastro del TFM ni de que lo presentase ante un tribunal.

En esa misma providencia, el magistrado pide a la Universidad que identifique en un plazo de 15 días al responsable de la gestión informática de sus bases de datos. Además, hace una petición mucho mas general: que la Universidad aporte cualquier dato o información que permita conocer quién accedió a la base de datos y “procedió a efectuar capturas de las pantallas posteriormente divulgadas” por eldiario.es.

El juez también reclama que se entregue a los agentes de la Guardia Civil un listado con todas las personas que tenían autorización para acceder a la base de datos, con detalle de los permisos que tenían. Por último, la providencia pide al Juzgado de Instrucción número 51, el que investiga el caso Máster, que entregue toda la documentación que pueda ayudar a la investigación del origen de la noticia.

La Fiscalía impulsó que se investigase

El juez ha ordenado estas diligencias de investigación a instancias de de la Fiscalía, que desde el primer momento apoyó que se investigase el origen de la exclusiva sobre el máster. El Ministerio Público, sin embargo, no ha pedido ninguna diligencia de investigación en la investigación concreta sobre el máster de Cifuentes.

La Fiscalía de Móstoles tuvo la investigación en sus manos desde la denuncia que presentaron los estudiantes, pero apenas investigó. Recopiló información y solo interrogó a una de las profesoras. El caso quedó luego en manos de la jueza que en dos meses ha imputado a todos los protagonistas y cercado a la expresidenta.

A pesar de ello, fuentes de la Fiscalía defienden su actuación. No han pedido ninguna diligencia a la jueza, ni siquiera se han pronunciado si la magistrada no se lo pedía explícitamente, pero afirman que no es señal de inacción. No pronunciarse sobre lo que ordena la jueza “en la práctica significa que está de acuerdo”.

Sí se han opuesto, sostienen las mismas fuentes, a la pretensión de Enrique Álvarez Conde, responsable del instituto que impartía el máster, de que la investigación no se extendiese al máster de Pablo Casado porque sostienen que podría tratarse de un “delito continuado”. Añaden, además, que el 'Caso Máster' tiene una fiscal con dedicación exclusiva.

Cristina Cifuentes pide hasta cinco años de cárcel para los periodistas de eldiario.es Ignacio Escolar y Raquel Ejerique por un delito de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de “fines lucrativos”. La querella cita varias sentencias para apoyar su pretensión de investigar el origen de la exclusiva sobre el máster de la expresidenta, pero una de ellas precisamente considera que el expediente académico no es información sensible.

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la jefa de Política Social, Raquel Ejerique, recogieron este jueves el escrito de la querella. Se basta entre otras cosas, en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) que fue falsificada e insiste en que Cifuentes “cursó el Máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico” en la universidad pública Rey Juan Carlos durante el curso 2011/2012, “aprobando todas las asignaturas con los criterios de calificación y evaluación que para cada una de ellas establecía el profesor correspondiente”.

La parte final del escrito cita algunas sentencias y textos legales para sostener que se investigue la filtración de los datos. En concreto, los abogados de Cifuentes hacen mención a una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que se pronunció sobre un caso parecido: un medio de comunicación que publicó datos como el acta y las notas de un abogado de renombre.

El escrito se centra en un párrafo de ese fallo. En él se explica que la libertad de información no justifica las conductas tipificadas en el artículo 197 de Código Penal, el de revelación de secretos que Cifuentes atribuye a los periodistas de eldiario.es. Además, añade la sentencia que en la investigación periodística no vale todo “por relevante que pueda ser la noticia para la causa pública”, salvo que se quiere dar a los periodistas “una auténtica patente de corso”.

Sin embargo, la sentencia entra luego de lleno en analizar si un expediente académico contiene “datos sensibles”, unos párrafos que ya no se recogen en la querella de la expresidenta. En ellos se indica que el Tribunal Supremo ya apuntó en una sentencia de 1999 que “no todos los datos de carácter personal o familiar” están amparados por el delito de revelación de secretos.

Así, dice la sentencia del Supremo que “la norma requiere la existencia de un perjuicio añadido”, más allá de que alguien acceda a unos datos que no son públicos. Tal perjuicio se producirá cuando se trate de datos “que el hombre medio de nuestra cultura considere sensible por ser inherente al ámbito de su intimidad más estricta”.

Añade que ese tipo de datos, protegidos por estar en una esfera de intimidad, deben “pertenecer al reducto de los que, normalmente, se pretende que no trasciendan fuera de la esfera en que se desenvuelve la privacidad de la persona y su núcleo familiar”.

El tribunal que analizó este caso, en el que no solo se publicaron datos sobre el expediente académico del protagonista de la noticia, toma esta sentencia del Supremo como referencia y concluye: “Los datos del expediente académico, aún admitiendo su carácter personal, no tienen la consideración de sensibles a que se refiere la citada sentencia”. Esto es porque se limitan a calificaciones, asignaturas y fecha de los exámenes, lo que el tribunal no considera dentro de la “intimidad más estricta”.

Datos “especialmente protegidos”

La querella de Cifuentes insiste en que no se dirige contra eldiario.es como medio de comunicación, sino que dirige la acción penal contra quienes “han allanado y vulnerado la legislación en materia de protección de datos de carácter personal”. En otro punto de la querella se asegura que esos datos están “especialmente protegidos” por la Ley de Protección de Datos.

Sin embargo, esa norma no hace referencia alguna a los expedientes académicos en el epígrafe de “datos especialmente protegidos”. En ese apartado la ley incluye, por ejemplo, la ideología, afiliación política o sindical, la religión o las creencias, así como los relacionados con la salud o la vida sexual.

La querella sigue su curso con el apoyo de la Fiscalía, que quiere que se investigue la fuente de la filtración. Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) destacan en un comunicado que, en ocasiones, las “filtraciones son el único medio posible de que información relevante de interés público salga a la luz”. “Numerosos casos en la historia del periodismo de investigación en todo el mundo han tenido su origen en filtraciones”, añaden.

Por eso, recuerdan que España aún tiene pendiente aprobar una ley que proteja a los denunciantes de corrupción: que se les garantice el anonimato o que, por ejemplo, la Fiscalía pueda dejar de acusar por el delito de revelación de secretos cuando la información obtenida pueda fundamentar la persecución de graves delitos de corrupción y sea de prevalente interés público para la ciudadanía.

“La PDLI teme el hecho de que la querella contra eldiario.es sea un instrumento para acceder a la fuente de las informaciones publicadas, cuya protección es uno de los deberes profesionales de los periodistas. En este caso, se trataría de una grave injerencia en el derecho constitucional a informar y a ser informado, y de una amenaza inaceptable contra el periodismo de investigación”, concluye esta plataforma.

El Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), una de las asociaciones en defensa de los derechos de los periodistas más importantes a nivel internacional, ha condenado en un comunicado la querella presentada por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar y su jefa de Política Social, Raquel Ejerique, por inv4stigar el caso de su máster.

Según ha apuntado el director adjunto del IPI, Scott Griffen, ha asegurado que la querella es un “evidente y torpe ataque contra la libertad de los medios de comunicación en España”.

“Perseguir una historia no es ningún delito”, ha añadido. “Ignacio Escolar y Raquel Ejerique están siendo señalados por hacer su trabajo. El tribunal debería desestimar de manera inmediata y definitiva”, ha concluido.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), asociada con la IPI, ha mostrado también su apoyo a los dos periodistas de eldiario.es“. La PDLI ha alegado ”temer que dicha querella sea un instrumento para acceder a la fuente de las informaciones publicadas, en cuyo caso se trataría de una grave injerencia en el derecho constitucional a informar y a ser informado“.

“El interés público y la relevancia -del caso- han quedado fuera de toda duda, entre otras cosas, por las consecuencias políticas de la información revelada”, ha declarado la PDLI.

El IPI ya denunció la situación a la que se enfrentan Ejerique y Escolar por hacer su trabajo el pasado 29 de mayo, poco después de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid presentase la querella contra los periodistas por actuar, según Cifuentes . “ciegamente” y con el único objetivo de conseguir una exclusiva.

La querella con la que Cristina Cifuentes quiere enviar a la cárcel al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y a la jefa de Política Social, Raquel Ejerique, toma como pruebas de sus supuestos delitos las notas que se han demostrado falsificadas y el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) que la Universidad Rey Juan Carlos fabricó como coartada para la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.

Con estos mimbres, la representación de legal de Cifuentes arma un escrito en el que concluye que debe aplicarse a los periodistas el tipo agravado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido, además, de forma continuada. La acusación aduce también que los periodistas de eldiario.es actuaron “con fines lucrativos” y que, por todo ello, se les debería condenar a penas de entre dos años y medio y 5 de cárcel.

La letrada Julia Covadonga firma la querella el 4 de abril de 2018, el mismo día que El Confidencial reveló que dos de las tres firmas del acta del TFM de Cifuentes estaban falsificadas. Para entonces, la presidenta de Madrid sabía que le habían fabricado el acta y que el rector, Javier Ramos, y el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, habían mentido durante una comparecencia pública a las horas de la exclusiva de eldiario.es sobre el máster, el mismo 21 de marzo anterior.

A pesar de ello, la querella contra los periodistas insiste en que Cifuentes “cursó el Máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico” en la universidad pública Rey Juan Carlos durante el curso 2011/2012, “aprobando todas las asignaturas con los criterios de calificación y evaluación que para cada una de ellas establecía el profesor correspondiente, incluido el Trabajo de Fin de Máster”.

La querella que ha provocado la imputación de los periodistas de eldiario.es insiste en hechos ya demostrados falsos: “La totalidad de los créditos fueron superados durante el mencionado año académico, como consta en el certificado de notas emitido por la propia URJC”.

Como si nada hubiera ocurrido después de la exclusiva de eldiario.es, la querella se retrotrae al momento en que Cifuentes todavía defendía que sus dos “no presentado” convertidos en “notable” se debían a “un error en la transcripción de dichas notas al sistema informático”.

La letrada opta por citar uno de los hechos que condenó políticamente a Cifuentes: la desafiante intervención en redes sociales advirtiendo de que iba a seguir siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid. “La propia señora Cifuentes mostró dichos documentos y dio las explicaciones pertinentes en un mensaje en directo a través de las redes sociales Instagram, Periscope, Facebook, etc… la noche del 21 de marzo, mismo día en el que se publicó el primero de los artículos”, insiste la letrada.

A pesar de ello, los periodistas de eldiario.es “continuaron difamando” con sus artículos y “manipulando una realidad que se tenía que acomodar a la gran calumnia de la falsificación de su título académico”, continúa la querella. Para la letrada, los datos académicos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tales como las calificaciones o el pago de tasas, tienen un “carácter personal” y carecen del “interés general” que justificaría su difusión de acuerdo al ejercicio de la libertad de información.

“En periodismo no vale todo”

La querella asegura que los periodistas actuaron “cegados” por conseguir “una lucrativa exclusiva” y que en periodismo “no vale todo, como lo demuestra que el resto de periodistas y medios de comunicación no hayan desvelado ningún expediente académico por vías delictivas”.

La comparecencia del rector Ramos y de Álvarez Conde el 21 de marzo sirvió, dice, para dar “las explicaciones pertinentes sobre los hechos” y la querella cita un textual de los comparecientes: “La señora Cifuentes fue tratada como cualquier alumno y alumna de esta universidad”.

La querellante se indigna por el hecho de que eldiario.es no tuviera “en cuenta la información oficial de la URJC” y siguiera “publicando artículos que, además de rematadamente falsos en cuanto a su contenido y repletos de manipulaciones de la realidad con un único y exclusivo fin difamatorio, seguían alardeando de haber accedido, y seguir accediendo, a los datos de carácter personal y reservado de la señora Cifuentes”.

Ramos ha declarado ante la jueza del caso máster que cuando compareció ante los medios pensaba que los documentos eran verdaderos. Álvarez Conde no necesitó ni ir al juzgado, donde también ha comparecido, y en una entrevista concedida a Onda Cero dos días después de que Cifuentes presentara su querella reconoció haber impartido instrucciones para que se falsificara el acta del TFM por orden del rector.

eldiario.es quiere “desprestigiar” a la URJC

Una decena de personas están imputadas a día de hoy en el caso máster, entre ellas la profesora que falsificó la firma de sus dos compañeras de tribunal. Sin embargo, para Cifuentes, es eldiario.es quien está “imputando a todos los profesores delitos de prevaricación y falsedad”. “Parece un sistemático intento de descalificación y desprestigio de la URJC y del sistema educativo de dicha universidad”, añade sobre el trabajo periodístico de este medio.

A pesar de estas afirmaciones, el escrito asegura que “no se trata de callar a nadie”, en referencia al artículo del director de eldiario.es bajo el título Cifuentes no nos va a callar, publicado al conocerse la presentación de la querella. Es más, según la letrada, la querella no va contra el medio, a pesar de estar presentada contra su director y contra la autora de la información “sino contra quienes, entendemos, han allanado y vulnerado la legislación en materia de protección de datos de carácter personal”. “No se trata de un ataque contra la libertad de información ni contra el mensajero, sino más bien se trata de proteger derechos fundamentales de los que es titular, en este caso, mi representada”, añaden.

Escolar y Ejerique acudieron este jueves a la cita en el juzgado para recoger la querella presentada por Cifuentes y admitida a trámite por el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Pedro Antonio Domínguez. Ninguno de los dos pretendía, deja entrever la querella, cumplir con su obligación de informar, sino “lucrarse”.

De pasada, el escrito habla de otra iniciativa contra los periodistas, una segunda querella por injurias y calumnias que Cifuentes no ha presentado cuando ya se han cumplido tres meses de la exclusiva de eldiario.es. El escrito propone, por ahora,  interrogar a los acusados, los dos periodistas más un profesor de la universidad al que identifica como la supuesta fuente, así como una pericial para conocer la “identidad del responsable del acceso” al expediente académico de Cifuentes en la base de datos de la URJC para entregárselo a los periodistas.

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la jefa de Política Social, Raquel Ejerique, han acudido esta mañana a los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid para recoger la querella de la expresidenta regional Cristina Cifuentes contra ellos por un delito de revelación de secretos por las informaciones que destaparon el caso Máster, afirmando que tras su lectura han encontrado “unas cuantas mentiras” que no sostienen la acusación.

“No me sorprende nada porque Cristina Cifuentes ha mentido ante el Parlamento, ante rueda de prensa, ante los ciudadanos y ahora, miente ante el Juzgado”. Así de rotundo lo ha dicho el director de eldiario.es, quien junto a la jefa de Política Social están querellados por un delito penado en sus tipos agravados con hasta siete años de cárcel.

Los periodistas han destacado que se encuentran “muy tranquilos”, ya que les protege su derecho constitucional a no revelar sus fuentes y es algo que harán cuando se les cite a declarar como investigados en el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid.

Tras recoger la querella, Escolar ha insistido en que con las informaciones que publicaron durante 35 días no cometieron “delito algún”. “Lo que hemos revelado son presuntos delitos que se están investigando en este mismo edificio en otro juzgado”, ha afirmado en relación al caso que instruye la juez Carmen Rodríguez-Medel en el que ya hay catorce imputados, entre ellos la expresidenta regional por cohecho y falsedad documental.

Sobre el caso, el periodista ha detallado que una de las “mentiras” de la exmandataria madrileña por ejemplo es su afirmación acerca de que “fue un error administrativo el que provocó que su expediente cambiara. ”Y eso, en el Juzgado se está demostrando que no es así“, ha aseverado.

Escolar cree que Cifuentes intentó el pasado martes ganar tiempo alegando que sufría migrañas para evitar declarar ante la jueza, manifestando que le da la “impresión” de que eligió una enfermedad difícil de acreditar por un forense.

En su opinión, quería prolongar su declaración para esperar “si imputan a Pablo Casado --candidato a presidir el Partido Popular-- y con ese argumento pedir que su caso vaya al Tribunal Supremo”.

“En el Supremo los jueces son nombrados directamente por el Poder Judicial, nombrado directamente por el Parlamento. Es probable que tenga jueces más favorables que los que encuentra en Plaza Castilla. Pero eso en el fondo es un fraude. Cifuentes es un ciudadano más. Hoy no está aforada. Y tiene que responder ante el mismo Juzgado que vengo yo”, ha dicho.

“Nos intentó callar”

Tras afirmar que está “muy tranquila” con sus informaciones periodísticas, Ejerique ha subrayado que con esta querella Cifuentes les intentó “callar” en un momento.

“Es un aviso a navegantes. Pero hay que decir claro y alto que la misión de los periodistas es revelar secretos y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros y tantos otros compañeros. No nos asustan con las amenazas de cárcel ni de querellas”, ha recalcado.

Así, ha señalado que les asiste el derecho a informar y el derecho de los ciudadanos a ser informados. “Lo hemos hecho con veracidad y asumiremos el recorrido de la querella y lo volveríamos a hacer. Si tenemos la oportunidad de volver a destapar secretos, lo volveremos a hacer porque es la misión de cualquier periodista”, ha agregado.

También ha querido agradecer que hayan sido apoyados por “colegas” y asociaciones de la prensa, tachando de “intolerable” el hecho de que Cifuentes haya pedido en la querella investigar a todas las fuentes que participaron en la información.

“Socialmente y periodísticamente es un clamor que acciones como estas no se deben consentir en Democracia. Publicamos información durante 35 días y había muchas fuentes. No las vamos a revelar. Los hechos son sagrados y las fuentes son sagradas. Este antiguo lema del periodismo está vigente y jamás lo vamos a revelar”, ha zanjado.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), respaldan “plenamente” el derecho al secreto profesional que han ejercido el director de eldiario.es, Ignacio Escolar y la jefa de Política Social, Raquel Ejerique, tras ser citados por el Juzgado de Instrucción número 29 en relación con la querella presentada por Cristina Cifuentes contra ellos por investigar su máster.

Este mismo jueves, el magistrado Pedro Antonio Domínguez ha citado a ambos periodistas “en calidad de querellados” para el próximo 28 de junio a las 10:00 horas “al objeto de dar traslado de escrito de querella” presentado por la representación legal de Cifuentes.

La comunicación de la querella significa que el magistrado ha admitido a trámite la misma y que, previsiblemente, los periodistas serán llamados a declarar próximamente en calidad de querellados.

“El secreto profesional es un derecho de los periodistas y tiene una doble finalidad: de un lado, ampara al periodista de los requerimientos de terceros (la Administración o los tribunales) para que revele sus fuentes, de otro, ampara también a la fuente que le ha suministrado la información”, ha recordado la FAPE.

En este sentido, ha señalado que los dos periodistas de eldiario.es “no están obligados” a revelar a quienes les facilitaron la información. Además, ha asegurado que respeta la independencia de la Justicia y subraya que “el ejercicio libre del periodismo es un pilar básico de los sistemas democráticos y garantía fehaciente del derecho de información de los ciudadanos”.

En un comunicado, la APM ha trasladado su apoyo a Ejerique y Escolar, ya que considera que ambos “ejercieron escrupulosamente” su derecho a la libertad de expresión y de información a través del uso de “informaciones veraces, diligentemente contrastadas” para comunicar “un hecho de indudable interés general”.

Según han afirmado, la organización considera que el derecho de un periodista a no revelar sus fuentes supone “un pilar indiscutible e imprescindible del ejercicio del periodismo”, tal y como refleja el artículo 20 de la Constitución.

No obstante, han apuntado que respetan “como no podía ser menos” la independencia de la Justicia, pero reclaman que los periodistas puedan ejercer su trabajo de forma libre e independiente de los poderes.

Es por ello que piden al fiscal del caso que tenga “muy presente que el secreto profesional del periodista es la garantía básica para que los profesionales puedan hacer su trabajo”. A juicio de la APM, la pretensión del fiscal “está completamente fuera de lugar en lo que al trabajo de los periodistas de eldiario.es se refiere”.

Comunicado íntegro de la APM

Comunicado íntegro de la FAPE:

El juez Pedro Antonio Domínguez ya tiene encima de su mesa la posición de la Fiscalía de Madrid sobre la querella de Cristina Cifuentes contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la jefa de Política Social, Raquel Ejerique. El Ministerio Público ha pedido al magistrado que practique diligencias que permitan averigüar quién es la fuente o las fuentes de la exclusiva de este medio de comunicación que provocó, a la postre, la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid por haber aprobado un máster con notas falsificadas.

Esas diligencias, según han informado a eldiario.es fuentes del Ministerio Público, deben estar orientadas a averiguar quién o quienes entraron en la base de datos de la Universidad Rey Juan Carlos para obtener los datos con los que se elaboró la información. La Fiscalía de Madrid también quiere saber la identidad de quien hizo un pantallazo y si se trata de la misma persona o personas que supuestamente entregaron la información a los periodistas.

La querella de Cifuentes se centra en un supuesto delito de revelación de secretos, según las citadas fuentes. Así reaccionó la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid a la exclusiva Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas, publicada el 21 de marzo. Tres días después, Cifuentes anunció la citada querella. Lo hizo en una intervención en la sede central del Partido Popular ante sus compañeros de partido, que los periodistas pudieron seguir por plasma y sin formular preguntas.

“Todo esto se ha construido sobre la base de una información falsa, parcial y tendenciosa y así va a quedar acreditado. Se van a solicitar las diligencias de pruebas a efectos de acreditar la falsedad de las afirmaciones”, afirmó entonces Cifuentes. Como objeto de la querella señaló expresamente a Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, autora de la información.

La querella fue a parar por reparto al Juzgado de Instrucción número 29, cuyo titular preguntó hace un mes a la Fiscalía sobre su admisión a trámite. La Fiscalía quiere indagar en el presunto delito de revelación de secretos cometido por los funcionarios de la Universidad aunque no aprecia, por ahora, indicios de delito en la actuación de los periodistas, según las fuentes del Ministerio Público consultadas por eldiario.es.

De “no presentado” a “notable”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presumía en su web de tener cursados dos máster, uno de ellos “en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos” de Madrid. Tal y como demostró eldiario.es con documentación de la propia universidad pública, a Cifuentes, entonces delegada de Gobierno en Madrid, le cambiaron la nota de “No presentado” a “Notable” dos años después de matricularse y sin mediar nueva matrícula. Lo hizo una funcionaria que no trabajaba en el servicio de posgrado ni siquiera en el mismo campus donde se impartía.

La política del PP se matriculó en este máster en el curso 2011/2012 y pagó los correspondientes 1.586,39 euros. Según su expediente de notas, al que tuvo acceso este medio, aprobó todo ese mismo curso. Sin embargo, un pantallazo del sistema de gestión de alumnos de la URJC ( aquí puedes ver el documento ampliado) revela otra cosa. En 2011-12 aparecían como “No presentado” o “-”, que es lo mismo, dos materias: 'La financiación de las comunidades autónomas' y el 'Trabajo Fin de Máster'.

La exclusiva, publicada a primera hora de la mañana, tuvo respuesta de Cifuentes al acabar el día 21 a través de su cuenta de Twitter. En un vídeo mostraba los documentos que supuestamente probaban que cursó el máster. “A quienes queréis que me vaya, no me voy… me quedo”, decía enfáticamente en ese vídeo.

Esos documentos incluían el acta firmada por el tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes. Dos de esas firmas se ha demostrado que son falsas. La presidenta del tribunal ha dicho a la Policía Judicial que ella nunca examinó a Cifuentes y confirmó que su firma está falsificada.

Cifuentes presentó una segunda querella contra los mismos periodistas por un presunto delito de injurias y calumnias. En el acto de conciliación del pasado 21 de mayo, Escolar y Ejerique se ratificaron en las informaciones publicadas y en su veracidad. Tres semanas después, eldiario.es sigue sin tener noticias de que Cifuentes haya decidido seguir adelante con la querella después de la comparecencia de los periodistas en el juzgado.

La querella presentada la semana pasada por Cristina Cifuentes contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la jefa de Política Social, Raquel Ejerique, descansa en el Juzgado de Instrucción número 29 a la espera de que su titular, Pedro Antonio Domínguez, la remita a la Fiscalía de Madrid para que se pronuncie sobre su admisión a trámite. El Ministerio Público aguarda el contenido de la misma después de que Domínguez haya decidido que va a consultarle antes de pronunciarse, informan fuentes jurídicas.

La consulta previa a la admisión a trámite es una facultad de los jueces de instrucción que pueden ejercer si así lo consideran oportuno, ya sea por la dificultad del asunto o la relevancia del mismo. La Fiscalía, que aguarda aún que el magistrado ejecute su decisión, no tiene plazo para responder. Esa consulta no es vinculante y Pedro Antonio Domínguez será quien tenga la última palabra sobre si investiga a los dos periodistas.

Una querella “criminal”, como la bautizó Cifuentes, fue la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid a la exclusiva de eldiario.es bajo el título Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas, publicada el 21 de marzo. Tres días después, Cifuentes anunció la citada querella. Lo hizo en una intervención en la sede central del Partido Popular ante sus compañeros de partido, que los periodistas pudieron seguir por plasma y sin formular preguntas.

“Todo esto se ha construido sobre la base de una información falsa, parcial y tendenciosa y así va a quedar acreditado. Se van a solicitar las diligencias de pruebas a efectos de acreditar la falsedad de las afirmaciones”, afirmó entonces Cifuentes. Como objeto de la querella señaló expresamente a Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, autora de la información.

La exclusiva, publicada a primera hora de la mañana, había sido respondida por Cifuentes al acabar el día 21 a través de su cuenta de Twitter. En un vídeo mostraba los documentos que supuestamente probaban que cursó el máster. “A quienes queréis que me vaya, no me voy… me quedo”, decía enfáticamente en ese vídeo.

Esos documentos incluían el acta firmada por el tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes. Dos de esas firmas se ha demostrado que son falsas. La presidenta del tribunal ha dicho a la Policía Judicial que ella nunca examinó a Cifuentes y confirmó que su firma está falsificada.

La información de las firmas falsas fue adelantada por elconfidencial.com en la madrugada del 4 de abril. La tarde anterior o esa misma mañana del día 4 fue presentada la querella en los Juzgados de Plaza de Castilla. El escrito judicial fue dirigido, como todos, al Decanato, que aplicó las normas de reparto y acabó así en el Juzgado 29.

El 5 de abril, la Fiscalía de Móstoles decidió abrir una investigación a raíz de la denuncia presentada por colectivos de estudiantes, a la que se unió otra presentada por la propia Universidad Rey Juan Carlos. El Ministerio Público ha encargado una investigación preliminar a la Unidad Adscrita de Policía Judicial, que ha interrogado a la presidenta del tribunal. Esta aseguró a los policías que nunca formó ningún tribunal que examinara a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según adelantó eldiario.es, Alicia López de los Mozos reconoció ante los agentes que su firma ha sido falsificada y que participó en el engaño por las coacciones del director del máster, Enrique Álvarez Conde, quien la amenazó con sabotear su carrera en la Universidad, relató la docente a los agentes. También les dijo que tiene grabaciones que demuestran estas coacciones.