El conocido juez de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Alfonso González Guija, pasará del tribunal al banquillo este lunes. Según ha informado el blog 'Euskizofrenia' y ha confirmado este periódico de fuentes policiales, el magistrado se tendrá que enfrentar a un juicio rápido en Vitoria tras haber sido detectado por la Ertzaintza conduciendo con 0'87 milígramos de alcohol por litro de sangre, una cantidad tipificada como delito contra la seguridad vial.

González Guija fue sometido a un control rutinario en la ruta entre Vitoria y Bilbao el pasado martes por la noche y arrojó un resultado muy desfavorable. El magistrado, de larga trayectoria, ha sido decano de Bilbao y también condecorado por la Ertzaintza y por la Guardia Civil. Este tipo de delitos, en principio, no tienen aparejadas consecuencias disciplinarias.

Precisamente una sentencia de un juicio presidido recientemente por este juez está en el centro de la polémica. González Guija y otros dos compañeros condenaron a 11 años de prisión a un profesor del colegio del Opus Dei Gaztelueta. Esta misma semana el centro escolar ha atacado duramente al tribunal.

El colegio masculino del Opus Dei Gaztelueta, emplazado en una colina de Leioa con vistas al mar, se ha situado este jueves en otra atalaya, esta vez por encima de la Justicia y del Estado de Derecho, al manifestar en una rueda de prensa celebrada en el propio centro educativo que el profesor José María Martínez Sanz, condenado a 11 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Bizkaia por haber abusado sexualmente de manera continuada de un antiguo alumno de entonces 12 y 13 años, es “inocente”. Según el presidente del consejo de administración que gestiona el colegio, Juan Anguisola, y el director, Imanol Goyarrola, “no existe ninguna prueba” más allá de la palabra del denunciante, cuyas supuestas inexactitudes e incoherencias han criticado duramente hasta el punto de sugerir abiertamente que todo es un montaje.

“Por si no ha quedado lo suficientemente claro, yo sigo creyendo en la inocencia del profesor”, ha recalcado un Goyarrola visiblemente enojado al término de una larga comparecencia que se ha completado con una visita al despacho del colegio en el cual, según los hechos probados por la Justicia, Martínez Sanz llevaba con una frecuencia de hasta dos veces por semana a la víctima y en la que se produjeron desde caricias y tocamientos hasta episodios más graves. El director, que se ha mostrado nervioso ante algunas preguntas de los medios de comunicación derivadas de la firmeza de sus aseveraciones y lo sorprendente de la escenificación, ha destacado que muchas de las afirmaciones del joven eran mentira porque “medio centenar” de compañeros y profesores de Gaztelueta así lo han atestiguado. De manera sorpresiva, algunos de ellos se han colado entre los periodistas y han intervenido en la rueda de prensa para dejar claro que allí no pasó nada.

“¿El joven [nunca la víctima en el discurso perfectamente planificado de Gaztelueta] dice la verdad y medio centenar miente? ¿Alguien se ha planteado que si todos dicen lo mismo es porque es verdad?”, se ha preguntado Goyarrola en voz alta. El matiz es que, como recoge la sentencia, se detectó en todos ellos un discurso homogéneo en los términos y conceptos empleados, lo que prueba la mano del colegio para que coordinasen versiones. Es más, el director se ha visto obligado a confirmar la información publicada por este periódico y ha admitido que el centro escolar redactó por escrito muchos de esos testimonios para que luego los firmaran ante notario los testigos y el abogado del condenado, Eduardo Ruiz de Erenchun, pudiese aportarlos como prueba en el procedimiento penal. ¿Y quién pagó el notario? “Lo pago el colegio”, ha asumido Goyarrola, que ha querido remarcar que todos lo hicieron “libremente” y no ha podido precisar si alguno de ellos se negó a suscribir las actas de manifestaciones. En el juicio, solamente un excompañero de la víctima rompió esa omertá y declaró que era público y notorio en el centro que el docente sacaba a su despacho al joven con más frecuencia que al resto y que ello, además, motivó burlas y comentarios. Ese acoso escolar paralelo, probado por la inspección de Educación y por la Fiscalía de Menores, también es “supuesto”, según Gaztelueta.

“El joven no estaba descontento en Gaztelueta”, ha sentenciado el director. Ha añadido también a modo de “anécdota” que la víctima llamó entre lágrimas a antiguos compañeros cuando su familia optó por trasladarle de colegio. No ha sido el único recado a sus padres, ya que les ha acusado de someter a su hijo al foco mediático por haber denunciado el caso en los medios de comunicación. El tribunal, en cambio, interpretó que el paso de contar la historia en la prensa motivó precisamente que se activaran resortes que el colegio antes ni se había planteado.

Gaztelueta, que formalmente “acata” las resoluciones judiciales y condena el abuso sexual a menores, ha criticado duramente al tribunal que enjuició el caso en octubre por no haberse acercado al colegio a ver sus instalaciones y por manipular la declaración de Goyarrola y otros testigos a la hora de redactar la sentencia. Además, ha querido reducir la sentencia a dos versiones contrapuestas cuando, como recoge la extensa resolución de 70 páginas, la versión de la víctima es coherente con lo que ha venido contando desde un inicio y viene avalada por todos los profesionales que le han tratado. Sólo los expertos pagados por la defensa sostienen la hipótesis del relato fabulado o el falso recuerdo y además ha pesado que Martínez Sanz se negara a contestar a cualquier pregunta tanto de la Fiscalía como de la abogada de la familia, Leticia de la Hoz.

Goyarrola, que ha mandado un mensaje de apoyo al condenado y a su familia por el “sufrimiento” que están padeciendo pero que desde que se conoció la sentencia no ha contactado con la víctima y sus padres, ha planteado incluso que él mismo podría haber sido denunciado falsamente, ya que fue el tutor del joven antes que el condenado y tuvo un trato directo con él. Sin embargo, entrando al terreno de las hipótesis, no ha sabido explicar ante los medios por qué si todo ha sido un montaje para desacreditar al colegio y al Opus Dei las acusaciones no fueron contra él, con más rango y galones que el profesor condenado.

El colofón a la comparecencia ha sido una visita al lugar donde se produjeron los abusos. Se trata de un despacho del edificio viejo del centro y que era empleado habitualmente por Martínez Sanz aunque, según el colegio, era un lugar “transitado” por albergar el botiquín o los balones de gimnasia, conveniente visibles hoy en el lugar. Goyarrola, rodeado de camarógrafos y fotógrafos, ha leído en ese lugar cómo la víctima denunció que se le encerraba y se bajaban las persianas, mostrando que lo que hay en la ventana son cortinas. La sentencia, en todo caso, ya aclaró que era un elemento menor qué era lo que se empleaba para oscurecer el lugar, más teniendo en cuenta que el estrés postraumático del menor, que se ha intentado suicidar en varias ocasiones, puede conllevar imprecisiones en asuntos de importancia muy pequeña.

La sala, asimismo, no está tal cual estaba hace una década. Ahora tiene un ventanuco de cristal en la puerta inexistente antaño y que impedía ver desde el exterior lo que ocurría en el interior. Durante la visita, se ha tratado precisamente de escenificar que era un lugar muy transitado, “como la Gran Vía de Bilbao”. Así las cosas, hoy en Gaztelueta todas las puertas de las aulas estaban abiertas durante las clases y numerosos niños y jóvenes salían libremente de ellas en medio de las sesiones. Uno de ellos, de cortísima edad, dejaba el aula a mediodía para ir al cumpleaños de su abuelo. Igualmente, un tutor estaba preceptuando en el despacho de autos con la puerta y ventana abiertas justo antes de la llegada de los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de ese trasiego, nunca nadie observó a Martínez Sanz con la víctima ni le interrumpió en el despacho mientras se desarrollaban las tutorías.

Goyarrola ha asegurado que se ha utilizado este caso para atacar al colegio, a la educación diferenciada, al Opus Dei y a la Iglesia. Actualmente, un millar de niños estudian allí. Sólo en Infantil aceptan a mujeres, ya que en Primaria y Secundaria es un centro exclusivamente masculino. Existe una versión femenina para ellas.

Como se conoció esta semana, la entrada en prisión del reo se ha pospuesto hasta que se resuelva el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por sus abogados. El colegio espera que el asunto se resuelva en el plazo de un año. Entretanto, la familia de la víctima se siente insultada por la actuación del centro y se reserva la posibilidad de tomar medidas.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha fijado para el próximo miércoles, 28 de noviembre, la vista para determinar si el profesor de Gaztelueta y numerario del Opus Dei José María Martínez Sanz, que ha sido condenado ya a 11 años de cárcel por abusos sexuales continuados a un antiguo alumno de ese colegio masculino de Leioa, ingresa en prisión de manera inmediata, como demanda la familia de la víctima. “No nos alegramos de que nadie entre en prisión pero el cumplimiento del Estado de Derecho con una condena de 11 años no exige menos”, valoran desde el entorno del denunciante, ahora ya mayor de edad y que propició al cumplir los 18 años este proceso judicial que ha puesto fin a una pesadilla que se ha alargado casi una década.

La abogada de la familia, Leticia de la Hoz, argumenta jurídicamente que “por la gravedad de la condena” no cabe otra opción que la ejecución inmediata de la pena. Subsidiariamente, además, alude a un posible “riesgo de fuga” de España, siquiera mínimo, ya que el docente estuvo un año destinado en Australia y mantiene contactos allí.

Por el contrario, ni la contundente sentencia ha modificado el comportamiento de Martínez Sanz, quien tras conocer el fallo reiteró en su inocencia y adelantó que recurrirá “mientras pueda”. Su abogado, Eduardo Ruiz de Erenchun, se opondrá a las exigencias de la letrada de la familia de la víctima, Leticia de la Hoz, y planteará posponer toda decisión sobre la entrada en prisión hasta la resolución del Tribunal Supremo. De la Hoz, sin embargo, recuerda que “la casación del Supremo puede durar años” y generaría “alarma social” tener este expediente en 'stand by' todo ese tiempo. Además, para una sentencia de este alcance el máximo legal en prisión preventiva es de cinco años y medio y no hay riesgo de que se vulneren los derechos del reo porque en ese plazo seguro que llega la sentencia firme, defiende.

Lo que es un incógnita es la posición de la Fiscalía ante la petición de ingreso en prisión, ya que en el juicio reclamó inicialmente 3 años de cárcel pero luego planteó una alternativa de 20 meses (que no implica la entrada en prisión por ser menos de 2 años) al no ver probados los tocamientos más graves. Si se opone a la petición de la familia, quedaría abierta la puerta a que el ministerio fiscal acuda también al Supremo para modificar los 11 años de cárcel.

El 30 de diciembre de 2012, unos padres angustiados y apocados contaron públicamente por vez primera la historia de su hijo, entonces adolescente, que había padecido graves abusos sexuales y que el responsable era su profesor o tutor. Aquella situación, además, generó la burla de sus compañeros y graves episodios de acoso escolar y 'ciberbullying'. Los hechos se produjeron cuando el joven cursaba el primer ciclo de Secundaria en un colegio masculino del Opus Dei en Leioa (Bizkaia), que mantiene un concierto con la Administración. Gaztelueta es el más antiguo de las escuelas vinculadas a esta prelatura en España. Ahora, a punto de cumplirse seis años de aquella entrevista, esa familia recibe con “satisfacción” -“que no es lo mismo que alegría”- una sentencia judicial que, por vez primera, certifica que el pequeño, ahora mayor de edad, no mentía. Su preceptor, José María Martínez Sanz, numerario y familiar de una alta autoridad del Estado, ha sido condenado a 11 años de prisión por la Audiencia Provincial de Bizkaia a pesar de que en el juicio, celebrado en octubre, incluso lloró porque se sentía perseguido e injustamente señalado.

El tribunal tiene muy claro que la versión del chico es creíble. La sentencia de los magistrados Alfonso González-Guija, Juan Manuel Iruretagoyena y Jesús Agustín Pueyo, fechada a 13 de noviembre pero conocida este jueves, desgrana a lo largo de 70 páginas que no hay “ningún motivo” para dudar de una denuncia que, tras varios intentos fallidos, interpuso la propia víctima como último cartucho al poco de cumplir la mayoría de edad y antes de su décimo noveno cumpleaños, cuando habrían prescrito los delitos. Destaca también que sólo se ha perseguido justicia, nunca “venganza”.

Destaca que todos los profesionales que le han tratado corroboran que su relato es sólido y sin fisuras, al margen de pequeños detalles confusos fruto del estrés postraumático y de su corta edad, madurez e inexperiencia sexual en el momento de los hechos. Es más, recuerda el tribunal que sólo los peritos contratados por la defensa sostiene la teoría del relato inventado o falso recuerdo y les afea que plantearan esa hipótesis únicamente desde la “teoría” y no basándose en hechos reales, cuando ese tipo de comportamientos son tremendamente excepcionales.

“Aislamiento”

Se dan como “hechos probados” que Martínez Sanz sacaba a la víctima para sesiones de tutoría individuales con más frecuencia que al resto de alumnos y que esas preceptuaciones se hacían en un despacho de Gaztelueta que, en aquellas horas, ofrecía “clandestinidad”. También se ha constatado que el maestro se prevalió de su “autoridad” e “influencia” para ir ganando confianza y satisfacer su ánimo libidinoso.

Los abusos comenzaron con preguntas sobre la vida sexual del estudiante -en aquella época tenía entre 11 y 13 años- y siguieron con un primer contacto físico cuando el maestro lo sentó en sus rodillas con la excusa de mostrarle unas notas en la pantalla del ordenador. Según los jueces, no era precisamente un móvil el elemento duro que notó el chico, como arguyó el abogado del acusado, Eduardo Ruiz de Erenchun, en su alegato final de conclusiones. Y vinieron más tocamientos, así como “indicaciones” para llevara a cabo en su presencia prácticas sexuales explícitas.

La reiteración de esas tutorías -hasta dos veces a la semana con una duración de incluso 50 minutos- generó que muchos de sus compañeros se burlaran de él, aunque el tribunal no ve “acreditado” que el acusado incitara estos comportamientos directamente o que los conociera. Ya en su momento la Fiscalía de Menores condenó a varios alumnos de Gaztelueta por estos hechos, que siguieron una vez que la víctima dejó el centro para el segundo ciclo de Secundaria. Precisamente este 'bullying' motivó una primera crisis del joven, que vio que su pesadilla continuaba aun alejado del colegio de Leioa, y que empezara a verbalizar los hechos ocurridos en los dos cursos anteriores.

Para los magistrados, hay que tener en cuenta la “gravedad” de los hechos pero también su “pluralidad y variedad” y que, además, fuesen cometidos por alguien “dedicado a la docencia” y encargado de tutorizar a menores. No es menos relevante, añaden, las “indudables repercusiones” que estos hechos han tenido en la vida de la víctima y de su familia, que se han traducido en intentos de suicidio, tratamientos médicos que todavía prosiguen e incluso un cambio de residencia de Euskadi a La Rioja. “Aislamiento” es la palabra que se emplea en el fallo para describir estos años en la vida del exalumno de Gaztelueta.

En este sentido, la condena de 11 años va mucho más allá de la pena solicitada por la Fiscalía, que pidió 3 en primera instancia y luego planteó una “alternativa” de 20 meses al término del juicio porque no creyó que los hechos más graves descritos por la víctima, verbalizados con el paso del tiempo y no en sus primeras declaraciones, estuviesen lo suficientemente acreditados. La abogada de la familia, Leticia de la Hoz, pedía una condena de 14 años (10 de cumplimiento efectivo) aunque ella y sus clientes están satisfechos con el resultado. El fallo lleva aparejada igualmente una orden de alejamiento de 15 años.

“Empezar a vivir”

“Estamos satisfechos. Son muchos años dando la cara. A veces el ser muy tenaz y estar ahí da sus resultados. Espero que esto suponga una herramienta para que mi hijo pueda empezar a vivir”, valora Juan Cuatrecasas, padre del denunciante y portavoz habitual de la familia en estos años. Desea igualmente “que todos los que se han dedicado a difamar y mentir rectifiquen”. “La sentencia es lo suficientemente contundente para que esas personas rectifican”, apostilla.

El tono del colegio Gaztelueta, en cambio, es muy diferente. El centro, en su comunicado oficial, obvia a la familia y a la víctima y muestra su sorpresa por la condena porque “varias instancias habían desestimado las acusaciones”. En realidad, ese relato esgrimido por la defensa era inveraz, puesto que éste ha sido el primer juicio celebrado al respecto, como queda patente en la sentencia:

- La Fiscalía de Menores que analizó (y probó) el acoso escolar no era competente para enjuiciar a un adulto.

- La causa abierta en 2013 por el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, tras las primeras noticias en prensa y que quedó archivada después no constituyó 'cosa juzgada' en ningún momento.

- Y la investigación de la Iglesia, que tampoco vio los abusos, no es homologable en un Estado de Derecho a los tribunales. Es más, la sentencia deja claro que la declaración de la víctima ante el instructor eclesiástico tiene muy poco valor: “Imaginamos el grado refractación que estas concretas personas pudieron provocarle”. El instructor de aquella causa, Silverio Nieto, es ahora miembro de la oficina creada por el Vaticano para aclarar los abusos en la Iglesia católica.

En general, la resolución judicial es muy crítica con el colegio. Censura, por ejemplo, la investigación interna realizada luego de que los padres, en 2011, se dirigieran al centro a pedir explicaciones. Afea, además, que los testigos de la defensa, antiguos profesores y alumnos, hayan seguido un discurso común: “Los testimonios de las personas vinculadas al centro escolar no nos han convencido porque han expresado un discurso tan homogéneo, tan simétrico y tan uniforme que induce a pensar en una estudiada estrategia defensiva”. En el juicio salió a la luz que el colegio había redactado (y pagado) unos escritos que rechazaban de plano que se produjeran abusos, unas actas notariales que empleó la defensa de Martínez Sanz para probar su inocencia.

El abogado Ruiz de Erenchun sostuvo también que la madre indujo a su hijo al relato y que el padre fue quien le mostró fotografías eróticas desde su 'blog' de cine. La sentencia no sólo lo rechaza sino que destaca el papel de ambos progenitores para sacar a la luz los hechos y ayudar a su hijo. “La conducta de los padres no puede ser calificada de otro modo que normal, la que seguiría cualquiera”, se puede leer en el documento judicial. Es más, muestran su comprensión a que en 2012 tuvieran que recurrir a la prensa para impulsar la investigación dada la cerrazón de Gaztelueta. Era “dar salida a un sentimiento de indignación”.

La familia espera que su caso ayude a otras personas en su misma situación. “Hemos estado en contacto con otras víctimas y lo que sí espero es que, a partir de ahora, todos los que pasan por estos trances puedan denunciar”. Con todo, la batalla judicial no se ha acabado: el condenado recurrirá “mientras pueda”.

El colegio masculino del Opus Dei Gaztelueta ha reaccionado con un comunicado a la sentencia que condena a 11 años de prisión al antiguo docente José María Martínez Sanz por abusos sexuales “continuados” a un alumno del primer ciclo de la ESO hace una década. El centro, en su nota, se olvida de la víctima y de su familia y parece justificar su actuación porque “varias instancias” habían “desestimado las acusaciones”, si bien éste ha sido el primer juicio penal sobre este tema.

El centro asegura que el “compromiso” de la dirección “frente a cualquier situación de abuso o acoso que pueda sufrir un menor” es firme y que ha quedado clara la “determinación” en la lucha contra ese “gravísimo delito”. Sin embargo, añade: “Estamos muy afectados. Varias instancias que habían intervenido hasta ahora habían desestimado las acusaciones”. Sin tener ninguna palabra de apoyo a la víctima -cuando en el pasado sí las hubo para el agresor-, la nota oficial se cierra recordando que puede haber recursos y que aún no hay una “resolución definitiva”.

Durante el juicio, se conoció que el colegió redactó y pagó unas actas notariales de las que se valió la defensa de Martínez Sanz. En ellas, alumnos y profesores del centro defendían la inocencia del maestro y cuestionaban la versión del denunciante. Igualmente, insistieron en que era “imposible” que se produjeran los abusos a pesar de las lagunas de su investigación interna.

El Parlamento Vasco, al hilo de la sentencia del 'caso Margüello' de irregularidades en Sanidad durante el mandato de Gabriel Inclán (PNV) que da por probada la existencia en las adjudicaciones de contratos de gestión de listas de espera de una concertación entre el exresponsable de Osakidetza en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, y el doctor y empresario José Carlos Margüello, ha aprobado una resolución de cuatro puntos en la que rechaza, en el primero de ellos, “cualquier forma de corrupción que implique un mal uso del poder público con el fin de lograr una ventaja ilegítima e ilegal”. El texto, impulsado por Elkarrekin Podemos, ha sido pactado con EH BIldu y PP, así como el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno y que ha vuelto a desmarcarse de sus aliados en un caso que saltó a la luz siendo consejero el socialista Rafael Bengoa. Los nacionalistas, por consiguiente, se han quedado como los únicos en no sumarse a esta iniciativa.

El representante del PNV, Kerman Orbegozo, ha querido iniciar su intervención queriendo “dejar claro” que su partido “denuncia totalmente la corrupción”. Pero ha considerado inasumible el contenido del texto sobre el 'caso Margüello' ya que, según su criterio, la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que será recurrida por la Fiscalía, desmonta la tesis de que hubo corrupción durante la etapa de Inclán al frente de Sanidad. “El objetivo es extender las sospechas al PNV”, ha lamentado Orbegozo, quien ha añadido que Euskadi lidera las clasificaciones de “transparencia” de España y que Osakidetza es el mejor servicio de Salud autonómico.

Para Orbegozo, detrás del 'caso Margüello' hay cuestiones “individuales” y ha apuntado que no hay que olvidar que los acusados fueron absueltos de malversación de caudales, es decir, que no hubo quebranto económico. Se da la circunstancia de que la Fiscalía sí estimaba en 6,8 millones el efecto negativo de los contratos de Margüello pero interpretó que fue muy difícil lograr una sentencia en esa dirección puesto que el afectado, el propio Gobierno vasco cuyos servicios jurídicos controla el PNV, dio un paso atrás en el juicio y estimó que no había perjuicio dinerario.

“¿Cómo vamos a ratificar algo que los tribunales han dicho que no es cierto?”, se ha preguntado Orbegozo sobre los puntos de la resolución del resto de partidos en las que se planteaba refrendar el trabajo de la comisión de investigación que en 2011 denunció las responsabilidades políticas en torno a este caso. Según Orbegozo, su partido estaba dispuesto a votar a favor del primer punto crítico con la corrupción y del último, de apoyo a la separación de poderes.

Sin embargo, el resto de partidos han rechazado una votación separada del texto y la fotografía final ha sido del PNV, en solitario, sin apoyar esta resolución. La representante de EH Bildu, Eva Blanco, ha denunciado que el PNV nunca haya querido negociar la redacción y que, a última hora, haya buscado un resquicio para no quedarse solo en la votación. Ha indicado también que la “prevaricación no es cosa menor” y que el hecho de que algunos delitos no se hayan probado no exime de gravedad a la sentencia judicial del 'caso Margüello'.

Más beligerantes aún han sido Elkarrekin Podemos y PP. Juan Luis Uria (Elkarrekin Podemos) ha dicho que “Margüello era un corrupto” y que en Osakidetza era 'vox populi' que su amistad con el consejero Inclán le procuraba prebendas. Laura Garrido (PP) ha añadido que el PNV exige limpieza a los demás pero “no asume ninguna responsabilidad” cuando los casos le afectan a él. Ha citado el juicio del 'caso De Miguel' y también el reciente escándalo por la posible manipulación de las OPE de Osakidetza. Garrido ha recordado, igualmente, que el hoy consejero, Jon Darpón, y la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, firmaron en su día un manifiesto de apoyo a Margüello.

Como ocurrió el pasado año, el PSE-EE ha roto la dinámica de unidad de acción con su socio de Gobierno, el PNV, y se ha unido a la oposición. Este caso no forma parte de las discrepancias pactadas pero sí es especialmente simbólico para los socialistas porque fue el exconsejero Bengoa el principal impulsor de la investigación. “Los socialistas hacemos en 2018 lo que hacíamos entonces”, ha resumido Natalia Rojo, que sin agotar los tiempos de intervención ni cargar las tintas contra los nacionalistas ha indicado que el PSE-EE no puede quedarse de “brazos cruzados” en este asunto.

“Voy a empezar que una frase que puede sonar extraña: yo creo al denunciante. Yo le creo. Pero, ¿qué es creer? Creer es dar por cierto lo que no está probado. Por eso los cristianos rezamos. Si yo digo que mi compañera, en la sala de togas, me ha acariciado el pecho, es algo creíble. Pero, ¿y si dijera que esta noche he dormido con Donald Trump? La credibilidad es el primer filtro que debe superar el testimonio. El 'Hermana, yo te creo' y el 'Me too' puede servir para una tertulia de café pero no para un tribunal. Hay que analizar si existen o no pruebas. Aquí no hay ninguna prueba. ¿Qué pruebas concretas hay más allá de mucha gente que dice que le cree?”.

Con este discurso ha arrancado su alegato final el abogado Eduardo Ruiz de Erenchun, veterano penalista defensor del exprofesor del colegio del Opus Dei Gaztelueta José María Martínez Sanz, denunciado por un antiguo alumno que le acusa de abusos sexuales durante los cursos escolares 2008/2009 y 2009/2010, cuando el entonces menor cursaba el primer ciclo de Secundaria. Y así lo ha cerrado: “El peor testigo no es el que miente, sino el que está convencido de lo que cuenta”.

Ruiz de Erenchun sabe que le basta con 'empatar', con sembrar una duda, para evitar la condena para su patrocinado. Y se ha esforzado en cuestionar todos y cada uno de los detalles de la denuncia. Incluso hasta el punto de asegurar que cuando la víctima aludió a un “bulto duro” en los pantalones cuando lo sentaba en sus rodillas durante las tutorías a solas en su despacho no probó que fuese un pene en erección. “Podría ser un teléfono móvil que estaba en el bolsillo”, ha proclamado.

En su alegato, ha destacado también que todos sus compañeros en Gaztelueta y otros alumnos avalan su inocencia: “Tuve un cierto temor al coger este caso de que otras personas se sumaran a la denuncia… Es algo de conocimiento público que en casos de sacerdotes o profesores se actúa sobre muchos niños. Y puede producir extrañeza de que a nadie más haya sentado en sus rodillas”.

El abogado ha apuntado a una posible “paranoia” del denunciante y que su familia “ve fantasmas” donde no los hay. “No hay que descartar que en algún momento se ha llegado a convencer... El mecanismo de la mente es complejísimo. Él lo vive como cierto y no lo discuto. Pero, ¿y si resulta que con ese trauma se ha llegado a convencer de que eso ocurrió y en realidad no ocurrió y estamos condenando a un inocente?”, se ha preguntado en voz alta Ruiz de Erenchun, que ha remarcado igualmente la “honradez” y “transparencia” del colegio Gaztelueta en el esclarecimiento de los hechos, contrariamente a lo que sostiene la familia.

El defensor de Martínez Sanz, asimismo, ha lamentado que la Fiscalía mantenga la petición de culpabilidad para el maestro aunque plantee una “alternativa” de condena de 20 meses (en vez de 3 años) que evitaría el ingreso efectivo en la cárcel. Si da por descartado que haya quedado probado los hechos más graves, la masturbación y la penetración, Ruiz de Erenchun ha indicado que lo que ahora ha considerado “definitivo” es lo mismo que tenía sobre su mesa en 2013 el entonces fiscal superior, Juan Calparsoro, cuando decidió archivar la causa por ver “creíble” a la víctima pero no contar con “pruebas”. Y todo a pesar de considerar “ilegal” aquella investigación por no ser la Fiscalía superior una instancia competente para casos ordinarios sin aforados implicados.

“La víctima encima tiene vergüenza”

La abogada de la familia del denunciante, por su parte, ha “suplicado” que se haga justicia en este caso tras tantos años de pesadilla para el joven y para su familia. “El daño que se ha hecho a este niño… ¿cómo se puede reparar eso? ¿Hay formas de reparar eso? El terror que ha sufrido este niño no me lo quiero ni imaginar”, ha enfatizado la letrada Leticia de la Hoz, que ha calificado de “chiste” o “broma de mal gusto” algunas de las teorías de la defensa, como la de que su propia madre indujo el testimonio (de manera “imprudente”, según Ruiz de Erenchun) o que era su padre y no el profesor el que le exhibía mujeres desnudas en el ordenador.

De la Hoz no ha rehuido las posibles “contradicciones” del relato de la víctima, incluido que desde un inicio no contara los abusos con todos los detalles y que no fuera hasta 2015, siendo ya mayor de edad, cuando reveló lo más grave. “¿Que por qué no lo cuenta antes? Exigir encima que lo cuente cuando a nosotros nos gustaría… Ojalá lo hubiese podido contar antes. Lo ha contado cuando ha podido”, ha manifestado para revelar a continuación que el joven estuvo al borde del llanto cuando ratificó su denuncia ante el tribunal la pasada semana, una declaración en la que también narró intentos de suicidio. “O se cree a la víctima o no le creemos”, ha solemnizado De la Hoz.

La abogada ha deslizado también que ha detectado que los testimonios de Gaztelueta aportados por la defensa han sonado “preparados” al repetir machaconamente las mismas palabras e ideas. Y ha criticado duramente que incluso se niegue que la víctima sufriera acoso escolar, algo probado en 2011 por la Fiscalía de Menores, que expedientó a varios compañeros del denunciante. “Si no son capaces de ver el acoso ya probado, ¿cómo van a ver el abuso?”, ha ironizado.

Finalmente, la abogada ha lamentado que el proceso se haya convertido, de alguna manera, en un juicio a la víctima. “Es una característica común a las víctimas de delitos sexuales: siempre es la víctima, encima, la que tiene vergüenza y culpabilidad cuando la tenía que tener el acusado”, ha dicho. “[El denunciante] No busca venganza. Le da igual lo que le pase al profesor. Busca un reconocimiento y curarse”, ha proclamado.

Escuchadas las conclusiones de las partes y tras una semana de intenso trabajo, el 'caso Gaztelueta' ha quedado visto para sentencia. Según fuentes judiciales, se espera el fallo para dentro de aproximadamente un mes.

Terminado el juicio, la Fiscalía mantiene una petición de cárcel contra el profesor José María Martínez Sanz, acusado por un antiguo alumno suyo en el colegio Gaztelueta de Leioa, masculino y vinculado al Opus Dei. Sin embargo, entiende que a pesar de dar credibilidad a la acusación de tocamientos “continuados” -“al menos en cuatro ocasiones”- no ve probado que existieran masturbaciones y penetración, como también refiere la víctima. Por todo ello, en su informe de conclusiones, el fiscal Alejandro Torán ha planteado como “alternativa” a su solicitud inicial de 3 años de cárcel una “rebaja” a un máximo de 20 meses en aplicación de una interpretación más ventajosa del Código Penal tras su reforma más reciente. Las solicitudes inferiores a 2 años no implican el ingreso efectivo en la cárcel si se carece de antecedentes penales.

Torán ha argumentado, apelando a “jurisprudencia” de la propia Audiencia Provincial de Bizkaia y del Tribunal Supremo, que existe un “triple filtro” para dar credibilidad a una denuncia de estas características, que es la “única prueba directa” para condenar al acusado. Por la coherencia de su relato desde 2011, la Fiscalía da por probados los tocamientos y que, además, fueron continuados. Sin embargo, no lo aprecia en lo relativo a las agresiones más graves, reveladas cuando en 2015 el joven cumplió la mayoría de edad y denunció en primera persona los hechos, acaecidos cuando tenía 12 y 13 años y cursaba los primeros cursos de Secundaria en Gaztelueta. Entiende que estas acusaciones no cumplen el tercero de los criterios, el de “persistencia” en el tiempo.

“A nuestro juicio, ese triple filtro se supera desde el primer momento respecto de las caricias, de las fotos en Internet [de mujeres desnudas que se le exhibían], de sentarle en las rodillas y de respecto de los tocamientos, pero no lo supera respecto de la masturbación y de la introducción por vía anal”, ha argumentado el fiscal Torán. No obstante, ha querido aclarar que este cambio “no afecta a la calificación” jurídica de que el acusado es culpable, pero sí “al relato de hechos”. Finalmente, el ministerio fiscal no reclamará que el centro escolar sea responsable civil subsidiario, alegando que la familia ya emprenderá acciones legales separadas en caso de que se confirme la condena.

Durante más de dos horas, el psiquiatra del joven que denunció haber sufrido abusos sexuales hace una década en el colegio Gaztelueta de Leioa, masculino y vinculado al Opus Dei, ha descrito la cárcel en que se convirtió la vida del entonces adolescente –con secuelas que siguen hasta hoy- como consecuencia de la situación de “sometimiento” que vivió cuando el profesor al que acusa como responsable de los hechos, José María Martínez Sanz, fue su preceptor o tutor durante dos años. “Hay una clara estrategia. Primero se le humilla y después puede hacerse con él lo que se quiera. Así funcionan todas las torturas. Es un muchacho durante dos años sometido a la llamada de su autoridad [el profesor] para que vaya al despacho para la realización de prácticas sexuales”, ha declarado el doctor Iñaki Viar, experto en otros casos de ‘bullying’, abusos sexuales o incluso terrorismo, en la cuarta sesión del juicio del denominado ‘caso Gaztelueta’, que se celebra en la Audiencia Provincial de Bizkaia.

Viar, en su relato, ha sido más específico: “Chema le cayó de maravilla de entrada […]. Era su tutor. Le debía obediencia. Era una imagen de horror invencible, porque por su edad [12 y 13 años cuando se produjeron los hechos] no podía hacer la mínima resistencia. Era un muchacho aplastado. Estaba reducido a un objeto del goce del otro, pasó a no tener consideración humana”. También ha valorado que en dos años de tutorías los encuentros entre el acusado y su antiguo alumno se prolongaron durante “cientos de horas” y hasta “tres o cuatro veces” por semana en sesiones de “cerca de una hora”.

Y, tras esas sesiones, los compañeros de clase se “burlaban” del joven, algo que, según Viar, se debe a la “desvalorización” de la víctima realizada por su tutor. “Los muchachos le burlan y se da el paso de estar más o menos feliz y ser titular en el equipo de fútbol a convertirse su vida en un infierno, solitario y aterrorizado”, ha relatado el psiquiatra. Aún ahora, una década después, la víctima presenta problemas de vida social, aunque el traslado de la residencia familiar de Bilbao a Haro supuso una cierta mejoría. Sólo en 2018 ha podido iniciar la Universidad.

En la misma línea, la psicóloga del joven, Araceli Medrano,  ha indicado que el profesor “para enmascarar” los abusos que “hacía en la intimidad” le “ridiculizaba en clase delante de los demás”. “Es muy importante: la misma persona que abusa de él usa la estrategia de ridiculizarle y aislarle”, ha abundado.

En la sesión de este martes, Viar, otra psiquiatra, Eva Sesma, y la psicóloga Medrano han rechazado con contundencia la teoría de la defensa del acusado, que sostiene que el relato de la víctima no es cierto y está plagado de inconsistencias. Los tres profesionales han coincidido en que el joven fue contando los hechos poco a poco, a su ritmo, pagando un gran precio a nivel psicológico. Y han rechazado también que ellos o su familia le indujeran a culpar a Martínez Sanz. “Cuando se callaba, me hacía suponer que había ocurrido más. Pero yo no le preguntaba. Hay que tener exquisito cuidado con las víctimas. Era como un edificio que ha recibido un terremoto”, ha indicado Viar, que ha señalado que “de entrada sólo cuenta los tocamientos”, incluso con términos infantiles, y que sólo al final, después de muchos años de terapia, reveló abusos más graves e incluso una penetración –y sin verbalizarla, por escrito-.

De hecho, Viar ha indicado que el joven vivió con su trauma durante dos años largos y que la crisis sólo se desató cuando, una vez abandonado Gaztelueta, excompañeros le amenazaron –incluso de muerte- tanto por redes sociales como físicamente en la calle. La víctima verbalizó primero el acoso escolar y más tarde fue refiriendo los abusos sexuales. La “culpa” y la “vergüenza” han condicionado todo el proceso, según el experto, que ha rebajado a “circunstanciales” los posibles errores o imprecisiones en el relato. Sin embargo, la Fiscalía –que formalmente todavía reclama tres años de cárcel para el docente- lleva desde el primer día de juicio insistiendo en que el menor ahora mayor de edad no contó desde un inicio los hechos en toda su extensión y gravedad.

Ni siquiera la psiquiatra contratada por la defensa de Martínez Sanz, María José Martínez, ha podido garantizar categóricamente que la denuncia sea una mentira. Eso sí, defiende como “hipótesis” que los hechos relatados por la víctima sean “falsos recuerdos que se han podido ir enriqueciendo con el paso del tiempo”. Ha aludido a “declaraciones inexactas y contradictorias” en las distintas instancias por las que ha pasado el caso. “La panorámica va ‘in crescendo’ y con contradicciones. Es un caso muy complicado”, ha indicado la profesional navarra. De los cuatro comparecientes, la única experta que cuestiona la veracidad de los abusos sexuales es igualmente la única que no ha tratado al denunciante. La defensa del acusado, ejercida por el letrado Eduardo Ruiz de Erenchun, argumenta que es una manera de no “revictimizar” al joven y obligarle a volver a contar su historia.

Cuatro profesores y tres antiguos alumnos del colegio Gaztelueta de Leioa, masculino y vinculado al Opus Dei, han manifestado este lunes en el juicio que se sigue ante la Audiencia Provincial de Bizkaia por la denuncia de abusos sexuales de un estudiante contra su preceptor o tutor, el numerario José María Martínez Sanz, que el centro redactó para ellos un escrito en el que se negaban los hechos. Estas “actas de manifestaciones” fueron firmadas por ellos y otros exdocentes y alumnos ante notario y se incorporaron como una de las pruebas fundamentales de la defensa del acusado, como publicó este periódico. Ninguno de los testigos recordaba haber hecho frente a los gastos del fedatario, según ha quedado acreditado en el juicio a preguntas de la letrada de la familia del denunciante, Leticia de la Hoz.

Según la documentación judicial incluida en el sumario del 'caso Gaztelueta', la defensa de Martínez Sanz recabó un total de 25 actas de estas características, todas ellas firmadas a finales de 2015. Semanas antes, la Justicia eclesiástica no sólo cerró el caso sin ver pruebas sino pidiendo que se restableciera el “buen nombre” de una persona que, por aquel entonces, estaba siendo formalmente investigado por la Justicia ordinaria, precisamente el proceso que ha desembocado en el juicio que se celebra estos días.

La mayoría de actas se rubricaron en una notaría de Getxo. Las hay también suscritas en otras ciudades pero, a pesar de ello, tienen un contenido calcado. Los profesores defendían con rotundidad a su antiguo compañero: “El comportamiento de José María Martínez Sanz siempre fue de respeto absoluto a los alumnos y nunca observé ninguna conducta que propiciara a que compañeros de su clase le acosaran”. Los alumnos, por su parte, aseguraban no haber observado “ningún elemento anómalo en las preceptuaciones” del acusado con su compañero, que asegura en su denuncia que era en esas tutorías, que tenían lugar en su despacho, donde le practicó tocamientos y le mostró fotografías de mujeres semidesnudas con fines sexuales.

El colegio Gaztelueta, antes del juicio, había insistido en que había “colaborado” de manera activa en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, el pasado viernes, las declaraciones del actual director, Imanol Goyarrola, y del exresponsable del centro, Iñaki Cires, pusieron en evidencia algunas lagunas en la investigación interna realizada luego de que, en 2011, la familia del alumno denunciante se dirigiera a ellos para comunicarle sus sospechas de abusos sexuales -además de acoso escolar-. Pese a todo, Goyarrola concluyó que era “imposible” que se hubiesen producido estos hechos en el despacho del acusado y que no ha aparecido “ninguna prueba” que corrobore las acusaciones de la víctima, que ahora cuenta 22 años.

“Imposible” ha sido la palabra elegida también por alguno de los testigos que han comparecido este lunes en el juicio. “Hubiera sido como hacerlo a la Gran Vía de Bilbao a las 11 de la mañana”, ha ironizado uno de ellos por lo “transitado” del lugar, según defienden los testigos de la defensa. Otro de los caballos de batalla de la defensa para desmontar el testimonio del denunciante es establecer que ya sufría problemas psicológicos previamente a los cursos 2008/2009 y 2009/2010, cuando aparentemente se produjeron los abusos y el acoso. Particularmente, han venido insistiendo en que la familia le administraba el potente Orfidal desde que era pequeño. Su antiguo pediatra ha confirmado que le recetó de manera excepcional ese fármaco, si bien ha aclarado que los padres se negaron a dárselo. 

“Yo lo que digo es que una víctima de abusos sexuales, en este caso mi hijo, no se sienta en una silla un día porque se le cruza la vena y cuenta todo el relato de una tacada”. Es la respuesta que el padre del denunciante, Juan Cuatrecasas, ha ofrecido cuando la Fiscalía le ha preguntado el porqué de que, en una primera declaración en la Fiscalía de Menores, el joven no relatara los presuntos abusos sexuales que sufrió en el colegio Gaztelueta de Leioa, masculino y vinculado al Opus Dei.

El padre del denunciante ha declarado este viernes en el juicio del 'caso Gaztelueta' como testigo de la acusación, al igual que su mujer. Ella, de nombre Ana, ha sido la primera en tomar la palabra en la que ha sido la segunda jornada. Nuevamente, uno de los puntos clave, en los que ha incidido la defensa del profesor acusado, José María Martínez Sanz -y también el fiscal, Alejandro Torán- es lo que ellos ven como cambiantes versiones de la joven víctima, que ha ido detallando los hechos con más claridad a medida que pasaba el tiempo.

El padre del denunciante se ha mostrado ofendido cuando el fiscal le ha preguntado por qué su hijo no declaró “los temas más fuertes” en la Fiscalía de Menores en 2011: “Tienen el derecho como víctimas a contarlo siempre en un plazo en función de sus capacidades. Y ahora le digo, ¿contó desde el principio los abusos detallados? No. ¿Por qué? Porque en aquel momento él no tenía capacidad de contarlo y hay que darle el respeto debido”.

Cuatrecasas, enojado, ha afirmado que él siempre ha trasladado a las diferentes instancias que han revisado este caso lo que su hijo le hubiera contado hasta el momento e incluso ha admitido que ellos mismos no han tenido siempre toda la información ya que el joven no quería que su psiquiatra, Iñaki Viar, diera a conocer el contenido de sus charlas de terapia a sus padres. Su mujer también ha defendido el respeto a la intimidad de su hijo en su declaración: “Mi interés nunca ha sido que me lo cuente a mí o a mi marido. Ha sido que sacase lo que tiene dentro. Queríamos que se recuperase, no saber los hechos”.

Como era previsible, el abogado de la defensa de Martínez Sanz, Eduardo Ruiz de Erenchun, ha preguntado al padre del denunciante si es autor de un “blog pornográfico”. Con esta estrategia pretenden relativizar que el denunciante haya acusado a su profesor y preceptor (tutor) de mostrarle mujeres semidesnudas con propósito sexual. Cuatrecasas ha respondido que, en su blog de cine, sí hay fotos de mujeres “ligeras de ropa”, en concreto actrices. Son “las que puede haber en el cine”, y ha ironiza que para “mentes enfermas” también desnudos artísticos como el David de Miguel Ángel serían también pornografía. Asimismo, ha afirmado que su hijo jamás ha visto el blog y que, en caso contrario, no habría nada que esconder.

Al igual que a su esposa, la defensa ha preguntado igualmente si el denunciante faltaba a menudo a clase en los cursos anteriores a los hechos y si lo medicaron con Orfidal, un potente fármaco ansiolítico. Pretenden establecer que los problemas psiquiátricos y de ansiedad del joven eran previos a los cursos 2008/2009 y 2009/2010, cuando el acusado y el denunciante coincidieron en Gaztelueta.

La madre, por su parte, ha narrado en su declaración un “episodio especialmente duro”. Con la voz entrecortada,ha explicado uno de los intentos de suicidio de su hijo mayor: “Una de las veces que más miedo pasé fue cuando abrió la ventana del salón e intento tirarse, estando yo sentada en el sofá”. Al menos hubo otras dos tentativas.

Ella ha contado que conoció lo sucedido en Gaztelueta al año de abandonar el centro y que el momento llegó después de preguntarle en innumerables ocasiones. “Estaba muy mal. Llevaba dos meses sin hablar. Lo recuerdo inmóvil en la cama, en posición fetal, no quería ir al colegio”. Aun así, lo primero que conocieron, fue el acoso escolar que sufría el denunciante y más tarde los presuntos tocamientos, aunque de manera todavía incipiente.

La primera vez que el matrimonio se dirigió a Gaztelueta para explicar la situación, hablaron con el subdirector de entonces, actual director, Imanol Goyarrola. La madre ha manifestado que desde un primer momento pusieron sobre la mesa tanto el acoso escolar como el supuesto abuso sexual, al menos lo que sabían. “Se llevó las manos a la cabeza, me acuerdo perfectísimamente, y se puso muy rojo”, ha relatado. También ha comentado en el juicio que el director Iñaki Cires, “ante un caso tan grave, tardó quince días en reunirse” con ellos.

Esta mujer ha declarado, preguntada por la abogada de su hijo, Leticia de la Hoz, que en la posterior reunión con la dirección del colegio recibieron algunas explicaciones: en vez de chicas semidesnudas, el acusado “enseñó el desarrollo sexual de las mujeres a través de Hermione [personaje de la saga 'Harry Potter'], que los rozamientos de manos eran tocamientos normales, que sí le hizo quitarse un botón de la camisa pero porque hacía calor y que si bajaba cortinas o persianas era para que no hubiese luz y pudiese ver la pantalla ordenador”. Admitieron, según la madre, que “era muy grave que se hubiera reunido tantas veces con él sin avisar ni a la familia ni a la dirección”. La versión del centro es muy diferente.

Uno de los peores momentos para la madre del denunciante después de aquella reunión fue la despedida.“Nos dijeron que el profesor se marcharía fuera un año”, algo que, según la dirección, era un intercambio en Australia gestionado con anterioridad. Cires hizo el comentario que aún recuerda Cuevas con dolor: “Dijo que no le dijéramos que el profesor se iba por culpa de nuestro hijo. Yo tenía por un lado imagen de mi hijo en posición fetal, inmóvil… y por el otro al director diciendo que era su culpa”.

Otro compareciente ha sido un exalumno de Gaztelueta. Alberto Botija fue el único compañero que no firmó un acta notarial sobre que el acusado no sacaba de clase al denunciante más a menudo que a los demás y que la defensa aporta como prueba de descargo. En su declaración, la abogada de la familia del denunciante ha leído una conversación de mensajería instantánea mantenida entre ambos jóvenes. En ella, el denunciante preguntaba si recordaba cuánto le sacaba el profesor de clase, a lo que Botija le contesta que sí, como ha hecho ante el juez. “Es sorprendente que algunos no se acuerden”, le decía el joven.

Más de la mitad de la segunda jornada del juicio del denominado ‘caso Gaztelueta’ en la Audiencia Provincial de Bizkaia ha estado centrado en el papel que jugó este colegio concertado masculino vinculado al Opus Dei en la investigación de los abusos sexuales denunciados por un antiguo alumno, que acusa a quien fuera su preceptor o tutor en los dos primeros cursos de Secundaria. Imanol Goyarrola, actual director de Gaztelueta, subdirector en los años en que se produjeron los hechos (2008-2010) y responsable de las pesquisas internas, ha sido tajante al repetir que no halló “ninguna prueba de que las acusaciones fueran ciertas” y al añadir que “es imposible” que el docente acusado, José María Martínez Sanz, usara su despacho para propasarse con su preceptuado, como relató ante el tribunal el joven denunciante, que hoy cuenta 22 años. Así las cosas, el entonces director, Iñaki Cires, no activó ningún protocolo por abusos, según ha indicado. Por el contrario, el equipo jurídico que ejerce la acusación particular en nombre de la víctima (los abogados Leticia de la Hoz y Luis Manuel Fernández) ha incidido en las lagunas de una investigación que creen insuficiente e incompleta. “El colegio no hace nada”, ha clamado el padre del denunciante, Juan Cuatrecasas, que también ha declarado este viernes.

Según han coincidido familia y responsables de Gaztelueta, el centro tuvo constancia de la denuncia del joven al término del curso académico 2010/2011. Ese año el adolescente ya no estaba matriculado en el colegio de Leioa por decisión familiar. En mayo, tras un episodio de crisis, la víctima refirió que estaba refiriendo amenazas de excompañeros de Gaztelueta y también empezó a verbalizar parte de los abusos sexuales. Su madre y su padre tuvieron una primera reunión con Goyarrola en la que le expusieron tanto el acoso como lo que sabían de la posible responsabilidad del docente en tocamientos y otras conductas inapropiadas.

Hasta ahí el relato de ambas partes es compartido. Las versiones, en cambio, empiezan a diferir a partir de ese momento. Cires comisionó a Goyarrola para investigar la denuncia de la familia Cuatrecasas. A la hora de analizar el ordenador del despacho de Martínez Sanz, donde aparentemente el docente le mostraba mujeres semidesnudas con propósitos sexuales, el ahora director de Gaztelueta ha indicado que no hallaron nada, a pesar de que contaron con un experto en informático. Es más, se ha incidido en que estaba operativo un “filtro” para evitar el acceso en el centro a material de índole sexual o sobre “drogas”, “juegos” y otras materias no acordes con un uso académico de Internet.

La letrada Leticia de la Hoz, sin embargo, ha mostrado un documento que indica que en el rastreo informático aparecieron evidencias de que Martínez Sanz buscó material de la actriz coprotagonista de ‘Harry Potter’, Emma Watson, “deanuda” e incluso “violada”. Consta igualmente un archivo de imagen con extensión .jpg llamado “emmawatsondesnuda”. Se da la circunstancia de que el denunciante había referido que ésa era una de las mujeres que le había mostrado en sus sesiones en el despacho. La abogada ha ironizado ante el tribunal que si fuese necesario solicitaría una pericial para probar que Watson era Hermione Granger en la saga de películas.

Otro de los puntos de la investigación interna inconsistente, según la acusación, es el punto en que Gaztelueta indica que no hay pruebas de que el acusado sacara al denunciante de clase para tutorías individuales con más frecuencia y en sesiones más largas que a sus compañeros. El centro ha aportado un “estadillo” con las preceptuaciones que recibieron cada uno de los alumnos, pero tanto Goyarrola como Cires han admitido que esos datos los aportaron los propios profesores, en el caso del joven Cuatrecasas el propio Martínez Sanz, por lo que, según el equipo jurídico de la acusación, eran datos poco fiables y fácilmente manipulables, sin “control”. Asimismo, la abogada De la Hoz ha llamado la atención sobre el hecho de que el acusado se defendiera alegando que le ofrecía en esas reuniones “clases particulares” de Matemáticas o Lengua para que pudiera sacar el curso. Ha recordado que era “licenciado en Historia” y que era anormal que sacara al joven de una clase con el profesor de Matemáticas para ayudarle con una materia que no era su especialidad. El exdirector Cires ha admitido que no debería ser una forma de actuar habitual.

Quizás el punto más polémico es el debate sobre el lugar en que, según la denuncia, se produjeron los abusos. El joven ha relatado que Martínez Sanz le llevaba a tutorías individuales en su despacho y que cerraba la puerta y dejaba la pequeña estancia a oscuras. La Fiscalía –que pide la condena del docente como la familia pero que en el juicio está jugando un rol muy distinto- ha insistido en querer saber si aquel era un lugar “transitado” y, según ha explicado Goyarrola, sí lo era. Además, ha explicado otros usos “públicos” que tenía además de ser el lugar de trabajo de Martínez Sanz y de sus tutorías. Tan es así que ha indicado que “ahí es imposible” que se pudieran producir abusos. “Era un sitio totalmente de paso”, ha apostillado.

Esa afirmación, en todo caso, tiene sus matices, según se trasluce de las aclaraciones solicitadas por la abogada de la familia tanto a Cires como a Goyarrola. El despacho, nominalmente, estaba asignado a Martínez Sanz y él era su “principal” usuario aunque no el “exclusivo”, según el exdirector. También ha quedado claro que había posibilidad de cerrarlo con llave y que “era prácticamente imposible el uso simultáneo del despacho” para varias reuniones ante sus reducidas dimensiones.

La ‘web’ creada por Gaztelueta para ofrecer su versión sobre este juicio incide en que “medio centenar” de testigos –profesores y excompañeros de la víctima- “contradicen” su versión. Sin embargo, en una entrevista en Radio Euskadi, Goyarrola admitió esta semana que son testigos de la relación “pública” entre Martínez Sanz y la víctima, no de lo que pudiera ocurrir en el marco privado del despacho. El director, eso sí, ha querido dejar claro ante el tribunal que quedó “impactado” cuando en 2011 conoció la denuncia y que siempre ha colaborado con las investigaciones abiertas en distintas instancias.

Durante la sesión se ha debatido también sobre la marcha al extranjero del acusado en el curso académico 2011/2012, cuando se inició la investigación tras la primera comunicación de la familia a Gaztelueta. Tanto Goyarrola como Cires han incidido en que la decisión de que se fuera a Australia a reforzar su inglés estaba tomada previamente, pero también han reconocido que esgrimieron su salida como una de las primeras respuestas que ofrecieron a la familia para tranquilizarla tras su denuncia. “Les transmitimos que no iba a seguir en el colegio, pero no les dimos explicación”, ha indicado el hoy director en respuesta a una pregunta del juez, Alfonso González Guija, que un punto de la sesión ha interrumpido a la letrada de la acusación para evitar que reconvirtiera el juicio a Martínez Sanz en una investigación sobre el colegio, “responsable civil subsidiario” según el ministerio fiscal.

“Le voy a explicar cómo funciona un juicio. Nosotros enjuiciamos lo que usted declara hoy, no lo que ha declarado con anterioridad. El enjuiciamiento depende casi en exclusiva de lo que usted declare aquí y ahora. Estamos muy familiarizados, desgraciadamente, a llamar a las cosas por su nombre y noto que usted, por educación o pudor, refiere las cosas de manera algo ligera”. Así se ha dirigido al denunciante el presidente del tribunal que juzga los presuntos abusos sexuales cometidos por un profesor en el colegio del Opus Dei Gaztelueta de Leioa a este exalumno que cursaba primer ciclo de Secundaria. El trance para la víctima, que hoy cuenta 22 años y que ahora ha podido iniciar sus estudios en la Universidad tras varios años académicos perdidos por sus problemas psicológicos, no ha sido para nada sencillo.

Su testimonio, contundente y de varias horas de duración, ha incluido nervios e incluso lágrimas. Primero ha preguntado el fiscal, Alejandro Torán, luego su letrada, Leticia de la Hoz, después el abogado del profesor denunciado, Eduardo Ruiz de Erenchun, y finalmente el juez Alfonso González Guija. Ha sido en esta parte final cuando el magistrado le ha recordado lo importante de los “detalles” y de evitar las contradicciones, hasta el punto de que cuando relataba un episodio muy concreto y ha explicado que el docente le pidió que se bajara los pantalones le ha recriminado que no haya mencionado si eso incluía también bajarse la ropa interior. También ha preguntado si los primeros expertos que le trataron no le inspiraron confianza suficiente como para relatarles unos abusos que sólo terminó de confesar en 2015, cuando cumplió la mayoría de edad y dio el paso de acudir a presentar una querella contra su extutor en Gaztelueta.

Antes de la víctima ha declarado el imputado, que se expone a un máximo de cumplimiento efectivo de 10 años de prisión. Pero la Fiscalía pide menos cárcel, tres años. El fiscal ha planteado algunas preguntas duras, como la de por qué no permitió a los forenses que examinaran su cuerpo cuando presentó las denuncias. El interrogatorio de Torán a Cuatrecasas ha sido más largo que el que ha practicado a Martínez Sanz. Torán le ha preguntado por las acusaciones concretas y, tras negarlas el docente, no ha formulado repreguntas.

Según ha explicado el letrado Ruiz de Erenchun a los periodistas al término de esta primera vista del juicio, que se prolongará hasta el jueves de la próxima semana, una de las claves han sido las nuevas “contradicciones” que ha detectado en el relato del denunciante. En sus preguntas al joven ha tratado de ponerlas en evidencia y, además, ha sugerido que ya tenía tratamiento médico por problemas psiquiátricos con carácter previo a los cursos 2008/2009 y 2009/2010, cuando ocurrieron las tutorías que han motivado estas denuncias.

El abogado ha adelantado ya otra de las bazas que la defensa esgrimirá en el juicio: el papel de su familia. Ya ha mencionado que incidirá en un ‘blog’ del padre del joven con contenido supuestamente pornográfico –aunque no ha explicado la relación de ello con los tocamientos de un profesor a su hijo- y ha sugerido que la madre le incitó a inculpar a Martínez Sanz. Ambos progenitores declararán este viernes y, según denunciaron en los días previos al juicio, se sienten juzgados y examinados.

Estaba nervioso, por momentos emocionado y a veces incluso bloqueado, pero el joven de apellido Cuatrecasas, que cuenta 22 años, ha ratificado en la Audiencia Provincial de Bizkaia, en el arranque del juicio que esclarecerá los hechos, su denuncia de abusos sexuales contra su antiguo preceptor o tutor en el colegio del Opus Dei Gaztelueta, José María Martínez Sanz. Es al menos la cuarta ocasión en que lo hace. El caso se remonta a hace una década, cuando el entonces adolescente cursaba en ese centro masculino de Leioa los primeros dos cursos de Secundaria. La víctima, al que un biombo ha separado físicamente del acusado, ha relatado no sólo como padeció tocamientos y penetraciones sino también las graves consecuencias derivadas de aquellos hechos: acoso escolar, “bloqueo” emocional, aislamiento social e incluso deseos de poner fin a esa pesadilla con la muerte.

Preguntado por el abogado de Martínez Sanz, Eduardo Ruiz de Erenchun, en relación a los motivos de su denuncia –retomó un caso que hasta entonces no había prosperado una vez cumplida la mayoría de edad-, el joven ha manifestado que necesita un resarcimiento y “reconocimiento” para seguir con su vida. “Esto se puede suavizar, pero no curar. He llegado incluso a estar a punto de suicidarme”, ha manifestado mientras el presunto culpable escuchaba el duro relato cabizbajo en la soledad del banquillo de los acusados.

El denunciante ha explicado primero más en genérico y luego con detalles a petición expresa del tribunal en qué consistieron los abusos. Durante varias horas, ha relatado conversaciones de índole sexual, tocamientos en el cuerpo, masturbaciones forzadas y un caso de penetración. Los hechos se produjeron, según este testimonio, cuando Martínez Sanz sacaba al estudiante de clase para sus tutorías y lo llevaba a un despacho cerrado y oscuro. En el final del segundo curso en que el docente fue el preceptor, el alumno llegó a huir para evitar la “despedida” que le había prometido. Algunos de sus compañeros llamaban al joven la “novia” de Martínez Sanz y referían que se “cascaba pajas” en los despachos.

Al final de ese año académico (2009/2010), el joven pasó a otro centro por decisión de su familia, aunque todavía no conocían el alcance de la denuncia. Allí alumnos de Gaztelueta contactaron con él por redes sociales y le hicieron llegar mensajes de contenido amenazante y humillante. Ello provocó una crisis en el joven, que empezó a comportarse de manera anómala hasta el punto de huir en varios momentos. Fue en ese contexto cuando empezó a revelar lo que le pasó en su anterior colegio, según ha indicado.

El abogado del acusado ha hecho hincapié en las “contradicciones” del relato del joven en su valoración a la prensa de la primera sesión del juicio. En sala, ha destacado que hasta 2015 no contó lo más grave de los abusos, la penetración. En esa línea se han centrado también los interrogatorios del fiscal, Alejandro Torán, y del presidente del tribunal, Alfonso González Guija. Cuatrecasas ha insistido en que algunos detalles de aquella época le resultan borrosos y que los ha ido contando a medida que ha tenido “fuerzas” para ello. Su abogada, Leticia de la Hoz, ha remarcado que todo los hechos fueron “forzados”.

Antes que la víctima ha declarado el acusado. Martínez Sanz, llorando, ha asegurado que lleva “2.669 días” sufriendo por esta denuncia. “Me levanto por la mañana y no encuentro explicación. Yo no encuentro explicación para esto. Quizás en el juicio vengan profesionales que puedan explicar esta frustración o inquina [de la familia del denunciante]”, ha manifestado después de declararse inocente y de insistir, casi a gritos, que “jamás” abusó de su antiguo alumno. Su testimonio estaba muy trabajado.

Según su versión –los imputados tienen derecho a mentir y a no autoinculparse-, no trataba al denunciante de manera diferente y era igual de “guasón” con todos los alumnos. En las sesiones de tutoría no cerraba la puerta en ningún caso, ha insistido también. Incluso ha referido que el hoy director de Gaztelueta, Imanol Goyarrola, que era el anterior tutor de la víctima y subdirector, le habló del chico y le pidió que le “cuidara” especialmente, algo que él hizo visitándole tras una intervención quirúrgica, llevándole regalos o incluso comiendo con él y su familia en casa. Martínez Sanz se ha negado a responder a las preguntas de la acusación particular, de la abogada de la víctima.

El director del colegio masculino Gaztelueta, vinculado al Opus Dei y ubicado en Leioa, ha explicado en vísperas de que arranque este jueves en la Audiencia Provincial de Bizkaia el juicio contra el exprofesor del centro José María Martínez Sanz, acusado por un antiguo alumno de abusos sexuales cuando cursaba el primer ciclo de Secundaria entre 2008 y 2010, que la investigación interna llevada a cabo después de que surgieron las primeras sospechas solamente recogió testimonios que “contradicen” la versión del denunciante, que llevó el caso ante la Justicia ordinaria una vez cumplidos los 18 años. En Radio Euskadi, Imanol Goyarrola ha dicho no saber si el joven “miente” pero sí ha repetido en varias ocasiones que no han hallado “una prueba evidente de que las acusaciones fueran ciertas”.

“Si hubiera tenido pruebas, habría sido el primero en denunciar”, ha enfatizado Goyarrola, que ha reconocido que el centro ha promovido una página 'web' para dar su versión de los hechos de cara al juicio y frente a las interpretaciones de los medios de comunicación. Ese portal de Internet se apoya precisamente en ese “medio centenar” de testimonios que “contradicen” la denuncia, reiterada en varios foros y contrastada por psicólogos y psiquiatras. También reseña que las acusaciones de la víctima han ido 'in crescendo' con el paso de los años, ya que al inicio no refirió la existencia de esos abusos. 

No obstante, Goyarrola ha reconocido que los testigos de su trabajo interno sólo conocen los contactos “públicos” entre denunciante y denunciado y no lo que pudo ocurrir en “privado”. Además, hay otro excompañero que apoyó la versión del joven y que explicó que Martínez Sanz, que era preceptor o tutor además de profesor, sacaba con asiduidad a la víctima de clase y que las tutorías con él duraban más de lo habitual. Este joven también comparecerá en el juicio.

Gaztelueta, que a pesar de las críticas de la familia del denunciante asegura haber actuado con rigor y “transparencia” en estos años, encara el juicio, según Goyarrola, con interés en conocer “la verdad” pero sin posicionarse entre el denunciante y el acusado, que se expone a una pena máxima de 10 años de prisión en caso de que se atienda la solicitud de la acusación particular (la Fiscalía rebaja a 3 años su petición). “No defendemos ni a uno ni a otro”, ha indicado Goyarrola, que comparecerá como testigo el viernes en la segunda jornada del juicio.

La Fiscalía de Bizkaia no quiere dar por cerrada la batalla judicial en el denominado 'caso Margüello', en el que se destaparon irregularidades en la externalización de servicios sanitarios en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y que se saldó con una sentencia que recogía penas mínimas, ninguna de ellas de cárcel, a pesar de dar por probados los delitos de corrupción. Según fuentes de la oficina que dirige Ana Barrilero, quienes han dirigido la investigación han acordado ya recurrir ante el Tribunal Supremo la resolución de la Audiencia Provincial, pero ha de ser la Fiscalía del alto tribunal la que, en última instancia, analice, decida y formalice, en su caso, la apelación.

Según la sentencia del 'caso Margüello', son “hechos probados” que un alto cargo del Departamento de Sanidad dirigido por Gabriel Inclán (PNV), de nombre José Ramón Elorriaga y responsable territorial en Bizkaia, hizo todo y más, incluso insultar a funcionarios, para contratar 'a dedo' a una empresa de su amigo José Carlos Margüello, facultativo de Osakidetza y jefe de Calidad del hospital de Cruces, que era también cercano al propio Inclán.

Margüello constituyó y dirigió -a través de una testaferro para “burlar” la “incompatibilidad”- la mercantil Gestión de Servicios Sanitarios XXI, con la que pretendió intermediar entre el Servicio Vasco de Salud y una clínica privada para derivar pacientes. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, la condena del 'caso Margüello' es mínima, solamente por un delito de prevaricación que no comporta penas de prisión. La clave es que los servicios se prestaron y que no se ha probado una pérdida de dinero público o malversación de caudales.

La Fiscalía sí defendió en el juicio un quebranto económico de 6,8 millones de euros, el valor de las dos contrataciones irregulares de Elorriaga a empresas de Margüello. Sin embargo, los abogados del Gobierno vasco negaron la existencia de agujero alguno. “El delito de malversación exige acreditar el perjuicio y ello es complicado cuando la Administración afectada considera que no se ha producido”, interpreta el ministerio fiscal.

No obstante, uno de los asideros es que la posición del propio Gobierno ha variado y que en el pasado sí consideró que se produjo una pérdida de recursos públicos. De hecho, la denuncia inicial partió en 2009 del propio Departamento de Sanidad cuando el consejero era el socialista Rafael Bengoa. El que también ha sido asesor de la OMS y de la Administración de Barack Obama fue muy explícito en el juicio sobre el papel de las empresas de Margüello como intermediarias: “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”.

Entre el 4 y el 11 de octubre se celebra en la Audiencia Provincial de Bizkaia el juicio por abusos sexuales contra el profesor del colegio Gaztelueta José María Martínez Sanz. Éstos son los hitos principales del caso.

La familia Cuatrecasas vive ahora en Haro (La Rioja), a 108 kilómetros del colegio masculino Gaztelueta de Leioa, en el área metropolitana de Bilbao y vinculado con el Opus Dei. “Bilbao se había vuelto insoportable. La situación era de enclaustramiento absoluto e incluso tuvimos amenazas”, cuenta Juan, el padre del joven de 22 años que, según ha venido denunciando una y otra vez desde que tenía 14, sufrió abusos sexuales por parte de su preceptor o tutor en ese centro, José María Martínez Sanz, familiar de un expresidente autonómico del PP. Este jueves, “por fin”, se celebra en la Audiencia Provincial de Bizkaia el juicio contra el profesor, para el que la Fiscalía pide 3 años de prisión y la abogada de la familia de la víctima 14 (10 de cumplimiento efectivo). El ministerio fiscal hace responsable civil subsidiario a Gaztelueta, que siempre ha negado responsabilidad alguna en los hechos o que haya protegido al docente, si bien ha creado una 'web' expresamente para desmontar algunas de las acusaciones de su antiguo alumno.

“Lo que menos nos importa es la pena. Lo mismo me dan 3 que 10. Ojalá sean 10, pero no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es la salud de mi hijo, que se haga justicia y haya un reconocimiento como víctima que es de abusos sexuales. El tratamiento que se la da tanto a mi hijo como a otros es demencial. Todo está basado en tapar, esconder y revictimizar”, argumenta el padre del joven en una entrevista con eldiarionorte.es.

Los hechos se produjeron cuando el ahora denunciante cursaba primer y segundo curso de Secundaria en el colegio de Leioa, que mantiene un concierto educativo con el Gobierno vasco. Según el testimonio del joven, el preceptor le sacaba a tutorías con más frecuencia que al resto de sus compañeros y las sesiones eran más largas. La investigación judicial ha dado por probado que Martínez Sanz generó una situación de “dominación” y que, en ese contexto, abusó sexualmente del adolescente, tanto con tocamientos como con otras prácticas más graves.

“Existen elementos que permiten considerar la existencia de una situación real de dominio y sumisión en las relaciones creadas por el preceptor respecto a su entonces alumno, lo que permitió al primero servirse del segundo para alcanzar el conjunto de propósitos [sexuales] ya descritos. Ello provocó en el querellante una situación de malestar psicológico intenso que le impidió reaccionar ante los abusos de que estaba siendo objeto y comunicarlos a sus padres o a sus compañeros, ya que el preceptor logró aislarle de su entorno”, dictaminó el juez de Getxo, Emilio Lamo de Espinosa, cuando en 2015, tras alcanzar la mayoría de edad, la propia víctima dio el paso de reabrir su caso.

Y es que en 2013 quedó archivada por falta de pruebas una investigación abierta por el entonces fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, a raíz de que el caso fuese destapado en 'El Mundo' en diciembre de 2012. El decreto de archivo -que no tiene la consideración de cosa juzgada a pesar de su utilización en tal sentido en algunos foros- destacaba lo “coherente” del relato de la víctima -apoyado siempre en informes psiquiátricos de profesionales como Iñaki Viar- y también recordaba una actuación previa de la Fiscalía de menores contra antiguos compañeros del adolescente, que asumieron su responsabilidad tras las acusaciones de acoso escolar. Las presiones del entorno del Opus Dei mientras estuvieron abiertas aquellas diligencias fueron recurrentes.

Según la familia, el docente no sólo abusó del estudiante, sino que provocó un clima de rechazo hacia él entre sus compañeros que propició el 'bullying' y el aislamiento. La investigación detectó que, entre las importantes secuelas de lo ocurrido, se incluían “ideas autolíticas”. “Por lo menos aquí, en Haro, mi hijo ha dejado atrás algunas de las secuelas. Esperemos que poco a poco pueda empezar a vivir con un mínimo de tranquilidad y orgullo personal de ser como es”, explica su padre sobre el traslado de la residencia familiar fuera del País Vasco provocado por semejante panorama.

Denunciar abusos sexuales y señalar a una institución religiosa no es sencillo. “Una sentencia justa en este caso permitiría que de una vez por todas se pongan los cauces para que las víctimas de abusos sexuales puedan denunciar con total tranquilidad”, razona la familia de este joven, que llegó a tocar la puerta del Vaticano pero que vio cómo la Justicia eclesiástica no sólo dio carpetazo al asunto sino que pidió expresamente restituir el “buen nombre” del acusado, numerario del Opus Dei. Una propuesta que lanzan es que los abusos a menores no prescriban a los 18 sino “como en Alemania, a los 30”. “Así se da tiempo a que la víctima termine de contar lo que le pasó sin miedo de que prescriba”, plantean.

“Mentiras y medias verdades”

La familia se confiesa cansada de “mentiras y medias verdades” y ha acogido con una mezcla de enfado y sorpresa la 'web' sobre el caso promovida por el colegio Gaztelueta. Entre las afirmaciones allí contenidas se refleja que “en las declaraciones que ha ido realizando el joven a lo largo del tiempo se ha producido un agravamiento significativo de las acusaciones contra el profesor” y que “más de medio centenar de personas –profesores, compañeros de clase y preceptuados del profesor– contradicen la versión del joven en lo relativo a los supuestos hechos realizados por el profesor de forma pública”.

Durante la investigación, en efecto, la defensa del docente incorporó al sumario una sucesión de actas notariales de contenido muy similar con esta tesis. Por el contrario, solamente un compañero de la víctima ha dado el paso de testificar a su favor. En la investigación ya confirmó que el acusado sacaba de clase en numerosas ocasiones al joven. “Diría que el centro ha estado metido hasta el cuello desde el minuto uno. Primero nos reconocieron a puerta cerrada que lo que contaba mi hijo era cierto pero luego han intentado de todo con una maquinaria de coacción velada”, protesta la familia mientras el centro repite que su disposición a colaborar con la Justicia es plena.

La familia Cuatrecasas llega al juicio con la sensación de que “la víctima real es tratada como acusado” y el acusado “como una pobre víctima inocente”. También los padres han tenido que defenderse. “Nos han dicho que mi mujer le indujo ese relato al niño y de mí que tenía un 'blog' con pornografía. Sabemos que en el juicio van a mantener esta postura y estamos preparados”, explica el padre. El juicio, en el que el magistrado Alfonso González Guija ejercerá como ponente, está señalado del 4 al 11 de octubre. El primero en declarar será el propio denunciante. Lo hará protegido por un biombo. Se ratificará.

El Gobierno vasco se ha felicitado por que la sentencia del 'caso Margüello' acredita que no hubo quebranto económico para la Administración y porque el único alto cargo investigado, el viceconsejero de Salud Rafael Cerdán, ha quedado absuelto. Según el portavoz Josu Erkoreka, responsable también de los servicios jurídicos de la Administración autonómica, los condenados por graves irregularidades en la externalización de contratos de gestión de listas de espera de la Sanidad pública vasca José Ramón Elorriaga y José Carlos Margüello no pasan de “funcionarios con más o menos relevancia”.

La resolución judicial de la Audiencia Provincial de Bizkaia que pone fin a casi una década de recorrido judicial recoge la “opacidad” con la que el responsable de Sanidad en Bizkaia, Elorriaga, actuó para procurar un contrato 'a dedo' a la empresa de su amigo Margüello, responsable de Calidad del hospital de Cruces y que operaba a través de una testaferro, María Nieves Fernández. Ha quedado probado que Elorriaga operó de modo “grotesco” para beneficiar a Margüello hasta el punto incluso de encararse con funcionarios. De Cerdán se dice que fue “negligente” como superior jerárquico pero que no compartía los mismos “intereses personales” que el resto de acusados.

Sin embargo, la condena es mínima, sólo por “prevaricación”. La Audiencia rechaza, en línea con la petición realizada en el juicio por los letrados del Gobierno vasco del PNV, que exista un quebranto económico porque, a pesar de ser un contrato ilegal, el servicio se prestó y se atendió a los pacientes derivados. No atiende el criterio anterior del Gobierno, expuesto en el juicio por el exconsejero Rafael Bengoa, que remarcó que la sola existencia de una intermediaria sin medios técnicos y humanos, como lo era la empresa de Margüello, suponía un sobrecoste frente a una subcontratación directa de una clínica privada.

Erkoreka, preguntado por los periodistas, ha destacado que haya quedado claro en la vía judicial que “no existió perjuicio económico” y que el “único alto cargo” acusado haya sido completamente exonerado. Repreguntado por el papel de Elorriaga, un cargo de confianza del entonces consejero, Gabriel Inclán, y de Margüello, amigo de ambos, ha rebajado su papel en la Administración a “funcionarios con más o menos relevancia”. “No eran altos cargos en función de la Ley de Gobierno”, ha querido remarcar el consejero-portavoz.

La sentencia del 'caso Margüello' también ha suscitado reacciones en la oposición. EH Bildu ha considerado que las irregularidades puestas de manifiesto en la resolución judicial indica la necesidad de “hacer una apuesta inequívoca por la gestión directa de los servicios públicos”. “Externalizar servicios sanitarios abre la puerta a actuaciones irregulares”, valora la parlamentaria Eva Blanco. Sobre el fondo del asunto, Blanco asegura que “llama la atención que el tribunal no vea malversación cuando constata voluntad de beneficiar a empresas que no podían contratar con la Administración”.

Desde Elkarrekin Podemos, Lander Martínez ha criticado que el Gobierno vasco no haya denunciado con mayor beligerancia la “corrupción” en la Administración pública cuando ha sido el “principal perjudicado”. Fuentes de la Fiscalía han indicado a eldiarionorte.es que es muy complicado lograr una condena por malversación si el afectado estima que no ha sufrido un perjuicio. Martínez ha adelantado que pedirá la comparecencia de Erkoreka en el Parlamento porque 

“el Gobierno tiene que explicar cómo no ha exigido ninguna pena para quien daba contratos a dedo a sus amigos con el dinero de todos los vascos”.

Según el dirigente morado, la sentencia evidencia “la lógica clientelista” llevada a cabo en la Administración vasca “durante demasiados años y sin consecuencias legales”. Y ha recordado que el propio consejero actual, Jon Darpón, firmó en su momento un documento de apoyo a los acusados. 

¿Qué es el 'caso Margüello'? Son “hechos probados” por la Audiencia Provincial de Bizkaia que un alto cargo del Departamento de Sanidad dirigido por Gabriel Inclán (PNV), de nombre José Ramón Elorriaga y responsable territorial en Bizkaia, hizo todo y más, incluso insultar a funcionarios, para contratar 'a dedo' a una empresa de su amigo José Carlos Margüello, facultativo de Osakidetza y jefe de Calidad del hospital de Cruces, que era también cercano al propio Inclán.

Margüello constituyó y dirigió -a través de una testaferro para “burlar” la “incompatibilidad”- la mercantil Gestión de Servicios Sanitarios XXI, con la que pretendió intermediar entre el Servicio Vasco de Salud y una clínica privada para derivar pacientes. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, la condena del 'caso Margüello' es mínima, solamente por un delito de prevaricación que no comporta penas de prisión. La clave es que los servicios se prestaron y que no se ha probado una pérdida de dinero público o malversación de caudales.

Afirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que cierra un caso abierto en 2010 y cuyo juicio se celebró en marzo y abril de este año, que Gestión de Servicios Sanitarios XXI era un simple intermediaria, en ningún caso un centro sanitario autorizado y homologado para concertar con la Administración. Resumidamente, no tenía médicos. No es “suficiente” que una empresa así “disponga de convenios de colaboración” con otras clínicas, en este caso la San Francisco Javier de Bilbao. Simplemente, legalmente no podía prestar servicios sanitarios.

En efecto, en aquella época (2006) había un problema de listas de espera. Pero ese problema no justificaba la activación de un procedimiento de emergencia. Esa fórmula contratación directa, sin concurso público, se llevó a cabo no para acelerar la atención de los pacientes sino para evitar los controles administrativos y dar “opacidad” a la contratación irregular de la compañía de un amigo.

El tribunal, presidido por Alfonso González Guija, subraya que Elorriaga “no cesó hasta obtener un informe que, aunque fuese parcialmente, le pudiese dar cobertura o apariencia de legalidad a su actuación”. En su intento de “resolver cualquier cortapisa” sobre la falta de homologación de Gestión de Servicios Sanitarios XXI, hasta “insultó” a funcionarios a su cargo. Era un proceder “grotesco” con tal de beneficiar a un amigo personal, que también lo era del jefe, el consejero Inclán. Tampoco importó que conociera que en la empresa estuviera involucrado una persona incompatible por su cargo en Osakidetza para contratar con la propia Osakidetza por más que se ocultara detrás de María Nieves Fernández, la cara visible de Gestión de Servicios Sanitarios XXI pero una simple testaferro.

El procedimiento de urgencia fue visado por el viceconsejero Rafael Cerdán. Interpreta el tribunal que fue negligente al no detectar las irregularidades del expedientes, si bien estima que no compartía los intereses personales de Elorriaga por su relación con Margüello. Así pues, son culpables de prevaricación exclusivamente Elorriaga y el facultativo, más Fernández como colaboradora necesaria. Su condena se limita a inhabilitación para nueve años (siete para la testaferro), sin cárcel.

A esta primera contratación le siguió una segunda. Esta vez se activó un concurso público para la externalización de las listas de espera. Pero se suspendió y se retomó un procedimiento directo que volvió a beneficiar a Gestión de Servicios Sanitarios XXI, esta vez en una UTE con la Clínica Indautxu y Rehabilidom (otra de las mercantiles de Margüello, que en total facturó más de 30 millones con Inclán). La sentencia interpreta que es un contrato “altamente reprobable desde el punto de vista moral” porque “sobrevuela la intencionalidad” de volver a beneficiar a Margüello, pero entiende que no hay elementos ni si quiera para hablar de prevaricación, que consiste en dictar resoluciones administrativas injustas a sabiendas de que lo son.

La clave del procedimiento era el dinero que percibió Gestión de Servicios Sanitarios XXI por estos contratos. La Fiscalía reclamaba la devolución de 6,8 millones de euros, pero la representación letrada del Gobierno vasco retiró toda acusación en el juicio al entender que no se podía hablar de quebranto. Hecha bien o mal la contratación, el servicio se prestó y los pacientes fueron atendidos.

¿Incrementó o no la factura la existencia de una intermediaria? El consejero socialista Rafael Bengoa, que en 2009 denunció esta trama, fue muy explícito en el juicio en este sentido: “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”. Las defensas insistieron en que los precios públicos pagados por la Administración se ajustaron a la legalidad. También para la Audiencia de Bizkaia “la contratación de tales servicios no supuso la sustracción o consentimiento en la sustracción de bienes o caudales públicos”. Es decir, no hubo malversación y toca absolver a los acusados de ese delito, que sí les hubiera llevado a la cárcel. Y todo a pesar de reconocer que la creación de una intermediaria tenía “ánimo de lucro” toda vez que los medios materiales y humanos lo ponía una clínica subcontratada.

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Las partes disponen de un plazo de cinco días para hacerlo efectivo. Consultada la Fiscalía, ha indicado que estudia el posible recurso. No obstante, asume que “el delito de malversación exige acreditar el perjuicio y ello es complicado cuando la Administración afectada considera que no se ha producido”.