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La familia de la víctima de abusos sexuales en Gaztelueta pide 14 años de cárcel para el profesor investigado

Acusan al docente, numerario del Opus Dei, de un doble delito, una agresión sexual grave y abusos "continuados" en el tiempo cuyas consecuencias siguen marcando el día a día de la víctima, hoy ya mayor de edad

Los letrados de la familia, que superan con creces la calificación de la Fiscalía, consideran un agravante la posición de superioridad del docente y que la víctima tuviera menos de 13 años

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Entrada del colegio masculino Gaztelueta de Leioa

Entrada del colegio masculino Gaztelueta de Leioa

La familia del alumno del colegio masculino Gaztelueta de Leioa (Bizkaia) que denunció haber sufrido abusos y 'bullying' cuando cursaba el primer ciclo de ESO en aquel centro vinculado al Opus Dei solicita que el docente J.M.M.S., que en los próximos meses se sentará en el banquillo de los acusados como presunto responsable de estos hechos, sea condenado a diez y cuatro años y medio de cárcel por sendos delitos de "abusos sexuales", el primero de ellos por una grave agresión física concreta y otro por el carácter "continuado" en el tiempo de estas prácticas. También se reservan la posibilidad de emprender nuevas acciones legales contra el profesor y contra el propio colegio para exigir una compensación económica en concepto de "responsabilidad civil" por las graves secuelas que aquellos hechos produjeron -y aún producen- en el joven, hoy ya mayor de edad.

La letrada de la familia ha presentado este martes, en esta fase previa a la celebración del juicio contra el numerario del Opus Dei J.M.M.S., su escrito de acusación, que supera en contundencia al de la Fiscalía, que plantea una condena de tres años de cárcel y una indemnización de 40.000 euros para la víctima y sus allegados. La abogada, según la documentación a la que ha accedido este eldiarionorte.es, entiende que la investigación previa ha dejado constancia de que el docente cometió dos delitos.

En primer lugar alude a un "abuso sexual" físico de carácter grave -aporta todos los detalles y pruebas- con el agravante de que la víctima era menor de 13 años y el agresor tenía sobre él una posición de "confianza". Plantea por ello una primera condena de diez años de prisión más la prohibición de acercarse a la víctima durante ese mismo período. El segundo delito destaca el carácter "continuado" de las prácticas vejatorias, que incluso propiciaron que el estudiante fuera víctima también de acoso escolar por parte de sus compañeros. En este caso, la letrada exige una pena de cuatro años y seis meses, más otros diez años de alejamiento. Son un total de 14 años de cárcel -no acumulativos- y 20 de alejamiento, a los que se suman otras peticiones accesorias como la inhabilitación para el sufragio pasivo, la condena en costas o la posibilidad de que tenga que afrontar también una compensación que de momento no se fija. 

Buscando justicia desde 2012

J.M.M.S, de 42 años y familiar de una alta personalidad del Estado, ejerció de preceptor o tutor del joven en el primer ciclo de la ESO, de 2008 a 2010. Este docente mantenía entrevistas reservadas con el alumno. Al inicio fueron una o dos al mes y en sesiones de hasta veinte minutos, pero con el paso del tiempo pasaron a dos o tres semanales de hasta casi una hora. Era en estos encuentros cuando comenzó a preguntar al adolescente por su vida sexual. Más adelante se iniciaron los tocamientos e incluso abusos más graves. La víctima se sentía "cohibida" a la hora de "oponerse" a las exigencias sexuales de su tutor, quien llegó a "doblegar" su voluntad para evitar que contara lo ocurrido a sus padres. 

Este caso fue    destapado en 2012  . Ya entonces motivó una investigación inicial de la Fiscalía del País Vasco que sí dio credibilidad al testimonio del entonces adolescente, apoyado en informes psiquiátricos de prestigiosos profesionales como Iñaki Viar. Aquellas diligencias, sin embargo, no prosperaron al no hallarse más indicios de criminalidad contra el profesor que la palabra de un joven y de una familia absolutamente ninguneados por el colegio, por sus compañeros -algunos de ellos responsables del 'bullying' a la víctima- y por el Opus Dei, que activó todos sus mecanismos de presión. Asimismo, se inició también un procedimiento canónico  después de que el Papa Francisco prometiera a la familia en una postal navideña que iba a llegar hasta el final en este nuevo episodio de abusos sexuales. El proceso, sin embargo, no tenía ninguna posibilidad de llegar a buen puerto porque los numerarios del Opus Dei no están sujetos a sus sanciones. 

Fue la propia víctima quien, al cumplir la mayoría de edad, retomó la vía judicial. La investigación, llevada a cabo por un juez de Getxo,  se completó el pasado año con el procesamiento del docente ante los graves indicios de que se propasó con el menor. No sólo eso, también quedó patente que el profesor había motivado que el joven sufriera también 'bullying'. Entretanto,   25 docentes y excompañeros del denunciante en Gaztelueta firmaron actas notariales para rechazar con rotundidad la existencia de estos hechos  y la familia lamenta igualmente el cuestionamiento y doble victimización que han padecido. Ahora, la Fiscalía entiende que el centro es responsable civil subsidiario de lo ocurrido.
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