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La Fiscalía pide tres años para un profesor de Gaztelueta por "abusos sexuales continuados" a un menor

El numerario J.M.M.S., familiar de una alta autoridad del Estado, se valió de su posición como tutor del adolescente de 12 años para propasarse. El ministerio público hace al colegio del Opus Dei "responsable civil subsidiario" de la indemnización a la víctima.

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Entrada del colegio masculino Gaztelueta de Leioa

Entrada del colegio masculino Gaztelueta de Leioa

La Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión para J.M.M.S, el profesor del colegio masculino Gaztelueta vinculado al Opus Dei y ubicado en Leioa (Bizkaia), que en los próximos meses será juzgado por  un delito de "abuso sexual continuado" hacia uno de sus alumnos, que en el momento de los hechos cursaba 1º y 2º de Secundaria (12 y 13 años). El ministerio público reclama también una orden de alejamiento durante cinco años y que se abone una indemnización de 40.000 euros a la víctima por el "estrés postraumático" que le provocaron los hechos, de los que hace "responsable civil subsidiario" al propio centro Gaztelueta. Para la familia de la víctima se trata de una petición "del todo insuficiente".

Este caso,  destapado en 2012 , motivó una investigación inicial de la Fiscalía del País Vasco que sí dio credibilidad al testimonio del entonces adolescente, apoyado en informes psiquiátricos de prestigiosos profesionales como Iñaki Viar. Aquellas diligencias, sin embargo, no prosperaron al no hallarse más indicios de criminalidad contra el profesor que la palabra de un joven y de una familia absolutamente ninguneados por el colegio, por sus compañeros y por el Opus Dei, que activó todos sus mecanismos de presión. Asimismo, se inició también un procedimiento canónico  después de que el Papa Francisco prometiera a la familia en una postal navideña que iba a llegar hasta el final en este nuevo episodio de abusos sexuales. El proceso, sin embargo, no tenía ninguna posibilidad de llegar a buen puerto porque los numerarios del Opus Dei no están sujetos a sus sanciones. 

Fue la propia víctima quien, al cumplir la mayoría de edad, retomó la vía judicial. La investigación, llevada a cabo por un juez de Getxo, se completó el pasado año con el procesamiento del docente ante los graves indicios de que se propasó con el menor. No sólo eso, también quedó patente que el profesor había motivado que el joven sufriera también 'bullying'. Entretanto,  25 docentes y excompañeros del denunciante en Gaztelueta firmaron actas notariales para rechazar con rotundidad la existencia de estos hechos y la familia lamenta igualmente el cuestionamiento y doble victimización que han padecido.

J.M.M.S, de 42 años y familiar de una alta personalidad del Estado, ejerció de preceptor o tutor del joven en el primer ciclo de la ESO, de 2008 a 2010. La Fiscalía recuerda que, por su posición, este varón "mantenía entrevistas reservadas" con el alumno, "una o dos al mes" y en sesiones de hasta veinte minutos inicialmente para pasara a "dos o tres" semanales de hasta casi una hora. Era en estos encuentros cuando comenzó a preguntar al adolescente por su vida sexual. Más adelante se iniciaron los tocamientos e incluso abusos más graves. La víctima se sentía "cohibida" a la hora de "oponerse" a las exigencias sexuales de su tutor, quien llegó a "doblegar" su voluntad para evitar que contara lo ocurrido a sus padres. 

"Consecuencia de esta situación vivida, la víctima ha sufrido un síndrome de estrés postraumático", recuerda el ministerio público, que alude a cefaleas, vómitos o a dolores abdominales como las conscuencias físicas que han acompañado a una vida destrozada. El "tratamiento psiquiátrico y psicológico que se inició en mayo de 2011 continúa en la actualidad", recuerda la Fiscalía sobre la gravedad de los abusos.

La familia: "Es del toto insuficiente, incluso ofensivo"

"Nos parece del todo insuficiente", ha explicado la familia de la víctima a eldiarionorte.es al conocer el escrito de calificación de la Fiscalía. "No entendemos que se ventile esto con tres años de cárcel: nuestro hijo lleva diez años sufriendo", abundan quienes, como parte personada, presentarán una acusación más severa y contundente. Según estas fuentes, es "incluso ofensivo" que se plantee que con 40.000 euros se puedan compensar las graves consecuencias de unos abusos y de un estrés postraumático que aún no se ha superado y que impiden al hoy joven llevar una vida normal y mantener relaciones con sus iguales. "Esperemos que no retiren la acusación, como ocurrió en Granada", desea la familia citando otro caso que ha afectado a la Iglesias católica. 

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