La Unión Progresista de Fiscales ha criticado la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado porque no prueba “con certeza” que fuese Álvaro García Ortiz y ha lamentado que no se diese suficiente valor a los testimonios de los periodistas durante el juicio. “Ya no se condena porque algo esté probado, se condena porque lo contrario no resulta suficientemente convincente. Este giro es constitucionalmente letal”, aseguran en un comunicado hecho público este miércoles.

Los fiscales progresistas ponen el foco en que el Supremo ha condenado a García Ortiz por considerar “una hipótesis más probable que otra”: la mayoría del tribunal entendió que “no existe una explicación alternativa razonable” que apunte a otro lado que no sea a la Fiscalía y al propio García Ortiz. En un Estado de Derecho solo puede condenarse “cuando existe certeza más allá de toda duda razonable”, replica la UPF: “La sentencia no afirma que esté probado con certeza que fue el acusado. Afirma algo muy distinto: que no existe una explicación alternativa razonable. Esto supone un desplazamiento radical del estándar penal”.

La UPF, a la que pertenecía García Ortiz hasta que fue nombrado máximo responsable del Ministerio Público, señala que es “problemático” que el Supremo diese mayor validez al testimonio de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, frente al de los periodistas que declararon en el juicio. “Una deducción puramente subjetiva manifestada por ella —”habéis filtrado los correos“— es elevada por la mayoría a la categoría de indicio de culpabilidad, pese a que no existe confirmación expresa del acusado, no existe corroboración externa objetiva y el propio relato de la afectada evoluciona de forma perceptible entre la fase de instrucción y el juicio oral hacia una versión progresivamente más incriminatoria”, destaca la asociación. Lastra aseguró ante el Supremo que preguntó a García Ortiz si había “filtrado los correos” y que el fiscal general le respondió que eso no importaba. García Ortiz replicó, en su declaración como imputado, que él nunca escuchó esa pregunta. También habló de su mala relación y relató que tuvo que “perseguir” a la fiscal jefe de Madrid para que saliera la nota de prensa para desmentir a Miguel Ángel Rodríguez.

La asociación de fiscales progresistas contrasta el valor que se otorgó en la sentencia a esas palabras frente al poco que se dio al testimonio de los periodistas, entre ellos dos informadores de elDiario.es: aportaron “relatos coherentes entre sí, coincidencias temporales, mensajes, cronologías, metadatos, publicaciones previas” y otros elementos que “permitían reconstruir una circulación de la información independiente del acusado”.

El comunicado también lamenta que haya una inversión “encubierta” de la carga de la prueba, algo prohibido por la Constitución, porque la sentencia da a entender que si el acusado no logra construir una “alternativa sólida” será condenado. Y, además, la UPF considera que la mayoría del tribunal descartó alternativas porque no encajaban con la hipótesis principal y, a la vez, validó la hipótesis principal porque había descartado las alternativas.

Finalmente, la asociación afirma que es “un error institucional de enorme gravedad” que se hiciese público el fallo el pasado 20 de noviembre, sin la argumentación de la sentencia, porque proyectó ante la ciudadanía “una imagen de decisión ya cerrada antes de culminar el proceso deliberativo”. “Cuando existe un voto particular absolutorio en un procedimiento de única instancia, el sistema no puede permitirse resoluciones aceleradas ni escenificaciones de cierre anticipado del debate”, argumentan. Y recuerdan que el procedimiento contra el fiscal general no era un caso “ordinario”: “se juzga una nota institucional destinada a frenar una desinformación reconocida como falsa” —el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, reconocido por el propio protagonista como una especulación sin pruebas durante el juicio— y que afectaba al “prestigio” de la institución.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha dirigido por carta a todas las asociaciones de jueces y fiscales para pedir un debate “serio, riguroso y sosegado” sobre las últimas reformas que afectan al sector legal y para aclarar “informaciones inexactas” sobre ellas. La propuesta, publicada hoy en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, incluye modificaciones como un examen práctico en las oposiciones, la regularización de jueces sustitutos y, entre otras, la prohibición de que estas asociaciones se financien con dinero de bancos o empresas privadas.

La misiva que el titular de la cartera de Justicia ha remitido a las siete principales asociaciones del sector explica, como ha hecho en diversas intervenciones públicas, que el ejecutivo impulsa “la mayor transformación de la Justicia en décadas” para “consolidar un servicio público ágil, digital y cercano al ciudadano”. Con reformas “imprescindibles”, añade, que abarcan desde algunas ya vigentes como los recientes tribunales de instancia como otras en tramitación parlamentaria.

El proyecto de Ley Orgánica que publica hoy el Boletín de las Cortes, añade Bolaños, tiene por objetivo “mejorar y modernizar” el acceso a la judicatura y la Fiscalía, que esos procesos tengan más “objetividad y transparencia” y que se mantengan los criterios de “mérito y capacidad”.

Cita, entre una decena de medidas, los cambios que se introducirán en las oposiciones: un examen práctico posterior al tradicional test y la prueba oral que permitirá “evaluar la capacidad de razonamiento jurídico” del aspirante a juez o fiscal. Los exámenes orales, además, serán grabados.

La regularización de cientos de jueces sustitutos, que ejercen sin haber pasado esa oposición, es uno de los aspectos que más polémica han generado en el mundo judicial y Bolaños recuerda que han seguido las medidas de la Comisión Europea y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión. Habrá un tribunal de selección presidido por un magistrado del Supremo y el proceso, añade, permitirá consolidar “a personas que llevan muchos años ejerciendo con profesionalidad” en los tribunales.

Las becas públicas para opositores quedan blindadas con una cuantía equiparada al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que el acceso a la judicatura o la Fiscalía “venga determinado exclusivamente por el mérito, la capacidad y el esfuerzo” sin influencias de “condicionantes económicos”. El Centro de Estudios Jurídicos, añade, se convertira en “un centro público de preparción de oposiciones”, que no impedirá que los aspirantes puedan seguir recurriendo a un preparador privado.

La norma, entre otras medidas, afecta directamente a las asociaciones de jueces y fiscales a las que se dirige Bolaños: solo podrán financiarse con subvenciones públicas o a través de las cuotas que paguen sus miembros. Pero no, como sucede en varios casos, con patrocinios o dinero de empresas privadas o grandes bancos.

El objetivo, explica Bolaños, es “fortaceler y proteger su efectiva independencia y la apariencia de esta, evitando que pueda interpretarse que la financiación privada pueda condicionar su actuación”.

La puesta en marcha de una nueva unidad especializada en la Fiscalía General del Estado para luchar contra la corrupción ha abierto otro frente en el Ministerio Público. La conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) considera “innecesaria y perturbadora” la creación de la llamada Fiscalía de delitos contra la administración pública. Se trata de un nuevo instrumento para hacer frente a los delitos que socavan el patrimonio público, pero bajo el que este colectivo abiertamente enfrentado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, ve una maniobra política para arrebatar investigaciones a la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón, un fiscal nombrado cuando el PP estaba en la Moncloa y al que García Ortiz renovó en su puesto. 

La creación de esta nueva unidad especializada es una decisión del Gobierno y forma parte de uno de los compromisos del llamado Plan de Regeneración. No obstante, su máximo representante —con la categoría de Fiscal de Sala, la máxima de la carrera— será designado a propuesta del fiscal general durante el próximo mes. Para ello, se celebrará una reunión del Consejo Fiscal, el órgano asesor del máximo representante del Ministerio Público, donde están representadas las asociaciones de fiscales. La cita estaba prevista para el próximo 9 de abril, pero finalmente se celebrará el 22. 

Aunque la última palabra la tendrá García Ortiz, se trata de una reunión que se prevé de alto voltaje, dada la negativa de la Asociación de Fiscales a la puesta en marcha de esta unidad. Esta organización apunta a su “posible colisión” con las competencias de Anticorrupción, un departamento creado en 1995 y que, a día de hoy, nadie discute en la carrera. No ocurrió así cuando el Gobierno de Felipe González lo puso en marcha a instancias del Consejo de Europa y con el ánimo de abordar la gran corrupción y la delincuencia económica desde una perspectiva de especialización muy novedosa entonces. 

En ese momento, la Asociación de Fiscales consideró que era “inútil” y “un gasto innecesario”. “Nos parece peligroso, porque es una fiscalía que nace con falta de credibilidad y con falta de utilidad, que, además, va a suponer un gasto grande que era innecesario, porque el problema se podía haber solventado de otra manera”, afirmó su entonces presidente, Juan Ortiz Úrculo, en declaraciones a la agencia Servimedia. 

Fuentes fiscales sostienen que el objetivo es que el trabajo de esta unidad especializada discurra en paralelo al de la Fiscalía Anticorrupción, que sí tiene función jurisdiccional. Explican que estas unidades especializadas no llevan casos concretos y se encargan de coordinar la actuación del Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional en relación a algunos delitos concretos y unificar el criterio a seguir. 

Ya existen en áreas como violencia machista, medio ambiente, menores, seguridad vial, criminalidad informática, delitos de odio o memoria democrática, entre otros. Cada unidad está formada por un fiscal de sala y dos fiscales adscritos, que supervisan los escritos de los fiscales delegados de las comunidades y dan indicaciones para garantizar que las investigaciones siguen una directriz común.  

Estas mismas fuentes tampoco ven justificado el supuesto temor a una maniobra política para arrebatar casos a Luzón por mucho que su relación con García Ortiz no pase por su mejor momento. Recuerdan que la ley ya determina que es el fiscal general el que, en última instancia, decide qué asuntos se derivan a este departamento, que sostienen que seguirá encargándose de investigar los grandes casos de corrupción. En la Unión Progresista de Fiscales, la asociación a la que perteneció García Ortiz hasta que fue nombrado fiscal general, defienden que la nueva unidad fomentará una especialización necesaria en la carrera.

“Imprescindible”, según el Gobierno

El Gobierno, según recoge un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 31 de julio, considera “imprescindible” la creación tanto de la Fiscalía de delitos contra la administración pública como la de delitos económicos. En ese mismo documento, el Ejecutivo sostiene que “es preciso ampliar a toda la estructura territorial de la carrera fiscal la especialización en estas materias” para “lograr una verdadera y efectiva lucha contra la corrupción y los delitos en los que existe menoscabo del erario”. 

Sin embargo, la Asociación de Fiscales considera una “burla intolerable” que se pongan en marcha ambas unidades “en un tiempo en el que es pública la investigación de diversos procedimientos que afectan al entorno del propio Gobierno”. Además, sostiene que es “inconcebible” que se vaya a cubrir la plaza de Fiscal de Sala de delitos contra la administración pública en un momento en que el fiscal general está siendo investigado por supuestamente desvelar información reservada del comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

“No es de recibo que el fiscal general del Estado vaya a decidir el nombramiento de la persona que habrá de ocuparse de unificar los criterios de actuación del Ministerio Fiscal sobre unos delitos como, por ejemplo, la violación de secretos, por el que (...) está siendo investigado”, dicen en un comunicado en el que aprovechan para volver a pedir la dimisión de García Ortiz. A estas críticas también se ha unido la propia Ayuso, que recientemente ha acusado al Gobierno “multiplicar fiscalías de sala para colocar a afines” con la intención de pasar su “rodillo”. 

Las discrepancias en torno a la creación de la Fiscalía de delitos contra la administración pública afloraron ya el pasado octubre, cuando el Consejo Fiscal se reunió para hacer un informe sobre el real decreto en el que figuraba la creación de más de 70 nuevas plazas en la Fiscalía, incluidas las ligadas a esta nueva unidad. Entonces, los seis representantes de la Asociación de Fiscales y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) —que tienen mayoría en el órgano— lograron imponer su criterio en el dictamen finalmente aprobado. 

Los tres miembros natos —el fiscal general; la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde; y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite— y los dos representantes de la de la Unión Progresista de Fiscales formularon votos particulares al discrepar de la posición de la mayoría. En el caso del nombramiento, la potestad es del fiscal general, aunque es una incógnita si los vocales de la asociación conservadora jugarán la baza de ausentarse de la reunión e impedir que se celebre por falta de quorum, boicoteando así la elección.  

Félix Martín (Valladolid, 1975) acaba de ser elegido presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la segunda organización profesional en representación en la carrera. Toma el testigo de su predecesor, Jesús Arteaga, en un momento extremadamente convulso en el Ministerio Público, con su máximo representante, Álvaro García Ortiz, imputado por la supuesta filtración de un email relacionado con la investigación por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una causa que, a su juicio, “no es más que humo prefabricado por oscuros intereses” y que enmarca en un “asfixiante intento de instrumentalización política de la Fiscalía por determinados sectores que persiguen otros fines y que no les importa debilitar la Justicia y la democracia”.

¿Qué le parece la causa abierta contra el fiscal general del Estado? ¿Cree que había base para investigarle por un delito de revelación de secretos?

No había una base jurídica, pero es importante explicar el contexto. Y lo primero que ocurre es que aparecen determinadas informaciones sesgadas que cuestionan la profesionalidad de la Fiscalía insistiendo en el mantra de que respondemos a órdenes políticas. Todo, porque el asunto tiene relación con un allegado de una política relevante y a pesar de que el compañero que empezó a trabajar este asunto ni siquiera conocía ese vínculo. Después, aparecen nuevas informaciones que evidencian que las primeras noticias no habían contado toda la secuencia de hechos. 

Ante esto, no motu proprio, la Fiscalía Provincial de Madrid, que tiene amparo legal para hacerlo, hace una nota de prensa para explicar lo que ha sucedido y disipar cualquier duda de actuación parcial con el visto bueno del fiscal general. La nota de prensa no desveló nada que no fuera conocido y era necesaria y legítima aclarar que la intervención de los fiscales había sido técnico-jurídica y no política. 

El Supremo no reprocha nada de la nota de prensa. Pero ante la posibilidad de que esos correos [entre el fiscal del caso y la defensa de Alberto González Amador] hayan sido desvelados por la fiscal jefe provincial de Madrid y el fiscal general del Estado entiende que es suficiente para abrir un procedimiento. Es una decisión que nos deja estupefactos, pues no hay precedentes aplicando su propia jurisprudencia. No solo no hay indicios, sino que ni siquiera hay sospechas. Nos movemos en la especulación o en la elucubración. Tal y como ustedes han desvelado en sus artículos hay múltiples posibilidades teóricas de quién ha podido revelar [los correos] y sólo se ha abierto una causa contra dos personas.

Precisamente en el marco de esa investigación, el Tribunal Supremo ordenó clonar los ordenadores y el teléfono móvil del fiscal general. ¿Le parece proporcionado? 

Es algo que nos preocupa enormemente. Aplicando los parámetros jurisprudenciales consideramos que no era imprescindible. ¿Por qué no se reclamó la entrega de esos correos electrónicos al fiscal general? ¿Por qué no se estudió la posibilidad de obtenerlos de otra manera? ¿Es proporcionado a la gravedad del delito, que es un delito menos grave? ¿Es proporcionada la extensión de la medida? ¿Se han buscado medios menos invasivos? La fiscal jefe provincial de Madrid y el fiscal general del Estado no están despojados de sus derechos fundamentales por desempeñar sus funciones profesionales. 

Se ha provocado la entrada a una institución que tiene relevancia constitucional y que tiene como función defender la independencia de los tribunales. Además, la responsabilidad que ostentan tanto el fiscal general del Estado como la fiscal jefa provincial de Madrid les hace depositarios de información relevante, sensible e importante que, de esta forma queda expuesta. Ojalá no veamos el día de mañana que alguna de esas informaciones se acaba filtrando. 

¿Cree que esta situación tendrá consecuencias para la carrera? 

Me preocupa mucho que el lector de esta entrevista piense que aquí está un fiscal defendiendo a personas importantes. No. En la UPF nos preocupa la posición de debilidad en que esta situación nos deja para el futuro a todos los jueces y fiscales españoles ante delincuentes que tengan capacidad de intoxicación mediática. ¿Nos exponemos a que nos invadan nuestros despachos o nuestras casas? Con estas decisiones se está dando un aval judicial a un proceso claro de deslegitimación del Ministerio Fiscal como institución fundamental para el funcionamiento de la justicia democrática. 

Las consecuencias pueden ser devastadoras porque aunque confiamos y no tenemos ninguna duda en que el procedimiento judicial acabará demostrando que no había más que un humo prefabricado por oscuros intereses, el daño ya está hecho y puede que sea difícilmente reversible. Vivimos un asfixiante intento de instrumentalización política de la Fiscalía por determinados sectores que persiguen otros fines y que no les importa debilitar la Justicia y la democracia. Pero no nos vamos a quedar callados. Entre otras cosas, vamos a pedir próximamente reunirnos con los principales grupos parlamentarios.  

¿Se puede poner nombre a esos sectores de los que habla? 

No. No, porque son variados y distintos. 

Antes decía que sus dispositivos pueden alojar información sensible que ahora queda expuesta. ¿Considera que se debería haber adoptado alguna cautela para proteger su confidencialidad? 

Se deberían haber intentado usar otras medidas menos lesivas. La mejor manera de evitar males mayores es una medida que no haga correr el riesgo de que ese mal se pueda producir. Es evidente que el fiscal general o cualquier fiscal jefe va a tener información sensible sobre causas que están en objeto de conocimiento. 

La UPF es la única asociación que ha defendido la actuación del fiscal general, que fue afiliado hasta que fue nombrado. ¿Cree que se han quedado solos? 

Respetamos todas las opiniones de los compañeros, cada uno tiene que defender sus argumentos. Pero a nosotros lo que nos preocupa es que la sociedad perciba que esto es algo ajeno cuando no lo es y va a repercutir en algo tan importante como la Justicia del día a día.

Salvo la UPF, todas las asociaciones han pedido la dimisión del fiscal general. El CGPJ lo declaró “no idóneo” y tachó de “deficiente” su gestión. ¿Cómo valora estas resistencias? 

Creo que, junto al de seleccionador de fútbol, no hay puesto más sometido a la crítica en España que el de fiscal general del Estado. Que se someta a crítica su figura es absolutamente legítimo. Pero el límite es que a través de esa crítica pública se ataque a su honorabilidad personal o se deslegitime a la institución del Ministerio Fiscal. 

Uno de los términos que ha formado parte de la agenda los últimos meses es el lawfare. Muchos de sus compañeros niegan incluso su existencia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Existen esos abusos en la práctica judicial? 

Creo en las instituciones democráticas; en el Estado de Derecho español, que es sólido y fuerte; en los mecanismos y contrapesos que se establecen en nuestro sistema jurídico. Nuestros pilares son sólidos, tenemos casi 50 años de experiencia y hemos pasado pruebas muy difíciles. Ahora bien, sí hay maniobras claras para debilitar estos pilares. Y esas maniobras pueden intentar introducir el lawfare en España de dos formas: o acabando con la independencia de los jueces, que ha habido algunos intentos; o deslegitimando al Ministerio Fiscal. La sociedad parece que solo se queda con la primera y olvida la segunda, que es la que se está produciendo de una manera muy importante ahora. Para que no haya lawfare es imprescindible un Ministerio Fiscal fuerte. 

¿Está de acuerdo con el actual sistema de elección de vocales del CGPJ? ¿Haría algún cambio?

En la UPF siempre hemos defendido que tiene que haber un control parlamentario porque el CGPJ es un poder del Estado, que tiene funciones que van mucho más allá de ser un colegio profesional. Es muy importante cómo se concrete eso y qué mecanismos se establezcan para vencer la pereza —con muchas comillas— de los políticos, que es inadmisible. Animamos a que se hagan conclusiones muy interesantes para que se consigan esos objetivos en base a los principios que le he comentado. 

La UPF es partidaria de la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal. Es una medida contenida en la lecrim que el Gobierno sigue sin tramitar. ¿Le decepciona?

Yo aprobé las oposiciones en el año 2005. Entonces, cuando fui a la escuela de fiscales ya decían que nos iban a dar la investigación, que era inminente. Han pasado veinte años y es imprescindible. No porque seamos más listos que los jueces, por supuesto que no, sino porque como estamos especializados podemos dar una respuesta más eficiente a una delincuencia cada vez más compleja. Pero no avanzamos porque los políticos —y en esto somos muy severos contra todos— dicen una cosa cuando están en la oposición y otra cuando están en el Gobierno y parece que solo se quedan con la forma de designación del fiscal general. Nosotros demandamos como algo imperioso la autonomía organizativa, funcional, formativa y presupuestaria para poder estar en vanguardia para la sociedad y no decepcionarles porque estamos capacitados en dar una respuesta muy eficiente a la criminalidad.

Tenemos referentes como Bartolomé Vargas en seguridad vial, Teresa Peramato en violencia de género, Miguel Ángel Aguilar en delitos de odio… Ya estamos propiciando avances para la sociedad y todavía no nos han dado la investigación. Si para conseguirlo es necesario que se cambie la designación del fiscal general y se designe por el Parlamento, aplaudimos. La culpa de que esto no se haga no la tiene ni este fiscal general ni los 16 anteriores, la tienen los políticos que lo pueden cambiar. 

¿Para ello se debería blindar antes su autonomía del Gobierno?

Es importante que la sociedad entienda que el hecho de que al fiscal general lo designe el Poder Ejecutivo no quiere decir que no seamos autónomos. Las causas del cese del fiscal general son tasadas. Una vez que el Gobierno nombra a un fiscal general, está blindado. Frases como “la Fiscalía de quién depende” o “el Gobierno debería cesar al fiscal general” —por poner dos ejemplos de distinto signo político— demuestran que las personas que las han dicho no conocen la ley y nos hacen un flaco favor. Otra cosa es que queramos que se refuerce nuestra autonomía. Pero no nos equivoquemos porque el de la autonomía es el argumento que usan siempre para justificar no darnos la investigación. 

Desde algunos sectores se critica la politización de la Fiscalía. ¿Debería impedirse por ley que alguien que ha sido diputado o alto cargo pueda ser nombrado fiscal general del Estado por ese partido si llega al Gobierno?

Es una decisión que tiene que tomar el Parlamento. Pero cualquier decisión en el sentido de reforzar nuestra autonomía a través de la apariencia de imparcialidad del fiscal general va a ser bien recibida por los compañeros y nosotros estaríamos encantados. Pero la reforma debe ir más allá: medios materiales y profesionales, una oficina fiscal que no responda a estructuras decimonónicas…

Antes de su actual puesto, usted trabajó en las fiscalías de Sabadell y Cerdanyola del Vallés en la especialidad de Violencia sobre la Mujer, entre otras. ¿Falla algo desde el ámbito judicial para que siga habiendo tantas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas?

Empecé a ser fiscal en 2005, recién entrada en vigor la ley de violencia de género, y el cambio que hemos vivido ha sido espectacular. Se ha hecho un esfuerzo muy grande en formarnos y en sensibilizarnos, pero hay que hacer más. Hay que entender [a las víctimas] de manera más rápida, más sensible, más empática. Hay que evitar discursos negacionistas, no hay que banalizar. Hay que animar a denunciar. Hay que visibilizar socialmente que la violencia tiene muchas intensidades, no solo es la agresión física… No vamos a cansarnos de mejorar. Pero la justicia, desgraciadamente, no puede borrar la maldad humana. 

El Gobierno aprobó esta semana la creación de dos nuevas fiscalías especializadas en delitos económicos y contra la administración pública. ¿Cree que son necesarias teniendo en cuenta que ya existe la Fiscalía Anticorrupción? 

Anticorrupción tiene competencias en Hacienda Pública, Seguridad Social, delitos cometidos por funcionarios públicos, delitos cometidos en grupos de delincuencia organizada… Imagine el grado de complejidad. Tener delitos económicos, delitos contra administración pública y Anticorrupción va a suponer más especialización —que es una de nuestras banderas— y más medios personales. Además, mejoraremos la respuesta penal, porque el que nos encontremos con estas dos fiscalías implica unificar criterios, reuniones de especialistas, conclusiones, coordinación... El resultado tiene que ser, sí o sí, como el de las demás especialidades que se han creado: más eficacia y más eficiencia. Y esa es la respuesta que debe dar la Fiscalía del siglo XXI. 

También se ha anunciado la creación de 79 nuevas plazas de fiscales. ¿Son suficientes?

No. Es una cifra palmariamente insuficiente. No nos podemos conformar con eso. Además, implica que nunca se nos da una autonomía propia, una agenda propia. Es decir, la creación de plazas de Fiscalía siempre va ligada a la creación de órganos judiciales. La sociedad tiene que entender que para lograr una mayor eficiencia económica y social tenemos que exigir más plazas. Y no porque nosotros tengamos más trabajo, sino porque los intereses particulares de los ciudadanos a lo mejor en vez de resolverse en dos años tardan cinco y eso no puede ser. 

Ya ha relatado antes algunas, en relación a la situación del fiscal general. ¿Qué otras conclusiones deja el Congreso de la UPF?

Además de demostrar nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos, sí constatamos que se empiezan a cuestionar cosas que pensábamos que eran incuestionables desde la II Guerra Mundial. Es muy preocupante lo que está pasando en Gaza o decisiones como la del Parlamento de Israel con la prohibición de la UNRWA. 

¿Cuáles son sus objetivos como presidente?

Mi principal objetivo es que mis compañeros se sientan representados y, este momento que estamos viviendo de deslegitimación del Ministerio Fiscal, acercarnos a la sociedad. La UPF tiene la cosa bonita de que conecta reivindicaciones profesionales con la defensa de ideales de derechos humanos, de defensa de una justicia democrática, de calidad. Asumo el compromiso de acercar un poco la figura del fiscal a la sociedad, de que los ciudadanos vean que estamos a su servicio, que nos tienen como defensores y valedores de la justicia y de la democracia, como los primeros soldados.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) han vuelto a reclamar la dimisión en bloque de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se cumplen cinco años con el mandato caducado por el bloqueo del PP. “Con su proceder han contribuido al desprestigio de una institución que constatamos se encuentra en franca descomposición”, lamentan.

Por el momento, los únicos miembros del órgano que han dado ese paso han sido el expresidente Carlos Lesmes, que dimitió en octubre de 2022, y la vocal progresista Concepción Sáez, que renunció el pasado marzo. La dimisión de esta última alentó un conato de dimisión de los vocales del minoritario sector progresista que finalmente quedó en nada. 

El órgano de gobierno de los jueces alcanza un lustro con el mandato caducado y con una mayoría conservadora cada vez más afianzada como un contrapoder al Gobierno en una estrategia que estrenó José María Aznar, entre 1995 y 1996; la siguió Mariano Rajoy, entre 2006 y 2008; y la han exprimido al máximo primero Pablo Casado y, después, Alberto Núñez Feijóo. Gracias a esa sucesión de bloqueos el PP se ha garantizado un dominio conservador en el órgano que decide los principales ascensos en la carrera judicial en 22 de los últimos 27 años. 

En un comunicado conjunto, ambas asociaciones critican que los vocales “contribuyen” a mantener una situación que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial pese a que, por su “profesión y responsabilidad”, están obligados “a garantizar el cumplimiento de ambas y del ordenamiento jurídico”. “Prolongan su mandato sin credibilidad, sin legitimidad y sin rubor alguno”, aseguran.

“Hay que recordar que un grupo mayoritario de vocales del CGPJ se permite intervenir en el debate partidista sobre una proposición de ley que ni siquiera se había presentado en las Cortes [en alusión a la amnistía]; retrasar el preceptivo informe sobre proyectos de ley (...); opinar con su cargo caducado y en funciones sobre la idoneidad del Fiscal General del Estado, y demorar deliberadamente durante semanas la renovación del Tribunal Constitucional”, añaden ambas organizaciones. 

Jesús Arteaga (Madrid, 1964), fiscal con tres décadas de experiencia, fue elegido el pasado octubre presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la segunda organización profesional en representación en la carrera. Atiende por teléfono a elDiario.es desde Santander, donde ejerce actualmente como fiscal delegado de Seguridad Vial. La conversación se produce en la última fase de la negociación entre el PSOE y los partidos independentistas y en medio de una enorme presión contra la posible amnistía, también desde determinados sectores de la judicatura y la Fiscalía. 

Arteaga rechaza hacer pronunciamientos tajantes sobre la hipotética despenalización del procés, cuyo texto todavía desconoce, pero afirma que no cree que “vaya a atentar tan gravemente contra el orden constitucional”. Recuerda que la obligación de jueces y fiscales es “cumplir las leyes, se llame de amnistía o de lo que sea”. Y sostiene que los pronunciamientos antes incluso de conocer el contenido de esa posible norma “desprestigian a las carreras [judicial y fiscal] de un modo injusto”. También califica de “aberrante” desde “el punto de vista constitucional” que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleve casi cinco años en funciones, pero afirma que la Justicia “no deja de funcionar” aunque su órgano de gobierno no esté “legítimamente formado”. 

¿Cuál es su opinión sobre la ley de amnistía? ¿Cree que tiene cabida la amnistía en nuestro ordenamiento jurídico?

En la UPF hemos debatido estas cuestiones y, como tenemos bastantes sensibilidades, hay opiniones de todo tipo. Aunque últimamente está muy de moda, como asociación profesional, por sistema, no solemos meternos en política. No entendemos cómo algunos estamentos se adelantan tanto y ya la dan por mala o por buena [la hipotética ley de amnistía] cuando, yo por lo menos, no manejo ningún texto. Nuestra obligación es cumplir las leyes, se llame de amnistía o de lo que sea. Otra cosa distinta es que, dentro de nuestras competencias, tengamos que interpretar las leyes conforme a nuestro saber y buen entender. En todo caso, no creo que una ley vaya a atentar tan gravemente contra el orden constitucional. Y me arriesgo diciendo esto porque no la conozco. 

Todavía no se conoce la proposición de ley de amnistía, pero sí el acuerdo entre el PSOE y Junts. ¿Qué opina de las referencias al lawfare que recoge ese texto? El PSOE explicó después que el Parlamento no fiscalizará sentencias y solo tendrá en cuenta las conclusiones de investigaciones parlametarias ya comprometidas.

Respecto a las referencias al “lawfare” recogidas en el texto del pacto PSOE-Junts, me reitero en la defensa de la separación de poderes de nuestro sistema constitucional democrático. Subrayo la obligación constitucional de respetar la independencia de los jueces y la autonomía de los fiscales en el desarrollo de su trabajo, sin supervisión ni tutelas por otros poderes.

Decía que hay otros estamentos que se han pronunciado. Precisamente este lunes, nueve vocales del bloque conservador del CGPJ suscribieron una declaración institucional que afirma que la hipotética amnistía supone “la abolición del Estado de derecho”. ¿Cree que en la situación en la que está el CGPJ está legitimado para hacer este tipo de consideraciones?

La verdad es que no, me parece muy arriesgado. Es un órgano que lleva casi cinco años de cumplido mandato y que no está al completo. En el articulado que regula el Consejo yo no he sido capaz de encontrar ninguna facultad que justifique tal actuación. En todo caso, el orden constitucional español es muy fuerte y se compone de muchos elementos e instituciones. Acabamos de hacer unas elecciones, todavía no está resuelta la formación de Gobierno, pero se ha elegido un Parlamento con toda la democracia y meses antes se habían elegido los parlamentos autonómicos, alcaldes, alcaldesas… Evidentemente, tenemos un problema en la cúpula del Poder Judicial —que no deja de tener su importancia—, pero la Justicia no deja de funcionar porque el CGPJ no esté legítimamente formado. 

También se han pronunciado en contra de la hipotética amnistía la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales. ¿Le parece apropiado que jueces y fiscales se pronuncien en estos términos sobre una ley que aún desconocen y que, si finalmente es aprobada, tendrán que cumplir?

No me parece apropiado. Dentro de su libertad de expresión pueden decir lo que quieran, pero me parece arriesgado dado que nuestra profesión se basa en la seguridad jurídica, que consiste en aplicar las leyes aprobadas legítimamente. No sé si son adivinos y empieza el fin del Estado de derecho. Desde luego, no lo deseo. Quizá son pronunciamientos que deberían hacerse sólo a título individual. Considero que desprestigian a las carreras [judicial y fiscal] de un modo injusto.

¿Se refiere al CGPJ o a las asociaciones o a ambas?

A todo en general. Las asociaciones, obviamente, tenemos absoluta libertad para decir lo que queramos, pero esa misma libertad hay que conjugarla con el hecho de que representamos a nuestros asociados, pero también al conjunto de la carrera, donde más de la mitad de los compañeros —aunque no están asociados— pueden sentirse representados en algunos momentos o les gustaría que les representáramos. Hay que decir lo que haya que decir pero con mesura y prudencia. 

¿Cómo valora que haya órganos constitucionales como el CGPJ que están a punto de cumplir cinco años en funciones por la falta de acuerdo para su renovación? ¿Quién es responsable? 

En democracia hay que estar lo más actualizado posible y que un órgano de gobierno como el Consejo lleve casi cinco años en funciones es aberrante desde el punto de vista constitucional. No puedo echar la culpa a nadie porque cada uno tiene sus responsabilidades y sabrá por qué lo hace. Tengo mi propia opinión, pero es particular.

¿Está de acuerdo con el actual sistema de elección de vocales del CGPJ? ¿Haría algún cambio?

En la UPF no hemos hecho una ponencia o una resolución específica sobre esto, pero nos gusta el sistema de elección democrática y que haya representación de la sociedad en esta parte del Poder Judicial. Es bueno que haya gente de la carrera —debe haberla— pero no necesariamente la mayoría debe estar nombrada por gente de la carrera. Eso podía oler un poquitín a corporativismo y no es bueno de cara a la imagen a la que he aludido antes. En todo caso, los representantes políticos deberían apurarse y tener más respeto por ese tercer poder que, en esa parte [en alusión a su renovación], no depende de sí mismo. Por otro lado, insisto, si se cambia la ley, se acata y punto. Pero lo que sí es verdad es que habría que empezar la casa por los cimientos y ahora mismo lo que habría que hacer es renovar el Consejo y después hablar. 

Tras dos años de investigación la Fiscalía archivó sus investigaciones al rey emérito. ¿Cree que un ciudadano cualquiera habría recibido el mismo trato?

La verdad es que no lo sé. Es verdad que el ciudadano ahora ya rey emérito Juan Carlos I no es un ciudadano cualquiera. Su posición tiene sus pros y sus contras, aunque obviamente tiene más privilegios que perjuicios. Pero tanto como meterme en igual trato o desigual trato… la verdad es que no lo sé. Cuando se aprobó la amnistía fiscal también se cuestionó con el mismo argumento —que me parece completamente válido— si a los que tenemos cuatro duros nos habrían tratado igual. Y la verdad es que no lo sé. 

La UPF es partidaria de la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal. Es una medida contenida en la Lecrim que el Gobierno de coalición no ha tramitado. ¿Ha supuesto una decepción?

¿Decepción? Pues se puede emplear esa palabra, pero ahora y hace 15 años y más… Llevo treinta años en esta carrera y es algo de lo que se hablaba cuando estaba preparando las oposiciones. El modelo actual es un poquito anacrónico respecto al mundo occidental en general. En Estados Unidos, Holanda o Alemania el fiscal es el director de la instrucción. El juez tiene que ser imparcial e independiente y conocer lo menos posible de la investigación previa para redactar una buena sentencia o tomar una buena decisión.Y para eso tenemos a los fiscales, que estamos igual de capacitados e incluso tenemos una mayor especialización en el ámbito penal. 

La UPF y el resto de asociaciones han denunciado que el Gobierno no ha cumplido con el compromiso de aumentar en un centenar las plazas de acceso para las carreras judicial y fiscal para el año 2023. ¿Cómo afecta la falta de medios a su tarea diaria?

Puedo poner un ejemplo de lo que me está pasando esta misma semana: estoy haciendo un juicio con jurado importante y he tenido que aparcar todo el trabajo que me ha entrado desde hace unos días. Si hubiera una mayor posibilidad de ayuda personal de otros compañeros… pero es que están todos saturados. La falta de medios personales —y, a veces, materiales— se acumula. Se ha hecho un esfuerzo en los últimos años y creo que en cantidad trabajamos menos que antes, aunque ahora se exige más calidad y un mayor respeto de trámites de derechos fundamentales, como debe ser en un Estado de derecho. No se trata solo de 100 plazas más o menos… sino de dotarnos de personas cualificadas especializadas, de profesionales que nos puedan ayudar en nuestro trabajo. Si queremos un Estado de derecho y una justicia moderna, no solo, pero en parte, pasa por gastar más dinero en medios materiales y personales.

Desde algunos sectores se critica la politización de la Fiscalía. ¿Debería impedirse por ley que alguien que ha sido diputado o alto cargo pueda ser nombrado fiscal general del Estado por ese partido si llega al Gobierno?

Es una pregunta general que encubre una directa, pero está bien. Es verdad que es algo que no gusta en la carrera y que creo que tampoco se recibe con mucha emoción en la sociedad. En todo caso, sería complicado regularlo por ley. ¿Qué limite se pone? Hay que contar con las personas más válidas. Además, tenemos que tener en cuenta que, nos guste o no, el artículo 124 de la Constitución dice que al fiscal o la fiscal general lo nombra el Gobierno. Quizá estamos confundiendo los términos… Sería grave si la Constitución dijera que el Gobierno nombra al presidente del Tribunal Supremo porque podría darse el caso de pasar de un partido político o de un Gobierno en concreto —el que fuera— a un orden jurisdiccional. Aquí pasa a dirigir a los fiscales, aunque el fiscal general no participa en casi ninguna cuestión concreta en el día a día de la Justicia. 

¿Cuáles son las principales conclusiones del Congreso de la UPF? ¿Cuáles son sus objetivos como presidente?

No hay una conclusión principal porque sería hacer de menos a las otras. Pero, por destacar una, nos gustaría que fuera, de una vez por todas, la legislatura de la Justicia. No creo que haya ningún compañero —ni de esta carrera, ni de la judicial—, ni el último funcionario que acaba de llegar a trabajar con nosotros en la Administración de Justicia que no note que es una segundona. No queremos hacer esto en contra de nadie, pero necesitamos una Justicia mucho más actual, más ágil, más exigente —también con nosotros— y mucho más dotada y más preparada. También me gustaría destacar la lucha contra la violencia machista, que es una seña de identidad de la UPF que pensamos seguir llevando adelante hasta el límite de nuestras fuerzas. Y la vertiente de derechos humanos, donde hemos aprobado conclusiones sobre menores migrantes, memoria democrática, el Sáhara Occidental o —con mucha discusión e intercambio de pareceres— sobre Palestina e Israel.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha exigido explicaciones este martes a Alberto Núñez Feijóo sobre su reunión secreta con fiscales conservadores donde, según ha revelado hoy el diario El País, se comprometió a derogar varias leyes del actual Gobierno. “Se ve muy a las claras por qué el señor Feijóo no quiere renovar el Poder Judicial, lo que quiere es seguir maniobrando en la oscuridad”, ha denunciado Bolaños. “Que nos explique qué les ha contado”. La Unión Progresista de Fiscales también ha emitido un comunicado denunciando el carácter “partidista” de la reunión.

Bolaños ha hecho estas declaraciones durante los actos que acoge la sede de la Comunidad de Madrid por la festividad regional. La reunión del líder del Partido Popular con miembros de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, ha dicho el ministro, constituye un hecho “gravísimo” y ha exigido “explicaciones” al político: “¿Por qué se reúne con parte del Poder Judicial a oscuras, de manera clandestina? ¿Para prometerles qué exactamente, qué compromisos adquirió con una parte del Poder Judicial sobre derogar leyes en nuestro país?”, ha preguntado.

“Creo que es muy importante que seamos conscientes de la gravedad que tienen estos hechos. Le pedimos que dé explicaciones, que nos explique qué le ha contado a esa parte del Poder Judicial que no le ha contado al resto de la sociedad”, ha reprochado finalmente el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del ejecutivo central.

Reyes Maroto, candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, también se ha referido a este asunto y ha acusado al líder de la oposición de reunirse “de forma secreta” con estos representantes del Ministerio Público para comprometerse a derogar leyes. Unas leyes que, según la exministra, son “un ejemplo de prosperidad, de avances y de lo que necesita la mayoría social”.

La UPF pide la dimisión de Madrigal

La Unión Progresista de Fiscales ha emitido un comunicado en el que muestra su “preocupación” por la reunión que miembros de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales mantuvieron con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y cuyo contenido ha revelado este martes el diario El País. Una reunión en la que el político y los miembros del Ministerio Público abordaron la futura derogación de leyes y normas del actual Gobierno y que según esta asociación progresista contraviene el código ético de la carrera fiscal, por lo que piden la dimisión de Consuelo Madrigal, una de las asistentes, como presidenta de la Comisión de Ética.

Este código ético explica en su segundo párrafo que los integrantes de la Fiscalía se comprometen a “mantener la lealtad constitucional, fortalecer la confianza en la justicia y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad”.

La asociación progresista centra su crítica en la presencia y actuación de Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado, fiscal del Tribunal Supremo y a día de hoy presidenta de la Comisión de Ética Fiscal. Organismo cuyo funcionamiento es independiente de la Fiscalía General pero que depende de ésta para estar dotada de recursos y medios adecuados. Sus dictámenes e informes no tienen efectos vinculantes o de fuerza jurídica obligatoria.

Fue un encuentro “con marcado carácter partidista”, dice la UPF, y Consuelo Madrigal asistió “realizando manifestaciones de carácter partidista”, por lo que piden su dimisión como presidenta de esta Comisión de Ética. Según la información publicada este martes, la reunión entre Feijóo y los fiscales consercadores tuvo lugar el 18 de abril en el hotel Claridge de Madrid y el líder del PP, entre otras cosas, vaticinó que volvería a habilitar el delito de sedición recientemente derogado.

Madrigal, según esta información, fue de las primeras en intervenir a lo largo del evento que ni el PP ni la Asociación de Fiscales habían hecho público y se refirió precisamente a la desaparición de este delito. “Esta perversión del procedimiento legislativo va unida a una perversión de la institución que hemos vivido en los últimos años”, afirmó. Madrigal fue una de las fiscales del procés que impulso la acusación fallida por rebelión.

Que la mayoría de aspirantes a juez y fiscal eligen a jueces y fiscales en ejercicio para preparar sus oposiciones no es ningún secreto. Los menos acuden a academias o preparan por su cuenta, pero no existe una estadística fiable sobre cuántos de los miles de aspirantes que se presentan cada año optan por cada método. Pero tal y como publicó elDiario.es, jueces y fiscales en activo que ejercen esa labor de preparación cobran cientos de euros al mes en dinero negro, sin dar cuenta ante la propia Fiscalía y por supuesto sin pasar por filtros de Hacienda. Ahora la Fiscalía General ha exigido que, al menos, declaren si preparan opositores para evitar que puedan también formar parte de tribunales de selección y se ha encontrado con la oposición de las asociaciones de corte conservador de la carrera.

La medida fue adelantada por este periódico y firmada por Dolores Delgado en un decreto de principios de julio en una de sus últimas actuaciones como fiscal general. Un decreto que no obliga a los fiscales a detallar a cuántos alumnos preparan o si cobran por hacerlo, pero sí a explicar si se dedican a esta actividad para no incurrir en incompatibilidad a la hora de formar parte de los órganos de selección de personal. Es decir, evitar que un fiscal forme parte de un tribunal que examina a uno de sus alumnos. Esto se complementa con lo que ya establece el Estatuto del Ministerio Fiscal: no hay que pedir compatibilidad si no se superan las 75 horas anuales y no afecta al horario laboral del fiscal preparador.

Según explican fuentes del Ministerio Público a elDiario.es, se trata de un primer paso para aumentar los controles y que los preparadores estén obligados a informar de alguna manera sobre esta actividad, y que no quede en su mano. La Fiscalía busca establecer controles para una preparación de opositores que es compatible con el trabajo de los fiscales pero que puede llevar a incompatibilidades. La Unión Progresista de Fiscales entiende que este decreto “forma parte de la normalidad en el funcionamiento de la Fiscalía y en el avance en la mejora de la transparencia que nos exige nuestro Código Ético y el nuevo reglamento”.

Un movimiento que no ha gustado ni en la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ni tampoco en la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que acaba de entrar por primera vez en el Consejo Fiscal tras las últimas elecciones con Salvador Viada como vocal. La primera ha emitido un comunicado acusando a la fiscal general de sembrar sospechas sobre los fiscales y la segunda ha ido un poco más allá, presentando un recurso por la vía administrativa contra esta decisión de Dolores Delgado, paso previo a acudir a la vía judicial llegado el momento.

La asociación mayoritaria y conservadora, que en los últimos años ha encabezado la oposición a las medidas y nombramientos de la fiscal general, emitió un comunicado hace unos días. Una misiva en la que destacaban que “no será necesario insistir” en que un preparador no puede formar parte de un tribunal calificador en base a la normativa. Se pregunta, entonces, esta asociación si Delgado ha “interpretado de manera incorrecta” la ley o si esto es una represalia, una “airada reacción” ante el resultado de las últimas elecciones al Consejo Fiscal en las que la Unión Progresista de Fiscales perdió buena parte de sus vocales.

Esta asociación entiende que este movimiento de la Fiscalía General, liderada ahora por Álvaro García, tiene detrás un “deseo de extender una sombra de duda sobre los integrantes de una Institución del Estado, sobre la honorabilidad de quienes servimos al Ministerio Fiscal y por ello de la Institución misma dando pábulo a rumores que hablan de comportamientos poco éticos” frente a las críticas que recibe de esta y otras asociaciones.

Esos “rumores que hablan de comportamientos poco éticos” de los que habla la Asociación de Fiscales son, en realidad, testimonios y datos recabados por elDiario.es en un reportaje de agosto del año pasado. Opositores que relataron cómo recurrían a fiscales en ejercicio pagando entre 100 y 300 euros al mes a sus preparadores, en función de cómo de alto estuvieran en el escalafón. A lo largo de esa investigación, jueces y fiscales reconocieron abiertamente que los pagos se realizan, en algunos casos, en dinero negro, mientras que otros declaran todo lo que cobran por esta actividad.

Una práctica normalizada, conocida sobradamente en el mundo de la judicatura y de las oposiciones pero que en pocas ocasiones da lugar a inspecciones y multas. Mensajes en foros de internet de tutores que se ofrecen para preparar opositores explica que la transferencia bancaria no es una opción: “Si fuera por transferencia, subirían los precios en general de todos los preparadores, y eso lo va a pagar el opositor”, decía uno. Opositores que dieron su testimonio a este periódico fueron claros: “Entre los compañeros lo comentamos mucho porque a todo el mundo le cobran así”.

“Genera una gran inquietud”

La segunda queja ha llegado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que este año ha entrado por primera vez en el Consejo Fiscal con Salvador Viada. “Genera una gran inquietud en la Carrera Fiscal, señala a los preparadores de oposiciones como un colectivo sospechoso y transmite la sensación a la Carrera de que en la Fiscalía son posibles cosas que no ocurren fuera de esta institución”, dice APIF en un comunicado. Denuncia también la “arbitrariedad” del Decreto.

La asociación exigió a Delgado, cuando todavía estaba en el cargo, una rectificación y que se limite a “ordenar el cumplimiento” de la ley a los fiscales que preparen opositores más de 75 horas al año o que “comprometan el recto ejercicio de la función fiscal”, dejando por tanto en manos de los propios fiscales que informen o no sobre esta actividad. Se trata de un recurso previo a acudir a la vía contencioso-administrativa y, por tanto, judicializar este conflicto.

No sería el primero. La oposición de la Asociación de Fiscales contra los nombramientos de Delgado, a quien acusa de favorecer a su antigua asociación al nombrar fiscales de sala, ha llegado al Tribunal Supremo. La sala de lo contencioso-administrativo anuló hace unos meses el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de sala de menores, exigiendo una mayor argumentación a Dolores Delgado para no nombrar a José Miguel de la Rosa, candidato respaldado por la AF. La fiscal general repitió el nombramiento, tal y como reveló elDiario.es.

Otro de los puntos recientes de conflicto entre estas dos asociaciones y Dolores Delgado, así como con el PSOE, llegó con una enmienda que los socialistas querían introducir en la tramitación de la nueva Ley Concursal y que implicaba que los fiscales generales adquiriesen automáticamente la condición de fiscal de sala nada más abandonar el puesto. La enmienda, que finalmente fue retirada, incluía también otro punto que encontró una fuerte oposición: regular más las comunicaciones entre la Fiscalía y el Gobierno cuando se produjeran solicitudes de información.

Tal y como adelantó este periódico, la mitad de los fiscales de sala se dirigió por carta a Dolores Delgado para que instara al PSOE a retirar esta enmienda. Para esos integrantes de la cúpula fiscal, la reforma representaba un “reforzamiento de la relación de dependencia del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno” y una “quiebra importante de la autonomía y de la independencia” de la Fiscalía. Otro fiscal de sala, Félix Pantoja, contestó a sus compañeros con una carta que criticaba su “falta de lealtad institucional”.

Esa enmienda fue retirada y la polémica terminó, pero ahora ha sido la Comisión Europea quien ha emitido su informe anual sobre el Estado de Derecho. Un informe en el que la Comisión se hacía eco de esta enmienda del PSOE, ahora desaparecida, y hace una valoración positiva. “Cuando se implemente, esto se considerará como un avance bienvenido, porque respondería a algunas dudas surgidas en el informe de 2020 y también por el GRECO”, dice en su sexta página.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha enviado un escrito a los grupos del Congreso de los Diputados pidiéndoles que insten al Gobierno a que acelere la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece unos plazos tasados para la investigación judicial de los delitos. Lo que sugiere a los partidos es que el Ejecutivo apruebe un Real Decreto-ley que permita tramitar dicha derogación por la vía de urgencia. 

En el texto, la UPF argumenta que el próximo día 6 de diciembre, además de conmemorarse el 40 aniversario de la Constitución española, se cumplirán tres años desde que entró en vigor la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Explican, además, que ese día será la fecha de vencimiento de la prórroga de las causas complejas incoadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma.

Los fiscales progresistas recuerdan que tanto el PSOE como el PP, Unidos Podemos y Ciudadanos han asumido o propuesto directamente en sede parlamentaria la derogación de esta norma aún en vigor, pero explican que “el procedimiento legislativo común para su derogación está agotado y, por consiguiente, resulta necesario acudir al instrumento normativo del Real Decreto-ley ante la extraordinaria y urgente necesidad de evitar el riesgo de impunidad que el artículo 324 implica”.

“Desde la Unión Progresista de Fiscales apelamos a la responsabilidad parlamentaria en aras a disponer de una legislación procesal que permita a jueces y fiscales perseguir la delincuencia, con medios adecuados y sin medidas legales que generan incuestionables disfunciones de la administración de justicia pero, sobre todo, conllevan un inequívoco riesgo de impunidad”, concluyen en su escrito.

La UPF insiste en que la ciudadanía “tiene derecho a una justicia penal de calidad, ágil y sin dilaciones indebida”s pero también tiene, preeminentemente, “el derecho a que los jueces y tribunales tutelen eficazmente sus derechos”. En su opinión, “establecer plazos tasados a la instrucción resulta perturbador y supone una amenaza para la efectiva reparación de las víctimas”.

La fiscal propuesta por el Gobierno para convertirse en la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, ha asegurado este miércoles en el Congreso que “en la España del siglo XXI no se persigue a nadie por sus ideas sino por sus actos”. “No podemos hablar de presos políticos”, ha dicho en referencia a los encarcelados por la causa del 1-O y al “desafío independentista”.

En su presentación en la Cámara Baja, Segarra ha remarcado el “compromiso” de la Fiscalía con el Estado de Derecho y la “legalidad establecida”. También ha dicho, en referencia a los independentistas, que “las garantías procesales amparan a toda la ciudadanía”.

En referencia a sus compañeros destinados en Catalunya, María José Segarra ha querido enviar un mensaje de “apoyo inequívoco”. “La ley nos vincula a todos. Sin ley, no hay democracia”, ha remarcado.

Desde las filas independentistas se ha reprochado esta intervención a Segarra. La diputada del PdeCat Lourdes Ciuró ha lamentado que la próxima fiscal general se refiera al “desafío independentista”, como utilizan “algunos periodistas”, mientras que Carolina Telechea, de ERC, le ha pedido que impulse la libertad de los “presos políticos” y que se aleje de las tesis de sus antecesores.

De otro lado, la fiscal Segarra ha anunciado que impulsará “un enfoque de género” en todas las actuaciones del Ministerio Público, así como un plan de igualdad en el seno de la Fiscalía para “tratar de superar el actual desequilibrio entre hombres y mujeres”. Para ello, es necesario fomentar la conciliación para los cuidados. Sin ello, no será efectiva esa pretendida igualdad, ha añadido.

La próxima fiscal general ha anunciado que va a “promover la derogación” de los plazos de instrucción, una demanda de todas las asociaciones de jueces y fiscales contra la reforma impuesta por el Partido Popular con su mayoría absoluta. La intención era evitar que la instrucción de las causas se eternizara, pero los profesionales vienen denunciando que fomenta la impunidad.

En cuanto a la persecución de los delitos de odio, la fiscal Segarra ha apostado por la “proporcionalidad” entre la libertad de expresión y la “incitación al odio” que recoge el Código Penal.

Segarra ha asegurado que al fiscal general del Estado “no se le pueden dar órdenes de ningún tipo”. Segarra ha trasladado su “profundo agradecimiento al Gobierno” para desempeñar el cargo, pero a continuación ha advertido que lo hará “con absoluta independencia y la más radical imparcialidad”. Del Ministerio de Justicia, ha añadido, la Fiscalía solo tiene una “dependencia material”.

La Unión Progresista de Fiscales ha querido responder al “durísimo cuestionamiento” que algunos de los exconsellers del Govern o miembros del Parlament imputados o encarcelados han realizado de la independencia de la Justicia y la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de dictar órdenes prisión incondicional para varios de ellos. En un comunicado difundido este viernes, los fiscales progresistas defienden la libertad de los acusados para criticar a la justicia, pero recuerdan que no se puede “insinuar, en ningún caso, que en nuestro país las garantías y derechos de las personas sometidas a un proceso penal no son equiparables a las de cualquier nación de nuestro entorno”.

La UPF trasladó la reunión de su secretariado este jueves a Barcelona “para acompañar y poner de relieve nuestro apoyo a todos los compañeros de las Fiscalías catalanas, quiere dejar constancia y trasladar a nuestros asociados, a todos los fiscales y a la opinión pública su compromiso con el Estado de Derecho y la defensa de la legalidad constitucionalmente establecida”.

La nota pública de la UPF tras la reunión subraya que aunque “es legítimo que haya ciudadanos que lamenten que la respuesta judicial no se atempere a la conveniencia u oportunidad política para resolver la delicada situación que todos vivimos [...] ello ni quiere ni puede significar que nuestro sistema procesal, la división de poderes y las garantías del Estado de Derecho asentadas en nuestro sistema democrático no sean iguales para todos los ciudadanos a través del imperio de la ley”.

La asociación de fiscales progresistas defiende que en el sistema judicial español, las solicitudes de la fiscalía y las decisiones de los magistrados “están sometidas, además de a un sistema hipergarantista en la instrucción y el enjuiciamiento de los investigados, al control y crítica de la opinión pública sin ningún tipo de cortapisa y con total transparencia”. Es una cosa, dice la UPF, “y otra muy distinta cuestionar el sistema y la integridad e imparcialidad de quienes tienen la difícil labor profesional de asumir con responsabilidad la respuesta penal a los gravísimos hechos ocurridos en Cataluña en los últimos tiempos”.

Asume la presidencia de la Unión Progresista de Fiscales ahora que el ministerio público está en las portadas, televisiones y radios por su funcionamiento interno y las injerencias que algunos miembros de Anticorrupción han recibido de sus superiores cuando trabajaban en investigaciones muy sensibles como el caso Lezo.

Emilio Fernández García (Madrid, 1958) mantiene que la asociación será beligerante en la defensa de más autonomía para los fiscales y proclama que no habrá pacto por la Justicia si el ministro Rafael Catalá, reprobado por el Congreso, sigue en su puesto. Cree que también el fiscal general, José Manuel Maza, está inhabilitado para seguir en el cargo y aboga por abrir un nuevo tiempo en el ministerio público. “Los fiscales no somos forajidos a los que haya que controlar”, advierte a ese sector de la derecha que pedía poner orden en la institución.

En la clausura del congreso donde fue elegido hace unas semanas en León, su antecesor pidió la dimisión del fiscal general, José Manuel Maza, presente entre los invitados. ¿Coincide usted en que debe irse?

Desde luego, esa reivindicación sigue vigente. Sin perjuicio de la valía de José Manuel Maza como profesional del Derecho, nosotros entendemos que sus actuaciones al frente de la Fiscalía General no van por buen camino. Es el primer fiscal general reprobado en el Parlamento y sus actuaciones le inhabilitan para seguir en ese despacho. Se lo hemos planteado a él, que entiende que estamos en nuestro derecho de reclamar su cese, pero defiende que no va a dimitir. Seguimos pensando que no es la persona adecuada para el cargo.

No hay ninguna pista que haga pensar que vaya a abandonar. ¿Cree que con él en la Fiscalía General se puede reconducir la situación?

Sería preciso un giro casi de 180 grados. Sus antecesores en el puesto no eran fiscales progresistas, no lo era Eduardo Torres Dulce ni tampoco Consuelo Madrigal, pero mantuvieron una línea de cierta homogeneidad con los anteriores. Maza eso lo ha roto con su política de nombramientos, que ha convertido la selección de puestos relevantes en una especie de quiniela externa a la carrera. Ha hecho muy poco por algo que consideramos una reivindicación fundamental en la carrera, que es la defensa de nuestra autonomía.

¿Además de pedir su cese qué puede hacer la UPF para mejorar la imagen de la institución? Algunos de los últimos sumarios y lo que en ellos aparece trasladan la sensación de que es un cuerpo de profesionales manejables.

Eso es lo que tratamos de evitar. Lo ideal es que se hable poco de los fiscales para que puedan realizar su trabajo riguroso, de estudio de casos que a veces son complicados y desde luego deben alejarse de las triquiñuelas y de las componendas que pueda haber en el poder político. Los fiscales realizamos nuestro trabajo con autonomía bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica pero eso no supone que debamos recibir influencias externas.

En determinadas escuchas policiales exdirigentes políticos hoy investigados en graves casos de corrupción revelan cómo se debe cambiar de destino a fiscales incómodos o manifiestan su preferencia por determinadas personas que luego acaban ocupando puestos claves. ¿Cómo se vive en la Fiscalía?

Con perplejidad y desazón. El fiscal debe estar ceñido a su trabajo que consiste en perseguir delincuentes, ya sea un clásico ratero o personas que están muy cerca del poder. Pero lo que no puede es transmitirse la idea de que es manejable. O incluso que trascienda que personas de determinado nivel político mueven los hilos para apartar a fiscales incómodos o que se dé a entender que se les puede dirigir el trabajo. Ese mensaje hay que desterrarlo.

¿Y el ministro puede mandar mensajes a imputados deseando que se acaben los líos judiciales?

Entendemos que no. El ministro dio su explicación, cada cual puede creérsela o no, pero entendemos que hay cuestiones que deberían permanecer ajenas a esa familiaridad, todos podemos tener conocidos en problemas judiciales, pero eso no nos puede hacer perder nuestro camino.

¿Puede seguir Catalá al frente de Justicia tras mandar esos sms a Ignacio González?

Lo hemos tratado en nuestro último congreso en León: José Manuel Maza no puede seguir de Fiscal General y Rafael Catalá no debe seguir un día más en el ministerio. Él llegó con un afán multicomprensivo de muchas actuaciones que tenía previstas, grandes operaciones que hasta ahora no han pasado de la propaganda, como el papel cero, la implantación de un sistema de plazos que conduce a la impunidad como ha dicho la Comisión Europea, y lo único tangible es que ha sido reprobado por el Congreso. Todo eso lo incapacita para seguir al frente del ministerio y dificulta su propósito, al menos anunciado, de lograr un pacto de Estado por la Justicia. Nosotros pensamos que no será con él al frente del ministerio.

Más allá de los episodios de injerencias que hemos visto, ¿lo que está en juego es el modelo mismo de la Fiscalía?

Es que todas estas cuestiones guardan relación con un problema original: nuestra Justicia necesita una reforma y hay que decidir si se va a cambiar para que instruyamos los fiscales o si lo siguen haciendo los jueces. Eso condiciona todo lo demás. Aparentemente, todos los grupos políticos estaban a favor de un cambio de modelo procesal para que investiguen los fiscales con un cuerpo de policía judicial. Los acontecimientos de los últimos meses han trasladado la imagen de que los fiscales somos maleables, somos dirigibles, de que se nos controla, se nos mueve, se nos quita y se nos pone y ese no es el camino correcto.

¿Vistos los últimos episodios serían precisos cambios en el estatuto de carrera antes de que los fiscales asuman la instrucción de los casos?

Nosotros creemos que el estatuto de 1981 fue una norma muy válida pero que debe ser modificada: hay que reforzar el principio de autonomía y también el de publicidad en todas las comunicaciones que pueda haber entre el Gobierno y el fiscal general del Estado y también entre el Fiscal General del Estado y los fiscales jefe y de estos con sus subordinados. Debe apostarse por la transparencia y la publicidad, esas comunicaciones deben ser públicas, transparentes y motivadas. Si el estatuto es de 1981, nuestro reglamento es de 1969, prácticamente del año de la ley de sucesión de la Jefatura del Estado. En su gran contenido es contrario a la Constitución e inaplicable. Han pasado demasiados años. También se debe aprovechar para reforzar un poco la figura del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno. Nosotros postulamos la instauración de un fiscal general que sea elegido por el Congreso. La soberanía reside en el pueblo y el Congreso debería tener mayor protagonismo en su designación. Hay trabajos de Ciudadanos y de Unidos Podemos en este sentido y que pretenden garantizar que el fiscal general no dependa tanto del Gobierno.

En las próximas semanas se va a cubrir un puesto clave, el del jefe de Anticorrupción tras la salida de Manuel Moix. ¿Cuál debe ser el perfil para ese puesto tan relevante?

Debe ser una persona con una formación muy sólida, intachable en todos los aspectos y un fiscal respetado. Los últimos acontecimientos a raíz del nombramiento y dimisión de Manuel Moix obligan a que además debe ser una persona nombrada a conciencia. Si algo se ha puesto de manifiesto en el nombramiento del fiscal jefe de Anticorrupción es que no puede hacerse a la ligera.

Su asociación ya tiene su propia apuesta.

Sí, indudablemente. Con gran satisfacción hemos comprobado que Pedro Crespo Barquero, actual fiscal de sala jefe de la Sección de lo Contencioso del Tribunal Supremo, ha optado por la plaza. Es un fiscal progresista, asociado a la UPF, pero antes que esto es un fiscal con una formación jurídica y una capacidad de trabajo y un prestigio en la carrera difícil de igualar. Nosotros estamos muy satisfechos de proponer a este candidato porque, con independencia de que sea nombrado, con ese nombre encima de la mesa si no se designa a Pedro Crespo se obligará a poner a una persona al menos de su misma valía, algo que hoy por hoy es muy muy difícil.

Vistos los antecedentes y el nombramiento de Moix, ¿hay alguna garantía?

Moix fue designado con los votos de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera aunque él no está afiliado a ella.

¿Influyó la Asociación de Fiscales y alguien más? ¿El Gobierno tal vez?

Deberíamos pensar que no y que se deben valorar los candidatos cuando ha acabado el tiempo de presentación de las candidaturas y no antes. Los acontecimientos han puesto de manifiesto que Moix, un jurista de reconocida competencia en el ámbito donde ha ejercido más que es el contencioso administrativo, era el preferido por determinadas personas.

¿Y qué garantías hay de que ahora el Gobierno o Maza vayan a cambiar de criterio?

Indudablemente, el puesto de jefe de Anticorrupción es de libre designación, un puesto de confianza. Pero eso no quita para ese puesto de tantísima relevancia haya que nombrar a un amigo o a una persona afín a tal partido. Curiosamente, los dos jefes de Anticorrupción anteriores como Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Salinas no eran de la línea del Gobierno que los designó. Lo que debe prevalecer es el principio de mérito y capacidad. Es bueno para la carrera fiscal para la sociedad y para Anticorrupción.

Y si no está en unas escuchas entre los preferidos de presuntos corruptos, casi mejor.

Claro. Nosotros pusimos eso en conocimiento de Maza antes del nombramiento de Moix y dijimos que su nombre podía salir en esas escuchas en el sentido en que luego aparecieron. Y eso no es cómodo tampoco: si presumimos de un órgano de referencia en la persecución de la corrupción, quien debe estar al frente de ese órgano debe ser inatacable en todos los sentidos.

¿Cuál va a ser la tarea más urgente del sustituto de Moix?

En la UPF pensamos que el próximo jefe de Anticorrupción debe devolver a ese órgano al punto donde estaba antes de 2017: volver al trabajo y no abrir los telediarios con cuestiones ajenas al trabajo. Es un órgano muy técnico que requiere de tranquilidad para trabajar. Una buena decisión sería continuar con la organización y el trabajo y pasar lo más desapercibido posible por el resto de actuaciones.

En los últimos meses también hemos visto cómo fiscales de casos muy sensibles se veían obligados a invocar el artículo 27 para expresar su discrepancia con un superior. ¿Es habitual? ¿Usted lo ha esgrimido alguna vez?

No lo he planteado y no es demasiado frecuente pero fue uno de los grandes logros del estatuto de 1981 porque es un corrector de la estructura jerárquica: la carrera fiscal no es una institución militar sino de técnicos en Derecho. Hay que obedecer las órdenes de los superiores, eso es la dependencia jerárquica, pero ante una orden también se puede discrepar. Desde el fiscal recién llegado al último pueblo de España al fiscal de Sala del Supremo. No se ha invocado demasiado pero tampoco debe haber miedo a acogerse a ese artículo. Es una posibilidad legítima que se da a todos los fiscales y permite una valoración a la vista de lo que opine la junta de fiscales sobre la pertinencia de una orden. No pasa nada, debe invocarse siempre que sea necesario.

Su antecesor dijo a este periódico que hay que evitar que Maza se convierta en una especie de...

Sí, de Rey Sol. Y tiene razón. Es que el fiscal general del Estado es un puesto clave para el funcionamiento del Estado con unas funciones primordiales en el organigrama del Estado y con autonomía en el poder judicial. Pero eso no quiere decir que se convierta en un fin. Está sujeto al Estatuto del Ministerio Fiscal y a la Constitución y no puede convertirse en el protagonista de todas las historias de la carrera.

Se ha dicho de la UPF que es tan beligerante porque se ha puesto al servicio de la oposición, del PSOE e incluso de Podemos.

Esa crítica en esos términos solo puede venir del desconocimiento. Somos una organización progresista pero no el vehículo de ningún partido. Elegimos a nuestros miembros del secretariado por sufragio directo y ahí hay sensibilidades distintas. Aquí no se pregunta si alguien se considera más cerca de un partido o de otro. No recibimos intereses de partidos concretos, pero en beneficio de nuestros valores constitucionales procuramos que las actuaciones sean adecuadas y hablamos con todo el que nos lo pide. Lo hemos hecho con Ciudadanos cuando este partido estudiaba la reforma del estatuto fiscal y no creo que sea mayoritario en las preferencias de los miembros de la UPF. Y también nos vamos a reunir con Unidos Podemos para lo mismo. Y si nos lo pide el PSOE, como ocurrió otras veces, también lo haríamos. El partido del Gobierno nos ve como enemigos y confía más en unos fiscales que en otros porque piensa que la UPF está llena de revolucionarios, rojos y antisistema, algo muy lejos de la realidad.

¿La Fiscalía está en el peor momento de las últimas décadas?

Desde luego el momento no es bueno porque no es bueno estar en las noticias y los telediarios por nuestra organización interna. Los fiscales están sobrecargados de trabajo, tienen falta de medios, normas que complican su día a día, y estar en el candelero no es bueno. No es bueno estar en los medios por el debate sobre si obedecemos o no al Gobierno.

Cuando usted escucha que había que poner orden en Anticorrupción, ¿qué le sugiere?

Quien dice eso no sabe cómo funciona Anticorrupción. Para saber cómo opera hay que pertenecer a la carrera fiscal o estar cerca de ella. Anticorrupción no es una banda de forajidos que haya que pacificar o reducir por la fuerza o que haya que someter. Los miembros de Anticorrupción, cuyo trabajo es callado, responsable, serio, profesional y muy poco agradecido en muchas ocasiones, lo que necesitan es serenidad. Hay que dejar a estos fiscales trabajar, ni se necesita una pacificación ni está llena de rojos, como he leído por ahí. Curiosamente, en Anticorrupción solo hay un miembro de la UPF, pese a lo que se ha dicho. Son profesionales muy válidos que solo pretenden hacer su trabajo.

Fue el fiscal del caso Prestige en el que evitó acusar al Gobierno de Aznar siguiendo la tesis de que el daño sobre la costa estaba causado tras el primer vertido de miles de toneladas de petróleo en el viejo buque. Como fiscal jefe de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) lleva más de una década persiguiendo el origen de los fuegos en la comunidad donde más arde el monte.

Durante los últimos dos años ocupa además la presidencia de la Unión Progresista de Fiscales, donde ahora trata de hacer frente a otro incendio gigantesco, el que se ha desatado en el ministerio público con la llegada de José Manuel Maza al puesto de fiscal general y su decisión de colocar a Manuel Moix como jefe de Anticorrupción.

El presidente de la UPF, a unos días de que expire su mandato, asegura que está en juego no solo la dirección de un caso, sino el mismo modelo de la Fiscalía española. Alerta de que se pretende ir hacia un modelo más jerárquico y él defiende todo lo contrario: un cambio en el Estatuto de la carrera para que los representantes del ministerio público ganen autonomía. Y avisa: “Hay que evitar que José Manuel Maza se convierta en el Rey Sol de la Fiscalía”.

El ministro de Justicia, el fiscal general del Estado y el fiscal jefe de Anticorrupción han sido reprobados por el Congreso de los Diputados. No parece el mejor momento para confiar en la Justicia ni en la labor de la Fiscalía.

Deberíamos distinguir muy claramente el trabajo de la plantilla de la carrera fiscal de la imagen que la Fiscalía da en determinados acontecimientos. Una institución no debería perder todo lo que es por el hecho de que las personas que están al frente de las mismas no estén a la altura de la circunstancias en un determinado momento.

Mucha gente habrá interpretado del caso Lezo y de otros sumarios que los fiscales están ahí para obedecer y que si no, se les aparta. ¿Cómo convencerles para que confíen en su independencia?

Si no hubiera fiscales que trabajaron con las fuerzas de seguridad y los jueces de instrucción, ni siquiera sería posible tener esas discusiones. Si no hubiesen trabajado los fiscales, ni siquiera estaríamos planteando esto. Si hay debate es porque los fiscales han hecho su trabajo. Luego lo discutimos y vemos si hay injerencias o no y hasta qué punto son las influencias pero el trabajo está ahí.

¿Desliza que lo que falla son las jefaturas?

Falla, quizás, la concepción de lo que debe ser una jefatura. Es lícito que nosotros estemos en una institución donde se deben tomar decisiones. Cómo se toman, quién las toma y en qué momento es lo que debemos discutir. Confundimos unidad de actuación, que es el criterio que debe regir y ser el mismo en toda España y en cada momento, con la existencia de una jerarquía absoluta donde una sola persona, el fiscal general del Estado [José Manuel Maza] tenga la capacidad de ordenar de una manera casi discrecional o dar cualquier orden a cualquier fiscal de este país. Son dos cosas diferentes.

¿Es eso lo que está en juego?

Sí, está en juego un modelo de organización de la fiscalía sin ningún tipo de duda. El Estatuto orgánico permite que la Fiscalía General sea una especie de Rey Sol que la gobierne. Eso no está vedado porque en el Estatuto el fiscal general tiene muy pocos contrapesos o insuficientes. Pero tampoco dice que debe ser así. Hay un margen, llevamos mucho tiempo trabajando y no necesariamente ha sido siempre un ordeno y mando. Hay muchas formas de ejercer la jefatura de la Fiscalía. Nosotros estamos muy preocupados porque lo que no queremos es llegar a ese modelo autárquico donde solo la voluntad de una persona, sin ser transparente ni estar motivadas sus resoluciones, pueda desacreditar el trabajo personal de la plantilla de fiscales de la que hablábamos al principio.

¿Es Maza el que quiere erigirse en esa especie de Rey Sol?

Lo tendremos que ver, de momento parece que vamos camino de ello. Tenemos que interrumpir ese camino. A la UPF lo que le corresponde es luchar para no llegar a ese modelo. Queremos que valga tanto la opinión de un fiscal como la de un jefe y después se puede imponer excepcionalmente la del jefe, pero en un primer momento vale tanto la de un profesional como la otra.

¿Influye en el trabajo diario tener a la cúpula de la institución reprobada por el Congreso?

El clima de trabajo de la fiscalía es de desánimo, de desolación.

Además de eso se han rebelado por la situación de dos fiscales de Cataluña que han sido apartados del caso 3% la práctica totalidad de los fiscales de Anticorrupción a través de una carta de protesta. ¿Es sostenible que el jefe, Manuel Moix, tenga a todos sus fiscales en contra?caso 3%

No sé si podemos decir que se han rebelado, tal vez no sea el término exacto, pero la forma en que Moix ha llegado a ejercer en sus primeros días no reflejan a una persona que haya ejercido con prudencia su cargo. Los temas de Anticorrupcion son muy sensibles, delicados, complicados y exigen que el mensaje a la ciudadanía sea inequívoco por parte de la Fiscalía, que la unidad de actuación sea estricta y sobre todo, exige confiar en los profesionales que llevan años estudiando estos asuntos y conociendo el trasfondo de los que acaban en los tribunales.

Habría que ser muy cauto para no llegar a un sitio donde hay gente trabajando desde hace muchos años y entrar de manera poco prudente al imponer tus criterios. Ahí si que se puede hacer una crítica de una falta de prudencia que ha aumentado la falta de credibilidad de la fiscalía y provocado que se cuestione de una forma tan seria nuestro trabajo.

No habrá rebeldía pero hay una carta de casi todo el equipo de Anticorrupción y dos fiscales del caso Lezo que invocaron el articulo 27 para que todos sus compañeros voten contra una orden del jefe, Manuel Moix, con la que no están de acuerdo. No es tan frecuente que se llegue a la situación de invocar el artículo 27 del Estatuto Fiscal.

No lo es. Nosotros solemos resolver nuestras discrepancias de otra manera. No esta mal que se invoque, ojalá se normalizase su uso. Las órdenes mas peligrosas para los fiscales son las que no hay que dar, cuando damos por supuesto algo porque entendemos que si no, no va a ser aceptado. Por lo tanto es bueno que haya ese artículo y que se invoque, lo que ocurre es que de esta forma tan convulsa... Es un articulo que nunca se había usado con anterioridad en la época de Salinas [el anterior fiscal jefe de Anticorrupción]. Eso quiere decir que había una sintonía entre quienes trabajaban y quien ejercía esa jefatura, y es como debe ser porque todos trabajaban en Anticorrupción. Esas asintonías nada mas llegar a una jefatura deberían haberse solucionado. Y que un fiscal de plantilla se atreva a invocar un articulo 27 ante un jefe recién llegado del que va a depender su futuro profesional quiere decir mucho.

Antes de que Moix sea nombrado, usted y otros miembros de la UPF avisaron al fiscal general de que tenían sospechas de que el candidato mejor colocado para Anticorrupción aparecía citado por un imputado en unas escuchas de un sumario. ¿Cómo se enteran de eso y cómo lo comunican a Maza?

Nos llega por tres sitios distintos y a varios miembros del consejo fiscal y del secretariado de la UPF desde algunos puntos de España. Eso nos da una idea de que la carrera conoce que hay unas escuchas donde sale malparado el nombre de Manuel Moix. Era un rumor y eso no quiere decir que conozcamos ni las escuchas ni nada que tenga que ver con la investigación. Es inaceptable que se haya tratado de trasladar la sospecha hacia nosotros.

Lo que hicimos fue recoger este rumor y no nos resultó nada fácil trasladárselo al fiscal general pero pensamos que eso podia favorecer a la Fiscalía. Dejamos la responsabilidad al fiscal general para que comprobase si era cierto y que pudiese tomar la decisión que considerase mejor valorando todos los elementos. Sabíamos que cuando se conociese que nosotros habíamos trasladado ese rumor la persona no iba a hacerse nuestro mejor amigo porque estábamos cuestionándolo e incluso podría pensar que lo hacíamos de manera insidiosa porque pudiera ser un rumor falso. Y sin embargo lo hicimos, asumimos ese riesgo por la institución, no teníamos interés asociativo por vetar a nadie.

Por eso cuando escuchamos esas criticas y que se haya cuestionado o dicho que conocemos filtraciones... Nosotros no conocemos nada, somos fiscales y velamos por que vaya bien nuestra carrera. No es una filtración, es un dato que sale de unas escuchas, nosotros no bajamos a ver las transcripciones, estaríamos locos si nos comportásemos así, por eso nos parece que se intenta dar la vuelta a la buena fe que tuvimos. Le trasladamos esto en una reunión institucional con el fiscal general tres miembros del Consejo Fiscal y el presidente de la UPF que soy yo. Se lo trasladamos con todas las preocupaciones, fue meditado, nos costó mucho y le trasladamos esta información. La gestión que hace el fiscal general él la ha explicado, no somos nosotros quienes debemos juzgarla.

Cuando le trasladan esas sospechas, ¿cómo reacciona?

Con sorpresa, lo hemos explicado mas de una vez, se sorprendió.

Pero ustedes ahora saben que Maza ya conocia la existencia de esas escuchas.

Sí. Ya lo sospechábamos, esto no es un juego de pillos, pero yo quiero pensar que quien es responsable de esas escuchas habrá informado al fiscal general del contenido de esas escuchas. Lo normal es que el fiscal general ya lo conociera.

Y que lo conociese Moix.

No sé si se lo transmite o no el fiscal general a Moix. Habría que preguntárselo a él. Hay alguna información que dice que se lo transmitió, pero yo no la tengo contrastada. Cuando habla con nosotros Maza muestra su sorpresa y mi impresión es que esta disimulando. Pero nos dice que es importante, nos agradece la lealtad institucional y nos dice qulo tendrá en cuenta.

Les agradece la lealtad institucional, luego nombra a Moix y por último les critica por hacer declaraciones publicas sobre lo que sospechaban.

Claro pero es que nosotros no desvelamos nada a los medios, se lo contamos a nuestro fiscal general, a quien se lo debemos contar y donde se lo debemos contar, como es nuestra obligación. El marco es importante y a quien se lo contamos, también: entre los fiscales hay una absoluta confianza para revelar entre nosotros datos de naturaleza reservada, sean los que sean. Los fiscales entre nosotros nos fiamos, por lo tanto se lo dijimos a quien debía saberlo. Y eso es encomiable, el que vea en esto algo reprochable es que no ha entendido nada de lo que ha ocurrido o que no lo ha querido entender.

¿Por qué, pese a esos antecedentes, se acaba nombrando a Moix?

Eso es algo que debe explicar el fiscal general. Es sorprendente porque se le nombra sabiendo que las escuchas existen, hubiera sido prudente sacrificar el nombramiento de una persona valiosa -y Moix lo es, es un buen profesional- por la imagen de la Fiscalía. Podía haberlo hecho, pero aun nombrándolo, podría haber dicho que en esta operación en la que él sale en las escuchas no debe ocuparse Moix. El propio Moix podría haber evitado participar en este caso porque la verdad es que si se ocupa, luego haga lo que haga o diga lo que diga, va a resultar quemado. Y sin embargo no se dieron esos mínimos de prudencia.

El nombramiento es una decisión discrecional del fiscal general, aunque es cierto que había fiscales más adecuados para Anticorrupción. Tiene la imprudencia de nombrarlo sabiendo de las repercusiones que podía tener porque se lo dijimos: 'Cuando esto salga a la luz, la credibilidad que es lo que nos importa a la fiscalía se va a ver en entredicho'. Porque es evidente que iba a acabar saliendo. Pero también es cuestionable que después el fiscal general no le diga que no se ocupe de esto y que el propio Moix no decida apartarse de este caso. Entonces la sombra de duda podría irse deshaciendo. Pero es que todo lo que se hace es discutible, a la luz de lo que vamos conociendo, solo se puede ver de una manera.

Moix no solo no se aparta sino que adquiere un gran protagonismo en el caso y se muestra muy intervencionista con los fiscales que llevan el sumario Lezo.

Sí. Se trata de un intervencionismo que no había ocurrido nunca en la Fiscalía Anticorrupción. Esos serian los términos exactos para explicarlo. Mis compañeros de Anticorrupción no están acostumbrados y no había sucedido que un jefe impusiese sus órdenes así, cuando lo razonable es que esa fiscalía especial tenga un funcionamiento basado en la confianza absoluta en los profesionales. Antes se hablaba, se discutía, se visaba, pero no se imponían así las decisiones. Y ahora sí.

Estamos hablando de algo más que de unas decisiones polémicas en el caso Lezo. ¿Se trata de imponer una Fiscalía más jerarquizada?

Bueno, si uno lee el proyecto de Fiscalía de Manuel Moix que está publicado y que defiende, legítimamente porque él cree debe hacerlo, él propone un modelo mucho mas jerárquico y de orden. Nosotros lo criticamos, creemos que ese no es el camino, por eso es criticable no solo el nombramiento, también el desarrollo de su actuación posterior.

Hay una permanente reclamación de que los fiscales asuman la instrucción de los casos ahora en manos de los jueces igual que sucede en otros modelos de Justicia. Visto lo de las últimas semanas, habrá quien diga ahora que casi mejor que investiguen los jueces, si los fiscales no van a tener independencia.

Es que esto lo ha contaminado todo. Y lo ha hecho de tal manera que no podemos ver un modelo futuro con los ojos con los que estamos viendo lo de ahora. Y frente a ese modelo futuro, si llega a formularse, esto nos ha alertado de los riesgos, nos ha hecho ver que con este estatuto no será posible, hacen falta mas garantías para los fiscales. Asumir la instrucción tal y como estamos ahora es inviable. Pero de otro modo sí podríamos y esto debe servir para cambiar el modelo.

¿Hacia donde deben ir los cambios en el Estatuto que rige el funcionamiento de la Fiscalía?

La Constitución dice que el fiscal general lo nombra el Ejecutivo y es difícil cambiar la Constitución, pero todo el resto del funcionamiento jerárquico en que se organiza ahora la Fiscalía lo rige una ley ordinaria, no se precisa más que mayoría para cambiarla. El fiscal general que nombra el Ejecutivo tiene una dirección genérica de la política criminal pero a partir de ahí hay una estructura de una carrera profesional que es el contrapeso a las decisiones del fiscal general que no tiene por qué mandar en todo. Ahora sí, puede hacer lo que quiera, interviniendo en cualquier procedimiento. Puede nombrar a quien quiera, cumpliendo una serie de requisitos con una antigüedad mínima de 10, 15 años, tiene unas facultades extraordinarias. Debemos ir a que la mayoría de facultades correspondan a la carrera o establecer otro tipo de contrapesos, El poder absoluto necesita equilibrios y es necesario instaurarlos en la Fiscalía. Nos encontramos con que tenemos toda una estructura democrática de organización de poderes salvo la Fiscalía y eso no lo podemos tolerar.

¿Maza ha aceptado que se le impusiesen fiscales para puestos clave que no quiso permitir su antecesora, Consuelo Madrigal?

No lo sé, pero esta claro que Maza llega a la carrera fiscal sin conocer la carrera fiscal. Alguien le habrá susurrado qué nombres sí y qué nombres no.

¿Alguien es el Gobierno?

No sé si el Gobierno o su círculo de amigos. Él no tenia criterio, y lo digo en el sentido propio del término, para decir quién sí y quién no porque no conocía la carrera ni los problemas de la carrera. Y eso lo manifiesta él mismo a los pocos días de ser nombrado. Él no era una persona ni implicada ni conocedora de la carrera fiscal cuando era juez del Supremo.

¿El nombramiento de Moix se lo propuso el Gobierno a Madrigal?

No lo se, tendría que ser ella quien diga sí o no.

Tres miembros del Consejo Fiscal adscritos a la UPF pidieron remover a Moix e incluso la dimisión del fiscal general y la mayoría del Consejo votó en contra. Desde entonces se han sucedido las criticas a la UPF incluso desde dirigentes del PP: les acusan de actuar por intereses corporativos o de ser el altavoz del PSOE.

A mí me gustaría saber qué ha hecho mal la UPF, no hemos hablado de economía, ni de paro, ni de organización del Estado. Hemos hablado de la Fiscalía, de lo que conocemos y sabemos. ¿Que esto tiene repercusiones políticas? Naturalmente. ¿Que lo que nosotros decimos luego ha sido utilizado en el Parlamento? Pues naturalmente. Nuestra queja puede ser utilizada, lo que no tiene sentido es criticar a la asociación por hacer su trabajo. Tampoco se entiende muy bien por qué el ministro de Justicia o el partido en el Gobierno deben alinearse con determinadas decisiones que se supone que son autónomas. Que asuma la responsabilidad quien las ha tomado, que no vaya todo el mundo en masa a defenderlas si son decisiones autónomas.

¿Quién es el responsable de que Moix y Maza sigan en sus puestos tras ser reprobados por el Congreso?

Yo creo que ellos mismos. El fiscal general sí puede remover al jefe de Anticorrupción, puede hacerlo, pero yo creo que cada uno en su análisis personal de lo que una promoción personal significa para sí mismo y de las consecuencias que eso tiene para la carrera, habrá hecho su balance y habrá tomado su decisión. Moix ha pensado que para la carrera fiscal y para él mismo es mejor seguir en el puesto. Otros tal vez hubiéramos pensado otras cosas.

El fiscal general ha dicho que ser reprobado por el Congreso es un síntoma de independencia.

Yo creo que eso es una tesis muy difícil de sostener. En la elección del fiscal general interviene el Parlamento, que tiene que oír al fiscal general del Estado y se le hacen preguntas. Él compareció en una comisión parlamentaria y él hizo alarde de que se iba a someter al Parlamento. Lo dijo al ser nombrado y ahora el Parlamento le ha dicho otra cosa. Reprobar a alguien es una crítica muy dura y debería obligar al reprobado a pensar mucho si lo está haciendo bien o mal y sobre todo en lo que significa para la Fiscalía.

Antes de que estallase todo esto, la institución tenia problemas que siguen ahí. La Justicia sin papel no funciona y la reforma del articulo 324 para acortar los plazos de la instrucción de los sumarios a seis meses ha sido un fiasco, que ha obligado a calificar la mayoría de las causas como complejas para seguir investigándolas.

Ahora parece que la reforma del artículo 324 no es importante o que la gestión de toda la documentación en los juzgados son aspectos menores pero forma parte de nuestro día a día. La gestión digital de la documentación es muy relevante porque los procedimientos crecen y los instrumentos que tenemos a nuestra disposición disminuyen. Si yo tengo que sacar 100 procedimientos y tengo uno importante, verdaderamente relevante, puedo acabar priorizando los pequeños casos, la delincuencia bagatela. Y en el fondo los procedimientos que importan a la sociedad corren el riesgo de ser apartados porque la vorágine de papel que nos invade nos impide gestionar racionalmente todo eso.

La reforma del articulo 324 es una dispersión, y el pretendido papel cero es un desconocimiento absoluto de cómo funciona una fiscalía y de cómo se mueve la información en el siglo XXI. La idea del ministerio es digitalizar, hacer un pdf de 1.000 paginas que se consulte en el ordenador, no un expediente digital electrónico que traslade la información y no papeles uno encima del otro. El papel es del siglo XIX lo pongas en digital o lo pongas en otro sitio y la información circula de otra manera en cualquiera de los dispositivos que tenemos.

La reforma del articulo 324 tenía como objetivo acortar los plazos de la instrucción para que no superasen los seis meses y su fracaso derivó en que al final en el último minuto hubo que declarar miles de causas complejas para impedir que se cerrasen todas esas investigaciones por los plazos.

Y se veía venir porque la redacción del articulo 324 es una chapuza. Todavía no nos ponemos de acuerdo nadie en lo que quiere decir ese artículo. Y además genera unas obligaciones inauditas para nosotros, los fiscales, y parece que le retira parte de las responsabilidades al juez de instrucción. Aunque ninguna de las dos cosas sea verdad porque toda la estructura de la política criminal sigue intacta. Tenemos una mala concepción, una ley mal hecha y una mala interpretación por parte de la Fiscalía General en la circular que remitió.

¿Cómo se sale de ese atolladero? Que nadie se crea que el problema acabó el 6 de junio [cuando venció el primero de los plazos]. Al revés, cada seis meses hay que controlar la causa para que no caduque. Y sin una compatibilidad absoluta entre el juzgado y la Fiscalía, el fiscal no es dueño del procedimiento, así que no es posible. Y el que diga que es posible no ha estado nunca en la Fiscalía. Entonces o cambia el modelo y el fiscal es el responsable del procedimiento y se le pueden exigir plazos o con el modelo que hay no se puede exigir plazos y vamos a estar haciendo chapuzas hasta que nos dejen o hasta que alguien derogue el articulo 324 o diga que ese plazo de seis meses es impropio y que no se puede cumplir, que no pasaría nada porque no tiene consecuencias procesales.

O hasta que caduque algún procedimiento que genere alarma social y haya una reacción política.

De hecho ya está habiendo archivos, lo que pasa es que no trascienden a la opinión publica normalmente. Hay un goteo de archivos que quizá de otra manera pudieran dar lugar a un proceso penal. El hecho de que aquí solo manejemos determinadas estadísticas puntuales no invalida la percepción que tenemos los profesionales de que el transcurso del plazo hace daño al resultado de la investigación y del proceso.

Sería muy grave que hechos que merecen reproche penal no vayan a juicio por una serie de problemas de burocracia.

Claro, la prioridad debería ser siempre el fin legítimo del proceso: ir a un juicio donde las pruebas sean suficientes para enjuiciar a una persona y en su caso condenarla. Si tú no puedes llegar a juicio con esas pruebas es mejor que no vayas y si todo esto se produce porque alguien ha tenido una mala idea procesal como es el caso, el responsable es esa persona, por muchas chapuzas que intentemos hacer los demás para intentar arreglarlo. Se solucionará un caso, dos, o cien, pero no podremos arreglarlos todos y siempre vamos a cometer injusticias para las víctimas o para los perjudicados, porque es inabarcable ese control.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, asistió hace dos semanas a la celebración del 50º cumpleaños del empresario Manuel Torreblanca, condenado en 2015 por siete delitos contra la Hacienda Pública, según confirmaron a eldiario.es fuentes del Ministerio de Justicia. La celebración consistió en una comida en un restaurante de la estación de esquí de Baqueira, en el Valle d’Aran, según adelantó Economía Digital, y a la misma asistieron destacados miembros de la élite empresarial catalana.

El empresario es un viejo conocido de la justicia. Un acuerdo entre la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Generalitat y la defensa de Torreblanca propició que fuera condenado en junio de 2015 a una pena de dos años de cárcel por siete delitos fiscales y evitara así la cárcel. Tanto Torreblanca como Francisco Javier Amat, gestor de la fortuna de la familia de su esposa, los Godia, tuvieron que abonar multas de 2,4 millones de euros y una indemnización a la Agencia Tributaria de 2,2 millones.

La sentencia consideró probado que Manuel Torreblanca defraudó 1,6 millones al tributar como impuesto de sociedades rentas por rendimientos del trabajo, obtenidas como consejero y administrador de varias empresas, entre 2007 y 2011, un caso similar al de Iñaki Urdangarin con la sociedad Aizoon que compartía al 50% con la infanta Cristina. Asimismo, defraudó en el IVA a través de la compañía BCN Godia SL 348.393,23 euros en el ejercicio 2008 e intentó otro fraude similar en 2011 con la sociedad Barcel Euro SL al tratar de atribuir gastos personales a la sociedad.

Manuel Torreblanca y Liliana Godia forman uno de los matrimonios más conocidos de la burguesía catalana. Ella es hija del empresario, coleccionista y piloto de Fórmula 1 de los años 50 Francisco Godia, quien fue hombre fuerte del grupo químico que hoy lleva el nombre de Ercros. Liliana Godia heredó una gran fortuna que ha invertido en arte y en bolsa. A través del holding BCE, Godia está presente en Fersa y Abertis, entre otras. 

La Unión Progresista de Fiscales reaccionó a la noticia de la asistencia de Catalá al cumpleaños del condenado por fraude fiscal desde su cuenta de Twitter. “Otros dimitían por ir de caza con el juez”, se puede leer en referencia a la renuncia del ministro socialista Mariano Fernández Bermejo tras asistir a una cacería con el juez Baltasar Garzón y varios mandos policiales horas después de que se desatara la operación contra la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción en torno al Partido Popular.

En declaraciones a eldiario.es, el presidente de la UPF, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que los cargos públicos“tienen la obligación de ser ejemplares y fomentar la credibilidad de las instituciones de las que son responsables”. “No es suficiente cumplir la ley, ni hacer solo lo que no está prohibido, hay que ir más allá. El ministro de Justicia debería plantearse anteponer el interés público de su cargo, la imagen que proporciona a los ciudadanos, a cualquier acto privado que pueda interpretarse como una frivolidad o un gesto que minimice la gravedad de una condena penal”, añade el presidente de los fiscales progresistas.

Los delitos fiscales, añade el presidente de la UPF, “solamente pueden ser cometidos por un sector muy determinado de la población (por debajo de 120.000 euros el fraude a Hacienda no es delito) y son un termómetro del funcionamiento del principio de igualdad de todos ante la ley”. “Su persecución y castigo, como todo delito -añade-, tiene sentido si con ello se adquiere la conciencia social de que defraudar a Hacienda es defraudar a todos”. “¿Ayuda el ministro o perjudica con su conducta a ello?”, termina preguntándose García Ortiz.

La crema de la burguesía catalana

La celebración del 50º aniversario de Torreblanca también contó con la asistencia del presidente de Planeta, José Crehueras; el consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, o los empresarios Javier Faus y Enrique Lacalle, según Economía Digital.

Rafael Catalá también formó parte de la comitiva que viajó a costa del Atlético de Madrid a la última final de la Champions League, en la ciudad italiana de Milán. Aficionado del club colchonero, Catalá no tuvo problema en fotografiarse con el presidente de la entidad, Enrique Cerezo, imputado junto a Ignacio González por cohecho y blanqueo de capitales en el caso que investiga la procedencia del ático de lujo que el político tiene en la localidad de Estepona (Málaga).

Carlos García Berro (Barcelona, 1972) es fiscal desde hace 16 años y lleva seis en la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid. Este destino le ha hecho encargarse de la quiebra del Banco de Madrid, la venta de vivienda pública a Goldman Sachs o los primeros compases de la investigación a Rodrigo Rato por sus negocios privados, hasta que la anterior fiscal general le entregó el caso a Anticorrupción. Concede esta entrevista como vocal del secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), una organización empeñada en el mensaje de que la carrera fiscal necesita más transparencia y explicar a los ciudadanos su trabajo. “Hay determinadas actuaciones de la Fiscalía que no ayudan a su credibilidad”, asegura.

¿Soporta España niveles de corrupción por encima de sus posibilidades o están creando los medios una falsa percepción?

A veces uno tiene la sensación de que se conoce solo la punta del iceberg. Venimos de un pasado muy malo en muchos órdenes de la vida y en corrupción también. Hay familias que prosperaron al amparo del franquismo, que siguen manteniendo su poder económico y que, sobre todo, siguen actuando con sensación de impunidad, algo que la democracia no ha conseguido aún evitar. El poderoso se cree impune y a salvo, piensa que nunca le va a pasar a él, que nunca le va a llegar una investigación. Ya sea de la Fiscalía, de la Agencia Tributaria. Y esas dinámicas son las que tenemos que ir cambiando poco a poco; esa sensación de impunidad que permite a personas con un gran poder económico realizar, incluso de forma grosera, algunas actuaciones delictivas.

¿Cómo se cambia eso?

La única manera de luchar contra esa sensación de impunidad es actuando. No se puede evitar en muchos casos que lo hagan, pero cuanto menos vamos a evitar que tengan la sensación de que lo hacen y no les pasa nada luego.

¿Hay medios materiales y humanos suficientes?

En lo que respecta a la Fiscalía solo tenemos dos instrumentos para luchar contra la corrupción, no solo la política, hablo de corrupción en un sentido amplio, entre particulares, todo tipo de delincuencia económica. Tenemos, por un lado, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por otro, nuestro prestigio profesional. Las leyes dependen del legislativo y los medios del poder Ejecutivo. Pero lo segundo depende única y exclusivamente de nosotros. Y sí que es verdad que hay determinadas actuaciones que no ayudan a la credibilidad de la Fiscalía.

¿Por ejemplo?

Lo que entre los compañeros se llaman los ‘aquelarres judiciales o fiscales’. Cuando te encuentras que un abogado de prestigio organiza una serie de cursos, llama como ponentes a miembros de la cúpula fiscal, y van esos ponentes ahí a cobrar un buen dinero por ello, puede que no haya nada reprochable, pero la sensación que se transmite no es la adecuada. Eso merma nuestro prestigio y la actuación de la fiscalía se basa única y exclusivamente en nuestro prestigio profesional. Hay muchos casos. Todos sabemos cuáles son. Que compartan estos aquelarres fiscales un aspirante a ocupar la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción con el abogado del Partido Popular, de ahí no se cabe deducir nada, pero de cara al exterior, la imagen que se transmite no refuerza la imagen de autonomía del Ministerio Fiscal. Tenemos que ser autónomos y parecerlo. Ser autónomos respecto del poder político y parecerlo respecto de la ciudadanía.

¿A quién se refiere?

Por ejemplo, los cursos y jornadas organizadas por la Fundación Ramón Areces han sido objeto de muchos comentarios dentro y fuera de la Fiscalía, así como otros organizados por grandes firmas que han contado con ilustres participantes. Otro ejemplo que provoca suspicacias es el patrocinio de Banesto a la conservadora Asociación Profesional de Fiscales, evidentemente nada implica esa ayuda, pero no contribuye a la imagen del Ministerio Fiscal.

La pasada participación del nuevo fiscal general del Estado en esos cursos fue objeto de pregunta por la oposición en su primera comparecencia parlamentaria.

La falta de transparencia es uno de los grandes problemas de la Fiscalía. Otro hándicap que tiene es que no se explican las cosas. Cuando se toma una decisión existe un déficit de explicación a la ciudadanía. Si se dice, por ejemplo, que en las preferentes no hay delito, habría que haber explicado mejor por qué no hay delito. Esta falta de transparencia hace que la suspicacia de la ciudadanía se acentúe. ‘No hay delito por esto’ y dar una explicación lógica y coherente. Como se le da al juzgado, también se le tiene que dar a la ciudadanía. Luego, que se pueda compartir el criterio o no es otra cosa.

Esas suspicacias sobre la actuación judicial contra determinados delitos de cuello blanco parecen haber crecido durante la crisis.

Es que las cosas a veces no se entienden porque no se explican. Si hay algo que no se puede explicar, no se debe hacer. La corrupción y la delincuencia económica se basa en la oscuridad, y frente a la oscuridad solo hay una cosa, que es luz.

Hay fiscales que se van a importantes despachos de abogados y luego vuelven a la Fiscalía a acusar a personas defendidas por esos despachos ¿Qué opinión tiene de la puerta giratoria en la Fiscalía?

Al anterior fiscal general del Estado, sin respetar el plazo, se le excusó para poder irse a un poderoso despacho. Tenemos un estatuto del ministerio fiscal franquista y hay que cambiarlo. Está totalmente obsoleto. Desde la Unión Progresista de Fiscales estamos haciendo un trabajo para crear un código ético que aborde todas estas cuestiones, las actuaciones públicas del ministerio fiscal, que no están reguladas. Sin ir más lejos, esta entrevista. Las actuaciones privadas, dónde se pueden dar clases o conferencias, ¿deben o no ser remuneradas?, ¿solo en centros públicos o también en centros privados? A día de hoy la regula la conciencia individual de cada uno.

¿Y la ida y vuelta de un miembro de la Fiscalía, o de un juez, a la política?

No creo que haya que poner muchos límites en el hecho de ir y volver. El volver a dónde es otra cosa, pero tenemos como cualquier ciudadano nuestro total derecho a participar en las cuestiones públicas. Y si es un profesional altamente preparado, como un juez o un fiscal, qué mayor privilegio para la política que tener a un profesional altamente cualificado trabajando en política.

¿En qué condiciones están los fiscales como usted para ‘competir’ con carísimos despachos de abogados que defienden a los corruptos?

No con las mejores. La Agencia Tributaria, por ejemplo, tiene ahora un problema: no abarca. No puede nombrar tantos peritos en funciones de auxilio judicial como se le piden porque son inspectores de Hacienda, que si están haciendo las funciones en un juzgado no pueden hacer las propias administrativas fiscales que les corresponden. También hay problemas de coordinación. Por ejemplo, los inspectores de Hacienda son profesionales con una alta cualificación, pero lógicamente tienen una visión fiscal de los asuntos que abordan, no policial. En Italia tienen una policía fiscal, que abarca ambos campos. La creación de equipos conjuntos es la solución, pero falta un mecanismo de integración.

¿Hay voluntad política para mejorar los instrumentos para luchar contra la corrupción?

Hay actuaciones en ocasiones incomprensibles. La directiva del Blanqueo de Capitales se traspone a una ley en España sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en 2010. En un artículo de esa ley se dice que las entidades bancarias tienen que declarar todas y cada una de las cuentas bancarias, depósitos, etc… de cada titular. Esto se tramita en las Cortes. Muy buena ley, reconocida a nivel internacional. Pero luego se pone el reglamento (que desarrolla la ley), que no pasa por las Cortes y se hace en el Ministerio de Economía. Los bancos tenían que informar de todas esas cuestiones y se pone un articulito diciendo que sí, pero excepto las titularidades en las sucursales en el extranjero, de tal manera que se abre la puerta de la consagración de la banca offshore española. Si algún banco tiene la tentación de tener una sucursal offshore en el extranjero, en virtud de esa sola coletilla, ya no tiene obligación de informar a la Agencia Tributaria española de quién son los titulares de esos fondos en el extranjero. ¿Por qué? Yo no puedo saber qué movió al Ministerio de Economía a hacer eso, pero está hecho.

¿Somos intransigentes con la corrupción del político y tolerantes con la evasión fiscal?

No tenemos una verdadera cultura fiscal en España. Nos indigna la corrupción política y eso está bien, pero no tenemos tanto una conciencia fiscal. De esto ya se quejaba Pío Baroja en El Árbol de la Ciencia. No recuerdo la cita con exactitud, pero hay un pasaje en el que el protagonista, que ejerce de médico en un pueblo de La Mancha, se extraña de que todos defraudaran a Hacienda y no se les tuviera por ladrones.

¿Cómo evalúa la colaboración ciudadana en los delitos de corrupción?

Debería serlo más y debería protegerse mucho más al denunciante. Es necesario un estatuto propio del denunciante en los asuntos de corrupción pública, y también entre particulares, para los delitos fiscales, fraudes, etc… Ya está plenamente consolidado en los delitos de drogas. Si perteneces a una organización internacional dedicada al tráfico de drogas y te arrepientes, tienes una serie de privilegios establecidos en el Código Penal. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en el ámbito de la corrupción?

La figura del testigo protegido en España cosecha sonoros fracasos.

Así es. No está funcionando todo lo bien que debiera. Hay que regular la figura del ‘co-acusado’, lo que popularmente se denomina ‘tirar de la manta’. Habría que encontrarle un mejor encaje que de momento solo es jurisprudencial. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda una práctica, que España no ha incorporado todavía, que es la tipificación del enriquecimiento injustificado. Si uno tiene un incremento en su patrimonio y no puede explicar su origen, el GAFI recomienda que se trate como delito.

Pero gobierno tras gobierno, hay cosas que no se tocan, parece que siempre se modifica el Código Penal para satisfacer a las tertulias de sucesos.

Sí, es que parece más fácil endurecer el código penal para pobres humildes y miserables que para poderosos, económicos o políticos. Tampoco se trata tanto de endurecer como de agilizar los mecanismos. Si uno se fija en el delito fiscal, la pena mínima es un año; un robo con fuerza en las cosas, apalancar por ejemplo la puerta de una frutería, también tiene una pena mínima de un año. El límite de la pena para considerar el fraude fiscal delito son 120.000 euros.

¿Qué opinión tiene del uso de información supuestamente robada para luchar contra los grandes delitos económicos y la corrupción?

El paradigma de todo esto es la lista Falciani. En Fiscalía hemos conseguido que todos los asuntos que han concluido lo hayan hecho en sentencia condenatoria. Era un caso de acreditar la plena validez de esa prueba. Jurídicamente tiene un gran desarrollo, pero muy sucintamente puedo decir que en España no hay secreto bancario, por mucho que lo haya en Suiza. Hemos trazado la legitimidad de la forma de obtención de esa información y que podía ser prueba de cargo en exclusiva.

La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de oponerse a la investigación contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha acabado este jueves con la intervención del ministro de Justicia. Rafael Catalá ha criticado a las fiscales del caso, Gemma García y María Teresa Gálvez, al asegurar que tienen un problema porque su criterio no era compartido por sus superiores. “Yo me pongo del lado de sus jefes”, ha dicho, al tiempo que ha advertido de consecuencias contra ellas por dejar constancia de su discrepancia.

La Unión Progresista de Fiscales ha pedido la dimisión de Catalá por estas palabras, por criticar que las fiscales del caso Púnica se negaran a firmar el escrito de Anticorrupción. Su portavoz, Álvaro García Ortiz, explica en este entrevista con eldiario.es que las declaraciones del ministro suponen una intromisión intolerable en el trabajo del Ministerio Fiscal.

¿Qué le parecen las declaraciones del ministro Catalá contra las fiscales del caso Púnica por no seguir las directrices de sus superiores?

Las palabras de Catalá dan miedo. Asusta que un ministro pueda despreciar así el trabajo de unas fiscales, hacerlo en los términos, en el tono en el que lo ha hecho y además amenazar a unas compañeras con la instrucción de un expediente disciplinario y que se adopten medidas dentro de la Fiscalía. Revela, por un lado, que el ministro desconoce absolutamente el funcionamiento de la carrera fiscal, algo grave siendo ministro de Justicia, y lo segundo, que se permite el lujo de opinar sobre qué se debe hacer sobre el trabajo profesional de los fiscales, lo que para un ministro de Justicia debería estar vedado, prohibido, y debería ser consciente de ello.

Catalá ha asegurado que la decisión de las fiscales de no firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción “generará algún tipo de actuación interna en la Fiscalía”. ¿A qué consecuencias se exponen?

¿Quién es el ministro para hacer esa afirmación y tratar de atemorizar a unas profesionales como son las fiscales que se han encargado del caso? ¿Con qué legitimidad, con qué conocimiento y con qué atribuciones el ministro se permite el lujo de hacer eso? Es una intromisión en la autonomía del Ministerio Fiscal.

El ministro nunca debería haber dicho esas palabras. Por eso la UPF ha solicitado su dimisión, porque nos parece que ha excedido sus competencias de una manera intencionada. En segundo lugar, las compañeras tienen todo el derecho del mundo a tener una postura procesal, a elevarla y a mantenerla ante sus superiores. Eso es innegable. A partir de ahí se activan mecanismos internos de la Fiscalía en los que pueden ocurrir muchas cosas. Entre otras, que las fiscales hagan una oposición formal a la orden que reciban, aunque no ha sido el caso.

También hay unos mecanismos de sustitución entre fiscales porque el principio de jerarquía no significa que un fiscal tenga que ir contra sus propios actos. En ningún caso. Y no se le puede exigir a una persona que ha firmado un informe y una resolución, si no está convencida de ello, que firme el informe y la resolución contrarias. La propia estructura del Ministerio Fiscal permite que esto no sea así. Quien no debe meterse en esto es el ministro.

¿Cree que el Ministerio debería investigar esta filtración?

Si es una filtración, sería deseable, conveniente y democráticamente saludable que todas las decisiones que tome el Ministerio Fiscal, incluso las decisiones internas en las que se indica por parte del fiscal General del Estado que se debe acusar o no a una persona, puedan ser transparentes, motivadas y sometidas a la opinión pública. Siempre que no perjudique a las propias investigaciones, en un supuesto en el que hay una investigación secreta.

La decisión de la institución, la que tome el fiscal general, no tiene por qué no estar sometida al control la opinión pública. Eso haría que cualquier decisión de esta naturaleza fuese conocida por todos y pudiese ser criticada por todos. Y quien toma esas decisiones supiese que hay un control democrático de toda la sociedad, de todo lo que hace una institución del Estado como es el Ministerio Fiscal.

Catalá ha considerado normal que Pedro Antonio Sánchez haya accedido al decreto con el criterio de los fiscales del Supremo sobre su caso. ¿Es normal que un político objeto de investigación acceda a este tipo de información reservada de la Fiscalía General?

No sé qué fuentes de información puede tener un investigado, no sé cómo le puede llegar esa información. Lo que me parece lamentable es que se haga ostentación de ese hecho como bandera política. Eso es lo que sí que nos parece impresentable.

¿Comparte el criterio de la Fiscalía Anticorrupción de no investigar al presidente de Murcia?

Ahí es imposible entrar. Lo que nos demuestra este caso, como otros muchos, es que si las decisiones de las fiscales son revocadas o analizadas por los órganos superiores del Ministerio Fiscal, lo sano es que ese funcionamiento interno de la Fiscalía pueda ser sometido a control de la opinión pública. Es una potestad que tiene el fiscal general del Estado, pero es un acto que es de un organismo del Estado, en el que hay una discrepancia que es legítima y es normal, que afecta al ciudadano. Y afecta, lo que es más importante, a la credibilidad de la carrera fiscal y de la autonomía de los fiscales.

Si ese sistema de discrepancias es público, lo conoce todo el mundo y todo el mundo puede opinar, no habría sombra de dudas sobre si es una discrepancia de naturaleza técnica, que puede serlo, o es una orden impuesta manu militari. Esa es la diferencia fundamental en enseñar, motivar y ser transparentes o en ocultar, y simplemente que le llegue a la opinión pública que “el fiscal general dio la orden de...”. Son unos requisitos democráticos.

¿Es habitual este modo de actuar de la Fiscalía, haciendo pública su posición en el caso con una nota de prensa?

La política de comunicación del nuevo fiscal general está por hacer, está empezando. Supongo que esto quizá provoque que se sea más transparente y se compartan las motivaciones de las decisiones de la Fiscalía General para que no se cuestionen en sí mismas.

Es lógico que, si tú das una nota de prensa en la que sólo dices eso, enseguida surjan más dudas y parte del revuelo que se ha montado. Si tú motivas y explicas, seguramente las dudas serán menores y nos beneficiará a todos los fiscales.

¿Debe el fiscal general, José Manuel Maza, dar explicaciones por lo ocurrido con este caso?

Yo entiendo que el fiscal debe estar a disposición de los ciudadanos. Me gusta la figura de un fiscal general activo, accesible a los ciudadanos y a los medios de comunicación y que explique las decisiones de la Fiscalía General. Yo creo que sería no solo deseable, sino que sería un síntoma de salud democrática.

Maza asegura que es “insensato” pensar que ha habido presiones al Ministerio Fiscal en este caso. ¿Lo es?

No tengo datos para decir lo contrario. Si el fiscal dice que no le han presionado, habrá que entender que el fiscal está diciendo lo que él ha percibido. Lo que pasa es que las decisiones de no acusar a alguien, si son opuestas a la tesis de las fiscales que llevan el caso, hay que explicarlas para evitar estas sospechas de dudas.

¿Cómo valora los primeros meses de Maza y su papel en este caso?

De momento es pronto. Queda mucho tiempo, mucha legislatura, algunos están por llegar la semana que viene, en cuanto a nombramientos, para que nos podamos hacer una idea de cuál va a ser la actuación del fiscal general. En todo caso, la UPF no suele valorar los actos del fiscal sin más perspectiva. Es una persona que esperamos, porque ese será nuestro bien, que tenga un recorrido exitoso en todos los sentidos.

El puesto vacante de fiscal jefe de Anticorrupción está a punto de cubrirse. ¿Puede esta circunstancia estar afectando a esta investigación?

No debería, no lo sé, pero no debería. El mecanismo de sustitución de la Fiscalía es un mecanismo reglado. Lo que sí nos debería hacer reflexionar es la importancia de que la Fiscalía Anticorrupción sea una Fiscalía con una estructura y una impronta fuerte dentro del organigrama de la Fiscalía General del Estado, y se le dé la importancia que merece, porque es en estos casos cuando se cuestiona más la autonomía del Ministerio Fiscal.

¿Teme que se elija a un fiscal para Anticorrupción por lo manejable que resulte?

Entendemos que deben ser los méritos, siempre los méritos profesionales y la capacidad para afrontar una dificilísima tarea y un difícil legado como el que dejó Antonio Salinas. Hemos de buscar que sea un fiscal lo más capaz posible, porque la misión es difícil.

¿En qué lugar deja todo esto los planes de reforma para que la Fiscalía instruya los casos?

Pues creo que debe ser un ejemplo, en primer lugar, de que el ministro de Justicia no opine sobre la Fiscalía y menos sobre su actuación interna. Porque si hablamos de autonomía del Ministerio Fiscal, hay que hablar ya de esa autonomía.

En segundo lugar, hay que ganarse la confianza de los ciudadanos para que crean en los fiscales y en su profesionalidad. Estas reflexiones tenemos que hacerlas todos, los propios fiscales, pero especialmente los legisladores y el Ejecutivo a la hora de comentar, hacer o justificarse con determinadas actuaciones en las que intervienen los fiscales.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido este jueves la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por cuestionar que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que no se investigue al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, lo que ha calificado de “intromisión intolerable”.

“Pedimos la dimisión del ministro por cuestionar, fuera de sus competencias constitucionales y con un absoluto desconocimiento de la Ley, el trabajo de nuestras compañeras, y amenazar con acciones contra ellas por discrepar del criterio de un superior. Es una intromisión intolerable en nuestro trabajo por parte del ejecutivo, y un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal”, ha manifestado la UPF en una nota.

En concreto se refieren a unas declaraciones hechas esta mañana por el ministro en las dice que el comportamiento de las fiscales es “anómalo” y recuerda que a Sánchez se le quiere acusar pese a que no llegó a firmar nada con el empresario Alejandro de Pedro, imputado en la trama Púnica.

Catalá también ha mostrado su descontento con que la discrepancia de las dos fiscales del caso con el informe emitido “sea de conocimiento público” y dice que el Ministerio Público debería funcionar “con mayor discreción” a la demostrada últimamente.

“Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes”, ha remachado Catalá.

Álvaro García Ortiz (Lumbrales, 1967) es fiscal de Medio Ambiente en Galicia y acaba de cumplir un año como presidente de la UPF, la asociación que aglutina a los fiscales progresistas en España. Habla para eldiario.es de la reacción de la Fiscalía General del Estado al escándalo de las grabaciones a Jorge Fernández Díaz en su despacho, la prueba de que el Ministerio del Interior conspiró para atacar a la oposición política. En una nota de 3 párrafos difundida el pasado 14 de julio, la Fiscalía General anunciaba que los fiscales del Tribunal Supremo no aprecian delito en la actuación de Jorge Fernández Díaz. Ha pasado una semana y no hay más detalles.

La Fiscalía General del Estado ha concluido que no hay indicios de delito en las palabras de Fernández Díaz y que el asunto de la grabación y la filtración son cosa de fiscalías provinciales, ¿qué opinión le merece a la Unión Progresista de Fiscales?

Por un lado tenemos la nota de prensa como única información disponible. No es precisamente un ejemplo de transparencia. Quizá en un asunto de tanta relevancia, lo suyo habría sido dar el dictamen completo de la Fiscalía del Tribunal Supremo analizando los posibles ilícitos, no limitándose a decir en una nota que no constituyen delito. Si la Fiscalía asume la decisión de tomar una decisión, al igual que hace cualquier tribunal, esa decisión debe ser motivada y pública.

Aunque no tenemos conocimiento de hasta donde han llegado las investigaciones, creemos que el asunto merecía algún tipo de investigación, más allá de recibir solamente el material como al parecer está haciendo algún juzgado de instrucción. Creo que es un asunto suficientemente relevante para que se le de la importancia que tiene.

Un material que, por otra parte, no reclamó la Fiscalía General y que le fue entregado por los periodistas por iniciativa propia.

Le damos muchísima importancia a las afirmaciones del ministro, sobre todo, por una razón: la Fiscalía y el contenido de esas declaraciones, además del lugar donde se han realizado, son muy relevantes. Habla de la Fiscalía como si fuera un instrumento al servicio de un poder del Estado, al servicio de un ministro, en el sentido de que puede afinar o no afinar algunos atestados o informaciones policiales. Eso no es la misión de la Fiscalía, trabajar para nadie. Y, desde luego, no trabajar para el Ejecutivo. Nosotros trabajamos para los ciudadanos.

Por otro lado, está la cuestión de cómo se han podido producir unas grabaciones en el Ministerio del Interior, que es una cuestión bastante preocupante desde el punto de vista de la seguridad.

¿Ha actuado la Fiscalía en la guerra sucia contra la oposición de estos años?

En las grabaciones se hace mención a posibles actuaciones concretas y esas actuaciones concretas no han existido, por lo tanto, por lo que nosotros conocemos, ha habido informaciones, atestados, que han sido desechados por la Fiscalía precisamente por carecer del rigor que exige una investigación de naturaleza policial, fiscal o judicial. Una investigación parte de unos hechos que son indicios que entonces dan lugar a una investigación, y no lo contrario: investigar a unas personas a ver si salen unos hechos que puedan dar lugar a unos indicios y a un delito.

Pero al final, ¿la decisión de la Fiscalía General no ha contribuido a que esa guerra sucia quede impune, a taparla?

Por las noticias que tenemos se deduce que los fiscales han hecho un trabajo profesional y excelente. Precisamente, lo que no han permitido es que denuncias inconcretas, prospectivas —como ha dicho en algún caso el Supremo—, la recopilación de informaciones periodísticas que aparecen en los periódicos, lleguen a constituir un proceso que se dirija contra una persona. Desde ese punto de vista, yo creo que hay que alegrarse y simplemente reconocer que la profesionalidad de los fiscales está por encima de otro tipo de maniobras.

Después, la reacción de la Fiscalía General ante la investigación se puede interpretar de muchas maneras. Yo no creo que sea encubrimiento o que trate de tapar. Pero nos hubiera gustado una reacción con más contenido y también más contundente en defensa de la propia carrera, más allá que esa nota de prensa. Quizá lo que esperábamos de la Fiscalía General es lo que no ha dicho: que es inconcebible escuchar esas palabras en boca de un ministro y que, por supuesto, la Fiscalía jamás se va a servir o a proponer para seguir ninguna pauta marcada por el Ejecutivo porque lo tenemos prohibido estatutariamente y porque los cauces de relación entre el Ejecutivo y la Fiscalía General están definidos por la ley y esos son los cauces que habría que seguir. Y esta contundencia, desacreditando las palabras del ministro, no hubiera venido mal.

¿Supone el anuncio de la Fiscalía General el portazo definitivo a una actuación judicial?

Queda todo el margen. La Fiscalía, en el marco en que haya sido, que no sabemos si ha sido un expediente informativo o unas diligencias de investigación penal, dicta su opinión, su resolución, pero siempre está el derecho de los ciudadanos a acudir a los tribunales a presentar una denuncia, incluso que los propios tribunales de oficio, o jueces de instrucción, decidan iniciar una investigación en este sentido porque la instrucción o la investigación no se agota en lo que haga la Fiscalía. Digamos que el trámite judicial está todavía sin realizar y queda todo el margen posible para una investigación.

La actuación de la Fiscalía General estos años, ¿hacía esperar un actuación como la que ha tenido en el 'FernandezGate'?

Es una opinión difícil de dar, desconocemos prácticamente cómo se ha dado y la motivación de esa resolución. Es complicado hacer un juicio. Nos hubiera gustado que hubiera sido una investigación y no un dictamen, que parece que es lo que tenemos, pero es que ni siquiera sabemos que sea así. Yo no se si era esperable o no, lo han hecho profesionales, fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que merecen desde luego toda la confianza profesional.

Otra cosa es la relevancia de los hechos y si son delito. No es sencillo pronunciarse sobre eso. Cada uno tendrá una idea o una opinión. Habría que ver todo el material que ha tenido la Fiscalía. Merecería una mejor explicación y quizá ahondar en vías de investigación que se pondrían haber agotado o abierto porque ahora tendremos que esperar que sea, quiz,á un tribunal el que lo haga.