La Fiscalía General exige a los fiscales que informen sobre si preparan a opositores

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, durante una comparecencia.

Marcos Pinheiro


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La Fiscalía General del Estado quiere arrojar algo de luz en el oscuro mundo de las oposiciones a jueces y fiscales, donde muchos de los preparadores ejercen sin informar a sus superiores, sin pedir la compatibilidad necesaria para realizar esa actividad y en ocasiones cobrando a los alumnos en metálico. Ahora, los fiscales estarán obligados al menos a declarar si dedican parte de su tiempo a preparar a alumnos que quieran presentarse a las oposiciones, para evitar que puedan, a la vez, formar parte de los procesos de selección de los aspirantes.

Dolores Delgado firmó el pasado lunes un decreto, al que ha tenido acceso elDiario.es, que recuerda a los fiscales que el artículo 127.5 de su estatuto establece que la preparación para el acceso a la función pública es incompatible con “formar parte de los órganos de selección de personal. Y añade que está exenta del régimen de incompatibilidades siempre que no supere las 75 horas anuales y no afecte al horario laboral.

La fiscal general del Estado también recuerda a los miembros de la carrera que, si preparan a opositores, están sujetos a algunas limitaciones extra, como las horas diarias que le pueden dedicar o que en ningún caso afecte a “las obligaciones propias del cargo”. Y les recuerda en varias ocasiones que están obligados a comunicárselo a la inspección fiscal.

El problema hasta ahora es que esa comunicación quedaba en manos del fiscal, que debía tomar la iniciativa para informar a sus superiores sobre si preparaba a aspirantes a las oposiciones. La investigación realizada por elDiario.es hace un año desveló que muchos preparadores no informaban a pesar de rebasar las horas anuales de formación, y que muchos de ellos, además, cobraban en metálico a su alumnos, con lo que Hacienda tiene imposible detectar si se tributa por esos ingresos o ese flujo de dinero se queda en la economía sumergida.

Ni la Inspección Fiscal ni el Consejo General del Poder Judicial comprueban si hay jueces o fiscales ejerciendo la labores de preparación sin haber pedido permiso, por lo que algunos de ellos podían acabar además integrando los tribunales de selección y encontrarse con que debían examinar la valía de alguno de sus alumnos.

Ahora, la Fiscalía quiere aumentar la presión sobre esos preparadores y obligarles a que rellenen un documento, en lugar de dejar en su mano si informan o no. El decreto establece que los jefes de las diferentes fiscalía deberán hacer llegar a sus plantillas un modelo de declaración en el que deben reflejar si preparan o no a opositores. Tienen como fecha límite para entregarlo el 30 de septiembre.

Fuentes de la Fiscalía señalan a elDiario.es que se trata de un primer paso establecer ciertos controles a la preparación de oposiciones, que si bien es compatible con el trabajo de fiscal, debe ser comunicado y lleva aparejadas algunas incompatibilidades. Recuerdan, además, que la iniciativa se enmarca en el nuevo estatuto de la carrera y que aún con este control, España está todavía por detrás de otros países europeos en cuanto a la regulación y las normas que afectan a aquellos que dedican parte de su tiempo a esta formación.

Sin informar y cobrando en B

La investigación de elDiario.es desveló que buena parte de los preparadores exigían a sus alumnos que el pago por esos servicios se hiciera en sobres con dinero en metálico. Testimonios de alumnos reflejaban cómo acudían a final de mes a los despachos de jueces y fiscales con esos sobres, y muchos de ellos revelaron que sus preparadores no figuraban en los listados públicos de quienes habían pedido la compatibilidad.

El retrato de los opositores –y de algunos preparadores– dibuja una auténtica economía sumergida donde los magistrados de más prestigio llegan a cobrar 4.000 euros al mes a espaldas de Hacienda. “Lo normal es en metálico, yo cobro en metálico, piensa que por trasferencia tendrías que pagar mucho más. Las ayudas son nulas y los impuestos altísimos. Si fuera por transferencia, subirían los precios en general de todos los preparadores, y eso lo va a pagar el opositor”, justificaba uno de los fiscales contactados por elDiario.es.

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