El exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz mintió en el Congreso al menos en una ocasión, cuando negó la existencia del grupo de la policía dedicado específicamente a buscar y fabricar casos de corrupción contra independentistas y dirigentes destacados de Catalunya, como la familia Pujol. Un grupo policial que ahora se ha demostrado que Fernández Díaz no solo conocía sino que había instigado en una reunión con el excomisario José Manuel Villarejo y el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, según los audios publicados por El País.

“Si existe esa unidad, demuéstremelo, pero demostrarlo es muy difícil. Estamos aquí para hablar de cosas serias”, retó el ministro en diciembre de 2014 en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Aquel día el diputado de CiU Feliu Guillaumes esgrimía la información publicada por elDiario.es para preguntar por ese asunto al ministro. La respuesta de Fernández Díaz fue lacónica y, tras negar en diversas ocasiones que ese grupo existiese, aseguró que el grupo de Guillaumes vivía “en la obsesión” y veía “persecución incluso en sueños, pero eso es asunto de psiquiatras”. El nacionalista respondió entonces: “Que sea paranoico no quiere decir que no me persigan”.

Después de que el diputado reclamase acabar con dicha unidad, Fernández Díaz volvió a negar esta posibilidad ya que, según dijo,  “no se puede eliminar lo que no existe”. “Si usted me acredita que eso existe, le aseguro que lo disolveré, pero me tiene que acreditar que existe. Desde luego, si le pido información a la policía y esta me dice que no existe, yo creeré más a la policía que a usted”, abundó Fernández Díaz.

Esta fue la primera vez pero no la única que Fernández Díaz mintió sobre este asunto. Tres años después, llamado a declarar en una comisión de investigación del Congreso, el exministro aseguró que no se había visto nunca con el comisario Villarejo: “Lo voy a expresar con toda claridad. En los casi cinco años en los que he ejercido la responsabilidad de ministro del Interior jamás he despachado nada con el señor Villarejo”.

Las grabaciones desveladas ahora demuestran que Fernández Díaz sí se reunió con Villarejo y que además lo hizo para conocer los avances en la operación para implicar a independentistas en casos de corrupción. “Esta conversación no ha existido”, repite el exministro en los audios revelados, “yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido”, apostilla.

El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo (Málaga, 1935) dice estar jubilado, pero mantiene una actividad incansable en defensa de los derechos humanos, que le ha llevado a ser el redactor del recurso contra el acuerdo de la UE con Turquía sobre refugiados. Acaba de publicar Catalunya, mitos y resistencia (El Viejo Topo), libro en el que se recoge su posición crítica con el proceso soberanista, que vincula con el autoritarismo, y su decepción con los partidos de izquierda que lo han apoyado.

En conversación con eldiario.es, Jiménez Villarejo defiende la calificación de rebelión sobre el proceso soberanista y la prisión provisional de sus líderes. En este sentido, tilda de “error manifiesto” que Pablo Iglesias hable de “presos políticos”. También critica al PSOE por haber escogido a un presidente del Poder Judicial “muy conservador” como el magistrado Manuel Marchena, en el marco de un pacto fallido con el PP que cree que ha dejado “tocado y desprestigiado” al Consejo General del Poder Judicial, no así a los tribunales que imparten Justicia.

En el libro se refiere a la hoja de ruta que culminó en el 1-O como una “deriva autoritaria derechista y xenófoba del proceso independentista”. ¿Dicha deriva cree que se mantiene en el Govern de Torra o tras el 155 ha terminado?

El planteamiento de la secesión de Catalunya de España, y por tanto de la ruptura con el marco constitucional, continúa, y yo diría que incluso más que antes. Las consecuencias del artículo 155 han sido escasas. Tras las elecciones, el Govern que se constituyó bajo el president vicario Torra, y digo vicario porque lo dijo él mismo, es un gobierno con un presidente sustituto que provisionalmente ocupa el cargo pero que no tiene ningún título que le habilite para ejercerlo salvo el de haber sido elegido por Puigdemont, su superior.

¿En qué se expresa este autoritarismo?

El autoritarismo consiste en la exclusión de la mayoría social que representan los partidos constitucionalistas y en el ejercicio vacío de la autoridad por parte del Govern por el simple hecho de ser autoridad y punto. El Govern no satisface las necesidades de la ciudadanía. Están ahí porque son los que son y piensan como piensan pero nada más, no tienen otro título que les legitime y aún menos el president Torra. Todos son bastante vicarios del individuo que vive en Waterloo. Hay un desgobierno y una descomposición de las instituciones de la Generalitat. No sé si lo que tenemos es un gobierno o no. Además de la Sanidad, podrían ir a la huelga todos los sectores sociales porque todos están abandonados por el Govern.

Otra de sus principales tesis es que la antigua Convergència ha utilizado el 'procés' para tapar los escándalos de corrupción.

Lo han reconocido ellos mismos. En la ley de transitoriedad jurídica hay un precepto que dice que se anularán los procedimientos judiciales a los investigados por conductas que busquen un pronunciamiento democrático sobre la independencia. En la Audiencia Nacional hay múltiples imputados por las comisiones del 3%, ellos sabrán por qué quieren separarse de España. La sentencia del Palau de la Música de la que aquí todo el mundo parece quererse olvidar fue un duro golpe a Convergència.

Del libro también se desprende una decepción personal con sectores progresistas por su connivencia con el ‘procés’.

La izquierda ha fallado desde que ICV apoyó la declaración de soberanía del 23 de enero de 2013 que reclamó el derecho a decidir invocando la soberanía del pueblo de Catalunya. Fue un error histórico porque era una sumisión a un planteamiento nacionalista clásico y, por tanto, derechista. El exsecretario general del PSUC Antonio Gutiérrez Díaz dijo: “Catalunya es de todos y no dejaremos que nos la arrebaten aquellos que con nacionalismos extremos y provocadores quieren utilizar la bandera catalana para esconder sus intereses de clase”.

Este planteamiento es ajustado y riguroso, pero los responsables de ICV no lo siguieron y cometieron un gravísimo error del que luego se han distanciado. Pero representó un apoyo a los independentistas cuando se tenía que haber tenido una actitud crítica: ICV unió sus fuerzas a CDC, su antítesis en todos los sentidos. Y de aquellos barros, estos lodos.

Estos lodos que define como una sucesión de mitos y engaños.

En varias resoluciones del Parlament se afirma que la voluntad mayoritaria del pueblo de Catalunya está por el derecho a decidir su futuro político. En una de ellas, del año 2013, se menciona la voluntad mayoritaria del pueblo expresada en la vía catalana hacia la independencia de la Diada. Con esto se manipula la realidad porque se asocia el futuro político de Catalunya al 11 de septiembre, es decir, a una manifestación popular legítima pero que no se puede interpretar bajo ningún concepto como una expresión de la voluntad democrática del pueblo en su conjunto. Esta manipulación independentista se prolonga a lo largo de los años, por eso hablo en el libro de mitos absolutamente quiméricos y que constituyen prácticas antidemocráticas y un engaño al pueblo de Catalunya.

¿No todo empezó con la sentencia del Estatut?

El Tribunal Constitucional se equivocó porque el Estatut se podría haber mantenido en su integridad. Pero lo que no puede decirse es que a partir de esa sentencia de 2010 Catalunya haya dejado de tener un reconocimiento por parte del Estado. ¿Quién empezó a tratar a Catalunya como un cortijo, el Estado en 2010 o Jordi Pujol? Yo diría que en 1996, con el pacto del Majestic, Jordi Pujol se convierte en el cómplice perfecto de Aznar y del PP, el partido más antinacionalista catalán que existe. Jordi Pujol ha menospreciado mucho más a Catalunya que la sentencia del Estatut, que fue un error. Jordi Pujol cometió un delito fiscal durante 34 años.

¿Qué daña más a Catalunya, un president delincuente o problemas políticos sobre el impulso de las competencias autonómicas? Los gobiernos centrales de PP y PSOE se han equivocado, pero cuando me hablan de la supuesta opresión del pueblo de Catalunya por parte del Estado yo pienso que su expresident ha sido tratado con mucha consideración. Todo el mundo calló. Los que piden la libertad de los presos nunca han pedido que entre en prisión un señor que defraudó al fisco durante 34 años abusando de su poder como presidente de la Generalitat.

¿Que alrededor de dos millones de personas estuvieran dispuestas a participar en un acto suspendido por los tribunales y contrario a la Constitución como el 1-O no denota que existe un problema político grave?

El 1 de octubre y el 20 de septiembre la movilización ciudadana constituye un instrumento para la manipulación de la realidad histórica de Catalunya. Cualquiera que fueran las proporciones en que la población se manifestara o acudiera a las urnas falsarias construidas para el pseudoreferéndum del 1-O, detrás de todo esto hay, como corresponde al planteamiento independentista, un engaño importante a la población. Una estafa al pueblo de Catalunya, como los 18 meses hacia la independencia. Los dirigentes prometen que se declarará la independencia y luego no ocurre nada, pero sus seguidores no se levantan contra ellos pese a que sistemáticamente les están engañando y prometiendo un futuro que no sólo no llega sino que cada vez está más lejos.

¿Ve adecuado que Pablo Iglesias se refiera a Oriol Junqueras y al resto de encarcelados como “presos políticos”?

Es un error manifiesto porque no es así. Junqueras y el resto de presos son personas que llevan muchos años, como mínimo desde 2013, planificando de forma fría, serena y perfectamente calculada el proceso que tendría que haber conducido a la ruptura de Catalunya con España. Desde el ejercicio del poder, políticos electos y no electos tomaron decisiones sobre el futuro de Catalunya. Y digo no electos porque la ANC y Òmnium son dos asociaciones civiles que me merecen todo el respeto pero que tienen el mismo valor que una asociación de vecinos y no tienen ninguna legitimidad democrática para constituirse como poder de Catalunya.

Además, los políticos electos han ejercido el poder en virtud de unas elecciones con una ley electoral que sigue siendo la ley electoral española. No han querido hacer una ley electoral propia catalana. Frente a las quejas y menosprecios que dicen sufrir de las instituciones del Estado español, a la ley electoral española le tienen un cariño loco porque les garantiza una mayoría que de otra forma no tendrían.

¿El plan independentista fracasó por sus propios errores o por la respuesta del Estado?

El plan independentista ha tenido muchos puntos débiles, pero justifica una respuesta enérgica del Estado. Las leyes del 6 y 7 de septiembre son claramente autoritarias. El Govern ha estado sistemáticamente engañando a su pueblo y lo ha hecho desde una posición de abuso de poder. Los líderes independentistas no han hecho más que tomar decisiones que les desacreditan como políticos, por ejemplo la insistencia en investir a Puigdemont. Al margen de su propia ilegalidad y su incapacidad para generar un gobierno, la investidura telemática suponía recurrir al simbolismo político y gobernar a base de quimeras y símbolos, la antítesis de una política democrática.

¿Los presos deben seguir en prisión o tienen derecho a salir antes del juicio?

Creo que la prisión provisional está justificada. Hay un dato objetivo para valorar si procede la libertad provisional y máxime ahora cuando está a punto de iniciarse el juicio oral: los imputados que huyeron de la Justicia y que no han vuelto. De acuerdo con los delitos por los que están acusados, en especial el de rebelión, hay razones formales y serias para mantener la prisión provisional.

En el mundo jurídico hay un debate sobre si existe o no el delito de rebelión en el 'procés'.debate sobre si existe o no el delito de rebelión en el 'procés'.

A día de hoy ya no cabe esperar que el delito de rebelión implique una violencia armada. Hay un auto del Tribunal Supremo denegando una libertad provisional en el que dice que cabe la rebelión sin armas. La violencia que se exige el Código Penal en el delito de rebelión es una violencia que tiene a día de hoy muchas dimensiones, no tiene por qué ser necesariamente física sino que puede ser de otros caracteres y formas. Por ejemplo, las coacciones son parte de la violencia. La resolución 2625 de la ONU dice que hay que abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de los estados. Esta resolución es de los años setenta pero está plenamente vigente y equipara violencia y amenaza.

¿Qué actos de violencia o amenaza de usarla ha habido?

El concepto de violencia hoy es más amplio, no estamos ante un golpe como el 1936 o 1981. Pero sí existe una capacidad de enfrentamiento directo con las autoridades del Estado cuando desde un poder necesario como una comunidad autónoma se estructura una cierta forma de estado al margen de las normas democráticas y contra el Estado al que se pertenece. En el documento 'Enfocats' se dice que cuando haya una clara determinación ciudadana a apoyar la independencia y complicidad internacional hay que empezar a aumentar paulatinamente el nivel de conflictividad ante la respuesta del Estado. La resolución 1/XI del 9 de noviembre de 2015 del Parlament reitera que el proceso de autodeterminación no se supedita a las instituciones del Estado español, aceptando los previsibles episodios de violencia. Por lo tanto no podemos sorprendernos de que se hayan utilizado los términos del delito de rebelión porque se dan las circunstancias que lo justifican, sin perjuicio de que luego tras el juicio se puedan llegar a conclusiones diversas según sobre su grado de ejecución o participación.

¿No hay una diferencia entre prever algo en una resolución parlamentaria y el alzamiento violento y público que requiere el delito de rebelión? ¿Cuando se ha producido este alzamiento en el 'procés'?

El 1 de octubre se produjo un alzamiento violento y público. Yo estoy de acuerdo en que se pueda considerar un delito de rebelión. Según la acusación de la Fiscalía, el 1-O varios ciudadanos fueron atendidos por episodios de ansiedad, pero personas gravemente lesionadas hubo dos, una por impacto de una pelota de goma en el ojo. Y ese día también hubo 93 agentes de la autoridad lesionados por lanzamiento de vallas y piedras y otras formas de violencia. Más allá de estos datos, que el tribunal ya valorará, todo el proceso independentista ha sido una permanente amenaza al Estado español en los términos que dice la resolución de la ONU de la que hablamos antes. Si uno sigue el recorrido histórico de todo esto no es tan errónea la calificación de rebelión, aparte de otras formas delictivas que también se cometieron como la sedición, malversación, desobediencia o prevaricación.

La causa del Supremo, además de otras investigaciones en juzgados catalanes, ha hecho que muchos ciudadanos estén enfadados con la Justicia.

Comprendo que los independentistas reaccionen de forma airada a las decisiones de los tribunales, pero llegar a decir, como se ha dicho, que igual que Tejero entró en el Congreso, Llarena ha entrado en el Parlament me parece una falta de respeto inaceptable. Decir, como dijo Artur Mas, que el juicio del 9-N fue una anomalía democrática cuando ha sido una de las sentencias más increíblemente rigurosas y fundadas que se han dictado en este país es gravísimo. Decir, como dijo Raül Romeva, que la Justicia actual se parece a la Justicia franquista aparte de una ignorancia supina revela una falta de respeto absoluta a las instituciones democráticas y judiciales.

Más allá del 'procés', ¿el poder judicial se encuentra en su momento más bajo de credibilidad por la sentencia de las hipotecas y el pacto fallido entre PP y PSOE para renovar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ)?

El tema del CGPJ se ha planteado justo al revés de cómo se tendría que haber planteado. Al presidente del Consejo lo eligen los vocales, previamente elegidos por Congreso y Senado. En cambio, PP y PSOE escogieron a un presidente, el magistrado Manuel Marchena, antes de que fueran elegidos los vocales, lo cual me parece un error garrafal que naturalmente ha desprestigiado las instituciones de gobierno del Poder Judicial. Hay que distinguir el gobierno del Poder Judicial de los tribunales. Está claro que el CGPJ está absolutamente tocado y desprestigiado, pero los tribunales funcionan, más allá de que se pueda hacer una crítica puntual de alguno, claro está. Los casos de Rodrigo Rato o Narcís Serra muestran que la reacción de los tribunales ante la delincuencia económica de los poderosos ha sido muy contundente.

Tras el whatsapp de Cosidó en que alardeaba de que el nombramiento de Manuel Marchena permitiría controlar “desde atrás” la sala que preside y que juzgará a los independentistas, ¿ha quedado tocada la apariencia de imparcialidad del magistrado Marchena en el caso ‘procés’?

No tengo ninguna simpatía hacia el magistrado Marchena. Pero me parece que del mensaje de Cosidó no se puede deducir que el magistrado Marchena fuera a hacer lo que Cosidó dijo que iba a hacer. Afirmarlo sería injusto e incorrecto. Lo que me preocupa es que el PSOE haya llegado a un pacto con el PP para elegir de forma errónea a un presidente del CGPJ antes de que fuera elegido por los vocales. También me parece un error grave del PSOE haber elegido a un magistrado muy conservador como Marchena. Que lo haga el PP forma parte de sus políticas conservadoras y reaccionarias, pero que lo haga el PSOE me preocupa porque el magistrado Marchena no merece ocupar ese puesto bajo ningún concepto, al margen de lo que diga Cosidó.

¿Como exfiscal, cómo valora los cinco primeros meses en el cargo de Maria José Segara?

Es positivo que la nueva fiscal general vaya a permitir una interpretación más flexible de la libertad de expresión en los delitos de odio y esto es positivo. También ha respetado la posición de la Fiscalía del Tribunal Supremo en la acusación del 'procés' y eso me parece coherente. Segarra es una fiscal general seria, competente e ideológicamente más avanzada que sus antecesores, y puede tomar decisiones que den al ministerio fiscal una posición más avanzada en asuntos como la libertad de expresión o la memoria histórica, que es algo muy necesario.

Están a punto de cumplirse los 40 años de la Constitución. ¿Cree que toca ya una reforma a fondo? ¿La ve posible?

Todos los gobernantes han incumplido el precepto de la Constitución que exige que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Es muy grave porque es uno de los preceptos constitucionales influidos por las posiciones más avanzadas de los constituyentes, entre ellos Jordi Solé Tura. Avanzar en esa dirección era muy importante y más bien se ha retrocedido. Los niveles de desigualdad de este país son muy graves y tiene que haber un giro en la aplicación de las normas para una aplicación progresista y democrática de la Constitución que equilibre la economía social de mercado.

También noto un retroceso, pese a los signos positivos que dio la entrada en el Gobierno del PSOE, en el tema de la inmigración. Los inmigrantes no sólo deben ser acogidos sino que deben ser incorporados plenamente a la ciudadanía española sin tantos requisitos ni trámites. España debe tener un comportamiento más acogedor y respetuoso. Es una profunda injusticia que no se hayan eliminado las devoluciones en caliente porque suponen la negación radical de derechos a la persona que traspasa la frontera. Estamos dando pasos atrás y es muy grave.

¿Y en la cuestión territorial?

Habrá que reformar la Constitución para ajustar el Estado autonómico, que ahora es un poco débil, y definir mejor sus competencias. Hay que dar un mayor respaldo a las competencias exclusivas de las autonomías y una mayor garantía de que esas competencias se ejecuten adecuadamente. También habría que establecer un equilibrio de los poderes centrales respecto a las autonomías para que no puedan entrar en ellas como si fuera su casa, porque no es su casa, son una parte del conjunto del Estado y deben respetarse sus identidades y rasgos propios, como por ejemplo los de Catalunya.

El exfiscal anticorrupción de Catalunya y exdiputado de Podemos, Carlos Jiménez Villarejo, ha presentado este miércoles una querella ante el Tribunal Superior catalán por injurias y calumnias contra el diputado Antoni Castellà, del partido Demòcrates de Catalunya e integrado en el grupo de ERC.

Villarejo considera que Castellà cometió un delito contra los poderes del Estado cuando aseguró el pasado lunes, tras un homenaje a Lluís Companys: “Probablemente, si no estuviéramos en el marco de la UE, tendrían tentaciones de fusilarlos [a los presos independentistas] también, exactamente como pasó con Companys. Como no pueden hacerlo, están en la prisión”.

Castellà además aseguró: “La represión que hoy vivimos con los presos políticos y los exiliados es ejercida directamente por los herederos de los que asesinaron a Companys. Tanto Casado, como Rivera como los poderes del Estado representan a los mismos poderes que quisieron acabar con la vida de un presidente democráticamente escogido”.

Para el exfiscal Villarejo, estas declaraciones pueden ser constitutivas de un delito de injurias y calumnias contra el Gobierno y el Tribunal Supremo, al considerar que son los poderes a los que Castellà vincula con el franquismo cuando habla de “la represión que hoy vivimos”.

“Constituye una gravísima ofensa a quienes ostentan los actuales cargos ejecutivos y judiciales que directa o indirectamente representan y simbolizan el actual Estado Democrático de Derecho constituido a partir de la Constitución de 1978”, ha asegurado Villarejo, en declaraciones ofrecidas a Crónica Global, medio con el que colabora.

El exjuez Baltasar Garzón ha salido al paso de la polémica por las declaraciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, publicadas a lo largo de la semana por el diario Moncloa.com. “Las grabaciones forman parte de una campaña deleznable en contra de la ministra”, ha asegurado este miércoles en la Cadena Ser, donde ha criticado que las conversaciones, que se produjeron en 2009, se estén “utilizando políticamente” y, a su juicio, de forma “grosera”. 

“Me parece brutal que una conversación sacada de contexto, nueve años después, se traiga a la luz”, ha lamentado Garzón, recordando: “Yo estaba también en esa comida, hace nueve años, con los máximos mandos policiales del momento, como muchas veces he estado en otras comidas, cenas, de madrugada” .

Garzón ha defendido a Delgado, a quien ha definido como una “persona íntegra” que “ha dado su vida por este país”. En este sentido, el exmagistrado ha mencionado al comisario Villarejo, también presente en aquella reunión, subrayando que tiene “el derecho de presunción de inocencia, que en este país todo el mundo ha olvidado”.

“Era laureado y estaba al servicio del gobierno de la época”, ha añadido sobre el comisario que, puntualizó, “como cualquier ciudadano, si ha hecho algo ilícito, que responda ante la Justicia”.

Así, el exjuez ha asegurado que “estamos asistiendo a un despellejamiento”, llamando a utilizar medios “políticamente éticos y lícitos”. “Esto es el 'gran hermano', todo el mundo ha entrado a debatir los contenidos de una conversación de hace nueve años, insisto”, lamentó.

El juez Diego de Egea ha archivado la pieza de la Operación Tándem que investigaba las grabaciones realizadas a Corinna Zu-Wittgenstein por el comisario José Manuel Villarejo en 2015 y en las que la comisionista alemana aludía a actuaciones del rey emérito que podrían ser constitutivas de delito. El juez adopta la decisión después de que esta misma mañana recibiera una petición de Anticorrupción en ese sentido. 

La Fiscalía Anticorrupción había pedido el archivo de la pieza denominada 'Carol', abierta en la Audiencia Nacional tras la revelación de las conversaciones entre la princesa Corinna y el excomisario José Manuel Villarejo y no ve que las revelaciones sobre las actividades del rey emérito Juan Carlos I sean “susceptibles de investigación en sede penal”.

No obstante, el Ministerio Fiscal se reserva la posibilidad de investigar las transacciones financieras internacionales sobre las que se habla en esa conversación, especialmente las relativas al cobro de comisiones por la construcción del AVE a la Meca, si bien recuerda que en aquel momento el rey gozaba de inviolabilidad.

En una nota, Anticorrupción informa de que ha pedido al juez del caso Tándem, Diego de Egea, el archivo de la pieza llamada Carol, que versa sobre esa conversación grabada en Londres en 2015, antes de la abdicación de Juan Carlos I, por lo que en ese momento, destaca la Fiscalía, el rey emérito era aún inviolable. De las revelaciones de Corinna solo ve indicios de un delito en las transacciones comerciales internacionales en las posibles comisiones pagadas en la contratación del AVE, si bien cree que estos hechos se deben investigar en una causa aparte al no guardar relación con la investigación a Villarejo.

En la conversación, Corinna habla de un terreno en Marruecos a su nombre que la mujer atribuye al rey, de cuentas en Suiza que habría tenido el monarca y del contrato del AVE en Arabia Saudí, que fue adjudicado en octubre de 2011.

Sobre el terreno y las cuentas, la Fiscalía cree que no hay suficientes indicios para abrir una investigación penal y que en todo caso lo podría investigar la Agencia Tributaria, pero ve “más concretas” las referencias de Corinna a comisiones ilegales que se pudieron pagar en la obra ferroviaria. Sin embargo, cree que los indicios de la “eventual intervención” del rey emérito en estos hechos posiblemente delictivos son “extraordinariamente débiles, pues consisten en la mera referencia que hace una persona (Corinna), que no aparece directa ni indirectamente implicada en los pagos, y que tampoco manifiesta la razón de su conocimiento”.

En el caso de que el juez encuentre indicios de delito contra el monarca emérito deberá elevar exposición razonada al Tribunal Supremo ante el que está aforado Juan Carlos I. No es el único obstáculo de la investigación. Corinna es ciudadana extranjera y solo podrá ser investigada si hay indicios de que ha delinquido en territorio español. Además, una investigación infructuosa en la Audiencia Nacional podría condenar al fracaso cualquier querella que se presente posteriormente contra el rey ante el Tribunal Supremo.

Fue fiscal anticorrupción y abrió la primera causa contra Jordi Pujol por la quiebra de la Banca Catalana. Jiménez Villarejo ha sido vecino de Barcelona durante gran parte de su vida y ahora ha vuelto a tomar la palabra para denunciar la convocatoria del referéndum, al que califica como una estafa. 

Carlos Jiménez Villarejo atiende a eldiario.es por teléfono en una conversación que se alarga durante casi una hora: “Corte usted lo que quiera, no tenga problema con eso”, asegura.  

Este exfiscal cree que la herencia de corrupción de la antigua CiU está directamente relacionada con el impulso de un procés en el que muchos se han equivocado. En su listado de críticas, el Gobierno de Puigdemont y la mayoría en el Parlament ocupan el primer lugar. Pero su censura alcanza más destinos: Rajoy, la Fiscalía General e incluso su excompañero en Podemos, Pablo Iglesias.  

Acaba usted de firmar un manifiesto que califica la convocatoria del 1-O como una estafa democrática. ¿Qué creen que van a conseguir con ese manifiesto?

La pretensión es crear un estado en la opinión pública respecto a la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. Estamos ante un referéndum anormal porque fue anunciado hace meses, cuando no tenían todavía ni leyes que pudieran ampararlo. Parece algo extraño en un sistema democrático ordinario.

¿Usted coincide con los que dicen que lo que se está preparando en Catalunya es un golpe de Estado? 

Yo lo he escrito. Hay razones que se invocan desde el independentismo que son puramente emocionales. Se habla de lo que se llama la derrota de Catalunya de 1714, tras la disputa entre los Borbones y los Austrias, que en realidad no fue una guerra contra Catalunya en ningún concepto. Hay un dato poco conocido sobre Rafael de Casanova y es que cuando hace la proclama de rendición de Catalunya no citó solo a Catalunya, citó a España también. 

Muchos dicen en el ámbito independentista que en la actual situación Catalunya no tiene herramientas para gobernarse.

Incluso hoy he oído en una tertulia a alguien diciendo que Catalunya había sido un país que había carecido de autonomía y que había vivido tutelada por el Gobierno de España. 

Es un argumento que me choca con un dato objetivo. Catalunya ha estado gobernada durante décadas por Convergència i Unió. En esos años, Jordi Pujol favoreció la quiebra de Banca Catalana, que había creado para promocionar económicamente a Catalunya. En aquel entonces otro fiscal y yo abrimos una causa que planteó un escándalo frontal contra nosotros. Finalmente el tribunal archivó el procedimiento y no se pudo celebrar el juicio.

En 2014 Pujol acabaría reconociendo que estuvo defraudando al fisco desde el año 80 hasta esa fecha (2014). Catalunya está gobernada por uno de los partidos más corruptos de España. Con toda convicción.

No estamos hablando del pasado, estamos hablando también de las investigaciones que siguen en marcha ahora mismo. Estamos ante unos dirigentes que han hecho de la corrupción un instrumento capital de la política desarrollada en Catalunya desde que Pujol es elegido en 1980. Por eso me sorprende que se diga que ha habido tutelas. Si en 23 años las autoridades tributarias españolas no detectan que un presidente está defraudando al fisco es porque ha habido un pacto, ha habido complicidad.    

Estamos hablando de un país completamente particular en el que un partido de derechas como el PdeCAT articula un proceso de ruptura que tiene detrás la historia que tiene. Que no nos vengan con emociones y con mentiras porque no es admisible. 

¿Qué le pareció la forma en la que el Parlament aprobó las leyes de desconexión?

No hay mucho que decir. Es un ejemplo paradigmático de lo que no debe ser un parlamento democrático. Se aprobaron intentando impedir que la oposición presentara enmiendas, los plazos que se dieron fueron de escasas horas para que la oposición hiciera ese trabajo. Se aprobaron todas seguidas, sin solución de continuidad y la oposición quedó prácticamente abandonada, menospreciada y excluida de la posibilidad de incidir en el contenido de esas leyes. Eso lo resumió Coscubiela en su excelente intervención, que pasará a la historia.

Le quería preguntar también cuál es su valoración sobre la actitud que está teniendo el Gobierno central.

Reprocho al Gobierno lo que ha hecho pero mi reproche es mayor para el Gobierno de Catalunya que siempre ha tenido una actitud de desafío y reto permanente con cierta razón pero no hasta el punto de convertirse en un Gobierno autoritario y dirigido por un partido corrupto. Me parece que la combinación de autoritarismo y corrupción es bastante grave en un país que pretende abrir un futuro que presentan como el cielo.

Avanzar en la dirección del reconocimiento de mayores derechos de autogobierno es una cosa pero de ahí a pasar a convertir el Parlament de Catalunya en unas Cortes franquistas hay un abismo.   

Se está alimentando el discurso del odio. Yo cuando veo que a un alcalde de los que han decidido no ceder locales le han llegado a decir en redes que es un vendido, un cobarde, un cagado, un traidor, un sociata de mierda, que no se volverá a despertar, que es un mal catalán y un imbécil, que es un indigno, un trozo de mierda y un maricón...

¿Qué le pareció la advertencia preventiva de la Fiscalía contra 712 alcaldes que podrían ser detenidos?

Yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Las medidas se deben tomar contra quienes toman las decisiones trascendentales durante el proceso de desconexión. Los alcaldes aquí juegan un papel subsidiario y casi inevitable de colaborar con la Administración catalana. No tendrían más remedio que hacerlo. Creo que eso no se debería haber acordado y creo que están a tiempo dejar sin efecto esa decisión equivocada. 

En cuanto al Constitucional, la reforma del 2015 le permite impulsar inhabilitaciones. Todavía no lo han hecho. ¿Cree que ese es el camino? 

El Constitucional está bien donde está y está bien que no haga uso de esa facultad. Esa facultad solo debe ser consecuencia de una sentencia penal. El Tribunal Constitucional lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. 

Usted ha estado vinculado a la dirección de Podemos. ¿Qué opina de la postura de esa formación sobre el conflicto catalán y de la propuesta que ha hecho Iglesias para convocar a todos los partidos con vista a buscar una solución?

Creo que para abordar un referéndum pactado bastaba con que dialogaran los gobiernos de Catalunya y España. Tampoco es ninguna invención de Pablo Iglesias el referéndum pactado. Está en el artículo 149 de la Constitución y fue la propuesta que en su día hizo Ibarretxe en el Congreso de los Diputados que fue desestimada. 

Que haya que reunir a todos los parlamentarios y a los alcaldes para decidir esto me parece innecesario y me parece un gesto de los muchos que tiene Pablo Iglesias que son grandilocuentes pero que luego son casi inviables y de resultados absolutamente inciertos. ¿Cuándo, cómo y dónde? Yo soy muy escéptico sobre la viabilidad de ese gran acuerdo de parlamentarios y alcaldes porque los que tienen que decidir no son los alcaldes. Quienes lo tienen que decidir son los parlamentos y sus respectivos gobiernos, que son los que están llamados a regular con competencia sobre estas materias. Lo otro me parece un gesto grandilocuente propio de Pablo Iglesias, que irá a la nada. Allá él.

Para terminar le pido un pronóstico. ¿Habrá referéndum el 1 de octubre?

No lo sé. Tengo mis dudas. Creo que si se celebra privándole de valor legal, que se celebre. Otra cosa es el valor que se le dé. Hay una gran parte de la población que se va a abstener. El valor de esa consulta llamado referéndum sería muy relativo y creo que no permitiría en justicia dar el paso siguiente de constituir a los dos días la república de Catalunya independiente. 

Vamos a llamarlo así. El auto de la Audiencia Nacional, del pasado 30 de junio, sustituye la prisión de Jordi Pujol junior por la libertad provisional si presta una fianza de 3.000.000 de euros. Eso sí, “en metálico”.

Ya les parece excesiva la prisión incondicional. Total, los hechos que se atribuyen tampoco son tan graves. Basta un breve examen de los mismos.

Se ha acreditado que Jordi Pujol Ferrusola es “titular de sociedades instrumentales que no producen valor real añadido alguno y cuya única utilización habría sido canalizar capitales de presunto origen criminal….”. También que “…las sociedades habrían facturado más de 11 millones de euros supuestamente por tareas de asesoramiento, consultoría e intermediación, a un conjunto de empresas que tendrían como denominador común que… su cifra de negocios principal proviene de la explotación de concursos, proyectos y licitaciones en el sector público, especialmente de tipo urbanístico”.

No puede olvidarse que el padre de dicho imputado y su partido, Convergencia Democrática, han gobernado Catalunya desde 1980 hasta la actualidad, con la salvedad del corto periodo del Gobierno tripartito.

Que, además, entre sus conductas presuntamente punibles, está la de haber “utilizado entramados societarios… con la finalidad de blanquear capitales fuera de España y repatriarlos, así como distintos testaferros o fiduciarios que le habría permitido disponer de cuentas corrientes en… México, Andorra, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Panamá….”. Destacan “los manejados por el gestor fiduciario Rainford Towning, que consistirían en ventas simuladas por servicios inexistentes…”.

A ello se añade haber “coordinado la gestión de un importante patrimonio económico… en Andorra y, probablemente, en otras jurisdicciones, siempre en beneficio de los distintos miembros de su familia extensa”. Y tan extensa. Pues bien, los movimientos “de sus cuentas” en Andorra habrían permitido un beneficio económico “no justificado” “hasta la fecha” de “5.568.627,09 pesetas; 6.679.476,47 euros; 11.177.284,72 dólares; 7.846.480,59 marcos alemanes y 95.344 libras esterlinas”. Aproximadamente, 20  millones de euros.

Además de la actividad descrita, desarrolló una “estrategia de despatrimonialización y ocultación de bienes” en el extranjero. Según consta, “el importe mínimo de su capital fuera de España ascendería a 30 millones de euros”.

La actividad descrita es de indudable relevancia penal, más el reconocimiento por el propio Tribunal de que “durante este tiempo computado desde 28 de octubre de 2015 hay ejemplos de actividad”, se entiende que de naturaleza delictiva. Pero ello no ha impedido concederle la libertad por una razón más que insuficiente: la fianza exigida “serviría para salvaguardar los rendimientos del capital sustraído al control de la Hacienda”.

Cuando median conductas tan graves como las descritas –que constituyen solo una parte del total– no puede justificarse una libertad provisional para proteger los intereses de la Hacienda Pública. Los bienes jurídicos lesionados son mucho más amplios y relevantes. La constante e intensa vulneración de toda clase de normas en el marco de una economía social de mercado –propia de la criminalidad organizada–, desde una posición de dominio de una organización criminal de ámbito internacional, exige medidas procesales más rigurosas y ejemplares. Bastaba con haber ratificado la prisión provisional.

Así lo exige el planteamiento de la lucha eficaz contra la criminalidad organizada. La Declaración del Milenio de Naciones Unidas proclamaba como valor fundamental de las relaciones internacionales, entre otros, el de la solidaridad, de tal forma que “los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad y la justicia social”. Y asienta la seguridad, entre otros objetivos, en la “lucha contra la delincuencia transnacional en todas sus dimensiones... y el blanqueo de dinero”.

Así mismo, plantea como una de las condiciones para el desarrollo y la erradicación de la pobreza “la transparencia de los sistemas financieros, monetarios y comerciales”, que, entre otros requisitos, debe estar “basado en normas”. Establece, por tanto, un marco programático que asocia la justicia social a una triple exigencia, un sistema financiero transparente, aplicable a los movimientos internacionales de capital, hacer frente a la delincuencia transnacional y, desde luego, una regulación eficiente.

La benévola medida adoptada por la Audiencia Nacional respecto de J. Pujol Ferrusola es evidente que no se ajusta a estos presupuestos.

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Los “apaños del pujolismo”, concepto de 'El catalanismo, del éxito al éxtasis III. Impostura, impunidad y desistimiento', de Martín Alonso (Editorial El Viejo Topo, 2016. Pg. 680).

Comencemos por dos citas necesarias.

Como puede advertirse, hablamos de migraciones forzadas, refugiados e inmigrantes, que cada vez con mayor intensidad sufren la represión de las políticas europeas, que ha alcanzado un punto máximo en la Declaración de Malta del Consejo Europeo de 3 de febrero de este año.

Después de proclamaciones retóricas de “respeto a los derechos humanos y a los principios europeos”, desarrolla –en términos de Javier de Lucas ('Erre que Erre. La UE capitula de nuevo ante el nacionalismo xenófobo'. Blog Lucasfras's. 6/3/2017)– una “política migratoria de retorno”, que el autor califica de “error”, “canallada” y “fracaso”.

Los términos de dicha Declaración no pueden ser más preocupantes y rechazables. Declaran como “elemento clave” de la política migratoria “garantizar el control eficaz de nuestras fronteras exteriores, y contener los flujos ilegales hacia la UE”. Para ello, mantienen el “compromiso” con Turquía expresado en el Acuerdo de 2016 y, lo que es más grave, “ante los centenares de personas que ya han perdido la vida en 2017”; están decididos, no a salvar las vidas de los migrantes, sino a “reducir significativamente los flujos migratorios a lo largo de la ruta del Mediterráneo central” a través de “intensificar nuestra cooperación con Libia, sus vecinos del norte de África y del África subsahariana”.

Y añaden aún más, que las “autoridades (libias) adquieran el control sobre las fronteras terrestres y marítimas” para impedir que constituya una ruta para quienes huyen de las guerras, el terrorismo, la violencia y el hambre. Libia, donde no hay Estado, que ni siquiera ha suscrito los Pactos de Nueva York de Derechos civiles (1966), se convierte en el principal aliado de los jefes de Gobierno de los 28 Estados de la Unión. Una verdadera vergüenza.

Para ese fin antidemocrático, los responsables políticos citados apuestan, entre otras medidas, por “apoyar la guardia costera nacional libia” y “reducir la presión sobre las fronteras terrestres libias”, es decir, intervenir directamente sobre Estados externos de la Unión. Y, resumiendo, concluyen apelando a “reforzar la capacidad de retorno de la UE”, o sea, a incrementar las devoluciones forzadas.

En definitiva, los Gobiernos de la UE asumen, como propias, las medidas fascistas contra dichas personas de, entre otros, los gobiernos de Hungría y Polonia.

Todo esto, otorga mayor justificación y fuerza al recurso que diversas entidades cívicas y sociales de Barcelona presentaron el 29 de noviembre de 2016 contra el Acuerdo de la UE con Turquía del anterior 18 de marzo, con el propósito de garantizar la defensa y protección internacional de los refugiados. Refugiados que Europa rechaza cada vez con mayor virulencia en lo que significa, en palabras del profesor Javier de Lucas, una claudicación de las instituciones europeas ante la ola de reacción xenófoba, racista y contraria a la lógica de la prioridad de las libertades“.

Europa, parece olvidar, en lo que respecta a los refugiados, cuál es su origen, según la Convención de Ginebra de 1951: la persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

Ahora, ante ellos, la respuesta es la expulsión y devolución a sus países de origen.

Por este motivo, ante la afluencia masiva de refugiados procedentes de la guerra de Siria y de situaciones similares de crisis violentas de Oriente Medio, un grupo de entidades cívicas y sociales de Barcelona impugnó ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo el Acuerdo de la UE con Turquía del 18 de marzo del pasado año. Turquía –Estado con Rusia, más condenados por delitos relacionados con la tortura por el TEDH– que, por un precio de 9.000 millones de euros, estaba dispuesto a acoger a los miles de refugiados que accedieron a las islas griegas, que fueron devueltos –y maltratados– a aquel Estado autoritario y represivo. Lo que tampoco preocupaba ni preocupa a las autoridades europeas. La UE, decía un editorial de un prestigioso diario, por esta causa “es digna de figurar en los anales de la ignominia”.

“Alguien que hubiera escuchado solo la sesión matutina del debate de Política General de ayer habría llegado a la conclusión de que la corrupción no existe en Cataluña”. Así titulaba un diario de Barcelona el 27 de septiembre de 2013 el clima que se respiró el día anterior en el Parlament de Catalunya durante un debate de política general. El contexto actual no es exactamente el mismo. Sobre todo, desde la declaración autoinculpatoria de Jordi Pujol el 25 de julio de 2014 sobre su actividad defraudatoria desde 1980 y la causa penal incoada contra él mismo, Marta Ferrusola y todos sus hijos. Cómo, ciertamente, fue de extraordinaria trascendencia, más allá de sus resultados, la constitución de la Comisión de Investigación en el Parlament sobre el fraude fiscal y la corrupción política, más conocida como Comisión del “caso Pujol”. Las conclusiones de esta Comisión ya han sido olvidadas por la mayoría parlamentaria independentista.

Precisamente ante estos hechos y la realidad creciente de la corrupción (que se ha hecho patente durante el juicio oral sobre el caso Palau de la Música) consideramos necesario hacer un balance judicial(1) de la misma para ilustrar a la ciudadanía con una imagen aproximada de conductas que, si bien no están plenamente explicitadas, reflejan a un tiempo cómo los políticos catalanes –fundamentalmente de CDC, ahora PDCAT– gobernaron con evidente abuso de poder, una completa ausencia de ética pública y una desmedida codicia. Ahora, pretenden la independencia de Catalunya.

Nos parece oportuno referirnos a dos antecedentes, necesarios para comprender el tratamiento institucional de apoyo que el Gobierno del Estado (PSOE) prestó a la corrupción de los gobiernos de Pujol.

1.- Lluís Prenafeta, investigado por la Fiscalía en 1990 por razón de su incompatibilidad como consejero de Iberia de Seguros con el cargo de secretario general de Presidencia, asesorado por Piqué Vidal. El fiscal general del Estado prohibió el ejercicio de acciones penales. Denunciado por particulares ante los juzgados de instrucción de Barcelona, el caso, con el asesoramiento del letrado Piqué Vidal, fue archivado por el juez Pascual Estevill.

2.- En el caso CARIC (Comisión de Ayuda a la Reconversión industrial de Catalunya), investigado por la Fiscalía, por un delito de malversación de caudales públicos, el fiscal general prohibió el ejercicio de acciones penales contra los responsables del mismo que, entre otros, eran once consejeros de los gobiernos de Pujol.

3.- Proceso contra Lluís Pascual Estevill y Joan Piqué Vidal y otros por delitos de detención ilegal, cohecho y otros. Causa penal 76/1996 del TSJC. Sentencia condenatoria firme.

4.- Proceso por la trama de corrupción y fraude fiscal en la Delegación de Hacienda de Barcelona. Diligencias Previas 4566/1999 del Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona. Sentencia condenatoria firme. Por delitos, fundamentalmente, de prevaricación, cohecho y falsedad documental. Los condenados fueron José Mª Huguet, Juan José Folqui, José Luis Nuñez Navarro y José Luis Núñez Clemente, Sanchez Carreté (asesor fiscal durante muchos años de Jordi Pujol Soley), Eduardo Bueno y otros.

5.- Proceso y condena, ya firme, en el caso Turisme de Catalunya (Unió Democrática de Cataluña). P. A. 468/2003 del Juzgado de Instrucción nº 11 de Barcelona. Delito de malversación de caudales públicos.

6.- Proceso por el caso Adigsa (CiU). Diligencias Previas 5864/2005 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Barcelona. Formulada acusación fiscal por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Está celebrándose el juicio oral.

7.- Proceso y condena, ya firme, por el caso Pallerols. Unió Democrática de Catalunya fue condenada como “partícipe a título lucrativo” (al igual que están acusados el PP en Gürtel y CDC en el caso Palau de la Música). Delitos de Fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

8.- Proceso y condena, ya firme, por el caso Ferrocarrils de la Generalitat. Diligencias Previas 2340/2007 del Juzgado de Instrucción nº 22 de Barcelona. Delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

9. - Proceso por el expolio del Palau de la Música, celebrándose el juicio oral. Contra Félix Millet, Jordi Montull y, entre otros, Daniel Osácar (Tesorero de CDC) y otros. Diligencias Previas 3360/2009 del Juzgado de Instrucción nº 30 de Barcelona. Con un enriquecimiento ilícito, reconocido, de fondos públicos y privados, de 22 millones de euros. Embargo judicial de varias sedes de Convergencia Democrática de Catalunya en tanto que “partícipe a título lucrativo”.

“La financiación ilícita de Convergència Democràctica de Catalunya, pues se ha podido vincular importantes cantidades satisfechas aparentemente como aportación al Palau por la contratista FERROVIAL con porcentajes de comisión en la adjudicación de obras públicas muy significativas del gobierno autonómico a dicha entidad cuando estaba ejercido por responsables de CiU, coalición en la que se integra CDC (construcción de la Ciudad de la Justicia, Línea 9 del metro de Barcelona, y algunas adjudicaciones de menor entidad)”(2).

10.- El proceso contra el exalcalde (PSC) de Santa Coloma de Gramanet, Prenafeta y Alavedra y otros por el caso “Pretoria”. Diligencias Previas 372/2009 del Juzgado Central nº 5. Formulada acusación fiscal contra los exconsejeros de Pujol por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Celebrándose el juicio oral ante la Audiencia Nacional.

11.- Proceso contra responsables de la “Operación Mercurio” (PSC). Diligencias Previas 470/2010 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Sabadell. En fase de instrucción. Delitos urbanísticos y de corrupción y, además, una pieza separada contra altos cargos del PSC por la percepción presuntamente irregular de “sobresueldos” en tanto que miembros de la Federació de Municipis de Catalunya.

12.- Proceso por el intento fraudulento de construcción de un hotel junto al Palau de la Música. Diligencias Previas 2613/2010 del Juzgado de Instrucción nº 10 de Barcelona. Dictada Sentencia absolutoria de Félix Millet y Jordi Montull −por un delito de tráfico de influencias− y de altos cargos del PSC del Ayuntamiento de Barcelona.

13.- Proceso, en fase de instrucción, por el caso Innova, contra exaltos cargos del Departament de Salut del actual gobierno de CiU y del Ayuntamiento de Reus. Diligencias Previas 121/2012, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Reus, contra, entre otros muchos, José Prat Doménech, Carles Manté Fors, José Miguel Pérez Segura (PSC), exalcalde de Reus y Josep Poblet (CiU), alcalde de Vila-Seca y, gracias al apoyo del PSC, presidente de la Diputación de Tarragona. Por delitos, entre otros, de prevaricación y malversación de caudales públicos.

14.- Proceso contra altos cargos de la Associació Catalana de Municipis (ACM). Diligencias Previas 1334/2013 del Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona. Formulada acusación por el Ministerio Fiscal por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental contra Josep Mª Matas y Francesc Xavier Solà (CiU).

15.- Proceso contra el exalcalde de Lloret de Mar y exdiputado de CiU Xavier Crespo LLobet y otros por la relación con empresarios rusos. Querella 2/2013 del TSJC. Formulada acusación fiscal por los delitos de prevaricación y cohecho. Condenado el 5 de Noviembre de 2015 por delitos de prevaricación y cohecho a penas de inhabilitación especial. Asimismo ha sido condenado el empresario ruso Borisovich Petrov. El Tribunal Supremo rebajó las penas impuestas.

16.- Proceso contra el diputado del PSC Daniel Fernández y el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos. Causa penal 4/2013 del TSJC. Condenados los anteriores por un delito de tráfico de influencias y la exalcaldesa de Montcada i Reixac por un delito de prevaricación.

17.- Proceso contra Altos Cargos del Gobierno de CiU –secretario de Medio Ambiente, Josep Enric LLebot– y otros –Casi Iberpotahs–. Diligencias Previas 480/2015 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Manresa, por delitos de prevaricación y contra el medio ambiente.

18.- Proceso contra altos cargos de la Agencia Catalana del Agua (CiU). Diligencias Previas 2556/2015 del Juzgado de Instrucción nº 8 de Barcelona. Contra Joan LLuis Quer, actual president de Infraestructuras, Manuel Hernández, exdirector de la Agencia y otros. Delitos de malversación de caudales públicos y otros por adjudicaciones presuntamente ilegales.

19.- Proceso contra altos cargos del Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), por delitos de corrupción. Entre otros el exalcalde Daniel Masagué (CiU). Diligencias Previas 1.283/2013 del Juzgado de Instrucción nº 1 de El Vendrell. Es en este proceso donde están produciéndose las últimas actuaciones, registros y detenciones, relacionadas con el cobro del ya famoso 3% por CDC por las adjudicaciones de obras públicas.

20.- Juzgado de Instrucción nº 1 de Tarragona.D. Previas 5.185/2013. Proceso contra Jose Felix Ballesteros, alcalde de la ciudad y otros por delitos de corrupción.

Las causas contra la familia Pujol:

21.- Juzgado Central nº 5. Diligencias Previas 141/2012, contra Jordi Pujol Soley, Marta Ferrusola Lladós, Jordi,Pere, Marta, Josep, Oleguer y Mireia Pujol Ferrusola, y Mercé Gironés Riera, por fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

22.- Juzgado de Instrucción nº 9 de Barcelona. Procedimiento Jurado 3/14-A contra Oriol Pujol Ferrusola y otros por cohecho y falsedad (Caso ITV).

Y, además de todo esto, están los catalanes de las clases económicamente dominantes, más los políticos poderosos, que evaden su riqueza para ocultarla en los paraísos fiscales que, antes y después de la lista Falciani, se extienden impunemente por todo el planeta, con inclusión de la Unión Europea, como Holanda, Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra o Suiza. Todos ellos no hacen más que perjudicar gravemente a sus conciudadanos en cuanto les privan del capital necesario para distribuirlo equitativamente entre el conjunto de la población, impidiendo dolosamente el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos más justos y necesitados.

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Notas:

En primer lugar, dejar constancia de que no pretende ser exhaustivo pues el acceso a las fuentes no siempre es fácil. Se incluyen los fraudes fiscales, particularmente los cometidos desde el ejercicio de la función pública, en cuanto representan un beneficio económico ilegal en perjuicio de los intereses generales, y los delitos urbanísticos en cuanto expresan un abuso de poder en perjuicio del interés público.

(1) Para mantener el carácter de síntesis de este balance se ha omitido, con carácter general, individualizar los delitos y la extensión de las penas solicitadas o impuestas a cada acusado.

(2) Texto de la Memoria de la Fiscalía Especial contra la Corrupción de 2014.

El consejero Raül Romeva cada vez que habla pone de relieve su ignorancia histórica, que le es seriamente reprochable, y su notable falta de respeto por los ciudadanos de Catalunya en función de sus opciones políticas. Sobre todo, si no coinciden con las suyas, es decir, ese independentismo que tanto se empeña, vanamente, en propagar.

Pero, recientemente, Romeva ha traspasado las líneas de lo permisible ética y jurídicamente. Con motivo de una convocatoria de Sociedad Civil Catalana, el pasado 19 de marzo, domingo, varios miles de personas se manifestaron contra el proceso independentista. El citado consejero los descalificó llamándolos “falangistas”. Dijo esto : “Són tots aquells que hi havia a la manifestació del diumenge”. Lo hizo el siguiente día 22 de dicho mes en el Parlament de Catalunya y, por tanto, amparándose en la “inviolabilidad” parlamentaria. Expresado en otro ámbito, hubiera sido perseguible penalmente. Pero ello no impide reconocer que ese calificativo es, objetivamente injurioso, en el sentido del Art. 208 del Código Penal. Porque, sin lugar a dudas, “lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

Desde el mínimo conocimiento de nuestra historia y, en particular, de la que se inició con el golpe militar del 18 de julio de 1936, sobre todo quien ocupa un alto cargo público está obligado a saber que Falange Española fue la principal fuerza política que propició y apoyó activamente dicha insurrección. Y que, posteriormente, participó plenamente en la destrucción de la República y la implantación de un Estado totalitario, como reconoció la ONU en 1946.

Es obvio que atribuir hoy esa ideología y/o militancia a una persona significa una ofensa grave, ya que representa identificarla con una de las opciones políticas que más daño, destrucción, lesiones y muertes han causado a la sociedad española. Pero, inquieta aún más, cuando quien lo dice pretende, con ese calificativo, destruir la actual  democracia española a través del constante ultraje y vejación de los opositores políticos.

Nuestra afirmación está basada en datos históricos que la justifican.

En la Ley que creó, en 1939, los Tribunales de Responsabilidades Políticas, para la persecución implacable de los vencidos, dichos Tribunales estaban integrados “por representantes del Ejército, de la Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS que darán a su actuación conjunta el tono que inspira al Movimiento Nacional”. Procedimiento, que el consejero Romeva debería saber, en el que estaba completamente ausente el derecho de defensa y donde los informes decisivos sobre los acusados dependían, entre otros, del “Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS”.

En la Ley de 23/9/1939, sobre incautación de “bienes de los antiguos sindicatos marxistas y  anarquistas”, se disponía que tras la disolución de los mismos, por su “acción antiespañola”, “pasarán a ser propiedad de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S”.

Y, en la Ley de 1/3/1940, creadora del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, un máximo exponente de la brutal represión franquista, sus miembros eran “un General del Ejército”, “un Jerarca de Falange Española Tradicionalista y de las JONS” y dos letrados.

Son muestras, naturalmente limitadas, de lo que entonces representaba formar parte de Falange Española, muestras que acreditan con rigurosa fundamentación la atribución al consejero Romeva de un delito de injurias.

Señor Romeva, en lo sucesivo, recuerde cuáles eran las palabras de Paul Preston sobre Falange en su obra sobre El Holocausto español: “…ningún partido superó a la Falange en su retórica  de 'el plomo y la sangre', 'la música de pistolas y el tambor bárbaro de plomo'. La descripción del asesinato político como un acto de belleza y de la muerte en la lucha como un martirio glorioso fueron elementos fundamentales en las exequias fúnebres que, emulando a los Squadristi de la Italia fascista, se sucedieron cuando los falangistas comenzaron a participar en actos de vandalismo callejero”.

Por tanto, cuide y vigile su lenguaje. Los ciudadanos de Catalunya merecemos respeto y, desde luego, otros dirigentes.

La condena por delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) de Artur Mas –dentro de su moderación– se produce en un marco excepcional de crisis total del pujolismo. Continúa abierto el proceso penal contra la familia Pujol. Está celebrándose el juicio oral por el expolio del Palau de la Música y la financiación ilegal de CDC y comienza el juicio contra dos de los máximos exponentes del nacionalismo catalán, Alavedra y Prenafeta, por fraude fiscal y blanqueo de capitales, de muchos millones de euros.

En este momento, la condena de Artur Mas a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos sitúa al proceso independentista en plena crisis. Su principal impulsor es fundada y justamente expulsado de la política porque ha desafiado y menospreciado el Estado Democrático de Derecho.

En estas breves notas, no pueden abordarse las amplias cuestiones que aborda la sentencia –100 folios–. Pero, trataremos de destacar sus aspectos más relevantes. Vaya por delante, que estamos ante una Resolución muy fundada que da cumplida respuesta a todos los aspectos que se plantearon en el juicio desde la fiscalía y desde las defensas. Que fundamenta rigurosamente las razones que sustentan la autoría, la culpabilidad y responsabilidad penal de los tres acusados. Y desautoriza los argumentos defensivos pormenorizadamente.

Frente a lo que siempre ha pretendido Mas, es evidente que estamos ante un juicio justo que respira a lo largo de su razonamiento independencia, neutralidad y objetividad. Por ello, la condena de Mas es muy importante y, desde luego, irreprochable.

Hay dos textos dignos de destacarse. Artur Mas, cuando decide incumplir el mandato del TC de que no se celebre la consulta del 9-N, “pervirtió los principios democráticos de división y equilibrio de poderes e hizo quebrar una regla básica e imprescindible para una convivencia pacífica, la que pasa indefectiblemente por la sumisión de todos al imperio de la ley y al cumplimiento de las resoluciones judiciales”. Y para justificar la pena que se le impone, se estima “adecuada y proporcional la reacción máxima prevista por el legislador, pues máxima ha sido la tensión a que se vieron sometidos valores constitucionales tan esenciales en un Estado democrático y de derecho como el equilibrio entre poderes y el sometimiento de todos al imperio de la ley”.

El punto de partida del análisis condenatorio es la defensa de la democracia y, dentro de ella, el principio de jerarquía cuando media –como en este caso–, la Providencia “meridiana y explícita” del TC de 4/11/2014 suspendiendo la consulta ilegal convocada por el entonces president Mas, un “mandato inequívoco, claro y terminante, de paralizar o suspender, en definitiva de cesar, toda actividad encaminada a la realización del denominado proceso participativo convocado por el President de la Generalitat el día 14 de octubre anterior…”.

La sentencia analiza las “evidencias” que acreditan la voluntad directa y constante de los tres acusados para que la consulta tuviese lugar contra la orden explícita emanada del TC. Y, para ello, pusieron en marcha una estrategia perfectamente diseñada y ejecutada con medios “materiales, equipos técnicos y equipamientos públicos sin los cuales el proceso participativo no habría podido desarrollarse…”.

Es importante citarlos, frente al pueril argumento de que fue un esfuerzo de un grupo de voluntarios. Entre otros, los siguientes. La creación y mantenimiento de la página web “participa2014.cat”, siempre bajo el control del Govern, la campaña de publicidad institucional contratada con la sociedad Media Planning Group SA, el reparto “masivo” de “correspondencia oficial” contratado con Unipost, la fabricación y suministro de “urnas, papeletas y sobres” por diversos reclusos, entre otros, los del Centro penitenciario de Ponent (Lleida), “la instalación de programas informáticos y suministro de material tecnológico y apoyo técnico” concertado con FUJITSU, entre los que se encontraban 7.000 ordenadores portátiles, la contratación de un “seguro de responsabilidad civil” con Axa a favor de 27.117 voluntarios y la disponibilidad, completamente irregular, de Centros públicos de enseñanza.

Todos estos, aquí brevemente expuestos, son los que empleaban los acusados, bajo la dirección de Mas, para contravenir abiertamente lo ordenado por el TC y ejecutar conscientemente un proceso de indudable cariz delictivo, la consulta del 9N. Como dice el Tribunal, actuaron con “una voluntad consciente y una disposición anímica inequívoca de contravención”. Por todo ello, han sido condenados. Como tantas y tantas personas, no tan relevantes como ellos, que han sido condenadas por dicho delito común.

Leída la sentencia, se abren varios interrogantes. Me detengo solo en uno. ¿Cuánto costó a las cuentas públicas de la Generalitat –es decir, a todos los catalanes– la celebración de un proceso claramente delictivo? ¿Cómo lo van a reparar?

El jurista Carlos Jiménez Villarejo va viure amb entusiasme i il·lusió el naixement de Podemos. Es va incorporar a les seves files i va arribar a ser eurodiputat d'aquesta formació després de les eleccions de maig de 2014. Va renunciar al càrrec poc després però no per raons de sintonia política. En canvi, sí que van ser raons d'índole política les que el van dur a abandonar al cap d’uns mesos la formació que dirigeix Pablo Iglesias. No entén que no faciliti l'elecció de Pere Sánchez com a president del Govern i n’aparti, així, a Mariano Rajoy i el PP.

Què li sembla la decisió de Pablo Esglésies de preguntar a les bases de Podem si donen suport a un govern Ribera-Sanchez, anunciant que ell votarà que no?

“La decisió d'Iglesias és pràcticament de ruptura de qualsevol forma d'acord. Crec que ha estat la seva posició des de l'endemà de les eleccions per una raó, que es desprèn clarament del seu programa. No van guanyar les eleccions i donat el seu baix llistó electoral -molt inferior al que esperaven- no estaven en condicions d'imposar aquest programa.

La decisió de consultar els que anomenen “la gent” inscrita al partit no és una novetat. Però és evident que donada la seva forta jerarquització, els membres del partit que votin -que, generalment, són una minoria- donaran suport sense dubtar-ho al seu líder que ja ha anticipat la seva oposició radical a qualsevol mena de pacte. D’aquesta manera, equivocadament, obre el camí a unes altres eleccions. Si això és així, és que la realitat i les necessitats dels ciutadans els són indiferents. Allò que de veritat importa és ocupar el poder i, com més alt, millor.

És inviable un Govern d’esquerres?

Després del procés electoral, vaig sostenir, en una primera etapa, la conveniència que hi hagués un pacte entre PSOE, Podem i els seus aliats interns, el que s'anomena les confluències, les marees, Compromís, En comú Podem... Era l'alternativa d'esquerres més positiva donat el pobre resultat aconseguit pel Partit Popular, que va obtenir poc més d'un terç dels diputats.

Cal reconèixer que, a banda de les diferències entre els programes de PSOE i Podem, aquesta aliança d'esquerres es va frustrar potser en part per les exigències del PSOE però sobretot, almenys en una primera fase, per la posició mantinguda per Podem a la primera sessió d'investidura. Va ser una posició extremadament agressiva contra el PSOE, injustificada i innecessària. No es tractava de passar comptes amb el passat del PSOE. No era aquest l'objectiu de la investidura sinó veure si era possible arribar a un acord sociopolític per constituir un govern. La intervenció entre arrogant i desafiant de Pablo Iglesias va frustrar la possibilitat d'aquest acord.

Veníem d'una reunió de Pablo Iglesias amb el Rei a la sortida de la qual el líder de Podem havia fet un plantejament polític desafortunat en col·locar una exigència de càrrecs abans de parlar d'acords sobre continguts polítics amb el PSOE. Per als qui hem estat càrrecs del partit va ser molt sorprenent i em va fer pensar que això era un comportament típic de la 'casta' que venien denunciant, l'ocupació de cadires com a forma de perpetuar i exercir el poder.

El va decebre Pablo Iglesias?

Va tenir d’altres actituds molt desgraciades i lamentables, com plantejar el tema dels GAL en el debat d'investidura, la qual cosa era improcedent. Aquell cas es va jutjar, alguns responsables d'Interior van ser condemnats ... Treure aquest tema a col·lació va ser molt desencertat.

També em va sorprendre quan va dir que la sortida en llibertat d'Arnaldo Otegi quan va complir la seva condemna era “una bona notícia per als demòcrates”. Em va semblar inadequat que el líder d'un partit tan jove com Podem faci un comentari positiu com aquest d'un senyor que ha estat condemnat per la seva col·laboració amb una banda armada com ETA. Sobretot quan Otegi va declarar, al cap de pocs dies, que “la fi de la lluita armada s'hauria hagut de donar abans”. És a dir, que s'atribuïa capacitat per decidir si el que ell va anomenar 'lluita armada', que és 'terrorisme', es podia haver acabat abans o després. Davant aquesta notícia em va semblar encara pitjor el comentari elogiós de Pablo Iglesias envers Otegi. Per a mi, la seva sortida en llibertat no va ser cap motiu d'orgull.

Pablo Iglesias no va actuar com seria exigible a un dirigent de Podem, un partit jove que va néixer fa dos anys amb la voluntat de renovació de la vida democràtica espanyola. Va tenir actituds incompatibles amb el programa del partit presentat a les eleccions del 20-D.

Iglesias demana al PSOE que faci concessions en el diàleg amb Podem perquè diu que el seu partit ja les ha fet

No sé en què ha cedit Podem i en què no, perquè aquest procés de negociació és fosc i sense transparència. Això em sembla poc compatible amb una negociació oberta per arribar a acords programàtics fonamentals per formar un Govern. No es tracta que es compleixin les 388 propostes de Podem, ni molt menys. Potser, ni tan sols la meitat, però caldrà seleccionar quines són les indispensables per donar suport a aquest Govern.

El PSOE ha arribat a un acord amb Ciutadans. Insisteixo que jo prefereixo un acord entre PSOE i Podem però si això és inviable cal que es doni sortida a un govern de PSOE i Ciutadans amb l'abstenció o el suport de Podem per garantir un govern minoritari però majoritari des del punt de vista parlamentari que permeti dirigir Espanya d'una altra manera a com s'ha fet fins ara.

Sembla evident que en la direcció de Podem hi ha divergències sobre com s'està portant aquest procés. Només cal veure la cara que va fer Iñigo Errejón quan Pablo Iglesias, al seu costat, va vincular l'ex-president Felipe González amb la calç viva dels GAL durant la primera sessió d'investidura de Pedro Sánchez

Hi ha hagut tensions internes a Podem tant en la primera sessió d'investidura com en el procés posterior però també hi ha problemes interns de l'organització que la col·loquen en una situació de feblesa. Que es fulminés al número 3 del partit, Sergio Pascual, per exemple, encara que s'hagi presentat com la cosa més natural del món, no encaixa amb un partit que diu que vol renovar les formes de fer política. Aquesta és una forma de fer política autoritària, com podria haver fet el PP i el PSOE.

Podem té un problema territorial. Ha tingut crisis gairebé contínues a les diferents comunitats autònomes. Al País Basc ha dimitit tota l'executiva, hi ha hagut problemes a la direcció de Galícia, a Catalunya va dimitir fa mesos sense donar explicacions la secretària general Gemma Ubasart,... La meitat del consell executiu a Catalunya també va dimitir i ara hi ha un debat intern per saber qui encapçala la formació que no se sap com acabarà.

És una tensió que reflecteix una crisi interna a partir de la relació amb altres forces polítiques. A Catalunya es veu clar. Al grup parlamentari de 'Catalunya Sí que és Pot' s'han fet crítiques directes al seu portaveu, Joan Coscubiela. Hi ha una relació conflictiva amb els aliats. Al País Valencià, 'Compromís' s'ha separat del bloc dels 69 diputats de Podem al Congrés.

L’enfrontament dur entre Pablo Iglesias i Albert Rivera al Congrés dels Diputats, dimecres passat, ja indicava la dificultat d’un pacte que inclogui Podem i Ciutadans

Els enfrontaments entre Iglesias i Rivera que es van produir al Congrés al voltant de finançament de Podem acrediten, una vegada més, una immaduresa política preocupant en situar aquest problema, en tot cas secundari en aquest moment, per davant del buit polític que arrossega Espanya des del 20D i que no són capaços de resoldre. És una forma més d'afavorir la continuïtat del PP al Govern. I això sí que mereix un dur retret, perquè tots dos polítics plantegen temes partidistes per davant de la defensa efectiva dels drets humans dels ciutadans.

El PSOE no sembla disposat a apostar per un govern només amb forces d'esquerra

Si PSOE i Ciutadans ja han fet un pacte no queda una altra alternativa que donar-li suport des de dins o des de fora. El que seria una gravíssima irresponsabilitat política per part de Podem és que, a causa de la seva intransigència, s'anés a unes noves eleccions.

Donada la situació econòmica i política d'Espanya, que es perfilin unes eleccions a final de juny, amb la dificultat per fer una campanya electoral en un període pràcticament estiuenc, amb l'abstencionisme que es pot derivar d'això i la crítica de l'electorat als partits per la seva incapacitat de constituir un govern durant molts mesos, el cost electoral que pot significar per a Podem pot ser molt alt.

Els sondejos vaticinen mals resultats per Podem; si més no, pitjors que els del 20D

Els resultats varien segons les diferents enquestes i les empreses que les fan. Seria raonable que paguessin un cert cost electoral. Pablo Iglesias ha dit que “nosaltres no volem eleccions, però no tenim por a les eleccions”. Anar a unes eleccions a final de juny, amb aquest període polític tan negatiu, pot passar factura a Podem. També pot passar-los factura als altres partits. Seria el súmmum de la insatisfacció que el PP fos el guanyador d'aquest procés i tragués més diputats dels que té ara. Seria un fracàs rotund de l'esquerra.

Cal fer el que calgui per treure el PP del poder?

El problema polític que té avui Espanya és com expulsar el Partit Popular del govern. Aquest és l'objectiu bàsic. No n'hi ha cap que se li pugui comparar. El govern del PP durant aquests quatre anys ha estat especialment nefast tant en l'àmbit dels drets civils, econòmics i socials. Ha sacrificat el valor 'justícia'. Ha reduït el marge de l'exercici dels drets civils dels ciutadans. Ha aprovat la Llei de Seguretat Ciutadana, que s'ha convertit en una llei de repressió dels ciutadans i de l'exercici dels seus drets de reunió, manifestació, expressió,... Cal derogar o canviar aquesta llei autoritària, la pitjor de tot Europa.

El marc de les polítiques econòmiques i socials del PP no té parangó. Després de quatre anys de govern del PP, que va dir que resoldria el problema de l'atur i la precarietat, segueix havent-hi més de quatre milions d'aturats a Espanya. Això destrossa moltíssimes famílies, que estan sumides en una situació de precarietat, manca de recursos, mitjans, pobresa, pobresa energètica... I paral·lelament a aquest empobriment de la població amb les polítiques econòmiques del PP, cert és que també seguint els dictats d'austeritat de les oligarquies financeres europees, s'han adoptat mesures que han afavorit mitjançant amnisties fiscals que les grans fortunes legalitzessin els impostos evadits i la impunitat pels seus delictes.

És esgarrifosa la dada aportada per Intermón segons la qual l'1% de la població espanyola guanya tant com tota la resta. Estem davant d'una desigualtat flagrant que és responsabilitat greu dels dirigents polítics que l'han fet possible.

Si no s'arriba a un acord per evitar que el PP segueixi governant, se’l recompensarà en les seves polítiques repressives, de desigualtat,... Podem perdria gran part de la seva legitimitat.

Vostè compara la situació espanyola actual amb la que va viure Itàlia els anys setanta.

El secretari general del Partit Comunista Italià Enrico Berlinguer ho va dir en un acte a la plaça Monumental de Barcelona, al qual vaig tenir la fortuna d'assistir en plena transició política espanyola, l'any 1978. En aquell famós acte, que va ser tumultuós, en presència de líders com Santiago Carrillo, Antoni Gutiérrez Díaz o George Marchais, va explicar que el PCI, que tenia gairebé un 30% dels vots, estava formant part no del Govern però sí d'una majoria parlamentària amb la Democràcia Cristiana, el Partit Socialista i el partit Republicà. És a dir, formava part d'una majoria al costat de partits que estaven en les antípodes de les seves tesis.

Estem davant d'una situació molt similar a la que es va viure en la transició italiana dels anys setanta. A més, tenim davant un Partit Popular que, a més de tot el que he dit, està inundat fins a les celles de corrupció, abusos de corrupció i falta d'ètica pública. Estem en condicions de permetre que segueixi governant aquest partit autoritari, al servei de l'oligarquia financera i inundat per la corrupció? Seria una equivocació històrica de la qual haurien de pagar el cost corresponent.

Hi hagi la majoria que hi hagi serà molt complicat introduir canvis a la Constitució

Al programa electoral de Podem del 20D hi ha 388 propostes. Es proposa la reforma immediata de vuit preceptes fonamentals. Suposo que saben que una reforma constitucional, per petita que sigui i moltes de les que es proposen no ho són, exigeix, almenys, el suport de dos terços de la Cambra, 233 diputats. Una majoria de PSOE, Podem i Ciutadans no és suficient. Però encara seria menys suficient si es resisteixen a pactar amb PSOE i Ciutadans i els deixen que governin sols amb 130 diputats. És absolutament inviable plantejar una reforma constitucional en aquestes condicions. Les reformes de la Constitució requeririen un suport, almenys parcial, del PP. Aquestes reformes són importants. Hi estic d’acord.

En el seu programa electoral, Podem fa referència a l'article 40 de la Constitució, que planteja les polítiques econòmiques i d'ocupació, i el cita com a precepte a desenvolupar, no a reformar. Això vol dir, per tant, que accepten la Constitució del 78 que, d'altra banda sembla que han rebutjat o detestat en algun moment.

Podem ha traspassat a ‘En Comú Podem’ la solució del contenciós sobre el referèndum català negociant-lo amb el PSC. Tal i com estan les coses, sembla que aquesta negociació seria inútil.

No s’hi refereixen de forma expressa. Aquest referèndum s'inclou en el programa electoral però té un error de base i és que ho planteja com una iniciativa del govern autonòmic. Això és constitucionalment i legalment impossible. Un referèndum que determini la possible secessió o desagregació d'una part del territori que integra l'Estat espanyol, com és Catalunya, només el pot convocar el govern d'Espanya.

El govern català no pot fer un referèndum de secessió d'Espanya perquè, primer, hi ha milions de catalans, entre ells jo, que no hi estaríem d'acord i, segon, hi ha un marc constitucional que ho fa inviable. Per més que ho pretenguin 'Junts pel Sí', la CUP i d’altres iniciatives. Cal ser realistes.

Si Podem accepta la Constitució i cita algunes reformes necessàries el que no pot fer és deixar-la de costat quan no els interessa. Cal acceptar-la sempre.

Ara es parla menys del dret a decidir

El dret a decidir no és res, no està reconegut en cap ordenament internacional. Tampoc en l'espanyol. I pel que fa al dret de lliure determinació dels pobles no està reconegut a la Constitució democràtica de 1978. Es va optar per un sistema d'Estat autonòmic i de reconeixement de les comunitats històriques. Ningú no pot creure que el govern català, ell sol, convocarà un referèndum sobre la possible independència de Catalunya. No té competències ni està reconegut en cap ordenament constitucional ni legal, ni res per l'estil. En definitiva, és un brindis al sol.

Crec que hi haurà una reforma constitucional que reconeixerà el dret a la lliure determinació dels pobles que integren l'estat espanyol. Catalunya, Euskadi, Galícia, i potser d'altres, tenen el dret a ser reconeguts com a pobles amb personalitat pròpia.

Vostè es defineix com a federalista

Jo sóc partidari de la integració de tots aquests pobles en una Espanya federal i això també exigeix una reforma constitucional. Requereix un mínim marc constitucional aconseguit basant-se majories polítiques.

Insisteixo, el PCI va formar part de majories parlamentàries amb partits de la dreta italiana i no es va enfonsar el món. Itàlia tampoc. És més, a través d'aquest 'compromís històric' del Partit Comunista i la Democràcia Cristiana es va posar fi als atemptats terroristes, com el que va acabar amb la vida d'Aldo Moro.

Aquí no estem davant d'una situació tan dramàtica com aquella però el pressupost polític espanyol actual és una mena de 'compromís històric' l'objectiu fonamental del qual és que l'esquerra que representen IU, Podem i, de forma més moderada, el PSOE s'aliï amb alguna força moderada de la dreta com Ciutadans per expulsar del govern al Partit Popular. Si no avancem per aquí podem retrocedir i arribar a unes eleccions amb una càrrega molt negativa per a l'esquerra que pot condicionar l'electorat i propiciar que tinguem quatre anys de govern del PP, la qual cosa seria gravíssima per als ciutadans, per les seves economies i les seves aspiracions.

Hi ha exemples en la història europea de pactes d'aquesta naturalesa que han fet possible evitar que seguissin governant les forces més reaccionàries, retardatàries, com la que representa el PP a Espanya. Si no es fa així no s’estarà a l'alçada de les circumstàncies i rebel·larà una profunda ignorància política, o potser alguna cosa pitjor.

A Catalunya, després de les eleccions al Parlament es va anunciar que seríem independents en 18 mesos. Ja n’han passat tres. Com veu la situació política catalana actual?

El 23 de gener de 2013, es va signar una famosa declaració de sobirania del poble català. Van fer-ho CDC, ERC, IC-Verds i EUiA. Han passat més de tres anys. A la fi de 2014 es va celebrar una consulta, deslegitimada pel Tribunal Constitucional. Es va fer en condicions precàries i va donar com a resultat un vot minoritari favorable a la independència. Vaig qualificar raonadament aquesta consulta d'antidemocràtica perquè no s'ajustava gens als principis democràtics d'una consulta ciutadana. La consulta ha donat lloc a una causa penal que continua oberta i que està a punt de ser tramesa al Tribunal Suprem per l'aforament del diputat Francesc Homs.

Després van venir les eleccions al Parlament i el període llarg de negociacions equivalent a l'espanyol actual. La CUP va decidir no donar suport a 'Junts pel Sí' fins que, finalment, en un exercici digne de ser qualificat d'antidemocràtic, la cúspide de la CUP capgirar l’acord, no atendre’l i afavorir un candidat a president de 'Junts pel Sí' perquè continuï la legislatura.

S'atreveix a imaginar què passarà a Catalunya en els pròxims mesos?

Per més que intentin plantejar mocions de desconnexió a través d'acords de la majoria de 'Junts pel Sí' i la CUP crec que no s’arribarà a la declaració d'independència. És políticament inviable i constitucionalment impossible. A més, la resolució del 9N de 2015, que dóna peu a aquest procés de desconnexió, està declarada nul·la i inconstitucional pel TC. Això és així i caldrà assumir-ho abans o després.

El suport de la CUP a aquest procés, després del joc de mans que van fer amb les seves assemblees i el suport final a 'Junts pel Sí' perquè seguís la seva marxa amb Carles Puigdemont en lloc d'Artur Mas, la va deslegitimar com a partit de esquerres autèntic. Avui, la CUP, partit que pretén que és de esquerres, està, d'una manera o altra, donant suport a les polítiques més conservadores de 'Junts pel Sí', en tots els àmbits i particularment en Sanitat, a través del conseller Toni Comín.

Hi ha dues forces que busquen, aparentment, un mateix objectiu que és l'anomenada independència però que esclatarà, abans o després. Si té un mínim de coherència amb els seus principis ideològics i polítics, no entenc com un partit com la CUP pot estar donant suport a una dreta nacionalista que, a més de corrupta, segueix mantenint polítiques d'austeritat i retallades.

Ja veurem què passa. Sóc escèptic sobre el compliment del calendari que ens van anunciar per assolir la independència. Desitjo que no es compleixi. Estic en contra de la independència de Catalunya i a favor de la seva integració en un estat federal, com desitgem els que creiem en la solidaritat dels pobles d'Espanya, més enllà de fanatismes que volen trencar-la.

El jurista Carlos Jiménez Villarejo (Málaga, 1935) vivió con entusiasmo e ilusión el nacimiento de Podemos. Se incorporó a sus filas y llegó a ser eurodiputado de esa formación tras las elecciones de mayo de 2014. Renunció al cargo poco después pero no por razones de sintonía política. En cambio, sí que fueron razones de índole política las que le llevaron a anunciar meses más tarde que abandonaba la formación que dirige Pablo Iglesias. No entiende que no faciliten la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y aparte del mismo a Mariano Rajoy y el PP.

¿Qué le parece la decisión de Pablo Iglesias de preguntar a las bases de Podemos si apoyan un gobierno Rivera-Sánchez, anunciando que él votará que no?

La decisión de Iglesias es prácticamente de ruptura de cualquier forma de acuerdo. Creo que ha sido su posición desde el día siguiente a las elecciones por una razón, que se desprende claramente de su programa. No ganaron las elecciones y dado su bajo listón electoral -muy inferior al que esperaban- no estaban en condiciones de imponer ese programa.

La decisión de consultar a quienes llama “la gente” inscrita en el partido no es una novedad. Pero es evidente que dada su fuerte jerarquización, los miembros del partido que voten -que, por lo general, son una minoría- respaldarán sin dudarlo a su líder que ya ha anticipado su radical oposición a cualquier clase de pacto. Así, equivocadamente, abre el camino a otras elecciones. Si todo resulta de este modo, es que la realidad y las necesidades de los ciudadanos le son indiferentes. Lo que de verdad importa es ocupar el poder y, mientras más alto, mejor.

La opción de un gobierno de izquierdas ¿es inviable?

Tras el proceso electoral, sostuve en una primera etapa la conveniencia de que hubiera un pacto entre PSOE, Podemos y sus aliados internos, lo que se llama las confluencias, las mareas, Compromís, En Comú Podem… Era la alternativa de izquierdas más positiva dado el pobre resultado alcanzado por el Partido Popular, que obtuvo poco más de un tercio de los diputados.

Hay que reconocer que, aparte de las diferencias entre los programas de PSOE y Podemos, esa alianza de izquierdas se frustró quizás en parte por las exigencias del PSOE pero sobretodo, al menos en una primera fase, por la posición mantenida por Podemos en la primera sesión de investidura. Fue una posición extremadamente agresiva contra el PSOE, injustificada e innecesaria. No se trataba de ajustar cuentas con el pasado del PSOE. No era ése el objetivo de la investidura sino ver si era posible llegar a un acuerdo sociopolítico para constituir un gobierno. La intervención entre arrogante y desafiante de Pablo Iglesias frustró la posibilidad de ese acuerdo.

Veníamos de una reunión de Pablo Iglesias con el Rey a la salida de la cual el líder de Podemos había hecho un desplante político desafortunado al colocar una exigencia de cargos antes de hablar de acuerdos sobre contenidos políticos con el PSOE. Para quienes hemos sido cargos del partido fue muy sorprendente y me hizo pensar que eso era un comportamiento típico de la ‘casta’ que venían denunciando, la ocupación de sillones como forma de perpetuar y ejercer el poder.

¿Le decepcionó Pablo Iglesias?

Tuvo otras actitudes muy desgraciadas y lamentables, como plantear el tema de los GAL en el debate de investidura, lo cual era improcedente. Aquello se juzgó, algunos responsables de Interior fueron condenados… Sacar ese tema a colación fue muy desafortunado.

También me sorprendió cuando dijo que la salida en libertad de Arnaldo Otegi cuando cumplió su condena era “una buena noticia para los demócratas”. Me pareció inapropiado que el líder de un partido tan joven como Podemos haga un comentario positivo como ese de un señor que ha sido condenado por su colaboración con una banda armada como ETA. Sobre todo cuando Otegi declaró, al cabo de pocos días, que “el fin de la lucha armada se habría tenido que dar antes”. Es decir, que se atribuía capacidad para decidir si lo que él llamó ‘lucha armada’, que es ‘terrorismo’, se podía haber acabado antes o después. Ante esa noticia me pareció todavía peor el comentario elogioso de Pablo Iglesias hacía Otegi. Para mí su salida en libertad no fue ningún motivo de orgullo.

Pablo Iglesias no actuó como sería exigible a un dirigente de Podemos, un partido joven que nació hace dos años con la voluntad de renovación de la vida democrática española. Tuvo actitudes incompatibles con el programa del partido presentado en las elecciones del 20-D.

Iglesias pide al PSOE que haga concesiones en el diálogo con Podemos porque dice que su partido ya las ha hecho

No sé en qué ha cedido Podemos y en qué no, porque este proceso de negociación es oscuro y sin transparencia. Eso me parece poco compatible con una negociación abierta para llegar a acuerdos programáticos fundamentales para formar un Gobierno. No se trata de que se cumplan las 388 propuestas de Podemos, ni mucho menos. A lo mejor, ni siquiera la mitad, pero habrá que seleccionar cuales son las indispensables para apoyar a ese Gobierno.

El PSOE ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos. Insisto en que yo prefiero un acuerdo entre PSOE y Podemos pero si eso es inviable hay que dar salida a un gobierno de PSOE y Ciudadanos con la abstención o el apoyo de Podemos para garantizar un gobierno minoritario pero mayoritario desde el punto de vista parlamentario que permita dirigir España de otra manera a como se ha hecho hasta ahora.

Parece evidente que en la dirección de Podemos hay divergencias sobre cómo se está llevando este proceso. Basta con ver la cara que puso Iñigo Errejón cuando Pablo Iglesias, a su lado, vinculó al expresidente Felipe González con la cal viva de los GAL durante la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez

Ha habido tensiones internas en Podemos tanto en la primera sesión de investidura como en el proceso posterior pero también hay problemas internos de la organización que la colocan en una situación de debilidad. Que se fulminara al número tres del partido, Sergio Pascual, aunque se haya presentado como la cosa más natural del mundo no encaja con un partido que dice que quiere renovar las formas de hacer política. Esa es una forma de hacer política autoritaria, como podría haber hecho el PP y el PSOE.

Podemos tiene un problema territorial. Ha tenido crisis casi continuas en las diferentes comunidades autónomas. En el País Vasco ha dimitido toda la ejecutiva, ha habido problemas en la dirección de Galicia, en Catalunya dimitió hace meses sin dar explicaciones la secretaria general Gemma Ubasart… La mitad del consejo ejecutivo en Catalunya también dimitió y ahora hay un debate interno por saber quien encabeza la formación que no se sabe cómo va a acabar.

Es una tensión que refleja una crisis interna a partir de la relación con otras fuerzas políticas. En Catalunya se ve claro. En el grupo parlamentario de ‘Catalunya Sí que es Pot’ se han hecho críticas directas a su portavoz, Joan Coscubiela. Hay una relación conflictiva con los aliados. En el País Valencià, Compromís se ha separado del bloque de los 69 diputados de Podemos en el Congreso.

¿El rifi-rafe entre Pablo Iglesias y Albert Rivera en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles ya indicaba la dificultad de un pacto que incluya Podemos y Ciudadanos?

Los enfrentamientos entre Iglesias y Rivera que se produjeron en el Congreso en torno a la financiación de Podemos acreditan, una vez más, una preocupante inmadurez política al situar ese problema, en todo caso secundario en este momento, por delante del vacío político que arrastra España desde el 20D y que no son capaces de resolver. Es una forma más de favorecer la continuidad del PP en el Gobierno. Y esto sí que merece un duro reproche, porque ambos políticos plantean temas partidistas por delante de la efectiva defensa de los derechos humanos de los ciudadanos.

El PSOE no parece dispuesto a apostar por un gobierno solo con fuerzas de izquierda

Si PSOE y Ciudadanos ya han hecho un pacto no queda otra alternativa que apoyarlo desde dentro o desde fuera. Lo que sería una gravísima irresponsabilidad política por parte de Podemos es que, a causa de su intransigencia, se fuera a unas nuevas elecciones.

Dada la situación económica y política de España, que se perfilen unas elecciones a final de junio, con la dificultad para hacer una campaña electoral en un periodo prácticamente veraniego, con el abstencionismo que se puede derivar de ello y la crítica del electorado a los partidos por su incapacidad de constituir un gobierno durante muchos meses, el coste electoral que puede significar para Podemos puede ser muy alto.

Los sondeos vaticinan malos resultados para Podemos; cuanto menos, peores que los del 20D

Los resultados varían según las diferentes encuestas y las empresas que las hacen. Sería razonable que pagasen un cierto coste electoral. Pablo Iglesias ha dicho que “nosotros no queremos elecciones, pero no tememos a las elecciones”. Ir a unas elecciones a final de junio, con este periodo político tan negativo, puede pasar factura a Podemos. También puede pasarles factura a los restantes partidos. Sería el colmo de la insatisfacción que el PP fuera el ganador de este proceso y sacara más diputados de los que ahora tiene. Sería un fracaso rotundo de la izquierda.

¿Hay que hacer lo que sea para sacar al PP del poder?

El problema político que tiene hoy España es cómo expulsar al Partido Popular del Gobierno. Ese es el objetivo básico. No hay ninguno que se le pueda comparar. El Gobierno del PP durante estos cuatro años ha sido especialmente nefasto tanto en el ámbito de los derechos civiles, económicos y sociales. Ha sacrificado el valor ‘justicia’. Ha reducido el margen del ejercicio de los derechos civiles de los ciudadanos. Ahí está la Ley de Seguridad Ciudadana, que se ha convertido en una ley de represión de los ciudadanos y del ejercicio de sus derechos de reunión, manifestación, expresión,… Hay que derogar o cambiar esa ley autoritaria, la peor de toda Europa.

El marco de las políticas económicas y sociales del PP no tiene parangón. Tras cuatro años de gobierno del PP, que dijo que resolvería el problema del paro y la precariedad, sigue habiendo más de cuatro millones de parados en España. Eso destroza muchísimas familias, que están sumidas en una situación de precariedad, falta de recursos, medios, pobreza, pobreza energética… Y paralelamente a ese empobrecimiento de la población con las políticas económicas del PP, cierto es que también siguiendo los dictados de austeridad de las oligarquías financieras europeas, se han adoptado medidas que han favorecido mediante amnistías fiscales que las grandes fortunas legalizasen los impuestos evadidos y la impunidad por sus delitos.

Es escalofriante el dato aportado por Intermón según el cual el 1% de la población española gana tanto como todo el resto. Estamos ante una desigualdad flagrante que es responsabilidad grave de los dirigentes políticos que la han hecho posible.

Si no se llega a un acuerdo para evitar que el PP siga gobernando, se le recompensará en sus políticas represivas, de desigualdad,… Podemos perdería gran parte de su legitimidad.

Usted compara la situación española actual con la que vivió Italia en los años setenta.

El secretario general del Partido Comunista Italiano Enrico Berlinguer lo dijo en un acto en la plaza Monumental de Barcelona, al que tuve la fortuna de asistir en plena transición política española, en el año 1978. En aquel famoso acto, que fue tumultuoso, en presencia de líderes como Santiago Carrillo, Antoni Gutiérrez Díaz o George Marchais, explicó que el PCI, que tenía casi un 30% de los votos, estaba formando parte no del Gobierno pero sí de una mayoría parlamentaria con la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Republicano. Es decir, formaba parte de una mayoría junto a partidos que estaban en las antípodas de sus tesis.

Estamos ante una situación muy similar a la que se vivió en la transición italiana de los años setenta. Además, tenemos delante a un Partido Popular que, además de todo lo que he dicho, está inundado hasta las cejas de corrupción, abusos de corrupción y falta de ética pública. ¿Estamos en condiciones de permitir que siga gobernando ese partido autoritario, al servicio de la oligarquía financiera e inundado por la corrupción? Sería una equivocación histórica de la que tendrían que pagar el coste correspondiente.

¿Haya la mayoría que haya será difícil introducir cambios en la Constitución?

En el programa electoral de Podemos del 20D hay 388 propuestas. Se propone la reforma inmediata de ocho preceptos fundamentales. Supongo que saben que una reforma constitucional, por menor que sea y muchas de las que se proponen no son menores, exige, al menos, el apoyo de dos tercios de la Cámara, 233 diputados. Una mayoría de PSOE, Podemos y Ciudadanos no es suficiente. Pero aun sería menos suficiente si se resisten a pactar con PSOE y Ciudadanos y les dejan que gobiernen solos con 130 diputados. Es absolutamente inviable plantear una reforma constitucional en estas condiciones. Las reformas de la Constitución requerirían un apoyo, por lo menos parcial, del PP. Esas reformas son importantes. Estoy de acuerdo con ellas.

En su programa electoral, Podemos hace referencia al artículo 40 de la Constitución, que plantea las políticas económicas y de empleo, y lo cita como precepto a desarrollar, no a reformar. Eso quiere decir, por tanto, que aceptan la Constitución del 78 que, por otra parte, parece que han rechazado o detestado en algún momento.

Podemos ha traspasado a ‘En Comú Podem’ la solución del contencioso sobre el referéndum catalán negociándolo con el PSC. Tal y como están las cosas, ¿esa negociación será útil?

Ese referéndum se incluye en el programa electoral pero tiene un error de base y es que lo plantea como una iniciativa del Gobierno autonómico. Eso es constitucional y legalmente imposible. Un referéndum que determine la posible secesión o desagregación de una parte del territorio que integra el Estado español, como es Catalunya, solo puede convocarlo el gobierno de España.

El Gobierno catalán no puede hacer un referéndum de secesión de España porque, primero, hay millones de catalanes, entre ellos yo, que no estaríamos de acuerdo y, segundo, hay un marco constitucional que lo hace inviable. Por más que lo pretendan ‘Junts pel Sí’, la CUP y otras iniciativas. Hay que ser realistas.

Si Podemos acepta la Constitución y cita algunas reformas necesarias lo que no puede hacer es dejarla de lado cuando no les interesa. Hay que aceptarla de lleno.

Ahora se habla menos del derecho a decidir

El derecho a decidir no es nada, no está reconocido en ningún ordenamiento internacional. Tampoco en el español. Y en lo que se refiere al derecho de libre determinación de los pueblos no está reconocido en la Constitución democrática de 1978. Se optó por un sistema de Estado autonómico y de reconocimiento de las comunidades históricas. Nadie puede creer que el gobierno catalán, por si sólo y sin más, va a convocar un referéndum sobre la posible independencia de Catalunya. No tiene competencias ni está reconocido en ningún ordenamiento constitucional ni legal, ni nada por el estilo. En definitiva, es un brindis al sol.

Creo que habrá una reforma constitucional que reconocerá el derecho a la libre determinación de los pueblos que integran el estado español. Catalunya, Euskadi, Galicia, y quizás otros, tienen el derecho a ser reconocidos como pueblos con personalidad propia.

¿Se define como federalista?

Yo soy partidario de la integración de todos esos pueblos en una España federal y eso también exige una reforma constitucional. Requiere un mínimo marco constitucional conseguido en base a mayorías políticas.

Insisto, el PCI formó parte de mayorías parlamentarias con partidos de la derecha italiana y no se hundió el mundo. Italia tampoco. Es más, a través de ese ‘compromiso histórico’ del Partido Comunista y la Democracia Cristiana se puso fin a los atentados terroristas, como el que acabó con la vida de Aldo Moro.

Aquí no estamos ante una situación tan dramática como aquella pero el presupuesto político español actual es una especie de ‘compromiso histórico’ cuyo objetivo fundamental es que la izquierda que representan IU, Podemos y, de forma más moderada, el PSOE se alíe con alguna fuerza moderada de la derecha como Ciudadanos para expulsar del gobierno al Partido Popular. Si no avanzamos por ahí podemos retroceder y llegar a unas elecciones con una carga muy negativa para la izquierda que puede condicionar al electorado y propiciar que tengamos otros cuatro años de gobierno del PP, lo cual sería gravísimo para los ciudadanos, para sus economías y sus aspiraciones.

Hay ejemplos en la historia europea de pactos de esa naturaleza que han hecho posible evitar que siguieran gobernando las fuerzas más reaccionarias, retardatarias, como la que representa el PP en España. Si no se hace así no se estará a la altura de las circunstancias y rebelará una profunda ignorancia política, cuando no algo peor.

En Catalunya, después de las elecciones al Parlament, se anunció que seríamos independientes en 18 meses. Ya han pasado tres. ¿Cómo ve la situación política catalana actual?

El 23 de enero de 2013, se firmó una famosa declaración de soberanía del pueblo catalán. Lo hicieron CDC, ERC, IC-Verds y EUiA. Han pasado más de tres años. A finales de 2014 se celebró una consulta, deslegitimada por el Tribunal Constitucional. Se hizo en condiciones precarias y dio como resultado un voto minoritario favorable a la independencia. Califiqué razonadamente esa consulta de antidemocrática porque no se ajustaba para nada a los principios democráticos de una consulta ciudadana. La consulta ha dado lugar a una causa penal que sigue abierta y que está a punto de ser remitida al Tribunal Supremo por el aforamiento del diputado Francesc Homs.

Luego vinieron las elecciones al Parlament y el periodo largo de negociaciones equivalente al español actual. La CUP decidió no apoyar a ‘Junts pel Sí’ hasta que, finalmente, en un ejercicio digno de ser calificado de antidemocrático, la cúspide de la CUP decide dar la vuelta a ese acuerdo, no atenderlo, y favorecer a un candidato a presidente de ‘Junts pel Sí’ para que continúe la legislatura.

¿Se atreve a imaginar qué pasará en los próximos meses en Catalunya?

Por más que intenten plantear mociones de desconexión a través de acuerdos de la mayoría de ‘Junts pel Sí’ y la CUP creo que no se va a llegar a esa declaración de independencia. Es políticamente inviable y constitucionalmente imposible. Además, la resolución del 9N de 2015, que da pié a este proceso de desconexión, está declarada nula e inconstitucional por el TC. Eso está ahí y habrá que asumirlo antes o después.

El apoyo de la CUP a este proceso, después del juego de titiriteros que hicieron con sus asambleas y el apoyo final a ‘Junts pel Sí’ para que siguiera su marcha con Carles Puigdemont en lugar de Artur Mas, la deslegitimó como un auténtico partido de izquierdas. Hoy, la CUP, partido que se pretende de izquierdas está, de una forma u otra, apoyando las políticas más conservadoras de ‘Junts pel Sí’, en todos los ámbitos y particularmente en Sanidad, a través del consejero Toni Comín.

Hay dos fuerzas que buscan, aparentemente, un mismo objetivo que es la llamada independencia, pero que estallará, antes o después. Si tiene un mínimo de coherencia con sus principios ideológicos y políticos, no entiendo como un partido como la CUP puede estar apoyando a una derecha nacionalista que, además de corrupta, sigue manteniendo políticas de austeridad y recortes.

Ya veremos qué pasa. Soy escéptico sobre el cumplimiento del calendario que nos anunciaron para alcanzar la independencia. Deseo que no se cumpla. Estoy en contra de la independencia de Catalunya y a favor de su integración en un estado federal, como deseamos los que creemos en la solidaridad de los pueblos de España, más allá de fanatismos que pretenden romperla.

Bajo ningún concepto o razón se debe permitir, por la salud democrática del país y la salvaguarda de los derechos y el bienestar de los ciudadanos, que el PP vuelva a gobernar

No dudamos de la complejidad del actual momento político en nuestro país. Pero hay un presupuesto que los tres grandes partidos minoritarios deberían asumir. Mas allá de sus razonables discrepancias y de los respectivos programas de cambios sociales y políticos mas o menos radicales, deberían coincidir en un objetivo común y urgente y, por tanto, inaplazable: bajo ningún concepto o razón deben permitir, por la salud democrática del país y la salvaguarda de los derechos y el bienestar de los ciudadanos, que vuelva a gobernar el Partido Popular. Es tanto el daño que este partido y su Gobierno han hecho a las instituciones públicas y al ordenamiento democrático en todos los ámbitos que, cualquiera que fuese el partido que por una razón u otra favoreciese su continuidad en el Gobierno, merecería el máximo reproche y un duro castigo electoral.

Prestemos una especial atención a Podemos, que ahora se alinea con una fuerte cerrazón a la izquierda. Conviene tener presente su planteamiento ante las elecciones del 20D. El prólogo de su programa sostenía que “en democracia, el debate y la discrepancia son la norma y no la excepción”. ¿Por qué no lo aplican en el actual proceso negociador?

Pero, además, dicho prólogo padece de un exceso que vicia su actual posición. El programa estaba preparado “para ganar las elecciones” o para “tomar las riendas del Gobierno de nuestro país”. Dicho presupuesto no se ha cumplido pues alcanzaron el 20,66% de los sufragios. El proyecto, sin duda, era en exceso ambicioso para un partido con apenas dos años de historia, por mas que haya obtenido un amplio respaldo popular.

Conviene también tener presente que en dicho prólogo el destinario del programa es “la gente”, concepto completamente indefinido. “Contrato con la gente”, “apoyo de la gente”, “la gente decidirá…” y así sucesivamente. El “trabajador” es escasamente citado en sus mas de 300 propuestas y, por supuesto, para nada se citan realidades como la clase obrera, que deben estimar conceptos caducos. Era pues un proyecto político presidido por un afán inmediato de gobernar a partir de una base social indefinida que calificaban como “transversal”; lejos, pues, de los presupuestos clásicos de la izquierda. Además, pese a su denostado, con manifiesto error, “régimen del 78”, resulta que en su programa acepta plenamente, entre otros preceptos, nada menos que el Art. 40.1 de la Constitución para el desarrollo de la política económica y de empleo.

Hacemos constar estos antecedentes para plantear a dicho partido, Podemos, la necesidad de revisar profundamente su posición en la actual etapa política con un objetivo absolutamente prioritario: la expulsión del PP del Gobierno, ya. Y deseamos hacerlo a partir de un antecedente histórico que deberían tomar en consideración. Tuvo lugar en Italia en la década de los setenta. Y lo describe perfectamente Enrico Berlinguer, Secretario General del Partido Comunista Italiano (PCI) en un acto celebrado en Barcelona el 28 de mayo de 1978. Decía que el PCI, con cerca de un 30% de los votos, “aunque no está todavía presente en el Gobierno, ha entrado a formar parte de una nueva mayoría parlamentaria que comprende la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Social Demócrata y el Partido Republicano”. Y lo hacía, añadía, para hacer frente a “los grupos conservadores y las fuerzas reaccionarias” que, como aquí el PP, “intentan directamente llevar la economía y la sociedad al caos, para subvertir las instituciones democráticas, para dar un golpe a la libertad y a los derechos democráticos”. Además de la fuerza política de aquel partido, no podemos ignorar el acierto con que aplicaba el magisterio de Gramsci.

Ciertamente, desde la distancia histórica y política, entendemos que debe tomarse en consideración por los actuales dirigentes de Podemos que, de aceptar, sin tantas reservas ni rechazos, el apoyo a la coalición PSOE-Ciudadanos, pueden estar seguros de que no solo no traicionan a su electorado sino que abren la perspectiva histórica de una sociedad nueva, mas justa, mas humana y mas libre. Representaría una amplia mayoría parlamentaria y una mayor fidelidad al principio de la soberanía expresado por el sufragio popular.

El ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha criticado a Podemos por no propiciar la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ni en la primera ni en la segunda votación, que se celebra esta tarde. El exeurodiputado de Podemos ha asegurado al diario El País que él era partidario de una coalición de izquierdas, culpa a Pablo Iglesias de haberla impedido y cree que tendrían que haber apoyado a Sánchez pese a su pacto con Ciudadanos. “Yo solo deseo que Mariano Rajoy se vaya a la calle para hacer otro tipo de políticas, no que haya nuevas elecciones y sigamos así”, ha señalado Villarejo al diario que edita Prisa.

El distanciamiento del ex fiscal Anticorrupción de Podemos ha sido paulatino desde que fuera presentado como uno de los principales colaboradores de Pablo Iglesias durante los primeros compases del partido en 2014. Villarejo concurrió a las elecciones europeas de aquél año en las listas de Podemos, logró el acta de eurodiputado, presentó una propuesta de directiva ante el Parlamento Europeo y, poco después, renunció al escaño. Una salida que estaba prevista de antemano ya que la voluntad del veterano jurista era dar un apoyo explícito al partido.

Desde entonces la relación de Villarejo y Podemos fue de asesoramiento. El exfiscal nunca ha formado parte de los órganos del partido ni ha participado en procesos internos. La bautizada como directiva Villarejo ha sido utilizada de forma habitual por Podemos para redactar sus distintos programas electorales.

El último acto público de Podemos en el que ha participado Villarejo se remonta a la campaña de las elecciones catalanas del 27 de septiembre, según un portavoz de Podemos. El exfiscal acudió como público y por su cuenta a un mitin de Pablo Iglesias. Allí, el secretario general le saludó al percatarse de su presencia, que no estaba anunciada. Para entonces, ya había roto los lazos profesionales con el partido aunque mantenía algunos personales.

En ese mismo mes de septiembre Villarejo ya apoyaba otras iniciativas políticas. En concreto, la plataforma promovida por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en favor de una amplia confluencia de izquierdas de cara a las generales en la que también estaban, entre otros, Gaspar Llamazares, Beatriz Talegó o Federico Mayor Zaragoza. Un movimiento que no fraguó.

Su alejamiento de la estrategia de Iglesias quedó también patente en noviembre de 2015, cuando apoyó en Córdoba a un candidato distinto del oficial en el proceso de primarias para las las elecciones generales.

Tras los comicios del 20D, Villarejo ha hecho múltiples declaraciones públicas en las que ha abogado por un pacto de izquierdas. El 20 de enero, por ejemplo, firmaba una tribuna en El País en la que reclamaba a Pablo Iglesias que cediera para favorecer un acuerdo con el PSOE. Apenas dos días después, el 22 de enero, Iglesias presentaba en el Congreso de los Diputados su oferta de un Gobierno de coalición, muy alejada de los consejos de Villarejo. Antes, el 8 de enero, ya se había expresado en los mismo términos en una entrevista en ElPlural.com.

Uno de los motivos principales de la ruptura de Villarejo con Podemos es la defensa del referéndum por parte del partido de Iglesias. Y así lo reitera en declaraciones a El Páis este viernes. “Hay que decir a la gente que el programa electoral de Podemos habla de que la Generalitat convocará esa consulta y eso es legalmente imposible, porque no está amparado en ninguna ley catalana, sino que es competencia del Estado”, asegura el exfiscal, quien ya rompió con ICV hace años por el mismo motivo.

Villarejo asegura no compartir “ni la mitad” del acuerdo sellado entre el PSOE y Ciudadanos. “Pero siempre es preferible tener un Gobierno presidido por Pedro Sánchez que no vernos abocados a otras elecciones”, zanja, después de criticar el “tono” de Pablo Iglesias durante el debate del miércoles y sus referencias a Felipe González y al terrorismo de Estado.

Nuevas voces internas advierten a Podemos de la necesidad de concurrir a las elecciones generales en un bloque de izquierdas. Esta vez es el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo el que pide una unión con IU para tener más fuerza en el Congreso. Villarejo, que fue el fichaje estrella de Pablo Iglesias para las europeas de hace un año, señala en un artículo publicado en eldiario.es que, además de los beneficios numéricos de una “coalición electoral”, los programas de Podemos e IU tienen “coincidencias”.

Podemos convenció a Villarejo en marzo de 2014 para integrarse en la candidatura a las europeas. Fue uno de los primeros hitos de la formación morada, que presumió de contar en sus filas con un experto en la lucha contra la corrupción. El exfiscal fue el número tres en la lista al Parlamento Europeo pero apenas un par de meses después de recoger su acta dimitió por motivos personales. Fue Villarejo quien elaboró una directiva para el buen gobierno institucional como parte del programa de los de Iglesias para su estreno electoral. Iglesias contó con Villarejo para el Consejo Ciudadano Estatal, órgano directivo al que aún pertenece.

Desde esa posición, el exfiscal pide a su partido la unión en una “coalición electoral” con la candidatura que encabeza Alberto Garzón. Villarejo basa su petición en dos argumentos: por un lado, la necesidad de “una fuerza sólida de izquierdas” que venza las limitaciones del sistema electoral que perjudica a los menos votados y, por otro, en las “coincidencias” programáticas de Podemos e IU.

Así, recuerda la similar orientación de ambas formaciones en el Parlamento Europeo, donde se han integrado en el Grupo de la Izquierda Unitaria. Entre las iniciativas defendidas tanto por los de Iglesias como por IU, Villarejo destaca la defensa de Palestina contra la ocupación israelí, la denuncia de la tortura aplicada en España o las críticas a la política migratoria ejercida en Ceuta y Melilla, entre otras. “Respecto al sistema capitalista, es constante en ambos la denuncia de la desigualdad económica y social como causa del paro, de la pobreza y, en definitiva, de la injusticia ya instituida en nuestra convivencia”, destaca el exeurodiputado.

“Ya es hora de entenderlo”

“Ante esta realidad, entiendo más que justificada la coalición electoral de ambos partidos, por una evidente coincidencia, con todos sus matices, de una parte importante de sus programas”, afirma Villarejo.

Para Villarejo, la confluencia con Garzón es necesaria para obtener un mejor resultado. El dirigente de Podemos recuerda que el sistema electoral -basado en la ley d'Hondt- favorece a los partidos más votados, es decir, al bipartidismo mientras que “afecta negativamente a los partidos menores, por más que Podemos haya obtenido en las últimas elecciones unos estimables resultados”. “Ya es hora de entenderlo”, advierte.

El líder de la formación no está de acuerdo con esa visión que ya le han planteado otros dirigentes e insiste en cerrar la puerta a la confluencia con la coalición que lidera Cayo Lara. “El comunismo español necesita un espacio electoral propio, y lo respetamos, pero nosotros vamos a transitar por nuestro camino”, ha expresado Iglesias en Al Rojo Vivo (La Sexta). Aunque ha dejado claro que le gustaría que Garzón se sumara a su lista, ha insistido en que Podemos tiene una estrategia distinta: “Llevamos año y medio haciendo las cosas mal y parece que nos ha ido bien”, ha ironizado.

En su artículo, Villarejo coloca en la misma posición a IU e ICV, con quien Podemos ha alcanzado un acuerdo para concurrir juntos tanto a las catalanas del 27S como a las generales y formación con la que el exfiscal simpatizaba antes de irse con los de Iglesias. “Desde 1978, los representantes políticos de IU e ICV-EUiA, han sido los únicos que, pese a su condición minoritaria, han mantenido un permanente esfuerzo en salvaguardar los elementos centrales de nuestra democracia”, sostiene Villarejo.

Podemos insiste en el 'no'

La dirección de Podemos ha justificado su pacto con ICV y no se plantea hacerlo con otras plataformas que han tendido la mano a la confluencia como Ahora en Común. “Cataluña is different”, respondió Iglesias la semana pasada. “Uniéndonos con otros la posibilidad de ganar está más cerca”, expresó este lunes.

El llamamiento a favor de la confluencia de Villarejo no es el único que se ha producido en Podemos ante la cercanía de las generales. Un buen número de dirigentes de la formación morada -entre ellos el diputado Isidro López o Emmanuel Rodríguez, que fue en las listas a la Comunidad de Madrid- secundó el manifiesto por la “unidad popular” que dio lugar a la plataforma Ahora en Común, a la que la dirección de Iglesias ha rechazado en numerosas ocasiones y con quien no ha abierto siquiera un canal oficial de comunicación: “Es extremadamente joven y no encaja con nuestro modelo de alianzas”, ha dicho el secretario de organización de Podemos, Sergio Pascual, este martes. Garzón ha dado su respaldo a esta posible candidatura. Iglesias acusó a IU de estar detrás de Ahora en Común y aseguró que Podemos sufría un “chantaje”.

No es la primera vez que Villarejo, pese a formar parte de uno de los órganos directivos de Podemos, difiere de las posiciones de Iglesias. El exfiscal apoyó candidaturas alternativas a las del sector oficial en la elección de la dirección de Podemos en Barcelona, pero el candidato apadrinado por el secretario general ganó con el apoyo del 59% de los votantes.

"Entiendo más que justificada la coalición electoral de Podemos e IU", dice Carlos Jiménez Villarejo, que es miembro del Consejo Ciudadano estatal de la formación de Pablo Iglesias

Desde la restauración de la democracia, plasmada en la Constitución de 1978, pensamos, como otros muchos, que vivimos en una “democracia de baja intensidad”. Sistema que aceptó -después de cuarenta años de dictadura- un sistema de partidos políticos carentes de regulación legal y de democracia interna y gobernados por unas élites que favorecieron el cientelismo y casi de inmediato la corrupción. Partidos, el PP y el PSOE, que solo muy limitadamente favorecieron la creación de una “sociedad democrática avanzada” que reclamaba la Constitución. En consecuencia, estamos muy lejos de que valores como la libertad y la igualdad sean “reales y efectivos”, lo que constituye una traición a la Constitución, hoy acentuada a causa de las políticas represivas y neoliberales del actual Gobierno.

Desde 1978, los representantes políticos de IU e ICV-EUiA, han sido los únicos que, pese a su condición minoritaria, han mantenido un permanente esfuerzo en salvaguardar los elementos centrales de nuestra democracia: los derechos, núcleo básico del sistema, como instrumentos de control del poder y la defensa de los derechos sociales frente al “fundamentalismo de mercado” impuesto por las oligarquías.

Los ejemplos de esta lucha serían inacabables. Desde el 'No' de ICV a la Ordenanza del Civismo del Ayuntamiento de Barcelona hasta las numerosas propuestas parlamentarias de IU-ICV en defensa de las víctimas de la dictadura, la exigencia de regular los lobbies, las propuestas contra la corrupción y, entre otras, la exigencia de “garantizar los derechos de los ciudadanos frente a la especulación urbanística”. Siempre, para procurar a los ciudadanos, pese a los errores que cometiesen, “una digna calidad de vida”, ilustrando una auténtica política de izquierdas.

Desde que Podemos se constituye como partido político en marzo de 2014 ha ido perfilando un Programa, primero para a las elecciones europeas y luego ha ido adaptándose a las sucesivas convocatorias electorales. Como eurodiputado y ahora miembro de Podemos, siempre he tenido la convicción de pertenecer a un partido de izquierda, eso sí, con ciertos perfiles diferenciados de la izquierda histórica. El 15-M y su desarrollo generó, entre otros movimientos sociales reivindicativos, el partido Podemos, creado para incidir activamente en nuestro régimen democrático.

Ciertamente, nace con voluntad de romper los esquemas tradicionales del sistema de partidos procedente de la Transición. Pretensión absolutamente legítima dado que el sistema democrático vigente sufría un cierto bloqueo a causa del bipartidismo. Desde su inicio, mas allá de su específico lenguaje, Podemos, es y será un partido de izquierdas, por sus cimientos ideológicos, sus objetivos de profunda renovación y sus métodos de actuación sobre bases sociales más amplias y participativas.

Basta recordar su Programa para las elecciones europeas, su integración, como IU, en el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, las iniciativas allí adoptadas en defensa del pueblo palestino ante las agresiones genocidas del Ejército israelí, la denuncia de la tortura aplicada en España y tantas otras. Además, en el ámbito de los derechos humanos, la denuncia, al igual que IU, de la política migratoria española y europea aplicada en Ceuta y Melilla. Y respecto al sistema capitalista, es constante en ambos la denuncia de la desigualdad económica y social como causa del paro, de la pobreza y, en definitiva, de la injusticia ya instituida en nuestra convivencia. Y, desde luego, las alegaciones contra la política como profesión y la temporalidad en los cargos públicos. Si es específico de Podemos la opción por la autofinanciación para no ser rehenes de las entidades financieras.

Ante esta realidad, entiendo más que justificada la coalición electoral de ambos partidos, por una evidente coincidencia, con todos sus matices, de una parte importante de sus programas y, finalmente, porque así lo exige la vigencia del actual sistema electoral. Ya lo analizaba brillantemente Alejando Ruiz-Huerta -sobreviviente de la masacre del despacho laboralista de Atocha-. El sistema electoral “provoca importantes distorsiones de la proporcionalidad, además de impedir el carácter igualitario del voto”. Ello, más la fórmula d’Hondt, “favorece a los partidos mas votados”. “Lo que refuerza el bipartidismo y margina a los partidos débiles”. Régimen que afecta negativamente a los partidos menores, por más que Podemos haya obtenido en las últimas elecciones unos estimables resultados. Ya es hora de entenderlo.

Es evidente que cada partido puede optar por concurrir conjuntamente o por separado a las elecciones generales, pero nuestra sociedad necesita una fuerza política sólida de izquierda, manteniendo como es obvio la identidad de cada partido, para avanzar hacia soluciones más justas tanto en el libre ejercicio de los derechos como en el reparto de la riqueza. La respuesta, antes que cualquier objetivo partidista, para beneficiar realmente a la ciudadanía, es la concordia y el acuerdo electoral.

El ex-fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo considera que la decisión de la juez Beatriz Balfagón de imputar el ex-presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, su esposa, Marta Ferrusola, y tres de sus hijos -Marta, Mireia y Pere- por delitos contra la hacienda pública y blanqueo de dinero “es tardía pero absolutamente indispensable”. Jiménez Villarejo considera que “es una diligencia necesaria para avanzar en la investigación y conocer dónde está oculta la fortuna, su origen y cómo se llegó a acumular un patrimonio tan desorbitado”.

Jiménez Villarejo es uno de los artífices de la querella que presentaron conjuntamente Podemos y Guanyem Barcelona, contra Jordi Pujol, su esposa, sus siete hijos y cinco personas más, después de que el ex-presidente confesara que había mantenido dinero escondido en el extranjero desde el año 1980. El auto de la titular del juzgado de instrucción número 31 no es una respuesta, sin embargo, a esta querella sino a la que presentó, con antelación, Manos Limpias. De hecho, la querella impulsada por Podemos y Guanyem Barcelona está parada ya que la Fiscalía de Barcelona pidió que se sumara a la de Manos Limpias, lo que rechazan los primeros y está pendiente aún de la decisión de la juez.

La responsable del juzgado de instrucción 31 considera inútil, por ahora, la insistencia en conseguir más información de las operaciones financieras realizadas por la familia Pujol en Suiza, porque, según se lee en su auto “no es posible cumplimentar las exigencias de las autoridades judiciales suizas para reiterar la Comisión Rogatoria librada en su día”. En cambio, sí que renueva las peticiones formuladas a Andorra “después de cumplir las especificaciones solicitadas por las autoridades competentes de este país” y crea una nueva para pedir en Liechtenstein información sobre el procedimiento abierto por la Justicia de este país contra Jordi Pujol Soley por blanqueo de dinero.

Esta imputación del ex-presidente en el pequeño país centro-europeo es todo un misterio, ya que quien hacía negocios allí es su hijo Jordi Pujol Ferrusola, pero Interpol-Vaduz ha confirmado que la persona investigada nació el 9 de junio de 1930, fecha de nacimiento de Jordi Pujol Soley. En el banco LGT de Liechtenstein, Artur Mas Barnet tuvo dinero escondido desde 1984, en una cuenta de la que eran beneficiarios su mujer e hijos, entre los que se encuentra el actual presidente de la Generalitat. En 2008, Artur Mas Barnet regularizó ese dinero, evaluado en unos dos millones de euros, y el juez Santiago Pedraz consideró que si había habido algún delito fiscal, ya había prescrito.

Carlos Jiménez Villarejo considera “preocupante” que tanto las autoridades suizas como las andorranas “no hayan informado a las españolas que una persona de relevancia pública evidente, como Jordi Pujol, estaba o, más bien, está actuando en estos países”, incumpliendo las normas del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) sobre el blanqueo de capitales.

Habrá que ver si las informaciones pedidas en Liechtenstein llegan a manos de la juez Balfagón antes de que tome declaración a Jordi Pujol, Marta Ferrusola y sus tres hijos ahora imputados, uno tras otro, en intervalos de media hora, el próximo 27 de enero.

Podemos representa ya la esperanza de una ciudadanía decepcionada y defraudada que aspira, después de decenios de privaciones y de engaños, a disfrutar de "una digna calidad de vida" en el marco de una olvidada "sociedad democrática avanzada"

Partimos de una constatación cotidiana. El abuso del poder económico y la subordinación al mismo de los poderes políticos es manifiestamente contrario a la Constitución. Es la realidad española. La definición constitucional del Estado como “social” obliga a entender que el reconocimiento de la “economía de mercado” y la “libertad de empresa” está complementado con previsiones en orden a garantizar no sólo las obligaciones propias de un Estado prestacional, sino la posibilidad “de transitar a formar superiores de solidaridad y convivencia” para realizar el valor constitucional de la “justicia”. Valor pendiente de su plena realización, precisamente por el dominio casi absoluto de la lógica del beneficio, sacrificándose sin escrúpulos derechos y valores democráticos.

Ello obliga, frente a dichos abusos, a garantizar un marco de garantías tendentes a prevenirlos e impedirlos. Es lo que se ha llamado estrategia en orden a reducir la vulnerabilidad de las instituciones públicas o privadas favoreciendo la detección y la neutralización de dichos abusos. Estrategias que todos los analistas centran, entre otras exigencias, en el efectivo funcionamiento de los mecanismos públicos de control interno y en una reglamentación rigurosa de la actividad económica que evite el dominio monopolístico del mercado y asegure la protección de los derechos sociales de los ciudadanos.

En efecto, la Constitución de 1978 establece un determinado modelo de “orden socioeconómico”, el comprendido bajo el concepto, con origen en la Constitución de Weimar, de Constitución económica y que ya asumió el Tribunal Constitucional (TC 1/82), al decir: “En la Constitución española de 1978, a diferencia de lo que solía ocurrir con las Constituciones liberales del siglo XIX, y de forma semejante a lo que sucede en las más recientes Constituciones europeas, existen varias normas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica; el conjunto de todas ellas compone lo que suele denominarse la Constitución económica formal. Este marco implica la existencia de unos principios básicos del orden económico que han de aplicarse con carácter unitario, unicidad ésta reiteradamente exigida por la Constitución, cuyo Preámbulo garantiza la existencia de 'un orden económico y social justo”. Criterio que define la línea de un “orden socioeconómico”, característico del Estado social de Derecho, en el que, por tanto, el reconocimiento de “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” (art. 38 CE.) está sujeto a un amplio conjunto de prescripciones constitucionales, como la función social de la propiedad privada (art. 33.2) que, como acertadamente mantuvo Diez Picazo, no sólo “preserva a la propiedad en un sistema económico que continúa siendo capitalista” sino que “origina deberes para el propietario en función de intereses distintos y del interés público general” ( STC 37/87), un sistema tributario justo (Art. 31), la subordinación de toda la riqueza del país al interés general (art. 128.1), la planificación de la actividad económica para atender a las necesidades colectivas, equilibrarlas y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el conjunto de la renta y de la riqueza y su más justa distribución (art. 131.1) y, finalmente, por imperativo del artículo 9.2, el compromiso de los poderes públicos de promover la efectiva y real igualdad y libertades de los ciudadanos mediante la remoción de los obstáculos que se opongan a ello. Con ello la Constitución define un sistema social y económico, esencialmente dinámico,en el que los Poderes Públicos deben promover, garantizar y asegurar los derechos económicos, sociales y culturales.

Desde este marco fundamental, podría sostenerse que el sistema está configurado por la libertad económica, cuyo núcleo es la empresa y el mercado (art. 38), completado por una ordenación de la actividad económica por los poderes públicos con el fin de “promover el progreso... de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida” (Preámbulo de la Constitución) que se concreta en los artículos 40, 45, 50, 54, 130, 131, etc., preceptos que no persiguen otra cosa sino equilibrar el desarrollo económico de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos.

Las positivas expectativas de Podemos en todos los encuestas está originando en los partidos tradicionales, particularmente el PP y el PSOE, una desorientación preocupante. Pero es mas grave aún que los llamados analistas políticos estén dominados por una ola de indignación contra la irrupción de Podemos en el panorama político. Lo que, en ocasiones, les lleva a descalificaciones y hasta imprecaciones infundadas e injustas. ¿Por qué no leen las resoluciones aprobadas en la reciente Asamblea Ciudadana? (Auditoria y reestructuración de la deuda:una propuesta para Podemos, por ejemplo). Porque de su lectura no se desprende ni populismo ni catastrofismo ni las infinitas desgracias que se les atribuyen.

Son, sencillamente, propuestas desde un partido que apenas ha cumplido ocho meses y con una perspectiva aún remota de elecciones generales. Por tanto, es razonable que, posiblemente, no precise con toda exactitud dichas propuestas. Pero es infinitamente más grave que partidos que, de una forma u otra, llevan participando en los poderes públicos desde 1977 hayan conducido a nuestro país, con alianzas expresas o tácitas, a un modelo político corrupto y un modelo económico fundado sobre el beneficio de la casta gobernante. Los resultados están a la vista y los describen dichas resoluciones: cierre de empresas, paro, especialmente juvenil, pobreza, sobre todo infantil, pérdida de prestaciones sociales, régimen laboral anticonstitucional, drástica reducción de derechos a la sanidad y la educación,etc. ¿Cómo se atreven a dudar y, sin más, rechazar las propuestas de Podemos que pretenden, frente a lo que esos partidos han hecho, “blindar incondicionalmente los derechos, libertades y conquistas sociales democráticas”? Y, para caminar hacia una “una sociedad más justa y más decente, una economía al servicio de todas las personas”, plantea, entre otras muchas medidas, auditar la deuda, particularmente la pública. ¿Para qué?. “Para discernir qué deudas pueden considerarse ilegítimas”, para comprobar si la deuda “fue contraída en contra del interés general porque los recursos financieros que se obtuvieron se dedicaron a salvaguardar los privilegios de los grupos de poder, en lugar de destinarse a la satisfacción y protección de los derechos básicos reconocidos en la Constitución”.

Podemos representa ya la esperanza de una ciudadanía decepcionada y defraudada –que se lo pregunten a los ciudadanos catalanes– que aspira, después de decenios de privaciones y de engaños, a disfrutar de “una digna calidad de vida” en el marco de una olvidada “sociedad democrática avanzada”. Podemos está en camino, con firmeza y prudencia, hacia ese futuro frente a la actual indecencia y consecuente decadencia económica y política.

La brigada de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional destinada a investigar la fortuna oculta de la família Pujol-Ferrusola, en particular del primogènit de l'expresident de la Generalitat, Jordi, ha decidit investigar l'origen dels fons amb els que l'actual conseller d'Empresa, Felip Puig, va adquirir la seva casa a la localitat catalana de Bellver de Cerdanya, i amb els que va finançar la seva reforma.Fonts de la investigació precisen que la investigació sobre Puig no és en absolut un símptoma que s'hagi obert la veda per investigar els principals dirigents nacionalistes a escassos mesos del desafiament sobiranista plantejat per l'actual president de la Generalitat i dofí de Jordi Pujol, Artur Mas, per al pròxim 9 de novembre, sigui en forma de referèndum o d'eleccions plebiscitàries.

Segons les mateixes fonts, Puig constitueix un cas particular per l'estreta relació que sempre ha mantingut amb Jordi Pujol Ferrusola. De fet, Puig i Pujol Ferrusola són literalment companys de pupitre. Van coincidir a l'escola Costa Llobera, on van entaular una amistat que s'ha perpetuat fins ara. Van ser companys de correries. Durant la seva adolescència, tots dos van integrar el grup fundacional de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), les joventuts de CDC.

Quan el 1993, Jordi Pujol Ferrusola va decidir abandonar la primera línia de la política després de resultar derrotat en el congrés de Convergència per Miquel Roca, Puig es va convertir en secretari general del Departament de Benestar Social i en secretari d'organització de CDC. Des de llavors, se li considera l'home de Jordi Pujol Ferrusola en el Govern de la Generalitat.

El conseller Felip Puig. / EFE

La UDEF està investigant si Jordi Pujol Ferrusola es va beneficiar de comissions il·legals per adjudicacions d'obres de la Generalitat. Puig va tenir potestat per concedir adjudicacions des de la seva incorporació al Govern. Com a secretari general de Benestar Social, presidia l'empresa de promoció d'habitatges de protecció social Adigsa. I també des del primer moment les adjudicacions de Puig han estat sota sospita. De fet, el 2004, quan l'expresident Maragall va acusar CDC de cobrar un 3% per totes les seves obres públiques, l'empresari Juan Antonio Salguero va declarar a la Fiscalia que pagava comissions per les adjudicacions d'Adigsa.

Puig i Pujol Ferrusola mai han trencat la seva relació. Durant anys, el germà petit del conseller, Jordi Puig i Godes, va ser empleat i soci de Jordi Pujol Ferrusola al despatx de broker que el fill gran de l'expresident tenia al carrer de Tuset de Barcelona. I va participar en alguns dels negocis que Pujol Ferrusola va desenvolupar a Panamà.

En l'últim Govern de Jordi Pujol, Puig va ocupar la cartera d'Obres Públiques. Aquesta va ser la conselleria que va atorgar les principals adjudicacions al grup constructor Ferrovial i que constitueixen el gruix del cas Palau de la Música, pel qual CDC és responsable civil com a beneficiari de 14 milions d'euros de l'espoli que van dur a terme Fèlix Millet i Jordi Montull. La institució musical, segons les investigacions, va ser l'instrument que Millet i Montull van posar al servei de Convergència per cobrar el 4% de les adjudicacions en concepte de comissió.

No obstant, Puig mai va ser citat a declarar ni com a testimoni ni com a imputat durant la instrucció del cas Palau. Una cosa que va sorprendre a propis i estranys i que només s'explica a la llum de les últimes declaracions de l'exfiscal Carlos Jiménez Villarejo.