La vicepresidencia para la reconstrucción del Gobierno valenciano, uno de los buques insignia de Carlos Mazón en la remodelación de su Ejecutivo tras la DANA, apenas tendrá presupuesto en 2025. El proyecto de cuentas públicas que se ha presentado este jueves apenas recoge 14 millones de euros para el departamento que dirige Francisco José Gan Pampols, fichaje estrella de Mazón y encargado de pilotar la reconstrucción de las comarcas valencianas afectadas por la riada del pasado 29 de octubre.

Para tratar de superar la crisis de gobierno y mantenerse en el cargo Mazón diseñó un Ejecutivo con una vicepresidencia específica para coordinar todas las acciones para la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana. Este departamento, encabezado por el teniente general retirado, ha provocado desde el primer momento los celos de la ultraderecha, que atiza a Gan Pampols sistemáticamente y le ha llegado a acusar de ser “un infiltrado” al servicio del “traidor de Pedro Sánchez”.

La vicepresidencia segunda fue creada sin apenas estructura, comparte funcionarios con otros departamentos, y ahora, como se ve en el proyecto de presupuestos, apenas tiene fondos con los que operar. La formación de Santiago Abascal ha exigido participar del reparto de recursos de la reconstrucción para apoyar las cuentas de Carlos Mazón y dar oxígeno al presidente, al que mantiene al frente del Ejecutivo autonómico con sus votos.

La vicepresidencia de Pampols tiene como objetivo principal coordinar las tareas de reconstrucción. Es este el objetivo al que se alude constantemente cuando se pregunta por sus acciones o por su –falta de– recursos. El vicepresidente segundo ya ha adjudicado por dos millones de euros a dedo la elaboración del plan a la consultora PwC, que ha introducido a sus asesores en el departamento de Pampols, y abogó porque todos los grupos parlamentarios participaran de este trabajo. Vox parece haberse tomado al pie de la letra esta invitación, forzando a Mazón a hacerlo partícipe del mismo. Las exigencias de la ultraderecha se plasman en el siguiente texto: “Vox participará directamente con la Generalidad (sic) en el plan de distribución de recursos para la reconstrucción tras la gota fría. Trabajaremos en un plan conjunto de reconstrucción y protección de la comunidad para relanzar la región, ayudar a rehacer sus vidas a todos los afectados y evitar o paliar los efectos de nuevas catástrofes naturales”.

El proyecto presupuestario que se prevé el salvavidas de Mazón cuenta con 32.000 millones de euros. Lo adjudicado a Gan Pampols no llega al 0,1% del total, como se refleja en los informes que acompañan al proyecto legislativo. De los 14 millones previstos, 5 son para personal y 7 para gastos de funcionamiento o compra de bienes, así como 300.000 euros para inversiones. Según el presupuesto, se trata de dos actuaciones de reparación de edificios.

Estos números cuentan con el extra de complejidad de introducir el crédito extraordinario de la DANA, que hace crecer el presupuesto y altera la comparativa de las cuentas. El pasado 11 de marzo el Consell aprobó un decreto ley por el que se concede un crédito extraordinario por valor de 2.364 millones de euros, en el presupuesto de 2025 de la Generalitat, para sufragar las medidas de respuesta inmediata y recuperación adoptadas desde el pasado 29 de octubre, para hacer frente a los gastos derivados de la riada. Se trata de un crédito autorizado por el Gobierno central. Es a estos millones a los que se alude como parte de los fondos que coordinará el vicepresidente.

El informe referido al 'presupuesto DANA' tampoco deja en buen lugar la política de reconstrucción de Mazón respecto a su fichaje. Según el cálculo de la Generalitat, el departamento contará con 4.570.000 euros, el 0,2% del total del crédito extraordinario para paliar las consecuencias de la riada. Sin embargo, Gan Pampols podría emplear una parte de los recursos de la partida de gastos diversos, un cajón de sastre de un total de 908 millones, que crece 600 millones respecto al año anterior. En el informe sobre recursos de la DANA, son estos 600 millones de gastos diversos los que aparecen para este fin, un 25% del presupuesto DANA, por encima del que tiene la Conselleria de Infraestructuras, con 494 millones. A priori, Pampols coordinará los recursos, pero, a juzgar por las cuentas presentadas el jueves, no tendrá plena autonomía para gestionar.

El 8 de novembre passat la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública va publicar una resolució en què figurava la retallada pressupostària immediata de més de 14 milions d’euros que afectarà l’atenció de 9.300 persones amb discapacitat intel·lectual presents en la Federació d’Entitats d’Atenció a la Discapacitat de la Comunitat Valenciana (FEADCV). Aquesta decisió es va executar sense informar prèviament l’organització afectada.

L’agrupació considera que la rebaixa pressupostària perjudica 131 organitzacions sense ànim de lucre que s’encarreguen de gestionar centres d’atenció i serveis per a aquest col·lectiu. Juntament amb això, aquesta mesura condicionaria la continuïtat laboral de 3.700 treballadors del sector, entre els quals hi ha psicòlegs, cuidadors, personal de neteja i de cuina.

Alguns socis de la federació han hagut de recórrer a crèdits amb la finalitat d’autofinançar-se després de la ruptura del concert establit per la Generalitat Valenciana amb una validesa de l’1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 2026. El pacte es va formalitzar el dia 17 de novembre de 2022 amb l’anterior Govern valencià del Pacte del Botànic“.

El finançament, calculat amb exactitud per a cada centre, es va comunicar per part de la Conselleria d’Igualtat. La FEADCV es va quedar a l’espera de la signatura de la institució, que es va anar retardant amb l’entrada del nou Govern autonòmic encapçalat per Carlos Mazón.

M.S, mare d’un adolescent amb discapacitat intel·lectual, explica que el centre a què acudeix el seu fill sol presentar falta de recursos, com ara material informàtic. “Hi ha tres ordinadors disponibles per a una vintena de xiquets i xiquetes”, declara. Igual li passa al germà de Natalia H., que a més afig que la falta d’educadors i pedagogs limita l’ensenyament íntegrament.

Fonts de FEADCV informen que el 20 de novembre passat es van reunir amb la conselleria i els diferents representants de patronal i sindicats per abordar el motiu de la retallada pressupostària i buscar una solució.

El Parlamento de Navarra ha completado este jueves, en el último pleno del año, el trámite de los presupuestos del 2023 que entrarán en vigor el próximo 1 de enero. Como era sabido, los siete parlamentarios de EH Bildu, en cumplimiento del acuerdo que la coalición abertzale firmó con el Gobierno de María Chivite a cambio de enmiendas por valor de 15 millones de euros, se han abstenido en la votación dando así luz verde a las cuentas. De igual manera, en las próximas horas permitirán que se apruebe el paquete de medidas fiscales que el Ejecutivo foral ha llevado a la Cámara. Chivite logra así completar la legislatura con todos los presupuestos aprobados, siendo el suyo un gobierno en minoría, merced a cuatro acuerdos con EH Bildu, quien se ha convertido en su socio prioritario.

La aprobación de los presupuestos, que también ha contado con el voto favorable del resto de grupos que sustentan el Gobierno -Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra- y el único voto en contra de Navarra Suma -coalición de UPN, PP y Ciudadanos- permite dotar al Ejecutivo de estabilidad al Gobierno, que afronta con estas cuentas su último año que estará marcado por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Además, se ha dado la aprobación de las medidas fiscales, no sin los reproches y la abstención de Bildu e Izquierda-Ezkerra, que entre otras cosas incluye una reducción extraordinaria del IRPF para las rentas inferiores a 35.000 euros o la subida del Impuesto de Patrimonio a los patrimonios superiores a tres millones de euros.

El debate ha comenzado con la intervención de Maria Jesús Valdemoros, la portavoz económica de Navarra Suma, que, mediante un voto “rotundamente negativo”, ha comentado la coyuntura “favorable” con la que ha contado el gobierno de Chivite durante estos dos últimos años de la legislatura. Aún así, ha exhibido diferentes datos y rankings, mostrando cómo Navarra ha pasado, en palabras de la parlamentaria, de ser “la primera comunidad autónoma con menos paro, a ser la sexta a nivel nacional”, para terminar concluyendo que María Chivite ha realizado “una mala gestión”. De igual manera, la parlamentaria regionalista ha sido muy crítica con la cerrazón que, a su parecer, ha mostrado el ejecutivo navarro, y para ello ha tirado de hemeroteca, para mostrar las quejas, “el comportamiento infantil”, que la propia Chivite denunció durante los debates presupuestarios del gobierno de Barkos. Finalmente, desde Navarra Suma han querido hacer una lectura en clave nacional de los acuerdos que el Gobierno de Navarra ha cerrado con EH Bildu, censurando que una Chivite “amordazada desde Ferraz” haya accedido a hacer de Navarra el “campo de prueba” para los acuerdos con Bildu que quieren llevar a cabo desde Madrid.

El parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, no ha tardado en contestar desde la tribuna que “para negociar, hay que sentarse”, algo de lo que en Navarra Suma, ha proseguido, “adolecen”. El socialista también ha tirado de hemeroteca, ya que ha ido señalando, uno a uno, los recortes presupuestarios que realizó UPN durante sus dos últimas legislaturas, poniendo nombre y apellidos a los exconsejeros que, en algunos casos, estaban hoy sentados en la bancada de la derecha como parlamentarios. No se ha andado con medias tintas Alzórriz, que ha sido taxativo a la hora de rechazar “cualquier tipo de lecciones” de Navarra Suma, porque, tal y como ha sentenciado antes de bajarse de la tribuna, “este PSN ha venido para quedarse”. A la “alegría” que han mostrado los socialistas también se les ha sumado la que ha mostrado el orador de Geroa Bai, Mikel Asiain, que ha remarcado, durante todo su discurso, que estos serán “los octavos presupuestos de políticas acordadas”, incidiendo en el cambio que propició su propio grupo cuando llegó al poder en 2015. De estos presupuestos, en los que las consejerías de Geroa Bai contarán con 411 millones de euros, Asiain sólo ha destacado un punto negro: el recorte económico que sufrirá el servicio de atención LGTBI+ 'Kattalingune', por el que ha instado a Ramírez a atajar este problema para ofrecer un servicio “esencial” para muchas personas.

Lo primero que ha comentado Laura Aznal, parlamentaria de EH Bildu, ha sido la “satisfacción” que sienten desde su partido por el “cuarto acuerdo presupuestario” que han firmado con el Gobierno, con unas enmiendas por valor de 15 millones de euros y que, ha advertido, estarán “muy pendientes” de que se cumplan y se ejecuten “debidamente”. “Acordar para seguir avanzando” es lo que han hecho desde EH Bildu, en palabras de la propia Aznal, pero sin perder de vista que hay puntos en donde discrepan las dos partes: sobre todo en materias para fortalecer el sistema público con medidas de carácter estructural, para la que Aznal ha tildado esta legislatura como “perdida”, en esta cuestión.

Tanto Podemos, con Mikel Buil a la cabeza, como Izquierda-Ezkerra, con representación de Marisa de Simón, han mostrado igualmente su “alegría” y su “satisfacción” por unos presupuestos que ambos han votado a favor. No se han parado a debatir los presupuestos, han preferido contar cómo gestionarán o en qué se beneficiarán las partidas que han sacado adelante mediante enmiendas, en el caso de los morados, y, en el caso de los segundos, a realizar un pequeño esbozo del contexto socioeconómico actual para justificar un voto en verde, “pero consciente, en cualquier caso”.

Nuevo récord de gasto

Por cuarto año consecutivo, el Gobierno de Navarra ha incrementado el techo de gasto en las cuentas, que en 2023 alcanzará los 5.215 millones de euros. Este dato refleja un incremento del 9,4%, es decir, 449 millones más, con respecto al presupuesto aprobado en el 2022 y continúa con la política expansiva del Ejecutivo foral.

Las cuentas incluyeron ya en origen medidas acordadas con EH Bildu, quien como parte del acuerdo reclamó que se recogieran algunas de sus reclamaciones en el texto original antes de que pasara por el debate en comisión parlamentaria. Así, entre las partidas de la coalición abertzale que sumaron un montante total de 15 millones de euros destacan la contratación de profesionales de Enfermería, Psicología, Fisioterapia y otros facultativos en las áreas de salud de Pamplona, Tudela y Estella; la creación de una empresa pública de ambulancias; ayudas para la enseñanza del euskera a personas mayores; o ayudas a distintos ayuntamientos de la comunidad foral.

En el mismo acuerdo con EH Bildu se recogió que la coalición abertzale permitiría a su vez la aprobación del paquete de medidas fiscales a pesar de las diferencias en la negociación entre ambas partes, que también quedaron reflejadas en el acuerdo, como el hecho de que el ejecutivo no aceptase subir el impuesto de sociedades. A cambio sí se acordó aplicar una reducción extraordinaria del IRPF para las rentas inferiores a 35.000 euros, que las rentas más bajas quedaran exentas de hacer la declaración -a propuesta de Podemos- o una subida del Impuesto de Patrimonio a los patrimonios superiores a tres millones de euros.

Los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas por Extremadura han rechazado este jueves la enmienda a la totalidad de los presupuestos regionales para 2023 presentada conjuntamente por el PP y Ciudadanos, ya que la bajada de impuestos no es la situación para afrontar la situación creada por el alza de los precios.

En el turno de fijación de posiciones, la portavoz socialista, Lara Garlito, ha señalado que los presupuestos son “hijos de su tiempo” porque su objetivo es proteger a los más lo necesitan, familias, empresas y autónomas, con medidas para aliviar la inflación.

En este sentido, ha citado la universalidad de los comedores escolares, el transporte de autobús gratuito o la bajada de las tasas y los precios públicos. Y ha expuesto que el otro objetivo es avanzar en generar riqueza y empleo, con responsabilidad en el gasto y en la inversión.

También ha considerado que en la apuesta por la negociación también son unos presupuestos “hijos de su tiempo”, pero los firmantes de la enmienda no han entendido, en su opinión, que esta es una situación diferente, ya que viven en el año pasado y se han sentado a dialogar sin interés y con la premisa de “o bajan los impuestos o la nada”.

Garlito ha subrayado que la enmienda va contra “la gestión y el legado” del Gobierno del PP, cuando se subieron más de 50 impuestos, se recortó en profesores y se cerraron urgencias, y ahora hablan de educación y sanidad, “un poquito de dignidad”, ha exclamado. A su juicio, la enmienda es de “un individualismo ramplón” que atenta contra los proyectos comunes, por los que apuestan los socialistas, con sistemas públicos de calidad.

La diputada del PSOE ha asegurado que la rebaja del IRPF que se plantea beneficia menos a los que menos tienen y les ha pedido que “digan la verdad: esta propuesta son 300 euros, pero si tienen que operarse de apendicitis paguen 9.000 euros”. En su opinión, su modelo “ha fracasado y se están quedando solos”.

El diputado Francisco Macías ha destacado la disposición al diálogo que ha tenido este año el PSOE en materia presupuestaria y ha opinado que la solución a los problemas de Extremadura no es la bajada de impuestos, que ha calificado de “disparate”. A su juicio, no hay margen para rebajas masivas ni políticas neoliberales porque las cosas se van a poner más difíciles.

Macías ha considerado que es imposible “tomar en serio” las propuestas del PP porque no son coherentes con los principios que han defendiendo durante décadas, ni con lo que han anunciado hace un mes, ni por la situación mundial. Ha criticado que el PP no diga nada de subida de sueldos o que les parezca “electoralista” el incremento de las pensiones, que supondrá 77 euros más al mes en Extremadura.

El parlamentario de Unidas, que ha criticado la generalizada subida de impuestos que hizo el Gobierno del PP y la amnistía fiscal, ha centrado su intervención en el contexto internacional. Macías ha dicho que el fin de la era de los combustibles baratos y abundantes ha provocado la inflación y que la guerra ha exacerbado sus efectos. Y además de la crisis energética hay otra alimentaria que está afectando a África o a Irán “que nos afectará”, ha pronosticado. 

La CUP ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad pero que quiere seguir negociando los Presupuestos catalanes con el Govern. Si el resto de formaciones hiciesen lo mismo, esto es, negarse a que se tramiten las cuentas, ni ellos ni nadie podría seguir negociando porque no habría cuentas sobre las que discutir. Es una obviedad aunque con tanto funambulismo político no está de más recordarlo. 

Los cupaires están en su derecho a rechazar la ley, incluso tratándose de unas cuentas expansivas cuya alternativa sería prorrogar las anteriores y renunciar a un incremento de inversión imprescindible para paliar los efectos de la crisis. La enmienda a la totalidad ha sido avalada por un 63% de los participantes en sus asambleas. Lo que suena a tomadura de pelo es que añadan que, pese a su negativa a dejar que se tramiten los Presupuestos, su voluntad es proseguir en las negociaciones. 

Los cupaires se quejan de que el Govern haya apostado por “la normalización de las relaciones con el Estado”. Puede no gustarles pero ERC tanto en la campaña electoral como en el debate de investidura ofreció pistas sobradas de que su estrategia pasaba por la mesa de diálogo y aun así votaron a Pere Aragonès. Lamentan también las “políticas sociales sociovergentes” y echan de menos más medidas en materia de vivienda o sanidad. Pero alguna debe haber puesto que tres de cada cuatro euros se destinarán a políticas sociales. ¿Insuficientes? Seguro, pero la prórroga no debería ser la alternativa.

La CUP puede permitirse la enmienda a la totalidad porque sabe que el PSC o los comuns han expresado su voluntad de arrimar el hombro para no dejar a Catalunya sin Presupuestos. En ERC insisten en que pese al portazo de los cupaires, no quieren darlos por perdidos. Tener que aprobar las cuentas gracias a Salvador Illa o los comuns (después de que los republicanos se nieguen a ayudar a Ada Colau a tramitar las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona) juega en contra de su estrategia porque demuestra la fragilidad de la mayoría independentista. ¿Si no son capaces de aprobar la ley más importante del año, qué se puede esperar del resto de medidas?

La política es negociación y transaccionar. Lo es entre gobierno y oposición y también entre socios. La convivencia entre ERC y Junts es más que complicada y solo la Moreneta sabe cómo es posible que este Govern no haya implosionado ya. Pero, pese a las zancadillas, ambas fuerzas se han puesto de acuerdo para diseñar unos Presupuestos expansivos, con 5.600 millones más, en gran parte gracias a la llegada de los fondos europeos. Un 67% del total va directamente para Salud, Educación y Derechos Sociales. No parece que un partido que se define de izquierdas pueda rechazar de entrada este porcentaje, pero es lo que ha pasado con la decisión de los militantes de la CUP.

Si al final los cupaires deciden retirar la enmienda a la totalidad habrán conseguido una vez más llevar al límite una negociación. No es la primera vez y no son los únicos. Saben que Catalunya tendrá Presupuestos, con ellos o sin ellos. Lo sabe también ERC, por más que se niegue a coger el salvavidas que le ofrece Illa o que haga enfadar a los comuns con su estrategia al otro lado de la plaza Sant Jaume. ¡Qué sería de la política catalana sin tanto teatro del malo! 

El ple municipal de Mislata va aprovar aquest dijous els pressupostos per a 2019 amb el vot unànime de totes les formacions: PSPV, PP, Compromís i Ciudadanos. Els comptes de l'executiu local de Carlos Fernández Bielsa ascendeixen per al pròxim exercici a més de 30 milions d'euros, la quantitat més alta dels últims 7 anys.

Des del govern municipal s'afirma que aquesta unanimitat s'ha aconseguida perquè es porten “diversos mesos treballant en idees que s'han vist reflectides en el pressupost per a 2019”, i que ara “permetrà realitzar noves inversions rebaixant al mateix temps la pressió fiscal”. Afigen també que amb aquest pressupost, el deute històric es reduirà un 10% més, i se situarà en 13,2 milions d'euros, “lluny dels 39,5 milions d'euros que va reflectir la auditoria de 2011”.

Per a la portaveu del govern socialista, María Luisa Martínez Mora, “la voluntat d'aquest govern ha sigut des del primer dia obrir els pressupostos al diàleg, intentar sumar suports i incloure propostes d'altres grups”.

Per la seua banda l'alcalde socialista González Bielsa assegura que es tracta de “un gran pressupost per a seguir fent polítiques per a les persones, polítiques socials que milloren la vida de la gent. Tornem a incrementar les partides en matèria cultural, esportives, educatives, més serveis per a joves i majors, apostem clarament per la igualtat, l'ocupació i el comerç de proximitat”.

El president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Enrique Soriano, ha comparegut aquest dilluns en les Corts Valencianes per a explicar el projecte de pressupostos per a l'òrgan gestor de la radiotelevisió pública À Punt.

La corporació demanda almenys 66 milions, un 0,3% del total dels pressupostos de la Generalitat, com marca la llei de creació de l'ens. Aqueix augment, segons Soriano, respon a necessitat de reforma de l'edifici de Burjassot, on es troben els estudis principals, i a les necessitats de cobertura almenys de tres processos electorals en 2019 (els comicis autonòmics, locals i europeus). Una línia que ha continuat la directora general de À Punt, Empar Marco, en la seua compareixença posterior en la mateixa comissió.

Tots dos responsables assenyalen que les infraestructures necessiten una millora; alguns estudis, ha explicat Soriano, tenen “problemes d'impermeabilitat”, la qual cosa posa en risc els equips, que també necessiten una renovació. Aquestes despeses, segons ha explicat Marco, rondarien els 5 milions d'euros només en reparacions, entre les quals hi ha goteres i el sistema elèctric.

La directora general de À Punt, Empar Marco, ha seguit en la seua compareixença la línia de Soriano en demandar més inversions. “Estem en procés de consolidació”, ha explicat la directora sobre el pressupost, que vol augmentar per a no frenar la línia de creixement.

Si el pressupost total que es reclama és de prop de 66 milions d'euros, el de la Societat Anònima que gestiona la radiotelevisió és de 52 milions. Aplicant la forqueta mínima prevista en la llei, a la televisió pública li correspondrien 59 milions d'euros dels pressupostos autonòmics.“Demanem el necessari per a fer el projecte (...) Ho demanem per a consolidar inversions. El sector ho reclama”, ha asseverat Marco, que ha indicat que complir amb les inversions previstes en el contracte programa dependrà dels recursos finals que tinguen, i ha explicat que si no es pot complir, es reduirà de forma proporcional i sense acomiadaments.

Si els diputats aproven el projecte que planteja la direcció d'À Punt, l'ens pretén invertir 22 milions d'euros en producció pròpia de continguts. D'ells, segons ha desgranat Marco, 2 milions serien per a doblatge de pel·lícules i sèries, 5 per a produccions d'entreteniment, 6 per a programes culturals i de divulgació i 4 per a producció de ficció, entre altres qüestions.

La directora general ha aprofundit en la necessitat d'un extra per a cobrir els processos electorals per al que necessiten un equip de suport i la compra de sistemes d'anàlisi de dades, encara que no ha detallat quant suposaria l'extra per a la programació electoral.

Actualment, l'augment de pressupost per a la radiotelevisió pública només compta amb el suport de Compromís. Els socialistes, segons ha explicat la seua diputada Rosa Peris, creuen que s'ha de “fer un esforç per a adaptar-se als 55 milions”, el pressupost actual, encara que han presentat una esmena a la llei d'acompanyament perquè no repercutisca negativament en la plantilla.

Marc Pallarés completa el Consell Rector

Marc Pallarés, exdiputat de Podem que va abandonar el Parlament autonòmic fa uns mesos, ha obtingut aquest dilluns el suport de la Cambra per a obtenir una plaça en el Consell Rector de la CVMC. Pallarés ha tingut el vot favorable de tots els grups excepte Ciutadans, que s'ha abstingut.

L'exdiputat cobreix la vacant que va deixar Vicent Vergara en el Consell Rector el passat mes de juny. Pallarés, preguntat sobre la seua vinculació política, ha explicat que no forma part de l'organització de cap partit -com marca l'apartat d'incompatibilitats-, ni és militant de Podem.

L'exparlamentari és doctor en Comunicació i Pedagogia i s'ha mostrat favorable que els costos de personal es moguen entre el 30% i el 37% del pressupost de la radiotelevisió valenciana.

El ple del Consell d'aquest dimecres ha aprovat el projecte de Llei de Pressupostos per al 2019, els últims de la legislatura i els primers que tenen tots els vots garantits abans de presentar-se. Després de signar l'acord amb Podem, que inclou 66 mesures per a blindar les polítiques socials, el conseller d'Hisenda i la vicepresidenta de l'Executiu, Vicent Soler i Mónica Oltra, han explicat, a grans trets, quins seran els objectius i la quantia prevista per a l'any vinent.

La idea dels tres socis del Botànic (PSPV, Compromís i Podem) és que aquests comptes, que arriben a 22.096 milions incloent-hi les empreses i entitats depenents de la Generalitat, suposen un impuls al teixit productiu autonòmic i senten les bases de la transformació del model productiu per a la pròxima legislatura. Un model que haurà de 'tirar' dels pilars de l'Estat de Benestar i aconseguir la recaptació suficient per a finançar la sanitat, l'educació i les polítiques socials públiques.

Com era previsible, donada la proximitat electoral, l'Executiu autonòmic ha augmentat la despesa i la inversió pública, incrementant el total del pressupost un 10% respecte al passat any. “És un pressupost 100% Botànic”, repeteixen els dirigents. La Generalitat Valenciana eleva la previsió de despesa no financera -despesa pública- per a 2019 un 9,9%, fins a 16.708 milions d'euros. És una bufada “d'aire keynesià” per a pal·liar el descens del creixement previst per a l'any que ve, ha explicat Vicent Soler.

La inversió en infraestructures per a serveis públics i economia productiva que preveu el Consell creix un 44% i se situa en 1.610 milions d'euros. En total, les inversions reals creixen un 25% respecte a l'últim any, un augment que suposa 645 milions d'euros. És el capítol que més creix en aquests comptes, principalment destinat a Sanitat i Habitatge, on es contempla la compra d'edificis per a destinar-los al lloguer social. A més, el pla estratègic de la indústria valenciana estarà dotat amb 35 milions d'euros.

Consolidació de les polítiques de benestar

Per conselleries, se situa al capdavant la Conselleria de Sanitat, amb 6.635,4 milions (un 3,1% més que l'any passat), seguida d'Educació, amb 5.121,6 milions (un 7,1%) i Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives, amb 1.528,2 milions (un 27,7% més). De fet, la conselleria de Mónica Oltra ha duplicat el seu pressupost en quatre anys.

Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori comptarà amb 516,8 milions (un 32,8% més), el departament que més augmenta el seu pressupost; Economia Sostenible compta amb 444,9 milions (un 13,7% més), Agricultura amb 404,3 milions (un increment del 14,3%), Justícia amb 364,5 milions (augmenta un 15,1%), Presidència amb 353,9 milions (suma un 14,2%), Hisenda amb 332,3 milions (+10%) i Transparència amb 51,9 milions (un 30% més).

El deute, la segona conselleria

El deute públic és un dels llastos amb els quals ha de carregar el Consell. Una “llosa”, ha preferit aquest dimecres Soler. El deute previst per a 2019 torna a augmentar i se situa com el segon departament en absorció de recursos. S'emporta de les arques públiques un 26% del total.

Ingressos en l'aire

Soler ha indicat que es tracta d'uns pressupostos “oberts” perquè es preveu una ampliació de crèdits si es confirma la flexibilització del dèficit fins al 0,3% del PIB -actualment les autonomies tenen un màxim del 0'1%-. Les previsions que maneja Hisenda són que en 2019 el PIB valencià creixerà 2,5 punts i es crearan 50.000 llocs de treball. En recaptació, el conseller ha inclòs més de 2.200 milions d'euros que responen a promeses i compromisos de l'Executiu de Pedro Sánchez amb el Govern valencià.

D'una banda, suma la despesa sanitària de l'atenció a persones procedents d'altres autonomies (344 milions d'euros acumulats), la revisió de l'IVA (250 milions d'euros), l'augment en el finançament de la dependència (303 milions d'euros) i altres ingressos com la venda d'actius de la SGR (uns 19 milions d'euros). A això cal afegir els 1.325 milions d'euros que corresponen al nou model de finançament, que no s'aprovarà aquesta legislatura.

Hisenda també preveu augmentar la recaptació en impostos directes, indirectes i taxes un 11% en relació a l'any anterior.

“No pot ser que davant la lleialtat de la Generalitat i de la Comunitat Valenciana la pedagogia aplicada pel senyor Rajoy, pel PP i pel Govern d'Espanya, amb el suport de Ciutadans, ens porte a una situació estructural d'infrainversió i infrafinançament, de discriminació activa i permament”.

Així de contundent s'ha mostrat aquest dimecres el president del Consell, Ximo Puig, en relació als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) presentats aquest dimarts pel ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, els quals, malgrat l'increment del 25% en les inversions, tornen a deixar els valencians els tercers per la cua en inversió per habitant, amb 149 euros, enfront de la mitjana espanyola que se situa en 217,5 euros.

Sobre aquest tema, Puig ha lamentat que Rajoy seguisca castigant els valencians malgrat l'aposta realitzada pel diàleg i la lleialtat institucional enfront de la via rupturista de Catalunya: “la via valenciana és la de l'acord i el diàleg, però tots els pressupostos del senyor Rajoy han seguit la mateixa tònica, amb una falta de sensibilitat difícil d'entendre, sobretot, per l'actitud dels valencians, que estem alçant la mà i dient que existeix el problema valencià i cal resoldre'l, però no estem en cap via de ruptura, sinó en tot el contrari; ajudar a resoldre els problemes dels valencians és ajudar a resoldre els problemes de tota Espanya”.

En aquest sentit, el president de l'executiu valencià ha xifrat en 2.650 milions d'euros el dèficit inversor de l'Estat a la Comunitat durant els set anys anys de Rajoy al capdavant del Govern, la qual cosa haguera suposat la creació de 31.000 ocupacions.

Puig ha destacat l'especial maltractament que els PGE suposen per a la província d'Alacant, ja que dels 334 milions d'euros en inversions que hauria de percebre de més la Comunitat per a estar en la mitjana espanyola, 271 correspondrien als alacantins.

A més, ha criticat que malgrat l'anunciat increment del 25% en matèria d'inversions, amb aquests comptes en el present exercici cada valencià estaria a una distància de 67 euros de la mitjana inversora per espanyol, un euro més lluny que els 66 euros de distància que hi havia en el passat exercici.

El president del Consell ha posat de manifest que quasi cap de les promeses del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, apareixen reflectides en els comptes: per exemple, ha citat la falta de dotacions pressupostàries per al Corredor Mediterrani entre València i Alacant, la doble plataforma entre Castelló i València, el soterrament de vies en l'accés al centre de València o l'escassa aportació a l'anunciat Pla de Rodalies.

A més, ha destacat la discriminació que suposa per als valencians l'absència de la subvenció per al transport públic metropolità de València que sí percebran Madrid, Barcelona o Canàries, alguna cosa que posa en relleu que enfront del principi d'igualtat que hauria de regir, “els valencians no tenen els mateixos drets que madrilenys, catalans o canaris”.

Finalment, Puig ha insistit en la necessitat d'aconseguir “un ampli consens” amb la finalitat de poder exigir, des de la “lleialtat reivindicativa”, una reforma del sistema de finançament autonòmic amb la finalitat de garantir l'estabilitat, la suficiència i l'equitat: “és alguna cosa que ha d'entrar defitivament en l'agenda del Govern”.

El pressupost per a les falles de 2018 dins de l'àmbit de la Junta Central Fallera (JCF) s'ha incrementat un 1,94% respecte a enguany i arriba als 7.108.119,72 euros.

El regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València i president de la JCF, Pere Fuset (Compromís), ha posat en valor aquest augment, que arriba després de la nova classificació de falles i l'augment dels premis consensuat amb els agents festius, i ha confirmat que conseqüentment estarà igualment complementat per un increment de la quantia total destinada a subvencions.

Així, les falles grans pujaran el seu pressupost fins als 5.380.839,81 euros, un 1,07 % més que en 2017, mentre que les falles infantils tindran un pressupost global de 1.727.279,91 euros, la qual cosa suposa un increment del 4,74% respecte al pressupost que han tingut en l'edició d'enguany.

Aquests augments, que comportaran l'increment del global de les subvencions municipals, arriben després de la nova classificació de les falles consensuada per Fuset amb representants del món faller i ratificada per l'assemblea de presidents abans de l'estiu.

“En 2018 tindrem una major quantitat de categories i l'augment de premis serà considerable, sobretot els que reconeixen l'enginy i la gràcia de les falles, una reivindicació històrica de la festa”, ha explicat Fuset.

En aquest sentit, les falles grans optaran a premis que s'incrementaran en 15.920 euros. Hi haurà un augment per a dotar els tres millors premis i els millors ninots de les seccions 3a C, 8a A, 8a B i 8a C i es creen els premis per a les falles que guanyen el segon i el tercer guardó d'enginy i gràcia en cadascuna de les seccions, amb una dotació total de 11.430 euros.

Pel que fa a les falles infantils hi haurà un increment de 960 euros del reconeixement econòmic per als tres millors premis de les seccions 19a, 20a, 21a i 22a i, complementàriament, es doten amb 3.994 euros els segons i els tercers premis d'enginy i gràcia de cadascuna de les seccions.

En total, entre grans i infantils, es preveu que la quantia de premis en metàl·lic s'incrementarà en uns 20.874 euros.

L'augment dels pressupostos destinats a la construcció de les falles comportarà igualment un augment de la quantia global de les ajudes concedides per l'Ajuntament de València a les comissions de la ciutat a les quals ajuda amb un 25% del total.

Un increment que se sumarà a altres ajudes, com les habituals subvencions destinades a il·luminació artística i les de recent creació orientades a la contractació de bandes de música i que l'any passat ja es van incrementar.

L'aliança de PP i Ciutadans ha tombat totes les esmenes de Compromís que exigien major inversió a la Comunitat Valenciana. Els grups de Mariano Rajoy i Albert Rivera han rebutjat les vuit esmenes parcials que ha presentat la formació de Joan Baldoví, el PSPV i Podem als Pressupostos Generals de l'Estat.

La Comunitat Valenciana és la segona on més baixen les inversions -cauen un 33%, aproximadament 300 milions d'euros menys que en 2016- i és l'autonomia que menys diners per habitant rep. A més, els Pressupostos obliden inversions clau com el Corredor Mediterrani, el soterrament de les vies de València, els rodalies d'Alacant, l'AVE entre Castelló i Tarragona, fons per al IVAM o per al Museu de Belles arts Sant Pío V. Els valencians rebran 119 euros per habitant, mentre que en comunitats com Castella i Lleó, els seus ciutadans rebran 405 euros de mitjana.

Compromís va presentar 8 esmenes per valor de 34 milions d'euros, la majoria transaccionades per Podem i vinculades a una major dotació d'infraestructures a la Comunitat Valenciana. El grup socialista, encapçalat per Ana Botella, exigia que la inversió per habitant fóra com a mínim de 270 euros (el doble de l'actual) i més de 130 milions d'euros per al Corredor Mediterrani. Unidos-Podemos demanava connexions de Xàtiva-Alcoi, prolongació del tren de la costa (Gandia-Dénia), l'electrificació de la línia C3, impuls del Corredor Mediterrani i del Corredor Cantàbric-Mediterrani, a més de dotació pressupostària per al Museu de Belles arts (Sant Pius V), el González Martí, el Palau dels Arts i el castell romà de Sagunt.

El portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha criticat que els diputats valencians del PP i de Ciutadans hagen votat en contra dels interessos del seu territori, ja que “aquests serveis són claus per al desenvolupament quotidià dels nostres pobles i representa una necessitat social i econòmica de primer ordre”.

Baldoví considera que aquesta inversió és justa i necessària, ja que “l'àrea Metropolitana de València concentra a més d'un milió i mitjà d'habitants, que generen cada dia quasi dos milions de desplaçaments en diferents mitjans de transport”.

El Govern del PP ha comptat amb el respatler de Ciutadans, PNB, UPN, Fòrum Astúries, Coalició Canària i Nova Canàries, la qual cosa sumen 176 diputats, majoria absoluta, superant els vots en contra del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís i Bildu als comptes.

Les inversions que cal vigilar no són les escasses que es plasmen en els Pressupostos Generals de l'Estat del govern de Mariano Rajoy, i les que cal fiscalitzar realment són les que faça el Consell de PSPV-Compromís.

El PP valencià fa un pas més a passar la pàgina de crítiques als comptes del PP Madrid (obligats des de Gènova) i han anunciat que el seu grup va a sol·licitar la creació d'una comissió de seguiment de la inversió territorialitzada del Consell, afirmant que l'executiu de Ximo Puig i Mónica Oltra, “predica el contrari del que fan. Es passen el dia reclamant inversions al mateix temps que abdiquen de les seues competències de manera irresponsable tal com demostra la baixa execució dels pressupostos de la Generalitat en matèria inversora o en àrees tan sensibles com la dependència”.

Així s'ha expressat el coordinador de Economia del grup popular, Rubén Ibáñez, qui ha explicat que l'objecte de la citada comissió és “conèixer la fotografia real de les inversions de la Generalitat, estimular el desenvolupament d'iniciatives i projectes i generar consensos per a millorar la capacitat del Consell a l'hora d'executar el seu pressupost sempre en benefici dels valencians”.

Ibáñez ha posat com a exemple que l'executiu autonòmic “solament va executar el 50% de les inversions previstes en 2016. El que es tradueix que Puig i Oltra han incomplit els seus compromisos en matèria inversora en l'exercici passat”. Així, ha incidit que en l'exercici 2016 hi havia un pressupost definitiu per al capítol VI d'inversions de 570,5 Milions d'euros del que s'han executat amb prou faenes 292,8 Milions d'euros.

“Si comparem l'execució de la inversió dels exercicis 2015 i 2016 a tancament de desembre podem observar que el grau d'execució en 2015 és més de 4 punts superior que en 2016. Així en 2015 el grau d'execució de les inversions a tancament de l'exercici és del 55,6% i en el 2016 és del 51,3%”, ha explicat.

“És una evidència que el Consell està donant l'esquena a les necessitats de les comarques de la Comunitat i que quan decideix la destinació de les seues minses inversions ho fa en funció d'interessos partidistes”.

Rubén Ibáñez considera que “el discurs victimista que Puig ha comprat a Oltra cau pel seu propi pes i xoca amb la dramàtica situació i el sectarisme amb que el tracten als municipis de la Comunitat. S'han situat en una posició que no se sosté i que gens té a veure amb la seua obligació de gestionar, sinó amb la necessitat que té Puig de sobreviure a Oltra i a la seua feblesa orgànica”.

El PP torna a desmarcar-se dels actes reivindicatius organitzats per a reclamar al govern de Mariano Rajoy un millor tracte en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2017, en aquesta ocasió han rebutjat participar en la convocatòria del 25 d'Abril, dia de les Corts Valencianes i de l'autogovern.

L'acte institucional oficial està convocat per a les 12 hores, cita a la qual sí acudirà el grup popular de les Corts. No obstant açò no ho faran a l'acte previ organitzat per la Presidència del parlament autonòmic, acte convocat a instàncies de la declaració institucional aprovada el passat 5 d'abril que sí va tindre el suport del PP.

Aquest desmarcatge és una altra de les conseqüències de l'estirada d'orelles propiciada des del PP de Madrid a Isabel Bonig per la seua adhesió al rebuig dels comptes generals. Així el argument del PP és que mantenen el suport a aquesta declaració institucional, però que no volen col·laborar a un “muntatge amb objectius partidistes”.

El que passa per l'únic ministre valencià en un govern de Mariano Rajoy i rellevat després de les últimes eleccions, José Manuel García Margallo, ha criticat els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017, especialment pel que fa a les inversions a la Comunitat Valenciana.

En una entrevista en la Cadena SER Margallo ha afirmat que “l'opció de retallades a la Comunitat Valenciana no s'entén”, apartant-se així de la teoria defensada pel mateix delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, qui afirmava que es produïa un increment en el pressupost d'inversions comparant-se amb l'executat en 2016.

L'ex ministre ha afirmat que “entenc quina és la situació dels grans números”, referint-se concretament a complir amb el dèficit marcat per Brussel·les. Afegia també que no es pot retallar en despeses socials, però no comparteix les retallades a la Comunitat Valenciana que es troba per sota de la mitjana inversora.

Les crítiques de José Manuel García Margallo abunden en les que ja va fer aquest dilluns en clau alacantina, província per la qual va encapçalar la llista electoral del PP. Així, com arrepleguen mitjans d'Alacant, l'ex ministre va criticar les retallades afirmant que és un tracte que “no és just ni raonable” i que li suposen “un profund disgust”. Abans de res açò afirmava que els comptes de Rajoy “cal esmenar-los amb caràcter urgent”.

D'altra banda Margallo ha insistit que el govern ha d'abordar “grans reformes” com la de les administracions públiques i del sistema tributari, incloent en aquest últim el del sistema de finançament de les comunitats autònomes.

El projecte de pressupostos d'Oriol Junqueras pel 2017 és inconstitucional perquè inclou una partida per sufragar el referèndum. Així ho ha dictaminat el Consell de Garanties Estatutàries per unanimitat davant la demanda dels grups de Ciutadans, PSC i PP, en un dictamen que serà registrat aquest divendres al Parlament i que significa un important revés al projecte legislatiu més important de la legislatura.

La llei econòmica que el vicepresident Junqueras va presentar davant la Cambra, i que la CUP s'ha compromès a donar-hi suport, inclou una disposició addicional que contempla 5,8 milions per a la celebració d'un referèndum. Aquesta previsió econòmica per una mesura de la qual no té reconegudes competències va portar als grups de l'oposició a reclamar el dictamen de l'òrgan consultiu.

Els grups de Ciutadans, PSC i PP també van qüestionar la provisió de 93,3 milions d'euros per a la creació de la Hisenda pròpia, inclosa en el projecte de llei i que doblava la quantia destinada en anys anteriors a la gestió d'impostos i tributs. La Generalitat sí que té competències, compartides, en aquesta matèria, però capítols com el cas Vidal han sembrat dubtes sobre l'actuació de la Generalitat en matèria de recaptació.

El dictamen que el Consell portarà al Parlament no és vinculant, de manera que la majoria independentistes podria seguir endavant amb la tramitació dels comptes. Els grups de JxSí i la CUP ja van arribar a un acord pel qual el projecte pressupostari aconseguia suports majoritaris a la Cambra. No obstant això, els grups també podrien pactar esmenes conjuntes per acomodar els comptes a la legalitat en el sentit que indica el Consell de Garanties. Això segon significaria que el referèndum, promès pel Govern, es quedaria sense dotació econòmica.

Sense pressupostos no hi ha referèndum, com si aquests calguessin per fer-lo. Hem donat la raó al govern. De nou, teníem l'oportunitat de capgirar la situació però aquesta vegada hem optat per no fer-ho

Finalment el sí a l'aprovació dels pressupostos s'ha imposat amb claredat al sí de la CUP Crida Constituent. La militància ha decidit i la qüestió és inapel·lable. La voluntat d'aquestes reflexions no és més que compartir la preocupació per les conseqüències de la decisió. La situació era enormement complexa i, malgrat ser fruit del xantatge convergent i la vergonyosa inhibició d'ERC, en aquest jardinet ens hi vam posar solets. Quan ens vam plantar davant el 'Mas o Març' vam errar en la sortida. La presidència alternativa a Mas havia de servir per moure el taulell, no per canviar un convergent per un altre. Malgrat tot, allò va fer palès que l'hegemonia convergent no tenia una salut de ferro, sinó que més aviat estava tocada.

El no als pressupostos del 2016 va permetre sacsejar el taulell i canviar el rumb de la partida. La celebració d'un referèndum d'autodeterminació, objecte de crítica ferotge i de mofa per a molts, s'ha acabat imposant com a l'única sortida a l'atzucac democràtic en el qual es troba el “procés”. La qüestió de confiança de Puigdemont, plantejada com un desafiament i una humiliació a la CUP, va tenir l'efecte contrari: el govern va assumir el referèndum i aquest ha passat a ser l'objectiu de la legislatura, un resultat que havia quedat enterbolit per una majoria no absoluta del 27-S de difícil interpretació. Malgrat tot, la qüestió dels pressupostos no estava resolta i el govern ha utilitzat el referèndum com a element de xantatge per assegurar la seva aprovació. Que el referèndum hagi estat moneda de canvi d'uns pressupostos autonòmics diu molt del compromís del govern i de la seva intenció de materialitzar-lo. De fet, les dues grans incògnites segueixen estant sobre la taula: com es farà un referèndum amb l'estat en contra sense repetir un 9N? En cas de guanyar el sí, com s'executarà el mandat? Ara com ara no hi ha respostes i, de fet, el més calent sembla encara a l'aigüera. A vuit mesos vista, això no hauria de ser preocupant, hauria de ser motiu d'alarma.

S'han dit moltes coses a favor i en contra dels pressupostos, però el cert és que el motiu per aprovar-los ha estat un: fer possible el referèndum i deixar sense excuses a Junts pel Sí per no fer-lo. Així s'ha traduït, de fet, en el propi anunci de la decisió: sí condicional (algun dia deixarem d'adjectivar les coses per autojustificar-nos...). A parer meu això planteja alguns errors de partida que no ens haurien d'haver passat per alt col·lectivament. El principal, que la decisió i la justificació accepten el marc imposat pel govern: sense pressupostos no hi ha referèndum, com si aquests calguessin per fer-lo. Hem donat la raó al govern. De nou, teníem l'oportunitat de capgirar la situació però aquesta vegada hem optat per no fer-ho.

El xantatge del govern podria haver tingut com a resposta el plantejament d'un repte polític que desbordés els termes en els quals s'havia plantejat. Calia trencar el seu marc polític i situar-los a ells en la disjuntiva real: només el president pot convocar eleccions; d'ell i de ningú més depèn signar el decret de convocatòria d'eleccions autonòmiques o, per contra, el de convocatòria del referèndum. I això no té, ni ha tingut mai, res a veure amb els pressupostos. El sí als comptes, però, renuncia a plantejar la qüestió en aquests termes i, de fet, dóna molt més oxigen al govern del què podria semblar a priori. El cert és que la celebració del referèndum no és cap condició per aprovar els pressupostos. En dues setmanes els comptes estaran aprovats i el referèndum no s'haurà ni convocat, ni per descomptat celebrat. Quina és exactament la condició? Cap ni una.

Amb els pressupostos aprovats el govern pot desplegar la seva agenda política sense problemes. Per a l'aprovació de lleis al Parlament ja ha demostrat en nombroses ocasions que no necessita per a res a la CUP, ans al contrari, se la treu de sobre. En qüestions de classe la geometria variable fa meravelles, com amb les votacions sobre Barcelona World o els concerts a l'Opus Dei. Davant d'això, quin element de pressió li queda a la CUP en l'àmbit parlamentari? Cap. Aquest és el principal error en clau independentista. Junts pel Sí té via lliure per governar el 2017 amb uns pressupostos ja concebuts per ser prorrogats l'any 2018, quelcom que reforça amb el caràcter de llei òmnibus que suposa la llei d'acompanyament. El govern ja no necessita per a res els 10 diputats de la CUP per estirar la legislatura fins a principis del 2019. Però si alguna cosa tenen clara és que no pensen assumir la culpa de tot. A partir d'aquí ja s'albira la nova pantalla: la data i la pregunta (déjà vu, oi?).

Al final, la renúncia ideològica i el sacrifici social esdevenen un harakiri polític per a l'Esquerra Independentista, i tot plegat per poc o res. Tant de bo m'equivoqui de dalt a baix, però ara per ara que ningú demani combregar amb rodes de molí. Com vam dir quan alguns van anar a suplicar un acord a l'estat, us esperem a l'andana.

El suport de la CUP als pressupostos deixa la legislatura catalana amb els mesos comptats. El dubte és com serà el seu final: mentre els independentistes redoblen la seva aposta pel referèndum de setembre, l'oposició dóna per descomptat el fracàs de la consulta i es prepara per a eleccions autonòmiques anticipades –serien les quartes en vuit anys. L'entorn d'Ada Colau ha criticat els comptes però ha evitat la contundència amb què el PSC i Ciutadans han augurat nous comicis. El paper dels 'comuns' en els propers mesos es preveu decisiu per saber quines urnes es posaran abans.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha estat l'encarregat d'agafar el guant pressupostari que li ha llançat la CUP. Per Puigdemont, el 'sí' cupaire als comptes fa entrar al procés sobiranista en la “recta final”. El seu vicepresident, Oriol Junqueras, ha reblat a través de Twitter: “Seguim i seguirem. Ara referèndum”.

De passada, el rumb cap al referèndum permet a l'Executiu posar espai a la crisi oberta per la declaracions (desmentides pel Govern) de l'exsenador d'ERC, Santiago Vidal, que va assegurar que la Generalitat ha obtingut il·legalment les dades fiscals dels catalans. Amb la decisió de la CUP, la pilota ara torna a estar a la teulada de l'Executiu per superar les complexitats logístiques per celebrar la consulta –que van des del cens a la participació dels funcionaris– i complir la promesa de “referèndum o referèndum” de Puigdemont.

En aquest sentit, el portaveu del secretariat de la CUP, Quim Arrufat, ha avisat que si no hi ha referèndum al setembre faran caure el Govern. Aquest extrem només es podria donar si la CUP acorda un candidat alternatiu per presidir la Generalitat juntament amb Ciutadans, PSC, CSQP i PP al Parlament o si, per iniciativa pròpia, Puigdemont convoca eleccions anticipades.

No obstant això, a la CUP són conscients que els deures sobre el referèndum no cal posar-se'ls tan sols al Govern. Políticament, la clau perquè el referèndum previst no sigui una repetició del 9-N no està tant en la mà dels independentistes, sinó segurament en el sobiranisme representat pel món dels 'comuns' d'Ada Colau. La “majoria constituent” encunyada per Arrufat en l'última conferència política de la CUP.

De moment, els 'comuns' segueixen sense sumar-se al pla del referèndum al setembre, i aquest dissabte han carregat amb duresa contra els comptes que s'aprovaran previsiblement el proper mes de març, ja que Ciutadans els portarà al Consell de Garanties Estatutàries.

“No són els pressupostos que es mereix el poble de Catalunya”, ha indicat en un apunt a Facebook el líder d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech. El líder dels 'comuns' ha instat a més al sobiranisme progressista –és a dir, a ERC i a la CUP– a “reflexionar sobre per què deixa governar a Convergència i imposar uns pressupostos amb importants mancances socials tenint majoria al Parlament”.

“Eleccions abans de l'estiu o a la tardor”

La resta de partits també ha sortit en tromba en contra dels comptes, però, a diferència dels 'comuns', ha previst eleccions anticipades en el curt termini i el fracàs del referèndum. Parafrasejant al president, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha augurat: “O eleccions abans de l'estiu o eleccions a la tardor”.

“Em sap greu desil·lusionar als nois de la CUP però ja es poden estalviar el vot favorable als pressupostos perquè no hi haurà referèndum”, ha indicat el cap de files del PP català, Xavier García Albiol. Des de Ciutadans, Carlos Carrizosa ha augurat que la decisió cupaire “perllonga una mica més la legislatura” abans d'unes altres eleccions, encara que amb l'“escull” de la repetició de la consulta del 9-N.

Precisament en deu dies començarà el judici contra Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega pel 9-N. El pas de l'independentisme pels tribunals durant els propers mesos (especialment el de Carme Forcadell), serà un altre dels punts que marcarà el temps de descompte de la legislatura catalana i que influirà en el seu desenllaç.

La CUP facilitarà l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2017 entre dures crítiques a la política econòmica del Govern. El suport dels cupaires als pressupostos té un únic motiu: el referèndum d'autodeterminació anunciat per Carles Puigdemont. “És un 'sí' condicional i amb data de caducitat”, ha afirmat el portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat, que ha afegit que els cupaires “retiraran el suport” al Govern si no hi ha referèndum al setembre.

El Consell Polític i el Grup d'Acció Parlamentària de la CUP, que agrupa la dotzena d'assemblees territorials i les organitzacions pròximes a la formació ha donat el 'sí' als comptes per 39 vots a favor, 22 en contra i dues abstencions, que es plasmaran en 2 vots a favor i 8 abstencions dels diputats de la CUP –el suport mínim necessari per aprovar els pressupostos.

Amb el seu ultimàtum amb el referèndum, els anticapitalistes busquen que la digestió del seu suport als comptes sigui menys pesada. Estiguessin per aprovar els comptes o rebutjar-los, tots els cupaires compartien que els pressupostos no els agradaven. La decisió doncs, s'ha pres més en termes tàctics de cara al referèndum que basant-se una coincidència ideològica amb els comptes.

“No donem el 'sí' perquè compartim el contingut social dels pressupostos sinó per deixar via lliure al referèndum i al procés constituent”, ha indicat Arrufat. Per la seva banda, la diputada Eulàlia Reguant ha carregat amb duresa contra els pressupostos i ha criticat al Govern que no hagi fet un “esforç redistributiu” per apujar els impostos a les rendes altes i millorar els ingressos.

Per amarrar un acord en fiscalitat, la CUP va arribar deixar triar al Govern pujar tan sols l'IRPF i deixar al marge de la reforma fiscal els impostos de Successions i Patrimoni. Però ni així va aconseguir que el PDECat es mogués de la seva línia vermella contrària a tocar els impostos.

“Totes les suposades cessions del Govern a la CUP responen a la desena extra de dèficit atorgada per Cristóbal Montoro”, s'ha encarregat de recordar Reguant, referint-se als 140 milions extra en Educació i als 45 en Renda Garantida de Ciutadania que el Govern va posar sobre la taula aquest dilluns.

Els anticapitalistes arribaven a aquesta cita decisiva pressionats per aprovar els comptes després de l'acord entre el Govern i els sindicats educatius, pel qual s'incorporaran al sistema 5.500 docents. A més, l'Executiu havia amenaçat de donar per tancada la legislatura i convocar eleccions anticipades si els assemblearis rebutjaven els comptes –com ja van fer amb els del 2016.

No es repetirà la història i l'Executiu de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras aconseguirà aprovar els seus primers pressupostos. Els números pel 2017 que avalarà la CUP, tot i l'augment de 1.170 milions de la despesa social, no reverteixen per complet les retallades d'Artur Mas. El pressupost en Sanitat, per exemple, és un 11% menor al de l'any 2010.

La CUP tornarà a centrar tots els focus de la política catalana aquest dissabte, quan anunciï el seu veredicte sobre els pressupostos. Les assemblees anticapitalistes debaten si donar suport o rebutjar uns comptes que, en qualsevol cas, no els agraden. La decisió es preveu molt ajustada, i és que el 'no' ha guanyat més partidaris dels que es preveia des que una àmplia majoria cupaire va permetre al novembre que els comptes es discutissin al Parlament. “Amb la CUP mai se sap”, assenyalaven des del Govern aquesta setmana.

L'última proposta de l'Executiu del passat dilluns ha deixat mal gust de boca entre els cupaires, especialment en el terreny de la fiscalitat. Un gest de l'Executiu en aquesta línia –per exemple una pujada d'IRPF a les rendes altes, tot i que comportés un augment ínfim de la recaptació– hauria aplanat definitivament el 'sí' als comptes.

El principal element de pressió a la CUP per avalar els comptes arribava aquest dimecres. Després d'un lustre de diàleg social trencat, el Govern i els sindicats de docents han pactat incorporar 5.500 mestres. Les paraules del portaveu del sindicat USTEC-STEs, Ramon Font, a la sortida de la reunió expliquen la rellevància de l'acord: “És la millor notícia que puc donar des que sóc sindicalista”. L'Executiu ha trigat poques hores a vincular el pacte amb els comptes. “És una bona base perquè els pressupostos tirin endavant”, ha afirmat la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz.

Des del Govern destaquen que, a més de l'acord educatiu, han accedit a les demandes cupaires en Renda Garantida de Ciutadania (RGC) creant un fons addicional de 45 milions. I per si fos poc, durant diversos mesos l'Executiu, en perfecta sincronia, ha repetit que un 'no' als comptes liquida la legislatura i precipita la convocatòria d'eleccions anticipades.

Encara que alguns cupaires ho veuen com un farol donades les nefastes enquestes per a l'antiga Convergència, el missatge governamental ha calat en part de la militància davant la possibilitat que uns nous comicis posin fi a l'actual majoria independentista del Parlament. Altres aposten per un 'sí' “instrumental” per impedir que l'antiga Convergència es faci enrere amb el referèndum previst per al mes de setembre.

Negociació sense tocar impostos

La CUP havia plantejat la negociació dels pressupostos amb l'objectiu que servissin, amb totes les seves limitacions, per revertir per complet les retallades –cosa que no feia el projecte presentat davant la Cambra– i millorar les condicions materials de vida de la població. En aquest sentit, més enllà de l'IRPF, destacaven dues propostes que el Govern no ha considerat: l'obligació de les empreses que treballen per a la Generalitat de pagar un salari de 1.200 euros al mes i un fons per recuperar serveis externalitzats.

A més, els altres nou fons proposats per la CUP sí que estan recollits en l'última proposta, però s'omplirien de manera diferent al que han plantejat pels assemblearis. Bàsicament, a través d'impostos que ja existeixen o amb la dècima extra de dèficit que Cristóbal Montoro ha donat a les comunitats. Ni rastre de la reducció de les retribucions extra als alts càrrecs, per exemple. Dit d'una altra manera, en paraules de fonts cupaires, “sense tocar privilegis”.

D'altra banda, Carles Puigdemont ha fet cas omís a l'apel·lació cupaire perquè el president de la Generalitat negociés els comptes. En l'últim tram de negociació el vicepresident econòmic, Oriol Junqueras, va adquirir més protagonisme, però per posar el forrellat fiscal del Govern a l'IRPF, una de les línies vermelles del PDECat.

D'entre els coneixedors de les interioritats cupaires consultats, són pocs els que accedeixen a mullar-se i apostar per un resultat. Alguns apunten a una majoria molt ajustada cap al 'sí' als comptes, encara que el pronòstic més repetit és “molt igualat”. El desenllaç, aquest dissabte al migdia.

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) va arribar al Parlament el 2014 i es manté encallada a la Cambra. Els pressupostos de 2017 s'estan convertint en una eina per donar un desenllaç definitiu a l'ajuda, mentre segueixen les negociacions entre el grup impulsor de la ILP i el Govern sobre les condicions per accedir a la RGC.

A més de les diferents esmenes que cada partit ha presentat en solitari per impulsar la RGC, els grups estan negociant una esmena transaccional als comptes impulsada per Catalunya Sí Que es Pot. La mesura proposa crear un fons estructural amb caràcter finalista per la RGC amb una aportació inicial de 400 milions d'euros, que activaria la renda des d'aquest 2017.

Aquest fons es nodreix dels recursos que ja disposen els diferents departaments de la Generalitat per fer front a prestacions econòmiques i ajuts per a la cohesió social. Segons el text de l'esmena, els 208 milions per la Renda Mínima d'Inserció que preveu el projecte de pressupostos per a 2017 “passarien automàticament” al fons estructural de la RGC si s'aprova.

Perquè la iniciativa prosperés, caldria una acord de tots els grups de l'oposició –Ciutadans, PSC, Catalunya Sí Que és Pot, PP i CUP– que deixés en minoria a JxSí. Fonts parlamentàries han indicat que hi ha disposició a totes les formacions per negociar l'esmena, però que estan a l'expectativa del desenllaç de les converses entre el Govern i el grup promotor de la ILP de la renda garantida.

L'última oferta del departament d'Afers Socials incloïa un període de transitorietat de l'ajut. En 2017, els beneficiaris serien les persones amb ingressos inferiors al 80% de l'índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), uns 660 euros, però el 2020 el percentatge arribaria al 100%. En aquest període de transició els menors de 18 anys rebrien 100 euros. No obstant això, es vetava l'accés a la RGC per a les persones amb contractes temporals.

Amb tot, segons fonts coneixedores de la negociació entre l'Executiu i la comissió promotora de la ILP, el Govern podria accedir a fer compatible la RGC amb els contractes de treball a temps parcial. En aquest cas, la RGC serviria com un complement als salaris més baixos fins a arribar als 660 euros. Les negociacions entre Govern i comissió haurien d'acabar aquest divendres.