El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Flávio Dino, ha ordenado este jueves a la Policía Federal brasileña que investigue las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el Gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), que acaba de ser condenado por golpismo, durante la pandemia de Covid-19, que dejó más de 700.000 fallecidos en el país americano.

El magistrado ha pedido la reapertura del caso judicial abierto tras los peores meses de la pandemia y que fue archivado por la Fiscalía General a mediados de 2022 por el fiscal Augusto Aras, fiel al bolsonarismo y que rechazó el contenido del informe elaborado por la comisión especial del Senado. Este informe, en el que se basa ahora el juez Dino, analizó la gestión política del Gobierno de Jair Bolsonaro frente a la pandemia sanitaria y detectó numerosas irregularidades.

El informe parlamentario, de hecho, acusó a Bolsonaro de un total de nueve delitos incluidos en el Código Penal brasileño: crímenes contra la humanidad, infracción sanitaria, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo. Ahora el juez pide a la policía que le investigue a él así como a tres de sus hijos y a otros 20 aliados de Bolsonaro, entre ellos cinco diputados.

Dino fue nombrado como magistrado del Supremo Tribunal en febrero de 2024, tras ser nominado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de cuyo último gobierno era ministro de Justicia desde enero de 2023. Durante lo peor de la pandemia de Covid-19, Flávio Dino era gobernador del estado de Maranhão, al noreste del país, cuando fue un duro crítico del negacionismo acientífico del Gobierno de Bolsonaro frente a la crisis sanitaria.

En el documento en que ha ordenado reabrir el caso, el juez sostiene que “la investigación parlamentaria señaló indicios de crímenes contra la administración pública, sobre todo con contratos, fraudes con licitaciones, sobreprecios, desvío de recursos públicos” o firmas de contratos con empresas pantalla, entre otros.

Algunas de esas actuaciones se refieren a la compra de medicinas supuestamente efectivas contra la COVID-19, pero que luego resultaron ineficaces y que aún así fueron adquiridas por el Gobierno y distribuidas a través de la red de salud pública, como la cloroquina, de la que Bolsonaro fue uno de sus pocos defensores a nivel internacional.

El informe llegó a presentar acusaciones contra Bolsonaro y otras 77 personas por diversos delitos asociados a la pandemia y en su momento fue descalificado por el líder de la extrema derecha, que lo describió como un “documento político” elaborado por una comisión controlada por la oposición a su Gobierno.

La decisión de Dino da ahora un plazo de 60 días que puede ser prorrogado para que la Policía Federal investigue el asunto. La policía brasileña había solicitado acceso a las pruebas y había concluido que era necesario continuar con las investigaciones tras el archivo de la causa, lo que ha sido ahora aprobado por Flávio Dino.

Esta investigación ha sido anunciada apenas una semana después de que la Primera Sala del Supremo, de la cual el magistrado forma parte, condenase a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por la conspiración golpista urdida después de que Lula le derrotase en las urnas, en las elecciones de octubre de 2022.

La izquierda brasileña continúa en estado crítico. Si en 2022, Lula da Silva se alzó con la presidencia liderando un frente democrático contra la extrema derecha, la izquierda ha salido derrotada de las elecciones municipales. El segundo turno celebrado ayer en 51 ciudades, entre ellas quince capitales, confirmó los malos presagios de las encuestas. Guilherme Boulos, candidato del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), apoyado por el presidente Lula, se quedó lejos de ganar en São Paulo: 40,65% de los votos, frente a 59,35% de Ricardo Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), apoyado por Jair Bolsonaro. El Partido de los Trabajadores (PT) perdió cuatro de las cinco capitales en las que disputaba el segundo turno. Su triunfo en Fortaleza, una importante ciudad de 2,5 millones de izquierdista nordeste, se produjo por la mínima ante el candidato bolsonarista (menos de un punto de diferencia).  

Una de las grandes decepciones para la izquierda fue el desastroso resultado en Porto Alegre, una de las cunas del PT. El actual alcalde Sebastião Melo, que tras su mala gestión tras las inundaciones de mayo pasó a ser conocido como Mr. Enchentes (Mr. Inundaciones), arrasó con un 61,53% de los votos. “Es desolador que las inundaciones no hayan tenido un resultado electoral”, se lamentaba el analista político Fernando de Barros en la transmisión al vivo del influyente Foro de Teresina. El nombramiento de Maria do Rosário, una vaca sagrada del petismo con un alto índice de rechazo, fue duramente criticada, por haber cerrado el camino líderes más jóvenes que ganaron visibilidad durante las inundaciones. “Había muchas figuras posibles para las elecciones municipales, como el diputado Edgar Preto, pero el PT escogió a Maria do Rosário, como una señal de jerarquía”, afirmaba la antropóloga Rosana Pinheiro-Machado en una entrevista después del primer turno. 

En los últimos doce años, la izquierda ha perdido la mitad de los ayuntamientos que gobernaba. En 2012 los cinco partidos de izquierda gobernaban 1.468 ciudades de un total de 5.565. Tras el segundo turno de ayer, el número se redujo a 729.  La leve recuperación del PT –pasa de 183  a 252– tiene un sabor agridulce. Los candidatos apoyados por Lula que derrotaron a bolsonaristas en ciudades importantes como Río de Janeiro o Belo Horizonte, no son izquierdistas, sino del denominado centrão. Paradójicamente, el Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro tampoco sale tan victorioso de la contienda electoral como esperaba. La dirección del partido, que aspiraba a mil alcaldías, se tendrán que conformar con 517. Apenas gobernará 4 de las 27 capitales. Republicanos, partido de Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, gobernará una capital. Los números de la extrema derecha mejoran si se tiene en consideración la alianza del PL con el establishment político, como ha sido el caso de São Paulo. 

Los verdaderos protagonistas de la primera contienda electoral desde el regreso de Lula a la presidencia han sido una nueva extrema derecha protagonizada por Pablo Marçal (que se quedó a las puertas del segundo turno en São Paulo), un clima bronco con menos control judicial de las fake news que en las elecciones presidenciales y el triunfo arrollador del bloque político del centrão (gobernará 3.500 municipios, el 62% del total)

‘Fake news’ y violencia

Durante la jornada electoral, Tarcísio de Freitas, el bolsonarista gobernador del estado de São Paulo, afirmó sin pruebas que el poderoso comando de narcotraficantes Primeiro Comando da Capital (PCC) estaba pidiendo el voto para Guilherme Boulos. La izquierda reaccionó al unísono, anunciando un proceso judicial para inhabilitar políticamente tanto al gobernador como al alcalde electo Ricardo Nunes. La acusación de Tarcísio se solapaba sobre la desinformación que Pablo Marçal sembró en el primer turno contra Boulos, a quien acusó de ser consumidor de drogas. “He conversado con un elector que pensaba que yo fabricaba cocaína”, afirmaba Boulos hace unos días. En Belo Horizonte, el candidato bolsonarista Bruno Engler basó su campaña en fake news y llegó a acusar a su adversario Fuad Noman de incentivar las violaciones sexuales. El Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que ya no está presidido por la mano de hierro de Alexandre de Moraes, azote de Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022, no ha conseguido controlar la oleada de desinformación diseminada por la extrema derecha. El retraso de la aprobación del Projeto de Lei 2630 en el congreso, conocido como PL de las fake news, duramente atacada por el lobby de las Big Techs y el propio Elon Musk, contribuyó al clima de desinformación. “Las mentiras y los ataques definieron esta elección”, aseguró Guilherme Boulos en su primera comparecencia post electoral. 

La campaña ha estado marcada por la violencia verbal e incluso física. En São Paulo, el candidato José Luiz Datena, un popular presentador televisivo que fichó por el histórico Partido de la Social Democracia Brasileira (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, golpeó con un taburete a Pablo Marçal durante uno de los debates electorales. La cadeirada (sillazo) de Datena sintetiza el extravío del partido que lideró durante décadas la derecha brasileña y que no gobernará ninguna capital ni ciudad relevante del país. Por otro lado, en otro debate, un asesor de Pablo Marçal arremetió a puñetazos contra el publicista del alcalde Ricardo Nunes. 

Autocrítica de la izquierda y rumbo a 2026

Los malos resultados de la izquierda hicieron saltar las alarmas tras el primer turno del 6 de octubre. Una de las voces más críticas fue Marília Campos, que se reeligió con el 60% de los votos como alcaldesa de Contagem, importante ciudad de 622.000 habitantes del área metropolitana de Belo Horizonte. Campos, una de las fundadoras del PT, impugna de lleno la estrategia, discurso y narrativa de una izquierda que mira al pasado. “Para superar la polarización, tenemos que presentar un proyecto de Brasil conectado con los problemas reales. Tenemos que dejar de hablar de Jair Bolsonaro. El PT se inclina hoy hacia un discurso identitario, que dialoga solo para una burbuja. Es poco universal”, aseguró a O Globo. Por su parte, el diputado Reginaldo Lopes, del PT, insistió en la necesidad de autocrítica del partido. “El PT no consigue hablar con la sociedad. El gobierno actual tiene resultados excelentes, pero no consigue comunicarse con la gente”, afirmó el diputado.

Para el politólogo Leandro Consentino la actitud del partido de Lula de ceder la cabeza de las candidaturas a otros partidos no ha tenido efectos positivos, a pesar de que la estrategia consiguió derrotar al bolsonarismo en plazas clave como Río de Janeiro o Belo Horizonte. “En las grandes ciudades, el PT sale menor, bastante desarticulado. Es parte de una estrategia concebida hace tiempo, de granjearse aliados para 2026, pero vamos a ver si va a valer la pena a largo plazo. No parece una buena idea porque pierde capilaridad”, declaró Consentino al Correio Braziliense.  

Las elecciones municipales apuntan algunas tendencias para la disputa presidencial de 2026. El resultado de São Paulo, disputa que el propio Lula calificó como ensayo para 2026, dibuja un escenario confuso. La victoria de Ricardo Nunes se produce con la mayor abstención de la historia de São Paulo en un segundo turno, en un país donde el voto es obligatorio: un 31%. Por su parte, la figura de Jair Bolsonaro sale desgastada. El triunfador Nunes, en su discurso oficial, citó de pasada a Bolsonaro y se deshizo en elogios hacia Tarcísio de Freitas, a quien definió como “líder mayor”. Por otro lado, Pablo Marçal, el nuevo out sider de Brasil, aparece con serias posibilidades de ser el candidato más competitivo de la extrema derecha. La encuestadora Quaest ratificó la división de la extrema derecha hace unas semanas: sin Bolsonaro en la disputa de 2026 (está inhabilitado políticamente) los votos ultras se dividen entre Pablo Marçal (18%) y Tarcísio de Freitas (15%). En primer lugar, aparece Lula (32%).

A nivel nacional, los resultados municipales pueden interferir en las alianzas de la izquierda. En 2022, Lula configuró un frente democrático con pocos partidos de derecha que sedujo al centro con un candidato a vicepresidenre históricamente conservador (Geraldo Alckmin). En 2026, tras el claro triunfo del centrão, la incorporación partidos de derecha al frente democrático de Lula parece inevitable. 

Cuando a inicios de mayo la Policía Federal (PF) de Brasil requisó el teléfono móvil de Jair Bolsonaro en su casa de Brasilia, el ecosistema de desinformación de la extrema derecha brasileña se quedó fuera de juego.

Pleno News, uno de los epicentros de bulos del país, se limitó a destacar que la policía no había retirado el pasaporte al expresidente. Sus asesores, mientras, intentaban minimizar la acción policial y afirmaban que Bolsonaro cambiaba de móvil cada tres meses, no usaba la nube y no hacía copias de seguridad.

La orden judicial que llevó a los agentes a la casa del líder ultraderechista estaba vinculada a la falsificación de tarjetas de vacunación contra la COVID-19 de miembros de su Gobierno que no se habían vacunado.

Era considerada una denuncia menor, entre las muchas que amenazan a Bolsonaro. Sin embargo, el nerviosismo reinaba ya en el entorno del polémico expresidente. Unos días antes del registro policial, a cinco de sus colaboradores más íntimos les requisaron sus teléfonos móviles.

El mazazo definitivo llegó a inicios de junio, cuando Alexandre de Moraes, presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), puso fecha al primer juicio que puede llevar a Bolsonaro a perder sus derechos políticos. Tras la primera sesión este jueves, y las próximas, fijadas para los días 27 y 29 de junio, siete jueces tomarán una decisión que alterará la política brasileña.

Un juicio crucial

Todo apunta a que Bolsonaro no podrá ser candidato a ningún cargo político hasta 2030. Inicialmente, la denuncia del centro izquierdista Partido Democrático Trabalhista (PDT) apenas estaba relacionada con el encuentro que el expresidente tuvo el 18 de julio de 2022 con embajadores extranjeros en el Palacio da Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia. En dicho encuentro, cargó contra el sistema político y cuestionó las urnas electrónicas empleadas en Brasil.

La reunión, celebrada a las puertas de las elecciones de 2022, provocó una verdadera tormenta: YouTube retiró el vínculo que registró el encuentro y la Justicia multó a Bolsonaro con 20.000 reales (unos 4.000 euros) por uso electoral de la máquina pública. De acuerdo a la acusación, ese día incurrió en “abusos de poder y económicos” y en “uso indebido de los medios públicos”, al valerse de la residencia oficial de la Presidencia para esa reunión y ordenar su transmisión por la televisión pública.

El Ministerio Público Electoral, que vela por el cumplimiento de la ley electoral, considera esa reunión con diplomáticos como la punta del iceberg delictivo del expresidente. Además, el PDT sostuvo que Bolsonaro “buscó la adhesión de países extranjeros para, en caso de promover un golpe de Estado, obtener apoyo con la tesis de que el proceso electoral no habría sido confiable y sería el resultado de un fraude”.

“La reunión con los embajadores es fruto de una secuencia de ataques que ocurrió a lo largo de meses. Había una estrategia sistemática de producción y diseminación de desinformación contra el proceso electoral”, afirma Ademar Borges, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

Por ese motivo, el Tribunal Superior Electoral va a analizar varios presuntos casos de abuso de poder: uso de la máquina pública con fines electorales, diseminación de desinformación y ataques al sistema electoral.

Acusaciones por “actos golpistas”

En los últimos días, el juicio ha dado un giro que deja a Bolsonaro en una posición extremadamente delicada, porque el tribunal va a relacionar las acusaciones de abuso de poder con los actos golpistas de Brasilia del 8 de enero. Benedito Gonçalves, relator oficial del proceso judicial, ha aceptado como prueba la minuta encontrada en la residencia de Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro, con instrucciones para dar un golpe de Estado.

Las quinielas son unánimes: el líder de la ultraderecha brasileña probablemente no podrá ser candidato en los próximos ochos años. La única duda parece ser el resultado de la votación: si perdiera por cinco a dos gracias a los dos jueces que él mismo nombró durante su mandato, sería el resultado más favorable. Pero dada la abundancia de pruebas delictivas, no se descarta que el expresidente obtenga seis votos desfavorables a uno o, incluso, siete a cero.

Incluso si Bolsonaro saliera libre de acusaciones, al menos 15 procesos vinculados a las elecciones podrían provocar que dejara de ser elegible como candidato.

El cerco judicial sobre el exmandatario se extiende por todo el país: desde que perdió el foro privilegiado el pasado 1 de enero, el Supremo ha remitido a juzgados de primera instancia cientos de denuncias contra él. El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, que costea la defensa de los juicios, estima que el número de procesos ya supera los 600.

Más de 600 procesos

Uno de los cientos de procesos es la causa por incitación a la violación que pasa a la Justicia del Distrito Federal, originada en 2014, cuando Bolsonaro dijo que la diputada Maria do Rosário “no merecía ser violada porque era muy fea”.

Aparte de las denuncias relacionadas con ataques a la democracia, el expresidente acumula procesos por varios motivos. Por ejemplo, la divulgación de falsedades contra las vacunas y la incitación a no usar mascarilla durante la pandemia. Otra denuncia, por intervenir en la independencia de la PF, divulgando incluso datos sigilosos, fue interpuesta por el juez Sérgio Moro, que encarceló a Lula y llegó a ser ministro de Justicia de Bolsonaro.

Además, la acusación de genocidio contra el pueblo indígena Yanomami, protocolada por el Ministerio Público, preocupa especialmente al expresidente, pues existe suficiente jurisprudencia en Brasil para condenarlo. La denuncia por genocidio a los pueblos indígenas ya había llegado a la Corte Penal Internacional de La Haya en agosto de 2021, de la mano de la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

En ese tribunal con sede en Países Bajos, Bolsonaro acumula seis demandas que van del genocidio a toda la población brasileña y la gestión de la pandemia a crímenes contra la humanidad por incentivar la deforestación amazónica.

Por otro lado, el escándalo más escabroso tiene que ver con las joyas de Arabia Saudí que el entonces mandatario intentó robar al Estado brasileño: Bolsonaro está acusado de apropiación de dinero público por haber intentado quedarse con varios paquetes de joyas, donadas por el Gobierno saudí a Brasil. El expresidente entró al país sin declarar en la aduana dichas joyas de gran valor, habiendo llegado a activar a diplomáticos y ministros para maniobrar y colocarlas en su acervo personal.

La carrera de Bolsonaro puede que esté llegando a su fin. Sin embargo, en su partido se frotan las manos. El expresidente, conocido como “mito” por sus seguidores, pasará a ser un mártir si es encontrado culpable y pierde sus derechos políticos.

Mônica Bérgamo, una de las periodistas políticas más prestigiosas del país, ha revelado que Waldemar Costa Neto, presidente del PL, ha comentado a sus asesores que aspira a conseguir un 20% de cargos con Bolsonaro inelegible gracias precisamente al mito.

Jair Bolsonaro se oculta en la distancia. Después de los actos de violencia contra la sede del Congreso, el Tribunal Supremo y palacio de Planalto, el expresidente brasileño esquiva desde Orlando, en Florida, el caos político desatado por sus seguidores en Brasilia. Hasta el momento, son siete las investigaciones abiertas y más de 1.800 las personas que han sido detenidas en la última semana por los ataques del 8 de enero. Entre ellas está el exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, responsable de la seguridad de la capital brasileña en el momento del ataque a las instituciones.

El viernes pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó la solicitud de la Fiscalía General de investigar al expresidente por su presunta participación como autor intelectual. Alexandre de Moraes, uno de los 11 jueces de la corte, actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y uno de los principales blancos de los ataques de Bolsonaro, dio el visto bueno a la petición de investigación contra el expresidente.

Mientras esquiva los contactos con la prensa, Bolsonaro aparece con simpatizantes en la puerta de la residencia de Florida. Es el mismo mecanismo que solía desplegar en el palacio de la Alvorada, la residencia oficial, para evitar algún tema incómodo. “No vuelva a Brasil”, le dijo una seguidora al expresidente este lunes en Miami. “Lamento lo que pasó el día 8. Es algo increíble. Pero en mi gobierno la gente aprendió lo que es la política, conoció los poderes, empezó a valorar la libertad”, dijo Bolsonaro.

La pregunta ahora es cuándo y cómo decidirá volver a su país, si es que lo hace.

La deportación

La expulsión de Estados Unidos es una opción, aunque poco probable. Si bien el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil han confirmado de qué manera entró el exmandatario a Estados Unidos, es posible que haya ingresado con un visado diplomático, o formulario A-1, que le corresponde por llegar dos días antes del traspaso de poderes con Luiz Inácio Lula da Silva. Si es así, Bolsonaro podría ser deportado, aunque es poco probable que esto suceda, según los analistas.

EEUU define la deportación como el proceso de expulsión de un extranjero por no cumplir las leyes del país. Las normas pueden ser violadas cuando la persona ingresa de manera irregular a Estados Unidos, cuando comete algún delito que viola sus leyes, desobedece repetidamente las leyes de inmigración, está involucrada en actos criminales o representa una amenaza para la seguridad pública, según la web oficial USAGov.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, explicó a la prensa que las personas que entran a Estados Unidos con un visado diplomático, en el caso de que dejen de ser parte del Gobierno, tienen 30 días para salir del país o solicitar un cambio a otro estado migratorio. “Si un individuo no tiene motivos para estar en Estados Unidos, está sujeto a ser expulsado por el Departamento de Seguridad Nacional”, dijo.

Por ese motivo, 46 congresistas demócratas pidieron a Joe Biden el jueves pasado que se revoque el visado de Bolsonaro. “Le solicitamos que vuelva a evaluar su estatus en el país para determinar si existe una base legal para su estadía y revocar cualquier visa diplomática que pueda tener”, dice el comunicado.

En ese sentido, la Casa Blanca podría revocar el visado del expresidente y forzar su deportación. En el caso que esté en Florida como turista, no puede superar un período máximo de seis meses en el país. En ese caso, podría permanecer hasta mitad de año. De cualquier modo, el gobierno de EEUU cuenta con la libertad de ordenar la deportación del exmandatario en el momento en que considere necesario.

La extradición

La extradición es un proceso por el cual un país puede solicitar a otro la entrega de una persona buscada para ser procesada o cumplir condena por un delito. La entrega de una persona por parte de las autoridades de un Estado a las de otro exige un acuerdo entre dos países. Para eso, debe existir un tratado bilateral, en donde se detallan el tipo de delitos y la respuesta que deberá tomar cada país en el caso de encontrarse con esa situación.

Mientras el proceso de deportación queda reducido al ámbito migratorio, la extradición debe pasar por el sistema de justicia. Para habilitar el mecanismo debe existir un proceso de causa penal contra Bolsonaro en Brasil y una orden de arresto emitida en el curso de la investigación, algo que todavía no existe. “Esto por supuesto no impide que avance por medio de una solicitud política”, explica Thiago Amparo, profesor de Derecho de la Fundación Getulio Vargas de São Paulo. El STF autorizó el viernes la solicitud de la Fiscalía a investigar al expresidente por su presunta participación como autor intelectual de los hechos.

Las extradiciones no son rápidas y dependen no solo de la Justicia sino también de la política. Las declaraciones de Joe Biden sobre el asunto indican que el proceso podría acelerarse en el caso de que Brasil lo solicite. “Condeno el asalto a la democracia y a la transferencia pacífica del poder en Brasil. Las instituciones democráticas de Brasil cuentan con todo nuestro apoyo y la voluntad del pueblo brasileño no debe ser socavada. Espero seguir trabajando con Lula”, dijo el presidente de EEUU el día del ataque.

Bolsonaro ha sido vinculado a las investigaciones por sus declaraciones y un vídeo que publicó en las redes sociales el 10 de enero, dos días después de los actos de violencia, y que borró unas horas más tarde, donde decía que Lula no fue elegido por el voto popular sino por el Tribunal Supremo, lo cual es falso.

“No hemos recibido, hasta el momento, ninguna solicitud oficial del Gobierno brasileño relacionada con Bolsonaro. Por supuesto, si recibiéramos tal solicitud, la tratamos como siempre las tratamos: con seriedad”, dijo el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, en la Casa Blanca el lunes posterior al asalto.

Han sido varios los políticos brasileños que pidieron la extradición del expresidente, si bien el gobierno ha dicho que no tiene pensando en avanzar en esa dirección. La diputada Erika Hilton, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), le envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en la que exige que el expresidente sean extraditado.

Renan Calheiros, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), solicitó incluir a Bolsonaro en las investigaciones. “Regreso a Brasilia para recoger firmas de la CPI que investigará a los golpistas que, por acción u omisión, ayuden a terroristas. Incluyen a Bolsonaro, el fiscal Aras, militares y políticos. En el MDB defenderé la expulsión del gobernador de Brasilia”, escribió en sus redes.

Pero el mecanismo no es rápido ni sencillo. “Al instruir un proceso de carácter penal, el juez puede solicitar la extradición para garantizar la presencia de la persona como imputado dentro del país. Para eso, es él quien debe pedir una 'prisión preventiva para extradición'. Esa solicitud se tramita a través de la autoridad central al estado donde se encuentra la persona, que es capaz de realizar esa detención para garantizar la extradición”, dice el abogado Paulo Abrão, director ejecutivo de Washington Brazil Office (WBO).

Cuentas pendientes con la Justicia

Bolsonaro tiene varias cuentas pendientes con la Justicia. El expresidente está implicado en otros cuatro procesos judiciales, que continúan abiertos en el Supremo, si bien todos ellos están en la fase inicial y no se han presentado cargos en su contra.

En un caso, la Justicia investiga si Bolsonaro interfirió de forma política e ilegal en las decisiones de la Policía Federal para proteger a su familia. También está implicado por divulgar información falsa sobre la vacuna contra la COVID-19, que asoció con el riesgo de desarrollar sida, así como por divulgar documentos secretos de la Policía, con los que quiso inflamar su campaña contra el proceso electoral.

Por último, está en el foco de la Justicia en otro caso que indaga la existencia de “milicias digitales”, vinculadas a grupos de extrema derecha, que buscan derribar el orden democrático. Si bien la causa que investiga el asalto a las instituciones democráticas en Brasil del 8 de enero es la investigación de mayor dimensión política, Bolsonaro podría acabar en prisión por temas vinculados al mal manejo de su gestión en los años de presidente.

Con información de EFE

A petición de la Fiscalía, la Corte Suprema incluyó este viernes al expresidente brasileño Jair Bolsonaro en la lista de investigados por la intentona golpista que cometieron sus simpatizantes más radicales el pasado domingo en Brasilia. Apenas 24 horas después, la Policía Federal de Brasil arresto este sábado en Brasilia a Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro. Su detención había sido ordenada en el marco de la investigación por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Sobre Torres, un fiel aliado de Bolsonaro que participó en esa campaña de descrédito contra el sistema electoral, pesaba una orden de prisión del Supremo por su supuesta “omisión” en el asalto de Brasilia. El exministro fue detenido por las autoridades en el aeropuerto internacional de Brasilia tras desembarcar procedente de Miami (Estados Unidos).

La Policía halló en la casa del exministro un borrador de un decreto presidencial para intervenir el Tribunal Superior Electoral y “corregir” el resultado de las presidenciales, que Bolsonaro perdió ante Lula por una diferencia de 1,8 puntos.

Torres, como Bolsonaro, se encontraba en EEUU y había afirmado que regresaría a Brasil en los próximos días para entregarse a las autoridades.

Cerco a Bolsonaro

El cerco judicial se estrecha sobre el exmandatario, quien se encuentra todavía en EEUU y del que se sospecha que incitó a sus partidarios a invadir y destrozar las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Supremo el 8 de enero.

En la tarde de este viernes, el Ministerio Público solicitó al Supremo permiso para investigar al líder ultraderechista por su presunta participación como autor intelectual del violento asalto y, tan solo unas horas más tarde, el alto tribunal acató la petición. El aval lo dio el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once jueces del Supremo, actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y objeto de graves ataques desde hace meses por parte de Bolsonaro y sus aliados.

De Moraes aceptó el principal argumento de la Fiscalía: un video compartido por Bolsonaro en sus redes sociales el 10 de enero, dos días después del asalto a los tres poderes, en el que se siembran dudas sobre el resultado de las elecciones de octubre y la legitimidad de las instituciones. El capitán retirado del Ejército, que sigue sin reconocer abiertamente su derrota en las urnas, eliminó ese video horas después, cuando ya estaba circulando como la pólvora entre sus acólitos.

Con ello, el Ministerio Público cree que “incitó de forma pública a la práctica del crimen”. Para De Moraes, con la divulgación del video, Bolsonaro, a priori, “se posicionó una vez más” de forma “criminal contra las instituciones”, en especial contra el Supremo y el Tribunal Superior Electoral (TSE), “imputando a sus jueces fraude en las elecciones para favorecer” a Lula.

El magistrado también señaló que estudiará “en el momento oportuno” un posible interrogatorio a Bolsonaro ante “las noticias de que no se encuentra en territorio brasileño”.

El exjefe de Estado viajó a Orlando, en Florida, el pasado 30 de diciembre, dos días antes de acabar su mandato, por motivos nunca explicados, aunque recientemente dijo a CNN Brasil que volvería a finales de este mes.

Sobre el asalto golpista, apenas se pronunció en unos tuits el mismo día 8 para rechazarlo de forma tibia y negar las acusaciones vertidas por Lula, quien responsabilizó a su predecesor de “estimular” a sus seguidores.

A lo largo de la pasada campaña electoral, Bolsonaro acusó a la cúpula judicial de actuar en favor de Lula y lideró una feroz campaña contra el sistema electoral con base en alegaciones falsas de fraude.

La izquierda defiende que ese comportamiento, unido a su silencio tras perder las elecciones, alimentó la ira de los bolsonaristas, que hasta la semana pasada estaban acampados en la puerta de los cuarteles pidiendo un golpe contra el dirigente progresista.

Al no ser escuchados por las Fuerzas Armadas, miles de ellos lo intentaron el domingo sembrando el caos durante cuatro horas en Brasilia.

Otras investigaciones en curso

Bolsonaro, un nostálgico defensor de las dictaduras militares de derechas y que el pasado día 1 perdió su inmunidad, es investigado además en otros cuatro procesos penales abiertos en el Supremo, pero todos ellos están en la fase inicial.

Uno de ellos busca esclarecer si interfirió de forma política e ilegal en las decisiones de la Policía Federal para proteger a su familia.

También es investigado por divulgar noticias falsas sobre la vacuna contra la covid-19, que asoció con el riesgo de desarrollar sida, y por divulgar documentos secretos de la Policía con los que quiso inflamar su campaña contra el proceso electoral.

Igualmente está en el foco de la Justicia en otro caso que indaga la existencia de “milicias digitales”, vinculadas a grupos de extrema derecha, que buscan derribar el orden democrático.

Mayor lucha contra las ‘fake news’ y la desinformación. Inversión de recursos para desmentir bulos. Métodos para identificar claramente cuando un político está mintiendo. Iniciativas para rebatir mensajes en redes sociales que alimentan las ideologías extremistas violentas. Son algunas de las ideas para impedir que avancen movimientos basados en teorías de la conspiración como el que el pasado domingo llevó a centenares de manifestantes a tomar el parlamento en Brasil. 

La tienda online Mercado Libre, sin embargo, tiene otra propuesta. ¿Y si todos los ciudadanos tuvieran una copia de la Constitución del país? La web puso el texto a la venta con un descuento del 99% —código “DEMOCRACIA”— y de momento se han agotado todas las copias.

La intención de Mercado Libre, una plataforma de compraventa electrónica con presencia en 18 países de Latinoamérica, es “que nunca olvidemos la importancia de la democracia”. La web corporativa también ha defendido en Twitter que “conocer la Constitución es un derecho y un deber de todos”. El descuento estaba disponible hasta el 15 de enero o el fin de existencias.

“El stock de constituciones se ha agotado”, ha anunciado la compañía en Twitter, “pero la lucha por la democracia sigue viva”. Mercado Libre se ha comprometido en su mensaje a reponer las existencias de la Constitución “para que cada vez más personas puedan tener en casa este importante documento de nuestra democracia”. 

El gesto de Mercado Libre es una muestra de la posición de una de las mayores empresas de la región ante el asalto ultra que sufrieron las principales instituciones de Brasil el pasado fin de semana. El allanamiento del Parlamento, el Tribunal Supremo y las oficinas del Ejecutivo se saldó con 1.500 detenidos y requirió de la intervención federal en Brasilia para poner fin al asalto a los edificios oficiales.  

La empresa, creada en Buenos Aires (Argentina) en 1999 por Marcos Galperín, se ha manifestado públicamente en contra de lo sucedido en Brasil y a favor de la libertad. Pero, aseguran, “es imposible ser libre sin democracia”. Mercado Libre promovió la venta de la Constitución con un descuento significativo “para que los brasileños puedan tener a uno de los pilares de la democracia”.

Patricia Campos Mello es una veterana periodista brasileña del diario Folha de S.Paulo, autora de A máquina do ódio sobre el acoso online pilotado por políticos y las amenazas a la libertad de prensa en Brasil y otros países, e investigadora sobre desinformación en la Universidad de Columbia de Nueva York. Campos Mello, que ha sufrido el acoso virtual y físico de los bolsonaristas, cuenta ahora el papel esencial de las campañas coordinadas en redes que han desembocado en el asalto de Brasilia. 

Su investigación sobre WhatsApp reveló en 2018 cómo Jair Bolsonaro llevaba años promocionando falsedades de manera masiva en grupos de esta plataforma y violando las normas legales sobre la propaganda. El pasado julio, fue indemnizada en una demanda que le ganó a Bolsonaro, cuando todavía era presidente, por difundir la mentira de que la reportera cambiaba sexo por información. 

Desde São Paulo, investiga algunos de los grupos que han organizado las protestas y explica las difíciles preguntas para el nuevo Gobierno, que trata de entender qué pasó el domingo, por qué la policía no hizo más, hasta qué punto los bolsonaristas están infiltrados en las fuerzas armadas y qué empresarios ayudaron a financiar los campamentos y los autobuses. 

¿Qué papel jugaron los grupos de WhatsApp y otras redes en la organización del asalto?

Todo fue organizado en grupos de Telegram y WhatsApp. Esto ha estado sucediendo durante meses, pero hubo una llamada precisa para estar en Brasilia el domingo 8. Los mensajes comenzaron a circular el 3 de enero ofreciendo autobuses y comidas gratis. También en Instagram porque estas personas están muy interconectadas y hay mucha comunicación multiplataforma. La organización fue a través de grupos públicos de WhatsApp y Telegram. Estos no son grupos privados. Entonces, ¿por qué los servicios de inteligencia no hicieron nada? ¿Qué tipo de inteligencia es esa?

El campamento frente al cuartel militar en Brasilia ha estado allí durante meses y la gente sabía que estaban tramando un golpe. ¿Por qué todavía estaba allí? ¿Por qué no hicieron nada?

Esos grupos públicos, ¿rompieron las reglas de las plataformas?

En muchos casos se dedicaban a compartir enlaces. Yo monitoreo cientos de estos grupos, como muchos investigadores. No están rompiendo ninguna regla en general. Justo después de las elecciones, Meta empezó a quitar a gente que decía que hubo fraude en las elecciones y que pedía un golpe de estado o una intervención militar. Y ahora anunció que también va a eliminar específicamente cosas relacionadas con el 8 de enero y su organización. YouTube elimina vídeos que argumentan que las elecciones fueron fraudulentas, pero deja los vídeos de personas destruyendo el Congreso o diciendo que deberían ir allí de nuevo u organizar otro asalto.

Monitoreando esos grupos, ¿sabía que iba a pasar algo el 8 de enero?

Mucha gente estaba monitoreando los grupos, también la policía. Sí se sabía que iba a haber algo el domingo 8. Pero nunca esperábamos que se volviera tan violento. Había habido protestas el 7 de septiembre, Día de la Independencia, y justo después del resultado de las elecciones. Bloquearon las carreteras. También el 15 de noviembre, que es el Día de la República, pero nunca de manera tan violenta. 

La diferencia es que durante la toma de posesión, había mucha policía y fuerzas armadas desplegadas. El secretario de Seguridad del distrito federal, el estado donde está Brasilia, el exministro de Justicia de Bolsonaro, se había reunido con el actual ministro de Justicia, y habían acordado que tendrían una cantidad X de policías y militares para garantizar la seguridad y que no permitirían el ingreso de los manifestantes en la Explanada, que es el perímetro alrededor de las instituciones. Sin embargo, el domingo simplemente no hicieron nada de lo que dijeron que harían. El ministro de Justicia fue un poco ingenuo al creer tanto al secretario de estado federal. A la vez, cómo te imaginas que no va a cumplir. Por otro lado, las fuerzas de seguridad, en realidad las fuerzas de inteligencia, subestimaron el tamaño de la protesta y el hecho de que podría volverse violenta. Así que tal vez deberían haber presionado para tener más gente allí.

El ministro de Justicia fue un poco ingenuo al creer tanto al secretario de estado federal. Por otro lado, las fuerzas de seguridad subestimaron el tamaño de la protesta y el hecho de que podría volverse violenta

¿Qué ve ahora en los grupos que monitorea?

Es muy interesante. Como acabo de publicar, hay un nuevo tipo de relato desde el final del domingo, cuando se vio que la opinión pública estaba en contra. Si eres un votante de Bolsonaro y estás viendo vídeos de personas literalmente defecando sobre las mesas del palacio presidencial o destrozando obras de arte que valen 8 millones, te vas a poner en contra. Así que ahora el mensaje es que en realidad las personas que fueron violentas e invadieron el Congreso y el palacio presidencial eran infiltrados de izquierda.

Lo mismo que decían algunos trumpianos del asalto al Capitolio

Lo mismo. Así que tienes un montón de vídeos, vídeos falsos, que dicen, “mira, este que está cometiendo actos de violencia no es un verdadero patriota”, como se llaman a sí mismos. E incluso Bolsonaro, cuando habló por primera vez el domingo, condenó la violencia, pero al mismo tiempo dijo que esta es una violencia similar a la de la izquierda. La idea es que son espías, que están infiltrados, que los patriotas nunca harían eso. Así que este es el nuevo relato. Y el vídeo más ampliamente compartido fue uno que supuestamente muestra a un simpatizante del Partido de los Trabajadores destruyendo cosas dentro del palacio presidencial.

¿TikTok también es un vehículo habitual?

Sí, también en campaña: TikTok y Kwai, otra plataforma china de vídeos cortos que es muy popular entre las personas más pobres en Brasil. Una de las principales formas en que esta información circuló durante la campaña fue a través de vídeos cortos, influencers de Tik Tok y también cortes de vídeos de programas de televisión de un canal brasileño que más extremo que Fox News, tipo Newsmax. Circulaban cortes como vídeos cortos de sus programas, que son muy extremos y negacionistas de vacunas y negacionistas de elecciones, y luego los compartían a través de los grupos de mensajería. Así que es el círculo completo. Tienes vídeos de TikTok y YouTube que se comparten en los grupos de Bolsonaro en Telegram y WhatsApp.

¿Y las plataformas se toman en serio cómo se utilizan después de todos estos años de desinformación sobre los que usted informó tan minuciosamente?

Depende. Como parte de la investigación que yo estaba haciendo en la Universidad de Columbia, al principio del año hicimos una comparación de todos los cambios de política de moderación y cambios de política que las plataformas habían hecho para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Y comparamos con todo lo que prometían o planeaban hacer en Brasil, que era una nadería. Entonces eliminaban contenido con información falsa sobre los resultados de las elecciones estadounidenses o incluso las elecciones federales alemanas de 2021. Pero no estaban eliminando nada que fuera falso o alegando fraude sobre las elecciones brasileñas. Tuvimos que presionar para que comenzaran a eliminar falsedades porque una gran parte del mensaje era decir que las elecciones de 2018 y las elecciones de 2014 ya habían sido fraudulentas debido a la máquinas de votación electrónica. Estaban permitiendo esto mientras aplicaban una política de moderación para Estados Unidos y Alemania. TikTok, que tiene su política de moderación para la integridad cívica, simplemente tradujo la política de Estados Unidos e incluso mencionando el voto por correo. 

Que no se usa en Brasil como en Estados Unidos, ¿no?

Era muy malo.

Otro caso es el de Google, que tiene un llamado informe de transparencia, básicamente una biblioteca de anuncios como la de Facebook. Pero no es tan bueno como lo tenían en tantos países. En Brasil solo lo implementaron en junio del año pasado. Antes no podíamos monitorear si realmente las personas eran los candidatos y cuánto gastaban realmente en anuncios digitales. Y aquí solo se permite pagar publicidad política durante las elecciones. Si eres el candidato o la campaña, no puedes tener gente externa pagando por eso. Y eso sucede mucho, lo cual es ilegal.

Las plataformas eliminaban contenido con información falsa sobre los resultados de las elecciones estadounidenses o incluso las elecciones federales alemanas de 2021. Pero al principio no eliminaban nada que fuera falso sobre las elecciones brasileñas

Las plataformas tardaron mucho en entenderlo o no pusieron mucho esfuerzo. Más tarde, a medida que las cosas se complicaron más y más, hubo una aplicación muy dura con algunos abusos por parte de los tribunales electorales aquí para tener órdenes judiciales para eliminar contenido con multas muy altas. Así que empezaron a ser más proactivos. Y Facebook empezó a eliminar cosas que pedían un golpe de estado y la intervención militar. Así que fue un proceso de aprendizaje. De hecho, comenzaron a ser más proactivos cuando los tribunales electorales empezaron a recibir muchas órdenes judiciales. También se cometieron algunos abusos en ese sentido. Ahora YouTube está simplemente dejando que la gente siga llamando a la insurrección en su plataforma. Los vídeos en TikTok son muy difíciles. Tienen una política de moderación, pero no son transparentes sobre la aplicación y nuestras investigaciones muestran que en realidad no cumplen con sus reglas. Se pueden encontrar vídeos de TikTok que supuestamente no debían estar allí, pero están allí y no se eliminarán.

¿Cree que a las plataformas sólo les preocupa EEUU o que no vieron la amenaza? 

Es una mezcla. Hay un alto costo político en la aplicación de sus propias reglas. Tendrías que hacer cumplir las reglas contra el partido gobernante y es delicado. Y sí, Brasil está muy lejos de Estados Unidos y de Europa. No hablamos inglés. Así que no se ve que tengan la misma importancia que esos países. También hubo una falta de comprensión sobre el contexto. Quiero decir, los equipos en Brasil en realidad eran muy conscientes de los peligros y de la necesidad de tener una política de moderación y hacerla cumplir. Pero es difícil convencer a las oficinas centrales de Silicon Valley de que necesitan invertir. Necesitas más gente que hable portugués para la moderación. Se necesita más inversión.

Usted menciona abusos de la comisión electoral. ¿Ve también el riesgo de que el nuevo Gobierno limite la libertad de expresión en el actual contexto?

Sí. Hay un vacío en la legislación, no hay muchas leyes específicas para regular la financiación de campañas y la publicidad política en Internet. Acaban de aprobar la resolución electoral del año pasado que prohíbe las “noticias falsas” o la desinformación que pone en duda el proceso electoral. No hay suficiente regulación y legislación vigente. Así que los tribunales electorales tenían mucho margen de maniobra. La jurisprudencia se está estableciendo. 

Existe un gran peligro de que pueda haber más abusos porque no hay una definición de qué es exactamente la desinformación política. ¿Cómo se puede legislar sobre eso? ¿Debe eliminar el contenido o simplemente disminuir el alcance del contenido? Como no tenemos una legislación específica, las juntas electorales han estado haciendo sus propias leyes y haciéndolas cumplir. Eso es peligroso. Fue muy necesario durante las elecciones, pero existe el riesgo de que esto se intensifique y podría ser una preocupación real para la libertad de expresión en Brasil. Al mismo tiempo, el Gobierno creó un secretario de política digital y ha anunciado que la Ley de Servicios Digitales Europeos va a ser una inspiración para una nueva ley. Eso espero. Algunos países están siendo muy creativos con las leyes de desinformación y censurando solo a la gente normal. El Gobierno tiene mucha voluntad política real para que se apruebe en el Congreso. Y al mismo tiempo, siempre existe el peligro de que no quieres que el Gobierno decida qué es desinformación y qué no.

En el asalto del domingo también vimos agresiones físicas contra reporteros, además de las toneladas de abuso online. ¿El ataque a la prensa fue un factor central de este movimiento? 

Oh, sí. Demonizar a los principales medios y periodistas es una gran parte del relato. Es un grito de guerra para el movimiento. Así que se ha vuelto muy común y este domingo vimos cómo a muchos periodistas, principalmente fotógrafos, les robaban su equipo y los golpeaban. Las cosas online siempre son muy feas. Ya sabes, amenazas, todas las cosas misóginas, fotos y montajes porno y deepfake, vídeos, muy mal hechos, con cara de periodistas. Esto es todo lo que ha estado pasando desde el principio del Gobierno de Bolsonaro. Y el resultado es intimidante, por supuesto. Nunca tuvimos problemas de seguridad para cubrir las elecciones en Brasil. Esto no era México, bien conocido por ser un lugar muy peligroso debido a los cárteles del narcotráfico.

En Brasil había violencia contra los periodistas, pero no era tan común, era más en comunidades aisladas. Y ahora es parte de la rutina diaria del reportero: tienes que pensar que puedes estar cubriendo una protesta y recibir una paliza porque el presidente incitó a la gente, retratando a los medios como el enemigo. El acoso online es importante decir que muy a menudo migra al mundo real. Me ha pasado a mí y a mucha gente. Sufres este acoso online constante y avalancha de información falsa. A veces te encuentras a personas en la calle muy agresivas contigo, y se debe a todas esas noticias falsas que circulan en los grupos de WhatsApp. Es una preocupación. Desde el final de la dictadura militar no teníamos esa preocupación, ese temor por nuestra seguridad. Y ahora lo tenemos.

Demonizar a los principales medios y periodistas es una gran parte del relato. Es un grito de guerra para el movimiento... Ha estado pasando desde el principio del Gobierno de Bolsonaro.

En su discurso en 2021 en el Instituto Reuters para el estudio del periodismo en la Universidad de Oxford decía que no sabía si la joven democracia brasileña aguantaría como la de Estados Unidos un asalto similar al del Capitolio. ¿Qué piensa ahora?

Por un lado, ha sido mucho peor que el 6 de enero. Es verdad que en el Capitolio murieron cinco personas. Creo que es porque los policías reaccionaron. En Brasil, destruyeron los edificios de tres poderes de la república, el palacio presidencial, la Corte Suprema y el Congreso, y los policías y los soldados estuvieron no sé cuánto tiempo haciéndose selfies. En ese sentido, muestra el riesgo de una democracia más joven y de un país donde no tuvimos una comisión de la verdad como en Argentina para responsabilizar a los militares por los crímenes de la dictadura en Brasil. Por supuesto, no fue tan violento como en Argentina, pero mucha gente fue torturada y cientos fueron asesinados. En ese sentido, ser una democracia joven con un pasado autoritario que no ha sido adecuadamente abordado muestra, por ejemplo, lo que vimos el domingo, cómo las fuerzas de seguridad realmente empatizan con los que están pidiendo una intervención militar, un golpe de Estado y destruirlo todo. Y esto es más grave que lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, nunca hubo ninguna duda de que las fuerzas de seguridad no iban a permitir que ocurriera un golpe de Estado. Ahora hay un reto después de la elección presidencial, con una carrera muy reñida y unos resultados muy ajustados. Básicamente a casi la mitad del país no le gusta o incluso odia al presidente actual. Y ahora quedó claro que no se puede confiar en todas las fuerzas de seguridad. Así que va a ser un desafío para Lula gobernar con una sociedad dividida y con infiltrados en las fuerzas de seguridad.

Esto es más grave que lo que pasó en Estados Unidos. Allí, nunca hubo ninguna duda de que las fuerzas de seguridad no iban a permitir que ocurriera un golpe de Estado

¿Cómo ha sido la cobertura de los medios? ¿Aprendieron de la experiencia de EEUU?

Tal vez no aprendimos lo suficiente. Una cosa que ya está sucediendo es que nos están criticando por nuestra cobertura política del nuevo Gobierno porque dicen que estamos protegiendo al Gobierno de Bolsonaro. Sea cual sea el gobierno, este es nuestro trabajo. Sí, estuvimos muy cerca de tener un gobierno autoritario en Brasil. Acabamos de escapar de la dictadura, ganó la democracia. Pero algunas personas esperan que los periodistas realmente no lo sean y no critiquen al Gobierno actual, porque después de todo esto era como una lucha para derrotar fascismo y todo eso. Eso no significa que estemos haciendo una falsa equivalencia. Es muy diferente cuando el Gobierno, al menos hasta ahora, respeta la democracia. El otro no lo hizo. Pero este es un nuevo tipo de desafío. Durante la última administración, se veía a los periodistas en la lucha por la democracia, como héroes. Pero ahora hay un nuevo Gobierno y también vamos a investigar y a ser críticos. 

“Sólo Dios me sacará del poder”, dijo Jair Bolsonaro en septiembre de 2021. “Tengo tres opciones: cárcel, muerte o victoria. Y yo les digo a los sinvergüenzas: nunca me encarcelarán”. Mientras se pone ciego de pollo en un Kentucky Fried Chicken de Orlando, EEUU, puede reflexionar sobre cómo ninguna de las tres opciones terminó cumpliéndose después de las elecciones presidenciales de Brasil. Sin embargo, sobre la primera no puede estar ya tan seguro.

Como premio de consolación, puede presumir de algo que por lo demás tampoco es muy sorprendente. En la política española se ha hablado casi más de España que de Brasil cuando se ha comentado el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Un asalto violento con la destrucción de puertas, ventanas, mobiliario y obras de arte de esas instituciones, además del robo de documentos oficiales. Un acto de vandalismo masivo que buscaba provocar una intervención militar que anulara el resultado de las elecciones y acabara con el mandato de Lula.

Esa es la intención declarada de los bolsonaristas que llevan meses manifestándose en el país y que instalaron un campamento que albergaba a unas 3.000 personas frente al cuartel general del Ejército, y que fue desalojado el lunes.

Nunca ha ocurrido algo así en España (quizá con la excepción del cóctel molotov que provocó un incendio en la Asamblea de Murcia en 1992). En 2011 miles de manifestantes bloquearon todos los accesos al Parlamento catalán y acosaron a los diputados que pretendían entrar en su sede. La falta de antecedentes idénticos a lo ocurrido en Brasilia no ha impedido que se repitan las lecturas españolas de unos sucesos que sí fueron similares al asalto al Congreso norteamericano en enero de 2021.

El Partido Popular fue el que se dio más prisa. Quería marcar el terreno cuanto antes. ¿Cómo acusar a la izquierda de una insurrección contra un Gobierno de izquierda como el de Lula? Muy sencillo. Había que poner el foco en Pedro Sánchez, no en Bolsonaro. Sánchez había mostrado en Twitter su apoyo a Lula y su condena del asalto al Congreso, y Gamarra le reprochó que esos acontecimientos serían investigados en España como “un simple desorden público”, supuestamente a causa de la reforma del delito de sedición.

Es lo malo de los políticos cuando se ponen a tuitear sin pensar o sin haber leído la noticia. Hay ya 1.500 detenidos en Brasil –300 el domingo y el resto el lunes– y aún es pronto para saber de qué delitos específicos se les acusará. En España, si esos hechos se relacionaran con un intento de golpe de Estado o de derrocamiento del Gobierno –eso es lo que pretendían los bolsonaristas–, se les podría acusar de un delito de rebelión (ese delito que el Tribunal Supremo dejó claro que no se había producido en el proceso independentista de Catalunya).

También existe el delito contra los altos organismos de la nación (artículo 493 del Código Penal), que cuenta con una pena de tres a cinco años para los que “invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes” de las Cortes, pero si se está celebrando una sesión parlamentaria, cosa que no ocurría en Brasil al producirse los hechos un domingo.

Alberto Núñez Feijóo incidió en la misma idea cuando comentó lo que pasó en Brasil al reclamar el lunes que vuelvan a instaurarse los delitos de sedición y de referéndum ilegal. Aprovechando que el Amazonas pasa por Catalunya. Al igual que en el caso de Gamarra, el líder del PP decidió que le convenía rentabilizar en su favor los trágicos sucesos de Brasil poniendo la lupa no sobre Brasilia, sino sobre Catalunya.

No le interesa que se hable mucho de Brasil, porque en ese caso se recordaría que el gran apoyo de Bolsonaro en España ha sido Vox, que bien puede ser su aliado imprescindible en el caso de victoria en las próximas elecciones.

Podemos comparó el asalto con el boicot del PP a la renovación del poder judicial. “Lo que está haciendo en Brasil Bolsonaro con una turba de fanáticos lo está haciendo Feijóo con togados”, dijo Pablo Fernández, coportavoz del partido. En realidad, lo del CGPJ es un poco al revés. Es una violación del mandato constitucional, pero al menos los vocales del Consejo no lo han asaltado, sino que se han hecho fuertes en él para proteger una mayoría conservadora. No han destrozado el mobiliario del CGPJ ni quieren destituir a Sánchez.

Lo que está claro es que impedir esa renovación resta credibilidad al poder judicial, lo contamina con la lucha política y, por tanto, debilita su legitimidad. Pero eso no ha preocupado ni al PP ni a los vocales conservadores del CGPJ.

Todos los análisis de los ataques a la democracia liberal en varios países del mundo coinciden en que la deslegitimación de las elecciones y de las instituciones es uno de los hechos más graves y que pueden causar incidentes violentos. Es imposible disociar el asalto de Brasil del domingo de la campaña realizada por Bolsonaro y su partido desde mucho antes de las elecciones contra el sistema electoral.

Al igual que había hecho Donald Trump en EEUU, el entonces presidente denunció sin pruebas que el sistema electoral brasileño permitía el fraude y que sólo con él podría perder las elecciones. No reconoció la legitimidad de la victoria de Lula, no asistió a su toma de posesión para entregarle el poder como marca el protocolo y abandonó el país para residir durante un tiempo en Florida. Su silencio animó a sus seguidores, que comenzaron a realizar manifestaciones y cortes de carreteras.

“Hay un nuevo tipo de ladrones, los que quieren robarnos la libertad”, había dicho Bolsonaro en junio de 2022. “Si es necesario, iremos a la guerra”. Sus partidarios estaban preparados. Nunca reconocerían la victoria de Lula.

En España, Santiago Abascal y Vox ya negaban legitimidad a Sánchez mucho antes de esta legislatura. En la concentración de Colón de febrero de 2019, Abascal apoyó su celebración “por la traición de un Gobierno mentiroso e ilegítimo sostenido por los enemigos de España”.

El PP ha medido más sus palabras hasta el punto de ser capaz de decir dos cosas diferentes al mismo tiempo. Muy recientemente, Feijóo jugó con el concepto de legitimidad, algo tan peligroso en una democracia como lanzar al aire una granada de mano. “Sánchez es legítimamente presidente, sí, pero lo que no es legítimo es lo que está haciendo”, dijo en un discurso en la Junta Directiva Nacional de su partido refiriéndose a los acuerdos del PSOE con Esquerra o Bildu.

Hay que reconocer que a veces es complicado seguir la lógica de Feijóo. “No solamente no es legítimo, sino que no es ético ni es mínimamente razonable”, afirmó. Decir en política que una decisión no es legítima es más grave que sostener que no es razonable. Algunos tienen las prioridades cambiadas.

Sobre la calidad del sistema electoral español, el PP también es capaz de cuestionarla. Esteban González Pons insinuó en junio que Sánchez pretende controlar Indra para amañar o controlar las elecciones con el argumento (falso) de que Indra es la empresa que “recuenta los votos”. Minutos después, dijo, porque los periodistas insistieron con varias preguntas: “Consideramos que no hay posibilidad de manipulación. Ninguna”.

Vamos a ver si nos aclaramos. La limpieza del sistema electoral está en peligro por culpa de Sánchez y además es imposible que el sistema electoral sea manipulado. Elija al González Pons que más le guste.

Vox juega siempre a tocar la partitura bolsonarista. El PP entra y sale de ella constantemente. Un día, son unos señores respetables y al otro se ponen el traje de piratas. La legitimidad de las instituciones es una de esas cosas con las que no conviene jugar en una democracia, pero en la política española eso se ignora de forma consciente. Nunca se renuncia a actividades tan entretenidas como la ruleta rusa. Algún día el revólver se disparará y nos volaremos la cabeza.

'Asalto a la democracia en Brasil', en Un tema al día

Horas después de que Luiz Inácio Lula da Silva ganara la segunda vuelta electoral, Noruega y Alemania anunciaron la reactivación de las inversiones del Fondo Amazonia. Los aportes de esta institución, dedicada al cuidado ambiental, habían quedado suspendidos de manera indefinida después del primer año de gestión de Jair Bolsonaro. “Noruega espera revitalizar la amplia asociación climática y forestal con Brasil”, anunció el ministro de Medio Ambiente de Noruega, Espen Barth Eide, el lunes siguiente a la segunda vuelta electoral.

La decisión de Noruega tiene una explicación. Durante el primer mandato de Lula, Brasil inauguró un plan para el control de la deforestación en la Amazonia Legal, es decir, el área integrada por nueve estados brasileños y que abarca casi el 60% del territorio. El programa creado por decreto presidencial en 2003 unió a 13 ministerios para combatir la deforestación y los delitos ambientales. “La innovación consistió en crear 'unidades de conservación', para impulsar el uso sostenible de los recursos naturales y el respeto por las comunidades tradicionales que viven en la zona”, explica Claudia Gaigher, periodista especializada en medioambiente y desarrollo social sostenible y autora del libro 'Diario de una reportera en el Pantanal'.

Una década después de la llegada de Lula al poder, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) registró la tasa de deforestación más baja en la historia de la Amazonia. La ministra de Medio Ambiente de ese momento, Izabella Teixeira, llegó a decir con optimismo que la deforestación había pasado de un pico en de 27.000 kilómetros cuadrados en 2004 a 6.418 en 2012.

Después de cuatro años de Bolsonaro, el regreso de Lula inaugura un nuevo momento en la política medioambiental del país. El desafío será recuperar los años perdidos y ampliar los límites de los tres mandatos anteriores del Partido de los Trabajadores (PT). “La señal es de esperanza e ilusión para los activistas medioambientales. Es un reinicio de la política medioambiental en un sentido amplio. También del papel de liderazgo que el país siempre ha desempeñado en este ámbito a nivel internacional”, dice Suely Araújo, especialista en políticas públicas del Observatorio del Clima de Brasil.

El nuevo presidente de Brasil sabe de símbolos. Por eso eligió que su primera visita al exterior como presidente electo fuera a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en noviembre pasado. En la COP27 de Egipto, Lula selló su compromiso con los pueblos indígenas, los activistas ambientalistas y los distintos actores internacionales. En ese sentido, el nuevo presidente ha cumplido con su promesa de crear un Ministerio de los Pueblos Indígenas, que estará dirigido por la líder indígena Sonia Guajajara.

El líder del PT sabe que una política activa en la lucha contra el cambio climático también es una manera de que Brasil recupere protagonismo en el mundo. “Para Lula, el medioambiente será el tema clave para restaurar la reputación de Brasil en la escena internacional”, dice Hayley Stevenson, directora de los posgrados en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y autora de 'Global Environmental Politics'. Lula sabe que Brasil es una parte esencial para resolver la crisis climática planetaria.

Recuperar la confianza

“Brasil ha vuelto”. Estas tres palabras salieron de la boca de Lula, más de una vez, en el discurso ante decenas de seguidores en la ciudad de Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo, en noviembre pasado. La seguridad de las Naciones Unidas debió cerrar las puertas de una sala repleta de gente que esperaba escuchar al próximo presidente de Brasil.

Las expectativas son altas después de los años de un presidente que negaba el cambio climático como era Jair Bolsonaro. El antiguo líder de Brasil llegó a la presidencia con la promesa de eliminar varias normas ambientales que se consideraban un freno al desarrollo. “Debilitó el Ministerio del Medio Ambiente, cortó su presupuesto, nombró un ministro con una agenda anti-ambientalista y transfirió la autoridad para monitorear la deforestación al Ministerio de Agricultura. Se eliminaron muchas regulaciones ambientales y se dejó de aplicar el sistema de multas para la violación de normas ambientales”, enumera Stevenson.

Pero Bolsonaro intentó en campaña revertir desde el discurso los malos años de gestión. “Durante el Gobierno de Lula se deforestó el doble que en el mío”, le dijo Bolsonaro al candidato del PT en un debate presidencial en octubre pasado. Bolsonaro le pidió a la audiencia que hicieran una búsqueda en Internet. “Busque: 'deforestación de 2003 a 2006', en los cuatro años de Gobierno de Lula. Luego busque 'deforestación de 2019 a 2022'”, desafió el entonces presidente.

Para el que quiera hacer el intento, la curva es clara: Lula llegó al Gobierno en 2003 con más de 25.000 kilómetros cuadrados de deforestación, que consiguió bajar de manera progresiva cada año, hasta llegar a los 4.500 kilómetros cuadrados en 2012, un récord histórico. Esa misma curva repuntó con fuerza a partir del 2019, cuando Bolsonaro llegó al Gobierno: arrancó ese año con 7.536 y terminó con 11.568 kilómetros cuadrados de deforestación, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.

“El mayor logro de los gobiernos del PT ha sido la reducción de la deforestación en la Amazonia en un 83% entre 2004 y 2012. Luego comenzó a aumentar un poco, pero siempre lejos de la tragedia que resultó el Gobierno de Bolsonaro”, explica Araújo. En los últimos cuatro años, Bolsonaro priorizó el negocio extractivista a la política ambiental y negó la amenaza climática. Para la especialista en políticas ambientales, ha sido incluso el propio Ministerio de Medio Ambiente el que defendió en el Congreso una agenda que implicó un retroceso en la legislación ambiental. Bolsonaro no sólo niega el cambio climático, según Araújo: tampoco acepta la política ambiental o “mantener el bosque en pie”.

El incremento de la deforestación en la Amazonia Legal superó los 12.200 kilómetros cuadrados en 2022 mientras que en 2012 no llegaba a los 5.000 kilómetros cuadrados, según el monitoreo satelital de deforestación. La Amazonia contiene casi el 30% de las especies conocidas de la flora y de la fauna del planeta en sus 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Su preservación es crucial no solo para Brasil sino para el equilibrio ambiental en el mundo.

Felipe Milanez, profesor en la Universidad Federal de Bahía y coordinador del grupo de trabajo de Ecología Política en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, va un paso más allá. Para Milanez, Bolsonaro se ha asociado con el crimen organizado que extrae recursos de la Amazonía. “Bolsonaro se ha asociado con las milicias que operan en la extracción de la minería de oro ilegal, que llamamos en Brasil garimpeiro. También con las organizaciones de tala ilegal, las mismas milicias que han matado al indigenista brasileño Bruno Pereira y al periodista británico Dom Phillps en la Amazonia. Bolsonaro ha intensificado el crimen extractivista en asociación con el Estado”, dice Milanez.

La distancia entre los años de gestión de Bolsonaro con Lula son abismales. En su primer mandato, Lula nombró a Marina Silva para el Ministerio de Medio Ambiente, que creó grupos de trabajo entre la sociedad local, las instituciones públicas y los representantes empresariales para pensar proyectos relacionados con el medioambiente. Después de 20 años, Marina Silva vuelve a ser la ministra de Medio Ambiente de Brasil. El anuncio de la designación de Silva, histórica rival electoral de Lula, se considera una muestra de la política de acuerdo amplio del nuevo presidente.

Pero el camino no es sencillo para el nuevo Gobierno. “No será fácil reconstruir las instituciones para investigar los canales de la economía ilegal, promocionada en los últimos seis años, incluso antes de Bolsonaro pero intensificada por él. Ese es un gran desafío del próximo Gobierno y de la sociedad brasileña en general, que es de una cierta manera, recuperar un control del Estado de derecho en el país”, dice Milanez.

Más allá de Lula

Pero además de revertir la gestión de Bolsonaro, el nuevo Gobierno tendrá el reto del crecimiento económico. “Los años de Lula han mostrado una política medioambiental con las contradicciones propias de un país agro-minero extractivista. Lula gestionaba en plena superabundancia de la explotación de las materias primas”, dice Milanez.

Para Suely Araújo, el Gobierno de Lula tuvo logros importantes en temas vinculados al medioambiente, pero también generó controversias en ciertas decisiones. “El anterior Gobierno del PT ha dejado marcas fuertes en el despliegue de una visión desarrollista que terminó por priorizar el desarrollo económico en lugar de la protección del medioambiente”, dice la especialista, quien recuerda la construcción de la represa de Belo Monte, una central hidroeléctrica ubicada en el estado de Pará, un proyecto muy cuestionado por el impacto social y ambiental negativo que provocó.

De la llegada de Lula en 2003 al 2023 han pasado dos décadas. Por eso algunos analistas perciben un proceso de aprendizaje del presidente en los reclamos medioambientales. “Estoy segura de que el presidente trabajará duro para ello, porque de ello depende parte de su Gobierno, está apostando políticamente por la cuestión climática”, dice Araújo.

El medioambiente como puerta al mundo

En la apertura de la última cumbre de líderes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Al Gore, el exvicepresidente de Estados Unidos y activista contra el cambio climático, mencionó a Lula da Silva: “El pueblo brasileño optó, hace unos días, por dejar de destruir la Amazonia”.

La vuelta del PT es vista, no solo puertas adentro sino a nivel internacional, como un respiro para el medioambiente. También como un modo de regreso de Brasil al mundo, después de cuatro años de aislamiento.

“En el Gobierno de Bolsonaro, el país pasó a ser tratado como una especie de paria. En las reuniones, Bolsonaro usaba al medioambiente casi como un chantaje: 'Si no me das recursos, degradaré el bosque'. Y esto tuvo repercusiones muy negativas en el ámbito diplomático. Brasil se convirtió en una especie de paria”, dice Suely Araújo.

Durante el primer año del mandato de Bolsonaro, la comunidad internacional quedó horrorizada por las imágenes del Amazonas en llamas. “Todos los años hay incendios, pero en 2019 vimos el número más elevado en 10 años. En el contexto de impunidad que caracterizó el mandato de Bolsonaro, no fue sorprendente pero sí muy preocupante dado la importancia que el Amazonas tiene para absorber el dióxido de carbono y regular los sistemas climáticos”, dice Stevenson.

En los años del PT, Brasil mantuvo una postura activa en las negociaciones climáticas internacionales. “En el escenario internacional, podemos esperar una postura mucho más cooperativa y proactiva bajo el mandato de Lula, pero esto no significa que sea fácil restaurar todas las protecciones perdidas bajo Bolsonaro. Hay fuertes intereses en expandir la industria agrícola a costa de la conservación ambiental”, dice Stevenson.

Durante meses, un presidente en funciones con inclinaciones autoritarias puso en duda la democracia de su país. Sus simpatizantes protagonizaron una violenta marcha sobre la capital para negar su derrota electoral por un estrecho margen. Pero las instituciones de la democracia fueron más fuertes que los ataques y el día de la investidura, el legítimo vencedor asumió el cargo en una ceremonia pacífica.

Los paralelismos entre las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos y en Brasil son sorprendentes. El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, apoyaba a Donald Trump y este, a su vez, apoyó a Bolsonaro en la campaña. Aunque Joe Biden no fue tan lejos y no apoyó a nadie durante la campaña, no tardó nada en reconocer la victoria del presidente entrante, Luiz Inácio Lula da Silva, desoyendo las denuncias de fraude electoral proferidas por su rival.

“Estados Unidos ha vuelto”, dijo Biden en vísperas de su propia investidura en 2021. “Brasil ha vuelto”, dijo Lula dos años después.

Pero más allá de los puntos en común de sus campañas presidenciales, hay diferencias fundamentales en la visión que Lula y Biden tienen del mundo, así como del papel que sus países deben jugar en él. Son diferencias que deberían servir de base para construir a partir de ellas un entendimiento mutuo, y no para convertirse en puntos de conflicto entre las mayores potencias del hemisferio occidental.

El multilaterismo de Lula

Pensemos en sus discursos de victoria. ¿Qué significa para Biden y para Lula que sus países hayan “vuelto”? Joe Biden lo tiene claro: un regreso a una campaña global para “defender la democracia en todo el mundo, frenar el avance del autoritarismo” y unir a los países del “mundo libre” frente a rivales como Rusia y como China. Pero la visión de Lula de un orden global “basado en el diálogo, el multilateralismo y la multipolaridad” va en contra de estas divisiones y sus llamadas a la confrontación. “Tendremos relaciones con todos”, dijo Lula en su discurso este domingo.

¿Qué significa, en términos reales, el compromiso de Lula con “el diálogo, el multilateralismo y la multipolaridad”? Por “diálogo”, Lula entiende pasar de una política exterior que trate de aislar a los adversarios a otra que busque soluciones diplomáticas. Por ejemplo, cuando la Administración Biden pidió al mundo que se uniera a su campaña sanciones duras contra Rusia, hubo personas vinculadas a Lula que pidieron prudencia. “Estoy en contra las sanciones”, dijo su ex ministro de Asuntos Exteriores, Celso Amorim. “No ayudarán a resolver nada, sino que crearán problemas en todo el mundo”.

El enfoque también es valido para los adversarios de Washington en el continente.

Mientras que Bolsonaro se unió a Estados Unidos en el rechazo a reconocer a Nicolás Maduro como líder legítimo de Venezuela, el presidente Lula intentará ahora tener relación con el Gobierno de Maduro. Entretanto, Lula apoya de manera habitual a la Asamblea General de la ONU en su votación de condena del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

La resistencia de Lula a estas medidas unilaterales coercitivas define lo que significa el “multilateralismo” para él. Desde el principio de su primer mandato presidencial Lula trató de reforzar el papel de organismos multilaterales como Naciones Unidas para resolver los desafíos mundiales. En ocasiones, eso ha significado enfrentarse al Gobierno de EEUU. Como cuando en 2003 rechazó la decisión unilateral de Estados Unidos de invadir Irak. “Falta al respeto a las Naciones Unidas”, dijo entonces Lula sobre la decisión.

Reequilibrar el orden mundial

Pero su compromiso con el multilateralismo va más allá de una mera preferencia por el consenso. El Gobierno de Lula abogó entonces, como volverá a hacer ahora, por una reforma fundamental en el sistema multilateral que “refleje la distribución actual de poder en el mundo”, en palabras de Amorim. Es posible que Washington celebre el fin del aislacionismo de Bolsonaro en temas como la lucha contra el cambio climático, pero la clave sigue siendo cómo responderá al intento de Lula de darle protagonismo al llamado sur global cuando la Administración Biden ha prometido mantener a Estados Unidos en la “cabecera de la mesa”.

Lo que define la visión de “multipolaridad” de Lula es esta ambición de construir nuevos bloques para reequilibrar el orden mundial. Un proceso de reequilibrio que comienza en el hemisferio occidental. Durante mucho tiempo, Lula trató de unir a los vecinos latinoamericanos de Brasil en un bloque común que tuviera autonomía de EEUU. Durante su presidencia, Bolsonaro se marchó de mala manera de estos organismos regionales. Pero Lula tiene ahora gobiernos afines en países como Colombia, Argentina, Bolivia y Chile, y su administración buscará integrar las políticas regionales de sanidad, defensa, infraestructura y medio ambiente para construir un nuevo “polo” en lo que Biden llamó “el patio delantero de Estados Unidos”.

Pero el compromiso de Lula con otro bloque es lo que supone un mayor riesgo de colisión con EEUU. Desde el principio de su presidencia, Biden ha hablado de un conflicto de civilizaciones creciente entre “democracias” y “autocracias”, con Rusia y China como representantes del bando autocrático. Sin embargo, Lula presidió en 2008 la creación de un nuevo bloque global que rompía con esta división de civilizaciones uniendo a Brasil con Rusia, India, China y Sudáfrica (Brics). De nuevo en la presidencia, Lula ya ha dicho que apoyará las propuestas de ampliación del bloque y el desarrollo de un nuevo sistema de pagos Brics que facilite el comercio entre sus miembros sin el uso de dólares.

Nueva oportunidad

Estados Unidos tiene un funesto historial de intervenciones en los países que consideraba demasiado cercanos a sus rivales y Brasil no es ninguna excepción. Ya en 1964, y para evitar que Brasil se convirtiera en “la China de los años 60”, Washington ayudó al golpe militar contra el Gobierno democráticamente elegido de João Goulart. No han pedido disculpas. Y las últimas administraciones estadounidenses respaldaron el encarcelamiento de Lula durante 580 días en el que se considera ampliamente como el golpe judicial de 2016.

Ahora que Lula asume la presidencia, Biden tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de las relaciones entre Estados Unidos y Brasil que se base en el respeto mutuo de la soberanía nacional. También es una oportunidad para revisar los principales supuestos de la política exterior estadounidense. Ni Lula ni sus aliados se identifican con su concepto de “mundo libre” o con la idea de que sea Estados Unidos el país que lleve el timón. Lo que sí creen es que hay un mundo multipolar en formación y que su responsabilidad es desempeñar un papel positivo en él con una política exterior activa, independiente y firme. Brasil no necesita a un Estados Unidos que “lidere el mundo”. Lo que necesita es que Estados Unidos encuentre su nuevo lugar en la mesa.

David Adler es coordinador general de la Internacional Progresista. Guillaume Long es un analista senior de política en el CEPR.

Traducción de Francisco de Zárate

Los equipos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y del mandatario electo Luiz Inácio Lula da Silva han iniciado este jueves la transición de Gobierno tras la victoria en las urnas del líder progresista y tres jornadas de protestas callejeras promovidas por la ultraderecha.

“La transición ya empezó”, ha afirmado el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, encargado de coordinar el proceso de transición con el Gobierno de Bolsonaro, quien admitió implícitamente su derrota el pasado martes, tras dos días de silencio, y aseguró que cumplirá la Constitución.

Alckmin se desplazó a Brasilia, donde mantuvo hoy una primera reunión en el Palacio presidencial de Planalto con el ministro de la Presidencia, Ciro Nogueira, quien es por su parte el responsable en el Gobierno por el proceso de transición.

El vicepresidente electo ha considerado la primera toma de contacto como “bastante provechosa” y “muy objetiva” y ha aclarado que el trabajo de transición tomará cuerpo a partir del próximo lunes. “La transición será instalada con los objetivos de transparencia, planificación y de continuidad a los servicios prestado a la población”, ha asegurado Alckmin en una rueda de prensa en Brasilia.

Alckmin estuvo acompañado por la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, y por el coordinador del programa de Gobierno de Lula, el exministro Aloizio Mercadante, quienes visitarán este viernes la instalación designada como centro de operaciones en el proceso de traspaso de informaciones.

La legislación otorga al presidente electo el derecho de formar un equipo de transición, con 50 cargos a disposición, para tener acceso a los datos de la administración pública y preparar las primeras medidas de Gobierno. La transición fue autorizada por el presidente Jair Bolsonaro tras admitir de forma velada la victoria de Lula, quien ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010.

En su primer pronunciamiento tras las elecciones, realizado 45 horas después del resultado, el líder de la ultraderecha brasileña no reconoció su derrota ni cantó victoria, ni tampoco tuvo el gesto democrático de felicitar al líder progresista, pero se comprometió con la Constitución.

Las negociaciones para la transición han comenzado después de tres jornadas de protestas de activistas de ultraderecha que apoyan a Bolsonaro, que incluyeron bloqueos de carreteras por parte de camioneros y hasta multitudinarias manifestaciones a las puertas de los cuarteles.

En ambos casos, los manifestantes reclamaron una “intervención militar” que, según afirmaron en sus protestas, debería impedir que “el comunismo” asuma el poder en Brasil, en una clara incitación a un golpe ignorada por las Fuerzas Armadas.

Las “fuerzas de choque” del bolsonarismo, integradas por camioneros y aliados, han abandonado los bloqueos, pero las protestas continúan en el centro de las grandes ciudades: Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro y Porto Alegre. Miles de manifestantes, envueltos en banderas brasileñas, se reunieron frente a edificios del Ejército para pedir “intervención federal”, una forma disimulada de exigir alguna acción militar. Hubo, además, un cambio de consignas y de los carteles desapareció cualquier mención específica a Jair Messias Bolsonaro para evitar que el “líder” se vea eventualmente involucrado en algún proceso legal. 

En lugar del apoyo específico al presidente brasileño, se mostraron carteles con el lema “Lula a prisión”. El cambio de orientación fue una orden de los dirigentes bolsonaristas que circuló a través de las redes sociales. Les preocupa el hecho de relacionar al jefe de Estado con “acciones antidemocráticas”. 

Entre los políticos opositores, pero también oficialistas, se interrogaban este miércoles cuánto tiempo podrían prolongarse las movilizaciones callejeras, que cuestionan la legitimidad de los resultados electorales del domingo. Algunas respuestas, como las del intendente de Río de Janeiro Eduardo Paes, un político que se alió con Lula da Silva y que ya fue diputado federal, dan poco tiempo de vida a las manifestaciones: “Estamos viviendo el último suspiro del bolsonarismo, que ni de cerca tiene la mayoría de las personas que votaron a Bolsonaro”, señala Paes.

En su visión, el actual presidente “es un hombre que muestra, en su salida, que es cierto todo aquello que se habló de él: no consigue entender el juego de la democracia”. Más categórica aún es la opinión de que no ve al gobernante “como un líder político de la oposición”. “Dudo incluso que se mantenga por mucho tiempo en el partido que lo albergó como candidato presidencial, el PL”, señaló en una entrevista con la prensa local.

Varios juicios abiertos

Con todo, no es posible ignorar su capacidad para interpretar personajes que lo acerquen con algún carisma a los sectores más populares. “Él es principalmente un altavoz de las frustraciones de parte de la sociedad”. Desde luego, no se puede menospreciar esa capacidad. Pero el mandatario tendrá que cuidar su situación judicial en cuanto termine el mandato el 31 de diciembre próximo: junto con sus hijos es el blanco de varias causas que se tramitan en la Corte Suprema. Según un magistrado citado por el diario O Globo, “Bolsonaro precisa actuar en dos frentes: primero, cuidar personalmente de él y sus hijos por las investigaciones judiciales; luego, preservar su grupo político, que a pesar de derrotado consiguió fortalecerse en estas elecciones”. 

Por otro lado, es clave la actitud asumida por varios de sus aliados más próximos: Artur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, que actuó junto al gobernante, se apresuró el domingo a reconocer la victoria de Lula. Otro tanto hizo el gobernador electo de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, quien fue ministro del gobierno de Bolsonaro. 

A modo de interpretación de lo que ocurrirá en los próximos meses y la capacidad del presidente electo para “unificar” su país, extremadamente polarizado, el carioca Paes sostuvo: “Lula tiene una exacta dimensión de lo que significa su victoria y de la oportunidad que se abre por delante”. Su triunfo es “fruto de un frente muy amplio” de políticos que decidieron apoyarlo convencidos que el dilema social era “democracia o barbarie”.

Esto explica y justifica la frase que se tornó ya reiterativa en el discurso lulista: “Mi gobierno no será del PT [Partido de los Trabajadores]”. De hecho, Lula ha demostrado casi de inmediato que está dispuesto a cumplir con ese principio y ha nombrado a su número dos y antiguo rival, Geraldo Alckmin, para coordinar el proceso de transición entre el gobierno actual y el futuro, tal como lo establece una ley de 2002.

Por otro lado, también ha indicado que el nuevo gobierno no será sin el PT y ha designado para acompañar al vice en esa tarea a dos de sus personas más próximas: el exministro Aloysio Mercadante y la presidenta del partido Gleisi Hoffmann. Otra figura del partido se hará cargo de negociar con el Congreso algunos cambios en la ley presupuestaria.

Las movilizaciones y bloqueos aún continúan por las rutas brasileñas. En esta ciudad, hace poco menos de una hora, la policía estatal logró desalojar con gases lacrimógenos a los manifestantes del bolsonarismo que mantenían clausurada una de las vías de acceso. Las fuerzas de seguridad indicaron que, dos días y medio después del fin de los comicios, hay todavía 150 localidades brasileñas con autopistas sitiadas. 

En cada uno de los 600 puntos de obstrucción de carreteras, que se verificaron a lo largo y ancho de Brasil entre el lunes y el martes, los manifestantes no pasaban de algunas centenas. No obstante, contaron con la inestimable fuerza de los camioneros, que con sus vehículos pudieron encerrar ómnibus y automóviles en gigantescos embotellamientos.  

Los episodios ponen de relieve que una parte de los 58 millones de votantes de Jair Bolsonaro creen que en el futuro —y con Luiz Inácio Lula da Silva en la presidencia de Brasil— el país podrá convertirse “en una Venezuela”. Por ello, no dudaron en batallar con convicción por los principios ultraderechistas que todavía intentan imponer el jefe de Estado saliente y sus huestes políticas. Así, su movimiento es “libertario”, religioso y “defensor de la propiedad y la familia”.

Desde luego, ninguna de las manifestaciones de estos días surgió de forma espontánea. Hasta lo admitió ayer la propia Policía Caminera Federal (PRF) en conferencia de prensa. “Hubo una organización estructurada”, dijo la cúpula. Abundan los relatos que testimonian esa preparación previa. “Un manifestante, que ocultaba su rostro con una bandera de Brasil, le avisó al conductor de un ómnibus de larga distancia para que las empresas dejaran enviar sus flotas, ya que los bloqueos irían a intensificarse las próximas horas”, relató un pasajero. “Al lado había otro hombre, también envuelto en una bandera, que dirigía el tránsito como si fuera un policía”, contó.

Los mensajes en Twitter y en WhatsApp fueron los mecanismos predilectos para transmitir órdenes entre los movilizados. Eso se observó, por ejemplo, cuando convocaron a los bolsonaristas a reunirse delante de los cuarteles militares: allí fueron a pedir anoche la “intervención”. Para el presidente Bolsonaro, ese movimiento fue “el fruto de una indignación y sentimiento de injusticia de cómo ocurrió este proceso electoral”, donde los resultados le dieron el triunfo a Lula. En el lenguaje presidencial “las manifestaciones pacíficas son siempre bienvenidas. Pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda que siempre perjudican a la población, con la invasión de propiedades, la destrucción de patrimonio y el cercenamiento del derecho de ir y venir”. Eso fue lo que dijo sobre los piquetes en las rutas, en su brevísima declaración de dos minutos en el Palacio del Planalto, ayer por la tarde. Vale recordar que con un silencio de dos días, sin admitir su fracaso, incentivó precisamente a los manifestantes a provocar un desorden inédito, que ha llevado a la falta de provisiones en los supermercados, a la cancelación de vuelos y a la permanencia durante horas de pasajeros de ómnibus en las rutas bloqueadas.

El Gobierno brasileño no tiene cómo esconder su participación en estos hechos, que se prolongaron desde el domingo por la noche hasta este miércoles. Directores de la Policía Caminera Federal dijeron el martes que habían identificado vídeos, donde se observó que agentes de la corporación “colaboraban” con los grupos de camioneros bolsonaristas. Uno de los directores, Wendel Benevides Matos, sostuvo que esos casos serán investigados: “No dimos ninguna orden para que cumplieran ese papel. Tendrán que responder sobre lo ocurrido”. Pero, no es posible ocultar que Silvinei Vasques, comandante de la PRF, declaró su voto a Bolsonaro el mismo domingo de los comicios. 

Al mismo tiempo, hubo sectores de extrema derecha de los evangélicos, que convocaron a clausurar autopistas porque esa era “una declaración de guerra”. Así lo reveló un seguimiento de las redes sociales realizado por investigadores.

Como ocurre casi siempre en Brasil, el fútbol también tuvo participación, pero esta vez funcionó en el sentido contrario: una caravana de hinchas del club Corinthians, se desplazó sobre la autopista Dutra, que une São Paulo con Río de Janeiro. Así fueron desmontando los piquetes bolsonaristas y dejaron libre la ruta. Había una razón de fondo: hoy se enfrentan en la ciudad carioca con el Flamengo.

En cuanto terminó Jair Bolsonaro su declaración reconociendo su derrota, el ministro jefe de la Casa Civil, Ciro Nogueira, cogió el micrófono para anunciar que darán “inicio inmediato al proceso de transición con el próximo gobierno, tal como fue autorizado por el presidente de la República”. Era la señal más importante esperada por el Congreso y el Poder Judicial sobre la normalización política del país.

Aunque el jefe de Estado omitió mencionar que dejará el sillón presidencial el uno de enero, las palabras de Nogueira actuaron como un bálsamo. La “transición” a la que se refería el funcionario se desarrolla durante los dos meses que suelen pasar entre el fin de las elecciones y el comienzo de la próxima administración. Es una misión que deben cumplir los distintos ministerios para entregar de forma ordenada las gestiones realizadas durante cuatro años. Como dijo el jefe de la Casa Civil, se puso a disposición de los futuros gestores un salón del Palacio del Planalto. Este lunes, Nogueira señaló que se reunirá con el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, quien fue designado por Lula da Silva como el coordinador del proceso de cambio de mando; lo ayudará en esa tarea la presidenta del Partido de los Trabajadores, la diputada Gleisi Hoffmann.

Más reconocimientos de las elecciones

Un poco antes del discurso de Bolsonaro, varias entidades del establishment demandaron públicamente la “preservación” de la democracia, reconociendo implícitamente la legitimidad del triunfo lulista. Ese es el caso de la Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA), quien, a través de una nota de prensa, reiteró su apoyo a la democracia, que considera “esencial para el desarrollo del sector” y señaló que está lista para “el diálogo y la cooperación con el gobierno electo, escogido por la mayoría del pueblo brasileño”. De esta forma, la entidad ha reconocido a Lula da Silva como futuro presidente, a pesar de haberse pronunciado anteriormente a favor de la reelección de Jair Messias Bolsonaro.

La Confederación Nacional de la Industria, que reúne a la totalidad del sector manufacturero, se pronunció en forma absoluta contra los bloqueos de rutas realizados por parte de grupos de camioneros bolsonaristas. Advirtió: “El sector industrial se manifiesta contrario a cualquier movimiento que comprometa la libre circulación de trabajadores y del transporte de cargas, pues provocan daños directos en el proceso productivo y en la vida de los ciudadanos”. Concluyó que esas movilizaciones son “antidemocráticas”.

Brasil vuelve a ser el país donde se definen las batallas políticas de nuestro mundo. Lula, en una semana, ya es de nuevo el dique de contención a una nueva ultraderecha inspirada por Trump y replicada en Europa. Y ya ha llegado el primer golpe: miles de bolsonaristas tomaron este domingo las sedes del Congreso, del poder ejecutivo y también del poder judicial.

Hablamos con Darío Pignotti, corresponsal en Brasil para Página 12, y con Eleonora Gosman, compañera de elDiarioAR, corresponsal en Brasil durante muchos años, que también estaba en Brasilia este fin de semana. 

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Jair Bolsonaro ha evitado reconocer explícitamente su derrota en las elecciones presidenciales de Brasil pero ha asegurado que pretende cumplir con la Constitución. No ha felicitado, ni siquiera mencionado, a su sucesor: el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. Pero sí ha garantizado: como “presidente de la República y como ciudadanos continuaré cumpliendo los mandatos de nuestra constitución”. Inmediatamente después, el gobierno brasileño anunció que dará inicio a la transición.

El todavía presidente del país ha justificado las protestas de sus seguidores, que este martes han bloqueado los puntos de acceso del país para mostrar su disconformidad con los resultados de los comicios. “Los actuales movimientos son fruto de la indignación y sentimiento de injusticia del procedimiento electoral”, ha asegurado en su primera rueda de prensa tras la derrota.

El domingo ganó el líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, por una ventaja de prácticamente dos puntos porcentuales: con un 50,9% de los votos, frente al 49,1%, y desde entonces el ultraderechista no había roto su silencio, ni en redes sociales, ni a través de la prensa. Bolsonaro ha hecho esperar un buen rato a periodistas, funcionarios y ministros, en el Palacio de Planalto, y finalmente este martes ha pronunciado un brevísimo discurso en el que ha criticado a la izquierda y ha asegurado que los “valores” de sus seguidores siguen todavía “fuertes”.

 “Siempre he sido rotulado como antidemocrático”, ha continuado Bolsonaro en su discurso, “pero siempre he jugado dentro de las cuatro líneas de la Constitución” ha asegurado, para añadir que seguirá “cumpliendo” con los mandatos de la Carta Magna brasileña.

Tras el mensaje del presidente, Ciro Nogueira, ministro de la Casa Civil, confirmó que el gobierno cumplirá con la ley de transición. “Cuando se convoque con base en la ley, vamos a iniciar el proceso y la transición”, ha agregado. “Esperaremos a que esto se formalice para cumplir con la ley en nuestro país”.

Quienes sí se habían pronunciado eran los aliados de Bolsonaro, que han bloqueado a lo largo de este martes los accesos a las principales carreteras del país. El Supremo Tribunal Federal -equivalente al Tribunal Constitucional- ha exigido a la Policía Federal de Rutas (PRF) y a las policías militares de los diferentes estados del país que intervengan de manera urgente para poder liberar las rutas bloqueadas por los camioneros.

Sobre estas protestas, Bolsonaro ha indicado que toda “manifestación pacífica” será “bienvenida”, a pesar de que los manifestantes han bloqueado las vías de acceso a las principales ciudades del país, también a aeropuertos como el de Sao Paulo, lo que ha provocado la cancelación de vuelos al país.

Al igual que Bolsonaro, no han hecho mención alguna a los resultados de los comicios dos de sus hijos que se dedican a la política. Como su padre, suelen ser activos en las redes sociales, pero tras la victoria de Lula han desaparecido completamente. Sí lo ha hecho el senador Flavio Bolsonaro. En un mensaje en Twitter, ha agradecido a quienes ayudaron “a rescatar el patriotismo” y votaron al actual mandatario. “¡Levantemos la cabeza y no renunciemos a nuestro Brasil! Dios a cargo!”, ha zanjado.

Los resultados de las elecciones presidenciales ocurridas en Brasil el pasado domingo han dejado en evidencia la enorme polarización que se vive en ese país. En medio de ese clima, el futbolista Donato Gama da Silva, exjugador tanto del Atlético de Madrid como del Deportivo de La Coruña, ha llegado al punto de animar a dar un golpe de Estado.

A través de su cuenta de Instagram, el deportista ha publicado un texto en el que se refiere a las elecciones en los términos de “guerra”: “La guerra aún no ha terminado, el pueblo brasileño ha despertado, no se quedará así. Si el pueblo sale a la calle, puede haber una intervención militar. El comunismo no puede volver al poder. No tires la toalla”.

No es el primer futbolista de renombre internacional que se pronuncia públicamente en favor de Jair Bolsonaro. Antes de la primera vuelta electoral, Neymar también había publicado en sus redes sociales un vídeo en el que bailaba invitando a votar al candidato de extrema derecha.

El Tribunal Supremo brasileño ha pedido este martes a la Policía que intervenga para liberar las rutas bloqueadas por los camioneros brasileños movilizados en apoyo de Bolsonaro, derrotado en las elecciones de este domingo. Los manifestantes obstruyen las principales autopistas de ingreso a las capitales del país y han generado dificultades en los accesos a los grandes aeropuertos, con la consiguiente cancelación de numerosos vuelos domésticos e internacionales.

El Supremo Tribunal Federal -equivalente al Tribunal Constitucional- exigió a la Policía Federal de Rutas (PRF) y a las policías militares de los estados brasileños que intervengan en forma urgente para liberar las rutas bloqueadas por los camioneros brasileños, movilizados en apoyo del presidente Jair Messias Bolsonaro. Los manifestantes obstruyen las principales autopistas de ingreso a las capitales del país y han generado dificultades en los accesos a los grandes aeropuertos, con la consiguiente cancelación de numerosos vuelos domésticos e internacionales. 

Mientras tanto, el todavía jefe de Estado continúa sin dar señales respecto de su pronunciamiento para reconocer la victoria de su adversario, Luiz Inácio Lula da Silva, ya consagrado como presidente electo. La Secretaría de Comunicación ha anticipado que no hay horario previsto para ese mensaje, exactamente un día y medio después del cierre de las urnas. Según informaciones procedentes de la casa de Gobierno en Brasilia, Bolsonaro debe mantener durante el día diversas citas con altos mandos militares; esta mañana ya estuvo reunido con comandante de la Aeronáutica, brigadier Carlos de Almeida Baptista; donde abordaron temas de “seguridad pública”.

La movilización de estas bases bolsonaristas, que impacta en 20 estados brasileños, es una réplica a los resultados de las elecciones del domingo, y tiene como principal consigna el “impedir que el comunismo llegue al poder”. La medida adoptada hoy por la Corte apunta, además, contra el director general de la Policía Federal caminera, Silvinei Vasques, un “bolsonarista” confeso. Fija contra el funcionario el pago de una multa de 20.000 dólares por hora, a partir de hoy a medianoche, en caso de incumplimiento del mandato. Prevé, además, su exoneración y su prisión por “desobediencia”. 

La mayoría de la Corte Suprema respaldó, esta mañana, la decisión que había tomado ayer lunes el magistrado Alexandre de Moraes, al autorizar el uso de tropas de las policías militares (provinciales) para “desobstruir de inmediato todas las vías públicas que ilegalmente tengan interrumpido el tránsito”. En su sentencia, Moraes indica que “hay un nítido delito de abuso del derecho constitucional de reunión. La acción (de los camioneros) acarrea un impacto desproporcionado e intolerable para la sociedad, que depende del funcionamiento pleno de las cadenas de distribución de productos y servicios”.

La resolución adoptada por el STF intenta desmontar un escenario de creciente tensión originado desde el propio jefe de Planalto, que persiste en silenciar su fracaso en los comicios. Moraes indicó que los “paros ilegales” de los camioneros, con incendios de barricadas, colocan “en riesgo la seguridad pública en todo el territorio nacional” por medio de delitos “contra las instituciones democráticas”.

Las manifestaciones en la autopista Marginal Tieté, una de las vías que conduce hacia el aeropuerto de Guarulhos, a 35 kilómetros de la capital paulista, obligó a las autoridades aeroportuarias a suspender 25 vuelos. Hasta ahora, en todo el país fueron cancelados 40 vuelos por esa causa.  La Policía Federal que controla las rutas nacionales, acaba de informar que se mantienen 220 puntos con piquetes al tránsito, en todo el país. La dirección de ese organismo policial afirma que los agentes actúan desde ayer para desmantelar los bloqueos. “En cuanto surgieron las primeras dificultades, la PF tomó todas las providencias para garantizar el retorno a la normalidad del flujo. Sus agentes fueron a los locales para negociar la liberación de rutas y autopistas” indica esta fuerza de seguridad.

Pero hasta ahora, la acción de las fuerzas de seguridad ha tenido un efecto muy limitado. 

El presidente de la Asociación Brasileña de Supermercados, Joao Galassi, se dirigió al presidente Jair Bolsonaro para pedirle que intervenga en lo que se preanuncia como una rápida escasez de alimentos. “Ya comenzamos a enfrentar” esa situación declaró.

El panorama político continúa incierto en Brasil. Mientras que el presidente Jair Bolsonaro sigue sin reconocer su derrota en los comicios del domingo, en los que ganó Lula Da Silva, las manifestaciones de los camioneros brasileños en apoyo crearon ya un problema grave en el transporte aéreo de pasajeros.

Un grupo de ellos bloqueó la autopista Marginal Tieté, una de las vías que conduce hacia el aeropuerto internacional de Guarulhos, municipio vecino a la capital paulista. Y por esa causa fueron suspendidos 40 vuelos. Esa movilización de las bases bolsonaristas, contra los resultados de las elecciones del domingo, tienen como principal consigna “impedir que el comunismo llegue al poder”.

Este martes por la mañana la Policía Federal que controla las rutas nacionales, reveló que hay 183 puntos en todo el país con interrupciones de tránsito. La dirección de ese organismo policial afirma que actuó para desmantelar los bloqueos. “Desde ayer, cuando surgieron las primeras dificultades, la PF tomó todas las providencias para garantizar el retorno a la normalidad del flujo. Sus agentes fueron a los locales para negociar la liberación de rutas y autopistas”.

Hasta ahora, la acción de las fuerzas de seguridad no tuvo efecto alguno. El presidente de la Asociación Brasileña de Supermercados, Joao Galassi, se dirigió al presidente Jair Bolsonaro para pedirle que intervenga en lo que se preanuncia como una rápida escasez de alimentos. “Ya comenzamos a enfrentar” esa situación declaró.

En Argentina, los vuelos que debían llegar esta mañana desde Brasil aparecían demorados, tanto los arribos para el Aeroparque metropolitano como al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

EG/MG

La salida en bloque de los simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT) en el centro de São Paulo este domingo por la noche se pareció mucho a la de hace 20 años, cuando Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó por primera vez la presidencia de Brasil. Entonces, como ahora, caravanas de conductores petistas que celebraban la victoria de Lula hicieron sonar el claxon, y sus pasajeros encaramados a las ventanillas corearon consignas y ondearon banderas.

Después de tres intentos infructuosos, aquel fue un triunfo especialmente dulce. La actual victoria, tercera de Lula, tal vez sea aún más gratificante: el exlíder sindical ha salido de la cárcel, se ha enfrentado a sus enemigos políticos, y ha condenado a la derrota a su némesis, Jair Bolsonaro.

Este domingo por la noche también había una cierta sensación de alivio en la celebración porque, al menos de momento, las siniestras amenazas del ultraderechista sobre una posible anulación del resultado electoral no se habían materializado.

Un país dividido

Pero el Brasil que gobernará Lula da Silva será muy diferente al de principios de 2003, cuando llegó a la presidencia por primera vez. Las elecciones de este domingo muestran lo dividido que está el país. Durante el último año y medio, los sondeos de opinión han subestimado sistemáticamente el apoyo del que goza Bolsonaro, algo que puede deberse a la resistencia de muchos conservadores a participar en las encuestas o a sus reservas para decir cuáles son sus creencias.

Antes de la primera vuelta de las elecciones, las encuestas sugerían que Bolsonaro no sacaría más del 37% de los votos, y sin embargo obtuvo el 43%. Antes de la votación de este domingo, la mayoría de los sondeos predecían una ventaja de entre cuatro y seis puntos porcentuales para la victoria de Lula. Pero en el escrutinio final, Bolsonaro ha reducido esa diferencia a 1,8 puntos.

Además, Bolsonaro ha ganado en 14 de los 27 estados de Brasil, imponiéndose en una franja de territorio que se extiende desde la costa atlántica hasta las tierras de la sabana en el centro-oeste. En los estados más ricos y desarrollados, ha ganado por amplias mayoría.

Fernando Haddad, candidato presidencial derrotado hace cuatro años y miembro clave del equipo de campaña de Lula, celebró el triunfo junto al presidente electo en el autobús de la victoria. Pero lo cierto es que en las elecciones a gobernador del estado de San Pablo, la región más poblada del país, Haddad ha sido derrotado con contundencia por el candidato de Bolsonaro, el exsoldado e ingeniero Tarcísio de Freitas. Bolsonaro también triunfó de manera espectacular en el próspero cinturón agrícola del centro-oeste.

Lula ganó por los pelos en el estado de Minas Gerais, pero su éxito nacional se debe a la victoria conseguida en los diez estados relativamente pobres del noreste. Las encuestas mostraron que las personas que viven con ingresos inferiores a 400 dólares al mes eran más proclives a votar a Lula y que las personas con mejor situación económica tendían a favorecer a Bolsonaro. El 70% de los habitantes de Bahía, el estado con mayor población negra, votó a Lula.

La fuerza de la derecha

Los cristianos evangélicos suelen ser también seguidores de Bolsonaro. Este grupo representa ahora un tercio de la población, quizás el doble del que tenía cuando Lula llegó al poder por primera vez.

La fuerza de ese bloque conservador ayuda a explicar por qué la derecha obtuvo tan buenos resultados en la primera ronda. En 2018, la derecha ganó a costa de los partidos socialdemócratas de centro que, de una manera o de otra, venían jugando un papel clave en los gobiernos desde el final de la dictadura militar en 1985. Este cambio se consideró una especie de terremoto político. Lo destacable de las elecciones de este año es que la derecha ha profundizado aún más esa tendencia.

El hecho más llamativo este año ha sido la elección como representantes en el Congreso de algunas de las figuras más polémicas de la presidencia de Bolsonaro. Un ejemplo es el general Eduardo Pazuello, destituido de forma ignominiosa como ministro de Sanidad tras su desastrosa gestión de la pandemia de COVID-19, que ha obtenido un escaño en la cámara.

La búsqueda de equilibrios

En general, los partidos de derecha han aumentado su representación en la Cámara Baja, pasando de 240 a 249 diputados, ligeramente por debajo de la mitad de los 513 que hay en total. El PT de Lula y sus aliados solo tiene 141 diputados, por lo que el presidente electo deberá acercarse al centro si quiere gobernar con eficacia.

Esto significa que probablemente tenga que llegar a acuerdos con exactamente los mismos líderes políticos que en los últimos dos años y medio se han aliado con Bolsonaro: el llamado centrão (gran centro), el bloque de partidos conservadores con el cual los distintos gobiernos necesitan pactar para garantizar la gobernabilidad.

Esto complicará enormemente la tarea de gestionar la economía y controlar el creciente déficit fiscal (que se espera que llegue al 8% del PIB en 2023). En los últimos meses, Bolsonaro ha dado dinero a los votantes, repartiendo subsidios y prestaciones sociales desenfrenadamente. Los líderes progubernamentales del Congreso han canalizado sumas enormes hacia los proyectos favoritos de los legisladores leales.

Los equilibrios en el Congreso podrían incluso obstaculizar el avance en áreas como el medio ambiente, donde Lula podría avanzar simplemente revitalizando los organismos estatales que Bolsonaro descuidó y dejó sin financiación.

Entre 2004 y 2012, los gobiernos liderados por el PT fueron elogiados internacionalmente por el éxito obtenido en la reducción de la deforestación en la selva amazónica. Para conseguirlo, fueron fundamentales organismos como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables. Pero el presidente electo tendrá que conseguir un acuerdo del Congreso para reanudar los proyectos de estos organismos. Los dirigentes del Centrão seguro que le exigirán un alto precio por su apoyo.

Lula se va a hacer cargo de un país profundamente dividido y con problemas. Para tener éxito, va a necesitar todas sus legendarias habilidades como negociador.

Richard Lapper es autor del libro 'Beef, Bible and Bullets: Brazil in the Age of Bolsonaro' [Carne de vacuno, Biblia y Balas: Brasil en la era de Bolsonaro].

Traducción de Francisco de Zárate.