El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro se enfrentaron este viernes en un último debate antes de la segunda vuelta de las elecciones en el que se atacaron por la economía, la seguridad y la corrupción. Los dos candidatos se medirán el domingo en las urnas en una segunda vuelta ajustada y de desenlace incierto para la que todas las encuestas sitúan a ambos en empate técnico.

El dirigente progresista y el hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) se vieron a cara a cara en los estudios de Globo de Río de Janeiro, la cadena con más audiencia del país, tras el tenso debate del domingo pasado en la emisora Band. El senador, el más votado en la primera vuelta con el 47 % de los votos, dos puntos más que Lula, quiso exhibir un talante moderado, con un discurso aspiracional en el que prometió “futuro” y “prosperidad”.

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) empezó ridiculizando a su adversario. Le comparó con “aquellos estudiantes que memorizan, pero no aprenden” para denunciar su falta de preparación y lo acusó de no conocer “ni un poco Brasil”. Además, también lo acusó de “lamer las botas” del líder estadounidense Donald Trump y lo señaló como cumpable de su decisión de imponer aranceles del 25% sobre las importaciones brasileñas, una acusación recurrente que el senador ultraderechista ha negado repetidas veces.

Por su parte, Flávio Bolsonaro bajó a lo personal y llamó “nueve dedos” al presidente brasileño durante una discusión sobre la inflación. El senador le echó en cara que lo que daba al pueblo “con una mano”, se lo quitaba con “nueve dedos”. De esta forma, el candidato ultraderechista hizo una alusión al meñique que el ahora presidente perdió en un accidente laboral cuando tenía 17 años de edad y trabajaba como tornero mecánico en una fábrica.

Esta provocación ocasionó el rifirrafe más acalorado hasta ahora del debate. Lula, que pidió el derecho de respuesta, se quejó de forma airada exigiendo que su rival presentara sus disculpas ante él y ante los “miles de trabajadores” que han sufrido lesiones por la falta de seguridad en el trabajo y por la “irresponsabilidad” de sus patrones. Tras esta reacción, Bolsonaro pidió sus “disculpas, de verdad” haciendo un gesto de perdón con las manos.

Flávio atiza a Lula con la inflación

Separados por una enorme distancia y detrás de sus atriles, el alto nivel de endeudamiento y la pérdida de poder adquisitivo fue uno de los temas más abordados por el primogénito de Jair Bolsonaro. Según datos oficiales, las familias dedican ya cerca de un tercio de sus salarios a pagar sus deudas, un nivel récord.

“Lula, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un supermercado?”, le preguntó. Flávio acusó al Gobierno de Lula de “despilfarrar” el dinero público, lo que a su juicio ha obligado al Banco Central a mantener una tasa de interés elevada, hoy en el 13,75 % anual, lo que está asfixiando la economía.

El jefe de Estado rebatió con datos de su gestión, como el crecimiento por encima del 2 % y la subida del salario por encima de la inflación, y alertó de que su adversario seguirá la receta neoliberal de recortes del presidente argentino, Javier Milei.

En este sentido, le preguntó directamente si “le va a pedir prestada la motosierra” a su par argentino. Flávio, por el contrario, defendió la gestión de Milei y culpó al kirchnerismo de la difícil situación económica que atraviesa el país.

Lula siembra sospechas sobre Flávio

El presidente puso en duda el compromiso con la seguridad de su contrincante, recordando que este defiende ante la Justicia a un policía acusado de matar a Ana Clara, de 5 años, en Río de Janeiro durante una acción contra supuestos narcotraficantes.

Para intentar desestabilizarlo, el equipo de Lula sentó entre el público a la madre de Ana Clara. Flávio prestó su solidaridad por “esa tragedia”, pero volvió a defender al agente. “Fue en un intercambio de tiros en una zona de conflicto”, afirmó. Según los periodistas que se encontraban en el plató, la madre reaccionó llamándolo “mentiroso” en voz alta.

Flávio, por su parte, prometió mano dura contra el crimen e incluso defendió eliminar la edad mínima de responsabilidad penal para los casos de violación.

El debate bajó aún más al barro en la recta final, cuando ambos tuvieron ocho minutos para hablar de lo que quisieron y optaron por lanzar las sospechas de corrupción que pesan sobre unos y otros. Flávio trajo a colación las investigaciones por tráfico de influencias que enfrenta el hijo mayor de Lula, mientras que el presidente desafió a su adversario a explicar la relación que mantenía con Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, encarcelado por un enorme escándalo financiero.

Flávio es investigado en la Corte Suprema por sospechas de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas por unos pagos de Vorcaro supuestamente para financiar una película sobre su padre. “¡Ten el coraje de decir que sois muy amigos!”, le dijo Lula en uno de los últimos intercambios de palabras.

La campaña presidencial finalizará este sábado, cuando ambos candidatos centrarán sus últimos esfuerzos en los tres mayores colegios del país: São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. 

El Tribunal Superior Electoral de Brasil ha dado este lunes un plazo de 24 horas al gigante tecnológico estadounidense Meta para que demuestre que garantiza un tratamiento igualitario a las campañas de los dos candidatos presidenciales, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en prisión tras su condena por un intento de golpe de Estado.

El magistrado Marco Aurélio Bellizze advierte en el fallo que si la empresa, propietaria de Facebook, Instagram o WhatsApp, no demuestra que ha cumplido íntegramente las medidas de equidad ya ordenadas por la corte doblará la multa diaria prevista hasta un millón de reales (unos 185.000 dólares) hasta el final de la campaña electoral de la segunda vuelta, prevista para el próximo domingo 25 de octubre.

La decisión se produce después de que ambas campañas acudieran a la Justicia electoral para denunciar que sus contenidos políticos están siendo perjudicados por las plataformas de Meta y acusar a la compañía de favorecer a su rival.

La campaña de Lula sostiene que la empresa ha restringido selectivamente la difusión de publicaciones vinculadas al presidente y a sectores políticos afines, además de imponer limitaciones al impulso publicitario de sus anuncios.

La candidatura de Flávio Bolsonaro, aspirante del Partido Liberal (PL), también denunció que es perjudicada por la plataforma y pidió al tribunal defender la igualdad de condiciones entre ambos candidatos.

El senador ultraderechista fue el más votado en la primera vuelta, con un 47% de los sufragios frente al 45% del mandatario progresista, y los sondeos indican que lidera la intención de voto para la segunda vuelta con un estrecho margen, 51% contra 49%, por lo que ambos estarían técnicamente empatados.

La semana pasada el juez Bellizze determinó que Meta ofrezca tratamiento igualitario a ambos candidatos en una decisión que el viernes fue refrendada por todo el tribunal.

En su nueva decisión, el magistrado afirma que todavía no existen elementos suficientes para concluir que la empresa manipuló deliberadamente la distribución de contenidos, pero considera que la multinacional no ha demostrado satisfactoriamente el cumplimiento de todas las órdenes anteriores.

Igualmente, cuestiona que la empresa se haya atribuido la facultad de modificar los plazos fijados por el tribunal, ya que ha solicitado más tiempo para cumplirla.

Entre las exigencias figuran explicaciones sobre los sistemas de recomendación, la revisión de anuncios de ambas candidaturas, la identificación de los responsables de la publicidad política y las medidas adoptadas frente a posibles redes de perfiles no auténticos.

La nueva decisión se produce después de que Meta negara la semana pasada cualquier interferencia en las elecciones brasileñas y rechazara las acusaciones de favorecer a un candidato.

La compañía atribuyó a incidentes técnicos los problemas denunciados por la campaña de Lula y aseguró que sus sistemas no clasifican ni distribuyen contenidos en función de su ideología política.

Balón de oxígeno para Lula da Silva en la recta final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El Senado aprobó el jueves una histórica reducción de jornada laboral sin pérdida salarial, una de las banderas electorales de Lula. Tras la aprobación del fin de la escala 6x1 (seis días trabajados por semana y uno libre) todos los trabajadores con contrato tendrán a partir de diciembre derecho a dos días libres semanales. Además, la jornada laboral se reduce de 44 a 40 horas. La medida afecta a 37,11 millones de personas que trabajan más de 41 horas a la semana, según el Ministerio de Trabajo.

“El fin de la escala 6x1 es más que un cambio en la jornada de trabajo. Es tener más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, ver cómo los hijos crecen, cuidarse y aprovechar la vida”, aseguró Lula en redes sociales. En un giro de última hora, el Partido Liberal (PL) del candidato Flávio Bolsonaro votó a favor, para evitar un castigo electoral (el 73% de los brasileños apoyan la medida). Sin embargo, Flávio Bolsonaro ya ha señalado al empresariado que revisará la medida en caso de que gane las elecciones.

Inicialmente, el fin de la escala 6x1 no estaba en los planes del Gobierno Lula. El detonante llegó de la mano de Rick Azevedo, un trabajador de una farmacia de Río de Janeiro, que acaba de ser elegido diputado. En septiembre de 2023 grabó un vídeo en TikTok para desahogarse, tras recibir una llamada de su jefa en su único día de descanso: “Quiero saber cuando nosotros, clase trabajadora, vamos a hacer una revolución en este país relacionada con la escala 6×1. Es una esclavitud moderna”. El vídeo se viralizó, propiciando el nacimiento Movimento Vida Além do Trabalho (vida más allá del trabajo). La diputada Erika Hilton, que el pasado día 4 obtuvo más de un millón de votos, se convirtió en la gran abanderada del fin de la escala 6x1. El Gobierno Lula abrazó la propuesta. La presión de Lula fue clave para su aprobación en el congreso en mayo por una amplísima mayoría.

Durante meses, Flávio ha criticado el fin de la escala 6x1 y ha defendido una ley alternativa para una “jornada flexible”, la PEC 12/2026, en la que el trabajador cobre por hora trabajada. “La propuesta acentúa la explotación de mano de obra. Va en contradirección de casi todos los ordenamientos jurídicos occidentales, incluso contrariando entendimientos consolidados hace décadas por la Organización de Trabajo (OIT)”, asegura a elDiario.es, Nasser Ahmad Allan, abogado especialista en derecho laboral y socio del despacho Gasam Advocacia.

Visiones opuestas

La postura de Lula y de Flávio Bolsonaro frente a la escala 6x1 revela dos visiones económicas opuestas. El triunfo de Flávio representa la continuidad de las políticas de ajuste fiscal del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022); el de Lula, la inercia de sus políticas públicas de expansión del gasto público. 

Tijeretazo al estilo Milei. Tras ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Flávio Bolsonaro anunció un “tesouraço” (“tijeretazo”) del gasto público de 200.000 millones, sin tocar los gastos sociales. Su programa de gobierno prevé la eliminación de al menos diez ministerios, reforma tributaria, bajada de impuestos y retoma de la privatización de empresas públicas. Daniella Marques, asesora de economía de Flávio Bolsonaro, declaró en septiembre que su eventual gobierno eliminará más de mil normas, “usando la inspiración del gobierno de Javier Milei en Argentina”.

Al final del mandato de Jair Bolsonaro la deuda pública se redujo a un 72,9% del PIB. Una parte vino de la privatización de empresas controladas directa o indirectamente por el Estado: se privatizaron 83 empresas públicas (el número cayó de 213 a 130). Flávio Bolsonaro ha reiterado en campaña que privatizará la empresa pública de correos, entre otras. Durante el gobierno Lula, la deuda pública ha aumentado hasta el 82,9% del PIB en agosto. Lula no quiere abrir mano del gasto social. “Mucho dinero en mano de pocos es pobreza”, argumentó Lula en la entrevista en vivo el pasado jueves.

Programas y gastos sociales. Lula aseguró hace unos días que el tijeretazo anunciado por Flávio Bolsonaro afectará a los gastos sociales, algo refrendado por la mayoría de economistas. Maria Lourdes Mollo, profesora de economía da Universidade de Brasília (UnB), declaró a Monitor Mercantil que no es posible hacer cortes sustanciales en el presupuesto público sin afectar al área social. Lula cita el legado del gobierno de Jair Bolsonaro, cuando “políticas como 'Farmácia Popular', 'Minha Casa, Minha Vida' y 'Mais Médicos' perdieron recursos o fueron reducidos”.

El informe Después del desmantelamiento 2019-2022 del Instituto de Estudios Socioeconómicos reveló una caída generaliza en el gasto social del gobierno de Jair Bolsonaro. El programa 'Casa Verde Amarela', que substituyó al histórico 'Minha Casa, Minha Vida', redujo su presupuesto de 78,7 millones de reales (13,8 millones de euros) a 29,7. La inversión en el 'Farmácia Popular', que facilita medicamentos gratuitos para las rentas más bajas, cayó un 59%. El Bolsa Familia, el programa social lanzado por Lula en 2003, renombrado como Auxílio Brasil, fue el único que aumentó su valor. Sin embargo, fue debido a una medida legislativa del congreso durante la pandemia. Lula acaba de aumentar un 15% el Bolsa Familia, que afecta a 19,28 millones de familias. Cada una de ellas, pasará a recibir 691 reales (121 euros), en lugar de 600 (105 euros). 

Tanto Lula como Flávio Bolsonaro apuestan por mantener el Bolsa Familia. Aun así, Flávio ha criticado el programa y quiere vincularlo a la creación de empleo.

Salarios y pensiones. Durante la campaña electoral, Flávio Bolsonaro presentó a un círculo de empresario su plan sobre pensiones. La propuesta, que acabó filtrándose a la prensa, propone aumentar a 67 años la edad de jubilación (actualmente está en 65 para hombres y 62 para mujeres). Al mismo tiempo, la economista Laura Carvalho, autora del ensayo Valsa brasileira. Do boom ao caos econômico, denunció en el podcast Calma Urgente que Flávio Bolsonaro quiere desvincular el aumento de las pensiones al aumento del salario mínimo. La medida evitaría el ajuste automático del salario mínimo gracias a la Política de Valorização Permanente do Salário Mínimo, creada por Lula en 2003 y retomada en 2023. Aunque Jair Bolsonaro aumentó tanto el salario mínimo como las pensiones de acuerdo a la inflación, abandonó la política su revalorización que, además de la inflación, aplica también el crecimiento del PIB de los dos años anteriores.

Por este motivo, el salario mínimo en Brasil se ha revalorizado proporcionalmente más durante el gobierno Lula. El salario mínimo en Brasil ha pasado de 1.212 reales (212,2 euros) al final del mandato de Jair Bolsonaro a 1.621 reales (283,8 euros) en 2026. El salario medio es de 3.777 reales.

Inflación y economía cotidiana. El gobierno Lula sale mejor parado que el gobierno de Jair Bolsonaro en cuanto a control de la inflación. El aumento de los precios acumulado durante el gobierno Lula, hasta septiembre, fue de un 17,9%, según el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA). En los últimos doce meses, la inflación de Brasil se sitúa en el 4,58%. Durante el gobierno de Bolsonaro, hasta septiembre de 2022, la inflación acumulada fue del 25,26%. El peor año fue 2021, cuando la inflación escaló a un 10,16% anual. Sin embargo, con el alza del precio de la gasolina por la guerra de Irán y de algunos productos agrícolas por el cambio climático y la demanda global (por ejemplo, el café) la sensación de que la vida está cara está generalizada. En agosto, durante los primeros días de la campaña electoral, el equipo de Flávio Bolsonaro viralizó muchos vídeos a pie de supermercado denunciando el alto precio de los productos. 

Patricia Costa, economista del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), aseguró a TVT News, que la insatisfacción tiene su raíz en el fuerte aumento de los alimentos durante el gobierno de Jair Bolsonaro: “En la pandemia, el precio del aceite de soja se duplicó. Llegó a unos 6 reales (1,04 euros) y nunca más bajó. El conjunto de la cesta básica aumentó el 68% entre 2019 y 2022 en la ciudad de São Paulo y 14% durante el gobierno Lula”. Durante el gobierno Bolsonaro (entre enero de 2019 y agosto de 2022), los alimentos y las bebidas aumentaron un 44,2%, frente a un 17,1% del gobierno Lula hasta el pasado agosto. El boletín de Dieese revela que algunos productos como el arroz han disminuido su precio durante el gobierno Lula. El kilo de arroz, que llegó a costar en agosto de 2024, 5,88 reales (1,02 euros), cayó a 4,45 (0,77) en agosto de este año gracias a la Política Nacional de Abastecimiento Alimentar (PNAAB) puesta en marcha por Lula en diciembre de 2023 mediante decreto presidencial. El decreto facilita que el gobierno acumule reservas de alimentos básicos, para lanzarlos al mercado en tiempos de escasez. 

Endeudamiento familiar y apuestas online. En agosto, Brasil batió el récord de endeudamiento familiar. El 81,7% de las familias tiene algún tipo de deuda, según la Pesquisa de Endeudamiento e Incumplimiento del Consumidor (Peic). “El gran villano continúa siendo la tarjeta de crédito. Muchas personas reciben límites de crédito mayores del que consiguen soportar”, aseguró la economista Carla Beni, de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), a G1.

Sin embargo, el verdadero aumento del endeudamiento se produjo durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Si a comienzos de 2019, el porcentaje de familias endeudadas estaba en un 59,8%, a finales de 2022 alcanzó el 79,3%. Detrás de la relativa estabilidad del porcentaje de familias endeudadas durante el gobierno Lula están algunas políticas públicas del gobierno Lula, como el programa Desenrola 2, que disponibilizó dinero público del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS) para reducir deudas. Por otro lado, la gran apuesta para acabar con el endeudamiento de Lula ha sido la prohibición de las apuestas online. Las bets, como se conocen popularmente, representan el mayor motor del endeudamiento familiar en Brasil. Por otro lado, durante la campaña electoral, Lula consiguió presionar al Congreso y al Senado para la aprobación de un proyecto complementario de la ley de autónomos (Microemprendedor Individual en Brasil, MEI) que perdona parte de las deudas con los bancos públicos. La elevada tasa oficial de tipos de interés durante el gobierno Lula, establecida de forma independiente por el Banco Central, ha sido un impedimento para la reducción del endeudamiento familiar. En la actualidad es de un 13,75%. Jair Bolsonaro comenzó su mandato en 2019 con un 4,50% de tipos de interés. 

Por su parte, Flávio Bolsonaro se opone a la prohibición de las bets. Su propuesta para reducir el endeudamiento de las familias va en la dirección de Lula: comprar deudas y refinanciarlas con tipos de interés menor con dinero público. 

Poder adquisitivo, desigualdad y empleo. La renta domiciliar per cápita de Brasil alcanzó los 2.316 reales (405,4 euros), según el Instituto Brasileño Geoestadístico (IBGE). La cifra, un récord histórico, representa un aumento significativo (en 2022 era de 1.625). El aumento fue más acentuado en quienes ganan menos. A pesar de ello, el 10% más rico de la población aumentó un 8,7% su renta.

El aumento de la renta domiciliar per cápita, además de estar vinculado a los programas sociales, está directamente relacionado con a caída del desempleo. Lula ha conseguido el pleno empleo, situando la tasa de paro al 5,3% en agosto, según la Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad). Jair Bolsonaro, cuyo gobierno registró un 14,2% de desempleo en 2020, acabó su mandato con un 8,4%. Además, durante el gobierno Lula el trabajo informal se ha reducido a un mínimo histórico (37,2%). Por otro lado, durante el gobierno de Jair Bolsonaro Brasil entró en el mapa del hambre de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) entre 2019 y 2021. Brasil volvió a salir del mapa del hambre en el trienio 2022-2024, cuando el porcentaje de la población que sufre con malnutrición o falta de acceso a la alimentación cayó a menos del 2,5%. 

La economista Juliane Furno, destaca en un artículo en Le Monde Diplomatique, la importancia de la exención de impuestos aprobada por el gobierno Lula a finales de 2025 para quien gana hasta 5.000 reales al mes (874,6 euros): “La exención del impuesto de la renta financiada por una tributación mínima sobre las altas renda representa el primer movimiento histórico concreto en décadas para volver menos regresiva la estructura tributaria brasileña”. Por otro lado, la reciente aprobación de la ley complementaria de autónomos aumenta el techo de facturación de 80.000 a 110.00 en 20227 y 140.000 en 2028.

PIB, bolsa y economía global. Cuando Jair Bolsonaro llegó a la presidencia brasileña, el país ocupada el noveno lugar en el ranking de economías del mundo. El decrecimiento de 3,3% en 2020 arrastró a Brasil hasta la decimotercera posición. A pesar de que Brasil creció en 2021 (4,8%) y 2022 (2,9%), no volvió a figurar entre las diez economías más grandes del mundo hasta el gobierno Lula. En 2023, Brasil volvió a ocupar la novena posición. Desde 2024 hasta la actualidad, Brasil ocupa el décimo puesto. Durante el gobierno Lula, el PIB de Brasil creció moderadamente: 3,2% en 2023, 3,4% en 2024 y 2,3% en 2025 . En 2026, según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento será de un 2,2%. El FMI prevé que sea la octava economía del mundo en 2027, con un PIB proyectado de 2,65 mil millones de dólares, muy cerca de Italia (2,7 mil millones) y de Rusia (2,83).

En comercio, externo, Lula sale mejor parado que Jair Bolsonaro. La balanza comercial durante el gobierno de Jair Bolsonaro acumuló un superávit de 208,5 mil millones de dólares, según el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Secretaría de Comercio Exterior. El gobierno Lula, hasta el mes de agosto, acumula un superávit de 365,9 mil millones. 

Por si fuera poco, Lula también ha conseguido atraer más capital extranjero que Jair Bolsonaro.

La bolsa de São Paulo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). De enero de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2026, el Ibovespa, el principal índice bursátil brasileño aumentó un 69,8%. Bajo la gestión de Bolsonaro, el índice subió apenas un 24,86%. De cualquier forma, el aumento de inversión extranjera está relacionado a los elevados tipos de interés. “Nuestros tipos de interés está algo por problemas fiscales. Si reduces un poco la tasa, el capital extranjero, se va”, aseguró Marx Gabriel, CEO de MB Consultoria, a UOL.

La campaña del presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, llevó este sábado ante la justicia una supuesta interferencia de la tecnológica Meta en favor de su rival, el ultraderechista Flávio Bolsonaro.

La candidatura del líder progresista informó que decidió acudir al Tribunal Superior Electoral y presentar una denuncia ante la Agencia Nacional de Protección de Datos, tras una serie de “evidencias” de ese presunto favoritismo de la multinacional, que controla Facebook e Instagram.

Entre otras cosas, la campaña aseguró en un comunicado que algunas de las publicaciones de Lula de esta semana enfrentaron “interrupciones” en el número registrado de visualizaciones, lo que afectó de forma negativa a su alcance.

Además, afirmó que Meta ha impedido desde el viernes que la cuenta oficial de Lula publique contenidos en Instagram, una herramienta clave para cualquier campaña política.

La candidatura dijo que la empresa ha atribuido esos problemas a “fallos técnicos” que han afectado a otros anunciantes, pero aseguró no haber recibido evidencias de tal cosa.

“La completa ausencia de transparencia en los sistemas de la empresa hace que esas explicaciones sean escasas y opacas”, aseguró.

Tras quedar segundo en la primera vuelta celebrada el domingo pasado, Lula ha estrenado esta semana una nueva estrategia digital, con vídeos en nuevos formatos, para tratar de movilizar a los abstencionistas de cara a segunda vuelta del 25 de octubre.

El presidente brasileño obtuvo en la primera vuelta el 45% de los votos frente al 47% del ultraderechista Bolsonaro, con una diferencia de poco más de dos millones de papeletas.

La izquierda brasileña todavía está intentando digerir el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, así como el tsunami del Partido Liberal (PL) y los aliados del bolsonarismo en las elecciones regionales y legislativas. Flávio consiguió 2.224.965 votos más que Luiz Inácio Lula da Silva (1,87 puntos porcentuales de diferencia). La extrema derecha avanza en el Senado. Lula pinchó ligeramente en su gran bastión, el noreste. Pero el progresismo mantiene su peso en el Congreso y una nueva generación de diputados a la izquierda de Lula entra en la cámara.

¿Ahora qué?

¿Es posible que el aspirante progresista gane en la segunda vuelta si los principales candidatos eliminados (el 7,58% de los votos) se inclinan a la derecha? “No creo que estas elecciones estén ya perdidas. En 2022, Lula pasó al segundo turno con cinco puntos de diferencia. Ahora, con menos de dos puntos es más fácil para Lula”, ha asegurado Celso Rocha de Barros, analista político del Foro de Teresina, uno de los pódcast políticos más influyentes de Brasil. Felipe Nunes, director de la encuestadora Quaest, tiene claro que Flávio Bolsonaro es el favorito y que Lula tendrá que formar un frente amplio. Sin embargo, de cara al duelo final el 25 de octubre, los números podrían no ser tan favorables para Flávio Bolsonaro como parece a primera vista.

Las alianzas de la segunda vuelta serán fundamentales para definir al próximo presidente de Brasil. A pesar de que el 7,58% de los votos de Augusto Cury (Avante, centro), Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático, conservador), Romeu Zema (Partido Novo, liberal) y Renan Santos (Missão, extrema derecha) tiende a la derecha, Flávio Bolsonaro no tiene garantizados sus votos. La encuesta de Medio/Ideia reveló que el 55,6% de los votantes de Cury votaría a Lula, frente a un 27,8% que apoyaría a Flávio. El resto sería voto en blanco, nulo o abstención. Por otro lado, apenas un 26,4% de los votantes de Caiado votarían al heredero de Bolsonaro. Su partido es aliado de Lula. El candidato extrema derechista Renan Santos crítica fieramente a Flávio Bolsonaro y ha manifestado que no pedirá el voto para él. Por su parte, Romeu Zema, que en 2022 se convirtió en aliado de Jair Bolsonaro en la segunda vuelta, se ha quedado en la irrelevancia. 

El pastel de los abstencionistas

La gran clave de la segunda vuelta está en la bolsa gigante de abstencionistas en un país en el que es obligatorio votar: más de 33 millones, el 21% del electorado. El hecho que más beneficia a Lula es el rechazo de muchos brasileños a Flávio Bolsonaro: en algunas encuestas llega al 56%. La fuerte campaña de miedo al candidato bolsonarista que ya está en marcha puede movilizar a abstencionistas e incluso hacer que algún votante del aspirante ultraderechista se quede en casa. Está por ver si se publican nuevos escándalos: Pedro Rousseff, sobrino nieto de la expresidenta Dilma Rousseff, nuevo diputado por Minas Gerais, anunció hace unos días que la campaña de Lula tiene material altamente comprometedor contra Flávio Bolsonaro.

Congreso y Senado

Con 29 senadores, el PL se convierte en el mayor partido de una cámara ampliamente controlada por la derecha. Sin embargo, no será fácil activar procesos de impeachment contra el juez del Supremo, como solicita Flávio Bolsonaro. Apenas 49 senadores son favorables a la medida, cinco por debajo del mínimo. La cámara alta suele tener un comportamiento más moderado que el Congreso, como ocurrió con el juicio político de la presidenta Dilma Rousseff.

Para el progresismo, la fotografía del Congreso, compuesta por 513 escaños, no es tan mala. Los seis partidos de izquierda suman 118 diputados, uno más que en 2022. Si se añade en el cálculo a Avante y el Partido Verde (PV), centro levemente escorado a la izquierda con influyentes diputados progresistas, la suma alcanza 129 (mismo número que en 2022). La diferencia reside en que los partidos del centrão, inclinados a la derecha, han perdido algunos diputados, mientras que el PL gana fuerza (120). La alianza de Lula con el centrão pierde fuerza. 

Antizquierdismo

El triunfo de Flávio Bolsonaro no es sinónimo de un triunfo de la extrema derecha –no existe un 50% de fascistas en Brasil–. El antipetismo y el antilulismo, alimentados con ayuda de los grandes medios entre 2015 y 2018, están en el epicentro del triunfo del bolsonarismo. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), con ayuda del ecosistema de la internacional ultra, la narrativa se consolidó como un antizquierdismo furioso. Una parte importante de los votantes de Flávio Bolsonaro no se consideran bolsonaristas. La campaña de Lula tiene el desafío de tender la mano y buscar el voto entre quienes no se consideran izquierdistas y no tienen simpatía por Flávio Bolsonaro. La estrategia de Flávio para la segunda vuelta ya se ha definido: el antipetismo (contra el Partido de los Trabajadores, PT, la formación del presidente) será su combustible. 

El vigor de la extrema derecha en las urnas es incuestionable. Su fuerza se desinfló en las calles tras la prisión de Jair Bolsonaro y perdió la hegemonía de la narrativa oficial de la derrota del bolsonarismo en 2022. Sin embargo, la extrema derecha continúa cohesionada alrededor de sus líderes, mártires caídos y pautas. El sociólogo Marcos Nobre alertaba unas semanas antes de las elecciones de que la extrema derecha cuenta con un poderosísimo partido digital que actúa antes, durante y después de las elecciones. El politólogo Miguel Lago alerta de que los resultados se deben a que, desde 2018, existe una “revolución” conservadora en curso en el país. Las encuestas acertaron el voto de Lula pero subestimaron el apoyo a Flávio Bolsonaro, un voto que prefiere quedarse dentro del armario. 

Políticos influencers

La extrema derecha ha sido extremadamente exitosa a la hora de abrir las puertas a un nuevo tipo de político joven que es, básicamente, influencer en redes sociales. Nikolas Ferreira, del Partido Liberal (PL), que se convirtió en legislador en 2018, se ha alzado con 3.119.314 votos en Minas Gerais y ya es el diputado más votado de la historia. Ferreira, al que Lula definió durante la campaña como “un imbécil”, ha tenido más votos que el candidato a gobernador del PT en Minas Gerais, Patrus Ananias. El apoyo del político del PL en lives y posts en redes sociales ayudó a elegir diputados ultras en todo Brasil. Con el cable de Ferreira, Lucas Pavanato (del PL) también superó los tres millones de votos en São Paulo. Otros jóvenes influencers como el radical Kim Kataguiri consiguieron su asiento en el congreso. Particularmente, por el nuevo partido Missão, una versión kids del bolsonarismo. 

El clan Bolsonaro

El reinado de la familia Bolsonaro sigue creciendo. Los triunfos de la ex primera dama Michelle Bolsonaro (senadora), Jair Renan Bolsonaro (hijo de Jair, diputado), Carlos Bolsonaro (senador) y Renato Bolsonaro (hermano de Jair, diputado) muestran la fuerza creciente del clan Bolsonaro. Carlos Bolsonaro fue el responsable del denominado “gabinete del odio”, que operó dentro del Gobierno de Jair Bolsonaro para diseminar desinformación de forma industrial, usando dinero público. Su presencia en el Senado, donde tendrá acceso a recursos millonarios, es clave para el bolsonarismo. El resultado de Michelle Bolsonaro ha sido histórico: consigue 938.496 votos (el 29% del Distrito Federal). Su mandato, que se extiende hasta 2034, será un balón de oxígeno para el evangelismo más radical. 

Falta de renovación del PT

Mientras la extrema derecha abre la puerta a jóvenes desconocidos que no vienen de la política tradicional, el PT sigue aferrado a sus vacas sagradas y ha naufragado. Políticos de larguísima trayectoria en el partido han fracasado estrepitosamente: Patrus Ananias como candidato al gobierno de Minas Gerais, Zé Dirceu (uno de los fundadores del PT) como candidato a diputado y Gleisi Hoffman (presidenta del PT durante años) al Senado. Dos semanas antes de las elecciones, un político importante en la historia del PT explicó a este medio cómo el partido vetó nombres de gente joven potente que acabó haciendo su carrera en otros lugares.

Por el contrario, la renovación a la izquierda del PT da sus frutos en el Partido Socialismo y Liberdad (PSOL), que capitaliza la nueva política. Rick Azevedo, el antiguo trabajador de una farmacia que encendió el debate del fin de la escala 6x1 (trabajar seis días a la semana), ha sido el segundo diputado más votado en Río de Janeiro, por delante de todos los nombres históricos del PT. La activista trans Erika Hilton, abanderada de la lucha contra el 6x1, ha sido la segunda diputada más votada de São Paulo. Aunque se ha quedado por debajo del 5% de la cláusula de partidos para tener grupo propio, el PSOL consigue el acta de diputado para figuras outsiders como Renato Freitas y Jones Manuel, referentes de la lucha antirracista. 

La sucesión

Lula ha repetido su candidatura de 2022, con Geraldo Alckmin como candidato a vicepresidente. Gobernar y usar la misma fórmula para el intento de reelección transformó a Lula en sinónimo de sistema. A pesar de que Flávio Bolsonaro lleva décadas en la política profesional, consigue capturar el sentimiento contra el sistema. El movimiento de André Mendonça, ministro bolsonarista del Supremo Tribunal Federal (STF), que denunció posible corrupción de su colega Alexandre de Moraes, responsable del encarcelamiento de Jair Bolsonaro, fue clave. El electorado identificó al Supremo con Lula y el voto fue de castigo. Rescatar el pasado del candidato progresista, su papel contra la dictadura, en el inicio de la campaña, fue una buena idea, pero insuficiente. Lula aspira a su cuarto mandato. Para los más jóvenes que eran niños en sus primeros mandatos, siempre ha sido el sistema   

Si bien Lula es mitificado por la mitad de Brasil, es odiado por la otra mitad. No emociona a las nuevas generaciones. La desaprobación del Gobierno supera a su aprobación, a pesar de los buenos datos macroeconómicos. Y el rechazo a la figura de Lula se acerca el 50% en la mayoría de las encuestas. Gane o no la segunda vuelta presidencial, muchos consideran que ha llegado la hora del debate de la sucesión del líder brasileño. 

Voto evangélico

Flávio ha crecido en las ciudades más evangélicas y Lula cae en las más católicas. La polémica en torno a la Virgen de Aparecida y su condición de patrona puede haber empujado al ala radical (iglesias pentecostales) hacia Flávio. El bolsonarismo arrasó en los estados más evangélicos: la mayoría de la Amazonia y en Río de Janeiro. La periodista Thais Bernardes, directora del Instituto Orire, lanza una dura autocrítica: “Cuando transformamos a millones de evangélicos brasileños en una caricatura de gente ignorante, manipulada o atrasada, no estamos combatiendo el fundamentalismo”. El Frente Evangélico progresista que Lula creó en la campaña de 2022 puede ser clave en la segunda vuelta. El PT debe calibrar bien si vale pena seguir aireando la guerra santa (el 12 de octubre es el día de la Virgen de Aparecida). 

Seguridad

La cuestión de la seguridad ha sido central en el resultado electoral. La reelección en primera vuelta del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defensor de la mano dura, es prueba de ello. Todos los senadores ultras elegidos en São Paulo y Río de Janeiro, que arrebataron por sorpresa el puesto a nombres de peso de la izquierda, apelan a la seguridad. También en la región sur y en el DF. La definición de los comandos de traficantes brasileños como terroristas por parte de Donald Trump ha ayudado a los candidatos de extrema derecha, pese a las políticas públicas de Lula contra las facciones criminales y a que la liberación de armas durante el Gobierno de Jair Bolsonaro reforzó al crimen organizado. 

Interferencia de Trump

La campaña brasileña ha estado marcada por las múltiples interferencias de Donald Trump. A pesar de que Lula ha citado durante la campaña el riesgo de que el triunfo de Flávio Bolsonaro signifique entregar el país a Estados Unidos, el presidente brasileño ha medido mucho sus palabras. No transformó el pleito en una disputa contra Donald Trump. En la segunda vuelta, Lula puede jugar esa carta, aunque eso podría provocar una mayor intervención de Estados Unidos. Las muchas interferencias de la plataforma Meta en contra de la izquierda han encendido todas las alarmas. Un estudio del NetLab, laboratorio de investigaciones de internet y redes sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) reveló que el 68,1% de la publicidad de Meta analizado entre 16 de agosto y 16 de septiembre atacaba instituciones o levantaba sospechas sobre el proceso electoral. 

Una de las elecciones más importantes de la historia reciente de América Latina tendrá lugar este 4 de octubre en Brasil. El presidente en funciones, Luiz Inácio Lula da Silva, últimamente ha hecho hincapié en el tema de la soberanía nacional. Una de las razones: el candidato opositor, Flávio Bolsonaro, cuenta con el firme respaldo de la Administración Trump, y Estados Unidos ha estado interviniendo con fuerza a su favor.

En los últimos meses de la campaña electoral brasileña, Trump se reunió con Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca, impuso nuevos aranceles a productos brasileños e intentó enviar al país a funcionarios del Departamento de Estado, una medida que, según fuentes oficiales brasileñas y estadounidenses, pondría poner en duda la integridad de las elecciones.

El 24 de septiembre, 31 miembros del Congreso de EEUU enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que documentaron otras acciones hostiles y concluyeron que “Estados Unidos está actuando como agente de interferencia y desestabilización”.

Se prevé que las elecciones sean muy reñidas, y la cuestión de la soberanía podría ser un factor decisivo para los votantes indecisos.

La intervención de Trump socava un derecho fundamental y ampliamente valorado, el derecho a la autodeterminación, así como el derecho a la democracia misma. Además, es claramente ilegal, según la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la cual Estados Unidos es signatario.

Pero los brasileños tienen ahora motivos para considerar aún más urgente la preservación de su soberanía e independencia. Esto se evidencia en la historia reciente de Brasil y América Latina, así como en el impacto económico de la independencia política en el nivel de vida.

Comenzando por Brasil: Lula fue un trabajador metalúrgico y líder sindical que ayudó a fundar y luego dirigió el Partido de los Trabajadores. Ocupó la presidencia de Brasil durante dos mandatos consecutivos, de 2003 a 2010, y dejó el cargo con uno de los índices de aprobación más altos del mundo: el 83%.

Existían razones de peso para ello, derivadas de los cambios en la política económica y social del gobierno. Estos transformaron la vida de decenas de millones de personas en Brasil. El PIB per cápita, la medida más básica del nivel de vida, creció aproximadamente cuatro veces más rápido que en los ocho años anteriores a la presidencia de Lula. La pobreza se redujo en un 61% y la pobreza extrema en un 64%. Además, el salario mínimo real (ajustado a la inflación) aumentó un 57%. La matrícula universitaria casi se duplicó.

Lula pudo implementar estas y otras reformas trascendentales porque rompió con las políticas del “Consenso de Washington”, que habían regido la toma de decisiones económicas en la región entre 1980 y 2000 como quizás nunca antes. Esto incluía políticas económicas que a menudo se decidían en el Fondo Monetario Internacional o, en ocasiones, en otras instituciones controladas por Washington. El resultado fue un desastre: durante esas dos décadas se registró el peor estancamiento del crecimiento económico a largo plazo en América Latina en más de 100 años.

Este histórico colapso del crecimiento económico propició, por primera vez, la elección de gobiernos de centroizquierda en la mayoría de la región. Al igual que en Brasil, estos gobiernos fueron más independientes que la norma regional anterior y, por lo tanto, impulsaron políticas económicas más progresistas y eficaces. El cambio fue histórico: entre 2002 y 2013, el porcentaje de la población latinoamericana que vivía en la pobreza se redujo del 45,6% al 28,4%, tras haber aumentado durante las dos décadas anteriores.

La independencia que estos gobiernos lograron establecer es precisamente lo que Rubio y Trump parecen estar más decididos a eliminar. De ahí sus actuales esfuerzos por impulsar un cambio de gobierno en Brasil. Para Rubio, Brasil es el gran premio. Es el país más grande de Latinoamérica, y un gobierno de Lula no apoyaría los intentos ilegales de la administración Trump por controlar la región. Pero el oponente de Lula sería, casi con toda seguridad, un firme aliado de Trump.

Se trata de Flávio Bolsonaro, un senador elegido a dedo por su padre, Jair Bolsonaro, quien fue presidente entre 2019 y 2023. Él mismo se ha autodenominado “Bolsonaro 2.0”. 

Flávio y su equipo están tratando de vincular a Lula con el mayor fraude bancario de la historia de Brasil, que obligó a desembolsar casi 8.000 millones de dólares para indemnizar a cerca de 800.000 depositantes afectados. Pero, en realidad, es Flávio y sus aliados quienes están implicados. Flávio está metido hasta el cuello en este escándalo. Sobre Lula, en cambio, no ha aparecido nada. 

Bolsonaro 1.0 siguió el manual de Trump de negar los resultados electorales cuando perdió las elecciones de 2022 frente a Lula. Sin embargo, no logró reunir el apoyo de suficientes comandantes militares para respaldar un decreto que impidiera a Lula asumir el cargo. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia condenó a Bolsonaro por intento de golpe de Estado. El “6 de enero” brasileño tuvo lugar el 8 de enero de 2023, cuando partidarios del presidente derrotado vandalizaron el Congreso, el palacio presidencial y la Corte Suprema, y exigieron la intervención militar para anular el resultado electoral.

El año pasado, Trump intentó detener el juicio de Bolsonaro imponiendo a Brasil un arancel adicional del 40%. La mayoría de los brasileños rechazaron este castigo económico colectivo, considerándolo un ataque a su soberanía nacional, su democracia electoral y su sistema judicial, lo cual era evidente. Bolsonaro fue declarado culpable y condenado a prisión.

Casi todos los gobiernos socialdemócratas elegidos democráticamente que llegaron al poder en el siglo XXI se enfrentaron a los intentos de Washington por debilitarlos, desestabilizarlos o derrocarlos. Estos esfuerzos llegaron al extremo de golpes de Estado respaldados por Estados Unidos en Bolivia, Honduras y Haití. Estados Unidos también participó en un golpe de Estado en Venezuela en 2002, que fue rápidamente revertido, seguido de años de esfuerzos estadounidenses para promover un cambio de régimen en ese país y, más tarde, de sanciones económicas que causaron la muerte de más de 100.000 personas y destruyeron, en el proceso, gran parte de la economía venezolana. Argentina también ha sufrido repetidas intervenciones estadounidenses que han provocado y agravado recesiones y crisis económicas, con graves consecuencias.

Más recientemente, Trump ha intensificado la violencia económica contra Cuba, el principal objetivo de Rubio. La tasa de mortalidad infantil en Cuba ha aumentado un 148% desde que Estados Unidos comenzó a endurecer sus sanciones, que actualmente incluyen un devastador corte del suministro de combustibles fósiles y electricidad. En las elecciones nacionales más recientes de Colombia (21 de junio) y Honduras (el pasado 30 de noviembre), se interpretó que Trump amenazaba con causar daños económicos —de manera implícita en Colombia y más explícitamente en Honduras— si los ciudadanos de esos países no votaban por su candidato. Este es el contexto reciente y regional en el que se libra la disputa por el futuro de Brasil. Las injerencias de Trump y Rubio, con la colaboración del clan Bolsonaro, han convertido a la campaña de Flávio en otra operación estadounidense de cambio de régimen. Esto debería ser derrotado, por el bien de Brasil y de la humanidad.

“Quiero plantar marihuana en la huerta municipal, para hacer aceite y usarlo medicinalmente”. Elenice Delgado, alcaldesa de Lima Duarte (estado de Minas Gerais), municipio del sudeste del estado de Minas Gerais, saca pecho de sus políticas públicas. La regidora del Partido de los Trabajadores (PT) habla del Centro de Atención Psicosocial, del baño público y de la Piscina Viva, con clases gratuitas de natación, fútbol, baloncesto, jiu-jitsu y judo. Elenice, que recorre esta localidad de 17.000 habitantes con un Volskwagen Fusca azul (un “escarabajo”), reconoce la importancia de ser aliada del presidente Lula da Silva. “Beneficia a la mayoría de la población, incluso a gente conservadora. Aquí, Lula ha desatascado la fila de las pruebas especializadas del hospital”, asegura.

En 2022, Lula ganó en esta localidad con el 70,37% de los votos. En 2024, Elenice Delgado conquistó su segundo mandato en la primera vuelta. En los 142 municipios de la Zona da Mata de Minas Gerais, Jair Bolsonaro apenas ganó en 11 (Lula rozó el 60% de los votos). En 22 de ellos, Lula superó el 70%.

En el comité de campaña del PT de Lima Duarte, en Vila Cruzeiro, un joven de 19 años presume que en el barrio el 97% vota al PT. “Solo el carnicero es bolsonarista. La vida de mi familia cambió con el Bolsa Familia (programa asistencial). Antes, no teníamos electrodomésticos. Apoyo a Lula porque defiendo los derechos humanos y el fin de la escala 6x1 (trabajar seis días a la semana)”, afirma Biel Santana. Pedro Teixeira, presidente del PT en Lima Duarte y también sociólogo, argumenta que el voto a Bolsonaro en la ciudad viene de la derecha tradicional. “Ganaderos que te dicen que vendían más cara la leche durante el Gobierno Bolsonaro. O jóvenes que se rebelan contra sus padres lulistas”, matiza. 

La Zona da Mata, con 2,1 millones de habitantes, se inclina a la izquierda en las elecciones presidenciales, cuya primera ronda se celebra este domingo. Y puede ayudar a que Lula gane en Minas Gerais, el segundo colegio electoral (casi 16,4 millones de votantes), el estado que sociológicamente se parece más a Brasil. Como Ohio en Estados Unidos, suele ser un termómetro electoral. Desde 1955, quien gana en Minas Gerais se lleva la presidencia. En 2022, el resultado aquí fue casi idéntico al nacional.

En Juiz de Fora, capital de la Zona da Mata, los militantes de izquierdas sienten que ganar en esta ciudad de 569.588 habitantes es clave para Minas. Y para Brasil. “En las últimas elecciones, la victoria de Minas Gerais se debió mucho al progresismo de Juiz de Fora. Lula ganó en Minas por 49.650 votos y aquí por 39.303”, asegura a elDiario.es el periodista João Paulo Oliveira, militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). En 2022, Lula ganó a Bolsonaro por 216.606 votos en la Zona da Mata. 

Ciudad talismán

En un quiosco de periódicos de la calle Batista de Oliveira, a pocos metros de donde Jair Bolsonaro fue apuñalado durante la campaña electoral de 2018, un hombre habla de falsos profetas. “Los Bolsonaro engañaron a los gays, a las mujeres”, dice Eduardo Bento, de 52 años, mientras muestra una foto en su teléfono del expresidente ultraderechista tras la cuchillada. “Fue un montaje”, asegura. A su lado, María Elena Bastos, de 61, trabajadora del quiosco, argumenta que fue “una estrategia para ganar votos aquí, donde la mayoría es petista (que apoya al PT)”, reproduciendo una teoría de parte de la izquierda.

Tras la cuchillada de 2018, Jair Bolsonaro se alzó con la presidencia contra todo pronóstico. Para el bolsonarismo, Juiz de Fora es una ciudad talismán. Jair Bolsonaro comenzó en ella su campaña en 2022. El 9 de septiembre, Flávio Bolsonaro replicó la caminata de su padre el día de la cuchillada. El acto electoral de Lula el pasado miércoles en Juiz de Fora fue otra muestra de este carácter estratégico.

Margarida Salomão, alcaldesa de Juiz de Fora, conversa en su despacho sobre la importancia de que la ciudad, la segunda más habitada gobernada por el PT, esté alineada con el presidente. “Ellos tienen más presupuesto para activar políticas sociales que los municipios”, afirma, citando la ayuda millonaria de Lula a la región tras las inundaciones de febrero. Margarida está convencida de que el presidente va a ganar por “goleada” en una región tradicionalmente roja. En 2006, arrasó en Juiz de Fora con un 72,94% de los votos. El PT ganó las elecciones municipales en 2020. En 2022, Lula sacó 12 puntos a Bolsonaro en ciudad. En 2024, Margarida ganó en la primera vuelta.

La alcaldesa argumenta que la gente “busca soluciones para la salud, para la movilidad, para la educación” en las ciudades. ¿Gobernar Juiz de Fora ayudará en la campaña? “Ha sido un buen gobierno. Tarifa gratuita de autobuses los festivos y para los estudiantes. Desayunos y meriendas en las escuelas. 1.400 profesores para alumnos especiales. También cayeron los homicidios”, afirma.

Apoyo a Lula porque defiendo los derechos humanos y el fin de la escala 6x1 (trabajar seis días a la semana)

Biel Santana — 19 años

Biel Rocha, secretario de derechos humanos, también confía en que las políticas públicas locales ayuden a Lula. Cita la Mesa de la Ciudadanía, creada para combatir las desigualdades. “En ella gestionamos las donaciones. Nos ayuda a tener buena relación con iglesias evangélicas”, matiza. Cristiane Nasser do Valle, subsecretaria de Protección Social, resalta la importancia de políticas públicas adaptadas a cada territorio. “La extrema derecha dice que es asistencialismo. Usa la narrativa de la meritocracia para recortar lo público y abandonar al individuo a su propia suerte”, asegura en su despacho.

En el barrio periférico de Grama, Caroline Peixoto, de 29 años, conversa con dos asistentes sociales del Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS), uno de los 11 de la ciudad. Recibe orientación para solicitar ayuda económica y educación especial para su hijo con autismo. En el Centro de Convivencia de São Benedito, un barrio humilde, los niños y ancianos tienen sala de informática, infraestructuras deportivas, huerta, ludoteca, clases de música. “Trabajamos el sentimiento de pertenencia, para que se reconozcan en la comunidad”, dice Fabiana Reis, coordinadora del espacio. 

Militancia en la calle

“Olé olá, Lula, Lula”. Los cánticos flotan sobre el parque Halfeld. Banderas rojas. Altavoces escupiendo melodías. Mesitas con panfletos. Militantes repartiendo material. Tambores.

En medio del parque, Wellinton Alves –pecho cubierto de pegatinas izquierdistas, bandera en mano–, sostiene que “hay que defender la soberanía de Brasil frente a Flávio Bolsonaro y Trump”. Giane Elisa, secretaria municipal de Igualdad Racial, se une al acto, acompañada de quienes participaron en el Chá Preto (Té Negro), un encuentro en el que afrodescendientes comparten sus memorias. “Necesitamos encuentros físicos y políticas públicas de reparación con la población negra”, asegura Giane. La multitud camina por la calle Halfeld. Cruza la esquina de la cuchillada a Jair Bolsonaro gritando “¡Bora Lula! (vamos, Lula)”, que ironiza el lema bolsonarista “fora Lula (fuera, Lula)”. 

En la recta final de campaña, la ciudad está teñida de rojo. El suelo está lleno de pegatinas y santinhos de Lula (panfleto que cabe en la cartera). Hay comités de campaña en todas partes. Mesitas a mansalva. El sábado pasado, un acto tomó la entrada del teatro Central con percusión, capoeira y música. El domingo hubo una manifestación en coche.

El bolsonarismo es un movimiento social de base. Se han infiltrado en las periferias. Manipulan bien. Dicen: '¿Para qué dar dinero a lo LGBTQI+ si falta leche en el hospital?

Talita Sobral — Exconcejala del PSOL

Iluska Coutinho, profesora de comunicación de la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF), piensa que la clave de la victoria local de Lula reside en la memoria obrera. “Aquí en el centro, al medio día, se escucha un silbato. Es un patrimonio inmaterial, recuperado por el Ayuntamiento, que remite a la salida de las fábricas”, afirma tras hacerse una foto con un Lula de cartón en la calle Halfeld. João Paulo de Oliveira piensa que la victoria de la izquierda puede llegar por una nueva “efervescencia cultural” de la ciudad, “por el debate político cotidiano en las calles” y por el “ecosocialismo de militantes a la izquierda del PT”. 

Bolsonarismo en tierra roja

En la calle Halfeld, un mendigo usa pegatinas de Bolsonaro. Una mujer negra grita: “Fora Lula”. En la pared del Comite de la Direita lucen dos palabras: “Bolsonarista raiz”, como se conoce al núcleo duro de los seguidores del expresidente. Al final de la calle, jóvenes vestidos de negro reparten panfletos de Renan Santos, candidato presidencial de Missão, un nuevo partido de extrema derecha. “Están más organizados. Han abierto Casas de la Derecha en los barrios”, alerta el secretario Biel Rocha. “El bolsonarismo es un movimiento social de base. Se han infiltrado en las periferias. Manipulan bien. Dicen: '¿Para qué dar dinero a lo LGBTQI+ si falta leche en el hospital?”, afirma Talita Sobral, exconcejala del PSOL.

No me gusta el culto exagerado a Lula, pero no nos queda otra

Vanda Oliveira — 67 años

¿Ganará Lula en Juiz de Fora, el espacio mitológico que el bolsonarismo sueña arrebatar a la izquierda? ¿Seguirá cumpliéndose el “quien gana en Minas, gana Brasil”? Las últimas encuestas dan una ligera ventaja a Lula en Minas Gerais. La alcaldesa Margarita Salomão piensa que la izquierda gana en la región. Y en Minas. Y en Brasil. Azuzando el miedo, apela a un voto pragmático: “Por mayor que sea la irracionalidad electoral, mucha gente no olvidará que la gestión de Jair Bolsonaro dejó 700.000 muertos durante la pandemia”.

La casa de veraneo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro está sellada por la polarización. En la puerta trasera luce una pegatina con el lema de la campaña de 2018 que le llevó al poder: “Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”. En el garaje principal, cuatro letras escritas sobre el polvo: Lula. En la casa vecina, en la rua da Praia de la Vila Mambucaba, un distrito de Angra dos Reis —una ciudad de unos 180.000 habitantes del estado de Río de Janeiro salpicada de playas de ensueño y selva tropical—, dos hombres de mediana edad critican a la izquierda.

“Lula es el demonio, un vampiro. Hay que exterminar a la izquierda”, afirma Sandro Castro, de 54 años, jubilado, antiguo trabajador metalúrgico. Aílton Luíz –53 años, transportista autónomo– es aún más radical: pide la intervención de Donald Trump en Brasil. “Que se lleve preso a Lula como hizo con Maduro en Venezuela”, sostiene con vehemencia.

Aunque la economía vive un momento dorado, Sandro y Aílton califican la situación actual de Brasil como catastrófica. Inflación descontrolada. Violencia extrema. Niños adoctrinados por la izquierda en la escuela. Un argumentario calcado del repertorio del bolsonarismo. “Necesitamos más apoyo a los emprendedores y menos Bolsa Familia (el programa asistencial de Lula)”, dice Sandro. Aílton confiesa que votó a la izquierda en 2002, 2006 y 2010. “A partir de 2014, me hice de derechas, y nunca más les votaré. Basta de Lula”, clama.

En Angra dos Reis, estar al lado de los Bolsonaro es un activo político. La ciudad es la niña de los ojos de la familia. Antes de ser encarcelado, Jair daba paseos en moto acuática en sus playas, visitaba a famosos en barcos de lujo y pescaba (ilegalmente) en la reserva ambiental de Tamoios

La evolución de Aílton es también la de Angra dos Reis, donde los sindicatos y la izquierda reinaron en el pasado. En 1997, cuando Jair Bolsonaro compró su casa de veraneo, Angra estaba gobernada por José Marcos Castilho, del Partido de los Trabajadores (PT), la formación de Lula. En 2006, el 68,75% de los angrenses votaron a Lula. La izquierda gobernó la ciudad ininterrumpidamente entre 1989 y 2004 y entre 2013 y 2016. Tras el huracán antiizquierdista y el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016, el PT no ha conseguido ni un solo concejal.

En 2018, Jair Bolsonaro obtuvo el 74,31% de los votos. En 2022, a pesar del retorno de Lula, Bolsonaro consiguió casi el 67%. “Río de Janeiro fue tomada por la onda bolsonarista. Aquí en el interior, más todavía. En Angra están en casa. Con las fuerzas de izquierda y los sindicatos fragilizados, sin el apoyo de la prensa local, no conseguimos enfrentar esa ola”, asegura a elDiario.es el exalcalde Castilho.

Un kit anti-Lula

En el centro de Angra dos Reis llueve a cántaros. Una veintena de personas salen de la sede del Partido Liberal (PL) con banderas de Flávio Bolsonaro, el rival de Lula en las elecciones del domingo, y de Renato Araújo, candidato a diputado federal de la formación ultra. En el primer piso, un anciano organiza el “kit anti-Lula” con pegatinas y carteles. “Quien se registra en la web lo recibe en casa. El ”fuera Lula“ es nuestro gran hit”, afirma. Léo, uno de los abogados del partido, muestra recelo. “¿La decadencia del periodismo no será culpa vuestra, periodistas?”, pregunta. A su lado, Raquel Amirata, de unos 50 años, confiesa que “obliga a los seis empleados de su restaurante a hacer campaña por Flávio y por Renato”.

Asomado a la ventana, Gustavo Laranjeiras —39 años, ingeniero químico— destaca el carácter emprendedor de Renato Araújo, amigo personal del clan Bolsonaro. “El gobierno es un vector para abrir espacio a las inversiones y a la meritocracia”, sostiene en tono afable. Confía en la victoria de Flávio. “Estamos en las redes, pero muy intensamente en las calles”. En el grupo de WhatsApp “Renato Araújo Oficial 01”, con 641 miembros, los ánimos están por las nubes. Divulgan las encuestas que dan la victoria a Flávio Bolsonaro. Fluyen imágenes y vídeos de las muchas caminatas, mítines, actos y debates de la campaña en una ciudad desperdigada a lo largo de 170 kilómetros de litoral continental y 365 islas.

Renato Araújo está hasta el cuello de denuncias legales. La justicia paralizó su promoción inmobiliaria Bellavista Portogalo, un condominio de lujo de 31 mansiones que usurpa terreno público. Renato presume de proximidad con los Bolsonaro. Divulga fotos con el expresidente Jair y Flávio en su casa. En Angra dos Reis, estar al lado de los Bolsonaro es un activo político. La ciudad es la niña de los ojos de la familia. Antes de ser encarcelado, Jair daba paseos en moto acuática en sus playas, visitaba a famosos en barcos de lujo y pescaba (ilegalmente) en la reserva ambiental de Tamoios.

Flávio Bolsonaro usa como si fuera propia una mansión de lujo cedida por un amigo involucrado en corrupción. Y como senador intentó favorecer la especulación inmobiliaria en Angra con la PEC das Praias, un proyecto de ley para privatizar las playas que beneficia directamente a Renato Araújo. “Simultáneamente, al ascenso de la extrema derecha como fuerza política nacional, el bolsonarismo emergió de forma muy intensa en Angra. Tienen casa aquí y son parte de la política local. Eso es devastador”, afirma André Rodrigues, profesor de Pensamiento Político del campus de la Universidade Federal Fluminense (UFF) de Angra dos Reis.

El gran proyecto de Flávio es crear una “Cancún brasileña” a base de resorts y cruceros en una región repleta de reservas ambientales y patrimonio histórico

El gran proyecto de Flávio es crear una “Cancún brasileña” a base de resorts y cruceros en una región repleta de reservas ambientales y patrimonio histórico. André Rodrigues sostiene que la narrativa del turismo arrastra a mucha gente hacia el bolsonarismo: “El turismo de masas como bandera del desarrollo tiene popularidad. También el relato bolsonarista de que las áreas de protección ambiental impiden el desarrollo”.

En el barrio popular de Frade, atravesado por la autopista BR 101, que cercena la ciudad, el militar Westley Amorim argumenta que con “Jair Bolsonaro la gasolina era más barata”, mientras muestra orgulloso un vídeo de su hijo de 14 años conduciendo un coche. En Angra también cala hondo la demanda de los Bolsonaro de acabar con los radares de la autopista. La “patria amada” del bolsonarismo, según escribe el urbanista Roberto Andrés, florece en el asfalto: disminuir controles y multas es un grito común. Priman las manifestaciones en moto y coche (motociatas y carreatas, respectivamente) o con barcos a motor (barqueatas), como las celebradas el 29 de agosto en Angra, con la presencia de Flávio Bolsonaro.

Paramilitares y antiizquierdismo

Raquel Feijó (53 años) y Thaís dos Anjos (30) sostienen banderolas de propaganda del candidato presidencial Augusto Cury en la calle Pereira D'eça, en el distrito de Jacuecanga. “No podemos ni nombrar a la izquierda. Explicamos que Cury es de centro. La gente odia al PT”, dice Thais. En plena contienda electoral, en Angra dos Reis apenas hay banderas rojas del PT. Ni pegatinas en los coches. Ni carteles. Priman el verde y amarillo del PL. Algunos vehículos tienen pegatinas con el lema “Fuera Lula” o con frases de Bolsonaro. Una es: “Si el bien no ocupa el espacio, el mal lo ocupa”.

Los izquierdistas están dentro del armario. Raquel explica que, hace unos días, un hombre insultó a una empleada de un restaurante tras escucharla elogiar a Lula. En la campaña de 2022, una joven izquierdista de 19 años acabó en el hospital tras ser agredida con un palo en la cabeza por un bolsonarista.

André Rodrigues destaca que Angra dos Reis siempre estuvo atravesada por la violencia. Últimamente, está tomada por el tráfico de drogas y la milicia (paramilitares), con quien la familia Bolsonaro tiene estrechos lazos, según han denunciado publicaciones locales. “Desde 2016 observamos más tráfico de drogas, milicias y conflictos armados. En muchos barrios prevalecen lógicas milicianas, como cobrar tasas por la seguridad, y así se crean corrales electorales donde unos candidatos entran, y otros no”, asegura Rodrigues.

El investigador describe una urbe tomada por la seguridad privada que encaja como anillo al dedo en el bolsonarismo. Cercas, garitas, controles, condominios cerrados. Ricos viviendo en mansiones y un 42% de la población, en favelas. “El discurso sobre seguridad moviliza mucho aquí. Durante los gobiernos de derecha se registró una gran violencia policial”, matiza.

Desde 2016, observamos más tráfico de drogas, milicias, conflictos armados. En muchos barrios prevalecen lógicas milicianas, como cobrar tasas por la seguridad, y así se crean corrales electorales donde unos candidatos entran y otros no

André Rodrigues — Profesor de Pensamiento Político de la Universidade Federal Fluminense

“¿Cómo es posible que Lula defienda los pequeños robos de móviles?”, se pregunta Ludmilla Almeida, de 46 años, dueña de la panadería Trigo Tail’s de Jacuecanga, basándose en fake news. En Frade, Gabriela Câmara, empleada de la pescadería Mar da Galileia, engalanada con propaganda de Flávio Bolsonaro, reclama más seguridad. “Yo crecí en Bangu, uno de los barrios más violentos de Río de Janeiro. Ahora, Angra está igual”, afirma. La frase “bandido bueno, bandido muerto”, eslogan del bolsonarismo, está enraizada en la ciudad. En el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2024, Angra dos Reis figuró como segundo municipio de más de 100.00 habitantes con más muertos a manos de la policía.

Obreros 'bolsonaristas'

Wellinton Terra, presidente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Angra dos Reis, destaca cómo Lula ha invertido en la industria naval: “Ha salvado el astillero. En 2019, con Bolsonaro, despidieron a todo el mundo, se quedaron 1.000 trabajadores. Ahora somos 7.000 y otros 1.000 auxiliares”. Wellinton y Manoel Sales, vicepresidente del sindicato, hablan de una Angra que no aparece en las postales turísticas. La Angra de la central nuclear (inaugurada en 1982), del astillero BrasFELS (uno de los mayores de América Latina) y la del puerto petrolífero.

A los trabajadores les preocupa el futuro. “Con Flávio empeorarán las condiciones”, afirma Manoel. Ambos están preocupados por la fuerza del bolsonarismo. “Ya convencí a mi mujer, que votó a Jair Bolsonaro en 2018 y 2022. Pero su familia es bolsonarista radical. Mi hermana también. Incluso algunos trabajadores del astillero”, matiza Wellinton. Habla de sus amigos Fábio y Carlos. El primero no responde al mensaje de WhatsApp. El segundo manda un audio: “Flávio no me convence, pero es menos malo que Lula. Yo soy evangélico. Flávio va a defender a la familia”.

En Mambucaba, Cássio Martins, presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Energia Elétrica, reconoce que el auge de las iglesias evangélicas está “empujando a algunos trabajadores hacia el bolsonarismo”. En la panadería Trigo Tail’s de Jacuaquenga, Ludmila Almeida, fiel de la iglesia Evangélica Aliança Eterna, citaba la Biblia para recalcar que las mujeres trans no son mujeres. El 62% de los evangélicos de Brasil va a votar a Flávio, frente al 29% de Lula, según DataFolha. El mensaje de Renato Araújo para dicho nicho es nítido: un cristiano no vota al PT (ni a aliados del PT). Incluso el ingeniero Gustavo Laranjeiras, de pose y discurso moderados, mostraba con orgullo en la sede del PL un folleto de propaganda con una familia dentro de una lata de conserva sellada por una frase: “conservados por Jesucristo”.

Leandro Urbino nunca imaginó que una pandemia obligaría a cerrar Giulia Festas, su tienda de productos para celebraciones infantiles, en su momento dorado. Pero, en 2020, dejaron de celebrarse cumpleaños y tuvo que despedir a sus 18 empleados. Con 37 años y un bebé recién nacido, empezó a ofrecer servicios de transporte y reparto en coche a través de la plataforma Uber en São Bernardo do Campo, la ciudad del área metropolitana de São Paulo de 850.000 habitantes donde el presidente Lula da Silva fraguó su carrera sindical y política. Tras perder el automóvil, Leandro alquiló una moto para seguir con los repartos. “El mínimo es 7,5 reales por entrega (1,2 euros). Tengo que hacer 35 al día. Los sindicatos no hacen nada. Hay que acabar con ellos”, carga.

La opinión de Urbino sobre el Gobierno de Lula es nefasta: “No hizo nada por nosotros”. Critica el proyecto Move Brasil del Ejecutivo, una línea de crédito para comprar coches, porque apenas “retrasa la deuda”. Tampoco valora el espacio Parada Certa (segura) donde descansa, equipado con baños, cocina y televisión, que el Gobierno lanzó para ayudar a los motoboys (repartidores) y conductores que trabajan a través de la aplicación. Leandro elogia al expresidente Jair Bolsonaro. “Nos dejó trabajar durante el confinamiento”, alega. Votará a su hijo, Flávio Bolsonaro, en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebra el próximo domingo. Cree que es “el menos malo de los candidatos”. 

A un kilómetro de la Parada Certa, Wellington Damasceno, presidente del Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que Lula lideró entre 1975 y 1981, reflexiona sobre el mercado laboral. “No supimos dialogar con los nuevos trabajadores de las aplicaciones. Criticamos la precarización de esas plataformas, sin entender que muchos prefieren eso a trabajar 44 horas semanales, con la presión del jefe”, afirma. Damasceno, de 41 años, cree que los sindicatos y la izquierda tienen que dar respuesta a una gran transición.

Porque quienes teletrabajan apenas pisan las oficinas, los autónomos son precarios y el propio sindicato, que contaba con 115.000 afiliados en 2011, tiene hoy 73.000. El cierre de la fábrica de Ford aún pasa factura. “El problema es que los niños quieren ser youtubers o influencers. Los jóvenes que entran en el mercado laboral crecieron con smartphones. Quieren ser emprendedores, y la extrema derecha controla esa narrativa”, asegura.

El proceso de desindustrialización modificó la región. Hoy, mucha gente trabaja en São Paulo. El movimiento sindical perdió fuerza. Con la crisis del 'lulismo' después de 2015, el PT se debilita en la región y el antipetismo se consolida en los sectores conservadores

Cláudio Penteado — doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad Federal del ABC (UFABC)

Damasceno está preocupado por el debilitamiento de la izquierda en las siete ciudades del ABC Paulista (las siglas del abecedario vienen de los nombres de las tres urbes originales de la conurbación: Santo André, São Bernardo do Campo y São Caetano do Sul). Con sus 2,8 millones de habitantes, sigue siendo una de las áreas más industrializadas de América Latina (industria automovilística, aeronáutica y siderúrgica, principalmente).

En la segunda vuelta de 2002, Lula conquistó el 60,1% de los votos válidos en São Bernardo do Campo. En 2022, el 53,83%. En las siete ciudades del ABC, Lula tuvo el 51,97%. Para Damasceno, las elecciones de 2026 son cruciales, porque “con la excepción de Lula, el resto de candidatos quiere desmontar el sistema de protección social”. ¿Conseguirá Flávio Bolsonaro arañar votos en la cuna política de Lula, donde arrancó la campaña de 2026 con el lema “Donde todo comenzó”?

‘Bolsonarismo’ a pie de calle

El despacho de Nina Braga, concejala del Partido Liberal (PL) de la cámara municipal de São Bernardo do Campo, está forrado con carteles contra Lula (“Lula ladrón”). Ana y José, dos asesores de Braga, comentan que el voto bolsonarista es transversal. “Yo vengo de la favela, y la periferia ya no es petista (que apoya al Partido de los Trabajadores, PT)”, argumenta José. Nina Braga, que no atendió a este medio, es una de los tres concejales del partido de Flávio Bolsonaro de un pleno donde apenas cuatro de los 21 son progresistas.

Desde 2016, tras cuatro mandatos de izquierda, la derecha gobierna São Bernardo. En las elecciones municipales de 2024, el PT ni pasó al segundo turno. En el ABC, el PT solo gobierna Mauá. La extrema derecha gestiona dos ciudades. Los partidos del centrão (gran centro), inclinados a la derecha, el resto. “El proceso de desindustrialización modificó el ABC. Hoy, mucha gente trabaja en São Paulo. El movimiento sindical perdió fuerza. Con la crisis del lulismo después de 2015, el PT se debilita en la región y el antipetismo se consolida en los sectores conservadores”, asegura a elDiario.es Cláudio Penteado, doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad Federal del ABC (UFABC). 

¿Hasta qué punto el bolsonarismo es transversal en el cinturón industrial de São Paulo? Marcelo Ferreira, de 45 años, dueño de Bernô Automotive, una tienda de piezas mecánicas, confiesa que votó a Jair Bolsonaro tras saber, dice, que la diputada petista Éryka Kokay “incentivaba el incesto familiar”, algo falso. Cita como supuesta prueba un vídeo del pastor evangélico Silas Malafaia, bolsonarista radical. Marcelo, cuyo padre fue asesinado, apoya a Flávio. Quiere mano dura contra la delincuencia. Por su parte, Anderson Pedrosa, de 32 años, trabajador de una gasolinera, despotrica contra Lula. “Todo está caro, y la izquierda no para de robar. Bolsonaro lo intentó, pero le metieron preso”, opina.

Ambos encajan con el perfil que, según la empresa de encuestas Datafolha, apoya más a Flávio Bolsonaro: hombre entre 25 y 44 años. Marcelo, que tenía 37 años cuando votó a Jair Bolsonaro, confiesa que antes “no le interesaba la política”. Esa generación, según explican los periodistas José Roberto de Toledo y Thais Bilenky en el pódcast A hora, es mucho más crítica con Lula, más antipetista, tiende más a Flávio, y no porque les guste (el 53% votaría al candidato de la ultraderecha, frente al 37% proclive al presidente).

Autocrítica del PT

En la puerta de la sede del PT de São Bernardo do Campo —construida en 1979, cuando el partido aún era ilegal— un motoboy pasa gritando: “Lula ladrón”. “Asociar la corrupción a Lula es como un tatuaje en la piel de Brasil”, afirma con resignación Dircéu Marcos, de 63 años, afiliado al partido desde 1983. Confiesa que el bolsonarismo le resulta inexplicable: “El Gobierno Bolsonaro fue un desastre económico, político, social, humano. Negó las vacunas en la pandemia”.

Dirceu salió de la favela Alves Dias en el año 2000, cuando empezó a trabajar como metalúrgico. A los 40 años, durante el primer mandato de Lula, estudió sociología. En 2010, tenía ya dos posgrados. Opina que la izquierda ha perdido la calle: “Antiguamente, salíamos, debatíamos, conversábamos con las personas”. Cita las comunidades eclesiásticas de base, vinculadas a la teología de la liberación, claves en la fundación del PT. “Hoy vas a una iglesia católica y estás todo el rato de pie. Nadie te abraza ni te acoge. La acogida está en las iglesias evangélicas”, asegura.

Somos la categoría más jodida, nadie nos mira

Un repartidor

En la parte trasera de la iglesia de la Matriz, María Aparecida da Costa, Dona Cida, de 81 años, una figura histórica de la Pastoral Obrera, recuerda que, durante las huelgas de Lula, el obispo protegía a los trabajadores de los militares. Hablando en susurros, Dona Cida culpa a las iglesias evangélicas pentecostales del antipetismo creciente de las periferias. “Usan la Biblia para alienar al pueblo. En 2018, les hicieron creer que Jair Bolsonaro era un hombre de Dios. No lo es. Predica la violencia. Flávio debería estar en la cárcel”, asegura. En la sede del Sindicato de Metalúrgicos do ABC, Nelson Campagnolo —87 años, figura clave en las huelgas históricas y amigo personal de Lula— confiesa que si pudiera, “iría a la puerta de la fábrica a conversar y reunir a la juventud”, pero nadie lo hace porque “todo ocurre dentro del teléfono móvil”.

'Motoboys' furiosos 

A 200 metros del sindicato, algunos motoboys charlan. Miran constantemente a sus móviles. Algunos salen disparados sin despedirse. Hablan con recelo. Incluso con rabia. De repente, pasa un repartidor en bicicleta, con una bandera gigante de Brasil. “Somos la categoría más jodida, nadie nos mira”, dice uno. “Los políticos son todos iguales”, argumenta otro. Cleiton Silva, el único que revela su nombre, critica a los sindicatos.

El ensayo colectivo Incêndio. Trabalho e revolta no fim de linha brasileiro (2022) analiza cómo la extrema derecha se aprovecha de la volatilidad organizacional de los trabajadores de las aplicaciones. “Los grupos de WhatsApp desaparecen tras cada movilización, los trabajadores se reúnen y se dispersan, la base se disuelve cuando la acción declina”, señala uno de sus fragmentos. El sindicato del gremio SindiMoto del ABC no respondió a este medio.

Los perfiles en redes sociales de Repartidores Antifascistas, que surgieron durante la pandemia, están inactivos. “Los trabajadores de las aplicaciones compran el sueño del espíritu emprendedor y se desplazan a la derecha. Este precariado, formado por hombres jóvenes y de mediana edad, se alía con la extrema derecha. En lugar de tener consciencia de clase, tiene un resentimiento contra los derechos sociales”, asegura Cláudio Penteado.

Por el contrario, Valter Pomar, profesor de economía política de la UFABC, histórico militante petista, sostiene que los trabajadores más pobres siguen votando mayoritariamente a Lula. “El problema de la izquierda es de discurso, de línea política, de trabajo organizativo”, matiza. Cuando se le pregunta por los trabajadores de las aplicaciones, se enfada: “¿Estás intentando convencerme?”. Y argumenta que “en regiones izquierdistas, los conductores de Uber son de izquierda”. Cierra la conversación de WhatsApp con un sticker de Fidel Castro.

El problema de la izquierda es de discurso, de línea política, de trabajo organizativo

Valter Pomar — profesor de economía política de la UFABC e histórico militante del PT

Rumbo a la plaza da Matriz, donde Lula celebró su último mitin electoral antes de las elecciones de 2002, el conductor de UBER Alexandre, de unos 60 años, revela que su ídolo es Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Le gusta su mano dura. “No soy bolsonarista, pero votaré a Flávio. Necesitamos colocar el Congreso dentro de una gran prisión”, argumenta Alexandre, a quien despidieron de un banco en 2011.

En la plaza, Brena Novais, de 18 años, está sentada en una mesita del PT, un reducto rojo en una ciudad tomada por propaganda de candidatos conservadores. Afirma que jamás repartiría propaganda de Bolsonaro. Votará a Lula, como el 62% de las mujeres de entre 16 y 24 años (frente a un 30% de los hombres de esa edad) –según los cálculos de José Roberto de Toledo y Thais Bilenky–.

A unos 50 metros, Isabel de Deus, una mujer de 69 años que vende ropa critica a la clase política. Poco a poco, elogia tímidamente a Lula. Si en 2022, Lula ganó en el ABC gracias al “voto izquierdista y al voto de rechazo a la gestión de Bolsonaro”, según Claudio Penteado, la clave de 2026 podría estar en el voto femenino. El 44% de las mujeres muestra su preferencia por Lula en el primer turno, según la encuestadora Quaest frente al 37% que prefiere a Bolsonaro. Según Atlas/Bloomberg, el resultado nacional está muy disputado: el 45,3% para Lula y el 42,2% para Flávio en primera vuelta, pero empate técnico en la segunda. María de Jesús justifica su apoyo a Lula hablando mal del heredero de Bolsonaro con preguntas: “¿Acaso su padre no está preso? ¿No destrozaron Brasilia el 8 de enero de 2023? ¿No intentaron dar un golpe de Estado?”.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Flávio Dino, ha ordenado este jueves a la Policía Federal brasileña que investigue las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el Gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), que acaba de ser condenado por golpismo, durante la pandemia de Covid-19, que dejó más de 700.000 fallecidos en el país americano.

El magistrado ha pedido la reapertura del caso judicial abierto tras los peores meses de la pandemia y que fue archivado por la Fiscalía General a mediados de 2022 por el fiscal Augusto Aras, fiel al bolsonarismo y que rechazó el contenido del informe elaborado por la comisión especial del Senado. Este informe, en el que se basa ahora el juez Dino, analizó la gestión política del Gobierno de Jair Bolsonaro frente a la pandemia sanitaria y detectó numerosas irregularidades.

El informe parlamentario, de hecho, acusó a Bolsonaro de un total de nueve delitos incluidos en el Código Penal brasileño: crímenes contra la humanidad, infracción sanitaria, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo. Ahora el juez pide a la policía que le investigue a él así como a tres de sus hijos y a otros 20 aliados de Bolsonaro, entre ellos cinco diputados.

Dino fue nombrado como magistrado del Supremo Tribunal en febrero de 2024, tras ser nominado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de cuyo último gobierno era ministro de Justicia desde enero de 2023. Durante lo peor de la pandemia de Covid-19, Flávio Dino era gobernador del estado de Maranhão, al noreste del país, cuando fue un duro crítico del negacionismo acientífico del Gobierno de Bolsonaro frente a la crisis sanitaria.

En el documento en que ha ordenado reabrir el caso, el juez sostiene que “la investigación parlamentaria señaló indicios de crímenes contra la administración pública, sobre todo con contratos, fraudes con licitaciones, sobreprecios, desvío de recursos públicos” o firmas de contratos con empresas pantalla, entre otros.

Algunas de esas actuaciones se refieren a la compra de medicinas supuestamente efectivas contra la COVID-19, pero que luego resultaron ineficaces y que aún así fueron adquiridas por el Gobierno y distribuidas a través de la red de salud pública, como la cloroquina, de la que Bolsonaro fue uno de sus pocos defensores a nivel internacional.

El informe llegó a presentar acusaciones contra Bolsonaro y otras 77 personas por diversos delitos asociados a la pandemia y en su momento fue descalificado por el líder de la extrema derecha, que lo describió como un “documento político” elaborado por una comisión controlada por la oposición a su Gobierno.

La decisión de Dino da ahora un plazo de 60 días que puede ser prorrogado para que la Policía Federal investigue el asunto. La policía brasileña había solicitado acceso a las pruebas y había concluido que era necesario continuar con las investigaciones tras el archivo de la causa, lo que ha sido ahora aprobado por Flávio Dino.

Esta investigación ha sido anunciada apenas una semana después de que la Primera Sala del Supremo, de la cual el magistrado forma parte, condenase a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por la conspiración golpista urdida después de que Lula le derrotase en las urnas, en las elecciones de octubre de 2022.

La izquierda brasileña continúa en estado crítico. Si en 2022, Lula da Silva se alzó con la presidencia liderando un frente democrático contra la extrema derecha, la izquierda ha salido derrotada de las elecciones municipales. El segundo turno celebrado ayer en 51 ciudades, entre ellas quince capitales, confirmó los malos presagios de las encuestas. Guilherme Boulos, candidato del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), apoyado por el presidente Lula, se quedó lejos de ganar en São Paulo: 40,65% de los votos, frente a 59,35% de Ricardo Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), apoyado por Jair Bolsonaro. El Partido de los Trabajadores (PT) perdió cuatro de las cinco capitales en las que disputaba el segundo turno. Su triunfo en Fortaleza, una importante ciudad de 2,5 millones de izquierdista nordeste, se produjo por la mínima ante el candidato bolsonarista (menos de un punto de diferencia).  

Una de las grandes decepciones para la izquierda fue el desastroso resultado en Porto Alegre, una de las cunas del PT. El actual alcalde Sebastião Melo, que tras su mala gestión tras las inundaciones de mayo pasó a ser conocido como Mr. Enchentes (Mr. Inundaciones), arrasó con un 61,53% de los votos. “Es desolador que las inundaciones no hayan tenido un resultado electoral”, se lamentaba el analista político Fernando de Barros en la transmisión al vivo del influyente Foro de Teresina. El nombramiento de Maria do Rosário, una vaca sagrada del petismo con un alto índice de rechazo, fue duramente criticada, por haber cerrado el camino líderes más jóvenes que ganaron visibilidad durante las inundaciones. “Había muchas figuras posibles para las elecciones municipales, como el diputado Edgar Preto, pero el PT escogió a Maria do Rosário, como una señal de jerarquía”, afirmaba la antropóloga Rosana Pinheiro-Machado en una entrevista después del primer turno. 

En los últimos doce años, la izquierda ha perdido la mitad de los ayuntamientos que gobernaba. En 2012 los cinco partidos de izquierda gobernaban 1.468 ciudades de un total de 5.565. Tras el segundo turno de ayer, el número se redujo a 729.  La leve recuperación del PT –pasa de 183  a 252– tiene un sabor agridulce. Los candidatos apoyados por Lula que derrotaron a bolsonaristas en ciudades importantes como Río de Janeiro o Belo Horizonte, no son izquierdistas, sino del denominado centrão. Paradójicamente, el Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro tampoco sale tan victorioso de la contienda electoral como esperaba. La dirección del partido, que aspiraba a mil alcaldías, se tendrán que conformar con 517. Apenas gobernará 4 de las 27 capitales. Republicanos, partido de Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, gobernará una capital. Los números de la extrema derecha mejoran si se tiene en consideración la alianza del PL con el establishment político, como ha sido el caso de São Paulo. 

Los verdaderos protagonistas de la primera contienda electoral desde el regreso de Lula a la presidencia han sido una nueva extrema derecha protagonizada por Pablo Marçal (que se quedó a las puertas del segundo turno en São Paulo), un clima bronco con menos control judicial de las fake news que en las elecciones presidenciales y el triunfo arrollador del bloque político del centrão (gobernará 3.500 municipios, el 62% del total)

‘Fake news’ y violencia

Durante la jornada electoral, Tarcísio de Freitas, el bolsonarista gobernador del estado de São Paulo, afirmó sin pruebas que el poderoso comando de narcotraficantes Primeiro Comando da Capital (PCC) estaba pidiendo el voto para Guilherme Boulos. La izquierda reaccionó al unísono, anunciando un proceso judicial para inhabilitar políticamente tanto al gobernador como al alcalde electo Ricardo Nunes. La acusación de Tarcísio se solapaba sobre la desinformación que Pablo Marçal sembró en el primer turno contra Boulos, a quien acusó de ser consumidor de drogas. “He conversado con un elector que pensaba que yo fabricaba cocaína”, afirmaba Boulos hace unos días. En Belo Horizonte, el candidato bolsonarista Bruno Engler basó su campaña en fake news y llegó a acusar a su adversario Fuad Noman de incentivar las violaciones sexuales. El Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que ya no está presidido por la mano de hierro de Alexandre de Moraes, azote de Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022, no ha conseguido controlar la oleada de desinformación diseminada por la extrema derecha. El retraso de la aprobación del Projeto de Lei 2630 en el congreso, conocido como PL de las fake news, duramente atacada por el lobby de las Big Techs y el propio Elon Musk, contribuyó al clima de desinformación. “Las mentiras y los ataques definieron esta elección”, aseguró Guilherme Boulos en su primera comparecencia post electoral. 

La campaña ha estado marcada por la violencia verbal e incluso física. En São Paulo, el candidato José Luiz Datena, un popular presentador televisivo que fichó por el histórico Partido de la Social Democracia Brasileira (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, golpeó con un taburete a Pablo Marçal durante uno de los debates electorales. La cadeirada (sillazo) de Datena sintetiza el extravío del partido que lideró durante décadas la derecha brasileña y que no gobernará ninguna capital ni ciudad relevante del país. Por otro lado, en otro debate, un asesor de Pablo Marçal arremetió a puñetazos contra el publicista del alcalde Ricardo Nunes. 

Autocrítica de la izquierda y rumbo a 2026

Los malos resultados de la izquierda hicieron saltar las alarmas tras el primer turno del 6 de octubre. Una de las voces más críticas fue Marília Campos, que se reeligió con el 60% de los votos como alcaldesa de Contagem, importante ciudad de 622.000 habitantes del área metropolitana de Belo Horizonte. Campos, una de las fundadoras del PT, impugna de lleno la estrategia, discurso y narrativa de una izquierda que mira al pasado. “Para superar la polarización, tenemos que presentar un proyecto de Brasil conectado con los problemas reales. Tenemos que dejar de hablar de Jair Bolsonaro. El PT se inclina hoy hacia un discurso identitario, que dialoga solo para una burbuja. Es poco universal”, aseguró a O Globo. Por su parte, el diputado Reginaldo Lopes, del PT, insistió en la necesidad de autocrítica del partido. “El PT no consigue hablar con la sociedad. El gobierno actual tiene resultados excelentes, pero no consigue comunicarse con la gente”, afirmó el diputado.

Para el politólogo Leandro Consentino la actitud del partido de Lula de ceder la cabeza de las candidaturas a otros partidos no ha tenido efectos positivos, a pesar de que la estrategia consiguió derrotar al bolsonarismo en plazas clave como Río de Janeiro o Belo Horizonte. “En las grandes ciudades, el PT sale menor, bastante desarticulado. Es parte de una estrategia concebida hace tiempo, de granjearse aliados para 2026, pero vamos a ver si va a valer la pena a largo plazo. No parece una buena idea porque pierde capilaridad”, declaró Consentino al Correio Braziliense.  

Las elecciones municipales apuntan algunas tendencias para la disputa presidencial de 2026. El resultado de São Paulo, disputa que el propio Lula calificó como ensayo para 2026, dibuja un escenario confuso. La victoria de Ricardo Nunes se produce con la mayor abstención de la historia de São Paulo en un segundo turno, en un país donde el voto es obligatorio: un 31%. Por su parte, la figura de Jair Bolsonaro sale desgastada. El triunfador Nunes, en su discurso oficial, citó de pasada a Bolsonaro y se deshizo en elogios hacia Tarcísio de Freitas, a quien definió como “líder mayor”. Por otro lado, Pablo Marçal, el nuevo out sider de Brasil, aparece con serias posibilidades de ser el candidato más competitivo de la extrema derecha. La encuestadora Quaest ratificó la división de la extrema derecha hace unas semanas: sin Bolsonaro en la disputa de 2026 (está inhabilitado políticamente) los votos ultras se dividen entre Pablo Marçal (18%) y Tarcísio de Freitas (15%). En primer lugar, aparece Lula (32%).

A nivel nacional, los resultados municipales pueden interferir en las alianzas de la izquierda. En 2022, Lula configuró un frente democrático con pocos partidos de derecha que sedujo al centro con un candidato a vicepresidenre históricamente conservador (Geraldo Alckmin). En 2026, tras el claro triunfo del centrão, la incorporación partidos de derecha al frente democrático de Lula parece inevitable. 

Cuando a inicios de mayo la Policía Federal (PF) de Brasil requisó el teléfono móvil de Jair Bolsonaro en su casa de Brasilia, el ecosistema de desinformación de la extrema derecha brasileña se quedó fuera de juego.

Pleno News, uno de los epicentros de bulos del país, se limitó a destacar que la policía no había retirado el pasaporte al expresidente. Sus asesores, mientras, intentaban minimizar la acción policial y afirmaban que Bolsonaro cambiaba de móvil cada tres meses, no usaba la nube y no hacía copias de seguridad.

La orden judicial que llevó a los agentes a la casa del líder ultraderechista estaba vinculada a la falsificación de tarjetas de vacunación contra la COVID-19 de miembros de su Gobierno que no se habían vacunado.

Era considerada una denuncia menor, entre las muchas que amenazan a Bolsonaro. Sin embargo, el nerviosismo reinaba ya en el entorno del polémico expresidente. Unos días antes del registro policial, a cinco de sus colaboradores más íntimos les requisaron sus teléfonos móviles.

El mazazo definitivo llegó a inicios de junio, cuando Alexandre de Moraes, presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), puso fecha al primer juicio que puede llevar a Bolsonaro a perder sus derechos políticos. Tras la primera sesión este jueves, y las próximas, fijadas para los días 27 y 29 de junio, siete jueces tomarán una decisión que alterará la política brasileña.

Un juicio crucial

Todo apunta a que Bolsonaro no podrá ser candidato a ningún cargo político hasta 2030. Inicialmente, la denuncia del centro izquierdista Partido Democrático Trabalhista (PDT) apenas estaba relacionada con el encuentro que el expresidente tuvo el 18 de julio de 2022 con embajadores extranjeros en el Palacio da Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia. En dicho encuentro, cargó contra el sistema político y cuestionó las urnas electrónicas empleadas en Brasil.

La reunión, celebrada a las puertas de las elecciones de 2022, provocó una verdadera tormenta: YouTube retiró el vínculo que registró el encuentro y la Justicia multó a Bolsonaro con 20.000 reales (unos 4.000 euros) por uso electoral de la máquina pública. De acuerdo a la acusación, ese día incurrió en “abusos de poder y económicos” y en “uso indebido de los medios públicos”, al valerse de la residencia oficial de la Presidencia para esa reunión y ordenar su transmisión por la televisión pública.

El Ministerio Público Electoral, que vela por el cumplimiento de la ley electoral, considera esa reunión con diplomáticos como la punta del iceberg delictivo del expresidente. Además, el PDT sostuvo que Bolsonaro “buscó la adhesión de países extranjeros para, en caso de promover un golpe de Estado, obtener apoyo con la tesis de que el proceso electoral no habría sido confiable y sería el resultado de un fraude”.

“La reunión con los embajadores es fruto de una secuencia de ataques que ocurrió a lo largo de meses. Había una estrategia sistemática de producción y diseminación de desinformación contra el proceso electoral”, afirma Ademar Borges, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

Por ese motivo, el Tribunal Superior Electoral va a analizar varios presuntos casos de abuso de poder: uso de la máquina pública con fines electorales, diseminación de desinformación y ataques al sistema electoral.

Acusaciones por “actos golpistas”

En los últimos días, el juicio ha dado un giro que deja a Bolsonaro en una posición extremadamente delicada, porque el tribunal va a relacionar las acusaciones de abuso de poder con los actos golpistas de Brasilia del 8 de enero. Benedito Gonçalves, relator oficial del proceso judicial, ha aceptado como prueba la minuta encontrada en la residencia de Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro, con instrucciones para dar un golpe de Estado.

Las quinielas son unánimes: el líder de la ultraderecha brasileña probablemente no podrá ser candidato en los próximos ochos años. La única duda parece ser el resultado de la votación: si perdiera por cinco a dos gracias a los dos jueces que él mismo nombró durante su mandato, sería el resultado más favorable. Pero dada la abundancia de pruebas delictivas, no se descarta que el expresidente obtenga seis votos desfavorables a uno o, incluso, siete a cero.

Incluso si Bolsonaro saliera libre de acusaciones, al menos 15 procesos vinculados a las elecciones podrían provocar que dejara de ser elegible como candidato.

El cerco judicial sobre el exmandatario se extiende por todo el país: desde que perdió el foro privilegiado el pasado 1 de enero, el Supremo ha remitido a juzgados de primera instancia cientos de denuncias contra él. El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, que costea la defensa de los juicios, estima que el número de procesos ya supera los 600.

Más de 600 procesos

Uno de los cientos de procesos es la causa por incitación a la violación que pasa a la Justicia del Distrito Federal, originada en 2014, cuando Bolsonaro dijo que la diputada Maria do Rosário “no merecía ser violada porque era muy fea”.

Aparte de las denuncias relacionadas con ataques a la democracia, el expresidente acumula procesos por varios motivos. Por ejemplo, la divulgación de falsedades contra las vacunas y la incitación a no usar mascarilla durante la pandemia. Otra denuncia, por intervenir en la independencia de la PF, divulgando incluso datos sigilosos, fue interpuesta por el juez Sérgio Moro, que encarceló a Lula y llegó a ser ministro de Justicia de Bolsonaro.

Además, la acusación de genocidio contra el pueblo indígena Yanomami, protocolada por el Ministerio Público, preocupa especialmente al expresidente, pues existe suficiente jurisprudencia en Brasil para condenarlo. La denuncia por genocidio a los pueblos indígenas ya había llegado a la Corte Penal Internacional de La Haya en agosto de 2021, de la mano de la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

En ese tribunal con sede en Países Bajos, Bolsonaro acumula seis demandas que van del genocidio a toda la población brasileña y la gestión de la pandemia a crímenes contra la humanidad por incentivar la deforestación amazónica.

Por otro lado, el escándalo más escabroso tiene que ver con las joyas de Arabia Saudí que el entonces mandatario intentó robar al Estado brasileño: Bolsonaro está acusado de apropiación de dinero público por haber intentado quedarse con varios paquetes de joyas, donadas por el Gobierno saudí a Brasil. El expresidente entró al país sin declarar en la aduana dichas joyas de gran valor, habiendo llegado a activar a diplomáticos y ministros para maniobrar y colocarlas en su acervo personal.

La carrera de Bolsonaro puede que esté llegando a su fin. Sin embargo, en su partido se frotan las manos. El expresidente, conocido como “mito” por sus seguidores, pasará a ser un mártir si es encontrado culpable y pierde sus derechos políticos.

Mônica Bérgamo, una de las periodistas políticas más prestigiosas del país, ha revelado que Waldemar Costa Neto, presidente del PL, ha comentado a sus asesores que aspira a conseguir un 20% de cargos con Bolsonaro inelegible gracias precisamente al mito.

Jair Bolsonaro se oculta en la distancia. Después de los actos de violencia contra la sede del Congreso, el Tribunal Supremo y palacio de Planalto, el expresidente brasileño esquiva desde Orlando, en Florida, el caos político desatado por sus seguidores en Brasilia. Hasta el momento, son siete las investigaciones abiertas y más de 1.800 las personas que han sido detenidas en la última semana por los ataques del 8 de enero. Entre ellas está el exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, responsable de la seguridad de la capital brasileña en el momento del ataque a las instituciones.

El viernes pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó la solicitud de la Fiscalía General de investigar al expresidente por su presunta participación como autor intelectual. Alexandre de Moraes, uno de los 11 jueces de la corte, actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y uno de los principales blancos de los ataques de Bolsonaro, dio el visto bueno a la petición de investigación contra el expresidente.

Mientras esquiva los contactos con la prensa, Bolsonaro aparece con simpatizantes en la puerta de la residencia de Florida. Es el mismo mecanismo que solía desplegar en el palacio de la Alvorada, la residencia oficial, para evitar algún tema incómodo. “No vuelva a Brasil”, le dijo una seguidora al expresidente este lunes en Miami. “Lamento lo que pasó el día 8. Es algo increíble. Pero en mi gobierno la gente aprendió lo que es la política, conoció los poderes, empezó a valorar la libertad”, dijo Bolsonaro.

La pregunta ahora es cuándo y cómo decidirá volver a su país, si es que lo hace.

La deportación

La expulsión de Estados Unidos es una opción, aunque poco probable. Si bien el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil han confirmado de qué manera entró el exmandatario a Estados Unidos, es posible que haya ingresado con un visado diplomático, o formulario A-1, que le corresponde por llegar dos días antes del traspaso de poderes con Luiz Inácio Lula da Silva. Si es así, Bolsonaro podría ser deportado, aunque es poco probable que esto suceda, según los analistas.

EEUU define la deportación como el proceso de expulsión de un extranjero por no cumplir las leyes del país. Las normas pueden ser violadas cuando la persona ingresa de manera irregular a Estados Unidos, cuando comete algún delito que viola sus leyes, desobedece repetidamente las leyes de inmigración, está involucrada en actos criminales o representa una amenaza para la seguridad pública, según la web oficial USAGov.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, explicó a la prensa que las personas que entran a Estados Unidos con un visado diplomático, en el caso de que dejen de ser parte del Gobierno, tienen 30 días para salir del país o solicitar un cambio a otro estado migratorio. “Si un individuo no tiene motivos para estar en Estados Unidos, está sujeto a ser expulsado por el Departamento de Seguridad Nacional”, dijo.

Por ese motivo, 46 congresistas demócratas pidieron a Joe Biden el jueves pasado que se revoque el visado de Bolsonaro. “Le solicitamos que vuelva a evaluar su estatus en el país para determinar si existe una base legal para su estadía y revocar cualquier visa diplomática que pueda tener”, dice el comunicado.

En ese sentido, la Casa Blanca podría revocar el visado del expresidente y forzar su deportación. En el caso que esté en Florida como turista, no puede superar un período máximo de seis meses en el país. En ese caso, podría permanecer hasta mitad de año. De cualquier modo, el gobierno de EEUU cuenta con la libertad de ordenar la deportación del exmandatario en el momento en que considere necesario.

La extradición

La extradición es un proceso por el cual un país puede solicitar a otro la entrega de una persona buscada para ser procesada o cumplir condena por un delito. La entrega de una persona por parte de las autoridades de un Estado a las de otro exige un acuerdo entre dos países. Para eso, debe existir un tratado bilateral, en donde se detallan el tipo de delitos y la respuesta que deberá tomar cada país en el caso de encontrarse con esa situación.

Mientras el proceso de deportación queda reducido al ámbito migratorio, la extradición debe pasar por el sistema de justicia. Para habilitar el mecanismo debe existir un proceso de causa penal contra Bolsonaro en Brasil y una orden de arresto emitida en el curso de la investigación, algo que todavía no existe. “Esto por supuesto no impide que avance por medio de una solicitud política”, explica Thiago Amparo, profesor de Derecho de la Fundación Getulio Vargas de São Paulo. El STF autorizó el viernes la solicitud de la Fiscalía a investigar al expresidente por su presunta participación como autor intelectual de los hechos.

Las extradiciones no son rápidas y dependen no solo de la Justicia sino también de la política. Las declaraciones de Joe Biden sobre el asunto indican que el proceso podría acelerarse en el caso de que Brasil lo solicite. “Condeno el asalto a la democracia y a la transferencia pacífica del poder en Brasil. Las instituciones democráticas de Brasil cuentan con todo nuestro apoyo y la voluntad del pueblo brasileño no debe ser socavada. Espero seguir trabajando con Lula”, dijo el presidente de EEUU el día del ataque.

Bolsonaro ha sido vinculado a las investigaciones por sus declaraciones y un vídeo que publicó en las redes sociales el 10 de enero, dos días después de los actos de violencia, y que borró unas horas más tarde, donde decía que Lula no fue elegido por el voto popular sino por el Tribunal Supremo, lo cual es falso.

“No hemos recibido, hasta el momento, ninguna solicitud oficial del Gobierno brasileño relacionada con Bolsonaro. Por supuesto, si recibiéramos tal solicitud, la tratamos como siempre las tratamos: con seriedad”, dijo el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, en la Casa Blanca el lunes posterior al asalto.

Han sido varios los políticos brasileños que pidieron la extradición del expresidente, si bien el gobierno ha dicho que no tiene pensando en avanzar en esa dirección. La diputada Erika Hilton, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), le envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en la que exige que el expresidente sean extraditado.

Renan Calheiros, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), solicitó incluir a Bolsonaro en las investigaciones. “Regreso a Brasilia para recoger firmas de la CPI que investigará a los golpistas que, por acción u omisión, ayuden a terroristas. Incluyen a Bolsonaro, el fiscal Aras, militares y políticos. En el MDB defenderé la expulsión del gobernador de Brasilia”, escribió en sus redes.

Pero el mecanismo no es rápido ni sencillo. “Al instruir un proceso de carácter penal, el juez puede solicitar la extradición para garantizar la presencia de la persona como imputado dentro del país. Para eso, es él quien debe pedir una 'prisión preventiva para extradición'. Esa solicitud se tramita a través de la autoridad central al estado donde se encuentra la persona, que es capaz de realizar esa detención para garantizar la extradición”, dice el abogado Paulo Abrão, director ejecutivo de Washington Brazil Office (WBO).

Cuentas pendientes con la Justicia

Bolsonaro tiene varias cuentas pendientes con la Justicia. El expresidente está implicado en otros cuatro procesos judiciales, que continúan abiertos en el Supremo, si bien todos ellos están en la fase inicial y no se han presentado cargos en su contra.

En un caso, la Justicia investiga si Bolsonaro interfirió de forma política e ilegal en las decisiones de la Policía Federal para proteger a su familia. También está implicado por divulgar información falsa sobre la vacuna contra la COVID-19, que asoció con el riesgo de desarrollar sida, así como por divulgar documentos secretos de la Policía, con los que quiso inflamar su campaña contra el proceso electoral.

Por último, está en el foco de la Justicia en otro caso que indaga la existencia de “milicias digitales”, vinculadas a grupos de extrema derecha, que buscan derribar el orden democrático. Si bien la causa que investiga el asalto a las instituciones democráticas en Brasil del 8 de enero es la investigación de mayor dimensión política, Bolsonaro podría acabar en prisión por temas vinculados al mal manejo de su gestión en los años de presidente.

Con información de EFE

A petición de la Fiscalía, la Corte Suprema incluyó este viernes al expresidente brasileño Jair Bolsonaro en la lista de investigados por la intentona golpista que cometieron sus simpatizantes más radicales el pasado domingo en Brasilia. Apenas 24 horas después, la Policía Federal de Brasil arresto este sábado en Brasilia a Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro. Su detención había sido ordenada en el marco de la investigación por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Sobre Torres, un fiel aliado de Bolsonaro que participó en esa campaña de descrédito contra el sistema electoral, pesaba una orden de prisión del Supremo por su supuesta “omisión” en el asalto de Brasilia. El exministro fue detenido por las autoridades en el aeropuerto internacional de Brasilia tras desembarcar procedente de Miami (Estados Unidos).

La Policía halló en la casa del exministro un borrador de un decreto presidencial para intervenir el Tribunal Superior Electoral y “corregir” el resultado de las presidenciales, que Bolsonaro perdió ante Lula por una diferencia de 1,8 puntos.

Torres, como Bolsonaro, se encontraba en EEUU y había afirmado que regresaría a Brasil en los próximos días para entregarse a las autoridades.

Cerco a Bolsonaro

El cerco judicial se estrecha sobre el exmandatario, quien se encuentra todavía en EEUU y del que se sospecha que incitó a sus partidarios a invadir y destrozar las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Supremo el 8 de enero.

En la tarde de este viernes, el Ministerio Público solicitó al Supremo permiso para investigar al líder ultraderechista por su presunta participación como autor intelectual del violento asalto y, tan solo unas horas más tarde, el alto tribunal acató la petición. El aval lo dio el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once jueces del Supremo, actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y objeto de graves ataques desde hace meses por parte de Bolsonaro y sus aliados.

De Moraes aceptó el principal argumento de la Fiscalía: un video compartido por Bolsonaro en sus redes sociales el 10 de enero, dos días después del asalto a los tres poderes, en el que se siembran dudas sobre el resultado de las elecciones de octubre y la legitimidad de las instituciones. El capitán retirado del Ejército, que sigue sin reconocer abiertamente su derrota en las urnas, eliminó ese video horas después, cuando ya estaba circulando como la pólvora entre sus acólitos.

Con ello, el Ministerio Público cree que “incitó de forma pública a la práctica del crimen”. Para De Moraes, con la divulgación del video, Bolsonaro, a priori, “se posicionó una vez más” de forma “criminal contra las instituciones”, en especial contra el Supremo y el Tribunal Superior Electoral (TSE), “imputando a sus jueces fraude en las elecciones para favorecer” a Lula.

El magistrado también señaló que estudiará “en el momento oportuno” un posible interrogatorio a Bolsonaro ante “las noticias de que no se encuentra en territorio brasileño”.

El exjefe de Estado viajó a Orlando, en Florida, el pasado 30 de diciembre, dos días antes de acabar su mandato, por motivos nunca explicados, aunque recientemente dijo a CNN Brasil que volvería a finales de este mes.

Sobre el asalto golpista, apenas se pronunció en unos tuits el mismo día 8 para rechazarlo de forma tibia y negar las acusaciones vertidas por Lula, quien responsabilizó a su predecesor de “estimular” a sus seguidores.

A lo largo de la pasada campaña electoral, Bolsonaro acusó a la cúpula judicial de actuar en favor de Lula y lideró una feroz campaña contra el sistema electoral con base en alegaciones falsas de fraude.

La izquierda defiende que ese comportamiento, unido a su silencio tras perder las elecciones, alimentó la ira de los bolsonaristas, que hasta la semana pasada estaban acampados en la puerta de los cuarteles pidiendo un golpe contra el dirigente progresista.

Al no ser escuchados por las Fuerzas Armadas, miles de ellos lo intentaron el domingo sembrando el caos durante cuatro horas en Brasilia.

Otras investigaciones en curso

Bolsonaro, un nostálgico defensor de las dictaduras militares de derechas y que el pasado día 1 perdió su inmunidad, es investigado además en otros cuatro procesos penales abiertos en el Supremo, pero todos ellos están en la fase inicial.

Uno de ellos busca esclarecer si interfirió de forma política e ilegal en las decisiones de la Policía Federal para proteger a su familia.

También es investigado por divulgar noticias falsas sobre la vacuna contra la covid-19, que asoció con el riesgo de desarrollar sida, y por divulgar documentos secretos de la Policía con los que quiso inflamar su campaña contra el proceso electoral.

Igualmente está en el foco de la Justicia en otro caso que indaga la existencia de “milicias digitales”, vinculadas a grupos de extrema derecha, que buscan derribar el orden democrático.

Mayor lucha contra las ‘fake news’ y la desinformación. Inversión de recursos para desmentir bulos. Métodos para identificar claramente cuando un político está mintiendo. Iniciativas para rebatir mensajes en redes sociales que alimentan las ideologías extremistas violentas. Son algunas de las ideas para impedir que avancen movimientos basados en teorías de la conspiración como el que el pasado domingo llevó a centenares de manifestantes a tomar el parlamento en Brasil. 

La tienda online Mercado Libre, sin embargo, tiene otra propuesta. ¿Y si todos los ciudadanos tuvieran una copia de la Constitución del país? La web puso el texto a la venta con un descuento del 99% —código “DEMOCRACIA”— y de momento se han agotado todas las copias.

La intención de Mercado Libre, una plataforma de compraventa electrónica con presencia en 18 países de Latinoamérica, es “que nunca olvidemos la importancia de la democracia”. La web corporativa también ha defendido en Twitter que “conocer la Constitución es un derecho y un deber de todos”. El descuento estaba disponible hasta el 15 de enero o el fin de existencias.

“El stock de constituciones se ha agotado”, ha anunciado la compañía en Twitter, “pero la lucha por la democracia sigue viva”. Mercado Libre se ha comprometido en su mensaje a reponer las existencias de la Constitución “para que cada vez más personas puedan tener en casa este importante documento de nuestra democracia”. 

El gesto de Mercado Libre es una muestra de la posición de una de las mayores empresas de la región ante el asalto ultra que sufrieron las principales instituciones de Brasil el pasado fin de semana. El allanamiento del Parlamento, el Tribunal Supremo y las oficinas del Ejecutivo se saldó con 1.500 detenidos y requirió de la intervención federal en Brasilia para poner fin al asalto a los edificios oficiales.  

La empresa, creada en Buenos Aires (Argentina) en 1999 por Marcos Galperín, se ha manifestado públicamente en contra de lo sucedido en Brasil y a favor de la libertad. Pero, aseguran, “es imposible ser libre sin democracia”. Mercado Libre promovió la venta de la Constitución con un descuento significativo “para que los brasileños puedan tener a uno de los pilares de la democracia”.

Patricia Campos Mello es una veterana periodista brasileña del diario Folha de S.Paulo, autora de A máquina do ódio sobre el acoso online pilotado por políticos y las amenazas a la libertad de prensa en Brasil y otros países, e investigadora sobre desinformación en la Universidad de Columbia de Nueva York. Campos Mello, que ha sufrido el acoso virtual y físico de los bolsonaristas, cuenta ahora el papel esencial de las campañas coordinadas en redes que han desembocado en el asalto de Brasilia. 

Su investigación sobre WhatsApp reveló en 2018 cómo Jair Bolsonaro llevaba años promocionando falsedades de manera masiva en grupos de esta plataforma y violando las normas legales sobre la propaganda. El pasado julio, fue indemnizada en una demanda que le ganó a Bolsonaro, cuando todavía era presidente, por difundir la mentira de que la reportera cambiaba sexo por información. 

Desde São Paulo, investiga algunos de los grupos que han organizado las protestas y explica las difíciles preguntas para el nuevo Gobierno, que trata de entender qué pasó el domingo, por qué la policía no hizo más, hasta qué punto los bolsonaristas están infiltrados en las fuerzas armadas y qué empresarios ayudaron a financiar los campamentos y los autobuses. 

¿Qué papel jugaron los grupos de WhatsApp y otras redes en la organización del asalto?

Todo fue organizado en grupos de Telegram y WhatsApp. Esto ha estado sucediendo durante meses, pero hubo una llamada precisa para estar en Brasilia el domingo 8. Los mensajes comenzaron a circular el 3 de enero ofreciendo autobuses y comidas gratis. También en Instagram porque estas personas están muy interconectadas y hay mucha comunicación multiplataforma. La organización fue a través de grupos públicos de WhatsApp y Telegram. Estos no son grupos privados. Entonces, ¿por qué los servicios de inteligencia no hicieron nada? ¿Qué tipo de inteligencia es esa?

El campamento frente al cuartel militar en Brasilia ha estado allí durante meses y la gente sabía que estaban tramando un golpe. ¿Por qué todavía estaba allí? ¿Por qué no hicieron nada?

Esos grupos públicos, ¿rompieron las reglas de las plataformas?

En muchos casos se dedicaban a compartir enlaces. Yo monitoreo cientos de estos grupos, como muchos investigadores. No están rompiendo ninguna regla en general. Justo después de las elecciones, Meta empezó a quitar a gente que decía que hubo fraude en las elecciones y que pedía un golpe de estado o una intervención militar. Y ahora anunció que también va a eliminar específicamente cosas relacionadas con el 8 de enero y su organización. YouTube elimina vídeos que argumentan que las elecciones fueron fraudulentas, pero deja los vídeos de personas destruyendo el Congreso o diciendo que deberían ir allí de nuevo u organizar otro asalto.

Monitoreando esos grupos, ¿sabía que iba a pasar algo el 8 de enero?

Mucha gente estaba monitoreando los grupos, también la policía. Sí se sabía que iba a haber algo el domingo 8. Pero nunca esperábamos que se volviera tan violento. Había habido protestas el 7 de septiembre, Día de la Independencia, y justo después del resultado de las elecciones. Bloquearon las carreteras. También el 15 de noviembre, que es el Día de la República, pero nunca de manera tan violenta. 

La diferencia es que durante la toma de posesión, había mucha policía y fuerzas armadas desplegadas. El secretario de Seguridad del distrito federal, el estado donde está Brasilia, el exministro de Justicia de Bolsonaro, se había reunido con el actual ministro de Justicia, y habían acordado que tendrían una cantidad X de policías y militares para garantizar la seguridad y que no permitirían el ingreso de los manifestantes en la Explanada, que es el perímetro alrededor de las instituciones. Sin embargo, el domingo simplemente no hicieron nada de lo que dijeron que harían. El ministro de Justicia fue un poco ingenuo al creer tanto al secretario de estado federal. A la vez, cómo te imaginas que no va a cumplir. Por otro lado, las fuerzas de seguridad, en realidad las fuerzas de inteligencia, subestimaron el tamaño de la protesta y el hecho de que podría volverse violenta. Así que tal vez deberían haber presionado para tener más gente allí.

El ministro de Justicia fue un poco ingenuo al creer tanto al secretario de estado federal. Por otro lado, las fuerzas de seguridad subestimaron el tamaño de la protesta y el hecho de que podría volverse violenta

¿Qué ve ahora en los grupos que monitorea?

Es muy interesante. Como acabo de publicar, hay un nuevo tipo de relato desde el final del domingo, cuando se vio que la opinión pública estaba en contra. Si eres un votante de Bolsonaro y estás viendo vídeos de personas literalmente defecando sobre las mesas del palacio presidencial o destrozando obras de arte que valen 8 millones, te vas a poner en contra. Así que ahora el mensaje es que en realidad las personas que fueron violentas e invadieron el Congreso y el palacio presidencial eran infiltrados de izquierda.

Lo mismo que decían algunos trumpianos del asalto al Capitolio

Lo mismo. Así que tienes un montón de vídeos, vídeos falsos, que dicen, “mira, este que está cometiendo actos de violencia no es un verdadero patriota”, como se llaman a sí mismos. E incluso Bolsonaro, cuando habló por primera vez el domingo, condenó la violencia, pero al mismo tiempo dijo que esta es una violencia similar a la de la izquierda. La idea es que son espías, que están infiltrados, que los patriotas nunca harían eso. Así que este es el nuevo relato. Y el vídeo más ampliamente compartido fue uno que supuestamente muestra a un simpatizante del Partido de los Trabajadores destruyendo cosas dentro del palacio presidencial.

¿TikTok también es un vehículo habitual?

Sí, también en campaña: TikTok y Kwai, otra plataforma china de vídeos cortos que es muy popular entre las personas más pobres en Brasil. Una de las principales formas en que esta información circuló durante la campaña fue a través de vídeos cortos, influencers de Tik Tok y también cortes de vídeos de programas de televisión de un canal brasileño que más extremo que Fox News, tipo Newsmax. Circulaban cortes como vídeos cortos de sus programas, que son muy extremos y negacionistas de vacunas y negacionistas de elecciones, y luego los compartían a través de los grupos de mensajería. Así que es el círculo completo. Tienes vídeos de TikTok y YouTube que se comparten en los grupos de Bolsonaro en Telegram y WhatsApp.

¿Y las plataformas se toman en serio cómo se utilizan después de todos estos años de desinformación sobre los que usted informó tan minuciosamente?

Depende. Como parte de la investigación que yo estaba haciendo en la Universidad de Columbia, al principio del año hicimos una comparación de todos los cambios de política de moderación y cambios de política que las plataformas habían hecho para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Y comparamos con todo lo que prometían o planeaban hacer en Brasil, que era una nadería. Entonces eliminaban contenido con información falsa sobre los resultados de las elecciones estadounidenses o incluso las elecciones federales alemanas de 2021. Pero no estaban eliminando nada que fuera falso o alegando fraude sobre las elecciones brasileñas. Tuvimos que presionar para que comenzaran a eliminar falsedades porque una gran parte del mensaje era decir que las elecciones de 2018 y las elecciones de 2014 ya habían sido fraudulentas debido a la máquinas de votación electrónica. Estaban permitiendo esto mientras aplicaban una política de moderación para Estados Unidos y Alemania. TikTok, que tiene su política de moderación para la integridad cívica, simplemente tradujo la política de Estados Unidos e incluso mencionando el voto por correo. 

Que no se usa en Brasil como en Estados Unidos, ¿no?

Era muy malo.

Otro caso es el de Google, que tiene un llamado informe de transparencia, básicamente una biblioteca de anuncios como la de Facebook. Pero no es tan bueno como lo tenían en tantos países. En Brasil solo lo implementaron en junio del año pasado. Antes no podíamos monitorear si realmente las personas eran los candidatos y cuánto gastaban realmente en anuncios digitales. Y aquí solo se permite pagar publicidad política durante las elecciones. Si eres el candidato o la campaña, no puedes tener gente externa pagando por eso. Y eso sucede mucho, lo cual es ilegal.

Las plataformas eliminaban contenido con información falsa sobre los resultados de las elecciones estadounidenses o incluso las elecciones federales alemanas de 2021. Pero al principio no eliminaban nada que fuera falso sobre las elecciones brasileñas

Las plataformas tardaron mucho en entenderlo o no pusieron mucho esfuerzo. Más tarde, a medida que las cosas se complicaron más y más, hubo una aplicación muy dura con algunos abusos por parte de los tribunales electorales aquí para tener órdenes judiciales para eliminar contenido con multas muy altas. Así que empezaron a ser más proactivos. Y Facebook empezó a eliminar cosas que pedían un golpe de estado y la intervención militar. Así que fue un proceso de aprendizaje. De hecho, comenzaron a ser más proactivos cuando los tribunales electorales empezaron a recibir muchas órdenes judiciales. También se cometieron algunos abusos en ese sentido. Ahora YouTube está simplemente dejando que la gente siga llamando a la insurrección en su plataforma. Los vídeos en TikTok son muy difíciles. Tienen una política de moderación, pero no son transparentes sobre la aplicación y nuestras investigaciones muestran que en realidad no cumplen con sus reglas. Se pueden encontrar vídeos de TikTok que supuestamente no debían estar allí, pero están allí y no se eliminarán.

¿Cree que a las plataformas sólo les preocupa EEUU o que no vieron la amenaza? 

Es una mezcla. Hay un alto costo político en la aplicación de sus propias reglas. Tendrías que hacer cumplir las reglas contra el partido gobernante y es delicado. Y sí, Brasil está muy lejos de Estados Unidos y de Europa. No hablamos inglés. Así que no se ve que tengan la misma importancia que esos países. También hubo una falta de comprensión sobre el contexto. Quiero decir, los equipos en Brasil en realidad eran muy conscientes de los peligros y de la necesidad de tener una política de moderación y hacerla cumplir. Pero es difícil convencer a las oficinas centrales de Silicon Valley de que necesitan invertir. Necesitas más gente que hable portugués para la moderación. Se necesita más inversión.

Usted menciona abusos de la comisión electoral. ¿Ve también el riesgo de que el nuevo Gobierno limite la libertad de expresión en el actual contexto?

Sí. Hay un vacío en la legislación, no hay muchas leyes específicas para regular la financiación de campañas y la publicidad política en Internet. Acaban de aprobar la resolución electoral del año pasado que prohíbe las “noticias falsas” o la desinformación que pone en duda el proceso electoral. No hay suficiente regulación y legislación vigente. Así que los tribunales electorales tenían mucho margen de maniobra. La jurisprudencia se está estableciendo. 

Existe un gran peligro de que pueda haber más abusos porque no hay una definición de qué es exactamente la desinformación política. ¿Cómo se puede legislar sobre eso? ¿Debe eliminar el contenido o simplemente disminuir el alcance del contenido? Como no tenemos una legislación específica, las juntas electorales han estado haciendo sus propias leyes y haciéndolas cumplir. Eso es peligroso. Fue muy necesario durante las elecciones, pero existe el riesgo de que esto se intensifique y podría ser una preocupación real para la libertad de expresión en Brasil. Al mismo tiempo, el Gobierno creó un secretario de política digital y ha anunciado que la Ley de Servicios Digitales Europeos va a ser una inspiración para una nueva ley. Eso espero. Algunos países están siendo muy creativos con las leyes de desinformación y censurando solo a la gente normal. El Gobierno tiene mucha voluntad política real para que se apruebe en el Congreso. Y al mismo tiempo, siempre existe el peligro de que no quieres que el Gobierno decida qué es desinformación y qué no.

En el asalto del domingo también vimos agresiones físicas contra reporteros, además de las toneladas de abuso online. ¿El ataque a la prensa fue un factor central de este movimiento? 

Oh, sí. Demonizar a los principales medios y periodistas es una gran parte del relato. Es un grito de guerra para el movimiento. Así que se ha vuelto muy común y este domingo vimos cómo a muchos periodistas, principalmente fotógrafos, les robaban su equipo y los golpeaban. Las cosas online siempre son muy feas. Ya sabes, amenazas, todas las cosas misóginas, fotos y montajes porno y deepfake, vídeos, muy mal hechos, con cara de periodistas. Esto es todo lo que ha estado pasando desde el principio del Gobierno de Bolsonaro. Y el resultado es intimidante, por supuesto. Nunca tuvimos problemas de seguridad para cubrir las elecciones en Brasil. Esto no era México, bien conocido por ser un lugar muy peligroso debido a los cárteles del narcotráfico.

En Brasil había violencia contra los periodistas, pero no era tan común, era más en comunidades aisladas. Y ahora es parte de la rutina diaria del reportero: tienes que pensar que puedes estar cubriendo una protesta y recibir una paliza porque el presidente incitó a la gente, retratando a los medios como el enemigo. El acoso online es importante decir que muy a menudo migra al mundo real. Me ha pasado a mí y a mucha gente. Sufres este acoso online constante y avalancha de información falsa. A veces te encuentras a personas en la calle muy agresivas contigo, y se debe a todas esas noticias falsas que circulan en los grupos de WhatsApp. Es una preocupación. Desde el final de la dictadura militar no teníamos esa preocupación, ese temor por nuestra seguridad. Y ahora lo tenemos.

Demonizar a los principales medios y periodistas es una gran parte del relato. Es un grito de guerra para el movimiento... Ha estado pasando desde el principio del Gobierno de Bolsonaro.

En su discurso en 2021 en el Instituto Reuters para el estudio del periodismo en la Universidad de Oxford decía que no sabía si la joven democracia brasileña aguantaría como la de Estados Unidos un asalto similar al del Capitolio. ¿Qué piensa ahora?

Por un lado, ha sido mucho peor que el 6 de enero. Es verdad que en el Capitolio murieron cinco personas. Creo que es porque los policías reaccionaron. En Brasil, destruyeron los edificios de tres poderes de la república, el palacio presidencial, la Corte Suprema y el Congreso, y los policías y los soldados estuvieron no sé cuánto tiempo haciéndose selfies. En ese sentido, muestra el riesgo de una democracia más joven y de un país donde no tuvimos una comisión de la verdad como en Argentina para responsabilizar a los militares por los crímenes de la dictadura en Brasil. Por supuesto, no fue tan violento como en Argentina, pero mucha gente fue torturada y cientos fueron asesinados. En ese sentido, ser una democracia joven con un pasado autoritario que no ha sido adecuadamente abordado muestra, por ejemplo, lo que vimos el domingo, cómo las fuerzas de seguridad realmente empatizan con los que están pidiendo una intervención militar, un golpe de Estado y destruirlo todo. Y esto es más grave que lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, nunca hubo ninguna duda de que las fuerzas de seguridad no iban a permitir que ocurriera un golpe de Estado. Ahora hay un reto después de la elección presidencial, con una carrera muy reñida y unos resultados muy ajustados. Básicamente a casi la mitad del país no le gusta o incluso odia al presidente actual. Y ahora quedó claro que no se puede confiar en todas las fuerzas de seguridad. Así que va a ser un desafío para Lula gobernar con una sociedad dividida y con infiltrados en las fuerzas de seguridad.

Esto es más grave que lo que pasó en Estados Unidos. Allí, nunca hubo ninguna duda de que las fuerzas de seguridad no iban a permitir que ocurriera un golpe de Estado

¿Cómo ha sido la cobertura de los medios? ¿Aprendieron de la experiencia de EEUU?

Tal vez no aprendimos lo suficiente. Una cosa que ya está sucediendo es que nos están criticando por nuestra cobertura política del nuevo Gobierno porque dicen que estamos protegiendo al Gobierno de Bolsonaro. Sea cual sea el gobierno, este es nuestro trabajo. Sí, estuvimos muy cerca de tener un gobierno autoritario en Brasil. Acabamos de escapar de la dictadura, ganó la democracia. Pero algunas personas esperan que los periodistas realmente no lo sean y no critiquen al Gobierno actual, porque después de todo esto era como una lucha para derrotar fascismo y todo eso. Eso no significa que estemos haciendo una falsa equivalencia. Es muy diferente cuando el Gobierno, al menos hasta ahora, respeta la democracia. El otro no lo hizo. Pero este es un nuevo tipo de desafío. Durante la última administración, se veía a los periodistas en la lucha por la democracia, como héroes. Pero ahora hay un nuevo Gobierno y también vamos a investigar y a ser críticos. 

“Sólo Dios me sacará del poder”, dijo Jair Bolsonaro en septiembre de 2021. “Tengo tres opciones: cárcel, muerte o victoria. Y yo les digo a los sinvergüenzas: nunca me encarcelarán”. Mientras se pone ciego de pollo en un Kentucky Fried Chicken de Orlando, EEUU, puede reflexionar sobre cómo ninguna de las tres opciones terminó cumpliéndose después de las elecciones presidenciales de Brasil. Sin embargo, sobre la primera no puede estar ya tan seguro.

Como premio de consolación, puede presumir de algo que por lo demás tampoco es muy sorprendente. En la política española se ha hablado casi más de España que de Brasil cuando se ha comentado el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Un asalto violento con la destrucción de puertas, ventanas, mobiliario y obras de arte de esas instituciones, además del robo de documentos oficiales. Un acto de vandalismo masivo que buscaba provocar una intervención militar que anulara el resultado de las elecciones y acabara con el mandato de Lula.

Esa es la intención declarada de los bolsonaristas que llevan meses manifestándose en el país y que instalaron un campamento que albergaba a unas 3.000 personas frente al cuartel general del Ejército, y que fue desalojado el lunes.

Nunca ha ocurrido algo así en España (quizá con la excepción del cóctel molotov que provocó un incendio en la Asamblea de Murcia en 1992). En 2011 miles de manifestantes bloquearon todos los accesos al Parlamento catalán y acosaron a los diputados que pretendían entrar en su sede. La falta de antecedentes idénticos a lo ocurrido en Brasilia no ha impedido que se repitan las lecturas españolas de unos sucesos que sí fueron similares al asalto al Congreso norteamericano en enero de 2021.

El Partido Popular fue el que se dio más prisa. Quería marcar el terreno cuanto antes. ¿Cómo acusar a la izquierda de una insurrección contra un Gobierno de izquierda como el de Lula? Muy sencillo. Había que poner el foco en Pedro Sánchez, no en Bolsonaro. Sánchez había mostrado en Twitter su apoyo a Lula y su condena del asalto al Congreso, y Gamarra le reprochó que esos acontecimientos serían investigados en España como “un simple desorden público”, supuestamente a causa de la reforma del delito de sedición.

Es lo malo de los políticos cuando se ponen a tuitear sin pensar o sin haber leído la noticia. Hay ya 1.500 detenidos en Brasil –300 el domingo y el resto el lunes– y aún es pronto para saber de qué delitos específicos se les acusará. En España, si esos hechos se relacionaran con un intento de golpe de Estado o de derrocamiento del Gobierno –eso es lo que pretendían los bolsonaristas–, se les podría acusar de un delito de rebelión (ese delito que el Tribunal Supremo dejó claro que no se había producido en el proceso independentista de Catalunya).

También existe el delito contra los altos organismos de la nación (artículo 493 del Código Penal), que cuenta con una pena de tres a cinco años para los que “invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes” de las Cortes, pero si se está celebrando una sesión parlamentaria, cosa que no ocurría en Brasil al producirse los hechos un domingo.

Alberto Núñez Feijóo incidió en la misma idea cuando comentó lo que pasó en Brasil al reclamar el lunes que vuelvan a instaurarse los delitos de sedición y de referéndum ilegal. Aprovechando que el Amazonas pasa por Catalunya. Al igual que en el caso de Gamarra, el líder del PP decidió que le convenía rentabilizar en su favor los trágicos sucesos de Brasil poniendo la lupa no sobre Brasilia, sino sobre Catalunya.

No le interesa que se hable mucho de Brasil, porque en ese caso se recordaría que el gran apoyo de Bolsonaro en España ha sido Vox, que bien puede ser su aliado imprescindible en el caso de victoria en las próximas elecciones.

Podemos comparó el asalto con el boicot del PP a la renovación del poder judicial. “Lo que está haciendo en Brasil Bolsonaro con una turba de fanáticos lo está haciendo Feijóo con togados”, dijo Pablo Fernández, coportavoz del partido. En realidad, lo del CGPJ es un poco al revés. Es una violación del mandato constitucional, pero al menos los vocales del Consejo no lo han asaltado, sino que se han hecho fuertes en él para proteger una mayoría conservadora. No han destrozado el mobiliario del CGPJ ni quieren destituir a Sánchez.

Lo que está claro es que impedir esa renovación resta credibilidad al poder judicial, lo contamina con la lucha política y, por tanto, debilita su legitimidad. Pero eso no ha preocupado ni al PP ni a los vocales conservadores del CGPJ.

Todos los análisis de los ataques a la democracia liberal en varios países del mundo coinciden en que la deslegitimación de las elecciones y de las instituciones es uno de los hechos más graves y que pueden causar incidentes violentos. Es imposible disociar el asalto de Brasil del domingo de la campaña realizada por Bolsonaro y su partido desde mucho antes de las elecciones contra el sistema electoral.

Al igual que había hecho Donald Trump en EEUU, el entonces presidente denunció sin pruebas que el sistema electoral brasileño permitía el fraude y que sólo con él podría perder las elecciones. No reconoció la legitimidad de la victoria de Lula, no asistió a su toma de posesión para entregarle el poder como marca el protocolo y abandonó el país para residir durante un tiempo en Florida. Su silencio animó a sus seguidores, que comenzaron a realizar manifestaciones y cortes de carreteras.

“Hay un nuevo tipo de ladrones, los que quieren robarnos la libertad”, había dicho Bolsonaro en junio de 2022. “Si es necesario, iremos a la guerra”. Sus partidarios estaban preparados. Nunca reconocerían la victoria de Lula.

En España, Santiago Abascal y Vox ya negaban legitimidad a Sánchez mucho antes de esta legislatura. En la concentración de Colón de febrero de 2019, Abascal apoyó su celebración “por la traición de un Gobierno mentiroso e ilegítimo sostenido por los enemigos de España”.

El PP ha medido más sus palabras hasta el punto de ser capaz de decir dos cosas diferentes al mismo tiempo. Muy recientemente, Feijóo jugó con el concepto de legitimidad, algo tan peligroso en una democracia como lanzar al aire una granada de mano. “Sánchez es legítimamente presidente, sí, pero lo que no es legítimo es lo que está haciendo”, dijo en un discurso en la Junta Directiva Nacional de su partido refiriéndose a los acuerdos del PSOE con Esquerra o Bildu.

Hay que reconocer que a veces es complicado seguir la lógica de Feijóo. “No solamente no es legítimo, sino que no es ético ni es mínimamente razonable”, afirmó. Decir en política que una decisión no es legítima es más grave que sostener que no es razonable. Algunos tienen las prioridades cambiadas.

Sobre la calidad del sistema electoral español, el PP también es capaz de cuestionarla. Esteban González Pons insinuó en junio que Sánchez pretende controlar Indra para amañar o controlar las elecciones con el argumento (falso) de que Indra es la empresa que “recuenta los votos”. Minutos después, dijo, porque los periodistas insistieron con varias preguntas: “Consideramos que no hay posibilidad de manipulación. Ninguna”.

Vamos a ver si nos aclaramos. La limpieza del sistema electoral está en peligro por culpa de Sánchez y además es imposible que el sistema electoral sea manipulado. Elija al González Pons que más le guste.

Vox juega siempre a tocar la partitura bolsonarista. El PP entra y sale de ella constantemente. Un día, son unos señores respetables y al otro se ponen el traje de piratas. La legitimidad de las instituciones es una de esas cosas con las que no conviene jugar en una democracia, pero en la política española eso se ignora de forma consciente. Nunca se renuncia a actividades tan entretenidas como la ruleta rusa. Algún día el revólver se disparará y nos volaremos la cabeza.

'Asalto a la democracia en Brasil', en Un tema al día

Horas después de que Luiz Inácio Lula da Silva ganara la segunda vuelta electoral, Noruega y Alemania anunciaron la reactivación de las inversiones del Fondo Amazonia. Los aportes de esta institución, dedicada al cuidado ambiental, habían quedado suspendidos de manera indefinida después del primer año de gestión de Jair Bolsonaro. “Noruega espera revitalizar la amplia asociación climática y forestal con Brasil”, anunció el ministro de Medio Ambiente de Noruega, Espen Barth Eide, el lunes siguiente a la segunda vuelta electoral.

La decisión de Noruega tiene una explicación. Durante el primer mandato de Lula, Brasil inauguró un plan para el control de la deforestación en la Amazonia Legal, es decir, el área integrada por nueve estados brasileños y que abarca casi el 60% del territorio. El programa creado por decreto presidencial en 2003 unió a 13 ministerios para combatir la deforestación y los delitos ambientales. “La innovación consistió en crear 'unidades de conservación', para impulsar el uso sostenible de los recursos naturales y el respeto por las comunidades tradicionales que viven en la zona”, explica Claudia Gaigher, periodista especializada en medioambiente y desarrollo social sostenible y autora del libro 'Diario de una reportera en el Pantanal'.

Una década después de la llegada de Lula al poder, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) registró la tasa de deforestación más baja en la historia de la Amazonia. La ministra de Medio Ambiente de ese momento, Izabella Teixeira, llegó a decir con optimismo que la deforestación había pasado de un pico en de 27.000 kilómetros cuadrados en 2004 a 6.418 en 2012.

Después de cuatro años de Bolsonaro, el regreso de Lula inaugura un nuevo momento en la política medioambiental del país. El desafío será recuperar los años perdidos y ampliar los límites de los tres mandatos anteriores del Partido de los Trabajadores (PT). “La señal es de esperanza e ilusión para los activistas medioambientales. Es un reinicio de la política medioambiental en un sentido amplio. También del papel de liderazgo que el país siempre ha desempeñado en este ámbito a nivel internacional”, dice Suely Araújo, especialista en políticas públicas del Observatorio del Clima de Brasil.

El nuevo presidente de Brasil sabe de símbolos. Por eso eligió que su primera visita al exterior como presidente electo fuera a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en noviembre pasado. En la COP27 de Egipto, Lula selló su compromiso con los pueblos indígenas, los activistas ambientalistas y los distintos actores internacionales. En ese sentido, el nuevo presidente ha cumplido con su promesa de crear un Ministerio de los Pueblos Indígenas, que estará dirigido por la líder indígena Sonia Guajajara.

El líder del PT sabe que una política activa en la lucha contra el cambio climático también es una manera de que Brasil recupere protagonismo en el mundo. “Para Lula, el medioambiente será el tema clave para restaurar la reputación de Brasil en la escena internacional”, dice Hayley Stevenson, directora de los posgrados en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y autora de 'Global Environmental Politics'. Lula sabe que Brasil es una parte esencial para resolver la crisis climática planetaria.

Recuperar la confianza

“Brasil ha vuelto”. Estas tres palabras salieron de la boca de Lula, más de una vez, en el discurso ante decenas de seguidores en la ciudad de Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo, en noviembre pasado. La seguridad de las Naciones Unidas debió cerrar las puertas de una sala repleta de gente que esperaba escuchar al próximo presidente de Brasil.

Las expectativas son altas después de los años de un presidente que negaba el cambio climático como era Jair Bolsonaro. El antiguo líder de Brasil llegó a la presidencia con la promesa de eliminar varias normas ambientales que se consideraban un freno al desarrollo. “Debilitó el Ministerio del Medio Ambiente, cortó su presupuesto, nombró un ministro con una agenda anti-ambientalista y transfirió la autoridad para monitorear la deforestación al Ministerio de Agricultura. Se eliminaron muchas regulaciones ambientales y se dejó de aplicar el sistema de multas para la violación de normas ambientales”, enumera Stevenson.

Pero Bolsonaro intentó en campaña revertir desde el discurso los malos años de gestión. “Durante el Gobierno de Lula se deforestó el doble que en el mío”, le dijo Bolsonaro al candidato del PT en un debate presidencial en octubre pasado. Bolsonaro le pidió a la audiencia que hicieran una búsqueda en Internet. “Busque: 'deforestación de 2003 a 2006', en los cuatro años de Gobierno de Lula. Luego busque 'deforestación de 2019 a 2022'”, desafió el entonces presidente.

Para el que quiera hacer el intento, la curva es clara: Lula llegó al Gobierno en 2003 con más de 25.000 kilómetros cuadrados de deforestación, que consiguió bajar de manera progresiva cada año, hasta llegar a los 4.500 kilómetros cuadrados en 2012, un récord histórico. Esa misma curva repuntó con fuerza a partir del 2019, cuando Bolsonaro llegó al Gobierno: arrancó ese año con 7.536 y terminó con 11.568 kilómetros cuadrados de deforestación, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.

“El mayor logro de los gobiernos del PT ha sido la reducción de la deforestación en la Amazonia en un 83% entre 2004 y 2012. Luego comenzó a aumentar un poco, pero siempre lejos de la tragedia que resultó el Gobierno de Bolsonaro”, explica Araújo. En los últimos cuatro años, Bolsonaro priorizó el negocio extractivista a la política ambiental y negó la amenaza climática. Para la especialista en políticas ambientales, ha sido incluso el propio Ministerio de Medio Ambiente el que defendió en el Congreso una agenda que implicó un retroceso en la legislación ambiental. Bolsonaro no sólo niega el cambio climático, según Araújo: tampoco acepta la política ambiental o “mantener el bosque en pie”.

El incremento de la deforestación en la Amazonia Legal superó los 12.200 kilómetros cuadrados en 2022 mientras que en 2012 no llegaba a los 5.000 kilómetros cuadrados, según el monitoreo satelital de deforestación. La Amazonia contiene casi el 30% de las especies conocidas de la flora y de la fauna del planeta en sus 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Su preservación es crucial no solo para Brasil sino para el equilibrio ambiental en el mundo.

Felipe Milanez, profesor en la Universidad Federal de Bahía y coordinador del grupo de trabajo de Ecología Política en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, va un paso más allá. Para Milanez, Bolsonaro se ha asociado con el crimen organizado que extrae recursos de la Amazonía. “Bolsonaro se ha asociado con las milicias que operan en la extracción de la minería de oro ilegal, que llamamos en Brasil garimpeiro. También con las organizaciones de tala ilegal, las mismas milicias que han matado al indigenista brasileño Bruno Pereira y al periodista británico Dom Phillps en la Amazonia. Bolsonaro ha intensificado el crimen extractivista en asociación con el Estado”, dice Milanez.

La distancia entre los años de gestión de Bolsonaro con Lula son abismales. En su primer mandato, Lula nombró a Marina Silva para el Ministerio de Medio Ambiente, que creó grupos de trabajo entre la sociedad local, las instituciones públicas y los representantes empresariales para pensar proyectos relacionados con el medioambiente. Después de 20 años, Marina Silva vuelve a ser la ministra de Medio Ambiente de Brasil. El anuncio de la designación de Silva, histórica rival electoral de Lula, se considera una muestra de la política de acuerdo amplio del nuevo presidente.

Pero el camino no es sencillo para el nuevo Gobierno. “No será fácil reconstruir las instituciones para investigar los canales de la economía ilegal, promocionada en los últimos seis años, incluso antes de Bolsonaro pero intensificada por él. Ese es un gran desafío del próximo Gobierno y de la sociedad brasileña en general, que es de una cierta manera, recuperar un control del Estado de derecho en el país”, dice Milanez.

Más allá de Lula

Pero además de revertir la gestión de Bolsonaro, el nuevo Gobierno tendrá el reto del crecimiento económico. “Los años de Lula han mostrado una política medioambiental con las contradicciones propias de un país agro-minero extractivista. Lula gestionaba en plena superabundancia de la explotación de las materias primas”, dice Milanez.

Para Suely Araújo, el Gobierno de Lula tuvo logros importantes en temas vinculados al medioambiente, pero también generó controversias en ciertas decisiones. “El anterior Gobierno del PT ha dejado marcas fuertes en el despliegue de una visión desarrollista que terminó por priorizar el desarrollo económico en lugar de la protección del medioambiente”, dice la especialista, quien recuerda la construcción de la represa de Belo Monte, una central hidroeléctrica ubicada en el estado de Pará, un proyecto muy cuestionado por el impacto social y ambiental negativo que provocó.

De la llegada de Lula en 2003 al 2023 han pasado dos décadas. Por eso algunos analistas perciben un proceso de aprendizaje del presidente en los reclamos medioambientales. “Estoy segura de que el presidente trabajará duro para ello, porque de ello depende parte de su Gobierno, está apostando políticamente por la cuestión climática”, dice Araújo.

El medioambiente como puerta al mundo

En la apertura de la última cumbre de líderes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Al Gore, el exvicepresidente de Estados Unidos y activista contra el cambio climático, mencionó a Lula da Silva: “El pueblo brasileño optó, hace unos días, por dejar de destruir la Amazonia”.

La vuelta del PT es vista, no solo puertas adentro sino a nivel internacional, como un respiro para el medioambiente. También como un modo de regreso de Brasil al mundo, después de cuatro años de aislamiento.

“En el Gobierno de Bolsonaro, el país pasó a ser tratado como una especie de paria. En las reuniones, Bolsonaro usaba al medioambiente casi como un chantaje: 'Si no me das recursos, degradaré el bosque'. Y esto tuvo repercusiones muy negativas en el ámbito diplomático. Brasil se convirtió en una especie de paria”, dice Suely Araújo.

Durante el primer año del mandato de Bolsonaro, la comunidad internacional quedó horrorizada por las imágenes del Amazonas en llamas. “Todos los años hay incendios, pero en 2019 vimos el número más elevado en 10 años. En el contexto de impunidad que caracterizó el mandato de Bolsonaro, no fue sorprendente pero sí muy preocupante dado la importancia que el Amazonas tiene para absorber el dióxido de carbono y regular los sistemas climáticos”, dice Stevenson.

En los años del PT, Brasil mantuvo una postura activa en las negociaciones climáticas internacionales. “En el escenario internacional, podemos esperar una postura mucho más cooperativa y proactiva bajo el mandato de Lula, pero esto no significa que sea fácil restaurar todas las protecciones perdidas bajo Bolsonaro. Hay fuertes intereses en expandir la industria agrícola a costa de la conservación ambiental”, dice Stevenson.

Durante meses, un presidente en funciones con inclinaciones autoritarias puso en duda la democracia de su país. Sus simpatizantes protagonizaron una violenta marcha sobre la capital para negar su derrota electoral por un estrecho margen. Pero las instituciones de la democracia fueron más fuertes que los ataques y el día de la investidura, el legítimo vencedor asumió el cargo en una ceremonia pacífica.

Los paralelismos entre las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos y en Brasil son sorprendentes. El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, apoyaba a Donald Trump y este, a su vez, apoyó a Bolsonaro en la campaña. Aunque Joe Biden no fue tan lejos y no apoyó a nadie durante la campaña, no tardó nada en reconocer la victoria del presidente entrante, Luiz Inácio Lula da Silva, desoyendo las denuncias de fraude electoral proferidas por su rival.

“Estados Unidos ha vuelto”, dijo Biden en vísperas de su propia investidura en 2021. “Brasil ha vuelto”, dijo Lula dos años después.

Pero más allá de los puntos en común de sus campañas presidenciales, hay diferencias fundamentales en la visión que Lula y Biden tienen del mundo, así como del papel que sus países deben jugar en él. Son diferencias que deberían servir de base para construir a partir de ellas un entendimiento mutuo, y no para convertirse en puntos de conflicto entre las mayores potencias del hemisferio occidental.

El multilaterismo de Lula

Pensemos en sus discursos de victoria. ¿Qué significa para Biden y para Lula que sus países hayan “vuelto”? Joe Biden lo tiene claro: un regreso a una campaña global para “defender la democracia en todo el mundo, frenar el avance del autoritarismo” y unir a los países del “mundo libre” frente a rivales como Rusia y como China. Pero la visión de Lula de un orden global “basado en el diálogo, el multilateralismo y la multipolaridad” va en contra de estas divisiones y sus llamadas a la confrontación. “Tendremos relaciones con todos”, dijo Lula en su discurso este domingo.

¿Qué significa, en términos reales, el compromiso de Lula con “el diálogo, el multilateralismo y la multipolaridad”? Por “diálogo”, Lula entiende pasar de una política exterior que trate de aislar a los adversarios a otra que busque soluciones diplomáticas. Por ejemplo, cuando la Administración Biden pidió al mundo que se uniera a su campaña sanciones duras contra Rusia, hubo personas vinculadas a Lula que pidieron prudencia. “Estoy en contra las sanciones”, dijo su ex ministro de Asuntos Exteriores, Celso Amorim. “No ayudarán a resolver nada, sino que crearán problemas en todo el mundo”.

El enfoque también es valido para los adversarios de Washington en el continente.

Mientras que Bolsonaro se unió a Estados Unidos en el rechazo a reconocer a Nicolás Maduro como líder legítimo de Venezuela, el presidente Lula intentará ahora tener relación con el Gobierno de Maduro. Entretanto, Lula apoya de manera habitual a la Asamblea General de la ONU en su votación de condena del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

La resistencia de Lula a estas medidas unilaterales coercitivas define lo que significa el “multilateralismo” para él. Desde el principio de su primer mandato presidencial Lula trató de reforzar el papel de organismos multilaterales como Naciones Unidas para resolver los desafíos mundiales. En ocasiones, eso ha significado enfrentarse al Gobierno de EEUU. Como cuando en 2003 rechazó la decisión unilateral de Estados Unidos de invadir Irak. “Falta al respeto a las Naciones Unidas”, dijo entonces Lula sobre la decisión.

Reequilibrar el orden mundial

Pero su compromiso con el multilateralismo va más allá de una mera preferencia por el consenso. El Gobierno de Lula abogó entonces, como volverá a hacer ahora, por una reforma fundamental en el sistema multilateral que “refleje la distribución actual de poder en el mundo”, en palabras de Amorim. Es posible que Washington celebre el fin del aislacionismo de Bolsonaro en temas como la lucha contra el cambio climático, pero la clave sigue siendo cómo responderá al intento de Lula de darle protagonismo al llamado sur global cuando la Administración Biden ha prometido mantener a Estados Unidos en la “cabecera de la mesa”.

Lo que define la visión de “multipolaridad” de Lula es esta ambición de construir nuevos bloques para reequilibrar el orden mundial. Un proceso de reequilibrio que comienza en el hemisferio occidental. Durante mucho tiempo, Lula trató de unir a los vecinos latinoamericanos de Brasil en un bloque común que tuviera autonomía de EEUU. Durante su presidencia, Bolsonaro se marchó de mala manera de estos organismos regionales. Pero Lula tiene ahora gobiernos afines en países como Colombia, Argentina, Bolivia y Chile, y su administración buscará integrar las políticas regionales de sanidad, defensa, infraestructura y medio ambiente para construir un nuevo “polo” en lo que Biden llamó “el patio delantero de Estados Unidos”.

Pero el compromiso de Lula con otro bloque es lo que supone un mayor riesgo de colisión con EEUU. Desde el principio de su presidencia, Biden ha hablado de un conflicto de civilizaciones creciente entre “democracias” y “autocracias”, con Rusia y China como representantes del bando autocrático. Sin embargo, Lula presidió en 2008 la creación de un nuevo bloque global que rompía con esta división de civilizaciones uniendo a Brasil con Rusia, India, China y Sudáfrica (Brics). De nuevo en la presidencia, Lula ya ha dicho que apoyará las propuestas de ampliación del bloque y el desarrollo de un nuevo sistema de pagos Brics que facilite el comercio entre sus miembros sin el uso de dólares.

Nueva oportunidad

Estados Unidos tiene un funesto historial de intervenciones en los países que consideraba demasiado cercanos a sus rivales y Brasil no es ninguna excepción. Ya en 1964, y para evitar que Brasil se convirtiera en “la China de los años 60”, Washington ayudó al golpe militar contra el Gobierno democráticamente elegido de João Goulart. No han pedido disculpas. Y las últimas administraciones estadounidenses respaldaron el encarcelamiento de Lula durante 580 días en el que se considera ampliamente como el golpe judicial de 2016.

Ahora que Lula asume la presidencia, Biden tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de las relaciones entre Estados Unidos y Brasil que se base en el respeto mutuo de la soberanía nacional. También es una oportunidad para revisar los principales supuestos de la política exterior estadounidense. Ni Lula ni sus aliados se identifican con su concepto de “mundo libre” o con la idea de que sea Estados Unidos el país que lleve el timón. Lo que sí creen es que hay un mundo multipolar en formación y que su responsabilidad es desempeñar un papel positivo en él con una política exterior activa, independiente y firme. Brasil no necesita a un Estados Unidos que “lidere el mundo”. Lo que necesita es que Estados Unidos encuentre su nuevo lugar en la mesa.

David Adler es coordinador general de la Internacional Progresista. Guillaume Long es un analista senior de política en el CEPR.

Traducción de Francisco de Zárate

Los equipos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y del mandatario electo Luiz Inácio Lula da Silva han iniciado este jueves la transición de Gobierno tras la victoria en las urnas del líder progresista y tres jornadas de protestas callejeras promovidas por la ultraderecha.

“La transición ya empezó”, ha afirmado el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, encargado de coordinar el proceso de transición con el Gobierno de Bolsonaro, quien admitió implícitamente su derrota el pasado martes, tras dos días de silencio, y aseguró que cumplirá la Constitución.

Alckmin se desplazó a Brasilia, donde mantuvo hoy una primera reunión en el Palacio presidencial de Planalto con el ministro de la Presidencia, Ciro Nogueira, quien es por su parte el responsable en el Gobierno por el proceso de transición.

El vicepresidente electo ha considerado la primera toma de contacto como “bastante provechosa” y “muy objetiva” y ha aclarado que el trabajo de transición tomará cuerpo a partir del próximo lunes. “La transición será instalada con los objetivos de transparencia, planificación y de continuidad a los servicios prestado a la población”, ha asegurado Alckmin en una rueda de prensa en Brasilia.

Alckmin estuvo acompañado por la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, y por el coordinador del programa de Gobierno de Lula, el exministro Aloizio Mercadante, quienes visitarán este viernes la instalación designada como centro de operaciones en el proceso de traspaso de informaciones.

La legislación otorga al presidente electo el derecho de formar un equipo de transición, con 50 cargos a disposición, para tener acceso a los datos de la administración pública y preparar las primeras medidas de Gobierno. La transición fue autorizada por el presidente Jair Bolsonaro tras admitir de forma velada la victoria de Lula, quien ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010.

En su primer pronunciamiento tras las elecciones, realizado 45 horas después del resultado, el líder de la ultraderecha brasileña no reconoció su derrota ni cantó victoria, ni tampoco tuvo el gesto democrático de felicitar al líder progresista, pero se comprometió con la Constitución.

Las negociaciones para la transición han comenzado después de tres jornadas de protestas de activistas de ultraderecha que apoyan a Bolsonaro, que incluyeron bloqueos de carreteras por parte de camioneros y hasta multitudinarias manifestaciones a las puertas de los cuarteles.

En ambos casos, los manifestantes reclamaron una “intervención militar” que, según afirmaron en sus protestas, debería impedir que “el comunismo” asuma el poder en Brasil, en una clara incitación a un golpe ignorada por las Fuerzas Armadas.