La magistrada de la Sala Segunda Ana Ferrer ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta a Pilar Barreiro, senadora del PP que ahora se encuentra en el Grupo Mixto y exalcaldesa de Cartagena al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho por los que se acordó la apertura de esta investigación en relación con la denominada “Operación Púnica”.

Esta causa se abrió el 28 de septiembre de 2017 tras el envío por parte del juez Eloy Velasco de una exposición razonada en la que recogía los indicios que existían contra la aforada, que, según el juez, habría desviado dinero público para mejorar su reputación en un periódico digital y en las redes.

Tras practicar todas las diligencias posibles, analizar la documentación que obra en la causa, así como las testificales celebradas, la magistrada concluye que la instrucción está terminada y que no se ha consolidado un principio de prueba que dé vigor a “las sospechas de corrupción contra la investigada”.

En un auto, la instructora afirma que la “precariedad de los indicios” acumulados contra la investigada sobre el concierto para desarrollar a través de la contratación pública una trama defraudatoria que pudiera encajar en el delito de fraude (artículo 436 del Código Penal) imputado como primera infracción, arrastra al resto de delitos.

De acuerdo con el criterio del fiscal, la magistrada explica que acuerda esta decisión debido a que “el débil, equívoco, y ambivalente material probatorio” carece de toda aptitud para generar un mínimo de certeza que justifique la continuación de la instrucción.

Añade que sin perjuicio de que las actuaciones puedan ser reabiertas en un futuro contra la investigada, si se añadieran nuevos elementos de incriminación y sin que esta decisión trascienda respecto a las demás investigaciones realizadas en la causa que se sigue en el juzgado central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.

Es la segunda vez que el Tribunal Supremo archiva su presunta implicación en una causa de corrupción, ya que en diciembre de 2016 también se confirmó su sobreseimiento en el caso 'Novo Carthago' por la presunta recalificación de unos terrenos cercanos al Mar Menor sobre los que estaba planificado construir 10.000 viviendas, hoteles de lujo y campos de golf.

Insistencia de la Fiscalía

El representante de la Fiscalía había presentado en julio un escrito en el Tribunal Supremo en el que mantenía la solicitud que ya había planteado en marzo al considerar que tras la práctica de nuevas diligencias no se desprendía la participación de Pilar Barreiro en hechos objetivos penalmente relevantes.

Pilar Barreiro declaró ante el Supremo el pasado enero cuando rechazó haber cometido ninguna irregularidad en los conciertos que estableció con empresas de Alejandro de Pedro. Barreiro dijo que uno de los que no se llegó a firmar, el que estaba relacionado con la Consejería de Educación, iba a correr a cargo del PP.

La investigación se ha centrado en los encargos que se facturaron entre junio y septiembre de 2014 como campaña de publicidad Turismo Cartagena por 4.840 euros, que se pagaron de forma fraccionada.

Pilar Barreiro se incorporó el pasado 10 de abril al Grupo Mixto del Senado tras abandonar el grupo popular para evitar que la investigación judicial abierta contra ella por el caso Púnica se pudiera utilizar como presión al PP por parte de Ciudadanos.

El partido político regionalista Somos Región, encabezado por expopular Alberto Garre, ha criticado el procesamiento del que fuera presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Asimismo, ha señalado al PP de Pablo Casado, que consideran “no tener la regeneración política entre sus prioridades”. Desde la agrupación han recordado que tanto PAS, como su asesor principal, David Conesa, ambos “muy cercanos” al secretario general del Partido Popular, Teodoro García, siguen cobrando sueldos públicos. “El primero lo hace de forma indirecta, a través de la Fundación del PP Humanismo y Democracia y el segundo directamente a través del gabinete del actual presidente López Miras”.

Y es que, pese a que el pasado mes de julio el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón había dejado fuera del procedimiento abreviado en el caso Púnica al expresidente de la Comunidad, finalmente el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 procesará a Sánchez junto con otras 20 personas, entre ellas, el que fuera su asesor David Conesa.

José Gabriel Ruiz, coordinador general de Somos Región ha señalado que Alberto Garre ya advirtió a López Miras en su última rueda de prensa que “no se puede presumir de regeneración y pasearte con un asesor procesado en la púnica por toda la Región”.

Para que este compromiso quede claro, el coordinador del partido regionalista ha indicado que Somos Región “llevará a su próxima convención un acuerdo para no pactar, en ningún caso, con cualquier partido que no se haya regenerado políticamente”.

Si el pasado mes de julio el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón había dejado fuera del procedimiento abreviado en el caso Púnica al expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez (PAS), la situación cambió tras haber recurrido la Fiscalía, de modo que pronto se le abrirá juicio oral, según informa el diario La Verdad.

Finalmente García Castellón ha asumido los argumentos de su antecesor a cargo de la investigación del caso, Eloy Velasco. El actual titular de la Audiencia Nacional dirige la acusación contra veinte personas en la trama murciana.

Entre los imputados se encuentra el exconsejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, quien presuntamente contrató a José Antonio Alonso y Alejandro de Pedro para realizar trabajos de mejora de reputación online para el expresidente de la Comunidad. El contrato se simularía a través del Instituto de Fomento, entonces dirigido por Reyes Samper.

El ex juez de la Púnica también pidió investigar a la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro por cinco presuntos delitos que estuvieron ligados a los presuntos delitos del expresidente de la Región, pero Barreiro no entra en el auto por su condición de senadora. Ambos políticos se habrían puesto presuntamente de acuerdo en que el tándem formado por Alonso y De Pedro apoyara a PAS para que consiguiera influencia política y se hiciera con la presidencia de la Comunidad, además de la ya citada reputación online.

El exalcalde de Molina, Eduardo Contreras; el exjefe de gabinete de Ruiz, Fidel Saura, el exsecretario de la Consejería de Industria y Turismo, Jesús Norberto Galindo; el jefe de gabinete de Barreiro, Francisco Ferreño; la funcionaria Mar Conesa y el asesor de Pedro Antonio Sánchez, David Conesa, que sigue trabajando para el Gobierno regional, también serán procesados en el `caso Púnica´.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha vuelto a presentar un escrito en el que solicita a la magistrada Ana Ferrer que archive la causa abierta contra la senadora del Partido Popular y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, por unos contratos de mejora de imagen en el marco de la trama 'Púnica'.

Según informa el Ministerio Público en un comunicado, tras la práctica de las últimas diligencias no se desprende la participación de Barreiro en “hechos objetivos penalmente relevantes” y por ello vuelve a solicitar, como ya hiciera el pasado mes de marzo, el sobreseimiento de la causa contra Barreiro, imputada por delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

La magistrada instructora no archivó en su momento la investigación y citó a declarar a nuevos testigos, entre ellos el presunto 'conseguidor' de la trama, Alejandro De Pedro, en el marco de esta causa abierta por la contratación realizada con dinero público por el Ayuntamiento de Cartagena para mejorar la reputación 'online' de Barreiro cuando ésta era alcaldesa de dicha localidad.

Precisamente, De Pedro negó ante la magistrada instructora que sus empresas realizaran ningún trabajo para la senadora y dijo que se aportarían a la causa pruebas documentales y periciales que así lo acreditaran. Misma versión que la prestada por la propia Barreiro como investigada el pasado 15 de enero cuando también aseguró que no se había cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de De Pedro.

Sin sospechas de corrupción

El escrito de la Fiscalía recoge también las declaraciones prestadas por los otros citados durante este plazo de tiempo y concluye que todo ello no permite consolidar “los principios de prueba que deberían dar vigor a las sospechas de corrupción contra ella”.

“Se destaca la inexistencia de datos incriminatorios que pudieran revelar que la investigada participó en la elaboración de un plan criminal para que el gasto personal de los trabajos de reputación fuera asumido por la Consejería de Educación de la Región de Murcia, a través de la adjudicación de un contrato de cobertura con el objeto simulado de formación”, reza el escrito.

El pasado mes de junio su defensa también solicitó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que diera por clausurada la investigación contra su cliente por no existir indicios “racionales” de haberse perpetrado el hecho por el que se inicio la investigación. El Supremo asumió esta parte de las pesquisas después de que el entonces magistrado instructor de la Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, debido a su condición de aforada.

El Tribunal Supremo ha citado para el día 1 de junio al empresario Alejandro de Pedro, uno de los principales implicados en el caso Púnica que se investiga en la Audiencia Nacional para que declare en relación con el sumario abierto contra la exsenadora popular y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro.

De Pedro está citado para las 10:30 horas del viernes 1 de junio para ser interrogado sobre un supuesto concierto para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y otro para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia, ambos supuestamente desarrollados para mejorar la imagen de Pilar Barreiro, quien ya no figura en el grupo popular en el Senado tras abandonarlo “para no perjudicar al partido”.

La juez del caso, Ana Ferrer, ha citado, además de a De Pedro, al ex jefe de gabinete de la Alcaldía de Cartagena, Francisco de Asís, y a la funcionaria y asesora María del Mar Conesa, ambos para el 8 de junio.

Todos ellos están citados como testigos, aunque al tener condición de imputados en el sumario del caso Púnica seguido en la Audiencia Nacional, comparecerán acompañados de abogados y con derecho a no declarar.

Ana Ferrer continúa de este modo la investigación a pesar de que la Fiscalía ante el Supremo pidió al tribunal el archivo de la causa abierta por delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho contra Barreiro.

La magistrada escuchó recientemente la declaración de Francisco Javier Bueno, un arrepentido de la Púnica, quien declaró ante ella que la senadora y exalcaldesa de Cartagena acudió al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, para mejorar su imagen personal tras verse implicada en el caso Novo Carthago.

Barreiro está acusada de haber usado fondos públicos del consistorio de Cartagena y de la Comunidad de Murcia para mejorar su imagen a través de un plan de reputación personal a través de, entre otros medios, un diario creado “ad hoc” para ese fin.

Según fuentes jurídicas, el testigo ha señalado que se produjo una primera reunión en junio de 2014 a la que asistió Pilar Barreiro, De Pedro y el que fuera jefe de gabinete de la exalcaldesa, Francisco De Asís Ferreño, para cerrar un primer acuerdo.

Tres meses después, ha añadido, tuvo lugar una segunda reunión entre Bueno y Ferreño en la que este último le dijo que la exalcaldesa había dado su visto bueno al nuevo plan sugerido por De Pedro, que consistía no solo en posicionar el contenido de las noticias referentes al Ayuntamiento sino en generarlas para mejorar la imagen de Barreiro tras el estallido del caso Novo Carthago, en el que estaba implicada.

Barreiro declaró ante la magistrada que sí se contrató y se pagó desde el Ayuntamiento de Cartagena una determinada publicidad en los contratos que se investigan, pero no en favor de su imagen, sino para mejorar la del Ayuntamiento.

Además, aceptó que se ideó una campaña de reputación en su favor, pero que no iba a correr a cargo de la Comunidad de Murcia, sino que “se iba a pagar por el partido, pero al final no se hizo”, según explicó a los medios de comunicación su abogado tras su comparecencia voluntaria ante el tribunal.

Esta última afirmación, la relativa a que iba a ser el partido el pagador de esos gastos, fue refrendada por el expresidente del PP de Cartagena Francisco Celdrán en su testimonio ante el Supremo.

El Partido Popular ha dado su brazo a torcer y sacrifica a la senadora Pilar Barreiro, investigada por el Tribunal Supremo por su relación con la trama Púnica. La formación conservadora cumple así con la exigencia impuesta por Ciudadanos a cambio de su apoyo a los presupuestos que Rajoy presentará la próxima semana.

Pilar Barreiro no abandonará el Senado. Al igual que hizo en su día Rita Barberá, pasará a formar parte de la disciplina del grupo mixto. La salida de la senadora se cerró en una reunión mantenida hace unas semanas con el portavoz del PP, José Manuel Barreiro y en la que también participó Javier Arenas. En ese encuentro se decidió la salida de la senadora al grupo mixto como contrapartida al apoyo de Ciudadanos, según ha podido saber eldiario.es de fuentes del PP en el Senado. Sin embargo, fuentes próximas al portavoz popular en el Senado aseguran que no hubo ninguna reunión en la que se le hubiese pedido a la senadora su paso al grupo mixto.

A pesar de que la decisión ya estaba tomada, los conservadores decidieron comunicarla en la tarde de un viernes previo al inicio de las vacaciones de semana santa. y a solo cuatro días de que el Consejo de Ministros apruebe su proyecto de presupuestos. En su escrito de renuncia, la senadora asegura que la decisión responde a su intención de “no perjudicar” al PP. Antes de la difusión de ese comunicado, el PP trasladó a Ciudadanos que la decisión estaba tomada.

A pocos minutos de conocerse la noticia, Ciudadanos ha reaccionado por boca de Albert Rivera. Desde su cuenta en Twitter, el líder de la formación naranja ha dado a entender que pese a la tardanza de Rajoy ahora pueden empezar a negociar los presupuestos.

La salida de a senadora Barreiro “puede ser un camino de ida y vuelta”, según confirman a eldiario.es fuentes del PP en el Senado. La parlamentaria murciana está pendiente de la decisión del juez que lleva su caso en el Supremo, después de que la fiscalía pidera el archivo de las imputaciones que la señalan. Si el criterio de la fiscalía se impone en el TS, el PP recuperará a Barreiro para acogerla de nuevo en su grupo parlamentario en el Senado.

La Fiscalía ha solicitado este jueves al Tribunal Supremo que dicte auto de sobreseimiento provisional de la causa en Púnica contra la senadora del PP Pilar Barreiro, al no haber resultado “debidamente justificada” la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho que motivaron la formación de la causa. Barreiro está siendo investigada en la pieza separada del caso Púnica que investiga los delitos de la trama en Murcia.

La senadora declaró el pasado 15 de enero durante una hora y media en calidad de imputada por pagos a la trama Púnica con dinero público que fueron destinados presuntamente a mejorar su reputación en Internet. Según su abogado, José Pardo, explicó que los pagos investigados responden verdaderamente a trabajos de publicidad de la ciudad de Cartagena, de la que Barreiro era alcaldesa, y que otros de la Consejería que encabezó los iba a pagar el partido, pero que nunca llegaron a culminarse.

Sobre uno de los contratos, dirigido a mejorar su reputación en redes sociales y que no se llegó a firmar, dijo que estaba previsto que lo pagara el partido, un dato que días después confirmó un cargo regional del PP.

No afecta a otros investigados

El archivo se solicita con independencia de que la causa pueda reabrirse si se aportan nuevos indicios contra Barreiro y la Fiscalía concreta que su petición respecto a esta investigada, sin que la decisión que tenga que adoptar ahora Ferrer “tenga por qué trascender respecto a las demás investigaciones seguidas en el marco de la causa por la 'operación Púnica' que se instruye en la Audiencia Nacional.

En el escrito de 18 páginas dado a conocer este jueves, el fiscal Fernando Sequeros subraya que no se niega “la evidencia de unos hechos objetivos admitidos incluso por la propia investigada y los demás implicados”, ya que han sido constatados documentalmente en las actuaciones.

“Lo que en modo alguno queda claro tras la investigación, es su trascendencia y más para que el orden penal sea el adecuado para su sanción”, al no poderse garantizar 'prima facie' que pudieran ostentar “no sólo la nota de antijuricidad exigible como punto de partida para su persecución, sino particularmente la de su tipicidad como referencia inaplazable para una condena posterior”.

Así, concreta que no existe ningún documento que permita confirmar que Barreiro participara en la elaboración de un plan criminal para que los gastos para mejorar su imagen en las redes sociales -trabajos de reputación contratados con las empresas de De Pedro- fuera asumidos por la Consejería de Educación de Murcia a través de un contrato simulado de formación. Además, de confirmarse esta hipótesis, el asunto sería pagado por el PP tal y como confirmó el presidente regional de este partido Francisco Celdrán.

Crítica a la instrucción de Velasco

El documento de la Fiscalía arremete contra la instrucción previa de la causa contra Barreiro realizada en la Audiencia Nacional por el primer juez que instruyó el caso, Eloy Velasco -actualmente lo investiga el actual titular del Juzgado Central de Intrucción número 6 Manuel García Castellón- y añade la falta de relevancia penal , por ejemplo, de determinados correos electrónicos interceptados entre De Pedro a un trabajador de la empresa Madiva.

Su contenido confirma, por el contrario, “el despliegue propagandístico desplegado, igualmente perseguido por la publicación de las noticias” en relación con los logros materiales de la exalcaldesa de Cartagena respecto al desempeño de su función.

Lo mismo dice de conversaciones telefónicas interceptadas, que no evidencian según la Fiscalía “más allá de unas relaciones de conocimiento y en el mejor de los casos contracturales con la investigada, sin que del lenguaje ambivalente, críptico, oscuro y superficial utilizado en las mismas por sus artífices, puedan extraerse otras conclusiones”.

Añade que los indicios acumulados no trascienden, desde el punto de vista de la Fiscalía, de “la mera suposición, y que el cúmulo de ”indicios periféricos“ facilitados por la investigación ”carecen de entidad y relevancia, tanto individualmente como en su conjunto. Por ello “no son aptos” para interesar por la acusación una sentencia condenatoria para la senadora popular.

Dice también de la exposición razonada que el juez Velasco remitió en su día al Supremo “no parecen respetar el principio de intervención mínima, conforme al cual se le reconoce al Derecho Penal su doble carácter subsidiario y fragmentario”.

Tampoco se consolidaron en su día los principios de prueba que deberían dar vigor a las sospechas de corrupción“ contra Barreiro , ”requisito, por otra parte, inaceptable para proceder con rigor y seriedad“ desde la perspectiva de una acusación pública.

En la exposición razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 se subrayaba también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables.

Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como “campaña de publicidad Turismo Cartagena” por 4.840 euros --que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención--. Posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.

El juez Velasco afirmó en su exposición que la exalcaldesa conservadora participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron “enmascarando” el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de Educación.

El Partido Popular sube su apuesta contra Ciudadanos y acusa al partido de Rivera de falsear sus cuentas. A pocas semanas de las revelaciones realizadas por Ricardo Costa en el juicio de Gürtel, el PP quiere reactivar en el Senado la Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos Políticos, en la que solo se sientan sus parlamentarios. La nueva ofensiva se basa en el informe que el Tribunal de Cuentas publicó a finales de diciembre y en el que se afea a la formación de Rivera la recepción de pagos en especie por valor de 14.000 euros, en relación al ejercicio de 2015.

La lista de expertos convocados por el PP para comparecer en la citada comisión incluye a Carlos Delgado, autor del libro “Rivera es un lagarto de V”. También están llamados los portavoces de las plataformas nacidas en el seno de la formación emergente y que son críticas con la dirección de Albert Rivera; Alberto Ganga e Inmaculada Sánchez, abogado y portavoz de la Plataforma por las Garantías Ciudadanas.

Desde Ciudadanos creen que la decisión del Partido Popular nace de la preocupación: “Entendemos que el PP esté nervioso por el invierno judicial que está atravesando, su mal resultado en Cataluña y su caída en las encuestas”, aseguran fuentes de la dirección.

La Comisión de Investigación sobre la Financiación de Partidos fue impulsada por el PP en el Senado como respuesta a la Comisión Bárcenas, creada en el Congreso para estudiar las responsabilidades políticas de la presunta financiación irregular en el partido de Rajoy. Mientras que en el Congreso, todos los grupos participan de los trabajos, en la Comisión del Senado solo asiste el Partido Popular. El resto de grupos decidió plantar al grupo mayoritario, como protesta ante la maniobra.

El rearme del PP contra Ciudadanos se apoya en el informe del Tribunal de Cuentas, presentado a finales de diciembre. En ese documento, el órgano fiscalizador decidía no aceptar las cuentas presentadas por Ciudadanos, relativas a 2015. El punto más polémico de ese estudio financiero se refiere al uso de pagos en especie por parte de personas sin identificar para el pago de gastos electorales. Aún siendo una acusación grave, el Tribunal de Cuentas calcula que por esta vía podrían haberse manejado poco más de 14.000 euros de manera irregular.

Un mes después de aquel informe, el PP ha decidido pisar el acelerador. Los senadores de la formación conservadora han decidido reunirse cada jueves para avanzar en los trabajos de investigación. En las próximas semanas, citarán por segunda vez al tesorero de Ciudadanos, que ya acudió en verano.

Además, se han solicitado informes de multitud de entidades bancarias para que aclaren si el Partido Socialista se benefició de condonaciones de deuda. En el PSOE también se muestran molestos: “que el PP quiera investigar la financiación del resto de partidos es marciano”, señalan fuentes del grupo socialista en el Senado.

En el Senado se ha impuesto la convicción de que el PP está usando esa comisión “para devolver golpes”. En las últimas semanas, Ciudadanos ha solicitado por todas las vías que el PP expulse a la senadora Pilar Barreiro, imputada por su presunta relación con la trama Lezo. Lejos de aceptar la petición, los populares han respondido con un impulso a la investigación que solo ellos desarrollan en el Senado.

Francisco Celdrán, expresidente del PP de Cartagena (Murcia) ha sido citado por el Tribunal Supremo en el marco de la investigación a Pilar Barreiro, exalcaldesa de la ciudad portuaria y senadora del Partido Popular.

El objetivo es que confirme o desmienta las declaraciones que hizo Barreiro en su defensa contra los indicios que la implican en el Caso Púnica. Celdrán, que también fue presidente de la Asamblea regional, comparecerá como testigo para corroborar o no las declaraciones de Barreiro.

El Tribunal Supremo abrió el pasado octubre una investigación contra la exalcaldesa de Cartagena por presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho, fraude, y falsificación de documentos.

La senadora popular está siendo investigada por un supuesto concierto para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena, y otro para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

En ambos se investiga si sufragó labores para limpiar su imagen personal a costa del erario público a través de los contratos.

Barreiro declaró el pasado día 15 ante la magistrada del Supremo Ana Ferrer que sí contrató desde el Ayuntamiento de Cartagena la publicidad investigada en los contratos, pero no en favor de su imagen, sino la del Ayuntamiento.  

También confirmó que se ideó una campaña para mejorar su reputación, aunque matizó que no iba a correr a cargo de la Comunidad, sino que “se iba a pagar por el partido, pero al final no se hizo”, según explicó a los medios su abogado.

Barreiro y el Caso Púnica

Eloy Velasco, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica, envió una exposición al Tribunal Supremo en la que señalaba que Barreiro se puso en contacto con el empresario Alejandro de Pedro con fines ilegales.

El motivo de este contacto fueron las noticias negativas que se publicaban sobre ella en redes sociales, relacionadas con su participación en delitos de corrupción urbanística. Ante esto, Barreiro habría solicitado al empresario que realizara trabajos encaminados a limpiar y cuidar su reputación en redes.

En este sentido, Velasco relata que Barreiro asistió a reuniones donde, abusando de su cargo al frente del Ayuntamiento de Cartagena, ideó un plan con la puesta en marcha de sus redes sociales y la creación de un periódico digital, todo costeado por el Consistorio.

Además, según la exposición razonada, también habría firmado un contrato menor con la empresa MADIVA que simulaba la contratación de publicidad institucional.

Respecto a los delitos en la Consejería de Educación de la Región de Murcia, el juez ve indicios de que Barreiro sufragó el gasto de trabajos de reputación para ella mediante la adjudicación de un contrato de cobertura, simulando uno de “formación”.

La magistrada Ana Ferrer, instructora del caso, debe decidir si el Tribunal Supremo debe abrir causa contra Barreiro o si se archiva el caso.

Ciudadanos no negociará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) hasta que la senadora del PP, Pilar Barreiro, sea apartada de su puesto, imputada en el “caso Púnica”. Así lo ha reiterado en una entrevista en Cadena Ser Murcia el secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, que ha reprochado a los populares que “arrastren los pies” ante los casos de corrupción. Además, les ha pedido “decisión” y “valentía” frente a esta situaciones.

Sus declaraciones han sido después de que Mariano Rajoy asegurara que nadie Cs ha pedido expresamente que apartará a la senadora murciana. Unas palabras que han sorprendido a los naranjas, ya que la petición se ha expresado de forma “pública” y en diferentes ocasiones.

Por otra parte, José Manuel Villegas ha criticado que Rajoy no haya hablado con sus “más directos colaboradores”, en referencia al coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a quienes se les había trasladado los requisitos de Ciudadanos para sentarse a negociar.

De esta forma, el secretario general de Cs ha instado a los populares a que cumplan con su palabras y con el pacto que firmaron para la investidura de Rajoy, que establecía la “separación inmediata” de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos relacionados con la corrupción.

La senadora del Partido Popular Pilar Barreiro declaró a principios de enero durante una hora y media en calidad de imputada por pagos a la trama Púnica con dinero público que fueron destinados presuntamente a mejorar su reputación en Internet.

Barreiro se enfrenta a cinco delitos de corrupción por pagar con dinero público presuntamente una campaña para mitigar en Internet el impacto de un caso de corrupción urbanística que finalmente fue archivado, el citado caso Nueva Cartago.

La senadora del Partido Popular Pilar Barreiro ha declarado este lunes durante una hora y media en calidad de imputada por pagos a la trama Púnica con dinero público que fueron destinados presuntamente a mejorar su reputación en Internet. Según su abogado, José Pardo, Barreiro ha explicado que los pagos investigados responden verdaderamente a trabajos de publicidad de la ciudad de Cartagena, de la que Barreiro era alcaldesa, y que otros de la Consejería que encabezó los iba a pagar el partido, pero que nunca llegaron a culminarse. 

“Ha ido muy bien, como debe ser, y lo único que le tengo que decir a los medios es que estamos igual que con (el caso) Nueva Cartago; mi cliente venía condenada, confesa, y el Supremo, con muy buen criterio, archivó el caso. Si miran ustedes la hemeroteca verán lo mismo, supongo que pasará lo mismo y archivarán también y lo que sí les pediría es que la pidieran perdón”, ha dicho el letrado a los medios. Barreiro ha aprovechado la comparecencia del letrado para salir apresuradamente del Supremo sin hacer declaraciones. 

Barreiro se enfrenta a cinco delitos de corrupción por pagar con dinero público presuntamente una campaña para mitigar en Internet el impacto de un caso de corrupción urbanística que finalmente fue archivado, el citado caso Nueva Cartago. Los indicios contra la exalcaldesa de Cartagena afloraron en el marco del caso Púnica, que instruía en la Audiencia Nacional el juez Eloy Velasco. Ahora, la senadora se enfrenta a la acusación por los delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho.

El letrado ha sido preguntado por la exigencia de Ciudadanos de que Barreiro abandone su cargo de senadora para apoyar los presupuestos regionales. “Me parece una locura de país”, ha dicho su abogado al ser preguntado por esta cuestión. 

El letrado Pardo ha calificado de “invención” la investigación de la UCO, unidad de la Guardia Civil de la que ha dicho que prefería “no hablar”. Al ser insistido por las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Eloy Velasco, asumidas por el Supremo, el abogado se ha remitido a la “lógica aristotélica” y han insistido en que todos se equivocan. “Son erróneas”, ha añadido. 

Investigada junto a Pedro Antonio Sánchez

El hilo para llegar a Barreiro fueron dos conseguidores de la trama, el experto en redes sociales Alejandro de Pedro y el amigo de éste y quien también fuera alcalde de Cartagena por el PSOE, José Antonio Alonso. Éste último puso a Pilar Barreiro en contacto con De Pedro en 2014. El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez está procesado en el marco de la misma investigación en el Tribunal Superior de Justicia de la Región.

Con dinero del Ayuntamiento de Cartagena, la alcaldesa pagó a una de sus empresas para poner en marcha un periódico digital de un solo empleado dedicado a difundir noticias positivas que se posicionaran en los buscadores antes de las que hablaban de su supuesta implicación en el caso de corrupción.

Ya siendo consejera, Barreiro habría repetido la operación con los mismos protagonistas pero esta vez con dinero de la Región de Murcia. En ambos casos, los contratos se camuflaban como servicios a las distintas administraciones, según concluyó de forma indiciaria el juez Velasco. En total, 4.840 euros euros.

Respecto al desvío de fondos del Ayuntamiento existen correos electrónicos en la causa que acreditan que Barreiro conocía la existencia del falso diario digital y su verdadero propósito, a pesar de que los pagos se hicieron como “campaña de publicidad turismo de Cartagena”.

Los fondos de la Comunidad Autónoma se camuflaban como contrato de “formación”. Según Velasco, Barreiro habría intervenido directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con la anuencia de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de su jefa, la apoyaron y encubrieron enmascarando el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de educación.

La declaración de Barreiro es parte de la instrucción de la causa en el Tribunal Supremo. Cuando la jueza Ferrer considere que se han practicado las diligencias necesarias, archivará o procederá a la petición del suplicatorio para procesar a la senadora si considera que se dan los indicios suficientes. 

"Solo sirve para aplicar lo mismo que viene haciendo el PP en asuntos de corrupción general y/o catalanes desde hace años y siguiendo fielmente a `Tancredo´ Rajoy: mirar para otro lado y esperar a que escampe."

La que podríamos llamar “doctrina Pilatos” parece ser la que va a guiar la actuación, o más bien la no actuación, del presidente López Miras. Al menos en lo que se refiere a la corrupción. Lo que dijo en solemne primera rueda de prensa anual,es sufícientemente revelador. Da igual que se refiriera, contundentemente en apariencia, al caso concreto de la senadora del PP Pilar Barreiro en su etapa de alcaldesa de Cartagena.

Por muchas patadas que esté dispuesto a dar, lo que importa es que su respuesta deja traslucir una actitud condescendiente, cuando no cómplice políticamente hablando, con la supuesta corrupción y con los supuestos corruptos. Siempre que sean de su partido, claro: si la senadora implicada en la Púnica fuera de otra formación, la actitud del presidente sería harina de otro costal. Mientras tanto, se lava las manos públicamente.

Lo fía todo a lo que determinen los jueces. Postura explicable si los mecanismos de la justicia fueran rápidos y eficientes, de manera que los asuntos se resolvieran en cuestión de meses. Pero que, al cabo, solo sirve para aplicar lo mismo que viene haciendo el PP en asuntos de corrupción general y/o catalanes desde hace años y siguiendo fielmente a `Tancredo´ Rajoy: mirar para otro lado y esperar a que escampe.

Por tanto, todo lo demás queda prácticamente invalidado por esa actitud recalcitrante y contumaz de no querer saber nada de la principal lacra que arrastra el actual partido de Gobierno, aquí, en Valencia, en Madrid… solo equiparable a la que azota inmisericordemente a sus supuestos enemigos del PdCat, antes Convergencia, con quienes comparten los del PP principios ideológicos y actuaciones en tiempos de crisis.

Entonces, ¿qué dijo López de nuevo en un discurso de tamaña solemnidad que puede ser considerado pre-programático de cara a las elecciones locales y autonómicas que caen a la vuelta de apenas quince meses?

Bueno, pues se reafirmó en la sobada idea neoliberal de que desmantelar en la medida de lo posible las estructuras del Estado nos sacará de la crisis e instaurará el mejor de los mundos posibles. No tiene otro sentido sino ese el rimbombante anuncio de que intentará bajar el 1%, Montoro mediante, el peso del IRPF sobre los contribuyentes murcianos.

Con una descarga prometida de semejante porcentaje en su aportación general a la Hacienda pública, raro ha sido que las masas contribuyentes no se hayan echado a la calle para celebrarlo estentóreamente. Se ve que estaban muy ocupadas en las otras rebajas, las de verdad.

Lo peor es que ese fatuo anuncio reafirma la idea de gestión que tienen quienes nos gobiernan. A saber, que bajando los impuestos las familias verán sus bolsillos repletos y podrán gastar a espuertas para reanimar la economía.

Da igual que, por falta de aportaciones públicas, es decir, a causa de los recortes ya ejecutados en los últimos años, la Sanidad pública, la Enseñanza también pública y los servicios sociales en general igualmente públicos se estén cayendo a pedazos. Lo importante es esa rebaja del 1%, que sigue a la reciente eliminación del impuesto de sucesiones en la ardua tarea emprendida por los gobernantes actuales para conseguir el desmantelamiento de las estructuras del Estado del Bienestar a fin de que el hueco de prestaciones que queda vacío sea diligentemente ocupado por el sector privado.

Es curioso que prácticamente el único aplauso cosechado por López, además de los obligados de la claque partidaria, haya sido el del presidente de la cúpula patronal murciana, quien ha ratificado una vez más el alto sentido social y de servicio público que tiene la cabeza visible, no sabemos si también pensante, de los empresarios regionales.

Más o menos igual que esos empresarios agroindustriales que se rasgan las vestiduras por las suaves enmiendas que los partidos de oposición pretenden hacer al Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor.

Y, por supuesto, referencia obligada tras el discurso-programa al turismo como panacea, dado que se verá potenciadísimo con la llegada del AVE y la apertura de Corvera en el año actual.. A lo que no se refirió López, muy en su línea del principio, fue a cuántos euros nos ha costado ya a todos los contribuyentes ––esos mismos a los que nos promete la rebaja del 1%–– la financiación de ese magnífico y necesario aeropuerto que a finales de este mes de enero cumplirá seis años terminado y cerrado: a mayor gloria de nuestro particular exiliado en Bruselas.

Tampoco aludió a cómo vamos a recuperar, todos los contribuyentes murcianos, ese disparatado dispendio económico infraestructural. ¿Nos lo va a retornar a las arcas públicas la nueva concesionaria del aeropuerto? ¿O la anterior, en cuyo consejo de administración se sentaban unos cuantos amiguetes de los padres políticos del presidente López? ¿Serán, quizá, los directivos de ADIF quienes tengan un acto de generosidad sin precedentes? ¿O seguirá manando el agua por los lavabos?

Que no cunda el pánico, porque el turismo, a pesar de los pesares, se va a disparar en la Región, aunque no haya hoteles para los visitantes y aunque la antaño joya de la corona, el Mar Menor, haya habido poco menos que esconderla en la oferta oficial que la Comunidad Autónoma lleva a la FITUR de 2018. Todos sabemos por qué.

Pero de esto último ya han corrido y seguirán corriendo suficientes ríos de tinta sin que se vislumbre no ya una solución, sino un simple atisbo de que se va a afrontar seriamente el problema. Así que mejor dejamos este asunto para otro día.

Irene Montero, la portavoz de Podemos en el Congreso de los diputados, ha exigido hoy de forma rotunda la dimisión de Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena y senadora del PP.

El motivo de la demanda es que Barreiro ha sido citada por el Tribunal Supremo en calidad de investigada (antes imputada) en el marco de la trama Púnica, por delitos de fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación continuada, cohecho y revelación de información reservada.

Montero ha pedido la “Dimisión YA” a través de las redes sociales de “una senadora imputada por fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.

El pasado 17 de octubre, la Sala de lo Penal del Alto tribunal abrió causa contra la exalcaldesa de Cartagena y, de acuerdo con la ley, ahora le da la oportunidad de declarar por los delitos que se le imputan de forma voluntaria.  

Oscar Urralburu, líder de Podemos en Murcia, también pidió la dimisión de la senadora el pasado miércoles, cuando el Supremo hizo pública su decisión de citar a Barreiro.

“Nadie en esta Región aguanta que un cargo público del PP vaya a sentarse en el banquillo por corrupción y se pague su defensa gracias al sueldo que pagamos todos los murcianos”, denunció el líder de la formación morada.

No obstante, Urralburu reconoció que esperan “poco” de un partido como los populares que, “como ya hizo con el ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, siempre ampara a los corruptos”.

Reacción de Ciudadanos

La situación judicial de Barreiro saltó al panorama nacional el pasado cuatro de enero, cuando el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, exigió la expulsión de Barreiro del PP para aprobar los Presupuestos Generales.

Una petición a la que también se sumó el portavoz murciano de la formación naranja, Miguel Sánchez, que pidió al Partido Popular que “deje de pisotear la marca de la Región”.  

Ciudadanos ha aprovechado el informe GRECO y los problemas judiciales de los cargos del PP para contraatacar a los populares en la dura pugna que protagonizan ambas formaciones políticas tras la victoria de Inés Arrimadas en las elecciones autonómicas catalanas del 21D.

En una semana en la que el Partido Popular ha sacado el inmovilismo de la formación de Albert Rivera para intentar formar gobierno en Catalunya o su abstención ante la derogación de la prisión permanente revisable con el asesinato de Diana Quer, Ciudadanos ha amenazado con dejar de apoyar los presupuestos de 2018 lo que podría dejar pendiente de un hilo la continuidad de la legislatura de Mariano Rajoy.

En la primera rueda de prensa que convocaban en la sede del partido tras el paréntesis de las vacaciones de Navidad, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, esgrimía ese informe para acusar al Gobierno de Mariano Rajoy de “no hacer los deberes” y de seguir “arrastrando los pies” a la hora de cumplir las exigencias del pacto de investidura en materia de corrupción. Uno de los compromisos de ese acuerdo es la obligación de apartar de sus cargos a todos los imputados o investigados en casos de corrupción.

Para mantener el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, Villegas exigía el cese de la senadora del PP, Pilar Barreiro, que está siendo investigada por presuntos delitos defraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho en el caso de la trama Púnica en Murcia.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, optó por acusar a Ciudadanos de “frivolizar con los intereses de los españoles” y responder con el manido 'y tú más' a la exigencia del partido de Albert Rivera. Sin quitarle la importancia a la imputación de la senadora popular, Hernando alegó que “hay otras que preocupan mucho más”. Posteriormente, el dirigente del PP sacó a colación el informe del Tribunal de Cuentas en el que pone en duda las cuentas de la formación naranja en 2015.

“Les pido que me expliquen sus cuentas de 2015 igual que a mí me están pidiendo que dé en el Congreso explicaciones de las cuentas del PP de 2003, que expliquen lo que ha pasado en 2015 y por qué el Tribunal de Cuentas les ha tirado las cuentas para atrás, porque es a la única formación a la que se lo ha hecho, no se las han tirado ni al PSOE ni a Podemos”, ha remachado Hernando.

El número dos de Rivera, por su lado, recordó a Rajoy el peso de los 32 diputados de su grupo a la hora de sacar adelante los Presupuestos por lo que condicionó ese apoyo a que la senadora del PP sea cesada de inmediato de sus cargos. Villegas sabe que la aprobación de las cuentas del próximo año es vital para la continuidad de la legislatura para Mariano Rajoy. De hecho, el presidente del Gobierno ha situado como principal objetivo sacar adelante este importante proyecto.

Hasta ahora los de Rivera habían condicionado su respaldo a las cuentas del Estado a que haya una equiparación de sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el de las policías autonómicas, una propuesta que cifran en 500 millones, entre otras medidas, que aún están a la espera de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les dé su visto bueno.

El incremento de los ataques de los populares contra Ciudadanos tras la victoria de Inés Arrimadas en las elecciones autonómicas catalanas de 21D ha provocado que la formación naranja saqué la corrupción y la amenaza de no apoyar los presupuestos, aunque había respaldado los pasos previos y cerraron un acuerdo para su aprobación.

El Partido Popular lleva días acusando a Ciudadanos de inmovilismo por su negativa a formar Gobierno en Catalunya e incluso han utilizado hasta el asesinato de Diana Quer para atacar a la formación de Albert Rivera por su abstención en la votación para la derogación de la prisión permanente revisable. Una afirmación que este jueves volvió a lanzar el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro: “Ciudadanos tendrá que explicar por qué no se debería de condenar al asesino de Diana Quer a prisión permanente revisable en caso de que se demostrara que ejerció violencia sexual contra ella”.

Fuentes del PP señalaron que no se había planteado la dimisión de la senadora del PP ya que los estatutos del partido solo recogen esta resolución cuando se llega a la apertura del juicio oral y Pilar Barreiro había pedido acudir al Tribunal Supremo a declarar para defender su inocencia.

Villegas, en su comparecencia, recordó que en el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy firmado con el PP se recogía la obligatoriedad del cese de los cargos públicos que fueran imputados. “Esta senadora debe dimitir porque ha sido llamada (a declarar) como imputada. Es condición 'sine qua non' para aprobar los Presupuestos”, ha insistido el secretario general de Ciudadanos en una entrevista a Europa Press.

En Ciudadanos están cansados de que Rajoy les siga dando largas a la hora de sacar adelante algunas de las medidas sobre regeneración democrática incluidas en el pacto, como la eliminación de los aforamientos de los cargos políticos y la limitación de mandatos, dos compromisos que se les ha atragantado al PP. De modo que regresarán al trabajo parlamentario dispuestos a no dar más “prórrogas” a los populares espoleados tras la victoria en Catalunya, un triunfo que quieren replicar en el resto de España.

Ciudadanos se atribuye las dimisiones en el PP

La formación naranja se atribuye la dimisión de varios cargos del PP implicados en casos de corrupción. Desde la suspensión de militancia en el partido de Rita Barberá, como condición para apoyar la investidura de Rajoy, al cese del entonces presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ante la amenaza de Ciudadanos de provocar una moción de censura que dejara a los populares sin el Gobierno de esa comunidad autónoma.

En Murcia, los naranjas también se han asignado como responsables de las dimisiones del consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, imputado en la Operación Púnica, y del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, imputado por un presunto delito de prevaricación en el caso de corrupción urbanística Novo Carthago.

En Madrid, la formación de Albert Rivera presume de haber forzado numerosas dimisiones de cargos públicos y de miembros del Gobierno de Cristina Cifuentes. En la lista incluyen a los consejeros Salvador Victoria y Lucía Figar, imputados por delitos de corrupción en el marco de la Operación Púnica. Según Ciudadanos el pasado mes de septiembre consiguieron con sus presiones que Cristina Cifuentes dejara caer también a Jaime González Taboada, que fue su consejero de Medio Ambiente, salpicado por el caso Arpegio, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid lo colocó posteriormente como senador.

El Tribunal Supremo ya ha puesto fecha para la declaración de la senadora Pilar Barreiro, imputada en la pieza separada del caso Púnica que investiga los delitos de la trama en Murcia. La senadora del PP declarará el próximo 15 de enero a las 10 y media de la mañana.

La magistrada del Supremo Ana Ferrer ha fijado la fecha, según ha adelantado la cadena Ser y ha confirmado eldiario.es, después de que Barreiro se anticipase a la citación y pidiese declarar voluntariamente. La Fiscalía ya había pedido que se la tomase declaración como investigada por cinco posibles delitos.

El caso de Barreiro llegó al Supremo después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco elevase una exposición razonada en la que apuntaba que podía haber cometido los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

El juez Velasco la acusa de utilizar fondos públicos para la mejora de su imagen, la misma acusación a la que se enfrenta el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez.

Según el juez, la autorización que hizo del pago de cuatro facturas mensuales por importe cada una de ellas de 800 euros, pagadas a la empresa de Alejandro de Pedro, “acredita que permitió y consumó el desvío de fondos públicos” que habrían planificado el empresario Javier de Pedro, cabecilla de la Púnica, y José Antonio Alonso, alcalde socialista de Cartagena hasta la llegada de la hoy senadora.

El escrito del juez sostenía que la exalcaldesa se valió de su amistad con José Antonio Alonso para contactar con Alejandro de Pedro y que la empresa de éste “le realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las reses sociales”.

Un “primer paquete” de trabajos consistía, siempre según el Juzgado de Instrucción, en la gestión de las redes sociales y en la puesta en marcha de un diario digital en la ciudad portuaria. “Este ardid diseñado permitía el pago subrepticio por el ayuntamiento de Cartagena de lo que debía ser un gasto personal de la alcaldesa”, añade.

Durante el próximo Pleno municipal, MC Cartagena propondrá al resto de grupos del Consistorio que se apruebe la constitución de una Comisión de Investigación que estudie las obras de inversión efectuadas por la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas, Hidrogea, así como los costes del servicio.

Asimismo, el partido presentará otra moción para que el Pleno municipal inste a la Asesoría Jurídica Municipal a realizar las actuaciones judiciales en sede penal. El objetivo será que los tribunales se pronuncien sobre la modificación del contrato realizada en 2003, que supuso una ampliación de 25 años - hasta 2042 -, de la concesión del servicio de suministro de agua domiciliaria.

En este sentido, el secretario general de MC Cartagena y portavoz de su grupo municipal, José López, ha manifestado que “desde nuestra formación, estamos plenamente convencidos de que son iniciativas necesarias ante las evidencias de actuaciones irregulares que Vigilancia Aduanera ha detectado en sus indagaciones. Además, esta información, como es sabido, se ha puesto a disposición de la investigación de la trama del agua conocida como Operación Pokémon por el área de Desarrollo Sostenible de este Ayuntamiento”.

Por ello, López ha finalizado expresando que “MC confía en que todos los grupos se adhieran a este viaje a la legalidad, que debe permitir a la ciudadanía conocer los sobrecostes e irregularidades legales que podrían esconderse tras las excursiones de los concejales del PP”.

La propuesta de creación de esta comisión surge tras haberse desvelado el pago de viajes por parte de Aquagest (ahora Hidrogea) desde 2005 hasta 2012 a cinco ediles del Partido Popular (entre ellos, la ex alcaldesa Pilar Barreiro), a cambio de decisiones del gobierno que beneficiarían a la empresa.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado investigar a la senadora y exalcaldesa de Cartagena por el PP Pilar Barreiro por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama 'Púnica'. La Fiscalía ha pedido que la primera medida sea invitar a Barreiro a declarar voluntariamente como investigada.

En un auto, el Tribunal Supremo ha designado instructora del caso a la magistrada Ana María Ferrer, para llevar a cabo las diligencias solicitadas el pasado mes de julio por la Fiscalía. Esta petición se hizo después de que el exjuez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha estado investigando el 'caso Púnica' hasta que fue ascendido a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial, remitiese una exposición razonada al alto tribunal debido a la condición de aforada de Barreiro.

Los presuntos delitos hacen referencia a la intención que supuestamente tuvo Barreiro para contratar servicios de lavado de imagen y mejora de su reputación tras conocerse su imputación en el caso 'Novo Carthago', que investiga la recalificación unos terrenos protegidos en el Mar Menor para edificar viviendas, hoteles y un campo de golf.

La exalcaldesa de Cartagena se une así a Pedro Antonio Sánchez como ex líderes murcianos investigados por el caso Púnica y que ahora llama también a la puerta sobre la presidenta del PP de Madrid Cristina Cifuentes.

El Auditorio El Batel ha resultado ser una gran obra pero por la que se pagó bastante más de lo que se dijo. De costar a los murcianos un total de 20 millones de euros ha pasado a suponer un gasto de más de sesenta millones de euros, triplicando el coste por el que se contrató y aprobó en el Ayuntamiento de Cartagena y la Asamblea Regional.

El grupo municipal Cartagena Sí se Puede ha transmitido a este medio las conclusiones de la comisión de investigación sobre el auditorio, coordinada por varios concejales del ayuntamiento de Cartagena. La comisión de investigación señala como responsables al arquitecto José Selgas, a Juan José Hernández director de la constructora UTE (filial de ACS e Intersa) y a los concejales Gabriel Ruiz, Mª Ángeles Palacios, José Vicente Albaladejo y José Cabezos Navarro, así como a la alcaldesa de entonces, Pilar Barreiro (PP)

Según esta conclusión, la obra fue contratada a un premio nacional de arquitectura, José Selgas, pero el cual no completó ni consumó la diligencia y lex artis propia de su profesión, pues, según CTSSP “tenía que haber previsto que la especial ubicación iba a ser origen de los sobrecostes que finalmente se produjeron”.

La solución, con una filtración que parece importante, en un ambiente marino agresivo, y con unos requisitos de estanqueidad muy exigentes, al ser el espacio sumergido (el propio patio de butacas), parece más “precaria de lo que sería deseable”, según el grupo municipal. Además, el proyecto está aparentemente sobrevenido por una falta de previsión de algo que era evidente al construir bajo rasante junto al cantil del puerto.

“La ubicación formaba parte de un proyecto estratégico denominado Puerto-Ciudad; sin embargo parece que dicha decisión fue caprichosa por parte de los políticos gobernantes en ese momento”, determina CTSSP. Los dirigentes de Cartagena durante el anterior mandato tuvieron en cuenta las repercusiones económicas que supuso para las arcas municipales, gastando el dinero público sin contemplaciones ni medida “con el fin último de promocionar su figura política y a su partido”.

Independientemente de la legalidad o no de la contratación del auditorio El Batel, que está aún por dilucidar, el gobierno municipal del Partido Popular en aquellos años, formado por los concejales Gabriel Ruiz, Mª Ángeles Palacios, José Vicente Albaladejo y José Cabezos Navarro, y en última instancia la alcaldesa Pilar Barreiro, serían los responsables de un despilfarro bastante más evidente que el de Pedro Antonio Sánchez con el auditorio de Puerto Lumbreras, aunque el Batel presente unas condiciones definitivas mucho mejores.

El presidente del PP de Cartagena, Francisco Celdrán, y la secretaria general del partido, Pilar Barreiro, han presentado su dimisión esta tarde durante el Comité Ejecutivo del PP de Cartagena, en el que el partido ha analizado los resultados de las pasadas elecciones.

Ambos han asegurado que la decisión estaba tomada “desde hace tiempo”, en concreto, desde antes de las elecciones municipales del año pasado, aunque debieron posponer su renuncia al convocarse los comicios generales para el mes de diciembre.

Según ha explicado Barreiro, “ en los partidos cambiar la dirección ante una cita electoral te dicen que no y es lógico y nadie pensaba que después de diciembre iba a haber otras elecciones”. Y es que advierte que ambos pensaron empezar el año 2016 renunciando a sus cargos, pero que al tener que ir de nuevo a las urnas, tuvieron que aguardar a hacer pública su decisión.

Por su parte, Celdrán aclara que en abril del año pasado el presidente Valcárcel le llamó para preguntarle si quería ser candidato a la Asamblea. Fue entonces cuando le comunicó que su intención era abandonar la presidencia del PP en Cartagena, una decisión que más tarde comunicaría al actual presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez.

A partir de ahora el PP de Cartagena deberá elegir nuevo presidente. Aunque los estatutos prevén diversas opciones, se ha optado por que la decisión se tome en un congreso antes del verano. La Junta directiva regional tendrá que autorizar la convocatoria extraordinaria para que se pueda designar un nuevo presidente con agilidad.

“El presidente nos ha dicho que así va a ser y hemos pedido que se autorice en la próxima junta regional”, ha asegurado Celdrán, que ha informado de que mientras tanto un comité organizador se encargará de todo el procedimiento. Dicho comité lo presidirá Andrés Ayala y estará formado por Juan Manuel Ruiz Ros, Javier Herrero, Rosario Montero, y el presidente de Nuevas Generaciones, Alejandro Casajús, entre otros.

En cuanto a los resultados electorales, Celdrán ha asegurado que ha sido “excelente” el ambiente y que en la reunión, el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva se han pronunciado “con fuertes aplausos después de las intervenciones de nuestra alcaldesa (en referencia a Pilar Barreiro) a la que se le ha reconocido la enorme labor que ha hecho en el partido y en Cartagena.

Según informó ayer el Alto Tribunal, la sentencia declara que la nulidad alcanza a la posterior orden de la citada Consejería, de 17 de julio de 2012, relativa a la toma de conocimiento de la revisión del PGOU al considerar que la misma no puede subsistir si se anula la norma en la que se fundamentaba y a la que se encuentra unida, tras el recurso presentado por la constructora EMASA, propiedad del empresario Tomás Olivo.

La Sala Tercera desestima los recursos de casación interpuestos por la Comunidad y el Ayuntamiento de Cartagena contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia que acordó dichas nulidades en mayo de 2015.

La sentencia recurrida entendió que los defectos que debían subsanarse eran numerosos, que no pueden calificase en modo alguno de escasa relevancia y que, además, no se limitaban a un área o zona determinada, sino que abarcaban la totalidad del municipio.

Para el Supremo, las deficiencias observadas “han sido tantas y, sobre todo, tan importantes en su conjunto”, en cuanto afectan a la estructura general y orgánica, a todos los sistemas generales, a todo tipo de suelos y a la normativa urbanística que se hace necesario fijar un nuevo trámite de información pública. Por ejemplo:

“La sentencia, que estima el recurso de la constructora EMASA y que no debiera ser recurrida, reconoce que los defectos son numerosos y que abarcan a la totalidad del Municipio, como ANSE viene manteniendo desde que recurrió ante la Comunidad Autónoma la aprobación del Texto Refundido, recurso que nunca fue respondido”, ha relatado la asociación, antes de interpretar que “la sentencia obligará a la nueva corporación, gobierne quien gobierne, a subsanar el enorme número de deficiencias de todo tipo, que afectan al modelo territorial fundamental, de un documento que nunca debió de ser aprobado”, aseguraban desde la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) hace un año, cuando al TSJ de Murcia dictó la sentencia que anulaba la revisión del Plan General y la asociación ecologista hablaba entonces con distintos partidos para crear un nuevo plan.