“Se observa que las dos personas denunciadas, que fueron detenidas, están junto a un grupo de chicas [...]. Se observa que cuatro agentes [...] se interesan por el enfrentamiento entre chicas y denunciados [...] y luego otros dos que se acercan en un vehículo policial. [...] En cuanto llegan los agentes, más que acompañar o requerir, provocan que los denunciados se desplacen hacia un lugar que en las imágenes aparece oculto detrás de un árbol, punto único que [...] la cámara no recoge del conjunto de la plaza. [...] No se ve que ninguno de los agentes se haya dirigido a las chicas para preguntar sobre lo que los denunciados habrían hecho [...]. A partir de ese momento, se aprecia que estando sujeto uno de los denunciados, un agente le propina un puñetazo en el rostro (un directo, en argot pugilístico) [...]. El mismo agente le lanza dos patadas. La segunda parece que alcanza la zona del torso y le hace caer al suelo, recibiendo otra patada mientras cae. Es sujetado en el suelo, lo que [...] se intenta hacer mediante algún pisotón en las piernas. [...] Finalmente, estando esposado, [...] recibe en su cara la bota de un agente. En estos instantes que transcurren con el denunciado en el suelo, los dos agentes que están con él parece que intentan que no levante la cabeza. [...] En este contexto es cuando uno de los agentes, que está agachado sobre él, le propina tres (o cuatro) puñetazos en el rostro”.

Éste es un extracto del auto por el cual el juez de Bilbao Urko Giménez, que investigaba a los dos detenidos a instancias de la Ertzaintza, envió este asunto a principios de 2022 a otra sala, la dirigida por la magistrada Ana Torres, conocida por haber liderado la investigación de la muerte de Íñigo Cabacas como consecuencia de un carga policial con pelotas de goma. Las supuestas víctimas de un “atentado a agentes” pasaban a estar imputados por abusos policiales. Los detalles los recoge ahora un informe de la nueva Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, un organismo presidido por el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis Ibarra, y que denuncia que la jefatura de la Ertzaintza no solo no recogió bien en el atestado lo ocurrido en la plaza del Corazón de María de Bilbao sino que una vez conocidos los hechos no realizó ninguna actuación desde Asuntos Internos. “Los dos agentes implicados en los hechos no realizan patrulla por la zona objeto de investigación, medida cautelar que actualmente permanece en vigor”, precisa la Ertzaintza. La juez Torres ya archivó en septiembre la vía penal.

Los hechos tuvieron lugar el 13 de junio de 2021 a las 3.04 horas en una plaza del barrio de San Francisco de la capital vizcaína. El atestado oficial, revisado por Ibarra y otros dos vocales de la comisión de control, refleja que se justifica la intervención por el hecho de que dos mujeres gritaban '¡Policía, Policía!'. Dos jóvenes de “raza árabe” -consta tal cual en el documento interno- se encontraban “forcejeando” con las mujeres y, por ello, “procedieron a separar a las personas”. “Gordas, hijas de puta”, gritaban los detenidos, según el atestado. Cuando los agentes les recriminaron estas palabras, “estos dos varones comenzaron a dar patadas y puñetazos”. “Por este motivo, los agentes actuantes tuvieron que utilizar la fuerza proporcional para reducir a estas personas”. Y ahí se acaba la versión oficial. El resto del relato se ha conocido por la revisión de unas cámaras de seguridad, con el hándicap de que todo se originó en el único ángulo muerto de toda la plaza.

El dictamen de esta nueva comisión -que se estrena con este informe- estima que esta intervención de la Ertzaintza “presenta características que pueden afectar negativamente a la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad e integridad de la actuación policial”. “Esta comisión es consciente de que no se pueden generalizar las conclusiones a partir del estudio de un solo caso, pero también es cierto que las deficiencias o errores que se detecten pueden servir de base para realizar sugerencias o recomendaciones dirigidas a incrementar la eficacia de los controles sobre la actividad policial”, abunda el documento. La comisión no suplanta la actuación penal ordinaria, ya cerrada, como tampoco el papel de Asuntos Internos, competente para adoptar medidas disciplinarias. Tampoco invalida las competencias del Ararteko, la Defensoría del Pueblo.

El análisis, terminado en junio y que no se ha hecho público hasta ahora, incide en que “no funcionó” el control interno para detectar posibles abusos policiales. Destaca, por ejemplo, que habiendo media docena de efectivos los detenidos “fueron conducidos a un lugar que queda fuera del área de filmación”. “Llama la atención la falta de reflejo en el atestado de los hechos violentos ocurridos, derivados del empleo de la fuerza por parte de los miembros de la unidad policial. También resulta llamativo que ninguno de los agentes intervinientes manifestara discrepancias sobre la ausencia en la consignación en el atestado de los citados hechos violentos. Todo ello parece describir un patrón de conducta dirigido a impedir el control objetivo sobre la actuación policial considerada”, se puede leer.

Y en lo tocante a la “respuesta” de la Ertzaintza, tenía la “obligación” de activar una investigación interna. “Al parecer, en este caso la institución policial no ha tenido conocimiento de la eventual existencia de una actuación incorrecta hasta que se difundió el citado auto [del juez Urko Giménez]. Sin embargo, después de esa fecha no se ha realizado ninguna diligencia de investigación sobre lo sucedido, ni tampoco sobre las causas por las que -aparentemente- fallaron los controles sobre la legalidad de la actuación policial”, describe la comisión. “En realidad, no se llevó a cabo una verdadera investigación sobre lo sucedido ni sobre las personas que pudieron verse implicadas”, se concluye. Se le recuerda a la Ertzaintza que el hecho de que una investigación penal impida resolver un expediente disciplinario no implica que se puedan y deban realizar comprobaciones sobre un hecho tan grave. Además, es obligación de la Policía, asimismo, “dar inmediata cuenta a la Administración de Justicia” si se aprecia un delito.

Entiende este organismo que “los mecanismos de control más eficaces son las convicciones y valores de los agentes y su autocontrol ante situaciones de tensión, así como el control ejercido por el grupo de los compañeros”. “Ninguno de esos mecanismos parece que funcionaron”, se lamenta el informe, que pide expresamente “reforzar la formación policial -inicial y continua- sobre el código deontológico y buenas prácticas, insistiendo en la necesidad de autocontrol”. “También hay que favorecer la firme convicción entre los agentes respecto a que la necesaria confianza y lealtad entre compañeros no debe conducir a la complicidad o el encubrimiento de las actuaciones irregulares”, abunda. Se da la circunstancia de que en el caso de la muerte de Cabacas solamente unos pocos de los intervinientes, a la postre los que resultaron imputados, admitieron haber disparado pelotas de goma cuando era una evidencia que fueron más los que las utilizaron. Hay que “facilitar canales de denuncia de aparentes abusos o irregularidades”.

Propone la comisión que puede resultar útil el uso de “cámaras subjetivas de cuerpo” en las actuaciones. La propia Ertzaintza hizo pruebas en Vitoria, Irún o incluso en Bilbao, así como también la Policía Local de Vitoria. Se recomienda, asimismo, “revisar los protocolos” sobre cómo se practican los arrestos y sobre cómo se redactan los atestados, particularmente cuando se haya producido uso de la fuerza. Sería bueno que expusieron lo ocurrido “por separado” todos los implicados.

El caso, sin embargo, ha quedado archivado en la vía penal. La juez Torres ha decretado el sobreseimiento “provisional” de las actuaciones, con el apoyo de la Fiscalía, ya que “del vídeo obrante en la causa no se desprende que los hechos alcancen la gravedad que exige el tipo delitictivo”. “Existe una actuación policial, motivada por la conducta de las dos personas que resultaron detenidas, que se encontraban en estado ebrio, sin que conste que hayan sufrido siquiera lesiones ni presentasen denuncia alguna”, argumenta la magistrada en un auto emitido el pasado mes de septiembre.

Ni la investigación por las filtraciones en las oposiciones del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), ni las últimas novedades del 'caso De Miguel' ni los contratos a las empresas del grupo Montai, por citar tres ejemplos, han aparecido en alguna de las 208 iniciativas presentadas por Vox desde que llegó al Parlamento Vasco en 2020 con una única parlamentaria, Amaia Martínez Grisaleña. Sin embargo, este miércoles la ultraderecha ha exhibido su máxima preocupación por la gestión de los recursos públicos tras haber desarticulado la Policía Nacional una red que defraudada a Lanbide con pasaportes falsos para cobrar más de un millón de euros en ayudas sociales. Y lo ha hecho cargando contra la inmigración, asegurando que las prestaciones vascas generan “efecto-llamada” cuando han caído de manera importante en los últimos meses los solicitantes de la renta de garantía de ingresos (RGI) y pidiendo incluso policías en las casas para controlar los empadronamientos, a pesar de la polémica que arrastró su colega Macarena Olona, candidata en Andalucía.

Concede Martínez Grisaleña que el fraude “no es una práctica exclusiva” de los extranjeros pero que los casos “más graves” han tenido “como protagonistas a inmigrantes”. La supuesta falta de controles en Lanbide -que entiende que el fraude es ínfimo y que trabaja en una reforma de la RGI para mejorar el modelo y cambiar las cuantías- supone una “desconfianza” en la “población local” y un “efecto-llamada” para que, aparentemente, personas de fuera intentar llegar a Euskadi a cobrar prestaciones. A su juicio, además, llegan “aleccionados” para entrar a un sistema que ha calificado de “coladero” mientras deja a fuera a personas locales, como el caso de una señora de 80 recientemente denunciado por el Ararteko. No ha ofrecido ningún dato numérico al respecto de sus aseveraciones más allá de enfatizar que procedían de África y de Asia los responsables de las últimas redes desmanteladas.

También ha considerado “impresentable” que el detenido como responsable de la red que defraudó a Lanbide “esté en la calle” y “disfrutando” del millón de euros que cobró. Ha cuestionado que se vaya a devolver el dinero orillando que, por un lado, la Administración tiene mecanismos para estos supuestos y que la propia jurisdicción penal tiene también fórmulas de reparación del quebranto al erario. Además, el principal acusado está en libertad pero con cargos y tras una resolución motivada de la magistrada de Bilbao Ana Torres.

Martínez Grisaleña ha aprovechado la comparecencia para “exigir” un “mayor control”. Se ha detenido, particularmente, en la necesidad de vigilar que los empadronamientos en Euskadi sean “reales”. Preguntada si eso implicaba también criticar la decisión de Olona de registrarse en Andalucía, donde no residía, ha dado la vuelta a la cuestión y ha recordado que a ella, una “compañera española”, se le envío a la Policía al domicilio para revisar su situación. “¿Se hace eso con la inmigración? Si lo hacemos, lo hacemos para todos”, ha replicado pidiendo “ertzainas” para hacer estos seguimientos.

Vox ha asegurado también que las instituciones son “inteligentes” solamente para controlar el fraude de autónomos y particulares y ha criticado por “dictatorial” el nuevo modelo de emisión de 'tickets'. Ha llegado a decir que el Gobierno “es un lince” para cercar a los pequeños contribuyentes autóctonos y cobrarles impuestos errando claramente ya que, en Euskadi, son las Diputaciones las que gestionan las competencias de Hacienda.

Un total de 23 personas han sido detenidas en Bizkaia en una operación de la Policía Nacional contra una trama de falsificación de documentos para cobrar la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), prestaciones sociales autonómicas gestionadas por Lanbide. El ideólogo creó 62 identidades falsas con las que consiguió desfalcar más de un millón de euros, informa Europa Press.

Agentes del Grupo I de UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bilbao han realizado una operación contra una red de falsificación documental para el cobro de ayudas públicas destinadas a personas vulnerables, que se ha saldado con la detención de 23 personas por presuntos delitos de organización criminal, estafa y falsedad documental. Según ha informado la Delegación del Gobierno de España, la investigación se inició cuando los agentes de Extranjería tuvieron conocimiento de que un hombre de nacionalidad senegalesa se servía de otras personas para cobrar ilegalmente ayudas del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). Para ello, se ayudaban de certificados médicos de Osakidetza y empadronamientos en distintos Ayuntamientos, también falsos.

Tras las investigaciones, los investigadores descubrieron que el 'modus operandi' del ideólogo y principal sospechoso de la estafa consistía en crear identidades falsas sirviéndose de otras personas con el fin de cobrar ayudas públicas para el alquiler de vivienda (PCV) y de renta básica (RGI) destinadas a personas y familias sin recursos suficientes. Dirigidos por el cabecilla “y en un segundo plano muy diferenciado”, uno de los integrantes del entramado tenía como cometido presentarse físicamente en las oficinas de Lanbide con pasaportes falsificados para dar de alta a la persona ficticia haciéndose pasar por ella y realizar los trámites necesarios. Mientras, otros se dedicaban a alquilar viviendas y empadronar a la supuestas personas en los domicilios.

Para lograr su objetivo, falsificaban pasaportes y certificados de empadronamiento, de forma que podían acreditar que una persona llevaba empadronada en Euskadi tres años, requisito necesario para poder percibir las ayudas, y así cobrar desde el primer momento en que creaban la falsa identidad. Para evitar que desde Lanbide detectara alguna irregularidad, el cabecilla aleccionaba a los integrantes del entramado criminal para que presentaran las solicitudes de ayuda en diferentes municipios de Bizkaia, como Durango, Santurzi, Berriz, Iurreta, Basauri o Getxo. Además, para impedir que les suspendieran las ayudas públicas por la no presentación física del solicitante ante las oficinas del Servicio, falsificaban informes médicos y certificados de realización de cursos de formación.

Los investigadores constataron que el cabecilla había creado 62 identidades falsas. Cada persona dada de alta ingresaba una media de 857 euros mensuales, 625 por la ayuda destinada a la Renta de Garantía de Inserción y 250 por la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), lo que ha supuesto un desfalco de un 1.091.416 euros. Una vez recogidas las pruebas suficientes, los policías llevaron a cabo un total de 23 detenciones en tres fases. En la primera, practicada en enero, procedieron al arresto de un ciudadano camerunés. Durante la segunda, materializada a finales de marzo, practicaron nueve detenciones más, entre las que destaca el principal investigado, y dos entradas y registros en domicilios.

Los investigadores intervinieron 22 pasaportes falsificados, 16 libretas bancarias con identidades falsas, 17 tarjetas de crédito, nueve teléfonos móviles, un disco duro externo y diversa documentación relacionada con Lanbide. En tercera actuación, llevada a cabo este pasado jueves, se produjeron las otras 13 detenciones. Los arrestados son originarios de América y África. Tras prestar declaración en la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Bilbao, quedaron en libertad con cargos. La juez Ana Torres, del juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, se ha encargado del caso.

Por otro lado, el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) ha anulado la extinción de una prestación complementaria de vivienda (PCV, una ayuda mensual de 275 vinculada a la RGI) tras la queja presentada al Ararteko por una ciudadana que consideró injusta su retirada. En un comunicado, la defensoría ha explicado que la interesada, de 80 años y con una discapacidad del 59%, planteó al Ararteko su desacuerdo con la decisión de Lanbide de extinguir la prestación después de que rechazara la propuesta de adjudicación de una vivienda por parte de Viviendas Municipales de Bilbao (VVMM) “por encontrarse cerca de un polígono industrial y lejos de servicios esenciales como el ambulatorio, el supermercado o una farmacia”.

La magistrada Ana Torres, titular del juzgado de Instrucción 10 de Bilbao, será la encargada de investigar la grabación de vídeo en la que, según el análisis inicial de otro juez, el titular de Instrucción 7 Urko Jiménez, se aprecia a dos agentes de la Ertzaintza golpeado a dos personas extranjeras tras haber sido detenidas en una operación por delincuencia común. Torres, en 2012, fue la encargada de liderar el sumario por otra actuación policial, la carga con pelotas de goma tras la cual falleció el joven seguidor del Athletic Club Íñigo Cabacas. En su momento, recibió quejas por retrasos y falta de impulso a la investigación y se vivieron otras vicisitudes en torno a su figura que incluyeron un supuesto espionaje y escolta policial.

El caso ha llegado a la sala de Torres en reparto. Jiménez investigaba la denuncia inicial por atentado contra la autoridad de la propia Ertzaintza contra los arrestados, que habían tenido un altercado con unas mujeres en la zona de San Francisco, en Bilbao. Finalmente, el análisis de las grabaciones motivó un giro de guion al entenderse que los funcionarios se habían excedido en el uso de la fuerza. Aunque había ocho ertzainas en el lugar, solamente dos tuvieron participación directa, un agente de la penúltima promoción y otro agente primera (cabo), según fuentes internas. Los dos policías tendrán que declarar en calidad de investigados el próximo mes de marzo. No dispondrán de abogados del Departamento de Seguridad y tendrán que defenderse con un letrado particular.

En cuanto al 'caso Cabacas', la abogada de la familia de la víctima, Jone Goirizelaia, cuestionó en muchos momentos los retrasos que se produjeron. El juicio no llegó hasta 2018, seis años después de los hechos, y la resolución definitiva del Tribunal Supremo se conoció en 2021, el pasado año. Goirizelaia, histórica dirigente de la izquierda abertzale, llegó a presentar en 2016 una doble queja contra la magistrada. Mientras el decanato de jueces la archivó, el entonces fiscal superior, Juan Calparsoro, abrió diligencias por las supuestas dilaciones indebidas. Lo hizo después de haber cuestionado públicamente la celeridad de la investigación, un comentario que le valió la reprobación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y por el que tuvo que pedir disculpas.

Además, en un momento inicial y cuando los medios de comunicación publicaban información del proceso, presentó una denuncia ante un compañero juez y logró que la Policía hiciera un barrido de sus equipos informáticos para descartar el espionaje. Igualmente, solicitó a la Ertzaintza (y logró) protección de un guardaespaldas ante los riesgos que percibía para su integridad por haber asumido esa causa. Para los informes periciales optó por contar con la Policía Nacional y no con la Ertzaintza como Policía judicial.

Torres, cuya “minuciosidad” destacaron entonces quienes la conocen, completó la investigación sobre Cabacas hace cinco años, en la primavera de 2017. En un duro auto final, señaló las graves negligencias en el operativo tras un partido de fútbol en el viejo San Mamés en el callejón perpendicular a la calle de María Díaz de Haro. Según sus conclusiones, “era absolutamente previsible que el lugar pudiera convertirse, ante una situación de pánico como la que deben producir disparos con pelotas de goma, en un lugar de atrapamiento” con una consecuencia “mortal”, como así fue. Sin embargo, procesó solamente a tres mandos intermedios, nunca investigó a los mandos superiores y exoneró a los agentes que habían admitido haber usado las escopetas con el argumento de que era evidente que fueron muchos más los que lo hicieron, aunque lo negaran en la investigación interna. La Audiencia Provincial la corrigió y sentó en el banquillo también a esos tres ertzainas de base. No obstante, solamente el ertzaina con más galones sobre el terreno acabaría siendo condenado y a una pena mínima, sin necesidad de ingreso efectivo en prisión.

En el caso actual, a la investigación judicial se le suman dos más. Por un lado, Seguridad ya ha informado de que el expediente está en manos de Asuntos Internos, aunque no se ha recibido aún una copia del vídeo y lo único que maneja la Policía vasca es la descripción que de él hizo el primer juez, Urko Jiménez. Sin embargo, la normativa especifica con claridad que cualquier medida disciplinaria queda congelada hasta que se resuelva la vía penal. No obstante, de manera cautelar, los dos implicados han sido destinados a un lugar diferente a San Francisco. Por otro lado, este asunto se ha incorporado ya al orden del día de la nueva comisión de transparencia policial, un órgano presidido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra.

La última carga con pelotas de goma que realizó la Ertzaintza hirió de muerte a Íñigo Cabacas un 5 de abril de 2012, Jueves Santo. Aquella noche el Athletic venció en el viejo San Mamés de Bilbao al Schalke 04 alemán. Pero casi nadie recuerda el resultado de aquel partido europeo de “alto riesgo”. Tras el encuentro, las celebraciones continuaron en las zonas habituales de poteo, incluida la plazoleta junto a la calle de María Díaz de Haro. La centralita de la Policía vasca recibió avisos de incidentes en aquel lugar y no dudó en emplear material antidisturbios en un lugar con solo un callejón como salida. Fue una ratonera que acabó con la vida de un joven aficionado rojiblanco que entonces apenas contaba 28 años. Murió unos días después en el hospital de Basurto. Todo cambió para su familia, que sigue rota y clamando justicia, y para la propia Ertzaintza, cuya contundencia quedó al desnudo para siempre y se vio obligada a reinventarse.

Este lunes, seis años, seis meses y diez días después, arranca en la Audiencia Provincial de Bizkaia el juicio contra seis ertzainas. Se exponen a cuatro años de cárcel y a seis de inhabilitación por “homicidio imprudente”. La única acusación la ejerce la propia familia de Cabacas, representada por la letrada y también parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, histórica dirigente de la izquierda abertzale. La Fiscalía, siempre en segundo plano, interpreta que los hechos probados en la larga y compleja investigación dirigida por la juez Ana Torres no son constitutivos de delito.

Se sientan en el banquillo el oficial con número profesional 3389, el agente con más galones en aquella intervención en la zona de María Díaz de Haro, y los suboficiales 5351 y 1283, al mando de dos de las furgonetas (cada una de ellas de seis agentes) que fueron movilizadas. Los otros tres son agentes que empuñaron escopeta aquella noche y que, en la investigación interna llevada a cabo por la Ertzaintza, admitieron haber usado pelotas de goma: 15248, 11066 y 10216. Ha quedado probado que más policías dispararon, principalmente porque ellos tres iban de rojo y todos los demás de azul y hay testigos -policías y civiles- que así lo atestiguan. Este agujero de la investigación siempre ha impedido conocer al autor material.

De hecho, en un primer término sólo se iba a juzgar a los tres mandos intermedios, pero un recurso de la familia permitió corregir a última hora esta decisión de la juez Torres. Según la magistrada, lo verdaderamente punible es la negligencia y desproporcionalidad con la que se actuó. El oficial está procesado por “inacción”, por haber tolerado las cargas. Los suboficiales, por su parte, por haber dado la orden de intervenir con material letal en un lugar inapropiado y provocando “atrapamiento”. “Los referidos disparos se efectuaron con infracción de los principios básicos de proporcionalidad, prudencia, necesidad y seguridad”, dictaminó la instructora, que durante la causa llegó a solicitar escolta y a denunciar “espionaje” en sus equipos informáticos, sin que quede muy claro el motivo.

“Salgan de las furgonetas y despliéguense”

Según la reconstrucción de los datos recogidos en el sumario del 'caso Cabacas', al que ha tenido acceso este periódico, la carga con pelotas de goma que hirió al joven duró un mínimo de tres minutos. En su momento, algunos sindicatos policiales plantearon dudas de si la causa de la muerte fue realmente una bola de caucho. Sin embargo, la autopsia recoge que la víctima recibió en la cabeza el fuerte impacto “de un proyectil esférico de unos 55 milímetros” y los proyectiles tienen un tamaño exacto de 54,72 milímetros.

La Ertzaintza había diseñado un operativo especial para aquel Jueves Santo. El partido era de “alto riesgo” y en eliminatorias anteriores de la UEFA Europea League se habían registrado importantes altercados (que se han ido repitiendo hasta la temporada pasada). Cabacas estaba con amigos en una pequeña plazoleta con jardineras ubicada a un lado de María Díaz de Haro y que termina en un callejón que comunica con Licenciado Poza. Allí se ubican varios establecimientos. Uno de ellos es una 'herriko taberna' o sede social de la izquierda abertzale, sector que ha dado connotaciones políticas a este caso.

Fue a las 23.25 horas de ese 5 de abril de 2012 cuando la base de operaciones, situada en la comisaría del barrio de Deusto, en la plaza de Ugarteko, recibe un primer aviso de la existencia de incidentes. Las llamadas al 112 refieren una “pelea”, una “batalla campal” e incluso de un grupo de “15 ó 20 cabezas rapadas encapuchados”, de los que luego no hubo más reseñas. El jefe de operaciones de Deusto, apodado 'ugarteko', decide enviar alguna furgoneta, llamadas en las conversaciones de radio como “francias”. Las lecheras 1 y 6 fueron las primeras en llegar. Dirigidas por el jefe de patrullas -que acude en el coche 32- practican una detención pero no en la plaza, sino en su acceso derecho. El arrestado había arrojado objetos a la Policía y les había increpado.

Pero la Ertzaintza no dio por resulta la incidencia. Según sus informaciones, había un herido sangrando dentro del callejón y había que despejar la zona para que accediera la ambulancia. Evidentemente no se trataba de Cabacas. Un sanitario confirmaría después que ellos también tuvieron la misma alerta “a las 23.30 horas”. Al llegar, reseña, “se amontaba una gran cantidad de gente que lanzaba objetos” a los policías desplegados y no se pudo estacionar la ambulancia. Aparecieron entonces las furgonetas 12, 13 y 14, todas ellas de la unidad de Seguridad Ciudadana, no especializada en actuaciones antidisturbios.

El responsable de la furgoneta 14 (suboficial 5351) informó por radio al 'ugarteko' de que era imprescindible “limpiar” la zona. Desde comisaría, le responden así a las 23.37 horas: “Bien, hágalo usted [...]. Salgan de las furgonetas y despliéguense en la herriko”. A partir de ahí, el suboficial transmitió la orden a los tres escopeteros de su unidad de seis agentes, que eran los únicos que visten de rojo en el lugar, un elemento de gran relevancia. [Los antidisturbios trabajan en binomios, uno porta la escopeta y el otro le cubre con un escudo. Primero disparan una salva –ruidosa pero inofensiva– y luego emplean pelotas de goma].

Al menos ocho pelotazos

Aquella carga duró “tres minutos”, según 5351. Sus tres escopeteros son los imputados, El primero asume que disparó “unos cuatro disparos de disuasión con pelota”. El segundo realizó otros cuatro “a 35 metros”. El tercero, en cambio, dijo no haber disparado en ese momento, sino en la carga posterior que se registró. Las distancias mínimas de seguridad en aquella época eran las siguientes: 25 metros en posición suave, 35 a intensidad media y 50 en modo fuerte. Nunca se sabrá a qué potencia se intervino porque no hay datos.

Los testigos situaron a esos agentes de rojo detrás de los coches aparcados. Desde donde cayó abatido Cabacas al final de la acera hay 22,8 metros, más los tres metros aproximados del 'parking' en batería arrojarían una distancia cercana a los 25 metros, la misma que fijó la Policía Nacional como probable en el informe pericial que hizo a instancias de la juez Torres. La magistrada optó por encomendar parte de la investigación a otro cuerpo distinto a la Ertzaintza para evitar posibles interferencias. Estos agentes, que reconstruyeron los hechos 'in situ', comparecerán en el juicio.

Una joven malagueña con conocimientos de primeros auxilios se encontraba cerca de Cabacas y pudo taponar las hemorragias que sufría. Su testimonio en vídeo acompaña a esta información. En él, manifiesta que “un hombre de rojo” disparó “todo el rato” en línea recta hacia donde se encontraba la víctima, que estaba en el lado izquierdo del callejón. “Me sentí como si nos estuvieran fusilando”, enfatiza. Sus “¡No disparéis, no disparéis!” no sirvieron de nada. Otras personas hicieron lo mismo. Los agentes lo oyeron, pero no hicieron caso. “Unas jóvenes subidas en unas jardineras levantaban las manos y gritaban que parasen los disparos”, admitió una agente no imputada, que vestía de azul.

Los agentes desplegados ya sabían de viva voz en ese momento que había un herido tendido en el suelo. Alguien, además, avisó al 112 exactamente a las 23.40.31. De hecho, el suboficial 1283 había ordenado: “¡Que no dispare nadie más y todo el mundo detrás de las furgonetas!”. Se estaba disparando en ese momento desde “varias furgonetas” y sólo una llevaba encima del buzo azul una chaqueta roja. “Había otros cinco o seis ertzainas vistiendo buzo azul”, contó 15248.

Varios ertzainas de rojo y un mando de azul se acercaron hasta el lugar en el que había sido abatido Cabacas. La testigo asegura que le agarraron del brazo con el que apretaba la herida del herido. Se dirigió también a un agente y le pidió “el número de placa”. Entonces el código profesional no era visible, ahora sí lo es. “Con la mano en la porra me dijo que si no quería más problemas que me fuera”, relata. No niega que insultó por instinto a los funcionarios. En el callejón se escucharon muchos más improperios dirigidos a ellos. Por la radio, desde comisaría descartaron la tesis de que hubiera sido herido: “Se habrá desmayado”.

El subjefe de la comisaría, presente de paisano en el lugar, ordenó replegar la fuerza y formar un cordón en la entrada del callejón. Pero, como continuaban lanzando objetos a los agentes desde el fondo de la plazoleta, el 'ugarteko' dio la polémica orden de “entrar con todo” a las 23.40.26, ya con Cabacas malherido. Ahí empezó una segunda carga muy intensa. Muchos presentes indicaron a la juez que en aquel momento el callejón estaba mucho más oscuro que al principio, aunque no se conoce la explicación de la falta repentina de iluminación.

Los agentes dispararon detrás de donde estaba tendido Cabacas y quienes le auxiliaban recuerdan el sonido de las detonaciones. Los de rojo dispararon de nuevo, pero también un miembro de la furgoneta 22 –cinco veces– y otro de la Brigada de Refuerzo, que habían llegado de apoyo. La unidad antidisturbios (Brigada Móvil) no intervino en ningún momento, ya que estaba en San Mamés controlando la salida del estadio. La Ertzaintza persiguió a los alborotadores hasta Licenciado Poza y allí continuaron los incidentes. Está registrada la quema de contenedores. Entretanto, a las 23.58, aproximadamente, una ambulancia trasladó al joven gravemente herido al hospital de Basurto, donde moriría cuatro días después.

A 360 kilómetros por hora

El entonces consejero de Interior, Rodolfo Ares, compareció de urgencia en el Parlamento una semana después. Pidió perdón a la familia y anunció unas primeras medidas para restringir el uso de pelotas de goma. Se enfatizó la importancia de respetar las distancias y las potencias de un material que alcanza los 100 metros/segundo de velocidad (360 km/h). Durante 24 horas llegó a estar prohibido el uso de este material porque se sometió a revisión en su totalidad. Aparecieron nueve cartuchos impulsores con más pólvora de la permitida, lo que puso en evidencia la falta de control del armamento en la Policía vasca.

Algunos datos: las pelotas no habían sido revisadas desde 1998, cuando se compró una partida de 75.000 bolas a Manufacturas del Tormes, una empresa de Castellanos de Moriscos (Salamanca). Los cartuchos habían pasado una última inspección cuatro años antes, en 2008. Peor era el caso de las bocachas de las escopetas lanzapelotas, muchas de las cuales no funcionaban correctamente y no permitían cambiar la intensidad del disparo. La última revisión databa de 1995: el informe estaba escrito a máquina de escribir.

La muerte de Cabacas -y el final de ETA y la 'kale borroka', paralelos en el tiempo- han supuesto un cambio radical en la manera de intervenir de la Ertzaintza, con competencias exclusivas en el control de orden público. El uso de pelotas de goma está prohibido a las unidades de Seguridad Ciudadana que intervinieron entonces y sólo portan las escopetas la Brigada Móvil y su equipo de apoyo (la antigua Brigada de Refuerzo). Pero nunca ha vuelto a disparar una sola bola de caucho. El material empleado es un lanzador alternativo que se presupone más preciso y que arroja proyectiles viscolásticos. Además, los despliegues son ahora más numerosos para sofocar los incidentes, si es posible, cuerpo a cuerpo y no con armamento.

Asimismo, en los uniformes aparece ahora el código profesional de los ertzainas y se ha redoblado el control de las intervenciones. Y es que en los informes del 5 de abril de 2012 de la comisaría de Bilbao muestran que es imposible saber cuántas armas se utilizaron, con qué potencia y cuántas bolas se usaron. “En caso de haber sido utilizado el material, se limpian las escopetas y se reponen tanto los cartuchos como las pelotas de los peloteros y se procede a precintar de nuevo las bolsas desprecintadas, no realizándose ningún registro al respecto por escrito, por lo que en este caso no se puede saber cuáles fueron las bolsas que efectivamente se utilizaron. Respecto de las escopetas, tampoco queda registro de cuáles estaban usadas”, se puede leer en el informe que entregó la Policía a la juez Torres. Es más, el 'número dos' del consejero Ares, Miguel Buen, llegó a reconocer que la cúpula policial había sugerido a la dirección política que no se habían usado pelotas aquella noche. El entonces comisario de Bilbao, Jorge Aldekoa, es en la actualidad el jefe del cuerpo.

La Fiscalía no solicitará penas de prisión -ni de otro tipo- para los seis ertzainas, tres mandos intermedios y tres agentes de base, que serán juzgados en los próximos meses por la muerte del joven aficionado del Athletic Íñigo Cabacas como consecuencia del impacto de una pelota de goma arrojada en una carga policial ocurrida en la Semana Santa de 2012. Con la teoría de que “no existiendo delito no se puede establecer autor”, la fiscal Pilar Giménez sostiene que “no procede imponer pena alguna” a los seis policías imputados.

Según ha informado el diario 'Gara', la fiscal “despacha calificación negativa” en esta causa con un informe de apenas 11 líneas. Sin muchos detalles, la representante del ministerio público señala que durante la larga investigación “no ha podido determinarse” la autoría del disparo letal que hirió de gravedad a Cabacas, que se encontraba en una zona de bares del callejón de la calle de María Díaz de Haro después de un partido europeo del Athletic en el viejo San Mamés.

La juez instructora, Ana Torres, concluyó también que la investigación no había podido concretar qué ertzaina de los que participaron en aquella carga -adscritos a la comisaría de Bilbao, dirigida por el hoy jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa- realizó el disparo concretó que acabó con la vida de Cabacas. Durante la fase de instrucción fueron imputados tres ertzainas de base, los mismos que se enfrentarán al juicio. Fueron los únicos que asumieron en la primera investigación interna que habían usado la escopeta, aunque hay pruebas de que más funcionarios también portaron armas.

Por ese motivo, en un primer momento la magistrada excluyó del juicio a estos agentes y limitó la posible responsabilidad por “homicidio por imprudencia profesional” a los dos suboficiales de las furgonetas que intervinieron y al oficial que era el agente con más galones sobre el terreno aquella noche. Este último está acusado de “inacción” por permitir una actuación desproporcionada y los otros dos de ordenar usar pelotas de goma en aquella ratonera sin vías de escape más allá de un estrecho callejón que provocaba “atrapamiento”. La Audiencia Provincial de Bizkaia, en cambio, aceptó el recurso de la familia de Cabacas y ordenó que se sentaran en el banquillo no sólo estos mandos intermedios sino también los tres ertzainas que dispararon.

Ya en esa fase intermedia del procedimiento la Fiscalía se opuso a formular acusaciones y solicitó el archivo de la causa, como publicó este periódico en mayo de 2017. En aquella ocasión, la fiscal Giménez no sólo incidía en la ausencia de autor conocido, sino que no todas las actuaciones policiales fueron desproporcionadas en aquel callejón. En este escenario, la acusación ejercida por Jone Goirizelaia en nombre de los padres de Cabacas será la única que reclame condenas en el juicio, para el que aún no hay fecha. Según ha declarado la letrada a Efe, la familia de la víctima teme que en la vista la fiscal ejerza más como “defensora” de los agentes que como acusación.

Seis ertzainas y no tres se sentarán en el banquillo como presuntos responsables del “homicidio imprudente” que fue la muerte del joven Íñigo Cabacas en una carga con pelotas de goma ocurrida en 2012. Según informa ‘El Correo’, la Audiencia de Bizkaia ha admitido el recurso de la abogada de la familia, Jone Goirizelaia, y ha enmendado la plana a la instructora, Ana Torres, de modo que habrá juicio no sólo contra los tres mandos intermedios que controlaron la operación policial sobre el terreno, un oficial y dos suboficiales, sino también contra tres agentes que portaron escopetas lanzapelotas y que admitieron haber disparado aquella noche. Al parecer, la resolución judicial ya fue adoptada el viernes y se dará a conocer en los próximos días.

Tras cinco años de polémica investigación, la juez Torres dictaminó que la muerte de Cabacas constituyó una negligencia clara, una actuación desproporcionada por parte de la Ertzaintza. Señaló a los tres mandos intermedios por no haber tenido en cuenta que el lugar de los hechos, una plazoleta con un callejón, era una ratonera y consideró que tenían que ser juzgados por la imprudencia de haber dado la orden de cargar y por no haber evitado los disparos con bolas de goma.

Durante el proceso, tres escopeteros permanecieron bajo investigación. La instructora, empero, sostuvo que aunque admitieron haber disparado hay elementos para creer que más ertzainas presentes en el lugar lo hicieron y que existe una duda razonable sobre su responsabilidad dado que las numerosas pruebas periciales no han sido concluyentes sobre cuántos tiros se produjeron y, sobre todo, sobre quién fue el autor material del pelotazo. La letrada de la familia, sin embargo, recurrió ese auto y la Audiencia de Bizkaia le habría dado la razón, sumando a estos tres funcionarios al procedimiento judicial junto a sus tres superiores.

Goirizelaia, en cambio, será la única acusación en el procedimiento, ya que la Fiscalía ya ha manifestado que si no se puede identificar al autor concreto del disparo no se puede condenar a nadie por los hechos. Haya o no condenas, después del proceso penal habrán de depurarse las responsabilidades civiles por lo ocurrido, lo que probablemente obligará a la Ertzaintza a abonar una fuerte indemnización económica a la familia de la víctima.

Este miércoles 5 de abril se cumple un lustro del fatídico Jueves Santo de 2012 en el que, tras un partido europeo del Athletic en el viejo San Mamés, una carga policial de la Ertzaintza con pelotas de goma acabó con la vida del joven aficionado Íñigo Cabacas, que entonces estaba a punto de cumplir 29 años y se hallaba con sus amigos en el exterior de uno los bares de una pequeña plazoleta de un lateral de la calle de María Díaz de Haro de Bilbao. La familia de Cabacas, sus padres Manuel y Fina, que llevan cinco años reclamando justicia, encaran el aniversario con la noticia de la que la juez Ana Torres, al frente del polémico caso desde el principio, ha ordenado abrir juicio por “homicidio por imprudencia profesional” contra un oficial y dos suboficiales que ordenaron cargar entre las 23.37 y las 23.40 de esa noche, el momento en el que Cabacas recibió a toda velocidad en la cabeza el impacto de un esférico de 54 milímetros: una bola de caucho que lo mataría unos días después.

La magistrada es clara: “A pesar de los esfuerzos desplegados durante la extensa instrucción de la causa, ha sido imposible determinar la autoría de tal disparo”. Por un lado, sólo tres agentes confesaron en la primera investigación de Asuntos Internos que habían disparado la escopeta lanzapelotas que tenían asignada, cuando era una evidencia que fueron muchos más (ellos iban de rojo y hay testigos que vieron agentes de azul con armas). Por otro lado, los vídeos e informes periciales -fue la Policía Nacional la que evaluó a la Ertzaintza para evitar suspicacias- hablan de que el disparo letal pudo llegar de “cualquier distancia” entre los 1,25 y los 39 metros, un sector en el que había más de 25 ertzainas desplegados.

Con estos mimbres, reconocidos juristas daban por sentado un polémico archivo del 'caso Cabacas' bajo la premisa de que sin autor conocido no puede haber delito, aunque sí víctima y una posible responsabilidad económica por parte de la Administración, que se sustanciaría en otro procedimiento. Pero la juez Torres, con una amplia argumentación jurídica, ha archivado efectivamente la acusación contra los tres ertzainas que admitieron que usaron la escopeta -uno de ellos ni siquiera en esa carga policial, sino en un momento posterior- y no los llevará al banquillo. Pero ha procesado a los tres mandos intermedios que ordenaron y dirigiendo la carga policial desde el terreno. Culpa 'in vigilando'. Fuentes de la Ertzaintza cuestionan si la misma duda razonable que opera sobre los agentes no debería aplicarse al oficial y a los dos suboficiales ahora acusados, aunque la juez Torres lo tiene claro.

Sin “proporcionalidad”

“Los referidos disparos se efectuaron con infracción de los principios básicos de proporcionalidad, prudencia, necesidad y seguridad”, concluye la magistrada, que incluye en el auto de apertura de juicio oral -recurrible tanto ante ella misma (reforma) o ante la Audiencia Provincial (apelación)- una reconstrucción de la carga con pelotas de goma de casi tres minutos que se llevó la vida de un joven.

La juez recuerda que el partido Athletic-Schalke 04 era de “alto riesgo”, más si cabe después de una temporada de Europa League en la que los ultras locales habían provocado incidentes, como en el choque contra el Lokomotiv. Por ello, la Ertzaintza diseñó un amplio dispositivo especial que se tradujo, en aquellas horas posteriores al evento, en ocho 'francias' (furgonetas en el argot interno) de Brigada Móvil (antidisturbios) y otras ocho de Seguridad Ciudadana.

Es a las 23.25 cuando el 112 empieza a registrar avisos de peleas e incidentes en la plaza de María Díaz de Haro, donde entre otros locales se halla una 'herriko taberna' o sede social de la izquierda abertzale. Ésta es una de las claves del caso, porque la histórica letrada de presos de ETA y parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia ha sido la abogada de la familia Cabacas desde el minuto uno. Su formación ha asegurado que había un componente político en los hechos e incluso ha reclamado la consideración de Cabacas como una víctima más del “conflicto vasco” en pie de igualdad con las de ETA o los GAL.

A las 23.27 los avisos a Emergencias hablan ya de “batalla campal” y, desde la comisaría de Deusto, el jefe de operaciones o 'ugarteko' en argot interno abre ya una actuación. Llegan primero las 'francias' 1 y 6, acompañadas por el coche-patrulla 32, ocupado por un mando. Intervienen y detienen a una persona. Es a las 23.35 cuando llegan las furgonetas 12, 13 y 14. Cada una está formada por un mando, un conductor y tres binomios (pelotero y escudo), ocho uniformados en total. Al frente de la 12 se halla el oficial 3389, quien se comunica por radio interna en todo momento con Deusto y quien coordina a las 13 y 14, ya que están capitaneadas por un suboficial cada una (agentes 1283 y 5351, que también irán a juicio). Es el “responsable” sobre el terreno, según la juez.

“Disponían de escudos” para intervenir sin armas

A las 23.37, las unidades 13 y 14 ya están cargando por los altercados, mientras la 12 y su oficial continúan dentro del vehículo blindado esperando acontecimientos y pidiendo refuerzos. Por radio, desde comisaría le piden que actúe en apoyo a sus compañeros. La carga dura casi tres minutos, desde las 23.37.07 hasta las 23.39.54. A las 23.40.31 ya se recibió el aviso de que había un herido en el suelo, sangrando. Era Cabacas. Instantes antes, a las 23.40.26, 'ugarteko' volvió a dirigirse a 3389 para que “entrara con todo” a la zona de la 'herriko taberna'. Para la izquierda abertzale era la prueba definitiva del componente político de los hechos y la causa de la muerte de Cabacas. El equivalente para la Ertzaintza del “hemos contribuido a la mayor paliza de la historia” que la Policía Armada dijo por radio en Vitoria tras asesinar a cinco obreros el 3 de marzo de 1976. Pero la investigación no prueba la causa-efecto de esa orden, ya que la víctima ya se había producido.

En todo caso, ello no le resta gravedad a los hechos. Sostiene la juez que 3389 actuó inicialmente “con total inacción” y después “permitió que los agentes disparasen pelotas a pesar de no cumplirse las condiciones”. 1283 también ordenó cargar y 5351 autorizó también el empleo de bolas de caucho. “Los tres referidos mandos ordenaron directamente disparar o bien, siendo el mando superior, que los agentes bajo su mando efectuasen disparos con pelotas en condiciones que infringían los más elementales principios profesionales básicos de actuación”, según la juez Torres, que recuerda que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (y las directrices internas de la Ertzaintza) pide “proporcionalidad” y que sólo se empleen las armas cuando haya un riesgo “racionalmente grave”.

Argumenta la magistrada que es un hecho que hubo incidentes, aunque no esté claro si la lluvia de objetos que cayó sobre la dotación de la Ertzaintza fue antes o después de la cargar. Pero añade: “Sólo existe el lanzamiento desde la plaza de algunos objetos sueltos y los agentes disponían en su dotación de escudos protectores”. En resumen, las pelotas de goma era innecesarias.

Las escopetas, armas incontrolables

Recuerda la juez, apoyada en el informe de la Policía Nacional, que las escopetas lanzapelotas no son armas precisas: “por encima de 20 metros el vuelo es errático”. Y, sobre todo, recuerda que las furgonetas taponaron el acceso a la plaza (había también coches aparcados a modo de barrera y un autobús de línea detenido por los incidentes), por lo que la plazoleta era una verdadera ratonera. “Por la configuración del lugar” la carga con pelotas de goma era “mortal de necesidad”. “Era absolutamente previsible que el lugar pudiera convertirse ante una situación de pánico como la que deben producir disparos con pelotas de goma en un lugar de atrapamiento”, recuerda la juez, que cita que sólo había una vía de escape, un callejón estrecho al fondo que comunicaba con Licenciado Poza.

A partir de ahí, el auto lanza otros dardos a la Ertzaintza, aunque éstos sin acusación formal. La juez subraya el total descontrol del armamento en la comisaría de Bilbao, donde “no se hizo ninguna revisión de los materiales”. No es posible conocer, por ejemplo, cuántas bolas se usaron o cuántas escopetas se emplearon con carga y no sólo para salvas. El intendente al frente de ese centro policial de Deusto era el agente 1026, Jorge Aldekoa. De él afirma la juez que era “responsable de la planificación del evento” y que coordinó las actuaciones de seguridad en San Mamés. En 2013 Aldekoa fue promocionado por la actual consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, a jefe de la Ertzaintza, el cargo más alto.

La jueza del caso Cabacas, Ana Torres, ha decidido prorrogar otros seis meses la instrucción para intentar aclarar la muerte por un pelotazo lanzado por un ertzaina del hincha del Athletic Íñigo Cabacas, Pitu.

Pese a que el pasado 5 de diciembre vencieron los seis meses de la prórroga anterior, los recursos planteados por Jone Goirizelaia, la abogada de la acusación particular en nombre de la familia del joven muerto por un pelotazo, siguen sin resolverse en la Audiencia de Bizkaia.

Además, en otro auto se insta a la Audiencia de Bizkaia a que designe a un instructor del incidente de recusación planteado en noviembre por la defensa de la familia contra el presidente de la sala que tiene que resolver los citados recursos, Ángel Gil, según han confirmado fuentes jurídicas. La letrada considera que este magistrado ha mostrado públicamente prejuicios sobre la causa.

Alea jacta est. O es al menos lo que piensan algunos de los letrados que representan a varios de los agentes y mandos policiales de la Ertzaintza imputados por homicidio imprudente en el caso Cabacas, la investigación judicial por la muerte del hincha del Athletic Íñigo Cabacas, 'Pitu'. Esta impresión es compartida por la plataforma Íñigo Gogoan y los amigos del joven que fue alcanzado por una pelota de goma disparada por un ertzaina en abril de 2012.

¿Y qué les lleva a pensar que este caso puede estar próximo a la conclusión definitiva? Hay un dato clave que se conoció poco después de que el pasado 5 de junio la magistrada encargada del caso, la instructora Ana Torres, decidiera ampliar 'in extremis' y sin posiblidad de más prórrogas la investigación otros seis meses: durante este periodo no se ha ordenado ninguna diligencia tendente a esclarecer los hechos. Es decir, no se ha investigado. De hecho, la decisión de ampliar la instrucción seis meses se hizo con carácter preventivo, dado que había varios recursos pendientes de resolución en la Audiencia Provincial de Bizkaia sobre diligencias solicitadas por la letrada de la acusación y rechazadas por la instructora. Y como vencía el plazo tope de instrucción, tras la última reforma del PP de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las causas no se eternicen en los juzgados, fue claramente una ampliación meramente preventiva. Prevenir un acuerdo de la Audiencia Provincial de Bizkaia que revocara las denegaciones de las pruebas solicitadas por la acusación particular.

Hasta el momento, en este caso hay seis ertzainas imputados: tres agentes que llevaban escopetas aquella noche y que reconocieron haber disparado, dos suboficiales y el oficial que coordinó sobre el terreno el despliegue en el callejón de la calle de María Díaz de Haro, donde se produjeron los hechos, junto a la Herriko Taberna. Pero todo el mundo sabe que hubo más agentes que dispararon aquella fatídica noche, incluida la jueza. La jueza Torres reconoció en un auto posterior a la ampliación de la instrucción que hubo agentes que pudieron “faltar a la verdad” cuando declararon internamente no haber empleado las escopetas lanzapelotas que portaban durante la carga policial. Pero en este campo todo el mundo, fiscalía, jueza, acusación etc han tirado la toalla: todo el mundo piensa que ya va a ser prácticamente imposible conocer quién disparó la pelota de goma que alcanzó a Íñigo Cabacas.

Y da la casualidad de que solo han estado imputados en el procedimiento los que reconocieron durante la investigación judicial haber disparado durante la actuación policial. Es decir, los que dijeron la verdad. Esos 'peloteros', que es como se les conoce en la jerga policial a los que disparan las bolas de goma, han cargado con el muerto, mientras la abogada de la acusación particular en nombre de la familia, Jone Goirizelaia, ha mordido el polvo cada vez que ha intentado subir en el escalafón de la cadena de mando para buscar responsabilidades más altas: desde el Ugarteko -el responsable que desde la comisaría mandó entrar “con todo” al callejón de la Herriko-, hasta el entonces responsable de la comisaría, su 'nagusi' Jorge Aldekoa.

Durante la instrucción son muchas las críticas que han llovido tanto sobre la actuación de la fiscal del caso, que en numerosas tomas de declaración no ha formulado preguntas o han sido testimoniales, o sobre el trabajo de la jueza. Una magistrada, extremadamente “puntillosa”, según reconocen quienes la conocen, pero que se negó a aceptar la oferta planteada con la anuencia de la Fiscalía Superior del País Vasco y del alto tribunal vasco para dedicarse en exclusiva a investigar el caso y dar así un impulso definitivo a la instrucción. Simplemente dijo 'no'.

El caso toca ahora a su fin. El lehendakari, Íñigo Urkullu, es el último destacado responsable público que ha hablado sobre el asunto. En la entrevista de esta misma semana en EITB, el lehendakari admitió que la policía vasca había “cometido errores fatales”, uno de ellos la muerte por un pelotazo de Cabacas. Y reiteró que espera que este caso “se aclare cuanto antes y que haya juicio”.

Íñigo Cabacas tenía 28 años cuando falleció el 9 de abril de 2012 en el hospital tras recibir un pelotazo en la cabeza cinco días antes. Uno de los abogados personados en la causa reflexionaba esta misma semana sobre el peligro de cerrar en falso una causa como esta, dando alas a la sensación de impunidad que, por un lado, se puede trasladar a la opinión pública si finalmente se constata que, tras más de cuatro años de investigación, no se ha podido llegar a nada. Como esos cuerpos arrojados al mar con la intención de hacer desaparecer las huellas de un crimen, pero que la marea se encarga de devolver a la orilla, descorriendo así el manto de silencio que la impunidad siempre logra.

La letrada de la familia del joven Íñigo Cabacas, fallecido en abril de 2012 tras recibir un pelotazo en una carga policial de la Ertzaintza, registró dos quejas contra la juez de Bilbao Ana Torres por, entre otros motivos, los retrasos en la investigación de unos hechos tipificados como “homicidio imprudente” y que no se han aclarado cuatro años y medio después. La primera denuncia, ante el decanato de jueces, quedó archivada y ahora es la Fiscalía la que da también carpetazo a la segunda tras haber realizado diligencias informativas. El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que públicamente había defendido una mayor celeridad en un caso tan sensible, insiste en la importancia de “respetar los plazos procesales”, pero archiva la causa porque no hay base para iniciar ningún tipo de procedimiento.

La polémica surgió con la entrada en vigor de la nueva normativa procesal penal en España en diciembre de 2015. Desde entonces, los procesos judiciales tendrían un plazo máximo de instrucción de seis meses salvo excepciones. Por lo tanto, los asuntos abiertos antes de esa nueva ley decaerían en junio de 2016. La abogada de la familia de Cabacas, la hoy parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, realizó en abril un último intento de impulsar la investigación solicitando nuevas pruebas y declaraciones. Es una opinión compartida, incluso por la juez Torres, que hubo más policías que dispararon la noche de autos más allá de los seis ertzainas que están imputados, lo que hace virtualmente imposible que un juicio pueda fijar con detalle las responsabilidades reclamadas por el entorno de la víctima.

La letrada se quejaba de no fue hasta junio, horas antes del final del plazo, cuando la juez respondió a su solicitud, incluso a pesar de que en mayo la había reiterado. En medio, el propio Calparsoro declaró públicamente que apreciaba “dilaciones indebidas” en este asunto que lleva más de cuatro años en los juzgados de Bilbao sin aparentes avances.

Finalmente, en junio la juez acordó una prórroga de la investigación de seis meses, aunque únicamente para dar cauce al recurso ante la Audiencia de Bizkaia presentado por la familia tras el rechazo de las pruebas e imputaciones presentadas en abril. En paralelo, la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco elevó una queja a la Fiscalía General del Estado por las palabras de Calparsoro, que tuvo que pedir disculpas a la magistrada Torres. Esta protesta llegó con Calparsoro ‘en funciones’ y a la espera de un nuevo Gobierno central que pueda renovar o no la confianza en el jurista guipuzcoano.

Lo que no trascendió antes del verano –lo adelantó eldiarionorte.es en septiembre- es que Goirizelaia había formalizado dos quejas por esta situación. La primera, ante el decanato de jueces de Bilbao, quedó archivada tras no hallar el decano, Aner Uriarte, “apariencia” de responsabilidades disciplinarias una vez escuchada la juez Torres, según manifestó a este periódico. El fiscal Calparsoro, en cambio, sí inició diligencias sobre este asunto y pidió informes a la fiscal del caso, Pilar Jiménez. Esta semana, en cambio, ha dado por concluido este expediente al no hallar base para continuar con la causa, aunque sí insiste en genérico en la necesidad de que la Justicia sea ágil como garantía del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Se da la circunstancia de que la polémica vivida en junio se podría repetir perfectamente en diciembre. Cuando vuelva a acercarse el final del plazo quedará patente que los avances de la investigación en estos meses han sido nulos. En noviembre la Audiencia de Bizkaia resolverá el recurso sobre el escrito de Goirizelaia de abril y ordenará, en su caso, la práctica de las pruebas y declaraciones solicitadas, aunque el plazo para completarlas sea de apenas unas semanas tras varios meses de parón. Si no, el ‘caso Cabacas’ caminará o hacia un juicio con los actuales mimbres y los actuales imputados (que defienden que no son los únicos que dispararon, por lo que hay una duda razonable de su culpabilidad) o hacia un seguro que polémico archivo definitivo.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha confirmado en rueda de prensa esta mañana que la abogada de la familia de Íñigo Cabacas, fallecido en 2012 tras una carga con pelotas de goma de la Ertzaintza, ha presentado una queja formal por los retrasos de la juez encargada de la investigación, la magistrada Ana Torres. Mientras esa misma queja ante el decanato de jueces de Bilbao ha quedado archivada, Calparsoro ha explicado que sí ha iniciado “diligencias informativas” para aclarar su contenido.

Como ha adelantado eldiarionorte.es, la letrada de la familia Cabacas, la hoy parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, presentó en junio un doble escrito de queja contra la juez Torres. Lo hizo porque el plazo legal para dar por concluida la investigación expiraba sin que la magistrada hubiese respondido a las últimas solicitudes de imputaciones de la acusación particular (registradas en abril) y porque el caso quedaba abocado o al archivo o a un juicio contra seis ertzainas aunque hasta la juez asume que más policías que ellos dispararon pelotas de goma en la actuación policial investigada.

El primer escrito de queja (que no es una denuncia o querella) fue desestimado por el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, que no halló “apariencia” de responsabilidades disciplinarias en la actuación de Torres y, por lo tanto, no elevó su caso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno de los jueces. El segundo, remitido a la Fiscalía, sí ha sido admitido a trámite, según ha explicado hoy Calparsoro. Abrió diligencias en junio para analizar si efectivamente ha habido retrasos deliberados en una causa abierta en 2012 y que en 2016 todavía no arroja conclusiones claras.

Se da la circunstancia de que Calparsoro ya criticó públicamente las “dilaciones indebidas” en este procedimiento judicial. Este comentario le valió la reprobación por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que atendió la protesta de la juez afectada. Los jueces vascos elevaron ante la Fiscalía General del Estado una queja formal contra el fiscal superior vasco, que se vio forzado a pedir disculpas por lo sucedido.

La falta de respuestas en la investigación abierta en el juzgado de instrucción número 10 de Bilbao por la muerte en 2012 en una carga policial de la Ertzaintza del joven Íñigo Cabacas, técnicamente un “homicidio imprudente”, ha llevado a la letrada de la familia, Jone Goirizelaia (ahora parlamentaria de EH Bildu), a registrar una doble queja contra la magistrada responsable del caso, Ana Torres.

La abogada, en un escrito al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, habla de “falta de respeto” del juzgado hacia la familia de la víctima al no haber obtenido respuesta a unas solicitudes de imputaciones de ertzainas realizadas cuando el plazo legal para cerrar la investigación estaba a punto de expirar y era más urgente que nunca tomar decisiones. Incluso aprecia un posible delito de revelación de secretos al haber aparecido en prensa el contenido de ese documento judicial al que no se había dado respuesta oficialmente.

La primera de las quejas se tramitó ante el decanato de jueces de Bilbao y ha quedado archivada. En cuanto al segundo escrito, remitido a la Fiscalía, este periódico no ha podido conocer en qué fase se halla el expediente.

La polémica en torno al futuro de la investigación del ‘caso Cabacas’, que lleva más de cuatro años en el juzgado, tiene su origen en la reforma procesal que entró en vigor el 7 de diciembre de 2015. A partir de entonces, se fijaba un límite de seis meses (prorrogable si estaba justificado) para todas las causas penales, lo que implicaba que las abiertas en ese momento decaerían en junio de 2016. Llegado ese momento, y tras varios meses sin movimientos en el juzgado, la investigación de la muerte de Cabacas quedaba abocada al archivo o a un juicio contra seis ertzainas imputados aunque hay pruebas –y así lo reconoció la juez- de que no fueron los únicos que dispararon, sino los únicos que lo admitieron.

Goirizelaia trató de dar un último impulso a esta causa solicitando en abril distintas declaraciones. Y la abogada lamentó que llegado el fin del plazo la juez Torres ni siquiera hubiese contestado sí o no a esa petición. Entretanto, el fiscal superior, Juan Calparsoro, criticó también que tras cuatro años de investigación no hubiese conclusiones claras en torno a este suceso.

Sin avances en el sumario

Finalmente, a última hora se acordó dar seis meses más a la investigación con una fórmula extraordinaria aceptada por el ministerio fiscal. La juez Torres no accedió a los 18 meses de prórroga que pedía Goirizelaia y argumentó que el nuevo plazo más breve sólo se justificaba por la posibilidad de que la Audiencia de Bizkaia diera la razón a la familia y ordenara tramitar las peticiones cursadas en abril y rechazadas por la juez varias semanas después y al borde del 7 de junio, sin tiempo material para ningún movimiento. En ningún momento se aludía a la necesidad de practicar nuevas pruebas y, de hecho, a falta de dos meses para el segundo plazo no ha habido ni un solo avance en el sumario, según fuentes judiciales.

Fue en esas fechas cuando Goirizelaia registró la doble “queja”, que no “denuncia” o “querella” a pesar de que se cita expresamente un posible delito, contra la magistrada titular del juzgado número 10 de Bilbao. La primera llegó al decanato de jueces, competente en la materia. El juez decano, Aner Uriarte, explicó a este periódico que desestimó la petición de investigación solicitada al no ver “apariencia” de ninguna responsabilidad disciplinaria tanto por los retrasos como por la publicación en prensa de ese escrito al que no se había dado trámite. Tras dar audiencia a Torres como fija el reglamento de 1996, Uriarte optó por no elevar el asunto al Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El segundo escrito estaba destinado al fiscal vasco, Juan Calparsoro. La Fiscalía, a preguntas de este periódico, no ha querido concretar el estado en que se encuentra la queja de la letrada Goirizelaia.

Se da la circunstancia de que en aquellos tensos días de junio la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) salió en defensa de su compañera y elevó precisamente una reprobación contra Calparsoro ante la Fiscalía General del Estado por sus “injustificadas críticas” al desarrollo de la investigación del ‘caso Cabacas’. Calparsoro se vio obligado a pedir disculpas públicamente.

La juez Ana Torres, que investiga la muerte en una carga de la Ertzaintza del joven Íñigo Cabacas, reconoce en su último auto que más agentes de los imputados en este procedimiento judicial pudieron disparar pelotas de goma y que no es descabellado pensar que ertzainas que participaron en aquel operativo de abril de 2012 tras un partido europeo del Athletic pudieron “faltar a la verdad” cuando declararon internamente no haber empleado las escopetas lanzapelotas que tenían asignadas. Sin embargo, pese a estas reflexiones y con la instrucción en prórroga después de que se retrasara hasta diciembre ‘in extremis’ el plazo límite para la práctica de diligencias, la magistrada no adopta ninguna decisión y desestima las peticiones de declaraciones solicitadas por la abogada de la familia, Jone Goirizelaia, que ejerce la acusación particular.

En puertas de la fecha tope para cerrar la causa, el pasado 7 de junio, creció la presión sobre la juez Torres por no haber llevado a buen puerto la investigación en torno a la muerte de Cabacas en cuatro años largos. Hasta el momento hay seis imputados, tres agentes que portaron escopetas aquella noche y que reconocieron haber disparado, dos suboficiales y el oficial que coordinó sobre el terreno el despliegue en el callejón de la calle de María Díaz de Haro, donde se produjeron los hechos.

Desde hace años es conocido que no sólo los tres escopeteros imputados, que vestían de rojo, emplearon el arma. De hecho, compañeros fácilmente identificables por ir de azul también lanzaron pelotas de goma. Al menos siete ertzainas más tenían lanzapelotas. Los propios imputados, al ver que llegaba el final de la investigación y no se interrogaba a alguno de sus compañeros, levantaron la voz en ‘El Correo’ y hablaron claramente de que muchos agentes “mintieron” para no tener que responsabilizarse de la muerte de Cabacas. Ante las evidencias de uso de algunas armas, algunos alegaron incluso que se les había disparado por error en la furgoneta.

La letrada de la familia del joven pidió a la juez que volviese a escuchar a estos agentes a la luz de su entrevista en prensa, pero la magistrada lo descarta. Reconoce que “no resulta novedoso el dato de que aquella noche se utilizaran más armas” que las de los imputados y añade que “puede ser cierto que algunas personas hayan faltado a la verdad” sobre su implicación en la carga policial. Pero entiende que los medios de comunicación no pueden marcar la agenda del procedimiento y que interrogar de nuevo a los imputados no significará conocer “la identidad de la persona que efectuó el disparo fatal”. No ahondará en esa línea de trabajo.

Insistencia de la familia

Así las cosas, a cinco meses de que finalice de nuevo el plazo (y ahora sin posibilidad de prórroga), la investigación por la muerte de Cabacas, técnicamente un “homicidio imprudente” penado con cárcel, no avanza. Fuentes judiciales explican que tampoco se esperan movimientos en verano, por lo que la instrucción se encamina de nuevo a un callejón sin salida.

En este escenario, las posibilidades son dos. Por un lado, podría abrirse juicio oral contra los actuales imputados con las dudas que ya ha mostrado la magistrada (es improbable una sentencia condenatoria más allá de toda duda razonable). La otra opción sería que se decretase el archivo de la causa por falta de autor conocido.

La familia continúa reclamando justicia en distintas instancias y esta misma semana ha acudido al Parlamento Europeo para reclamar que el proceso penal llegue hasta el final. Demanda también que la Ertzaintza, como organización, asuma responsabilidades por la negligencia. Ya quedó probado el absoluto descontrol del armamento antidisturbios en la comisaría de Bilbao, pero la juez tampoco ha admitido las imputaciones de mandos policiales reclamadas desde la acusación particular.

La fiscal del 'caso Cabacas' -la muerte hace ahora justo dos años del seguidor del Athletic Íñigo Cabacas a consecuencia de una pelota de goma disparada por un ertzaina- se ha opuesto a la petición de la abogada de la familia, Jone Goirizelaia, de que declaren como imputados el mando de la Ertzaintza denominado en la causa Ugarteko, así como todos los agentes que llevaban escopetas el día de los hechos, el 5 de abril de 2012.

La letrada de la acusación particular en nombre de la familia de Cabacas presentó un recurso de reforma contra el auto de la juez instructora, Ana Torres, dictado el pasado 6 de noviembre, en el que la magistrada desestimaba numerosas diligencias y pruebas solicitadas por Goirizelaia. La fiscal del caso, Pilar Giménez, tras darle la juez traslado del recurso de la acusación, presentó un escrito en el que rechaza las peticiones de la letrada de la familia.

El escrito de tres oficilios, al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, lleva fecha de 22 de noviembre del pasado año. Y desde entonces está pendiente que lo resuelva la magistrada del caso. Es decir que la juez Torres ha dejado pasar ya 137 días (más de cuatro meses) sin dar respuesta al recurso de la acusación particular, algo que ha generado un malestar creciente por el tiempo transcurrido y ha ocasionado sorpresa e incredulidad en medios judiciales de la Audiencia vizcaína. Sin embargo, Goirizelaia ha cargado básicamente contra la fiscalía -a la que reiteradamente ha acusado de “pasividad clara y manifiesta” y nunca contra la juez, a la que ha disculpado en todo momento por la “carga de trabajo”, al tiempo que alababa su dedicación. “La juez está haciendo una investigación concienzuda”, señaló hace varias semanas Gorizelaia, en la misma comparecencia en la que afeaba el trabajo de la fiscal por “no proponer pruebas, no va a las declaraciones y si va, prácticamente no hace preguntas”.

Al conocer el contenido del escrito de la fiscal del 'caso Cabacas' se entiende mejor esa postura de la letrada, al margen de la carga de trabajo que a buen seguro tiene la juez. De hecho, la Fiscalía se opone a todas las imputaciones pedidas por la familia en su estrategia de subir peldaños en el escalafón de responsabilidades en la cadena de mando. Uno de los objetivos de Goirizelaia era lograr la imputación del Ugarteko, uno de los mandos que está en la comisaría de Bilbao supervisando, junto a otros mandos y cargos policiales, el operativo policial cuando ya se habían producido incidentes en el lugar donde cayó mortalmente herido Cabacas y en otras zonas de Bilbao. Según consta en las grabaciones aportadas a la causa, es quien da la siguiente orden: “Le repito las ordenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entren al callejón con todo lo que tenemos, entren en la 'herriko', controlan la situación y los que haya que pueden ser posible agresores se les controla o se les echa, y se toma toda la posición”. La difusión parcial de esas conversaciones las realizó naiz.info al de un año de iniciada la instrucción.

No ordena “utilizar las escopetas”

La fiscal considera que no es posible atribuir a este mando [Ugarteko] la responsabilidad de dar la orden de cargar a los agentes de la Ertzaintza que se encontraban en el lugar de los hechos. “En el momento de la investigación en la que nos encontramos, no nos permite deducir que el citado agente sea el que dio la orden directa de disparar y, que como consencuencia de esa carga, falleciera Íñigo Cabacas”. La fiscal considera “precipitada” la afirmación que en su escrito hace la letrada Goirizelaia de que el Ugarteko “es quien da la orden de manera reiterada de entrar en la plaza, de actuar en el lugar, con frases tales como entrar con todo lo que tenemos, o entrar en el callejón de la 'herriko'”. La abogada de la acusación particular interpreta que la frase del mando Ugarteko de “entren al callejón con todo lo que tenemos” en realidad “quiere decir entrar con las escopetas”, a él le atribuye la letrada “la orden directa” y “si no hubiera dado la orden, la muerte de Íñigo Cabacas no se habría producido”.

Por contra, la fiscal infiere que de las diligencias practicadas hasta esa fecha -finales de noviembre- “no se desprende que el citado agente mandara cargar a los agentes de la Ertzaintza (...) en ninguna de ellas se escucha que dicho agente ordenara directamente utilizar las escopetas, ni tampoco que como consecuencia de sus órdenes falleciera Íñigo Cabacas”. Esta postura tan clara de la Fiscalía echa por tierra el objetivo de Goirizelaia de subir un peldaño el nivel de responsabilidades, salvo que la juez instructora opine lo contrario. Pero la magistrada no se ha pronunciado. Y tras las declaraciones de los cuatro imputados -los tres únicos ertzainas que admitieron haber disparado pelotas de goma aquella noche y el suboficial al cargo de la furgoneta donde estaba destinados aquella noche los que admitieron haber disparado-, la fiscalía no ha pedido ninguna imputación.

Sin “responsabilidad penal”

El otro bloque de imputaciones que la acusación particular quería lograr es el de todos los agentes que “llevaban escopetas el día de los hechos”. De nuevo, la fiscal rechazaba en su escrito tal petición. “Lo mismo hay que señalar en relación a la solicitud de citación en calidad de imputados de todos los agentes que llevaban escopetas el día de los hechos, de las diligencias llevadas a cabo hasta ahora, no se deriva ninguna responsabilidad penal de los mismos, sin perjuicio de que si de las diligencias que se van a llevar a cabo, existieran indicios de responsabilidad penal en algún agente más se le llame a declarar por el juzgado como imputado”. Pero tampoco en ese extremo ha habido novedades tras las declaraciones de los cuatro imputados hace ya varios meses.

Finalmente, la fiscal rechaza otra serie de diligencias solicitadas por la acusación como una relacionada con el control del material antidisturbios que llevaba cada furgoneta y el funcionamiento de las escopetas, al considerar “que ya consta en la causa” que “no se ha llevado ningún registro del correcto o incorrecto funcionamiento de las escopetas, si han sido utilizadas o los cartuchos que se han usado”. El responsable último de que ese material estuviera controlado era el entonces 'nagusi' (jefe) de la comisaría de Bilbao y hoy de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa. La Fiscalía se opone también a la diligencia en la que Goirizelaia pretendía saber “si hubo alguna reunión de coordinación” pues “de lo hasta ahora practicado no se ha constatado la recepción [de] una orden expresa en el uso del material antidisturbios que derivara de dicha reunión”.

Y no se considera pertinente ni la declaración como testigo de un agente en su día entrevistado por el diario Deia -ya que no consta que formara parte del operativo o fuera testigo de los hechos-, ni tampoco la información sobre los daños producidos y el expediente administrativo o los expedientes existentes de las compañías aseguradoras. Sobre este asunto, la fiscal le recuerda a Goirizelaia que ya se ofició en su día a la comisaría de la Ertzaintza para que informara si “se efectuó algún tipo de informe sobre daños sufridos por las furgonetas en la actuacion realizada el día 5 de abril de 2012”, fecha en la cayó herido mortalmente Íñigo Cabacas.

Los tres escopeteros de la Ertzaintza que han admitido haber disparado el día de la carga policial que dejó malherido a Íñigo Cabacas han declarado ante la juez del caso que ellos lanzaron en total ocho pelotas de goma. Ni una más, según fuentes conocedoras de los tres testimonios prestados ante la juez instructora, Ana Torres. Los tres agentes se han ratificado ante la magistrada en lo declarado en su primera declaración, la que les ha llevado a estar imputados en una causa abierta tras el fallecimiento del hincha del Athletic en abril de 2012.

Testigos presenciales que han declarado en la instrucción han señalado que aquella noche se produjeron varias cargas -una de ellas más prolongada- y que se escucharon numerosas detonaciones. La precisión de las declaraciones de los tres ertzainas, efectuadas ante la instructora entre ayer y hoy viernes, sugiere que en realidad fueron más los agentes que usaron sus escopetas. De hecho, uno de los ertzainas que ha declarado este viernes ha precisado que en el lugar de los hechos había más agentes, en concreto dos más vestidos con un mono de color azul que también participaron en el dispositivo policial, según fuentes conocedoras de las declaraciones prestadas a lo largo de toda la mañana de hoy.

Se da la circunstancia de que este testimonio coincide con el realizado por varios testigos que recuerdan que en el lugar de los hechos había ertzainas con trajes azules o de color oscuro, además de los agentes que llevaban anoraks rojos, precisamente los ertzainas que han declarado como imputados hoy y ayer ante la juez.

Contestan a las pregunta de todas las partes

Los tres imputados han respondido a las preguntas efectuadas por todas las partes -incluida la abogada de la acusacion particular en representación de la familia del joven muerto, Jone Goirizelaia-, pese a que tienen derecho a no responder, algo que las personas que testifican en calidad de testigos no pueden hacer. Ese dato y, sobre todo, las coincidencias entre sus declaraciones y las de algunos testigos refuerzan la veracidad del primer testimonio realizado en calidad de testigo por los agentes ahora imputados y que han vuelto a ratificar ahora ante la juez ya como imputados: que ellos dispararon un total de ocho pelotas en aquella carga. Y, además, abre la puerta a la hipótesis de que no todos los agentes que han declarado en la causa han dicho la verdad. Esto es lo que tendrá que discernir la juez.

Y para ello será también clave la declaración del único mando imputado hasta la fecha en esta causa. Este suboficial de la policía vasca, que dio la orden sobre el terreno para cargar, declarará finalmente el próximo 12 de febrero. En principio, tenía que haber declarado hoy pero como se prevé un interrogatorio largo la juez decidido retrasar la diligencia. Al parecer, la letrada de la familia Cabacas ha anunciado su intención de que ese día se proceda a escuchar las grabaciones de las conversaciones entre el mando policial que estaba en la comisaría de Bilbao (denominado ugarteko por los agentes) y algunos de los mandos destacados sobre el terreno. Y eso va a prolongar previsiblemente su declaración.