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Radiografía de una reforma de la RGI en Euskadi que costará 42 millones de euros

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia Mendia, junto con Bingen Zupiria, consejero del Gobierno vasco

Rubén Pereda / Iker Rioja Andueza

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El Gobierno de Iñigo Urkullu, una coalición de PNV y PSE-EE con mayoría absoluta, ha aprobado este martes el proyecto de ley para reformar la renta de garantía de ingresos (RGI) en la confianza de tenerlo aprobado en el Parlamento en Navidad. El plan prevé mejorar todas las cuantías actuales, con subidas de hasta 400 euros en el mejor de los supuestos. La memoria económica prevé que ello suponga un desembolso de 42 millones de euros. En paralelo, el sistema se imbricará definitivamente con el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que supondrá que Euskadi descuente del Cupo unos 180 millones de euros para destinarlos a prestaciones sociales.

¿Cuántas personas perciben la RGI? ¿Cómo se reparte entre hombres y mujeres? ¿Y entre territorios históricos? ¿Cuál es el perfil de los hogares que obtienen la renta? elDiario.es/Euskadi hace una radiografía de los diferentes datos aportados por Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo.

1 - Las cuantías

El modelo vasco, de los más garantistas de España junto con el de Navarra, hunde sus raíces en la década de 1980, pero es un derecho gracias a una ley de 2008, al final de la etapa de Juan José Ibarretxe y con un consenso amplio a pesar de ser una legislatura de fractura por los planes soberanistas. Sin embargo, el modelo de entonces y el de ahora son radicalmente diferentes. Entonces se planteó como referencia para las cuantías una cobertura mínima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 88%. El máximo era el 135% del SMI. Durante los mandatos de Mariano Rajoy, las únicas actualizaciones venían de las pequeñas mejoras derivadas del SMI. Pero cuando el Gobierno de España, con Pedro Sánchez, empezó a mejorar el SMI de modo claro, se optó por desindexar la RGI. Así, la otra cara de la moneda es que la nueva RGI mejora a la actual pero no a lo prometido hace catorce años.

En cifras: el SMI actual en España es de 1.166,66 euros (1.000 euros en 14 pagas), por lo que la prestación básica sería de 1.026,66 euros, casi 300 euros por encima de la propuesta. El 135% (aplicable a familias de tres o más miembros con un pensionista como titular de la RGI) llegaría a 1.574,99 euros, unos 150 por encima del nuevo sistema.

Para la revisión de las cuantías, hay dos vías. Una es la individual. Cada tres meses, se hará un barrido para analizar la situación de cada perceptor y ver si se encuentra en el mismo supuesto o si se le ha de aplicar otro. En cuanto a la revisión colectiva, como cifra base se toman los 491,63 euros del Ingreso Mínimo Vital en 2022 y se plantea una revisión anual en los presupuestos de cada ejercicio, por lo que, de no entrar en vigor la ley antes de 2023, las cuantías podrían variar. ¿Cómo se hará esa revisión año a año? “Atendiendo al índice general de precios al consumo en Euskadi [el IPC]” para no hacer perder poder adquisitivo a los perceptores y “sin que la cantidad resultante pueda ser inferior a la renta garantizada mensual que corresponda a una persona beneficiaria individual del ingreso mínimo vital”, según ha detallado este martes la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia Mendia. Sin embargo, ese “atendiendo” no supone ninguna atadura legal concreta para el Gobierno de turno.

2 - Menos expedientes cada año

El número de expedientes ha ido decreciendo de manera sostenida a lo largo de los últimos años tras el pico que trajo la crisis económica que coincidió con el nacimiento del sistema y las convulsiones por la creación de Lanbide, que incluyeron cerraduras retiradas en las oficinas de Vitoria por la alta de demanda. En abril de 2022, cuando Lanbide publicó sus últimos datos, había un total de 51.149 titulares de RGI, aunque también se benefician todos sus convivientes. En la última década, sin embargo, se ha llegado a superar con holgura la barrera de los 60.000: si en 2015 eran 66.072 los expedientes, en 2017 fueron 63.146, y ya desde entonces no se ha vuelto a llegar a los 60.000, y cada vez se está más cerca de los 50.000. El Gobierno diagnostica que los ERTE de la pandemia han evitado que miles de personas hayan tenido que recurrir a esta prestación.

3 - El reparto territorial

Por territorios, el reparto se ha mantenido estable en los últimos años: de cada cien expedientes, 59 se tramitan en Bizkaia; 24, en Gipuzkoa, y 17, en Álava. En relación a la proporción que cada territorio histórico representa del total de la población de Euskadi, Bizkaia y Álava se llevan unos puntos porcentuales más de los que les 'corresponderían' sobre el papel, mientras que Gipuzkoa pierde: representa casi un tercio de la población, pero aglutina apenas uno de cada cuatro expedientes.

En el siguiente mapa se muestra también el reparto por municipios:

4 -Más mujeres, sobre todo mayores

La pobreza ha tenido rostro femenino tradicionalmente. También se ha apreciado en el perfil de beneficiarios de la RGI. Si bien la nueva ley mantiene el requisito de los tres años de empadronamiento en Euskadi y un mínimo de 23 de edad como norma general para solicitar la renta básica, introduce nuevas excepciones. Así, por ejemplo, podrán acceder a las ayudas tan solo con estar empadronadas las víctimas de violencia de género y también aquellas mujeres que hayan sido víctimas de redes de trata. Más allá de esos casos, también se prevén estas excepciones para refugiados, víctimas del terrorismo y vascos emigrados. Para cobrarla con menos edad, incluso por debajo de los 18 años, hay que acreditar estar emancipado.

5 - La PCV, en extinción

Hay, además, 24.353 casos en los que a la RGI se le suma un complemento de 275 euros para el alquiler de viviendas. Este complemento de vivienda (conocido como PCV) se abona junto con la RGI en aquellos casos de personas sin recursos o con rentas o pensiones bajas. Aunque está llamada a desaparecer porque ya existe también una fórmula alternativa prevista en la Ley de Vivienda, la sigue cobrando alrededor de la mitad de los perceptores de la RGI.

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