Lanbide identifica 230 casos de fraude en 2022, un porcentaje “ínfimo”

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha afirmado que el fraude en la renta de garantía de ingresos (RGI) en Euskadi es “ínfimo”, ya que se han detectado 230 casos de 50.000 perceptores en 2022. Mendia se ha referido, de esta forma, al operativo de la Policía Nacional en el que se detuvo a un total de 23 personas de una trama de falsificación de documentos para cobrar la prestación complementaria de vivienda (PCV) y la renta de garantía de ingresos (RGI). El ideólogo creó 62 identidades falsas con las que consiguió desfalcar más de un millón de euros.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, la consejera de Trabajo y Empleo ha recordado, ante este tipo de noticias, aspectos positivos como la existencia de más trabajadores y cotizantes a la Seguridad social “que nunca en la historia de Euskadi”, y ha destacado que el salario mínimo interprofesional (SMI) también es el más elevado, al aumentarse en casi un 40% “en poquísimo tiempo”. También ha puesto en valor la reforma laboral que ha permitido realizar contratos fijos. En este sentido, ha subrayado que, de 50.000 perceptores de la RGI en 2022, “no llegan a 230 los casos de fraude”, y el pago se ha suspendido porque los que lo percibían están bajo investigación. A su juicio, esto es “un éxito” porque el porcentaje de fraude “es ínfimo”.

Unidad de inspectores

“Lo que lo que tenemos que hacer, y es otra de las cuestiones que la nueva ley aborda, es una unidad de inspectores, que se dedicará a hacer la inspección de los expedientes de la renta de garantía de ingresos, pero también acompañará a las personas porque, en muchas ocasiones, las personas que cobran la RGI o el IMV, no cumplen con la norma por desconocimiento”, ha indicado.

La consejera cree que, por tanto, es importante que los inpectores tengan “ese doble perfil”, e inspeccionen los expedientes “para tratar de aflorar, si hubiera, casos de fraude, pero, al mismo tiempo, que acompañe a las personas que, a veces por ignorancia, no cumplen la norma”. Tras felicitar a los cuerpos policiales por “combatir a las mafias” que “desenmascaran tramas” de este tipo, ha lamentado que haya personas que “confunden el engaño en las ayudas con su cobro indebido”.

“Falta de controles”

EH Bildu, por boca de su parlamentario Mikel Otero, ha defendido que se “magnifican” casos como este. “Es verdad, ha sucedido, es un hecho. Si hay alguien que quiere hacer de la excepción ley, lo puede utilizar para una campaña propia con un objetivo político que en el fondo puede ser muy perjudicial para toda la sociedad en términos de xenofobia y racismo. Nos preocupa en ese sentido”, ha señalado.

El PP vasco, por su parte, ha afirmado en los últimos días que la “falta de controles” del Gobierno vasco posibilitan “abusos” como el fraude detectado en el sistema de ayudas sociales en Euskadi y, por ello, ha reclamado “controles efectivos para que el sistema no sea un coladero para aquellos que quieren abusar del mismo”. A través de la redes sociales, los populares han difundido un vídeo de la secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, denunciando este nuevo “escándalo” de la RGI, tras conocerse la detención de 23 personas en Bizkaia en una operación de la Policía Nacional contra una trama de falsificación de documentos para cobrar la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la Renta de Garantía de Ingresos, que habría desfalcado más de un millón de euros.

A su juicio, es “una estafa a todos los vascos con el dinero de sus impuestos” y supone “un fraude al sistema de ayudas sociales”. Según los populares, la “falta de controles” del Gobierno de Urkullu “posibilita estos abusos”. “¿Cuánto fraude más se habrá cometido y no conocemos?”, se ha preguntado. En este sentido, el PP vasco ha asegurado que la “ausencia de control” es “un ejemplo más de la mala gestión del Lehendakari Urkullu y de su Gobierno”, y ha añadido que los vascos están “ya más que hartos de que no controlen los abusos que se cometen con el dinero de sus impuestos”.

En un vídeo, la secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, ha indicado que, además de solicitar “las explicaciones pertinentes”, su partido va a pedir “controles efectivos para que el sistema no sea un coladero para aquellos que quieren abusar del mismo”. “Así entendemos en el PP la solidaridad, un sistema de ayudas sociales justo en el que estén los que realmente las necesitan”, ha afirmado Garrido. Por su parte, el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal ha señalado que la gestión del PNV de las ayudas sociales es “vergonzosa”. “Millones de euros defraudados por la falta de controles que el PP lleva diez años denunciando, mientras ellos lo niegan y nos llaman xenófobos. ¿Quién se responsabiliza?”, ha cuestionado. Además, ha asegurado que no olvidan que, por pedir “más control frente a los abusos”, les llamaron “racistas y xenófobos”.

“Solo es la punta del iceberg. Más allá de la estafa de este senegalés, lo relevante es constatar que las administraciones dan todas las facilidades para que los extranjeros accedan a ayudas. Y eso provoca (lo saben, y lo quieren) un letal efecto llamada”, clamó en Twitter Santiago Abascal, secretario general de Vox. “La maravillosa gestión del PNV que pagamos los vascos con nuestros impuestos. ¡Esto solo es la punta del iceberg!”, añadió Amaia Martínez Grisaleña, parlamentaria de Vox en Euskadi, en redes sociales también.