Los juzgados canarios resuelven más asuntos que la media nacional, pero continúan a la cabeza de la litigiosidad de España

Los juzgados y tribunales de Canarias resolvieron durante 2025 un 16,6% más de asuntos por órgano judicial que la media nacional mientras afrontaron la mayor tasa de litigiosidad del Estado en las cuatro jurisdicciones por séptimo año consecutivo.

Así lo recoge la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) hecha pública este miércoles y que subraya que el elevado rendimiento de los órganos judiciales canarios no responde únicamente al esfuerzo cuantitativo sino también a la calidad de las resoluciones dictadas y a la consolidación de modelos de especialización que sitúan a las islas entre los referentes nacionales en distintos ámbitos jurisdiccionales.

Concretamente, los 222 órganos judiciales existentes en el archipiélago dictaron una media de 496,98 sentencias por órgano, un 13,9% más que la media nacional y también emitieron de media 1.109,61 autos por órgano, un 24,4% más que la media del conjunto del Estado, así como 419,88 decretos, un 11,5% más.

En cuanto a la litigiosidad, se registraron 202,06 asuntos por cada 1.000 habitantes, el índice más elevado de todas las comunidades autónomas como consecuencia de que las islas encabezan las jurisdicciones penal, civil, contencioso-administrativa y social.

En la jurisdicción penal, Canarias alcanzó una tasa de 89,39 asuntos por cada 1.000 habitantes, más de 17 puntos por encima de la media nacional y en la Civil registró 90,69 asuntos, casi 24 puntos por encima del conjunto del Estado.

También encabezó la litigiosidad en el ámbito contencioso-administrativo, con 7,22 asuntos por cada 1.000 habitantes, y en la jurisdicción social, con 14,76 asuntos por cada 1.000 habitantes, muy por encima de la media nacional.

La memoria dedica un apartado específico a la actividad desarrollada por el órgano especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, cuya actividad volvió a crecer de forma significativa.

Durante 2025, la Plaza Número 3 de la Sección de Instrucción de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria registró 1.020 asuntos, un 21,5% más que el año anterior.

La mayor parte de los procedimientos correspondieron a violencia en el ámbito familiar (452 asuntos) y delitos contra la libertad sexual (402), seguidos de lesiones, abandono de menores, amenazas, acoso escolar, delitos contra la intimidad y trata de menores con fines de explotación sexual.

La edad media de las víctimas fue de 12 años, concentrándose especialmente entre los 10 y los 16 años.

Ligero descenso en denuncias por violencia de género

La violencia sobre la mujer también mantiene una elevada incidencia en Canarias pese al ligero descenso de un 0,5% en el número de denuncias presentadas, con un total de 11.451, mientras que en el conjunto de España aumentaron un 2,6%.

El número de mujeres víctimas también descendió, pasando de 10.787 a 10.326, aunque el año volvió a estar marcado por cinco presuntos homicidios de violencia machista --tres en Gran Canaria, uno en Tenerife y uno en La Gomera, este último en grado de tentativa--.

Pese a esa evolución, el archipiélago registró la cuarta tasa más elevada de víctimas de violencia de género de España, con 90,3 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres, solo por detrás de Baleares, Navarra y la Comunidad Valenciana.

Durante el ejercicio se contabilizaron 3.082 sentencias condenatorias y 151 absolutorias, mientras que 1.354 víctimas se acogieron a la dispensa legal de declarar contra su presunto agresor, un 12,2% menos que el año anterior.

En los juzgados especializados en violencia sobre la mujer se dictaron 2.855 sentencias condenatorias y 144 absolutorias, de forma que el 95,2% de las sentencias pronunciadas fueron condenatorias.

Además, los órganos judiciales acordaron 3.910 sobreseimientos provisionales y 537 sobreseimientos libres, cifras que reflejan el elevado volumen de procedimientos tramitados en esta jurisdicción especializada.

En cuanto a las Audiencias Provinciales de Canarias en Violencia sobre la Mujer, competentes para el enjuiciamiento de los delitos más graves, durante 2025 resolvieron 29 procedimientos por violencia sobre la mujer y aproximadamente dos de cada tres concluyeron con sentencia condenatoria.

La memoria también advierte de que la presión sobre la jurisdicción contencioso-administrativa continúa siendo extraordinaria como consecuencia del elevado número de recursos interpuestos en materia de extranjería pese a que las llegadas de migrantes irregulares descendieron un 62% el año pasado hasta situarse en 17.788 personas.

Más de 10.000 recursos de apelación en extranjería, pendientes

De hecho, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC, con sede en Santa Cruz de Tenerife, especializada en extranjería, acumulaba ya más de 10.000 recursos de apelación, de los cuales el 97% estaban relacionados con órdenes de devolución de personas migrantes llegadas por vía marítima.

Su módulo de entrada de asuntos --el baremo del CGPJ para evaluar la carga de trabajo de un órgano judicial-- durante el año pasado se elevó a 509,3%, cuando la carga que se considera normal es del 100%, y más allá del 130% se recomienda estudiar la creación de nuevos órganos.

La media nacional del módulo fue de 85,2%, 424 puntos por debajo de la de esta Sala del TSJC.

Así, al ritmo actual de resolución, advierte la memoria, serían necesarios cerca de nueve años para eliminar esa bolsa de asuntos pendientes si no siguieran entrando nuevos recursos.

En esa línea, el documento pone de relieve las especiales dificultades que continúa afrontando el partido judicial de Valverde (El Hierro), donde la llegada masiva de embarcaciones ha obligado a reclamar mejoras urgentes en medios policiales, forenses y de infraestructuras judiciales.

El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, a modo de balance de ejercicio, ha resaltado los “compromisos ejecutados” como el funcionamiento regular y en pleno de la Sala de Gobierno, el fortalecimiento de la transparencia, la gestión eficiente de los asuntos de personal, la reactivación de la Comisión Mixta con el Gobierno de Canarias, la presentación anual de la Memoria ante el Parlamento y los medios de comunicación, el impulso de la formación descentralizada, la implantación del expediente judicial electrónico y la atención constante a las necesidades de planta judicial y medidas de refuerzo.

El mandato ha coincidido, además, con retos extraordinarios, entre ellos la transformación de los 220 juzgados unipersonales de Canarias en 19 tribunales de instancia o la gestión judicial de la crisis volcánica de La Palma y de la crisis migratoria.