Ya camina en los juzgados la demanda de Ángel Víctor Torres contra Aldama
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, interpuso el pasado mes de marzo una nueva demanda civil, ante los Juzgados de Arucas (Gran Canaria), contra el comisionista Víctor de Aldama por intromisión al honor, la intimidad y la imagen, al que le reclama 60.000 euros por los daños causados a su reputación y a la de su familia.
Según ha podido saber este periódico, el Ministerio Fiscal considera que hay elementos probatorios iniciales al mostrar su conformidad con los documentos “auténticos y fehacientes” aportados, acreditativos de la legitimación, competencia, así como del principio de prueba de los hechos en los que se funda.
La acción judicial se fundamenta en la difusión de acusaciones y manifestaciones que Aldama hizo de Torres al asegurar sin pruebas que había recibido supuestas mordidas, comisiones o visitas a pisos con mujeres prostituidas.
Unas difamaciones que Torres considera “lesivas para su reputación personal y trayectoria pública, y para su familia”.
Cabe recordar que Aldama estuvo meses lanzando acusaciones contra Torres, pero en la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) no se halló ningún indicio de delito, criminalidad o rastro alguno de las supuestas mordidas, comisiones o visitas a pisos con mujeres prostituidas que, según el comisionista, salpicaban al expresidente canario.
Según el escrito presentado, esas actuaciones se enmarcan en una “campaña de descrédito” que ha tenido repercusión en medios de comunicación y redes sociales.
La demanda se acompañó de abundante “documentación probatoria”, incluyendo “certificaciones” oficiales, “publicaciones de prensa” y un amplio “informe pericial” sobre el impacto de las difamaciones en el entorno digital.
En este contexto, el comisionista ha divulgado de manera “reiterada, masiva, coordinada y continuada” en múltiples medios de comunicación, acusaciones falsas, con plena conciencia de su falsedad, y gravemente lesivas para el honor, la dignidad y la reputación de Ángel Víctor Torres, imputándole delitos que nunca se han llegado a probar o conductas indecentes de extrema gravedad, sin aportar prueba alguna, de forma reiterada en el tiempo.
El informe pericial acredita que las manifestaciones del demandado, sostenidas durante 16 meses, “han generado una difusión masiva y de alcance nacional e internacional, con un impacto reputacional de singular gravedad, muy superior al habitual en controversias de carácter político o judicial, lo que refuerza de manera objetiva la intensidad del daño moral sufrido por el actor”, subraya el documento.
El procedimiento se tramitará ahora por los cauces del juicio ordinario y tiene por objeto el restablecimiento del derecho al honor del ministro Torres, así como la correspondiente reparación por los daños causados.
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