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La juez sienta en el banquillo a tres mandos de la Ertzaintza por usar pelotas de goma en una ratonera “mortal”

Manifestación para reclamar el esclarecimiento de los hechos.

Iker Rioja Andueza

Este miércoles 5 de abril se cumple un lustro del fatídico Jueves Santo de 2012 en el que, tras un partido europeo del Athletic en el viejo San Mamés, una carga policial de la Ertzaintza con pelotas de goma acabó con la vida del joven aficionado Íñigo Cabacas, que entonces estaba a punto de cumplir 29 años y se hallaba con sus amigos en el exterior de uno los bares de una pequeña plazoleta de un lateral de la calle de María Díaz de Haro de Bilbao. La familia de Cabacas, sus padres Manuel y Fina, que llevan cinco años reclamando justicia, encaran el aniversario con la noticia de la que la juez Ana Torres, al frente del polémico caso desde el principio, ha ordenado abrir juicio por “homicidio por imprudencia profesional” contra un oficial y dos suboficiales que ordenaron cargar entre las 23.37 y las 23.40 de esa noche, el momento en el que Cabacas recibió a toda velocidad en la cabeza el impacto de un esférico de 54 milímetros: una bola de caucho que lo mataría unos días después.

La magistrada es clara: “A pesar de los esfuerzos desplegados durante la extensa instrucción de la causa, ha sido imposible determinar la autoría de tal disparo”. Por un lado, sólo tres agentes confesaron en la primera investigación de Asuntos Internos que habían disparado la escopeta lanzapelotas que tenían asignada, cuando era una evidencia que fueron muchos más (ellos iban de rojo y hay testigos que vieron agentes de azul con armas). Por otro lado, los vídeos e informes periciales -fue la Policía Nacional la que evaluó a la Ertzaintza para evitar suspicacias- hablan de que el disparo letal pudo llegar de “cualquier distancia” entre los 1,25 y los 39 metros, un sector en el que había más de 25 ertzainas desplegados.

Con estos mimbres, reconocidos juristas daban por sentado un polémico archivo del 'caso Cabacas' bajo la premisa de que sin autor conocido no puede haber delito, aunque sí víctima y una posible responsabilidad económica por parte de la Administración, que se sustanciaría en otro procedimiento. Pero la juez Torres, con una amplia argumentación jurídica, ha archivado efectivamente la acusación contra los tres ertzainas que admitieron que usaron la escopeta -uno de ellos ni siquiera en esa carga policial, sino en un momento posterior- y no los llevará al banquillo. Pero ha procesado a los tres mandos intermedios que ordenaron y dirigiendo la carga policial desde el terreno. Culpa 'in vigilando'. Fuentes de la Ertzaintza cuestionan si la misma duda razonable que opera sobre los agentes no debería aplicarse al oficial y a los dos suboficiales ahora acusados, aunque la juez Torres lo tiene claro.

Sin “proporcionalidad”

“Los referidos disparos se efectuaron con infracción de los principios básicos de proporcionalidad, prudencia, necesidad y seguridad”, concluye la magistrada, que incluye en el auto de apertura de juicio oral -recurrible tanto ante ella misma (reforma) o ante la Audiencia Provincial (apelación)- una reconstrucción de la carga con pelotas de goma de casi tres minutos que se llevó la vida de un joven.

La juez recuerda que el partido Athletic-Schalke 04 era de “alto riesgo”, más si cabe después de una temporada de Europa League en la que los ultras locales habían provocado incidentes, como en el choque contra el Lokomotiv. Por ello, la Ertzaintza diseñó un amplio dispositivo especial que se tradujo, en aquellas horas posteriores al evento, en ocho 'francias' (furgonetas en el argot interno) de Brigada Móvil (antidisturbios) y otras ocho de Seguridad Ciudadana.

Es a las 23.25 cuando el 112 empieza a registrar avisos de peleas e incidentes en la plaza de María Díaz de Haro, donde entre otros locales se halla una 'herriko taberna' o sede social de la izquierda abertzale. Ésta es una de las claves del caso, porque la histórica letrada de presos de ETA y parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia ha sido la abogada de la familia Cabacas desde el minuto uno. Su formación ha asegurado que había un componente político en los hechos e incluso ha reclamado la consideración de Cabacas como una víctima más del “conflicto vasco” en pie de igualdad con las de ETA o los GAL.

A las 23.27 los avisos a Emergencias hablan ya de “batalla campal” y, desde la comisaría de Deusto, el jefe de operaciones o 'ugarteko' en argot interno abre ya una actuación. Llegan primero las 'francias' 1 y 6, acompañadas por el coche-patrulla 32, ocupado por un mando. Intervienen y detienen a una persona. Es a las 23.35 cuando llegan las furgonetas 12, 13 y 14. Cada una está formada por un mando, un conductor y tres binomios (pelotero y escudo), ocho uniformados en total. Al frente de la 12 se halla el oficial 3389, quien se comunica por radio interna en todo momento con Deusto y quien coordina a las 13 y 14, ya que están capitaneadas por un suboficial cada una (agentes 1283 y 5351, que también irán a juicio). Es el “responsable” sobre el terreno, según la juez.

“Disponían de escudos” para intervenir sin armas

A las 23.37, las unidades 13 y 14 ya están cargando por los altercados, mientras la 12 y su oficial continúan dentro del vehículo blindado esperando acontecimientos y pidiendo refuerzos. Por radio, desde comisaría le piden que actúe en apoyo a sus compañeros. La carga dura casi tres minutos, desde las 23.37.07 hasta las 23.39.54. A las 23.40.31 ya se recibió el aviso de que había un herido en el suelo, sangrando. Era Cabacas. Instantes antes, a las 23.40.26, 'ugarteko' volvió a dirigirse a 3389 para que “entrara con todo” a la zona de la 'herriko taberna'. Para la izquierda abertzale era la prueba definitiva del componente político de los hechos y la causa de la muerte de Cabacas. El equivalente para la Ertzaintza del “hemos contribuido a la mayor paliza de la historia” que la Policía Armada dijo por radio en Vitoria tras asesinar a cinco obreros el 3 de marzo de 1976. Pero la investigación no prueba la causa-efecto de esa orden, ya que la víctima ya se había producido.

En todo caso, ello no le resta gravedad a los hechos. Sostiene la juez que 3389 actuó inicialmente “con total inacción” y después “permitió que los agentes disparasen pelotas a pesar de no cumplirse las condiciones”. 1283 también ordenó cargar y 5351 autorizó también el empleo de bolas de caucho. “Los tres referidos mandos ordenaron directamente disparar o bien, siendo el mando superior, que los agentes bajo su mando efectuasen disparos con pelotas en condiciones que infringían los más elementales principios profesionales básicos de actuación”, según la juez Torres, que recuerda que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (y las directrices internas de la Ertzaintza) pide “proporcionalidad” y que sólo se empleen las armas cuando haya un riesgo “racionalmente grave”.

Argumenta la magistrada que es un hecho que hubo incidentes, aunque no esté claro si la lluvia de objetos que cayó sobre la dotación de la Ertzaintza fue antes o después de la cargar. Pero añade: “Sólo existe el lanzamiento desde la plaza de algunos objetos sueltos y los agentes disponían en su dotación de escudos protectores”. En resumen, las pelotas de goma era innecesarias.

Las escopetas, armas incontrolables

Recuerda la juez, apoyada en el informe de la Policía Nacional, que las escopetas lanzapelotas no son armas precisas: “por encima de 20 metros el vuelo es errático”. Y, sobre todo, recuerda que las furgonetas taponaron el acceso a la plaza (había también coches aparcados a modo de barrera y un autobús de línea detenido por los incidentes), por lo que la plazoleta era una verdadera ratonera. “Por la configuración del lugar” la carga con pelotas de goma era “mortal de necesidad”. “Era absolutamente previsible que el lugar pudiera convertirse ante una situación de pánico como la que deben producir disparos con pelotas de goma en un lugar de atrapamiento”, recuerda la juez, que cita que sólo había una vía de escape, un callejón estrecho al fondo que comunicaba con Licenciado Poza.

A partir de ahí, el auto lanza otros dardos a la Ertzaintza, aunque éstos sin acusación formal. La juez subraya el total descontrol del armamento en la comisaría de Bilbao, donde “no se hizo ninguna revisión de los materiales”. No es posible conocer, por ejemplo, cuántas bolas se usaron o cuántas escopetas se emplearon con carga y no sólo para salvas. El intendente al frente de ese centro policial de Deusto era el agente 1026, Jorge Aldekoa. De él afirma la juez que era “responsable de la planificación del evento” y que coordinó las actuaciones de seguridad en San Mamés. En 2013 Aldekoa fue promocionado por la actual consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, a jefe de la Ertzaintza, el cargo más alto.

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