La nueva comisión de transparencia policial analizará la detención en la que dos ertzainas golpearon a los detenidos

La nueva Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, un órgano creado en la Ley de Policía de 2019 y que apenas se ha reunido en una ocasión hasta la fecha, ha convocado ya una nueva sesión de trabajo para el próximo jueves, 24 de febrero. Aunque la cita ya estaba prevista de antemano, en las últimas horas se ha incorporado al orden del día la doble investigación judicial e interna abierta contra dos ertzainas por una actuación en el barrio de San Francisco de Bilbao en la que, según una grabación de una cámara de seguridad, habrían golpeado a dos ciudadanos extranjeros detenidos. Será su primera prueba de fuego en su misión de preservar la “legitimidad” y la “confianza” de la ciudadanía en el correcto desempeño de las fuerzas del orden.

Este órgano fue ideado por la anterior consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, en los años posteriores a la muerte de Íñigo Cabacas, que recibió en la cabeza el impacto de una pelota de goma tras una controvertida operación policial en un lugar de pequeñas dimensiones y concurrido de gente y tras una actuación interna posterior en la que en ningún momento se analizó el armamento, entre otras deficiencias. Tras esos hechos, que en la vía penal se han saldado con una condena mínima únicamente para el agente de mayor rango sobre el terreno, se adoptaron otras medidas como la exhibición de los números profesionales en un lugar visible de los uniformes, la grabación de algunos operativos o, a nivel policial, la retirada 'de facto' de las pelotas de goma, que no se han vuelto a utilizar desde aquellos día de 2012.

En la legislatura 2012-2016 el Gobierno no sacó adelante la reforma de la Ley de Policía y, con ella, quedó en el cajón la comisión de transparencia policial. Se retomó la iniciativa en la legislatura 2016-2020. Entonces sí, el Ejecutivo de PNV y PSE-EE pactó el texto con el PP. Fue en 2019, pero hasta enero de 2021 no se celebró la reunión constitutiva de este organismo. Su primer presidente fue el magistrado emérito del Tribunal Supremo Joaquín Giménez, aunque en diciembre fue relevado por el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, según aprobó el Consejo de Gobierno en su última sesión antes de Navidad. Los otros vocales son Estefanía Ocáriz, José Antonio Nieto, Ricardo Egiguren, Francisco Javier Hernánez y Miren Ortubay. Por ley, “son personas de reconocido prestigio, solvencia y experiencia en áreas tales como la seguridad pública, el derecho, la sociología, la medicina, la psicología y la ética”. “Una tercera parte deberá ser nombrada entre personas que pertenezcan o hayan pertenecido a escalas y categorías de la Policía del País Vasco, con una antigüedad mínima de quince años en el cuerpo; y otra tercera parte, entre el personal que cuenten con reconocido prestigio académico en las áreas citadas”, explica el Departamento de Seguridad.

Este organismo tiene capacidad para supervisar operaciones tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos de Policía Local e incluso de acceder a dependencias policiales. Sin embargo, no suplanta ni las actuaciones judiciales ordinarias ni la labor de la unidad de Asuntos Internos. Está comisionada para “recomendar buenas prácticas, identificar patrones de conducta o prácticas recurrentes que no resulten acordes con el código deontológico policial”. También emitirá informes globales sobre su análisis de las actuaciones de las fuerzas del orden.

En el caso de la investigación por excesos policiales a dos detenidos en Bilbao, la comisión ha tenido conocimiento de los hechos tras su publicación en 'El Correo' y las posteriores declaraciones por parte del consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y no por cauces internos. De hecho, el orden del día se cambió este mismo miércoles para darle prioridad al asunto. Son hechos que se produjeron en el verano de 2021, cuando dos jóvenes extranjeros fueron detenidos acusados de un delito de atentado contra agentes de la autoridad. Sin embargo, la revisión de las imágenes tomadas por una cámara de seguridad de la zona de la detención llevó al juez que instruía la causa a archivar esa denuncia y a abrir un nuevo procedimiento paralelo contra los ocho agentes implicados en el arresto, aunque solamente se atribuye la presunta paliza a dos de ellos. Son un agente de la promoción número 28, la penúltima en acceder a la Policía vasca, y un agente primera (cabo), según fuentes policiales.

Se les imputa un delito “contra la integridad moral de las personas” y, cautelarmente, han sido retirados de la zona de Bilbao en la que trabajaban, San Francisco. Oficialmente, el Departamento de Seguridad ha respondido apelando a que todas las actuaciones policiales han de responder al principio de proporcionalidad pero también subrayando la presunción de inocencia de los agentes investigados y que no ha podido acceder a las grabaciones que probarían la agresión a pesar de haberlas solicitado al juzgado “hasta en tres ocasiones”.