LAB critica con dureza el fondo Indartuz del Gobierno vasco y que no vete inversiones a la industria armamentística

El sindicato LAB ha criticado con dureza el fondo Indartuz creado por el Gobierno vasco como “vehículo para grandes inversiones transformadoras” y que es complementario del existente Finkatuz, con el que la Administración autónomica adquiere participaciones societarias en empresas estratégicas. Bebe de la filosofía de cada euro público movilizado genera tres de inversión privada. LAB ha emitido un voto particular al dictamen del Consejo Económico y Social (CES), uno de los órganos consultivos que ha revisado el decreto del Ejecutivo y, entre otros puntos, cuestiona que no vete a la industria armamentística.

Según la central, el Gobierno destina dinero público “a garantizar la rentabilidad de los bancos privados” y no el “retorno social”. Señala, por ejemplo, que Kutxabank es ya una entidad privada más y que no tiene el viejo espíritu local de las antiguas cajas que lo crearon, BBK, Vital y Kutxa. LAB cuestiona el modelo de “colaboración público-privada” que tanto repite el PNV porque “los beneficios se los quedará el capital y, en caso de que haya pérdidas” repercutirán negativamente en los recursos públios. “Lo pagaremos entre todos”, ironiza.

Avisa LAB, igualmente, de que “el dinero público no se puede emplear para financiar la destrucción del empleo, ni tampoco la precarización”. No se trata solamente de mejorar la “competitividad” del tejido empresarial sino de que se procure “el bienestar de toda la sociedad” con las inversiones. Por ello, pide retirar la puerta abierta a la “relocalización industrial” o a la “internacionalización”, porque “pueden ocasionar” la pérdida de empleo.

El sindicato cree también que los requisitos para acceder a la financiación de Indartuz “no son suficientes”. Pide, por ejemplo, que se exija que el 80% del personal sea fijo o que las empresas acrediten planes de igualdad, contra la brecha salarial, de no discriminación LGTBI+ o racista, de normalización del euskera o de prevención de riesgos laborales, entre otros. Y si los tiene y no los cumple, tendrá que devolver “la mitad” de lo cobrado más intereses. Y se debería pedir un reintegro del 100% si hay un ERTE, despidos o incremento de la temporalidad.

LAB, finalmente, pide vetar expresamente la “expansión de la industria armamentística”. Cree que se está impulsando “como una oportunidad” -y de hecho el Estado ha amagado con llevar al Tribunal Constitucional una modificación legal colada en los presupuestos de 2026 en este sentido- y recalca que “no se puede negociar ni con el genocidio ni con las guerras”. “Sí a una industria que sea socialmente necesaria y ecológicamente sostenible”, zanja el sindicato en su escrito.