El PCE e IU izarán la bandera republicana en Eibar este domingo en vísperas del nonagésimo aniversario de la proclamación de la II República, hito que se dio, precisamente, en esa localidad de Gipuzkoa. Ambas formaciones aseguran que España padece “una monarquía hereditaria y corrupta, puesta a dedo por un dictador, que perpetúa las desigualdades y carece de legitimidad democrática”.

Ambos partidos conmemorarán el domingo el 95 aniversario de la II República con una marcha que partirá a las 10.00 horas desde Ermua, en Bizkaia, para concluir a las 11.00 horas con un acto político en Eibar, ya en Gipuzkoa. En la plaza de Unzaga abogarán por una III República como “único sistema capaz de profundizar en una democracia real y en la plurinacionalidad”, proclamarán el “no a la guerra”, exigirán la salida de España de la OTAN y apostarán por “un bloque político y social alternativo”.

La coordinadora de IU en Euskadi (Ezker Anitza), Arantza González, y el secretario general del PCE-EPK, Jon Hernández, han presentado en Bilbao estos actos conmemorativos durante una comparecencia en la que han defendido la república como “la única forma de estado capaz de abrir un proceso de profundización democrática, una democracia real, participativa, laica, plurinacional, íntegra y transparente que garantice una vida digna a todas las personas”. Además, han destacado que supone “una salida real a las necesidades de la mayoría social”, informa Europa Press.

“El próximo domingo en Eibar, reivindicaremos la república como el único modelo de Estado capaz de garantizar la igualdad y la justicia social, el único modelo capaz de profundizar en la plurinacionalidad del Estado”, ha insistido González. Asimismo, ha advertido que esto “no será posible con una monarquía hereditaria y corrupta, puesta a dedo por un dictador, que perpetúa las desigualdades y carece de legitimidad democrática”.

“Hoy, al igual que en 1931, nos encontramos en un tiempo complejo y difícil. Ante una escalada belicista, el rearme y el incremento del gasto militar, defendemos uno de los valores fundamentales de aquella república: la renuncia a la guerra como instrumento de la política”, ha manifestado Hernández, que es parlamentario vasco por la coalición Sumar. “Se trata de construir una república que garantice los derechos laborales y sociales, blindando en su constitución el empleo estable y salario digno; vivienda asequible y habitable; medidas estructurales contra la carestía de la vida; y unos servicios públicos fuertes en materia de educación, sanidad, pensiones suficientes, protección social y ambiental y cultura, y una presente y futuro para la juventud”, ha concluido.

El Parlamento Vasco ha dado el antepenúltimo paso para aprobar, a la cuarta, una ley de transparencia. La Cámara, este miércoles, ha cerrado la redacción definitiva del articulado, con la introducción de una treintena de cambios con respecto a la propuesta inicial del Gobierno de Imanol Pradales. Por ejemplo, PNV y PSE-EE han acordado con Sumar que la nueva agencia Gardena no tenga una presidencia de designación política sino que opere de un modo similar a otros órganos de control como el Ararteko, con control parlamentario y mayorías reforzadas. También ha habido un par de ajustes pactados con el PP. EH Bildu, por el contrario, no ha alcanzado ninguna transacción con los partidos del Ejecutivo y, aunque algunas de sus medidas sí estarán, adelanta ya que no apoyará la ley cuando pase a comisión, el penúltimo paso, y a pleno, el momento final de su promulgación.

Euskadi es la única comunidad autónoma sin normativa propia de transparencia, de modo que se opera con la legislación estatal. La actual es la cuarta legislatura en la que se tramita una propuesta. Por diferentes circunstancias, en los tres mandatos de Iñigo Urkullu nunca se cumplió ese compromiso lanzado allá por 2012, pero ahora sí se podrá aprobar. De hecho, la previsión es que el pleno definitivo pueda celebrarse antes del parón vacacional de verano, es decir, en este período de sesiones. El texto pasará ahora a comisión el 22 de abril y seguramente ya en mayo pueda quedar resuelto, indican fuentes parlamentarias.

La sesión legislativa de este miércoles, que sigue a una que ya tuvo lugar este viernes, era decisiva para perfilar el articulado. Se han discutido las enmiendas presentadas por los partidos. Como adelantó este periódico, los propios PNV y PSE-EE habían accedido ya a once cambios, incluido uno de cierta relevancia para forzar a la Administración a hacer público trimestralmente un informe con los contratos menores, los que se adjudican sin concurso por ser de pequeña cuantía. El PP también lo demandaba.

La novedad más relevante de este trámite, en todo caso, es que Sumar ha forzado, con un escaño, a que PNV y PSE-EE accedan a dar más “independencia” a la nueva autoridad vasca de la transparencia, de nombre Gardena. “A pesar de que estamos ante una mala ley, hemos evitado que la autoridad la elija 'a dedo' el Gobierno vasco”, ha señalado el portavoz de la coalición de izquierdas, Jon Hernández. Era “inaceptable” que el Ejecutivo pretendiese “controlar” un órgano de fiscalización externo. La fórmula escogida hará que el titular de ese puesto sea elegido por el Parlamento con una mayoría de tres quintos -ahora mismo los partidos del Gobierno precisarían de un tercer partido- y “tras un proceso público, transparente y basado en criterios de mérito, capacidad e independencia, con comparecencias ante la comisión competente”, según se congratula Sumar. La formación, sin embargo, no ha acudido este miércoles al Parlamento.

También PNV y PSE-EE han destacado de modo “especial” este acuerdo con Sumar. “Se refuerzan así los mecanismos de control democrático”, sostienen. Desde el PNV, Xabier Barandiaran ha puesto en valor la “política útil desde el acuerdo” y que la redacción final tenga aportacones de “todos” los partidos. Según el socialista Pau Blasi, Euskadi tendrá con la ley “una Administración más abierta, inteligente y transparente, que rinda cuentas de su gestión” y abierta a la participación de la ciudadanía y al “empoderamiento ciudadano”.

Por el contrario, EH Bildu ha reporechado a nacionalistas y socialistas “falta de voluntad para mejorar” el texto inicial del Ejecutivo. La formación abertzale indican que PNV y PSE-EE han tumbado la “inmensa mayoría” de las propuestas que habían lanzado, 127 en total. “No significará un avance cualitativo de cara a reforzar la transparencia en las políticas públicas y en la gestión de las administraciones”, entiende Lamia Arcas, que avisa que la norma orilla fenómenos candentes como la inteligencia artificial o los algoritmos.

El Parlamento Vasco ha dado inicio finalmente este jueves a la tramitación de la reforma de la ley de Juventud de 2022 para intentar reforzar los controles en los campamentos en los que participen menores a la luz de la veintena de denuncias de presunta violencia sexual en los organizados en la localidad alavesa de Bernedo por la entidad Euskal Udalekuak. Se realizará por la vía de urgencia, con el ánimo de que las medidas entren en vigor en junio, según fuentes parlamentarias. Este mismo jueves se va a celebrar una Mesa para abrir ya el período de comparecencias de expertos y adelantar lo máximo posible el inicio del plazo de enmiendas, que será de solamente una semana, según estas mismas fuentes.

La iniciativa es de PNV y PSE-EE. EH Bildu también ha apoyado la toma en consideración, al igual que Sumar. El PP se ha abstenido y Vox ha sido la única formación en oponerse. La ley se reformará por la vía de urgencia, que acorta a la mitad los trámites ordinarios, pero no por el procedimiento aún más rápido, el de “lectura única”, como pretendían los partidos del Gobierno vasco. Para ello, podía haber optado por registrar la iniciativa como “proyecto de ley”, como le permite el reglamento. Pero se hizo como “proposición de ley”, para lo que se requiere unanimidad en la Mesa, sin ser suficiente la mayoría absoluta. Y EH Bildu, el único partido de la oposición representado en el órgano que dirige la Cámara, se opuso. El PNV ha insistido en las críticas a la coalición abertzale por “retrasar” la ley, pero Nerea Kortajarena, desde la bancada de EH Bildu, ha sido muy crítica. “La unanimidad no es un estado de gracia. Es el fruto del diálogo y la negociación”, ha avisado.

La cronología indica que la ley urgente -para que esté promulgada antes de la ya publicitada nueva edición de las colonias- se registró el 20 de febrero. Las denuncias sobre el campamento de Bernedo se conocieron en septiembre de 2025. De hecho, la Fiscalía lamentó que existiera una investigación de la Ertzaintza y de un juzgado de Vitoria desde la primavera anterior y que se volvieran a celebrar las actividades Euskal Udalekuak con normalidad el pasado verano. Un pequeño retraso en la presentación del preceptivo informe del Gobierno al texto de PNV y PSE-EE, como adelantó este periódico, impidió que esta tramitación se pudiera iniciar el 12 de marzo, cuando se celebró el anterior pleno. La ley llega al Parlamento en una temporada de baja actividad por la sucesión de puentes y parones vacacionales. Serán seis semanas sin sesiones de control después de haber retomado en febrero la actividad después de Navidad; y el próximo pleno ordinario no llegará hasta el 16 de abril.

El representante del PNV Ander Añibarro, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, ha insistido en culpar a EH Bildu de los retrasos de la tramitación. “Con los menores no se juega”, ha llegado a decir, insistiendo en que era precisa la “lectura única”. “Un grupo parlamentario decidió impedir esa tramitación. ¿Por qué hicieron eso? La ciudadanía tiene derecho a conocer esas razones”, ha clamado desde la tribuna. “La respuesta legislativa no puede demorarse”, ha señalado, igualmente, el portavoz del PNV.

Kortajarena ha replicado -aunque la presidenta Bakartxo Tejeria le ha recordado que su turno era solamente de “explicación de voto” y no de debate con los otros partidos- que EH Bildu ve como una “prioridad” la defensa de los derechos de los menores, pero ha remarcado que el Gobierno lanza una reforma de una ley de 2022 incluso antes de haber aprobado los reglamentos para desarrollar el texto original. Es más, cuando se inició la discusión política sobre los retrasos en esta tramitación, la consejera del ramo, Nerea Melgosa (PNV), terció garantizando que aprobaría por decreto los controles adicionales para Bernedo. La semana pasada se activó ya la tramitación de ese decreto, según se informó. La consejera Melgosa no ha estado presente este jueves en el Parlamento.

Añibarro y la socialista Itxaso Asensio han explicado los cambios legislativos que se pretenden. Los principales pasan por cambiar la “comunicación” de la celebración de una colonia por una “declaración responsable”, así como por exiger “certificaciones negativas” de antecedentes de delitos sexuales para trabajar con menores y endurecer las sanciones. “Que las familias estén tranquilas”, ha señalado Asensio, que ha añadido que la ley busca “reforzar la función inspectora” igualmente.

El PP, como ya había adelantado, ha criticado la iniciativa al entender que el ordenamiento jurídico vigente en España ya permite actuar en ámbitos como los certificados para quienes desarrollan actividades con niños y adolescentes. Laura Garrido ha considerado que ya el pasado año “no se actuó aun teniendo herramientas”. Garrido ha anunciado enmiendas para “mejorar” la propuesta de PNV y PSE-EE. Sumar, por su parte, se ha dicho partidario de tramitar la reforma, pero no de los procedimientos con los que se quiere hacer. “El Parlamento debería tener derecho a debatir mejor”, ha señalado Jon Hernández, que ha cuestionado también las reformas legislativas 'ad hoc' pensadas para responder a “hechos concretos”. Vox, que está personado en la causa judicial por las denuncias de Bernedo, ha indicado que si una ley de 2022 se quiere retocar en 2026 es porque “nació coja” en lo tocante a “protección de los menores”.

Euskal Udalekuak prepara ya una nueva edición de los campamentos de Bernedo. También tiene actividades en dos localidades de Navarra. El pasado año, varios centenares de familias de usuarios lanzaron un mensaje de apoyo a la entidad frente a la cascada de denuncias de violencia sexual, que un caso tiene la tipificación inicial de agresión. Este año, personalidades del mundo de la cultura están haciendo vídeos animando a mantener las inscripciones.

El Gobierno de Imanol Pradales, a través de una respuesta parlamentaria de su consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha defendido que el objetivo del sistema educativo vasco no tiene que ser atribuir “responsabilidades colectivas”, sino formar a una ciudadanía “crítica y comprometida con los valores democráticos”. Preguntada en concreto por las acciones emprendidas en torno al pasado colonial de Euskadi, la consejera ha defendido, de manera genérica, que el sistema educativo vasco ya aborda “el estudio del pasado desde una perspectiva contextualizada y rigurosa”. En otra respuesta más lacónica, la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha sostenido que los museos vascos no albergan elementos ni discursos con “lecturas coloniales”.

La pregunta, formulada por el parlamentario de la coalición Sumar Jon Hernández, era esta: “¿Qué acciones están llevando a cabo el Gobierno vasco y otras instituciones vascas en el ámbito cultural, educativo y patrimonial para reconocer, investigar y divulgar el pasado colonial de Euskadi y sus implicaciones en la memoria colectiva y las políticas culturales actuales?”. La formación de izquierdas, desde el Gobierno de España, ha defendido precisamente revisar esas huellas coloniales.

La consejera de Cultura y Política Lingüística y también vicelehendakari primera ha respondido que “las actuaciones históricas realizadas en este contexto se pueden calificar como de carácter residual”. “Los fondos de los museos vascos carecen de elementos significativos y, más aun, de discursos que tengan lecturas coloniales, o al menos estas no son relevantes”, añade Bengoetxea a renglón seguido.

La respuesta de Pedrosa es algo más extensa, de tres párrafos. Arguye la consejera de Educación que el “análisis crítico de los procesos históricos” se engloba en un marco más amplio de una serie de políticas educativas dirigidas a “la formación en pensamiento crítico, derechos humanos y convivencia democrática”. “Con carácter general, el sistema educativo vasco aborda el estudio del pasado desde una perspectiva contextualizada y rigurosa, integrando en los currículos contenidos que permiten comprender los grandes procesos históricos, sociales y económicos que han configurado el mundo contemporáneo, incluido el colonialismo, así como sus consecuencias en términos de desigualdad, diversidad cultural y relaciones de poder”, señala Pedrosa.

Defiende la consejera que el objetivo del sistema educativo “no es la atribución de responsabilidades colectivas”. En cambio, se apuesta, según sostiene, por “la formación de una ciudadanía crítica y comprometida con los valores democráticos, capaz de comprender la complejidad del pasado y de promover una convivencia basada en la igualdad, el respeto y la cohesión social en una sociedad diversa como la actual”. Recalca en más de una ocasión que el enfoque del sistema educativo vasco pasa por conseguir “una mirada pedagógica que fomenta la reflexión crítica y el respeto a la pluralidad cultural”.

Ninguna fuerza de la oposición en Euskadi ha opinado sobre el mensaje lanzado a los migrantes por el lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, que aprovechó su discurso de fin de año (o de Gabon, en su denominación tradicional) para recordarles sus “obligaciones”. La excepción, Vox, que ha considerado desde la ultraderecha que se ha quedado corto, que ha insistido en asociar criminalidad y extranjeros y que ha pedido “mano dura” contra este colectivo.

EH Bildu, como hizo con el mensaje de Felipe VI, ha optado por no hacer un balance como tal, a diferencia de la práctica habitual con Iñigo Urkullu o con el propio Pradales el pasado año. Según Radio Euskadi, la coalición entiende que en su país hay más de un lehendakari, en referencia a la navarra María Chivite y a los dirigentes de Iparralde. Por ello, tanto el líder institucional, Pello Otxandiano, que ha lanzado un mensaje en sus redes sociales, como la portavoz Nerea Kortajarena han optado por lanzar un mensaje propio para lanzar “esperanza” al conjunto de Euskal Herria a pesar de las “amenazas” reaccionarias.

En el flanco izquierdo, la coalición Sumar ha criticado por “escandalosamente autocomplaciente” la alocución de Pradales, al que ve “alejado de la realidad cotidiana”. Pero su único parlamentario, Jon Hernández, ha considerado que el “speech político del PNV” ha fallado en sus referencias a la vivienda, a las personas durmiendo en la calle o a la juventud. Nada ha mencionado sobre la migración, que ha ocupado la parte principal de la intervención del lehendakari y que era el mensaje más destacado que quería lanzar.

Desde el PP, Javier de Andrés ha optado por subrayar los temas “olvidados” por Pradales. Ha criticado la escasez de menciones al “coste de la vivienda”, que a su entender se debe a la “excesiva regulación que estrangula el mercado”, la falta de referencias al “crecimiento de la delincuencia”, algo que atribuye a la “laxitud” del Gobierno en sus respuestas, y también que no se aborde la “pérdida de capacidad adquisitiva”, lo que contrasta con el “crecimiento del gasto público”. “Parece que no hay límite”, ha ironizado De Andrés.

Desde fuera del arco parlamentario, Podemos ha bromeado que fue más interesante el vídeo a modo de inocentada del 28 de diciembre grabado con José Luis Korta en Ajuria Enea. “La verdad es que me gustó más el vídeo que hizo con Korta el día de los Inocentes porque al menos ese día sabíamos que era una broma”, ha asegurado Richard Vaquero, que está intentando en estos meses devolver el protagonismo perdido a la formación morada con acuerdos como la reforma fiscal o los presupuestos en Álava y Gipuzkoa, todos ellos con PNV y PSE-EE.

Los socios del Gobierno

Desde Araia, su localidad natal, el portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha visto “enfadada” a la oposición y “centrado” a Pradales. Ha mostrado su temor de que ese “enfado” de las fuerzas políticas vaya a traer en 2026 a Euskadi “el ruido y la polarización” de Madrid. Díez Antxustegi sí ha destacado que la migración haya sido el punto central del mensaje y agradece tener un mandatario que hable “claro” sobre el asunto, subrayando que Euskadi es un país de “acogida” pero en el que hay derechos y a la vez “obligaciones”.

Los socios del PNV, el PSE-EE, han enviado su propio mensaje con un Eneko Andueza que no ha ocultado que tienen “algunas diferencias” con los nacionalistas. Ha destacado como hitos de la gestión el empleo, la vivienda, el transporte y Osakidetza, de los que los tres primeros son carteras gestionadas por los socialistas. De hecho, ha insistido en que la “influencia” de su partido en el Ejecutivo es muy relevante y que gracias a ellos hay una orientación “progresista” de la gestión.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afrontado la última sesión de control de 2025 en el Parlamento Vasco en dos tribunas. Dentro, en el hemiciclo, ha podido lanzar sus mensajes sobre el Guggenheim o la situación económica. Por el contrario, para analizar la situación de Pedro Sánchez a la luz de las investigaciones de corrupción, a instancias de Vox, ha delegado en la vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea. Fuera, ante los medios de comunicación, ha dejado otros tres mensajes. Se ha felicitado de que Europa haya dado luz verde a la macrorregión atlántica, un proyecto iniciado por su predecesor, Iñigo Urkullu, ha insistido en que enero se reunirá con Pedro Sánchez para analizar si se ha cumplido o no el compromiso de completar el Estatuto antes de final de año, incluida la Seguridad Social, y ha clamado contra la “crispación” tras el áspero debate de elección del Ararteko de este jueves, que incluyó al líder del PP, Javier de Andrés, deseando el “exterminio” de EH Bildu.

Por partes. En el arranque de la sesión, Pradales había preparado con su partido, con el PNV, una autopregunta para analizar el escenario abierto por la paralización del Guggenheim en Urdaibai. No es solamente que el lehendakari sea presidente del patronato de la fundación Guggenheim, sino que en su etapa como diputado foral en Bizkaia defendió con firmeza el proyecto que ahora se deja de lado por inviable. Llegó a “blindar” en primera persona 40 millones de financiación foral. La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, también ha usado su turno para preguntar a Pradales por ello. Pero, como en el caso del PNV, el líder de la oposición, Pello Otxandiano, ha renunciado a las réplicas.

El lehendakari, en sus dos turnos, ha insistido en que “da por buenas las razones” para la paralización del proyecto de ampliación con dos subsedes, Gernika y Murueta. Con todo, ha insistido en que para la pinacoteca de Bilbao “quedarse parado no es una opción”. Ha citado el impacto del museo inaugurado en 1997, en lo cultural y como motor de transformación. Lo ha cuantificado en 8.300 millones de impacto económico -tanto como el presupuesto compartido de Salud y Educación-, 6.500 puestos de trabajo y casi 1.300 millones de recaudación para las Haciendas forales. Son “28 años con 28 millones de visitantes”.

Pero “los éxitos del pasado no garantizan el futuro” y ha confiado en que el Guggenheim plantee una nueva mirada estratégica ahora que “se abre una nueva etapa”. Después, ha criticado que la izquierda abertzale criticara el proyecto original hace tres decádas y que nunca haya aplaudido el éxito que ha sido. Y ha puesto en valor el proceso de participación en Urdaibai paralelo al debate sobre la viabilidad del proyecto de ampliación (y a las protestas sociales).

Por motivos familiares, Laura Garrido ha sustituido a Javier de Andrés en el turno del PP. Era un debate económico y a Pradales le ha permitido sacar pecho de los datos macro. “No somos un oasis, pero no nos pinte una catástrofe”, ha pedido a los 'populares'. Garrido se ha quejado también de que PNV y PSE-EE no hayan tenido “voluntad” de “ensanchar” el acuerdo para los presupuestos de 2026, que serán aprobados en el siguiente pleno, el martes, merced a la mayoría absoluta de nacionalistas y socialistas.

En el turno de Sumar, Jon Hernández ha denunciado las “puertas giratorias”, que son “un resorte muy presente” en Euskadi. Ha dado como ejemplo el fichaje de Andoni Ortuzar por Telefónica, que antes se había incorporado a la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC), en la que no podrá seguir por incompatibilidades. También ha lamentado el salto de excargos de la Sanidad pública vasca a la privada, aunque sin nombres ni apellidos. En sus respuestas, el lehendakari ha defendido el código firmado por “todos” los altos cargos y ha negado “injerencia” del poder económico en la política. No ha mencionado ni a Ortuzar ni tampoco a Unai Rementeria, el exdiputado general de Bizkaia que desde esta semana es el nuevo presidente de la fundación BBK.

La “reválida” con Sánchez

Antes, ante los medios de comunicación, Pradales ha querido felicitarse del acuerdo del Consejo Europeo para constituir una macrorregión atlántica, una vieja aspiración del PNV y de los dos últimos lehendakaris, Urkullu y él mismo. Ha confiado en que sea una realidad en 2027 y ha defendido que permitirá que Euskadi tenga más voz en Europa y se impulsen proyectos como las conexiones ferroviarias o energéticas, pero también universitarios o de investigación. Ahora ha confiado en que haya avances, igualmente, en la oficialidad del euskera a nivel comunitario.

También ha apuntado a que esto es una muestra de la “bilateralidad” en las relaciones entre los Gobiernos central y vasco. En todo caso, a doce días de que expire el plazo para completar o al menos acordar todas las transferencias pendientes del Estatuto de 1979, el lehendakari ha insistido en que en enero tendrá una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que la ve como una “reválida”. Se sigue avanzando en las negociaciones y el lunes habrá otra toma de contacto en Madrid en torno al traspaso más relevante encima de la mesa, el de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

Asimismo, preguntado por el áspero debate de designación de Mikel Mancisidor como titular del Ararteko, tras el cual EH Bildu denunció que el PP había superado varias “líneas rojas” al desear un “exterminio” de la que es la segunda fuerza política, Pradales ha mostrado su “tristeza” por “cómo se elevó el tono y la crispación”. Ha dicho que hubo “palabras gruesas” del PP pero también de la propia coalición abertzale. “Lo que nos toca es ser responsables, no alimentar la crispación”, ha apostillado.

Vox había formulado tres preguntas, pero Pradales ha delegado la respuesta de las dos prmeras. En la tocante a los casos de corrupción en España, la que ha tomado la palabrada ha sido la vicelehendakari Bengoetxea. Ha dicho que “la situación política en el Estado es ciertamente preocupante” porque “es innegable la gravedad” de los hechos que se están conociendo. Sin embargo, ha contrapuesto la “estabilidad” de Euskadi a la del Estado, donde se opera de una manera “limpia”. “La situación aquí es totalmente diferente”, ha insistido la 'número dos' del Gobierno vasco. La pregunta sobre GKS y Ernai ha sido atendida por el titular de Seguridad, Bingen Zupiria. Solamente ha tomado la palabra el lehendakari cuando le ha lanzado la ultraderecha su pregunta sobre el euskera y las recientes sentencias judiciales. Ha cerrado su intervención, la última del año parlamentario, deseando una feliz Navidad a los presentes.

PNV y PSE-EE se han valido este martes en el Parlamento Vasco de su mayoría absoluta para tumbar en el pleno las cuatro enmiendas de totalidad presentadas contra los presupuestos autonómicos de 2026, tantas como partidos de la oposición, EH Bildu, PP, Sumar y Vox. Es el antepenúltimo trámite para la aprobación de las cuentas, que tienen un techo de gasto histórico de 17.300 millones. En los próximos días, se debatirán en comisión las enmiendas parciales y se realizarán algunos ajustes en la propuesta original del Gobierno de Imanol Pradales impulsados por los propios nacionalistas y socialistas. Después, el 23 de diciembre, otro pleno visará el presupuesto para que entre en vigor el 1 de enero de 2026.

La sesión, de más de cuatro horas y media a pesar de que de antemano se conocía su resultado y los argumentos que se iban a lanzar, la ha arrancado el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou. Ha empezado citando la “rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China” y ha seguido poniendo en valor la “estabilidad” y “solidez” de la que goza Euskadi, en contraposición con España y con Francia. Los presupuestos “no son un mero ejercicio contable”, ha insistido D'Anjou.

Ha señalado que, en 2026, las cuentas tienen una inyección adicional de casi 1.000 millones de euros para inversiones extraordinarias con cargo a la deuda autorizada este año, que se suman al disponible ordinario, de algo menos de 16.400 millones, también récord. Ha agregado que el proyecto combina “rigor” en lo tocante a deuda y déficit -“Euskadi es de las comunidades con la ratio deuda/PIB más bajo del Estado”- con “ambición” en la defensa de los servicios públicos o contra el problema de la vivienda. Y eso que el grifo de los fondos europeos se ha cerrado, según ha repetido en varias ocasiones el titular de Hacienda.

D'Anjou se ha puesto la venda antes de la herida y ha replicado a la oposición antes incluso de que sus portavoces tomaran la palabra. “Ningún grupo ha querido apoyar el proyecto de presupuestos”, se ha quejado. Hubo una ronda de contactos con todas las fuerzas salvo con Vox. Ha ironizado que a la vez se le ha criticado por ofrecer unos números de la “derecha reaccionaria” y “socialistas y de izquierda radical”. “Parece algo extraño que pueda ser al mismo tiempo de un extremo y del otro. No nos distraemos en esas polémicas”, ha zanjado.

Otxandiano y el “problemón” de la vivienda

El líder de la oposición y portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha sido el encargado de defender el 'no' a los presupuestos. Lo ha hecho sin leer un discurso y con unas notas manuscritas que ha ido preparando en un cuaderno de tapas verdes. Ha señalado, en una primera parte, que los números no son tan “expansivos” como parecen, ya que el crecimiento real sería del 1,5% si se tiene en cuenta la evolución de los precios. Y ha vuelto a sacar el 'elefante' de los problemas estructurales que el Gobierno parece no querer enfrentrar. “En la política hay un problema endémico, la mirada corta. Hay cosas de las que no quiere hablar nadie”, ha insistido después de repetir que “en los próximos años habrá dificultades en los servicios públicos”, como Sanidad y Educación.

Después, se ha referido al “choque institucional” entre la EHU y el Ejecutivo por la financiación universitaria y ha demandado que se explore un acuerdo. También ha calificado de “problemón” el acceso a la vivienda. Sin embargo, ha afeado al Gobierno que no cuente con EH Bildu para llegar a consensos. Ha recordado las 53 enmiendas rechazadas en el plan director y las 47 a la reforma urgente de la normativa de suelo y vivienda. “Habéis rechazado todas. No la mitad. Ni tres cuartas partes. Todas y cada una de ellas. ¿A qué responde esa actitud política? ¿Cuál es la oferta de diálogo y negociación que se traduce de esa actitud? La vivienda es un problemón, que está generando una fractura social”, ha lanzado Otxandiano, adelantándose a las críticas de falta de voluntad de acuerdos prespuestario que sabía que le iban a arrojar PNV y PSE-EE. En ese momento de su intervención, el lehendakari ha abandonado su escaño.

Las palabras de Otxandiano han motivado un cruce dialéctico, sobre todo con el portavoz nacionalista, Joseba Díez Antxustegi. “No esperen que hagamos las políticas de [EH] Bildu. Nos han votado para hacer otras políticas. Tenemos modelos distintos. Asúmanlo. Ésta es la confianza que podemos tener con un interlocutor que un día dice una cosa y otro la contraria”, ha manifestado Díez Antxustegi, que ha visto “enfadado” al líder de EH Bildu, extremo que él ha negado. Y ha replicado que hay margen para el acuerdo, pero entiendo que ello implicaría que los partidos del Gobierno salgan del “confort” y no sean “ofensivos” hacia la oposición. Díez Antxustegi, con todo, ha llamado a la tranquilidad porque Euskadi, a pesar de las críticas, tendrá presupuesto por la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE.

El PP critica el gasto en cargos y asesores

El PP también ha formulado una dura crítica al Gobierno. Javier de Andrés ha insistido en que se ha disparado el gasto en altos cargos y asesores. “El criterio no es la excelencia en el servicio, sino excelencia en el partido”, ha denunciado. Después, ha seguido asegurando que hay “73” sociedades públicas cuando Catalunya, con cuatro veces más población, “tiene 62”. “Y Madrid muchas menos. Veinte sociedades o algo así”, ha apuntado, sin concreciones, poniendo en valor a Isabel Díaz Ayuso. Ha agregado que este gasto aparentemente superfluo hace que el peso proporcional de Salud, por ejemplo, haya caído algunas décimas en los últimos años. Y ha criticado el “modelo intervencionista hasta el extremo” en Vivienda y el excesivo, a su juicio, gasto en Educación sin resultados -“está todo muy mal”- y que, supuestamente, busca publificar la concertada.

Tirando de ironía, Díez Antxustegi ha bromeado que De Andrés, periodista de profesión, habría titulado la noticia sobre el seísmo en Vitoria con un “Terremoto sacude un sitio a 360 kilómetros de Madrid y el PNV no hace nada para evitarlo”. “El PP está perdido en la política vasca”, ha sostenido el portavoz nacionalista, asegurando que el foco de De Andrés está en la capital de España y no en Euskadi y que sigue herido con el PNV por haber apoyado en 2018 la moción de censura contra Mariano Rajoy. Como le ha dicho a EH Bildu, el PNV también ha indicado en este tramo de la sesión que tampoco comparten “modelo” con los 'populares'. “Sí, somos previsibles y estables”, ha apostillado, aunque, a la vez, también ha lanzado un dardo a los socialistas por los “escándalos” que “acechan” a Pedro Sánchez día tras día.

Sumar critica a Podemos y Vox a los extranjeros

Desde la bancada de Sumar, Jon Hernández, su único representante, ha avisado de que Euskadi tiene encima de la mesa presupuestos “envueltos en un lenguaje de progreso” pero “pensados para no cambiar nada, para mantener el statu quo” en 2026. “Es conservador [...]. Crecen las cifras, pero no el país”, ha sentenciado Hernández. Sobre la negociación, ha asegurado que el Ejecutivo ha mostrado voluntad de acuerdo sólo “de cara a la galería”, mientras en las reuniones únicamente ofrecía “lentejas”. “Se renuncia a fortalecer unos servicios públicos debilitados”, ha agregado citando que “se gastan dos euros en Policía por cada euro en Vivienda” y que la educación “privada-concertada sigue blindada”.

Hernández, que procede de IU, ha aprovechado, asimismo, para lanzar un dardo a Podemos por haber pactado la reforma fiscal en el ámbito foral, donde mantiene representación, con PNV y PSE-EE. “Mantienen una arquitectura de ingresos injusta”, ha avisado sobre los últimos cambios fiscales. El dato oficial es que esa modificación acarreará una bajada de la recaudación de unos 335 millones, “que no estarán ni en Sanidad, ni en cuidados ni en Vivienda”. El PSE-EE, por boca de Susana Corcuera, ha salido en defensa de una reforma fiscal “justa” y ha lamentado que Sumar se “ensañe” con sus antiguos socios. Durante toda la sesión, ha ido despachando las críticas de la oposición al igual que Díez Antxustegi y ha reivindicado que las cuentas son “progresistas” gracias a los socialistas vascos.

Vox, en su turno, ha tirado de su principal bandera. Ha situado la “inmigración” como “causa principal del incremento de los delitos” y de un “ingente” gasto público en otras materias. Ha culpado incluso a los extranjeros de las “listas de espera que se prolongan en el tiempo” en Osakidetza o del problema de la vivienda. “El presupuesto es altavoz del efecto-llamada”, ha argumentado Amaia Martínez Grisaleña. Luego, ha seguido con se segunda bandera, la crítica al euskera y a la “imaginaria nación vasca”. Y ha acabado su intervención atacando a los medios de comunicación privados, a los que considera “correa de transmisión” del “binomio gubernamental”.

Los partidos del Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, han contado con el apoyo de PP y de Vox para iniciar la tramitación de una reforma legislativa “de urgencia” para regular los festejos taurinos en los que participan menores, como las becerradas o la 'sokamuturra'. El texto incluye referencias al “arraigo” de la tauromaquia en Euskadi y a la necesidad de promoverla entre las nuevas generaciones. Solamente Sumar se ha opuesto frontalmente a una iniciativa que ha suscitado protestas ecologistas y animalistas en las calles en las últimas semanas. EH Bildu, que gobierna en localidades como Azpeitia o Pamplona, cuyas fiestas giran en torno al mundo del toro, se ha quedado en la abstención a la toma en consideración.

La propuesta no figuraba en el calendario legislativo del Ejecutivo de Imanol Pradales y ha sido presentada como “proposición de ley” y no como “proyecto de ley”, lo que permite una tramitación más rápida y sin informes de órganos consultivos. El Gobierno, eso sí, ha emitido un informe favorable a esta norma. Llega unos meses después de que, con un procedimiento similar, PNV y PSE-EE promovieran otra cirugía legislativa para ajustar la normativa de caza y permitir que los menores participaran como acompañantes en las batidas con el mismo objetivo de garantizar el relevo generacional en esa actividad. También entonces PP y Vox apoyaron esa agenda de los partidos del Ejecutivo vasco.

Desde la bancada del PNV, Jon Andoni Atutxa ha asegurado que existe un “vacío legal” en torno a estos eventos, un millar al año, y que es preciso dotar a los organizadores y a los municipios que los contratan de “seguridad jurídica”. Atutxa ha asegurado que la ley permitirá “conseguir seguridad para los participantes” menores y también “evitar el maltrato”.

La socialista Miren Gallástegui ha ido un poco más allá y, tras mencionar la “máxima seguridad” para los asistentes y el “bienestar animal”, ha aludido a “promover la afición y tradición” de eventos “muy arraigados” en algunos lugares. Ha definido estos festejos taurinos con reses pequeñas como una “actividad lúdica y deportiva en un entorno familiar” y como “vehículo para transmitir el respeto a los animales y la naturaleza”.

El único representante de Sumar, Jon Hernández, que procede de IU, ha ironizado que no cabía esperar otra cosa del PSE-EE cuando está liderado por Eneko Andueza, reconocido taurino y autor incluso de libros sobre la izquierda y los toros. Andueza asentía en todo momento desde su escaño e incluso ha mostrado a algunos parlamentarios que tiene un fondo de pantalla en su portátil alusivo al tema.

Hernández ha señalado que “afirmar que esto es patrimonio carece de ningún tipo de soporte legal y oficial”, ha remarcado que el texto llega “al margen del calendario legislativo” y ha seguido con que “sirve a los intereses particulares de quienes organizan estos actos”. Ha añadido también que el informe favorable del Ejecutivo de Imanol Pradales -que ha seguido el debate trabajando con dos ordenadores a la vez en su escaño- “no vale un pimiento” porque son dictámenes que “disfrazan” de argumentos jurídicos intereses políticos. Cuando las iniciativas salen de la oposición, a su criterio, se oponen por sistema. Ha sugerido que si se hubiera tramitado por la vía ordinaria quizás algunos informes no serían positivos. “No se salten a este Parlamento a través de argucias legales”, ha indicado.

En la réplica, la socialista Gallástegui se ha enmendado y ha dicho que la ley no busca “promover” los festejos sino regularlos con “seguridad”. “En Euskadi, le guste o no, se producen muchos eventos de ese tipo”, ha indicado la portavoz del PSE-EE.

Desde la bancada del PP, Ana Morales ha dejado claro desde el inicio que están “a favor” de la reforma legal. Es más, ha dicho que era una demanda de las ganaderías y que Euskadi llega tarde, tras años de “inacción”. “Ya era hora de poner fin a este vacío legal”, se ha felicitado. Ha cuantificado en nueve las ganaderías vasca y en 1.000 las cabezas de ganado que tienen y ha señalado que gracias a ellas se preservan las “razas autóctonas”. Ha afirmado también que “en Euskadi hay una enorme afición” y que la regulación permitirá también evitar el “maltrato” a las reses.

Y la portavoz de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha aplaudido que se “proteja” la tauromaquia. “Sí, es parte de nuestra cultura”, ha manifestado. Ha aprovechado su turno para considerar que las críticas a la tauromaquia son propias de la “ultraizquierda” y el “progresismo fake”. Vox ha sugerido ir más allá y que la promoción de la tauromaquia se lleve a las aulas por su “raigambre” en el acervo cultural.

EH Bildu se ha abstenido. Su portavoz, Itxaso Etxebarria ha indicado que “no hay un único modo” en “el cuidado y amor a los animales”. Ha argumentado, asimismo, que como EH Bildu votando en contra no podría parar la ley por la mayoría absoluta del Gobierno y el apoyo de las derechas es mejor “tratar de mejorarla” en la tramitación que ahora se inicia buscando proteger más a los animales y a la infancia. No obstante, ha manifestado que se temen “lo peor” porque con la normativa de caza “no hubo negociación” y PNV y PSE-EE acabaron comprando “el marco de la ultraderecha y de la derecha”.

Después de cuatro jornadas consecutivas en el Parlamento Vasco con todos los consejeros desgranando los presupuestos de 2026, los partidos han querido debatir una quinta vez este viernes en la sesión de control al Gobierno. El lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, han confirmado que la semana próxima iniciarán conversaciones con toda la oposición salvo con Vox para negociar posibles acuerdos. El asunto ha suscitado el interés de EH Bildu, PP y Sumar, pero el portavoz de esta última coalición, Jon Hernández, ha señalado que no es muy coherente plantear una negociación a diestra y siniestra. Pradales ha insistido en que lo revelante es el “qué” y no el “quién” y ha pedido huir de “etiquetas”. “No sé [si el presupuesto] responde a un Gobierno de izquierdas o de derechas, pero responde a las necesidades de la sociedad vasca”, ha argumentado el lehendakari. Aitor Esteban, nuevo líder del PNV, ha puesto en valor el “centro” recientemente.

A Sumar, como el año pasado a EH Bildu, le resulta anómalo que el Ejecutivo se siente a explorar acuerdos “en paralelo” con la derecha y con la izquierda. La única línea roja del Gobierno de PNV y PSE-EE es Vox. Hernández, que procede de IU, ironiza que quizás “en una habitación” van a plantear “más recursos para la concertada” y en otra hacer “prioridad” de la educación pública. Pide “honestidad” al Gobierno y al PNV porque “con ambos es imposible” avanzar al mismo tiempo. “Esto es para que no pierdan el tiempo ni ustedes ni nosotros”, ha señalado. “Porque el 'qué' depende del 'quién'”, ha subrayado.

Pradales ha rescatado la figura del histórico de IU Julio Anguita, ya fallecido, y su “programa, programa, programa”. Y ha añadido que su Ejecutivo goza de mayoría absoluta, por lo que tiene asegurada la aprobación de las cuentas llegue o no a acuerdos con la oposición. Es más un estilo, “lejos de aplicar el rodillo”, una forma de “entender la política”. Ése es “el valor de la democracia”, según Pradales.

Desde la bancada de EH Bildu, Pello Otxandiano ha repetido su discurso del lunes. Ha movido el “elefante” de la sala de comisiones al salón de plenos. A su juicio, las cuentas no responden a los retos que Euskadi afronta a muy corto plazo. Con el envejecimiento de la población y la llegada de migrantes al sistema educativo, la dos carteras más gastadoras, Salud y Educación, se van a quedar cortas de recursos. Y ha recordado que se ha puesto en marcha una reforma fiscal que ha reducido capacidad de ingresos. En concreto, 355 millones en 2026. Hablar de algo “expansivo” y “de récord”, en relación al dinero disponible en el próximo presupuesto, carece de “rigor”, según el jefe de la oposición.

En el 'cara a cara' con Javier de Andrés, del PP, ha insistido en el despilfarro que implica el incremento de altos cargos y asesores. “Como el Gobierno británico con 68 millones de habitantes”, le ha espetado al lehendakari, de quien ha dicho que tiene 34 asesores, muchos más que su predecesor, Iñigo Urkullu. “Usted no tiene tan mala imagen como para tener tantos”, ha llegado a ironizar.

Según De Andrés, el modelo de Pradales es “socialista”, netamente de izquierdas. Sin embargo, en la réplica, el lehendakari le ha asegurado que las cuentas de 2026 recogen exactamente las mismas prioridades que le planteó el PP en una reunión en Lehendakaritza que tuvo lugar en septiembre. Incluso mejoradas. Los 'populares' pideron al menos 819 millones para Seguridad y el Gobierno ofrece 850, ha recordado. Antes de final de año también habrá un proyecto de ley de simplificación administrativa y se cerrarán los trabajos con diputaciones y ayuntamientos para reducir la burocracia.

Vox, que en el Parlamento sigue su propia agenda, ha preguntado sobre ETA y sobre la izquierda abertzale. En su respuesta, el lehendakari ha aludido a la “enorme deuda ética” de EH Bildu y al “largo camino” que le queda para desmarcarse del terrorismo. En redes sociales, la formación abertzale se ha quejado de PNV y PSE-EE gobiernen en Durango gracias a un edil del PP que ha pedido la ilegalización de la formación soberanista. Otro parlamentario del PNV, Mikel Arruabarrena, ha mencionado que en Euskadi operan “fascistas” de ambos “extremos”, de derecha y de izquierda.

Vivienda y Seguridad. Son los dos grandes temas que copan las preocupaciones sociales, según las encuestas. Son también los asuntos que han copado el tira y afloja con la oposición en la sesión de control al Gobierno celebrada este viernes en el Parlamento Vasco. Así, el lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado que el proyecto de presupuestos de 2026, que será presentado este próximo martes, dará la mayor subida porcentual a la cartera de Vivienda, dirigida por el socialista Denis Itxaso. Y también ha ratificado su plena confianza en el consejero de Seguridad, el nacionalista Bingen Zupiria, ante las polémicas de las últimas semanas.

El asunto de la vivienda lo ha puesto sobre la mesa EH Bildu. El líder de la coalición y jefe de la oposición, Pello Otxandiano, ha planteado datos acuciantes sobre el retraso en la edad de emancipación juvenil y sobre salarios. Y ha pedido ambición al Gobierno vasco en la materia. Otxandiano, que no ha querido usar su turno de réplica, ha ironizado en su exposición que le resulta cada vez más difícil hacer la labor de oposición por las diferencias sobre vivienda del partido que dirige la cartera, el PSE-EE, y el socio principal del Ejecutivo, el PNV. Ha citado, por ejemplo, las críticas 'jeltzales' a la normativa estatal o incluso a las políticas de alquiler, previstas como prioritarias en la ley vasca, de 2015. “Manifiestan posiciones políticas antagónicas con respecto a la vivienda”, ha subrayado.

Pradales ha detectado que EH Bildu quiere, nuevamente, buscar una “cuña” entre su bipartito y ha preferido cerrar filas, poner en valor las políticas en marcha y, sobre todo, confirmar que el área que más recursos relativos ganará en 2026 será la de Vivienda. Fuentes del PSE-EE han confirmado este hecho, aunque de momento se guardan los números concretos bajo siete llaves. El titular de Hacienda, Noël d'Anjou, dará los datos concretos en apenas cuatro días, se insiste. Además, el lehendakari ha criticado que la formación abertzale no haya presentado propuestas concretas en los contactos presupuestarios de julio y de las últimas semanas y que solamente anuncie planes “en Twitter”, en referencia a la red social ahora llamada X. Desde el escaño, Otxandiano negaba con la cabeza estas acusaciones.

De su lado, el consejero de Vivienda ha querido anunciar los avances en una de sus medidas estrella de la legislatura, la autorización de constuir nuevas plantas en bloques sociales. Esos levantes permitirán “triplicar” el actual parque de alojamientos dotacionales, un tipo de viviendas rotatorias para jóvenes. “Sin consumir suelo”, 65 edificios serán reformados y ello generará 2.000 nuevas casas de esa tipología. “Los seis proyectos piloto en marcha, de los que aflorarán hasta 250 alojamientos, están repartidos equitativamente en los tres territorios: dos en Álava, en Zabalgana (Vitoria), dos en Bizkaia, en Miribilla (Bilbao) y Leioa, y dos en Gipuzkoa, Mutriku y Arrasate-Mondragón”, ha explicado el área de Vivienda.

PP y Sumar, por su parte, han puesto sobre la mesa el debate sobre la seguridad, aunque con enfoques diferenciados. Javier de Andrés, vigilado desde el palco por la dirigente Cuca Gamarra, de visita para una rueda de prensa precisamente sobre ese tema, no ha llegado a pedir la dimisión del consejero Zupiria -como ya hizo hace dos semanas por el caso de los campamentos de Bernedo, que acumulan 21 denuncias por presunta violencia social-, pero sí ha insistido en querer conocer si Pradales mantiene su confianza en él, algo que el lehendakari ha confirmado con rotundidad ante la atenta mirada del propio aludido.

Para los 'populares', se suceden escándalos en la Ertzaintza, desde las “irregularidades” en la compra de las patrullas BMW hasta las dimisiones en Arkaute pasando por la gestión de los disturbios causados por contramanifestantes en Vitoria tras la visita de Falange Española y de las JONS el 12 de octubre. “Somos el único lugar del mundo en que la Policía corre delante de los manifestantes”, ha ironizado sobre ese operativo De Andrés. Cree Pradales que De Andrés ofrece una oposición de “apocalipsis”. Ha recordado sus negras previsiones sobre industria o demografía y cree que el “apocalipsis now” del PP en este momento es la seguridad.

El representante de la coalición de izquierdas, Jon Hernández, ha insistido en que el problema de origen fue la propia visita del que fuera partido único de la dictadura. Ha remarcado que exhibieron simbología no democrática y que la normativa autonómica de memoria histórica, de 2023, prevé ese tipo de actos como ilegales. También ha criticado que Zupiria haya asociado a Sumar con quienes legitiman los altercados callejeros. Ha recordado la trayectoria democrática de su partido. De hecho, Hernández es de IU y del PCE, un partido coaligado con el PNV en 1936 cuando se conformó en plena Guerra Civil el primer Gobierno autonómico.

En sus respuestas, Pradales ha aludido a la “creciente falta de respeto a la autoridad” hacia los ertzainas. Ha citado como ejemplo recentísimo el caso de dos agentes que estudian Criminología y a los que esta misma semana se les ha impedido realizar una ponencia en la EHU. Después, ha indicado que “ver a miembros de la Falange en un sitio tan simbólico” de Vitoria le genera “repugna”. El PNV y él mismo son “antifascistas” desde 1936 pero igualmente le surge “vergüenza, pena y rabia” que “jóvenes vascos”, “chavales de 20 años”, “se despierten un domingo, se vistan de negro y se encapuchen con un pasamontañas” para ir a enfrentarse a falangistas y, “especialmente”, contra la Ertzaintza. Eso es “inaceptable” y “darle alas” desde la política -no ha dicho quién lo ha hecho desde el 12 de octubre- lo es más. “Porque incluso contra los fascistas y totalitarios no todo vale”, ha zanjado el lehendakari.

Las interrupciones de embarazo, en Euskadi, se hacen en un 95% con derivaciones a clínicas privadas. Ahora, el lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado en la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco que “de forma progresiva” Osakidetza irá asumiendo esas intervenciones con recursos propios.

Indica que el Gobierno que el pacto de salud planteaba no incrementar el porcentaje actual de servicios privatizados y Pradales ha indicado que quieren dar cumplimiento a esos compromisos. Fueron 4.210 los abortos registrados en Euskadi en 2024. “La sociedad vasca siempre ha defendido este derecho por razones de autonomía personal, salud y bienestar, igualdad de género y dignidad”, ha indicado. Y ha agregado: “Toda mujer que quiera abortar en Euskadi tiene garantizado su derecho dentro del sistema sanitario público vasco, en igualdad de condiciones y de forma universal. Esto es así y no puede ser de otra manera”.

Pradales ha realizado esta reflexión en respuesta a una pregunta de Sumar. Jon Hernández ha denunciado que el derecho al aborto en Euskadi “está privatizado”, al argumentar que “más del 95% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en clínicas privadas”. “Es un derecho de las mujeres que la Sanidad pública debería garantizar, asumiendo las interrupciones voluntarias del embarazo que se practiquen, en lugar de seguir con su derivación a clínicas privadas, tal y como ustedes hacen en estos momentos”, ha censurado.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha realizado en el Parlamento Vasco un alegato en defensa de la empresa CAF, con sede central en Beasain, y en particular de su actuación en el tranvía de Jerusalén, que surca territorios palestinos ocupados. “CAF no contribuye al genocidio en Gaza. [...] Ya está bien de señalar empresas y hacer demagogia. Ya está bien de hacer impostura y de instrumentalizar el drama”, ha señalado el lehendakari en la Cámara. El Gobierno que preside es accionista de la compañía, con una participación del 3%.

En la primera sesión de control en Euskadi después de tres meses, la coalición Sumar ha preguntado a Pradales por el proyecto en Israel de CAF, iniciado en 2019 y ya entonces criticado por el comité de empresa y otros agentes sociales. “Ese proyecto debe ser detenido”, ha rogado a Pradales el único representante de la formación de izquierdas, Jon Hernández, que ha asegurado que CAF es corresponsable de la situación que vive Palestina y que realiza una “aberrante contribución a la estrategia de exterminio” al facilitar medios de comunicación en zonas ocupadas en Jerusalén Este y en Cisjordania (no en Gaza). “No son sólo trenes”, ha añadido Hernández citando una entrevista en 'El Correo' del consejero de Industria, Mikel Jauregi, en la que afirmaba que la empresa no fabrica “bombas” sino ferrocarriles. Informes de la ONU empiezan a señalar ya este proyecto millonario promovido por Israel.

“No todo vale en política”, ha replicado Pradales. “Eso no es así”, ha dicho el lehendakari, negando que la ONU señale a la empresa guipuzcoana. Según Pradales, hay mucha “demagogia” en este sentido porque el contrato cumple “los más altos estándares” y “de forma previa” a su puesta en marcha fue validado por “expertos”, incluidos algunos de la ONU. “No se vulnera ningún derecho”, ha insistido el lehendakari, citando un comunicado reciente de la compañía ante las crecientes protestas. La firma indica que la población árabe también hace uso del servicio.

Pradales ha agregado que la junta directiva hizo una “reflexión” que incluyó un análisis “ético” y que todo el accionariado “votó favorablemente” a continuar con el proyecto, “incluida la representación social”. A partir de ahí, el lehendakari ha aprovechado para criticar la supuesta incoherencia de Sumar por no incluir prohibiciones para CAF en el paquete de medidas contra Israel salido del Gobierno de España, del que es socio. Ha ironizado que esas resoluciones, además, incluyen “cláusulas” de salvedad para la “práctica comercial con armamento” con Israel. “¿Por qué exige en Euskadi lo no aplica su partida en Madrid?”, se ha preguntado Pradales.

“Gracias por nada, lehendakari”, ha protestado Hernández en su réplica. Sumar concluye que “el Gobierno vasco le está sacando la cara a la empresa” y ha recordado que “el derecho internacional define como crimen de guerra los asentamientos en territorios ocupados”. “Claro que en política no todo vale”, ha cerrado Hernández, parafraseando la propia reflexión de Pradales.

El lehendakari ha querido cerrar la cuestión con una felicitación a CAF por haberse llevado el denominado 'contrato del siglo' en Bélgica, precisamente en el aire durante meses por su participación en el proyecto de Israel. Son hasta 3.400 millones por 600 convoyes para la empresa estatal de ferrocarriles, llamada NMBS (o SNCB en el también oficial francés). Alstom y Siemens, que habían pujado por la adjudicación, la recurrieron y durante meses ha estado en el aire.

Primera sesión de control en tres meses

La Cámara ha celebrado un pleno de control después de más de tres meses de vacaciones estivales. Por ello, algunos de los temas tratados eran ya antiguos, como lo ocurrido en la Vuelta a España o incidentes en fiestas de verano. La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, ha preguntado, por ejemplo, por la renovación casi total de los altos cargos del consejero de Salud, Alberto Martínez, ocurrida en julio. Pradales ha parecido mostrarse sorprendido por la pregunta de Pello Otxandiano porque ya hubo una rueda de prensa hace dos meses y porque la semana próxima, en la comisión de Salud, habrá una comparecencia monográfica para aclarar las salidas. “Los ceses son llamativos y las razones son poco convincentes. Existe un cierto clima de zozobra en el Gobierno [...] Hay una cierta omertá”, ha diagnosticado Otxandiano, mencionando también la crisis en la academia de Arkaute, dependiente del Departamento de Seguridad y solventada ahora con el fichaje del veterano Jon Goikolea, colaborado del consejero de Interior de 1992 a 1998, Juan María Atutxa.

De su lado, el líder del PP, Javier de Andrés, ha querido poner a Pradales en el espejo de unas declaraciones del alcalde de Donostia, Eneko Goia, del PNV. “Hemos decidido extinguirnos de la mano de la inmigración”, señaló en un foro de 'El Diario Vasco'. Ha añadido que hay un “declive” de la población autóctona y que solamente la migración sostiene la demografia. Pradales ha asegurado que Euskadi tiene un “reto” demográfico pero no un “declive”. En las bancadas de PNV y PSE-EE no han participado los dirigentes Joseba Díez Antxustegi, Maitane Ipiñazar y Eneko Andueza, cuyos escaños estaban ocupados por otros colegas para que no parecieran vacíos.

La mayoría de PNV y PSE-EE en el Parlamento, con el añadido del voto de Vox, ha tumbado este jueves la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular respaldada por 145.142 firmas para equiparar las pensiones en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa al salario mínimo interprofesional, el SMI, ahora mismo en 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Los partidos del Gobierno vasco ya habían adelantado con un informe su negativa a esta propuesta, alegando que “podría poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas” y también que Euskadi ya dispone de la renta de garantía de ingresos, la RGI, que es un salario social para quienes no tienen recursos, actúa también como complemento de nóminas y pensiones bajas.

EH Bildu y Sumar ha votado a favor de abrir un debate en la Cámara sobre las pensiones, pero sus 28 votos han sido insuficientes frente a los 39 del 'no' y las siete abstenciones del PP. Ana Mezo, la portavoz de los promotores que, sin ser parlamentaria, ha podido intervenir en el hemiciclo, ya intuía durante su exposición lo que minutos después iba a ocurrir. “El rechazo afecta a una cuestión de fuerte impacto social”, había dicho en su turno de presentación de las medidas propuestas. “Se hurta en este Parlamento y en la sociedad vasca un debate fundamental”, ha añadido también. “Detrás hay personas con nombres, apellidos y caras”, ha protestado, finalmente.

Mezo se ha quejado también por no disponer de “derecho a réplica”. De hecho, después de una salva de aplausos, la pensionista ha tenido que abandonar el hemiciclo tras su exposición de 15 minutos y ha seguido el resto de la sesión desde una tribuna con el resto de invitados, mayoritariamente pensionistas con un chaleco rojo con lemas alusivos a la necesidad de una pensión de 1.184 euros. Por ello, ha habido que suspender un par de minutos el debate para esperar a que Mezo subiera las tres plantas para acomodarse en su nueva ubicación. El personal de seguridad de la Cámara ha estado acompañándolos en todo momento.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha seguido el debate mientras trabajaba con su portátil en el escaño. El vicelehendakari socialista, Mikel Torres, de su lado, hacía lo propio con una tableta. En paralelo, el Ejecutivo vasco tiene abiertas negociaciones con el Estado para asumir, antes de que finalice 2025, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. El proceso ya se ha iniciado con la transferencia de algunas prestaciones no contributivas y de las políticas pasivas de empleo (el SEPE), pero todavía no hay acuerdo en torno a las pensiones como tal. En todo caso, las cuantías y la legislación seguirán siendo competencia estatal. Tanto la Constitución como el Estatuto aluden expresamente a un sistema unitario y con solidaridad interterritorial.

15.091 pensionistas cobraban en agosto, el último mes de cerrado, el complemento de la RGI. Son el 25,81% de los perceptores totales. Los promotores estiman que del orden de 100.000 pensionistas carecen de ingresos suficientes. Añaden que el modelo de la RGI toma como referencia los ingresos y circunstancias de toda la unidad de convivencia o familia y no situaciones individuales. Mezo ha avisado, además, de la brecha de género entre las personas mayores, ya que la precariedad afecta especialmente a mujeres.

Las 145.142 representante al 6,46% de la población de la comunidad autónoma y casi cinco veces más que el mínimo legal, 30.000 rúbricas, para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP). Si fueran votos, prácticamente serían la tercera fuerza en el Parlamento a la luz del escrutinio de las elecciones de 2024, muy cerca de los 150.000 apoyos sumados por el PSE-EE y solamente por detrás de PNV y EH Bildu. Desde que en 2018 Sabin Zubiri fuera el primer ciudadano anómino en tomar la palabra para defender una propuesta legislativa popular ninguna ha sido siquiera admitida a trámite. En la lista de espera del Parlamento, que llevaba hasta este jueves tres meses sin votaciones a causa del largo parón estival, hay otra propuesta lanzada por los sindicatos, esta vez sobre disponer en Euskadi de un SMI propio.

El “zorionak” del PNV y los datos del PSE-EE

PNV y PSE-EE ni siquiera han intervenido en el turno en contra antes de la votación. Se han limitado a tomar la palabra 'a posteriori', como explicación de voto. Markel Aranburu ha ejercido como portavoz del PNV. “Zorionak lortu duzuenagatik!”, ha arrancado, queriendo reconocer el trabajo de los pensionistas para reunir tantas firmas. “Las políticas sociales más avanzadas del Estado son las nuestras”, ha señalado también. Según Aranburu, no es posible tramitar esta propuesta porque la competencia “es de Madrid”. Además, ha indicado que el modelo vasco de “protección social”, en referencia a la RGI, ya complementa las pensiones bajas de 15.000 personas.

El representante socialista, Ekain Rico, ha acudido a la tribuna con una batería de datos. Ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mejorado sin parar las pensiones con un “ambicioso programa de reformas” frente a los “recortes”, “congelaciones” y “contrarreformas” del PP durante la etapa de Mariano Rajoy. Ha señalado que el “incremento continuado” de las cuantías no se queda en “palabras”, que son “hechos”. La pensión media en España es de 1.312 euros, por encima de los 1.184. La de jubilación, en concreto, es de 1.507, ha dicho. “Y en Euskadi las cuantías son aún mayores”, ha subrayado igualmente. Ha hablado de 1.617 euros en general y de 1.836 por jubilación. Sobre la RGI, ha indicado que ofrece una cobertura de 1.080 euros para una persona sola (pero a doce pagas) y de hasta 1.535 para unidades de convivencia más amplias, según Rico. Eso sí, ha dicho que no puede convertirse en “complemento universal”, porque su misión es otra. En el bipartito vasco es el PSE-EE el que gestiona tanto la RGI como la parte de Seguridad Social que se va a ir transfiriendo.

La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha sido la única que técnicamente ha usado el tiempo en contra. Ha dicho que era una cuestión de “respeto” a los invitados explicarles por qué se opone. Ha dicho que las pensiones son competencia del Estado y que “es el Gobierno de España el que debe dar solución a las pensiones mínimas”. También que no se puede poner una pensión mínima general que iguale a quienes “cada día madrugan, cotizan y hacen país” y dar unos complementos vascos que hagan que una persona mayor “del resto del Estado” tenga peores condiciones en las mismas circunstancias personales. “Es un mensaje peligroso”, ha cerrado.

El turno del 'sí'

El principal apoyo de la iniciativa ha sido el de EH Bildu. Nerea Kortajarena, desde la tribuna, ha lamentado el portazo y ha indicado que “la democracia, cuando es participativa, es más democracia”. Ha avisado que “nunca” una propuesta con “tanto apoyo” había llegado a la Cámara y ha asegurado que no se puede pretender que “la participación ciudadana se limite a votar cada cuatro años”. La 'número dos' de la coalición ha repetido datos sobre la necesidad de operar en la mejora de las pensiones y ha considerado deseable al menos abrir el debate y meter “en la agenda” esta cuestión. “Si el debate no es fructífero, tienen ustedes mayoría para pararlo [en la votación final]”, ha agregado. Kortajarena ha ironizado que el PNV, hace solamente una semana, prometió atender las preocupaciones que se perciben “en la calle” y “en los bares” y que ahora comete el “error” de cerrar la puerta a 145.142 personas.

Desde Sumar, Jon Hernández ha asegurado que la propuesta ha sido “arrojada al vertedero” por los partidos del Gobierno. “Permitir el debate es una cuestión prepolítica”, sostiene. Además, niega que establecer más complementos ponga en riesgo los presupuestos, porque comportaría incrementar un “1,4%” el presupuesto vasco. “No es ninguna locura”, ha considerado. Con todo, ha querido “lanzar un mensaje en positivo” a los firmantes porque su trabajo “no ha sido en balde” y “el debate está vivo aunque esta propuesta específica no vaya a seguir el trámite parlamentario”. Los invitados han aplaudido los discursos tanto de EH Bildu como de Sumar. El PP no ha votado en contra, pero tampoco a favor. Se ha quedado en la abstención aunque también ha pospuesto su intervención a después de la votación. Ha sido Álvaro Gotxi el que ha tomado la palabra.

Al poco de terminar el debate, Mezo y otros compañeros han dicho a los medios de comunicación que es un gran “despropósito” lo ocurrido. “Y podría emplear palabras más duras”, se ha contenido. Quien no lo ha hecho ha sido su colega Arturo Val del Olmo, que ha llegado a acusar de “prevaricación” a los partidos del Gobierno. Fue militante socialista y de la UGT. Mezo, en todo caso, sí ha aprovechado para poner en valor ocho años del movimiento de pensionistas vasco. En el exterior del Parlamento, más pensionistas se han movilizado en defensa de su propuesta y enfadados por el portazo. “Nos vamos de aquí con el convencimiento pleno de que tenemos que seguir luchando. Nuestra generación va a ir desapareciendo. Pero nuestra rebeldía no”, ha clamado Val del Olmo.

La coalición Sumar, con un único representante en el Parlamento Vasco, ha diagnosticado que el lehendakari, Imanol Pradales, ha pronunciado un discurso “lleno de autobombo y vacío de autocrítica” en el pleno de política general y ha asegurado que su formación cada día se siente “más alejada” del Ejecutivo de PNV y PSE-EE. “Hay una Euskadi que no se reconoce en el discurso autocomplaciente. La gente sigue viviendo con listas de espera en Osakidetza o con alquileres imposibles y leoninas hipotecas”, ha resumido Jon Hernández, portavoz parlamentario y procedente de IU.

Hernández ha arrancado con un recuerdo para Palestina y, además, criticando la posición del Ejecutivo vasco tras las protestas que detuvieron la llegada de la Vuelta a España a Bilbao con el equipo Israel Premier Tech en el pelotón. También ha ironizado con las contrataciones que el Gobierno hace a las consultoras que luego fichan a cargos del PNV.

Sumar ha denunciado que Euskadi sigue siendo la comunidad autónoma con más peso de la educación privada. Según Hernández, PNV y PSE-EE “miman” a la concertada y eso redunda en mayor segregación y caída de los resultados. Y también que este problema se extiende a más ámbitos. “Nos plantea un modelo de país articulado en eso que ustedes llaman colaboración público-privada, donde algunos hacen negocio con los recursos públicos y con los servicios públicos”, ha indicado.

“Nuestra representación es modesta y trabajamos con humildad, pero también con la firme voluntad de ser útiles. Pero útiles a un cambio de modelo, no útiles al mantenimiento de las elites que vienen dominando Euskadi hace cuatro décadas. Que es a lo que creo se dedica este Gobierno”, ha zanjado el parlamentario de Sumar.

La coalición Sumar ha pedido explicaciones al Gobierno vasco sobre su decisión de renovar el contrato con la empresa de origen israelí Attenti Electronic Monitoring para el control telemático de presos en Euskadi, una medida adelantada por este periódico. El parlamentario Jon Hernández, procedente de IU, ha registrado una serie de preguntas parlamentarias en las que pide al Ejecutivo que aclare si “ha hecho o va a hacer algo en el futuro inmediato para evitar que esta empresa u otras empresas israelíes sean adjudicatarias de contratos públicos”.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco “acaba de renovar un contrato con la empresa israelí Attenti Electronic Monitoring para el control telemático de presos en semilibertad en Euskadi, mientras Israel incrementa la masacre que está llevando a cabo en Gaza”, constata Sumar. “Se destinarán 780.000 euros de recursos públicos a esta empresa israelí con sede en Tel Aviv hasta agosto de 2026”, indican.

Sumar ha añadido que “ante las masacres indescriptiblemente horrorosas que lleva a cabo Israel en la Franja de Gaza y en toda Palestina, la sociedad vasca se viene movilizando de manera constante, exigiendo, entre otras cosas, a nuestras instituciones ser contundentes y utilizar todas las formas posibles de denuncia, presión y boicot a Israel”. Esto, en opinión de Sumar, “obliga al Gobierno vasco a evitar toda relación de carácter político, cultural o económico con Israel”. Asimismo, ha recordado que el Parlamento Vasco aprobó el pasado mes de junio, a iniciativa de la propia Sumar, una proposición no de ley en la que, entre otras cosas, se instaba a todas las instituciones a actuar ante la gravedad de la situación en Gaza.

Para Sumar, es necesario “romper todo tipo de relación” con empresas israelíes, así como prohibir eventos deportivos o culturales en los que participen equipos de Israel, “como medidas necesarias para denunciar y rechazar el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina”. Por ello, ha pedido al Departamento de Justicia y Derechos Humanos que “evite mantener la contratación pública con esta o cualquier otra empresa israelí”.

El Parlamento Vasco ha dado luz verde este jueves al inicio de la tramitación de la reforma “urgente” de la normativa de vivienda, anunciada en marzo y que retoca hasta siete leyes para dar respuesta a la “emergencia” habitacional. Queda pendiente que se pueda habilitar parte del verano para avanzar en la redacción del articulado definitivo, ya que, de lo contrario, habrá un parón legislativo total de tres meses. No hay sesiones previstas en la Cámara hasta finales de septiembre, ni plenos ni comisiones.

Además de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, la admisión a trámite iba a contar con el apoyo del PP. Pero los 'populares' han visto un debate con iniciativas muy de “izquierdas” y se han quedado a última hora en la abstención, según ha mostrado con enfado la 'popular' Ana Morales. Mientras, la oposición de izquierdas, EH Bildu y Sumar, la ha rechazado con dureza. Vox no ha tomado parte en el debate -lo ha hecho después, como explicación de voto- y se ha abstenido.

De la relevancia de la iniciativa da cuenta que, en nombre del PSE-EE, el partido que dirige el área de Vivienda en el Gobierno de coalición con el PNV, ha defendido la ley el propio líder, Eneko Andueza, aunque luego ha delegado las réplicas en Adrián Fernández, su portavoz habitual en la materia. Solamente había tomado la palabra Andueza en dos ocasiones en lo que va de legislatura, la investidura de Imanol Pradales y un pleno monográfico sobre la situación económica. Según ha explicado Andueza, la norma busca “crear un carril rápido, una autopista”, para impulsar la vivienda protegida. “La vivienda es un problema que tiene solución. Las cosas tienen que cambiar en este país. No es una ley cualquiera: es un compromiso con toda una generación”, ha enfatizado.

¿Qué plantea la norma? Según expuso en su día el consejero Denis Itxaso, que ha seguido el debate desde su escaño, plantea simplificar la burocracia, reforzar algunas exigencias en las zonas tensionadas, lograr autorización para levantes de nuevas plantas en bloques ya construidos y, sobre todo, reducir del 75% al 60% el procentaje para vivienda protegida en las promociones.

Es precisamente este último punto el más controvertido. Las izquierdas lo han llamado “contrarreforma”. Pero Andueza ha insistido en que “de nada sirve el 75% de lo que no se desarrolla”. Y ha apuntado que el 60% es un mínimo porque “allá donde sea posible” podría alcanzar incluso el 100%. Desde la bancada del PNV, Jonatan Moreno ha defendido también esta propuesta porque “la vivienda no debería ser una trinchera ideológica”. “En el PNV, frente al dogmatismo, representamos el pragmatismo político”, ha lanzado a las izquierdas.

La norma ha llegado como “proposición de ley” y no como “proyecto de ley”. Es decir, siendo un planteamiento del Gobierno se hace a través de los partidos, lo que exime al documento de informes preceptivos de órganos consultivos y de control, como han reseñado sin excepción los portavoces de toda la oposición. Para Moreno, del PNV, eso solamente eran “trabas” y “burocracia” para retrasar las medidas.

PNV y PSE-EE iban a contar con el apoyo del PP. De hecho, los nacionalistas hasta les habían dado las gracias. “No vamos a ser nosotros quienes impidamos que en este Parlamento se debata de vivienda”, había señalado Morales, aunque luego ha dicho que estaba “más que justificado” el cambio de postura a la vista de los acontecimientos.

Morales, de hecho, ha formulado una enmienda de totalidad al contenido que se traducirá una “batería” de modificaciones que van a plantear a partir de ahora. Según el PP, el texto “inicia el camino adecuado” pero “se queda muy corta”. Es “tímida” y “tibia”. En algunos puntos, además, imita “el más puro estilo de la izquierda radical de Catalunya, de En Comú Podem”, según Morales, que ha afeado al PNV que se venda como moderado y luego copie otros modelos. Además, ha preguntado al aire si el texto lo ha escrito el Ejecutivo o bien una “consultora externa”, como ocurre con otros planes gubernamentales, en cuyo caso ha demandado que se aclare su coste.

Desde EH Bildu, Xabier Astigarraga no ha escatimado en críticas. Se trata de una “improvisación”, de un texto carente de “ambición”. Apenas ha excepcionado las nuevas sanciones para las zonas tensionadas, algo que ha considerado “imprescindible”. Se ha ratificado en que es una “contrarreforma”. “Nunca hemos tenido tan pocas exigencias para viviendas protegidas cuando son más necesarias que nunca ha manifestado Astigarraga. Y ha agregado que se hace ”con una visión cortoplacista“ porque ”el único objetivo es tener 7.000 viviendas en tres años“ aunque ”a largo plazo será una hipoteca“.

En el plano político, ha afeado también al consejero Itxaso que haya “retado” a los municipios de EH Bildu a mantener el porcentaje del 75% de vivienda protegida si así pueden sostenerlo. “¿Es ése el modelo de gobernanza interinstitucional?”, se ha preguntado. También se ha dirigido Astigarraga al PNV al ironizar que el “pragmatismo” de este partido en materia de vivienda le ha llevado a no apoyar ni la ley vasca de 2015, ni la normativa estatal de 2023, así como a formular un recurso de inconstitucionalidad contra ella.

“Parece redactada en despachos de la banca y de las promotoras inmobiliarias”, ha apuntado, de su lado, el portavoz de Sumar, Jon Hernández, que ha mencionado también la “cobardía” de presentar el texto sin los informes de control. Hernández, como Astigarraga, ha avisado también de que esta reforma cuela un retoque en la normativa de la renta de garantía de ingresos, la RGI, el salario social para personas sin recursos o el complemento para nóminas y pensiones bajas. Para solventar un punto anulado por una sentencia judicial en el reglamento de la RGI, se blindará la exigencia de un “título válido” de ocupación de una vivienda. EH Bildu y Sumar se unen así a organizaciones sociales como Argilan-ESK, que han denunciado que esto perjudicará a colectivos vulnerables.

El peso de la privada en la Sanidad vasca puede terminar por arruinar el pretendido “pacto de salud”, uno de los objetivos estratégicos del arranque de la legislatura de Imanol Pradales. A pesar de que desde hace meses se viene dando por hecho la existencia de ese consenso -incluso en la cartelería de las reuniones se presenta ya como “pacto”-, la mesa que sienta al Gobierno con partidos, sindicatos, patronal, universidades, colegios profesionales y otros agentes, reunida por décima vez este miércoles, muestra posiciones “irreconciliables” en torno a lo que una parte llama “colaboración público-privada” y otra parte “privatización” a secas. Este miércoles, de hecho, el Ejecutivo y el PNV, como partido, han echado para atrás una propuesta de refuerzo de la publificación aprobada por la mayoría de participantes en el subgrupo específico para tratar esa materia y que había sido refrendada con los mecanismos fijados por el propio Gobierno para trabajar.

En la reunión del subgrupo sobre “colaboración público-privada” los partidos EH Bildu y Sumar, los sindicatos Satse, LAB, CCOO y UGT y el Colegio de Trabajo Social sacaron adelante un texto que plantea “revertir” externalizaciones y “limitar la privatización de nuevos servicios a situaciones excepcionales”. En la votación participaron nueve partes, con siete votos a favor y solamente dos en contra. La coordinadora de ese grupo, la alto cargo Olatz Bolinaga, directora de régimen jurídico y económico del Departamento de Salud, ha explicado que la reunión fue muy larga -iba a ser de una hora y se estiró hasta cuatro- y que muchos de los participantes no pudieron votar. Ha venido a decir que el resultado de la votación no es concluyente y ella misma, a diferencia de los otros coordinadores de los grupos de trabajo, no ha defendido el dictamen aprobado al asegurar textualmente que no es posible una “publificación” general como se plantea.

La mesa ha tenido tres fases desde que arrancó sus labores en septiembre. La inicial elaboró un diagnóstico y precisamente el estado de la cuestión sobre el peso de la privada en Euskadi fue un punto crítico. Después se fijaron principios y valores. Esta tercera fase, la definitiva, es la de las medidas para mejorar Osakidetza, convertida en una de las principales preocupaciones ciudadanas. Salud ideó crear 24 subgrupos de trabajo, cada uno con un “dinamizador” propuesto por la propia Osakidetza. Inicialmente se prometió tener el pacto en marzo y ya se acumula un retraso de tres meses. Lo ha admitido antes de la reunión, la décima, el propio consejero Martínez, aunque siempre ha defendido que es mejor ir más lento pero hacerlo de un modo eficaz y seguro.

Prácticamente como un patrón cada día en que se ha juntado la mesa el consejero ha anunciado que había grandes consensos y acuerdos. Sin embargo, en realidad han aparecido posturas diferenciadas en materias como salud mental o la exigencia del euskera en Osakidetza, según fuentes internas. Y, sobre todo, las hay en lo tocante a las privatizaciones. Fuentes del Gobierno recalcan, por un lado, que no hay sistema más público que el vasco, con apenas un 6% de gasto sanitario externalizado. Y, por otro lado, aseguran que la propuesta planteada por partidos y sindicatos de izquierda es irrealizable porque “no se puebe publificar todo”, incluso las obras de centros de salud. Sin embargo, los propios proponentes rechazan que sea así la literalidad del texto, que apunta a acotar las privatizaciones a casos “excepcionales”. Jon Hernández, de Sumar, ha ejercido de portavoz de ese grupo y ha afeado que se haya echado para atrás una propuesta refrendada de forma “democrática” solamente porque al Gobierno y al PNV no le gusta.

A lo largo de la mañana, de boca de cargos de Salud se ha admitido que sobre la mesa hay “posiciones muy diferenciadas y en algunos casos casi antagónicas”, en palabras de la propia Bolinaga. El Gobierno ha intentado sustituir el acuerdo de la mesa de trabajo por una redacción alternativa “integradora”. Pasaría por garantizar que el gasto en privatizaciones se quede por debajo del 6%, como hasta ahora, y en entregar un informe sobre la materia en abril de 2026, en la que se pretende que sea la primera reunión de seguimiento del pretendido pacto. El PSE-EE, socio del PNV, también ha lanzado su propio planteamiento para intentar tender puentes y que plantea recurrir a la “colaboración público-privada” solamente cuando aporte “valor añadido”.

Tras casi cuatro horas de reunión con discusiones tensas -una fuente ha explicado que se ha reprochado a EH Bildu, la organización más fuerte del bloque, que quiera la publificación de Osakidetza cuando externaliza servicios en sus ayuntamientos-, Martínez ha comparecido ante los periodistas para rebajar el alcance de las discrepancias y asegurar, textualmente, que “el consenso está más cerca que nunca”. Ha señalado que simplemente hay “diferencias de interpretación” y que la reunión ha estado presidida “por un espíritu de consenso”.

Según el consejero, este pacto no va de votaciones, sino de “mínimo común denominador”. Si fuera por votaciones, ha recordado, el Ejecutivo podría hacer uso de su mayoría absoluta en el Parlamento para aprobar lo que quisiera. Ha aprovechado para recordar el dato de que Osakidetza “es el sistema público más público” y que la cara y ojos de las entidades privadas que “colaboran” es la de Matia, Cruz Roja o las asociaciones de pacientes. “Soy optimista. Hay una percepción de ganas de pacto [...]. El 27 de junio vamos a tener un pacto de salud”, ha garantizado.

Su mano derecha, la viceconsejera, Lore Bilbao, ha llevado a términos numéricos el disenso. Hay 160 medidas acordadas y solamente hay una que enfrenta a las partes, de modo que “es menos de un 1% de desacuerdo”. Ella también ha aludido, además, a “desavenencias de redacción” más que a diferencias de modelo en su intervención ante los medios de comunicación.

Hernández, de Sumar, el único de los discordantes que ha comparecido a lo largo de la reunión, ha insistido en el problema de fondo y ha criticado que se persigan textos tan genéricos que sirvan “para sostener unas políticas y las contrarias”. “Si no hay una apuesta clara, blanco sobre negro, de defensa del sistema público, nuestra coalición no va a estar”, ha resumido. Otras organizaciones como ELA o ESK ya se desmarcaron de esta mesa por motivos similares casi al arranque del proceso. El viernes 27 de junio es el momento límite para cerrar un acuerdo, según el calendario del propio Gobierno. Hasta entonces, el Ejecutivo ve margen para intentar una solución consensuada.

Después de una docena de intervenciones entre réplicas y contrarréplicas, un grupo de parlamentarios del PNV ha bromeado en los pasillos con el socialista Mikel Torres, vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, porque 'de facto' ha ejercido como sustituto de Imanol Pradales en la sesión de control de este viernes celebrada en el Parlamento Vasco. Con el lehendakari en Barcelona, en la conferencia de presidentes, la oposición ha hecho mucho más protagonista al segundo vicepresidente que a la primera, Ibone Bengoetxea. Así, la siniestralidad laboral ha sido un tema central.

Torres ha respondido a EH Bildu, al PP -por partida doble- y a Sumar sobre los últimos tres fallecimientos y otras cuestiones relacionadas con el ámbito laboral. Y ha señalado con claridad la responsabilidad de las empresas. “Me criticaron por decir que para mí era más importante de la siniestralidad laboral que el absentismo laboral, que el mal llamado absentismo laboral. Y a algún dirigente empresarial de dedo rápido parece ser que no le gustó lo que dije”, ha afirmado.

Además, unos minutos después, el omnipresente Torres ha vuelto a hablar del asunto, en esta ocasión en la apertura de la asamblea anual de la patronal de Álava, SEA. “Les pido un esfuerzo en el ámbito de la siniestralidad laboral. Sé de los esfuerzos realizados, pero no son suficientes, también por la parte que represento, ya que no debemos ver como algo normal que una persona salga de su casa para cumplir con su jornada laboral y no vuelva con su familia, por morir en su puesto de trabajo”, ha manifestado el vicelehendakari.

El único ausente en el Parlamento no era Pradales. Tampoco ha estado Eneko Andueza, líder del PSE-EE, o incluso el jefe de la oposición, Pello Otxandiano. En la bancada de la principal fuerza de la oposición la que ha preguntado al vicelehendakari Torres ha sido la 'número dos', Nerea Kortajarena. Ha afirmado que no ve “muy preocupada” a la patronal con los fallecimientos -“seis solamente la pasada semana en Euskal Herria”- mientras protesta por un supuestamente elevado “absentismo”.

“Ciertamente, la pasada fue una semana negra. No son sólo números”, ha concedido Torres, que ha dicho que todos ellos eran “evitables” si hubiese habido más prevención y formación. “Puedo garantizar que la Inspección de Trabajo analizará las circunstancias e impondrá las sanciones que la ley marca”, ha agregado. Antes de esa “semana negra” estaban ya registrados once fallecidos en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. “Desde luego, no dudo que Inspección de Trabajo haga su trabajo en relación a la investigación de los accidentes que ya se han producido. Pero lo que nosotros le requerimos hoy es una mayor dureza, una mayor contundencia en relación a la seguridad y salud en el trabajo. Quienes tienen la obligación de garantizar esa prevención no cumplen con sus obligaciones de una manera estructural”, ha señalado, de su lado, Jon Hernández, de Sumar.

El líder del PP, Javier de Andrés, ha salido del pleno con la “sensación” de que el Gobierno “minimiza” la “gravedad” del “absentismo”. Según el dirigente conservador, es “de extrema gravedad” que por término medio de media cada trabajador no acude a su puesto un mes, un dato que “se va a aproximando a las vacaciones”. De hecho, ha añadido que la mayor parte de accidentes se dan “por la contratación de eventuales” y en “subcontratatas”, “precisamente las dos formas de suplir a los absentistas”.

En el acto de SEA en el que ha participado Torres, el presidente de los empresarios alaveses, Juan Antonio Sánchez Corchero, ha ofrecido también el mismo dato de casi un mes de baja por término medio por empleado. El absentismo es un “problema capital”, se ha señalado. Esta organización tiene ya creado un “observatorio” para buscar un diagnóstico y “soluciones”.

Consultoras

El otro que ha aludido al tema por parte del PP ha sido Álvaro Gotxi. Pero el tono era muy otro. Lo ha hecho para denunciar que la estrategia vasca de seguridad y salud laborales “fue sucontratada” a una empresa llamada Red 2 Red que, según el PP, es próxima a los socialistas y acabó como una de las sancionadas por Competencia en el cártel de las consultoras. Gotxi ha matizado, eso sí, que las contrataciones se hicieron en pasadas legislaturas, con María Jesús San José.

Precisamente, EH Bildu ha interpelado a la otra vicelehendakari, a la del PNV, por otra externalización a una consultora, en este caso para el apoyo a la redacción de la ley más importante de la legislatura en su cartera, la de Cultura y Política Lingüística. Josu Aztiria, de la coalición abertzale, ha afeado a Bengoetxea que la asesoría ni siquiera sea vasca. Ha pedido “ambición nacional” y no copiar el texto de otra comunidad autónoma, en este caso el de Canarias, en el que también habría participado esa firma.

La otra intervención de Bengoetxea ha sido motivada por Vox. La ultraderecha ha preguntado a la vicelehendakari su opinión de que el nuevo rector de la Universidad pública vasca, Joxerramon Bengoetxea, quiera que la marca de la entidad sea solamente EHU y no UPV/EHU. El Gobierno ha defendido que el nombre oficial no cambiará y ha apuntado que hay otros organismos que tienen nombre únicamente en castellano, como el IVAP o la SPRI.

El Gobierno vasco ha formalizado al menos 20 contratos con las empresas del miembro del PNV de Gipuzkoa Aitor Elorza en los últimos cinco años, según las referencias enviadas al Parlamento por nueve de los dieciséis miembros del Ejecutivo en respuesta a una solicitud de información de la coalición Sumar. En total, esas adjudicaciones a Montai Produkzioak pero también a Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok Zuzeneko Komunikazioa suman 287.618,38 euros y, salvo en un caso, fueron directas, es decir, sin concurso. No constan contratos con la quinta marca de Elorza, Ekiazpi, de reciente creación.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, había solicitado al Gobierno información actualizada sobre las adjudicaciones en el último lustro al grupo Montai, dedicado al montaje y organización de eventos. A comienzos de este año, en el marco de un juicio laboral, el empresario Elorza admitió en una vista pública haberse valido de cambios de CIF entre empresas de su mismo grupo para burlar la limitación que la nueva normativa estatal marca para las adjudicaciones directas, 15.000 euros más IVA por mercantil y año en cada ventanilla. Los hechos tuvieron lugar en Hondarribia durante varios ejercicios. En ese municipio guipuzcoano, cuando gobernaba el PNV, Montai se había convertido en un contratista habitual para eventos y actividades culturales, aunque también lo ha sido en la Diputación de Gipuzkoa y en otros municipios como Beasain.

En el caso del Gobierno vasco, los datos muestran que desde que la situación de Montai salió a la luz pública, precisamente en 2020 a través de informaciones de este periódico, las adjudicaciones al grupo han descendido notablemente. En el período equivalente anterior, de 2014 a 2019, afloraron 377 contrataciones valoradas en unos 2,5 millones de euros solamente en el Gobierno vasco, según una documentación similar a la actual solicitada por la exparlamentaria de Podemos Cristina Macazaga.

Han respondido a la petición de Sumar Presidencia, las dos vicepresidencias (una de ellas del PSE–EE), y los consejeros de Hacienda, Seguridad, Educación, Salud, Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, y Ciencia, Universidades e Innovación. No lo han hecho los de Justicia y Derechos Humanos (donde se encuadra Gogora), Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Movilidad, Vivienda, Turismo, Comercio y Consumo y Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno. No se precisa si es porque no han tenido relación con el grupo –Hacienda tampoco y ha respondido– o si se debe a otros motivos.

Los informes derivan al perfil del contratante la búsqueda de los contratos mayores y menores, pero sí detallan los denominados FOAS, es decir, facturas igualmente directas y que no figuran en los portales de transparencia. Son nueve de las veinte facturas las que nunca fueron publicadas, 17.724,90 euros en total. A tenor de estos datos, ) únicamente el 4,57% del presupuesto total (un contrato de Lanbide) proviene de las áreas dirigidas por el PSE–EE en el Ejecutivo de coalición con el PNV.

El contrato más relevante en este período es del EiTB. Montai es la empresa que organiza escenarios para exteriores de la radiotelevisión pública como los especiales de San Fermín o las campanadas, entre otros muchos. Fue un concurso pero no se presentó ninguna otra oferta. Asciende a 192.753 euros, aunque EiTB tiene otras cinco adjudicaciones de menor cuantía con el grupo. Cinco de los contratos están a nombre de Montai pero el sexto se formalizó con Elorza a título individual mediante un pago de 1.452 euros.

En Presidencia, Montai ya no es tan habitual como lo era en legislaturas anteriores. De hecho, solamente consta como organizadora de un acto con la diáspora en 2024, que costó 10.024,85 euros, y como perceptor de FOAS por un total de 10.896,05 euros. Educación contrató con las empresas de Elorza dos carpas especiales para colegios durante el primer año de pandemia y después ha hecho pequeños servicios para Ikerbasque, Innobasque, la Orquesta Sinfónica o, en el último caso, para el acto anual de homenaje a los fallecidos por la COVID–19 en Vitoria, ya con el consejero Alberto Martínez en Salud (847 euros).

Las nueve respuestas del Gobierno son muy similares y, salvo alguna excepción como Bingen Zupiria, el resto coincide en denunciar la “imprecisión” de Sumar en su solicitud de documentación. También lo hace Mikel Torres, el vicelehendakari del PSE–EE y responsable de Economía, Trabajo y Empleo, que copia los argumentos de sus colegas del PNV. La información más completa la aporta Noël D'Anjou, consejero de Hacienda del PNV. A pesar de no haber contratado nunca al grupo Montai, sí realiza una valoración un poco más amplia.

D'Anjou recuerda que la Oficina de Control Económico –un órgano fiscalizador interno del propio Gobierno– ya revisó en 2020 los contratos con el grupo Montai durante las dos primeras legislaturas de Iñigo Urkullu y agrega que aquella auditoría concluía que todas ellas se ajustaban “sustancialmente” a la normativa. La oposición criticó aquel informe por venir firmado por un exdirigente del PNV, Javier Losa.

Señala Hacienda también que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no ha realizado mayores requerimientos a este respecto. De hecho, la oposición intento por tres veces que incluyera una revisión de las adjudicaciones a las marcas del empresario Elorza pero nunca terminó de acometer ese trabajo. El titular de Hacienda completa su respuesta subrayando que “el Gobierno actúa siempre –y así va a seguir siendo– con estricta sujeción a las estipulaciones de la normativa vigente en materia de contratación pública para velar por la transparencia y el control de las adjudicaciones públicas”.

Este periódico se ha puesto en contacto con Montai y, una vez más, no ha obtenido respuesta alguna. El empresario, por el contrario, ha realizado en otros foros comentarios alegando que todo son infundios. “Son una sarta de mentiras, manipulaciones e insinuaciones sin pruebas. Es evidente que el único objetivo de este ataque es dañar mi imagen y la de Montai mediante falsedades y tergiversaciones. Montai y las empresas mencionadas operan dentro de la legalidad. No hay nada irregular en nuestra actividad, y cualquier insinuación de corrupción es pura calumnia. Todas las contrataciones se han hecho respetando la normativa vigente”, escribió Elorza. Montai ha sido la empresa encargada, recientemente, de organizar la asamblea general del PNV en Donostia, como también monta los mítines y actos en las campañas electorales de este partido.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha completado en la mañana de este lunes la segunda ronda con los portavoces de los partidos vascos desde que llegó a Ajuria Enea en el verano de 2024. Les ha presentado su plan de choque anunciado la pasada semana con 2.150 millones en diferentes programas -algunos nuevos y otros ya conocidos- para hacer frente a posibles contingencias económicas ante el contexto global de incertidumbre por las medidas de Donald Trump desde Estados Unidos. Los encuentros han terminado con cierta mano tendida al trabajo compartido por parte de las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y PP, e incluso un tono discrepante pero dialogante de Sumar. Sin embargo, ha sido el socio del PNV, el PSE-EE, el que más ha elevado el tono con un “tirón de orejas” a Pradales no por las medidas económicas sino por el debate en torno a la conexión con Navarra en alta velocidad, que levanta ampollas.

La jornada de trabajo ha arrancado muy a primera hora, a las 9.00 horas, y se ha estirado hasta casi las 15.00 horas. Por segunda vez, la ultraderecha de Vox ha quedado excluida de la invitación en aplicación de un cordón sanitario. El lehendakari comprometió estas reuniones como complemento a su grupo para la defensa de la industria, un foro en el que se sienta con empresas, cooperativas, patronales, cámaras de comercio y otros agentes econónimos y sociales para analizar la coyuntura económico.

El líder de la oposición, Pello Otxandiano, ha ofrecido la “corresponabilidad” de EH Bildu en la actual situación económica aunque siempre desde la premisa de que toca hacer un análisis global y “estructural” del modelo y no solamente adoptar parches momentáneos y “reactivos”. Ha recordado que la coalición ha propuesto un pleno monográfico en el Parlamento para abordar la cuestión y votar resoluciones y ha confiado en que el Gobierno participe en él y se abra a acuerdos. La Cámara, con todo, está parada casi un mes por la concatenación de Semana Santa, Pascua, San Prudencio y el 1 de mayo. Otxandiano ha llevado a antes del verano ese pleno.

Otxandiano ha adelantado ya algunas de las medidas que plantearán, como las destinadas a solucionar los problemas de vivienda -cree que están ya lastrando la competitividad del país- o a preservar el arraigo de las empresas. Sobre el plan de choque, ha pedido tener en cuenta la “capacidad de tracción” de los contratos públicos y garantizar la “condicionalidad” de las ayudas, es decir, que no se concedan como un cheque en blanco. Igualmente, ha ofrecido al PNV la “capacidad relacional” de EH Bildu ahora que hay que buscar nuevos mercados alternativos a Estados Unidos. La coalición tiene tejida una red de contactos internacionales y, según Otxandiano, esas alianzas en Latinoamérica, África o Asia pueden ser útiles para Euskadi. En octubre, eso sí, Pradales criticó duramente a Otxandiano porque algunos de esos aliados eran de Cuba o Venezuela.

Desde el PP, Javier de Andrés ha ofrecido una imagen más conciliadora que la que acostumbra en los debates en el Parlamento Vasco. Este mismo viernes fue muy duro con el lehendakari. 72 horas después, en cambio, ha visto “adecuado” el planteamiento inicial del plan de choque, aunque sí ha recalcado que faltan “muchas otras cosas”. De hecho, De Andrés interpreta que los problemas económicos de Euskadi no empiezan con Trump y ha dado el dato de que desde el año 2000 es la comunidad autónoma que más peso proporcional ha perdido en España. “Todo lo que pueda servir, estamos dispuestos a apoyarlo”, ha sintetizado el líder de los 'populares' vascos.

En cuanto a Sumar, ha exhibido “disposición al diálogo” aunque ha criticado la política económica del Gobierno vasco. Por un lado, ha lamentado que se vaya a emitir más deuda -1.000 millones de entrada y ya hay autorizado margen para otros 2.000- cuando se acaba de hacer una reforma fiscal -pactada con sus exaliados de Podemos, por cierto- que va a reducir la recaudación. “La clase trabajadora no puede pagar la cuenta. No somos talibanes contrarios a la deuda, pero su utilización en este momento no es lo más adecuado”, ha indicado Jon Hernández. Asimismo, ha avisado de que no sería oportuno incrementar el gasto en defensa o primar a la industria armamentísica.