Un vídeo grabado el pasado sábado 5 de julio muestra a un hombre conduciendo un quad sobre una duna en la zona de Portocolom (Mallorca). La conducta ha generado indignación vecinal y ha sido puesta en conocimiento de la la Conselleria de Medi Ambient del Govern.

El testigo que captó las imágenes ha explicado a elDiario.es que se encontraba con su pareja cuando presenció los hechos. “Íbamos a la playa en coche y nos paramos a grabarlo cuando le vimos”, relata. Según cuenta, no fueron los únicos en observar la escena: “Había más gente que lo vio, vecinos y personas que pasaban con el coche”.

El hombre asegura que se acercó al conductor para preguntarle qué estaba haciendo: “Me vio indignado. Supongo que se dio cuenta de que igual no era lo correcto y se fueron. No se paró a hablar, se fueron rápidamente”. Añade que intentó comunicarse con él, pero el conductor no le entendió, lo que le hizo intuir que “era extranjero”.

El Govern no tiene constancia

ElDiario.es ha contactado con la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear para saber si tenían conocimiento de lo sucedido o si se trata de un comportamiento habitual. Desde la Conselleria aseguran que no tenían constancia del incidente y que no han recibido denuncias similares en esa zona. Consultados sobre su competencia en el asunto, han aclarado: “Se trata de una zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre y la circulación de vehículos por estas zonas es competencia de Costas”.

De confirmarse que el vehículo ha circulado sobre una zona protegida, podría tratarse de una infracción grave por daños al entorno natural, especialmente al tratarse de un espacio dunar, de alto valor ecológico. Sin embargo, hasta ahora no se ha abierto ningún expediente sancionador. El vídeo ha vuelto a reabrir el debate sobre el impacto del turismo en zonas frágiles del litoral balear y la falta de vigilancia en determinados puntos costeros durante la temporada alta.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha respondido desde los micrófonos de la Radio Galega a la histórica manifestación contra la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo), que reunió a decenas de miles de personas en Santiago de Compostela, anunciando que el proyecto tiene ya tres informes favorables de su departamento y que espera que la tramitación esté finalizada en el primer trimestre de 2025.

En concreto, se trata de los expedientes realizados por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, el Instituto de Estudios do Territorio y la Dirección Xeral de Calidade e Sostenibilidade. “Puedo avanzar que son favorables” pese a que “se le pidió más información y se le exigió más a la empresa”.

Vázquez recordó que son 26 los informes que la Xunta debe realizar sobre el proyecto. A su departamento todavía le faltan otros, como el de Augas de Galicia, si bien el grueso los está elaborando la Consellería de Industria. “Cuando los finalice, lo que hará será remitirlos a Medio Ambiente donde se evaluarán cada uno independientemente”. Un proceso que le “gustaría” que estuviese cerrado en el primer trimestre del año que viene, tras descartar que puedan hacerlo, como pretendían, en este 2024.

“Las prisas son limitadas porque los técnicos evalúan, estudian, piden informes...” y por eso no se puede hacer “en diez días”, aunque entiende la premura ya que la empresa necesita “la respuesta adecuada para tomar las decisiones correpondientes”.

“La Xunta no va a prevaricar”

Preguntada por la manifestación de este domingo -que desbordó la Praza do Obradoiro alcanzando100.000 personas, según los convocantes-, defendió que se trata de un “derecho” democrático, pero apeló a quienes “instan” estas movilizaciones, tanto partidos políticos como organizaciones ambientales, a “dejar de manipular la información” ya que “todo proyecto que se instala en Galicia tiene que pasar unos controles medioambientales muy rigurosos”.

Vázquez entiende que, cuando se le reclama al gobierno gallego que frene el proyecto, “se nos está diciendo que prevariquemos”. “La Xunta no va a prevaricar y los técnicos y los funcionarios, tampoco”. Insistió en que no es una cuestión “de gusto y de colores” sino “del cumplimiento de la ley”.

“Queremos un equilibrio entre el medio ambiente y los puestos de trabajo”, reiteró una vez más tras señalar que los requisitos que deben cumplir las empresas que se instalen en la comunidad “no tienen nada que ver con el trámite exprés del gobierno central”.

“Aquí hay partidos que ladran e incluso muerden” cuando “denuncian proyectos ante el juzgado”, pero esas mismas fuerzas respaldaron el Real Decreto del ejecutivo que aprobó ese procedimiento exprés. “Cuando el Gobierno tiene que pedir información sobre un proyecto en Galicia sólo nos da diez días y, si no contestamos, se entiende que es favorable”. “Que dejen de engañar, que dejen de manipular y, sobre todo, lo que no pueden pedir es que los funcionarios y la Xunta tengan que prevaricar”.

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, a través del Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània (CEAM), ha dut a terme una investigació sobre l’impacte de les onades de calor i l’augment de la temperatura de la mar.

El treball, desenvolupat pel Departament de Meteorologia i Climatologia del CEAM, demostra que, a causa del canvi climàtic, la primera onada de calor de cada estiu s’avança a un ritme de quatre dies per dècada des del 1985, any a partir del qual s’han produït un 90% més d’onades de calor.

El director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco, ha assenyalat que “aquests estudis científics ens ajuden a previndre l’acció del canvi climàtic i l’impacte dels fenòmens meteorològics extrems”. En aquesta línia, ha indicat l’eina tan important que suposen aquestes anàlisis. “La investigació integrada i multidisciplinària que du a terme el CEAM combina observacions d’última generació i modelitzacions d’alta resolució, tenint en compte els diferents components del sistema climàtic (sòl, vegetació, atmosfera i oceà), així com les seues interaccions”, ha manifestat.

Entre els fenòmens investigats pel Departament de Meteorologia i Climatologia s’inclouen les precipitacions torrencials, la sequera, i els episodis de calor extrema, que van convertint-se en característiques permanents de l’estiu.

Per això, l’anàlisi dels extrems de calor en períodes presents i futurs “és crucial per al desenvolupament i el disseny de mesures d’adaptació amb la finalitat de minimitzar els efectes adversos”, ha matisat Blanco.

A més, el CEAM posa el focus en l’impacte de les onades de calor en la salut de la població, així com la repercussió de l’efecte illa de calor urbana, és a dir la causa per la qual les zones urbanes experimenten temperatures més altes que les zones circumdants.

D’altra banda, el grup d’investigació del CEAM fa un monitoratge continu de les condicions de la mar Mediterrània per a obtindre dades que es publiquen de manera periòdica. D’aquesta manera, es pot analitzar la temperatura de l’aigua observant l’informe de la climatologia de la temperatura superficial de la mar (TSM) en la conca mediterrània, que serveix, també, d’indicador dels efectes del canvi climàtic.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, a través del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), ha realizado una investigación sobre el impacto de las olas de calor y el aumento de la temperatura del mar.

El trabajo, desarrollado por el Departamento de Meteorología y Climatología del CEAM, demuestra que, debido al cambio climático, la primera ola de calor de cada verano se adelanta a un ritmo de cuatro días por década desde 1985, año a partir del cual se han producido un 90% más de olas de calor.

El director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, ha señalado que “estos estudios científicos nos ayudan a prevenir la acción del cambio climático y el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos”. En esta línea, ha indicado la importante herramienta que suponen estos análisis. “La investigación integrada y multidisciplinar que lleva a cabo el CEAM combina observaciones de última generación y modelizaciones de alta resolución, teniendo en cuenta los diferentes componentes del sistema climático (suelo, vegetación, atmósfera y océano), así como sus interacciones”, ha manifestado.

Entre los fenómenos investigados por el Departamento de Meteorología y Climatología se incluyen las precipitaciones torrenciales, la sequía, y los episodios de calor extremo, que se están convirtiendo en características permanentes del verano. 

Por ello, el análisis de los extremos de calor en períodos presentes y futuros “es crucial para el desarrollo y diseño de medidas de adaptación con el fin de minimizar los efectos adversos”, ha matizado Blanco.

Además, el CEAM pone el foco en el impacto de las olas de calor en la salud de la población, así como la repercusión del efecto isla de calor urbana, es decir la causa por la que las zonas urbanas experimentan temperaturas más altas que las zonas circundantes.

Por otra parte, el grupo de investigación del CEAM realiza una monitorización continua de las condiciones del mar Mediterráneo para obtener datos que se publican de forma periódica. De esta manera, se puede analizar la temperatura del agua observando el informe de la climatología de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la cuenca mediterránea que sirve, también, de indicador de los efectos del cambio climático. 

El Consell que presideix Carlos Mazón, format pel Partit Popular i Vox, ha presentat l'avantprojecte de llei de Protecció i Ordenació de la Costa Valenciana, una norma que suposa, de facto, la sentència del Pativell (Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral). Aquest pla, elaborat pel primer Govern del Botànic amb la socialista María José Salvador com a consellera de Territori, va ser aprovat el 2018 i avalat pel Tribunal Suprem el 2022; i tenia per objecte la protecció de les 7.500 hectàrees de costa que encara romanien sense urbanitzar al litoral valencià.

Des de fa mesos, la conselleria de Territori, amb la popular Salomé Pradas al capdavant, estava treballant en la revisió del Pativel, una norma que afecta nombrosos sectors urbanístics situats a primera línia de platja. En concret, els plans urbanístics de Torreblanca Golf, Platja del Puig, Bega de Cullera, Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid a Gandia i Cala Mosca a Oriola, que sumen una superfície total de 5,4 milions de metres quadrats i suposen la construcció d'uns 18.000 nous habitatges al litoral valencià.

Aquest divendres, la Conselleria de Territori presentava l'avantprojecte de llei de Protecció i Ordenació de la Costa, un text que, segons denuncia l'exconsellera Maria José Salvador, suposa la “desaparició” d'una de les normes claus en protecció del territori impulsades pel Botànic: “S'anul·la el Pativel per la porta del darrere, que pretenia protegir el poc sòl que quedava verge a la costa valenciana”. “PP i Vox pretenen tornar a l'urbanisme salvatge de finals de segle i principis dels 2000”, es lamenta la diputada del PSPV: “Primer es carreguen el Pativel i després permetran la urbanització massiva del sòl a la costa que queda lliure”.

Entre altres qüestions, es permetrà la construcció hotelera a 200 metres de la costa, sense especificar tipologia, quan amb la llei actual només es permetien hotels amb encant amb baixa ocupació de parcel·la i ambient rural, usos esportius oberts, càmpings amb certificat de sostenibilitat, dotacions assistencials, etc., “sempre garantint la continuïtat ecològica i funcional de l'ecosistema” a partir dels 500 metres del litoral. A més, es rebaixa la distància en què es permet urbanitzar d'un quilòmetre a 500 metres de la línia d'aigua.

Disposició addicional tercera

A les normes d'aplicació directa de la disposició addicional tercera es recull que fins a l'aprovació de l'ordenació costanera, als sòls classificats com a no urbanitzables al litoral, “els nous usos residencials queden prohibits en els primers 500 metres”, davant dels 1.000 del Pativel; estan permesos “els usos terciaris públics i privats, propiciatoris de gaudi del medi marí, contacte amb la naturalesa i vida a l'aire lliure, com ara càmpings i establiments assimilats conforme a la legislació turística i amb un elevat grau de naturalització”, i respecte a les edificacions destinades a serveis, “s'hauran d'implantar fora dels primers 100 metres”; i es permeten els establiments hotelers a la franja litoral “sempre que les edificacions destinades a aquest ús se situen fora dels 200 primers metres”.

A la disposició tercera de l'avantprojecte també ve reflectit que, “en els tres anys següents a l'entrada en vigor de la present llei, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana identificaran els terrenys del seu àmbit territorial situats com a màxim a 200 metres de la ribera del mar, que a l'entrada en vigor de la llei de costes no estigueren classificats com a urbans, però compliren amb els requisits d'urbanització o consolidació edificatòria necessaris”. Posteriorment, se li comunicarà a la conselleria per a la seua aprovació, sempre que aquests sòls compliren els requisits per ser urbanitzables el 1988. “Amb aquesta llei, es permeten tota mena d'activitats en sòl protegit”, denuncia María José Salvador.

Conflicte amb la legislació estatal

Salvador alerta que la norma del Consell entra en conflicte amb la llei estatal de Costes, ja que es permeten les activitats hídriques a zones protegides “sense definir quin tipus d'activitat”. També, segons explica la diputada socialista, “obri una porta fictícia” a consolidar urbanitzacions que es troben en domini maritimoterrestre i que, actualment, són il·legals: “S'habiliten plans especials per consolidar construccions quan, si no són considerats Bé d'Interès Cultural (BIC) no es poden protegir”.

El text normatiu permet la consolidació de construccions a primera línia de platja: “La Generalitat Valenciana o l'ajuntament corresponent instaran a l'Administració General de l'Estat, justificadament, la modificació de la delimitació [domini públic maritimoterrestre] i la desafecció [ del sòl], d'acord amb la normativa estatal reguladora de les costes”. “La norma vol protegir els habitatges construïts en domini públic maritimoterrestre”, sentencia Salvador, que qüestiona la seua constitucionalitat perquè “entra en qüestions que l'administració autonòmica no pot regular”.

“Protegeix” propietaris i platges

La consellera Pradas defenia que s'ha fet “un pas més” perquè aquesta llei “siga una realitat”, una norma que permetrà “desplegar les nostres competències estatutàries en ordenació territorial, de litoral, urbanisme, administració de costes i ports”. A més, explicava, el text facilitarà que els afectats per les delimitacions del Govern “tinguen alternatives que puguen minorar els seus efectes”, al mateix temps que protegeixen “al màxim” els nuclis costaners tradicionals, “donant-los el valor etnogràfic que tenen”. “I tot des de la protecció dels nostres valors naturals, alhora que permetrem que les activitats econòmiques sostenibles puguen exercir-se amb seguretat i en coordinació amb els ajuntaments”, insistia la titular de Territori.

El president Carlos Mazón, per la seua banda, defensava aquest dissabte a Castelló la llei de Costes en què estan treballant que, assegurava, “protegeix propietaris i platges, alhora que el medi ambient i l'activitat econòmica, sense renunciar a res i garantint la seguretat jurídica per a tots”. “Volem exercir el dret de cuidar la nostra costa des del desenvolupament del nostre autogovern sense renunciar a res i amb garanties jurídiques”, insistia.

Mazón criticava la llei estatal de Costes i l'actitud del Govern del Botànic, a qui va acusar de mostrar-se “feble davant l'atemptat contra els propietaris, incapaç d'aixecar la veu, d'actuar i que no va aportar cap solució davant la pèrdua de 200 metres lineals a la costa els últims anys”, i insistia: “Anys de silenci davant una llei regressiva i confiscatòria”.

Finalment, el president reivindicava “exercir el nostre dret, que el tenim, a ordenar la nostra costa, a gestionar el que passa en un espai on viu el 70% de la població, on es genera el 15% del nostre PIB i on es concentren 331 platges, 10 ports comercials, 36 pesquers, 43 esportius, 24 clubs nàutics, i 10 parcs naturals”.

El Consell que preside Carlos Mazón, formado por el Partido Popular y Vox, ha presentado el anteproyecto de ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, una norma que supone, de facto, la sentencia del Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral). Este plan, elaborado por el primer Gobierno del Botànic con la socialista María José Salvador como consellera de Territorio, fue aprobado en 2018 y avalado por el Tribunal Supremo en 2022; y tenía por objeto la protección de las 7.500 hectáreas de costa que todavía permanecían sin urbanizar en el litoral valenciano.

Desde hace meses, la conselleria de Territorio, con la popular Salomé Pradas al frente, estaba trabajando en la revisión del Pativel, una norma que afecta a numerosos sectores urbanísticos situados en primera línea de playa. En concreto, los planes urbanísticos de Torreblanca Golf, Playa del Puig, Bega de Cullera, el Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid en Gandia y Cala Mosca en Orihuela, que suman una superficie total de 5,4 millones de metros cuadrados y suponen la construcción de unas 18.000 nuevas viviendas en el litoral valenciano.

Este viernes, la Conselleria de Territorio presentaba el anteporeyecto de ley de protección y ordenación de la costa, un texto que, según denuncia la exconsellera María José Salvador, supone la “desaparición” de una de los normas claves en protección del territorio impulsadas por el Botànic: “Se anula el Pativel por la puerta de atrás, que pretendía proteger el poco suelo que quedaba virgen en la costa valenciana”. “PP y Vox pretenden volver al urbanismo salvaje de finales de siglo y principios de los 2000”, se lamenta la diputada del PSPV: “Primero se cargan el Pativel y después permitirán la urbanización masiva del suelo en la costa que queda libre”.

Entre otras cuestiones, se permitirá la construcción hotelera a 200 metros de la costa, sin especificar tipología, cuando con la ley actual sólo se permitían hoteles con encanto con baja ocupación de parcela y ambiente rural, usos deportivos abiertos, campings con certificado de sostenibilidad, dotaciones asistenciales, etc., “siempre garantizando la continuidad ecológica y funcional de los ecosistema” a partir de los 500 metros del litoral. Además, se rebaja la distancia en la que se permite urbanizar del un kilómetros a 500 metros de la línea de agua.

Disposición adicional tercera

En las normas de aplicación directa de la disposición adicional tercera se recoge que hasta la aprobación de la ordenación costera, en los suelos clasificados como no urbanizables en el litoral, “los nuevos usos residenciales quedan prohibidos en los primeros 500 metros”, frente a los 1.000 del Pativel; están permitidos “los usos terciarios públicos y privados, propiciatorios de disfrute del medio marino, contacto con la naturaleza y vida al aire libre, tales como campings y establecimientos asimilados conforme a la legislación turística y con un elevado grado de naturalización”, y respecto a las edificaciones destinadas a servicios, “deberán implantarse fuera de los primeros 100 metros”; y se permiten los establecimientos hoteleros en la franja litoral “siempre que las edificaciones destinadas a dicho uso se sitúen fuera de los 200 primeros metros”.

En la disposición tercera del anteproyecto también viene reflejado que, “en los tres años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana identificarán los terrenos de su ámbito territorial situados como máximo a 200 metros de la ribera del mar, que a la entrada en vigor de la ley de costas no estuvieran clasificados como urbanos, pero cumplieran con los requisitos de urbanización o consolidación edificatoria necesarios para ello”. Posteriormente, se le comunicará a la conselleria para su aprobación, siempre y cuando estos suelos cumplieran los requisitos para ser urbanizables en 1988. “Con esta ley, se permiten todo tipo de actividades en suelo protegido”, denuncia María José Salvador.

Conflicto con la legislación estatal

Salvador alerta de que la norma del Consell entra en conflicto con la ley estatal de Costas, ya que se permiten las actividades hídricas en zonas protegidas “sin definir qué tipo de actividad”. También, según explica la diputada socialista, “abre una puerta ficticia” a consolidar urbanizaciones que se encuentran en dominio marítimo-terrestre y que, actualmente, son ilegales: “Se habilitan planes especiales para consolidar construcciones cuando, si no son considerados Bien de Interés Cultural (BIC) no se pueden proteger”.

El texto normativo permite la consolidación de construcciones en primera línea de playa: “La Generalitat Valenciana o el ayuntamiento correspondiente instarán a la Administración General del Estado, justificadamente, la modificación del deslinde [dominio público marítimo-terrestre] y la desafección [del suelo], conforme a la normativa estatal reguladora de las costas”. “La norma quiere proteger las viviendas construidas en dominio público marítimo-terrestre”, sentencia Salvador, quien cuestiona su constitucionalidad porque “entra en cuestiones que la administración autonómica no puede regular”.

“Protege” a propietarios y playas

La consellera Pradas defendía que se ha dado “un paso más” para que esta ley “sea una realidad”, una norma que permitirá “desplegar nuestras competencias estatutarias en ordenación territorial, de litoral, urbanismo, administración de costas y puertos”. Además, explicaba, el texto facilitará que los afectados por los deslindes del Gobierno “tengan alternativas que puedan minorar sus efectos”, al tiempo que protegen “al máximo” los núcleos costeros tradicionales, “dándoles el valor etnográfico que tienen”. “Y todo desde la protección de nuestros valores naturales, a la vez que permitiremos que las actividades económicas sostenibles puedan ejercerse con seguridad y en coordinación con los ayuntamientos”, insistía la titular de Territorio.

El president Carlos Mazón, por su parte, defendía este sábado en Castellón la ley de Costas en la que están trabajando que, aseguraba, “protege a propietarios y playas, al tiempo que el medio ambiente y la actividad económica, sin renunciar a nada y garantizando la seguridad jurídica para todos”. “Queremos ejercer el derecho de cuidar nuestra costa desde el desarrollo de nuestro autogobierno sin renunciar a nada y con garantías jurídicas”, insistía.

Mazón criticaba la ley estatal de Costas y la actitud del Gobierno del Botànic, al que acusó de mostrarse “débil ante el atentado contra los propietarios, incapaz de levantar la voz, de actuar y que no aportó ninguna solución ante la pérdida de 200 metros lineales en la costa en los últimos años”, e insistía: “Años de silencio ante una ley regresiva y confiscatoria”. 

Por último, el presidente reivindicaba “ejercer nuestro derecho, que lo tenemos, a ordenar nuestra costa, a gestionar lo que ocurre en un espacio donde vive el 70% de la población, donde se genera el 15% de nuestro PIB y donde se concentran 331 playas, 10 puertos comerciales, 36 pesqueros, 43 deportivos, 24 clubes náuticos, y 10 parques naturales”.

En el perfil propio que Alfonso Rueda trata de dibujarse desde que el dedo de Feijóo lo señaló como sucesor -con el beneplácito del hoy defenestrado Baltar- y a falta de un proyecto político que no pase, únicamente, por el reparto de bonos -para material deportivo, para cruceros, de transporte...-, la figura de la vicepresidenta segunda, Ángeles Vázquez se había hecho un con un espacio específico, que se ha visto incrementado por su papel protagonista en la crisis de los pellets. Los escuderos del anterior presidente eran el propio Rueda y un conselleiro económico de total confianza, Francisco Conde, llamado a grandes cosas en un hipotético gobierno de la derecha pero sin perfil político -lo que ahora lo obliga a ver pasar la vida desde su escaño en el Congreso-; los del actual jefe del ejecutivo gallego son Diego Calvo -ascendido a número 2 tras la marcha de Conde a Madrid- y la propia Vázquez.

Aunque hay voces en el seno del partido que lo consideran un posible recambio si Rueda no consiguiese revalidar la mayoría absoluta -o precisamente por eso-, de Calvo no se ha sabido apenas nada desde que comenzó el vertido en las playas, pese a ser él quien tiene las competencias sobre las emergencias y ese 112 que recibió las primeras alertas. Quizá lo único reseñable fue una fugaz aparición en un Telexornal para defender la gestión de la Xunta, pero -sorpresa- como presidente del PP de A Coruña, no como vicepresidente de esa misma Xunta.

Con él desaparecido y con el responsable de Mar, Alfonso Villares, claramente superado -para la historia quedan su valoración sobre el camino que siguen las bolas de plástico en el tracto digestivo o su papel como comparsa en la irrupción del patrón mayor de Muxía-, Rueda necesitaba un parapeto para no quemarse a unas semanas de la cita con las urnas. Y ahí fue donde apareció la conselleira.

A vigilar la costa desde el centro de Galicia

Vázquez (Melide, 1972), es geógrafa de formación y periodista de vocación. Dirigió la radio municipal de su localidad natal de la que luego sería alcaldesa en dos ocasiones, la primera con 32 años al suceder al histórico regidor, Miguel Pampín Rúa, por su marcha al Senado. Por el medio, y hasta su entrada en la Xunta en 2015, se fogueó en la diputación provincial y el Congreso de los Diputados. Feijóo la fichó en una de sus remodelaciones de gobierno, cuando volvió a dividir la consellería de Mar y Medio Rural que hasta entonces unificaba Rosa Quintana. Su conselleira más antigua, que también hoy contempla la crisis a 600 kilómetros de distancia, se quedó entonces con la costa. A Vázquez, procedente de una localidad con larga tradición ganadera, le tocó poner pie en tierra. Su gran prueba de fuego fueron los incendios de octubre de 2017. En apenas dos días, ardieron 50.000 hectáreas y murieron cuatro personas. Feijóo ya no podía decir que esas tragedias sólo le sucedían al bipartito.

Quizá por eso, en 2018 se le encomienda otra cartera: la de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, aún como conselleira rasa. El empujón hasta la vicepresidencia se lo daría Rueda cuando Feijóo, en pleno vaciado de las instituciones gallegas para trasladar a todo su núcleo de confianza a Madrid, se llevó al congreso a Conde y Quintana. Como en esta crisis, en aquélla también supo ocupar el hueco. No lo hizo, sin embargo, en otro gran incendio que le tocó tangencialmente.

En julio de 2022, las llamas calcinaron 11.000 hectáreas en la sierra de O Courel, un entorno protegido perteneciente a una Zona Especial de Conservación. Los profesionales aún recuerdan cómo, mientras su sucesor en Medio Rural pisaba las cenizas, ella visitaba protectoras de animales a 200 kilómetros de distancia. Sólo unos días después de la extinción se acercó a la zona a presentar la comisión encargada de diseñar el plan de recuperación integral de la zona, un órgano que no deja de guardar cierto parecido con el comité de expertos que evaluará el impacto de los pellets en la costa.

El rostro de la crisis

Esta vez, para hacer frente al fuego, tocaba pisar moqueta. Vázquez compareció el pasado viernes a petición propia ante la diputación permanente de un parlamento disuelto, donde el rodillo del PP evitó que Rueda tuviese que dar explicaciones. Allí, cargó tintas contra el Gobierno central -el mantra de este ejecutivo autonómico- mientras defendía la actuación de la Xunta. Una “total diligencia” que pocos días después aún mejoraba en su autoevaluación: “De 10, por no decir que de matrícula de honor”.

Se da la circunstancia de que de Melide -localidad del interior de A Coruña, lindando ya con la provincia de Lugo, una de las que se disputan ser el centro geográfico de Galicia- proceden dos de los responsables de la gestión de los pellets. La propia Vázquez y Lino Sexto, subdirector del servicio de guardacostas y director del CAMGAL, el plan de emergencias por contaminación marina, ése que la Xunta esperó cuatro días para subir de nivel y poder solicitar la ayuda del Gobierno. Cuando lo hizo, Sexto firmó la carta en la que pedían al Gobierno un submarino, siete lanchas, cuatro barcos, un avión y dos helicópteros; la “Royal Navy” con la que ironizaba la vicepresidenta Teresa Ribera, señalando que eran “tres veces más medios” que durante la catástrofe del Prestige.

La petición llegó al día siguiente de elevar al nivel de alerta del CAMGAL al 2, pero apenas unas horas después de que, en una entrevista con tintes surrealistas en la Cadena SER, Vázquez intentase convencer a Ángels Barceló de que esa era una “exigencia” del Gobierno para colaborar y no un protocolo así establecido.

Prólogo: la vivienda y los okupas “impunes”

Antes de que los pellets se interpusiesen en el camino de Ángeles Vázquez, la vivienda y la okupación le habían generado sus principales titulares y habían marcado su particular agenda política. A finales de 2020, un año en el que dejó sin gastar dos tercios del presupuesto para el acceso a la vivienda, su departamento puso en marcha un teléfono antiokupación. Era el colofón de una campaña en la que, sin datos contrastados -contradiciendo incluso los informes del Tribunal Superior- hablaba de la sensación de “impunidad” de los okupas y encargaba informes a medida a exdiputadas del PP. Durante los primeros doce meses -las últimas cifras publicadas- el teléfono antiokupación recibió apenas 30 llamadas. Aún así, decidió mantenerlo. Entonces, no le dio un 10 pero sí consideró “satisfactorio” su balance.

Los lugares elegidos para sus anuncios nunca son casuales. Si en el pazo de los herederos del golpista Alfonso Armada anunció ayudas para la conservación de árboles singulares, en el Club Náutico de Sanxenxo -ese lugar donde navega y se refugia el rey emérito cada vez que viaja a Galicia- dio a conocer que las ayudas para rehabilitación de viviendas también servirían para las segundas residencias.

El respaldo incondicional de Rueda

Este mismo mes de noviembre, después de sumarse al clamor de las comunidades populares contra la Ley de Vivienda y de considerar “contraproducente” declarar zonas tensionadas de alquiler, introdujo a última hora una enmienda en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos autonómicos para crearlas. Lo hizo en una precampaña en la que la vivienda protegida ha vuelto a aparecer en los consellos de la Xunta, aunque algunas de las que ahora se anuncian llevan proyectadas casi dos décadas. Cuatro años después de cerrar la legislatura con menos vivienda protegida desde que hay registros, Alfonso Rueda admitía que impulsarla no había sido una prioridad para la administración autonómica, simplemente, “porque no habían detectado el problema”. También en este campo, la conselleira se pone nota, con algo más de modestia: “Matrícula de honor, no; pero esfuerzo, todo”.

24 horas antes de que Vázquez diese la cara por él en el Parlamento, Rueda confirmaba todo su respaldo a la conselleira. “Está haciendo una magnífica labor. Yo ya lo sabía, pero en las crisis se demuestra toda la valía”. Unas palabras que han encontrado su eco en la elaboración de las listas electorales. La conselleira cede el número 1 por A Coruña a Diego Calvo y el 2 a la segunda al mando en el PPdeG, Paula Prado, pero se asegura el tercer puesto por una provincia que, con ella como cabeza de lista, batió en 2020 su récord de diputados populares: 14. En un escenario tan abierto como el actual, repetir ese resultado no sólo sería de 10. Sería de matrícula.

La mayoría absoluta del PP en el Parlamento de Galicia ha impedido que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparezca ante la Diputación Permanente de la cámara para dar cuenta sobre las actuaciones del gobierno gallego en la crisis derivada de la llegada masiva de pellets a las costas. Las explicaciones correrán, a petición propia, a cargo de la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente.

Vázquez comparecerá este viernes, tras la reunión urgente de la Diputación. Fue el BNG, principal grupo de la oposición, quien solicitó la presencia de Rueda en el órgano de guardia de la cámara, disuelta ante la convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 18 de febrero. Los nacionalistas consideran que Galicia está sufriendo la “crisis ambiental más grave de los últimos veinte años en la costa”, una “marea de plástico” que no se abordó con premura. Hoy, tras el voto en contra del PP, insisten en que Rueda está “escondido” y le

El martes, fue el grupo parlamentario popular el que registró su petición para que compareciese Vázquez. Ella misma lo había solicitado previamente, la víspera. Fue ese requerimiento el que activó los mecanismos de la Diputación.

El portavoz del PSOE ironizó con que la Xunta pasase, en cuestión de horas, de rechazar la ayuda del Gobierno a pedir “la intervención de la Armada Invencible, Aquaman y parte de la flota estelar de Star Wars”. Los socialistas, a su vez, solicitaron sin éxito la comparecencia del conselleiro de Sanidade para explicar el “colapso” de las urgencias durante este invierno, un problema que, a su entender, se genera en la “precariedad” de la atención primaria“.

La Federación Galega de Caza aprobó en una asamblea, celebrada el 1 de diciembre, un proyecto para adherirse a 'Xogade', un programa de la Xunta con el objetivo de fomentar el deporte entre escolares de 6 a 15 años de edad.

La intención de la federación, tal y como figura en su página web, es la “proyección de la caza” entre la juventud, con el fin de “dar impulso al relevo generacional” de la actividad cinegética.

Al concluir la asamblea general, que tuvo lugar en Santiago, se celebró una entrega de certificados de formación a la que asistió la vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez.

A raíz de ello, la Fundación animalista Franz Weber ha emitido un comunicado en el que critica la intención de los cazadores de “normalizar su afición entre generaciones en pleno desarrollo intelectual, motal y físico, trivializando el sufrimiento de los animales y sus propias negligencias”.

Este colectivo naturalista censura que la Federación de Caza pueda acceder al programa que gestiona la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta. Precisamente, afea al Gobierno gallego que otorgue cada año a los cazadores decenas de miles de euros para financiar cursos de formación y adquirir material como bolígrafos, chalecos y gorras, entre otras acciones.

En este contexto, la Fundación Franz Weber vuelve a reclamar prohibir el acceso de los menores a las batidas y sugiere a la Xunta que preste “más atención” a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, que en su comentario nº 26, aprobado en agosto, dice lo siguiente: “Hay que proteger a los niños de toda forma de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, por ejemplo la doméstica o la infligida a los animales”.

La candidata del PSIB-PSOE al Congreso en las elecciones generales del 23 de julio Francina Armengol ha criticado que el nuevo Govern de Marga Prohens “asuma claramente los postulados ideológicos de Vox”.

Así se ha expresado la número uno de la lista socialista a la Cámara Baja en un acto electoral celebrado este martes en los jardines del Palau March.

Para Armengol, una “muestra” de las consecuencias de esto es que el nuevo Govern, “en un territorio frágil como Balears, con más problemas frente al cambio climático, elimine la Conselleria de Medio Ambiente”, algo que, a su juicio, es “gravísimo desde todos los puntos de vista”.

Por eso, ha asegurado que en Balears se tiene “la suerte” de que “se puede saber con certeza lo que ocurre cuando se juntan PP y Vox, porque aquí lo han hecho”.

Por otra parte, Armengol ha reprochado al PP que “elimine de forma clarísima la transversalidad en las políticas de igualdad”, un aspecto que ha señalado que “era la gran reivindicación de todo el movimiento feminista en Balears”, porque, desde su punto de vista, el nuevo Ejecutivo “obviamente no cree en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, que siempre han defendido la sociedad civil, el mundo feminista y las fuerzas progresistas”.

La candidata socialista también se ha referido al derecho a la memoria, que también “ha eliminado al Govern del PP”, al asegurar que “quitan todo lo que hace referencia a las políticas para recuperar la memoria del pueblo balear y hacer justicia con los descendientes de las víctimas del franquismo”.

“Mientras, por otro lado, someten la cultura al turismo, otra de las cuestiones que definen hacia dónde va este nuevo Govern”, ha apuntado Armengol, en referencia a la creación de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, que dirigirá Jaume Bauzá.

Además, la aspirante a diputada ha insistido en que “con PP y Vox desaparece la palabra de los trabajadores y surgen solo los nombres para los que trabaja la derecha”.

Por estos motivos, Armengol ha pedido el voto “decidido” para el PSIB-PSOE, desde “la responsabilidad, el corazón y la cabeza”, porque “no se puede permitir, en modo alguno, que España involucione como sucede en los territorios donde han empezado a gobernar PP y Vox”.

Al mismo tiempo, ha solicitado el apoyo del electorado porque estos últimos días “se ha visto cómo se contraponen dos modelos” y “el único voto eficaz para detener en la extrema derecha es el voto al PSOE”.

Por un lado, Armengol ha definido que existe el modelo del PSOE que “defiende, con fuerza y valentía, el avance en derechos, en libertades, al crecer económicamente, con una mejor distribución de la riqueza, inversión en servicios públicos, que garanticen la educación, la cultura, los servicios sociales y la identidad propia de los territorios”.

Enfrente, ha situado un planteamiento “de retroceso absoluto”, con un PP que “esconde el programa electoral para las generales, enfangando, mintiendo y que está creando un marco contra los liderazgos de la izquierda y contra la realidad en la que vive la gente”, algo que la representante del PSIB-PSOE ha incidido en que “es un problema democrático que hay en esta campaña electoral”.

Durante el acto, Armengol ha estado acompañada por los candidatos al Congreso, Pere Joan Pons, Teresa Suárez y Miquel Cabot, la suplente en el Senado, Carmen Palomino, y una numerosa representación del Grupo Parlamentario Socialista.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha presentado este martes la composición de su equipo de gobierno que está dividido en ocho departamentos, entre ellos dos vicepresidencias, una de ellas, la vicepresidencia segunda de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes será dirigida por Vox.

Los nuevos consellers insulares han tomado posesión de su cargo este martes en la sala de plenos del Consell. Según el acuerdo alcanzado entre PP y Vox, los 'populares', además de ostentar la presidencia de la institución, tienen una vicepresidencia primera de Cultura y Patrimonio, a cargo de Antònia Roca.

Además, el PP ostenta cinco consellerias, entre las que se encuentran Territorio, Movilidad e Infraestructuras, con Fernando Rubio como conseller; la de Presidencia, gestionada por Antoni Fuster; la de Turismo, a manos de Marcial Rodríguez; Maria del Pilar Bonet, con la Conselleria de Hacienda y Función Pública; y Guillermo Sánchez, como conseller de Bienestar Social.

Por su parte, Vox ostenta, con el negacionista del cambio climático Pedro Bestard al frente, la vicepresidencia segunda y la Conselleria de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes; mientras que Pilar Amate será la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local.

Uno de los compromisos del quinto seminario de Gobierno del Botànic celebrado en enero de 2018 fue la constitución del Observatorio del Agua de la Comunitat Valenciana. Esta entidad fue presentada el 8 de noviembre de 2018 en una jornada en la que participó la entonces consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, y que contó entre sus ponentes con la presidenta de 'L'Observatoire parisien de l'eau', Graciela Schneier-Madanes.

El Gobierno valenciano definió el 'Observatorio Ciudadano del Agua', en un informe datado en marzo de 2019, como un “espacio de concertación y reflexión” cuya misión es “contribuir a la definición y mejora de un modelo de gestión pública eficaz, transparente y participativa, adaptado a las nuevas condiciones climáticas, que garantice los derechos humanos fundamentales al agua y al saneamiento, respetando la integridad de los ecosistemas acuáticos”.

El objetivo del Observatorio es el análisis y diagnóstico, con la participación de la ciudadanía, de la situación actual de la gestión del agua en el territorio valenciano y de los diferentes modelos de gestión. Y desde el punto de vista operativo, es concebido como un instrumento de vinculación entre las Administraciones públicas con competencias en la gestión del agua y las organización cívicas relacionadas con el agua y sus usos urbanos.

Sin cobertura jurídica

Sin embargo, desde la Xarxa Valenciana per l'Aigua Pública denuncian que el Observatorio lleva dos años y medio años paralizado después de la celebración de dos reuniones el 8 de noviembre de 2018 y el 12 de marzo de 2019: “A día de hoy no cuenta con una cobertura jurídica y se encuentra completamente paralizado por falta de voluntad de la Conselleria”.

En la presente legislatura, la Xarxa ha mantenido diferentes reuniones con el departamento de Transición Ecológica y se han intercambiado diversos documentos para dotar de validez jurídica a este organismo: “Sin embargo, desde el pasado mes de enero en que la Xarxa facilitó su propuesta a la Conselleria, no se ha vuelto a celebrar ninguna reunión. El punto de divergencia estaba en el carácter jurídico”. 

Así, mientras el departamento que dirige Mireia Mollà “proponía la creación de una especie de Consejo del Agua con representantes de distintos sectores”, la Xarxa defendía “la filosofía original del Observatorio” como un organismo consultivo, independiente y de participación, constituido por representantes de la sociedad civil “sin intereses económicos, en el que las Administraciones estén contempladas como observadoras, colaboradoras y asesoras”.

Desde la Conselleria explican a elDiario.es que este observatorio es una iniciativa de la pasada legislatura que no está creada formalmente: “El compromiso de la consellera es crearlo y darle la importancia que tiene”, ya que forma parte de los contenidos de la ley valenciana del Agua que está redactándose. De forma paralela, apuntan que se trabajó con la Xarxa para estudiar la posibilidad de crearlo por medio de un decreto, “pero la pandemia lo retrasó todo”.

Recuperación de la gestión pública del agua

La Xarxa Valenciana per l'Aigua Pública viene reclamando desde hace años la gestión pública del agua en el territorio valenciano, el reconocimiento efectivo de los derechos humanos fundamentales al agua potable y al saneamiento y la protección de los ecosistemas acuáticos como garantía de la disponibilidad del agua de calidad. “La provisión de un bien limitado, frágil y esencial para todo tipo de vida, incluyendo la humana, no puede estar sometida a los criterios del lucro privado sino que se debe guiar por principios de carácter social, como el acceso universal, la asequibilidad y la solidaridad”, apuntan.

Desde esta perspectiva, la gestión del ciclo urbano del agua “debe ser eficaz, eficiente, sostenible y disponer de mecanismos de transparencia y participación pública que garanticen la rendición de cuentas por parte de los gestores y se permita el control ciudadano”.

Este colectivo lamenta que “no se ha avanzado ni un paso” en los objetivos del Observatorio, “incumpliendo no sólo su puesta en marcha, contemplada como la medida 72 de la Estrategia Valenciana de Cambio Climático, sino también el compromiso del segundo acuerdo del Botànic, en su punto 8”. Se refieren en concreto a la elaboración de la Estrategia Valenciana del Agua para recuperar el buen estado de ríos, lagos, humedales, estuarios, aguas costeras y acuíferos y garantizar su aprovechamiento sostenible, así como a la creación del Centro Valenciano del Ciclo Urbano del Agua, reforzando las estructuras y entidades públicas actuales con el objetivo de mejorar la eficiencia de las redes de suministro y saneamiento y el refuerzo de la capacidad de depuración y reutilización, además de facilitar mecanismos de transparencia y asesoramiento a los municipios sobre la gestión del ciclo integral del agua.

“A esta legislatura le queda ya poco tiempo para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos”, por lo que desde la red instan al departamento que dirige Mireia Mollà a “ponerse a trabajar sin demora para conseguir estos objetivos”.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha denunciado a Jealsa-Rianxeira, la mayor conservera de Galicia y propiedad de un exalcalde del PP, por verter residuos contaminantes en la ría de Arousa a la altura del Concello de Boiro (A Coruña). La denuncia de la Fiscalía se fundamenta en la importancia del vertido detectado en la última analítica, realizada en marzo de 2021, así como en “la gravedad de los hechos denunciados derivado de la reiteración en el tiempo, suficientemente documentada, de ese tipo de conducta” unido, además, a la “potencialidad de daños de las sustancias vertidas contra el medio ambiente y para la salud humana”. Así lo explica el escrito que la Fiscalía de Medio Ambiente formalizó el pasado junio y al que ahora ha tenido acceso Europa Press.

En esa línea, la Fiscalía razona que si se confirman las actuaciones realizadas por Jealsa-Rianxeira “constituiría una acción de vertido de aguas contaminadas sin tratamiento adecuado en el medio marino de la ría de Arousa” y que, por lo tanto, sin ajustarse a los límites autorizados en la autorización ambiental integrada“, ”y sin que conste efectuado un seguimiento adecuado“ de su cumplimiento ”ni el ejercicio de manera adecuada de la potestad sancionadora de la Administración“.

Cinco años de lucha ciudadana

Han pasado ya cinco años desde que los primeros parquistas -nombre que identifica a los explotadores de parcelas de marisqueo en las Rías Baixas- de Punta Capitán, en Boiro, se organizaron para recopilar toda la documentación que tenían para demostrar que Jealsa, que opta a los fondos Next Generation, estaba vertiendo aguas contaminadas en la ría de Arousa. Con todas las fotografías, vídeos y análisis de agua que tenían, acudieron a una asamblea de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) para hacerlo público entre sus vecinos. “En cuanto fuimos conscientes de la gravedad de la situación, convocamos una reunión con las cofradías, los ayuntamientos de Rianxo y Boiro y, por supuesto, con la empresa para tratar de revertir el problema”, explica Xaquín Rubido, presidente de la PDRA. “La respuesta por parte de Jealsa fue negarlo rotundamente. No ofrecieron la más mínima concesión”, añade Rubido.

Durante todo este tiempo nadie en la Xunta de Galicia les ha hecho caso. De hecho, ha sido la Fiscalía de Medio Ambiente en Madrid la que ha ordenado abrir diligencias sobre el caso a su delegación en A Coruña. Todo, según explica Rubido, gracias a que la empresa de uno de los mariscadores estaba domiciliada en Madrid. Fue entonces cuando la Cofradía de Rianxo, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa y los parquistas decidieron personarse como acusación popular.

“Los vertidos son terriblemente frecuentes. Cuando conseguimos hacer un poco de presión mediática, Jealsa trata de disimularlo y reducen el ritmo de emisión o simplemente lo hacen por la noche para evitar que hagamos un registro documental”, explica el presidente de la plataforma ciudadana. A la PDRA también han llegado testimonios de personas que trabajan en la empresa que dirige el exalcalde popular de Boiro, Jesús Alonso: “Jealsa tiene mucho poder en la comarca. Con más de 5.000 trabajadores es capaz de ejercer mucha presión a nivel local y en altas instancias de la Xunta de Galicia. Nosotros en ningún momento hemos querido perjudicar a la empresa, pero exigimos soluciones. Llevan años matando la biodiversidad de la ría ”, añade Xaquín Rubido.

Las pruebas documentales

En la investigación de la Fiscalía se recoge la documentación aportada por la Consellería do Mar, en la que se encuentran diferentes vertidos analizados en la zona entre 2017 y 2020. Estos documentos incluyen una mancha oleosa de origen desconocido de 400 por 100 metros en Cabo de Cruz, un vertido en Abanqueiro “junto a la conservera de Jealsa de una extensión de 2.000 m2 de color amarillo” y también diferentes vertidos industriales.

En la documentación aportada por Augas de Galicia, organismo que gestiona las competencias de la Xunta en materia de gestión de aguas, figura una sanción por infracción leve contra Jealsa por “superar en el vertido los límites de nitrógeno amoniacal”, pero se refiere el archivo de otros expedientes al no poder determinarse la procedencia de la contaminación. Por su parte, en los informes de la Guardia Civil no consta el origen de los vertidos, si bien apuntan a una “indudable naturaleza industrial, presentándose en forma de espumas blanquecinas, manchas amarillentas compuestas de grasas de procedencia industrial, cúmulos sólidos blanquecinos o residuos grasientos”.

El mayor incendio en el monte valenciano en lo que va de año se llevó por delante más de 3.000 hectáreas de suelo y obligó a desalojar a 2.500 familias. En concreto, el fuego originado en Llutxent el pasado agosto se llevó por delante 840 hectáreas de esta localidad; 948 en Gandía, 820 en Pinet, 150 en Ador, 87 en Barx y 11,5 en Quatretonda.

A un mes de haberse extinguido, se estima que en breve comiencen las tareas de reparación. Aparte de las consecuencias más evidentes del incendio, en el aspecto forestal se ha consumido la cubierta vegetal del suelo, de forma que ha perdido su protección inmediata frente a la acción del viento y la lluvia. Un aspecto especialmente relevante dado que es la zona con más precipitaciones torrenciales del Estado y que, como se explicó durante las tareas de extinción, está formada por elevadas pendientes. Una combinación nada favorable para el ecosistema que peligra con la llegada del otoño.

Las características de la orografía recomiendan realizar una serie de intervenciones para mitigar los procesos erosivos, reducir la escorrentía superficial, para prevenir posibles inundaciones aguas abajo de la zona incendiada, y actuar sobre la vegetación, para garantizar su adecuada regeneración, explican desde la Conselleria Medio Ambiente.

El Gobierno valenciano aprobó el pasado martes el acuerdo para organizar las ayudas de emergencia. El decreto abre la posibilidad de que sean los propios ayuntamientos los que presenten estimaciones de daños y propongan actuaciones en las zonas afectadas. Y en la segunda fase se da un paso más: por primera vez los consistorios pueden participar en la acción directa del postincendio, en la reforestación y reconstrucción de los daños causados.

La opción, explican desde Medio Ambiente, permite la actuación urgente también en las zonas agroforestales afectadas y sirve para concienciación socioambiental desde la participación pública. Los ámbitos en los que podrán operar, con asesoramiento de la consellería si lo estiman oportuno, son la recuperación y regeneración de suelos y paisajes agroforestales. La Diputación de Valencia también ofrecerá apoyo y supervisión técnica.

En Llutxent, la localidad más afectada por las llamas este verano, plantearon desde la segunda jornada del incendio un plan de voluntariado. “Estamos muy orgullosos del paraje y queríamos recuperar la ilusión”, dice el alcalde, Pep Estornell, a eldiario.es. Para ello, idearon el plan 'Fénix', un nombre bastante dado al objetivo de resurgir de las cenizas. Con los inscritos en el programa, de momento alrededor de 150 personas, se pretende elaborar un plan de reforestación y tareas pedagógicas al inicio de las clases.

El alcalde baraja también la creación de un vivero para que crezcan las especies que se tienen que replantar y la recuperación de un aula ambiental que se calcinó, imitando las formas de construcción de la zona. Al margen de las ayudas de Medio Ambiente, explica el primer edil, trabajarán por un plan para mantener el ganado en el entorno, una solución eficaz para el control de la vegetación. Desde su ayuntamiento, propondrán un plan de prevención y actuaciones posticendio para repoblar y reparar las más de 800 hectáreas afectadas en su término municipal, de las que 125 son de parque natural.  

Estornell explica que han mantenido un encuentro informal con los titulares de la consellería para ir con los deberes hechos a la mesa del próximo 13 de septiembre, que concretará las actuaciones. “Encontramos mucha sensibilidad en la consellería”, valora el alcalde. De momento, los siete municipios afectados trabajan en el desarrollo de los planes y el recuento de daños. Desde la aprobación del decreto de ayudas, los municipios tendrán 45 días para evaluar las áreas afectadas y poder pedir la asistencia económica.

En 2020 está previsto que esté implantada la recogida selectiva de residuos orgánicos en prácticamente la totalidad del territorio valenciano, de forma que en todas las comarcas se podrán ver en la calle los contenedores marrones, que desde hace dos años se están instalando de forma progresiva por multitud de localidades valencianas. En la actualidad, gran parte de los residuos orgánicos todavía no son reutilizables para la fabricación de compost para uso agrícola porque no se pueden separar.

No obstante, el objetivo de la conselleria de Medio Ambiente es que al comienzo de la próxima década casi la mitad de la basura orgánica generada (el 45%, unas 250.000 toneladas) se pueda recoger en origen y que estos residuos sean de buena calidad. Es decir, con un porcentaje muy reducido de otro tipo de residuos, lo que permitirá la elaboración de un compost de gran valor para uso agrícola. “Nuestra idea es que el resto también se pueda recuperar”, reconoce Joan Piquer, director general de Calidad Ambiental de la conselleria.

Para alcanzar este objetivo, desde la administración autonómica son conscientes de que es clave la concienciación y la educación ciudadana, y en ello se está incidiendo desde que en 2015 se empezó a trabajar para la implantación, inicialmente de forma piloto, del cuarto contenedor, el depósito marrón para residuos orgánicos. “No es una cuestión política, es algo que tenemos que hacer sí o sí, tal y como recogen las directivas europeas”, apunta Piquer.

Actualmente, la recogida selectiva de orgánico ya está funcionando en un gran número de localidades y comarcas valencianas, ya sea para 'grandes productores' (como pueden ser colegios, hospitales, restaurantes, empresas de catering...), con los contenedores a pie de calle o a través de la recogida puerta a puerta. Así, por ejemplo, en Valencia la experiencia ya funciona en dos barrios y está previsto que este año ya esté implantada en el 50% de la ciudad y en la totalidad antes de que finalice la legislatura.

También, se está llevando ya a cabo en localidades como Sagunto, con menos de un 1% de residuos impropios entre los grandes productores, y en la comarca del Camp de Morvedre en la Baronia y Les Valls, donde se consigue un compost de gran calidad; en la ciudad de Alicante para grandes productores; en Villena, en Càlig o en Alcalà de Xivert en la vía Pública; en las comarcas de Els Ports o el Alt Maestrat en pruebas; en Castellón, Burriana, Onda, Moncada, Alcoi, Elche, Santa Pola... En total, son más de un centenar de municipios valencianos en los que la recogida de residuos orgánicos está ya implantada o en proceso.

Compostaje comunitario

Otra de las novedades que se contemplan es el compostaje comunitario, que está implantado en el País Vasco y en zonas rurales de Granada. Consiste en que pequeñas comunidades -como pequeñas poblaciones- realizan directamente el compost con los residuos que generan para uso propio, de modo que se evita tener que transportarlo a las plantas de tratamiento.

Piquer, que considera esta experiencia una “revolución” medioambiental, se muestra muy satisfecho con la actitud de los ayuntamientos y la implicación de las tres capitales valencianas. Al respecto, destaca de la importancia que esta medida tiene en la agricultura, que obtiene un compost de gran calidad, y para los ciudadanos, que pueden verse beneficiados en la tasa de recogida de residuos. “Con la recogida selectiva, el canon por tonelada acaba siendo más barato”, explica el director general, quien pone como ejemplo el caso de La Costera, La Safor, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés, donde los vecinos pagan “12 euros menos por recibo”.

Plan Integral de Residuos

Tal y como reconocía la consellera, Elena Cebrián, el objetivo de la Generalitat es tener finalizada la revisión del Plan Integral de Residuos (PIR) a lo largo de 2018, un documento que debe servir de herramienta que se adapte a la normativa y que contempla un plan “muy ambicioso” de sellado de vertederos “a muy largo plazo”.

El borrador del PIR también incluye una disposición sobre los residuos de un solo uso, como las cápsulas de café, los palillos de los oídos, los palitos de los caramelos, los cubiertos de plástico... El objetivo del Consell, tal y como sucede en Baleares o Francia, es prohibir el uso de estos materiales en 2020 “siempre y cuando exista un material alternativa más sostenible”.

La conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha publicado este jueves en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el nombramiento de Carles Arqués como asesor de asuntos generales de miembros del Consell en el departamento que dirige Elena Cebrián. Arqués sustituye a Antoni Lozano, histórico militante socialista y exsecretario general de la Unió de Llauradors que ha dejado el cargo por motivos personales.

Carles Arqués, estudiante de Ciencias Políticas según su perfil de twitter, es el miembro de la dirección del PSPV de Ximo Puig responsable de la secretaría de Militancia. Este joven politólogo de Rafelguaraf -tal y como se define en linkedin- es militante de Joves Socialistes (JSPV), próximo al secretario de Organización de los socialistas valencianos, José Muñoz, y fue uno de los valedores de Patxi López en las primarias del PSOE que enfrentaron al exlehendakari con Pedro Sánchez y Susana Díaz.

El pasado año, el dirigente de JSPV fue uno de los firmantes del manifiesto de apoyo a Ximo Puig previo a la celebración del Congreso del PSPV en el que el president de la Generalitat se impuso a la candidatura del alcalde de Burjassot, Rafa García.

El sistema de tornada d'envasos (SDDR), una de les iniciatives estrella de la conselleria de Medi ambient a principi de legislatura, ha quedat aparcat 'sine die'. Així ho ha confirmat la consellera, Elena Cebrián, qui ha assegurat que s'ha fet tot el treball tècnic i d'estudi però que no hi ha “consens, ni recursos, ni les garanties perquè funcione”.

La també responsable d'Agricultura ha insistit en l'existència de “dificultats tècniques que feien impossible la seua implantació aquesta legislatura”, a pesar que l'SDDR, el principal valedor del qual va ser l'exsecretari autonòmic Julià Álvaro, estava inclòs en el Pla Integral de Residus -es contemplaven multes de fins a 17 milions d'euros per a les empreses que es resistiren a la seua implantació-. “Fa falta molta conscienciació i molta explicació”, ha explicat Cebrián.

La consellera ha volgut puntualitzar que no es descarta de forma definitiva: “cal estudiar totes les alternatives, apostant per la reducció al màxim de la generació de residus en origen i per una millor separació i recollida selectiva”. “Hem de treballar perquè tots els sistemes que actualment tenim funcionen de forma correcta”, ha incidit.

El PIR, en 2018

L'objectiu de laconselleria és que la revisió del Pla Integral de Residus (PIR) estiga finalitzat en 2018, encara que mai abans de l'estiu: “volem que siga un instrument senzill que puga adaptar-se a la normativa vigent”. El document contempla un pla “molt ambiciós” de segellat d'abocadors “a molt llarg termini” amb una inversió “molt substancial”. De moment, més d'un milió d'euros anuals.

Entre les novetats que inclou l'esborrany del PIR es troba una disposició sobre els residus d'un sol ús, com les càpsules de cafè, els bastonets de les oïdes o dels caramels, els coberts de plàstic. Tal com succeeix a Balears o a França, es prohibiran l'ús d'aquests materials sempre que existisca una alternativa més sostenible.

També es contempla la implantació del quart contenidor, el marró per a residus orgànics, que en l'actualitat ja s'utilitza de manera experimental en algunes localitats de la Comunitat Valenciana, incloses algunes zones de la capital. “Gran part dels residus orgànics no són reutilitzables en l'actualitat per a la fabricació de compost per a ús agrícola perquè no es pot separar”, ha apuntat Cebrián, qui reconeix que encara queda “molt per fer”, ja que el límit de rebuig marcat per la Unió Europea per a 2020 és del 40% mentre que a la Comunitat Valenciana en l'actualitat se situa per sobre del 60%.

Prevenció d'incendis

Pel que fa a la gestió forestal, la consellera ha posat l'accent en què ha d'estar vinculada a la prevenció d'incendis: “el seixanta per cent del nostre territori està compost per superfície forestal”. Per açò, es pretén que els boscos siguen més resistents i resilients davant els incendis.

El Govern valencià destinarà entre 2017 i 2020, amb la participació de fons europeus, més de 73 milions d'euros a polítiques de prevenció, incloent accions per a contrarestar les retallades que es van realitzar la passada legislatura. “Ha de ser una prioritat”, ha dit Cebrián, qui ha ressenyat: “estem treballant per a evitar els incendis de la pròxima dècada”.

Així, s'estan desenvolupant programes per a la recuperació d'hàbitats forestals afectats pels grans incendis dels noranta -un projecte preveu la restauració de 7.000 hectàrees de sòl cremat entre 1994 i 2005- o els de 2012 d'Andilla i Corts de Pallàs, que van cremar 20.000 hectàrees.

La conselleria està elaborant un mapa de risc actualitzat, que es podrà consultar a partir de final d'any en el Sigif (Sistema Integrat de Gestió de *Incendis Forestals), per a conèixer aquelles zones més vulnerables en el territori valencià i saber com actuar.

La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ha publicado este viernes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) las bases que regulan las indemnizaciones a los afectados por la bacteria de la 'Xylella fastidiosa', una convocatoria que llega ocho meses después de que se detectaran los primeros casos en plantaciones de almendros en la localidad alicantina de Castell de Guadalest. Se podrán beneficiar de estas ayudas los propietarios de parcelas contaminadas siempre y cuando éstas no estén abandonadas.

Se indemnizará el arranque y destrucción de los ejemplares afectados así como los posibles daños causados por las pérdidas de valor en las plantaciones o el material vegetal como consecuencia de inmovilización ordenada oficialmente. Los árboles monumentales o singulares “quedan excluidos de las ayudas indemnizatorias”.

Se declara indemnizable la totalidad de los gastos de arranque y destrucción del material vegetal “siempre y cuando haya sido llevada a cabo por el propietario de la parcela o a su costa”.

En el caso de los almendros, el árbol más afectado en las comarcas alicantinas, las ayudas oscilan entre los 2.843 y los 6.192 euros por hectárea arrancada, mientras que en el caso del viñedo de mesa en producción llegan hasta los 22.647 euros por hectárea afectada, la cantidad más alta.

Especies afectadas

La Xylella fastidiosa en una bacteria responsable de varias enfermedades con efectos muy graves en más de 360 especies agrarias, como el olivo, el almendro, los cítricos o la vid entre otros, que provoca que las hojas y los brotes se sequen de forma progresiva hasta la muerte de los ejemplares afectados. La propagación se produce a corta distancia, mediante insectos que actúan como vectores y transmiten la enfermedad a plantas secas.

El plan de contingencia impulsado por la Generalitat Valenciana siguiendo las directrices de la Unión Europea prevé la inmovilización de material vegetal sensible; la prohibición de comercialización fuera de la zona demarcada; la destrucción de material vegetal sensible en un radio de 100 metros en torno a las plantas afectadas por la bacteria; la prevención mediante tratamientos contra los insectos vectores; la prohibición de plantar especies hospedantes hasta cinco años después de la declaración de erradicación y la indemnización del arbolado destruido.

Desde organizaciones como AVA-Asaja, así como desde diferentes ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, se han mostrado en contra de los protocolos de la Unión Europea y del Ministerio aplicados por la Conselleria de Medio Ambiente, e incluso han protagonizado movilizaciones en Guadalest.

El Gobierno valenciano aprobará este viernes el cese del secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, tal y como ha avanzado la Cadena Ser. El representante de Verds-Equo en el Consell dejará su cargo después de haber protagonizado diversas discrepancias con la consellera Elena Cebrián, también de Compromís -a modo de ejemplo, hace apenas unos meses Vaersa destituía a su director general con el voto favorable de Cebrián y la oposición de Álvaro-. El concejal de Compromís en Ontinyent Fran Quesada, también de Verds-Equo, es el designado para asumir la secretaría autonómica.

La vicepresidenta valenciana Mónica Oltra ha querido aclarar que no se ha producido pérdida de confianza sino que se ha cubierto una etapa: “Se considera que es más adecuada otra persona para una nueva época”. El nuevo secretario autonómico, un “histórico militante del ecologismo valenciano”, se centrará en finalizar el plan integral de residuos, ha apuntado Oltra, quien ha puntualizado que el sistema de retorno de envases (SDDR) “no se ha descartado nunca, otra cosa son los plazos”.

El representante de Verds-Equo y coportavoz de Compromís sonó inicialmente para ocupar la conselleria de Medio Ambiente, si bien finalmente tuvo que conformarse con ser el número dos del departamento. Hace ahora un año, Cebrián ya cesó a dos altos cargos de su departamento próximos a Álvaro, como eran el jefe del Gabinete, Fernando Rodrigo, y el asesor Rubén Tello.

Esta situación se asemeja a la que ya se vivió en otra conselleria, la de Industria, donde las diferencias entre la entonces secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, María José Mira (PSPV), y el conseller Rafa Climent (Compromís), provocaron que Mira abandonara el departamento. En aquella ocasión, el Consell recolocó a Mira como secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, con Vicent Soler como conseller.

La Conselleria de Medio Ambiente no abandona su proyecto de Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases pero sí “desacelera” su implantación inmediata al surgir más dificultades de las detectadas en principio y precisar más tiempo para abordar los problemas prácticos de su aplicación.

Así lo ha asegurado la consellera, Elena Cebrián, en “Los Desayunos de EFE en el Colegio de Abogados de Valencia”, tras reconocer que se ha levantado el pie del acelerador en este proyecto al ver que surgieron “más dificultades” de las detectadas a priori.

Ha señalado que es difícil que funcione un método que no cuenta con el acuerdo de todos los agentes de un sistema circular, y por ello “se ha desacelerado” su implantación con el objetivo común de mejorar el porcentaje de reciclaje.

La propuesta inicial del SDDR encontró multitud de rechazos por parte de organizaciones empresariales y asociaciones del comercio, la industria y la hostelería, y entre los motivos se adujeron razones de impacto ambiental y coste económico.

Cebrián ha añadido que la fórmula para poner en marcha el sistema es complicada y por eso es necesario más diálogo con todas las partes implicadas.

La consellera ha anunciado también que tienen previsto desarrollar pruebas piloto del sistema en municipios, fiestas, festivales o maratones, eventos con gran aglomeración de personas y envases, con la intención de estudiar cómo reacciona la sociedad e “ir aprendiendo”.

En la misma línea, con la intención de avanzar en su implantación de forma “pausada pero firme”, es necesario más tiempo para estudiar también qué se está haciendo al respecto en otras comunidades o qué colaboración se podría encontrar del Ministerio de Medio Ambiente.

La consellera ha afirmado que el SDDR es una solución específica al problema de los envases, que ahora se enmarca en el Plan Integral de Residuos que está preparando la Conselleria y que recogerá, además de actuaciones en residuos, medidas para el sellado de vertederos ilegales y para incineradoras.

Según Cebrián, el Plan señala la importancia de separar en origen, en particular el residuo orgánico, en lo que supone la recogida selectiva de orgánico.