La Xunta acusa al Gobierno de querer que la “okupación ilegal” sea “manera preferente” de obtener vivienda pública

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responde a las preguntas de los grupos en el Pleno de la Cámara.

Daniel Salgado


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Fue en el medio de la sesión de control del Parlamento de Galicia. La nacionalista Ana Pontón interrogaba al presidente de la Xunta sobre las políticas de vivienda de su gabinete. En el medio de su respuesta, Alfonso Rueda agitó uno de los fantasmas preferidos por su partido, pese a que todas las cifras disponibles lo cuestionan: la okupación. Pero esta vez fue más allá y acusó al Gobierno central de “pretender, en la futura ley estatal de vivienda, que la okupación ilegal sea una manera preferente de acceder a la vivienda pública”. No se extendió. Nadie en el hemiciclo recogió el guante. Y la tesis quedó en el aire, y registrada en el diario de sesiones.

La Xunta ofrece a los propietarios de viviendas el servicio de asesoramiento legal gratuito que eliminó hace dos años para las víctimas de desahucios en riesgo de exclusión

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ElDiario.es pidió una aclaración a su equipo. Una hora y media más tarde la obtuvo. Según sus asesores, Rueda se refería que la citada norma, que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, atribuye a las comunidades autónomas -con competencias en el sector- la responsabilidad de facilitar alternativas habitacionales a “ocupantes de vivienda en situación de vulnerabilidad”. Esto supone, consideran, “equiparar los ocupantes de vivienda a la situación de personas que, con contrato de arrendamiento, no pueden pagar la renta mensual” mediante una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El Gobierno gallego ya ha alegado, dicen. La distancia entre esta explicación y la frase de Rueda en sede parlamentaria resulta significativa.

“Ustedes intentan que no se sepa”, le espetó el presidente a Pontón, la portavoz del BNG. Fue justo después de explicar a los diputados y diputadas de la oposición que muchos propietarios “no se atreven a poner en alquiler” sus pisos por miedo a los okupas. El relato habitual que difunde el PP gallego y que choca frontalmente con los hechos. Justo a esa hora, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) difundía los datos sobre la cuestión correspondientes al segundo trimestre de 2022: ha habido 458 desahucios (376 por no pagar el alquiler y el resto por ejecuciones hipotecarias) frente a 31 demandas por ocupación ilegal de viviendas.

Precisamente sobre las dificultades para “acceder a una vivienda digna” preguntaba Ana Pontón, quien recordó que los arrendamientos han subido un 47% en Galicia en los últimos seis años. Y añadió que el precio medio en ciudades como A Coruña, Vigo o Santiago de Compostela asciende ya a 600 euros mensuales. Desgranó una serie de programas publicitados por el Gobierno gallego y que, según su versión, no superaron la fase de propaganda. “Prometieron 870 viviendas de promoción pública y han hecho 40. El plan Rexurbe habló de rehabilitar 1.500 y solo lo han hecho con nueve. Y apenas han movilizado 30 viviendas vacías cuando en Galicia hay 340.000”, aseguró Pontón.

Rueda le replicó que compartía su preocupación por la materia y que se trataba de “un tema prioritario” para su Ejecutivo. Dijo que estaba adoptando “muchas medidas, pero no son suficientes”, y enumeró algunas, como las ayudas al alquiler o la bajada del impuesto de transmisión patrimonial. Y acusó a la nacionalista de contar en esas 340.000 viviendas vacías que mencionó “garajes y solares”. “Pero a usted le da igual”, añadió, con esa táctica que emplea a menudo por la que desprecia los números con los que la oposición argumenta sus preguntas.

Tarxeta Básica frente a rebaja fiscal a los ricos

Lo hizo también cuando se enfrentó a la cuestión planteada por el Partido Socialista: “¿Qué políticas sociales va a desarrollar su Gobierno en los Presupuestos de 2023?”. Y eso que su portavoz Luís Álvarez se apoyó en la última comunicación del Instituto Galego de Estadística, un organismo de la Xunta, según la que prácticamente la mitad de la población gallega llega con dificultad a fin de mes. “Este es un problema que debemos resolver entre todos”, intentó conciliar Álvarez, antes de recordar el déficit de 15.000 plazas de residencia respecto a las reomendaciones de la OMS, o la retirada de la Tarxeta Básica para hogares vulnerables, que costaba a la Xunta 31 millones de euros, menos que lo que dejará de ingresar tras la polémica rebaja del impuesto de patrimonio anunciada por Rueda hace dos semanas para 7.700 contribuyentes con 6 millones en propiedades.

“No hable de que existieron rebajas o recortes porque es mentira”, afirmó el presidente gallego, y lamentó que, a su juicio, la oposición “no sea seria y constructiva”. Pontón sí había aportado, en su intervención, propuestas sobre vivienda -un bono social de alquiler, apostar por la vivienda pública de alquler con una reserva del 5% o duplicar la inversión pública- sin que el mandatario reaccionase a ellas.

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