Las familias de Castilla-La Mancha podrán tener apoyo económico público para contratar a una persona que cuide de los hijos e hijas menores de 14 años o de un familiar en situación de dependencia.

El Consejo de Gobierno regional ha aprobado este miércoles un esquema de ayudas dotado con un millón de euros de presupuesto que puede llegar a cubrir, en determinados casos, hasta el cien por cien del salario mínimo interprofesional, en función del nivel de renta de cada familia.

Según ha señalado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, el plan se plantea a lo largo de tres años. Durante el primer año, la cobertura puede alcanzar el 100 por ciento del salario mínimo; en el segundo, se sitúa sobre una base del 75 por ciento; y en el tercero, sobre el 50 por ciento, siempre ajustándose a los ingresos familiares.

El objetivo, según ha explicado la portavoz, es que compaginar trabajo, crianza, y cuidados sea viable para las familias, “quienes tienen que hacer malabares” para atender todas sus responsabilidades.

Contratación de personas desempleadas

Por otro lado, Padilla ha hecho hincapié en que las ayudas están vinculadas a la contratación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, con contrato formal y alta en la Seguridad Social.

La portavoz ha incidido en que la medida prioriza a las familias con menos recursos y sube la cuantía hasta el 80 por ciento en el tramo de renta más alto en el caso de los hogares monoparentales, al frente de los que, en la mayoría de los casos, se encuentra una mujer.

Este decreto se integra en una línea de actuación más amplia, junto a otras medidas ya en marcha como los incentivos a la contratación, el fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia, las deducciones fiscales para las familias, la ampliación de la red de escuelas infantiles o el Plan Corresponsables, ha enumerado la consejera.

María y su familia estuvieron más de un año esperando para recibir una ayuda que les permitiese afrontar con más recursos la discapacidad de su hijo. “Te hacen pasar momentos de angustia, es un desgaste increíble”, lamenta ella. La media desde que se solicita una prestación hasta que se obtiene una respuesta fue de 246 días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad para el primer trimestre de este año. Y, desde que se recibe una respuesta favorable hasta que finalmente se obtiene, pasan otros 62. En total, el tiempo medio para hacer efectivo un derecho legal alcanza los 329 días.

Los datos del último Panel del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) arrojan algunas mejoras. Hay récord de personas con derecho a prestación, más de 1,6 millones; las listas de espera se han reducido en 12 días respecto a marzo de 2025; y el total de gente esperando, ha caído un 16,6%. Pero muchas voces piden huir del triunfalismo. “Está muy bien que se reduzca la espera en 12 días, pero cuando llevas años esperando, da un poco de rabia”, apuntan desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.

Según los últimos datos disponibles, 1,66 millones de personas reciben en España algún tipo de prestación por dependencia. Como muestra el siguiente gráfico, son apenas unos pocos miles más que en 2025, pero un 90% más que hace una década. Precisamente, en 2015 se incluyó en la ley a los usuarios de grados menos dependientes, lo que amplió los potenciales receptores.

Para el presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez, “es normal que todos los meses se incremente el número de personas atendidas, cuando hay 270.000 en lista de espera”. Va más allá, porque el Ministerio solo incluye en el conteo a aquellas personas que superan el umbral de los 180 días esperando. Tampoco se tienen en cuenta, por ejemplo, las revisiones.

Las personas en lista de espera se dividen en dos grupos: las que están pendientes de ser valoradas y las que lo están de recibir la prestación. En el año 2025, el total se redujo en 12.158 personas, pero cada mes unas 10.000 personas piden entrar en el sistema de dependencia, lo que tensiona la tramitación. Con todo, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ponía en valor la “capacidad del sistema para responder más rápido de lo que la demanda está creciendo”, porque “mientras las solicitudes crecen a un ritmo del 7,3%, las personas atendidas lo hacen a un 9,8%”.

Esa “capacidad” del sistema se traducía a finales de marzo en 329 días de espera —casi once meses— de media estatal. Pero hay comunidades donde las familias esperan mucho más y otras donde los trámites van más ligeros. Según los últimos datos disponibles, Murcia es quien más hace esperar a sus personas con dependencia, 553 días de media, y Castilla y León, la que menos, con 116.

Desde 2023, la mayoría de comunidades han hecho esfuerzos por agilizar los tiempos de tramitación de la prestación concedida. Sin embargo, en general, han subido los días de espera hasta obtener una respuesta, con lo que el saldo medio ha mejorado en apenas una semana.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de ambos indicadores y del total, comunidad a comunidad. Por ejemplo, en ese periodo, Asturias redujo en 62 días (hasta los 62) el tiempo de tramitación de la prestación concedida, pero ahora hay que esperar 164 días más (308) para llegar a ese momento, por lo que el retroceso ha sido más que notable, pasando de 260 a 375 días. En el caso de Madrid, esta región ha empeorado en todos los indicadores.

Esos días los reflejan las estadísticas, pero los cuentan las familias. “Acceder a los recursos es burocracia, papeleo, obstáculos y tiempo, mucho tiempo, en el que tienes que poder seguir manteniéndote, con la dificultad que esto supone en la vida cotidiana para la supervivencia de las personas”, explica Silvina Funes, la presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, un colectivo eminentemente feminizado y para quién “superar estos obstáculos es como los juegos del hambre”.

30.000 muertes al año

La espera tiene su cara más amarga en las personas que fallecen sin haber recibido una prestación a la que tienen derecho. Solo en el primer trimestre de este año fueron unas 9.000, entre las que esperaban la valoración o la ayuda en toda España. En 2025, sumaron más de 32.700 y en 2026, 34.250.

Al margen de los tiempos, hay otro factor que preocupa en el marco de la atención a la dependencia. Una deriva 'low cost', que carga a las familias. Del total de 2,4 millones de prestaciones totales a final del primer trimestre del año, “el 57% se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano”, destacaba el Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, la mayor parte de esas ayudas van destinadas a familiares que cuidan y suponen 172,5 euros de media para dependientes de grado I; 276,6 euros para los de grado II; y 383,6 euros para los de grado III.

“Vamos hacia un sistema de bajo coste, con servicios de baja intensidad y prestaciones económicas muy bajas. Con 260 euros al mes no se puede decir que se está atendiendo este tema”, considera Ramírez. Un informe de Comisiones Obreras, publicado en febrero de 2025, ya alertaba de que el sistema estaba dominado por “prestaciones baratas y basadas en cuidados no profesionales”, aunque se reduzcan las listas de espera.

El caso de María pone de manifiesto una de las reivindicaciones que comparten todas las voces consultadas: aliviar a las familias de trámites burocráticos que frenan las ayudas. Ella solicitó la valoración en diciembre de 2022. En febrero de 2023 le pidieron un documento, que entregó en marzo por sede electrónica. Cuando un año después preguntó por el estado de su solicitud, le dijeron que faltaba ese papel. No era cierto. “Me dieron cita urgente y me pagaron los atrasos, pero un año después”, recuerda. Entre media, tuvo que afrontar, entre otros gastos, unos 300 euros mensuales solo para llevar a su niño a un especialista, porque los tenía: “En ese momento trabajábamos los dos y los padres de mi pareja estaban en casa, pero imagínate una familia en otra situación”.

Otro de los handicaps que presenta la normativa actual es la incompatibilidad de algunas prestaciones. “Es como si vas a una operación y te hacen elegir entre el cirujano y el anestesista”, ejemplifica Silvina Funes. En la práctica, los datos ya “apuntan a un cambio de modelo”, explicaba el pasado viernes la secretaria de Estado, porque el número de prestaciones por persona pasó de 1,28 en 2021 a 1,44 en 2026. “Las personas que entran en el sistema combinan más cuidados, apoyos más adaptados a su situación y sus decisiones”, afirmó.

El Ministerio de Derechos Sociales trabaja en una reforma de la ley de dependencia, que tiene “dos orientaciones principales: eliminar las incompatibilidades de las prestaciones y ampliar la cartera de servicios y reforzar recursos con gran potencial para transformar el modelo, como la asistencia personal, los centros de día o la ayuda a domicilio”.

Para la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, el sistema de autonomía y dependencia sí ha dado un salto en los últimos años. Sobre todo, tras los recortes del año 2012, a consecuencia de la crisis económica, que no terminaron de revertirse hasta 2023, con Ione Belarra al frente del departamento de Derechos Sociales. En este sentido, Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, considera que ha habido un esfuerzo por “analizar la calidad de las prestaciones y comprobar si con ellas se resuelve realmente el problema de las familias, porque el peso de los cuidados todavía recae sobre las mujeres”.

Desde el Ejecutivo buscan avanzar en la idea de la desinstitucionalización. Tiene sus ventajas e inconvenientes, porque permite a las personas permanecer en sus hogares, pero sin los recursos suficientes supone, en muchos casos, una carga incompatible con la propia vida para las cuidadoras. “Ninguna economía del mundo es capaz de asumir en exclusiva el coste que supone la dependencia, mientras muchas familias quieren seguir cuidando, pero sin sobrecargarse de una manera excesiva”, explica Rodríguez.

Según un reciente estudio de Fedea, con datos de 2024, España continúa “rezagada respecto al contexto europeo”. “El esfuerzo financiero destinado a cuidados de larga duración se sitúa en torno al 0,9-1% del PIB, una proporción notablemente inferior al promedio de la OCDE, que alcanza el 1,8%”, indica el trabajo. La financiación es otra de las vías de mejora que reclaman las entidades y asociaciones y que para la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales se encuentra en este momento paralizada, porque el aumento en el gasto corresponde a mayor número de prestaciones, pero no tanto a que estas se incrementen.

Desde las familias, han reclamado también que la nueva ley incorpore un reconocimiento económico y laboral de las cuidadoras y que se reduzca la carga que asumen en solitario. “Somos nosotras las que sostenemos el sistema, gracias a nuestro trabajo, y nuestras renuncias”, explica Patricia, también de la plataforma, que destaca que, en muchas ocasiones, son ellas quienes renuncian a trabajo remunerado, salario, cotizaciones y pensión.

“No haces nada con una prestación o una teleasistencia. Hay que ir sumando atributos, una serie de pocos que hacen un todo para la persona que realmente lo necesita”, coincide Rodríguez, que pide tener una visión más holística: “Necesitamos un ecosistema de cuidados en el entorno comunitario de salud, de servicios sociales, farmacia, elementos asociativos en los barrios, políticas preventivas... Vamos a vivir muchos años y vamos a necesitar más cuidados, así que tenemos que meternos en la cabeza que esto es cosa de todos”.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa grave y progresiva que afecta al sistema nervioso, concretamente a las neuronas motoras, que son las encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Hace ya año y medio que se aprobó el Real Decreto para financiar la nueva ley ELA en España, destinada a la cobertura y atención de enfermedades neurodegenerativas que van más allá de la Esclerosis Lateral Amiotrófica que le da nombre, principalmente aquellas que produce atrofia muscular progresiva.

Pasado el tiempo, ahora la implementación de esta normativa depende de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en Sanidad. Las administraciones autonómicas son responsables de gestionar los servicios sociales y sanitarios para hacer efectivas las ayudas públicas.

Concretamente, deben adaptar el marco nacional de dependencia notificando al Ministerio de Derechos Sociales las solicitudes reconocidas para activar las prestaciones. Y el despliegue de las ayudas, que pueden llegar hasta los 10.000 euros mensuales para cuidados intensivos durante 24 horas, se financia al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.

Esto quiere decir que la norma establece un marco obligatorio para todas las administraciones públicas con el objetivo de mejorar la atención especializada, pero su efectividad real está vinculada a la gestión autonómica.

Castilla-La mancha andaba rezagada, respecto a otras regiones, en la publicación de nuevas ayudas, pero finalmente, el pasado mes de marzo, la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria aprobó una línea de subvenciones para personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. En total, ha destinado medio millón de euros y la cuantía a conceder será de 4.000 euros por persona beneficiaria.

Hay que incrementar los cuidados y hacerlo de forma muy rápida

“Esta enfermedad, además de suponer una carga de cuidados muy importante para las familias, supone también un coste económico elevadísimo porque son muchos los cambios y los apoyos técnicos necesarios, que además se suceden muy rápidamente por lo que hay que incrementar los cuidados y hacerlo de forma muy rápida”, argumenta el Gobierno regional.

Castilla-La Mancha cuenta con tres consultas específicas de ELA (Talavera de la Reina, Toledo y Albacete) en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y una Unidad Específica de ELA, ubicada en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.

Se estima que alrededor de 150 personas sufren ELA en la región, además de otras enfermedades contempladas en la nueva ley. Entre ellos está Álvaro Llave, de 34 años. Es vecino de Valdeverdeja, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo con apenas 600 habitantes, bajo el área de influencia de Talavera de la Reina, a 40 kilómetros.

Tiene Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) que le fue diagnosticada al año y medio de su nacimiento. Se trata de una enfermedad genética rara y degenerativa, ligada al cromosoma X, que provoca debilidad muscular progresiva. Causada por la falta de distrofina, los síntomas aparecen antes de los 6 años, incluyendo retraso motor, caídas frecuentes y dificultad para levantarse.

Actualmente, Álvaro está en silla de ruedas y necesita atención durante todo el día. De esa labor se encarga su madre, Elena, de 55 años. Y debido a ello, esta última no puede acceder a un empleo con una jornada completa de ocho horas. No puede dejarle solo tanto tiempo.

Su enfermedad es degenerativa y que le obliga a depender constantemente de otra persona para realizar tareas básicas. “Para moverme, vestirme, cambiar de postura, ir al médico o cualquier cosa básica del día a día, necesito la ayuda constante de otra persona”, relata.

Acaba de solicitar las ayudas recién aprobadas en Castilla-La Mancha, pero afirma que las necesitaba “para ayer” o “para hace diez años”, porque ahora “entraremos en varios trámites que se alargarán en el tiempo y será volver a esperar y esperar”. De hecho, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento de estas ayudas es de seis meses desde la presentación de la solicitud de subvención.

Si tuviera ya esa ayuda, podría disponer de dos personas que, de forma rotatoria, pudieran atenderle en casa y que todos los cuidados no recayeran sobre su madre. “Porque también hay que cuidar al que cuida”, defiende.

“Mi madre no puede tener un trabajo estable porque tiene que dejarlo todo para cuidarme. Y creo que también merece poder trabajar y tener un poco de aire”, explica.

Empecé a necesitar cada vez más cuidados. Eso es condenar a mi madre solo a eso. Vamos tirando y sobreviviendo, pero no son cuidados dignos

Le indigna que en otras comunidades autónomas ya se hayan aprobado y concedido esas ayudas, generando importantes diferencias entre autonomías. “Los cuidados dignos no deberían depender del código postal”, denuncia ante este medio.

Es el motivo por el que ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para contar con más recursos para sus cuidados, además de una petición agilizar la prestación de ayudas para la asistencia personal y el apoyo a las familias, y que cuenta ya con más de 50.000 firmas. 

Álvaro nunca ha recibido ninguna ayuda pública. “Yo antes era un poco más independiente, pero la enfermedad avanzó y ahora estoy más en casa. Empecé a necesitar cada vez más cuidados. Eso es condenar a mi madre solo a eso. Vamos tirando y sobreviviendo, pero no son cuidados dignos”, resalta.

Insiste en que el retraso en la activación de la ley tiene consecuencias directas en su vida y en la de su familia: “Unos meses de espera suponen mucha diferencia. Necesito tener ya un poco más de independencia para mí”. Subraya que no se trata de privilegios, sino de “derechos básicos, cuidados dignos y apoyo a las familias que conviven con la dependencia”.

Álvaro concluye su llamamiento recordando que esta situación puede afectar a cualquier persona: “Nadie elige necesitar cuidados para vivir, pero cualquiera puede necesitarlos algún día”.

Una atención “coordinada, integral y centrada en la persona”

Precisamente, coincidiendo con la publicación de las ayudas en Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina acogió en marzo las V Jornadas 'ELA en Castilla-La Mancha' para avanzar en la atención integral a las personas afectadas. Se celebraron en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina organizadas por la Asociación ELA CLM-AdELAnte, bajo el lema 'La ELA no se puede curar, pero sí se puede cuidar'.

El encuentro, reconocido de interés sociosanitario por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, reunió a profesionales sanitarios, sociales, responsables institucionales y entidades del ámbito de la ELA con el objetivo de seguir avanzando hacia un modelo de atención “coordinada, integral y centrada en la persona”.

En este evento participaron representantes institucionales de la Diputación de Toledo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de la Gerencia de Atención Integrada y de la propia asociación organizadora.

En tres mesas de trabajo, se abordaron aspectos clave para la mejora de la atención: el funcionamiento, circuitos y modelo asistencial de la Unidad de ELA del Hospital de Talavera, la ruta asistencial de los pacientes, poniendo el foco en la coordinación sociosanitaria, y también los avances de la ley ELA y su desarrollo normativo, con el objetivo de trasladar el marco legal a la realidad concreta de las personas y sus familias.

Desde la Asociación ELA CLM-AdELAnte destacaron la necesidad “construir una respuesta más eficaz, humana y adaptada a las necesidades” de las personas con ELA u otras enfermedades neurodegenerativas, especialmente en territorios como Castilla-La Mancha, “donde la dispersión geográfica añade complejidad a la atención”.

Mientras tanto, Álvaro sigue esperando. Es muy activo en redes sociales y afirma que no dejará luchar por mejorar su situación mientras pueda hacerlo. Insiste en que es “una cuestión de dignidad” para él y para su madre, y en que a ello dedicará todas sus fuerzas.

Durante años, la implicación de los abuelos en el cuidado de los nietos ha sido algo habitual. Sin embargo, no ocurre igual en todos los casos. Hay abuelos que siguen en activo, otros que tienen problemas de salud o que viven lejos, y también quienes prefieren dedicar esta etapa vital a proyectos propios.

Cuando estas formas de entender ese apoyo no coinciden con lo que los hijos esperan, aparecen fricciones que no siempre se han abordado previamente: incomodidad, malentendidos o la sensación de que las responsabilidades no están claras dentro del entorno familiar.

Una ayuda muy presente en la organización familiar

La participación de los abuelos en la crianza sigue siendo habitual en Europa. Un estudio publicado en 2023 por la revista European Journal of Ageing, a partir de datos de personas mayores de distintos países europeos, señala que una proporción relevante colabora en el día a día con sus nietos. Según este trabajo, cerca de la mitad lo hace de forma ocasional, mientras que aproximadamente uno de cada cuatro asume un papel más continuado. Este tipo de apoyo es especialmente frecuente en los países del sur de Europa, donde las redes familiares siguen teniendo un peso importante en la organización cotidiana. Otro informe sobre abuelos y crianza de Aldeas Infantiles, publicado en 2023, indica que en España el 35% de los mayores de 65 se encarga del cuidado de los nietos varias veces por semana (muy por encima de la media europea del 14,9%).

Durante muchos años viví pendiente del trabajo y de la familia, y ahora necesito que esta etapa sea un poco diferente

Cándida — 67 años

La participación no se da siempre de la misma manera ni se vive igual en todos los hogares. En algunos casos se limita a momentos puntuales, mientras que en otros adopta formas más estables o se descarta por completo.

Cándida, de 67 años, decidió desde el principio no asumir una rutina fija con sus dos nietos. “Estoy con ellos y disfruto mucho, pero no quiero volver a tener el día marcado por horarios. Durante muchos años viví pendiente del trabajo y de la familia, y ahora necesito que esta etapa sea un poco diferente”, explica. Aunque lo habló en casa, sintió que se daba por hecho que estaría más disponible y que no fue fácil cambiar esa idea.

Lo que se espera de los abuelos

Lo que empieza de forma puntual puede ir convirtiéndose en una responsabilidad más regular. Y ahí suelen aparecer los primeros roces. Antonio, de 70 años, se encontró con esa situación cuando su hija le propuso encargarse de recoger a los niños del colegio todos los días. “Para ella era algo normal, pero para mí no lo era. Sigo trabajando algunas mañanas y tengo mis propios horarios. No podía reorganizar todo mi día para asumir ese compromiso fijo”, recuerda. Durante un tiempo se interpretó así, como si no quisiera ayudar.

El papel de los abuelos en la crianza ha ido cambiando en las últimas décadas. Como afirma Gerardo Meil, catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en sociología de la familia, este papel está relacionado con la transformación del modelo familiar y con la incorporación de las mujeres al trabajo en un contexto de familias más pequeñas. “Muchas abuelas, en su mayoría no empleadas y relativamente jóvenes, asumieron un rol activo en el cuidado”, comenta.

Muchas abuelas, en su mayoría no empleadas y relativamente jóvenes, asumieron un rol activo en el cuidado

Gerardo Meil — catedrático de Sociología en la UAM

Con el tiempo, ese rol también ha cambiado. Meil subraya que se ha pasado de un modelo de “cuidado sustitutivo” a otro de “cuidado complementario” o “cuidado de emergencia”, más ocasional y limitado a determinadas tareas o momentos, como cuando están enfermos o para recogerlos del colegio.

Aun así, no en todos los hogares se cuenta con esa ayuda. Según datos de la encuesta QUIDAN 2 (2025), elaborada por Meil a familias con hijos menores de siete años, “el número de familias que no recibe ningún tipo de ayuda puede estimarse en alrededor de una de cada cuatro”. Además, en ese mismo estudio se observa que ha aumentado la proporción de padres que perciben que los abuelos no muestran demasiada disposición para cuidar.

En la mayoría de los casos, esta ausencia de apoyo no responde a una negativa directa. Tal y como apunta Meil, “las razones en la gran mayoría de los casos son objetivas”, y están relacionadas con factores como la distancia, problemas de salud, la situación laboral o el cuidado de otros nietos.

Esa evolución también se refleja en cómo algunos abuelos deciden estar presentes. Eladio, de 69 años, no participa en el cuidado diario de su nieta, pero mantiene un vínculo regular en su vida. “No estoy para el día a día ni para asumir responsabilidades fijas, pero sí para verla cuando surge”, expresa. “Nos vemos los fines de semana, en momentos concretos, y así lo disfrutamos más. Para mí es importante que ese tiempo no esté ligado a una obligación”, remata.

Negociar límites sin romper la relación

Más que la falta de apoyo, lo que suele tensar estas situaciones es el desajuste entre lo que cada uno espera y lo que realmente ocurre.

Desde la mediación familiar, este tipo de conflictos suele estar relacionado con un desajuste entre lo que cada generación espera de la otra. Según la mediadora familiar y abogada especializada en conflictos familiares Ana Criado Inchauspé, los hijos tienden a mirar a sus padres desde sus propias necesidades (la conciliación, el trabajo o la crianza) sin atender a que ellos también se encuentran en una etapa vital distinta, con proyectos propios.

La mediadora familiar Ana Criado insiste en que una de las claves es 'transformar expectativas implícitas en acuerdos claros', ya que muchas tensiones nacen de lo que nunca se ha hablado

En ese sentido, sostiene que no se trata tanto de egoísmo como de una falta de conciencia sobre las diferencias entre generaciones. Criado habla de la aparición de “un nuevo modelo de tercera edad, más activo y autónomo”, en el que muchas personas mayores priorizan su tiempo y no necesariamente desean asumir un cuidado continuado de sus nietos.

Si estas expectativas no se ponen en común, aclara, pueden surgir sentimientos de decepción en los hijos y, al mismo tiempo, presión o pérdida de libertad en los abuelos. Asimismo, indica que esto suele dar lugar a malentendidos sobre si ese cuidado es una ayuda puntual o una obligación familiar.

Desde su experiencia, Criado insiste en que una de las claves es “transformar expectativas implícitas en acuerdos claros”, ya que muchas tensiones nacen de lo que nunca se ha hablado. Para evitarlo, propone exponer abiertamente lo que cada parte espera, delimitar responsabilidades (recordando que el cuidado corresponde a los padres) y concretar cuándo y cómo puede darse la colaboración de los abuelos. También subraya la importancia de tener en cuenta las necesidades de ambas generaciones: la conciliación de los hijos y la autonomía de los mayores.

En último término, la especialista en conciliación familiar concluye que “el reto no es decidir si los abuelos deben cuidar o no a los nietos”, sino abrir un diálogo que permita ajustar esas expectativas para que la colaboración sea una elección y no una imposición, sin deteriorar el vínculo familiar.

Muchas veces, el problema no está tanto en la falta de ayuda como en lo que no se llega a decir a tiempo. Isabel, de 68 años, reconoce que durante un tiempo asumió que debía estar disponible para cuidar de sus nietas sin plantearse si realmente podía o quería hacerlo en esas condiciones. Con el paso de los meses, esa disponibilidad empezó a resultarle incómoda, como si tuviera poco margen para decidir por sí misma.

“Al principio no dije nada, porque parecía lo normal, pero cada vez me sentía más incómoda, como si no pudiera elegir”, asegura. Eso, relata, cambió cuando lo hablaron en familia. “Cuando lo compartimos, resultó un alivio para todos. Pudimos recolocar las cosas y empezar a entendernos mejor. Ahora sé que ayudar también implica poder decidir”, declara.

A medida que cambian las formas de vida, también se reordenan los acuerdos dentro de las familias. Lo que durante décadas se dio por hecho empieza a dejar paso a decisiones más habladas y menos asumidas.

Tengo un amigo que piensa que hay ideas incompatibles y conceptos que se repelen, como pasa con algunos elementos químicos o lo que sucede cuando mezclamos el agua con el aceite. En el ámbito social, recientemente se ha celebrado la Semana Santa en prácticamente todos los pueblos de España y hemos visto como conviven el sacrificio de la fe y el fervor de la religiosidad popular con el disfrute del turismo y la hostelería. Aparentemente son fenómenos contradictorios, pero vemos que no solo conviven, sino que se retroalimentan.

Esta retroalimentación debiera darse también entre ámbitos de actuación aparentemente distantes como son la innovación tecnológica aplicada a la atención de personas en situación de dependencia y la dimensión ética y humanizada de los cuidados. Sin embargo, en esta cuestión observo una confrontación entre los defensores a ultranza del desarrollo tecnológico (tecnófilos) y los más absolutos detractores (tecnofóbicos) que ven en la tecnología una amenaza para la calidad y calidez de los cuidados.

La disputa no es nueva. Los antropólogos han estudiado cómo el proceso de hominización y el desarrollo evolutivo de la especie humana van muy ligados al desarrollo de instrumentos para hacerse la vida más fácil. Hoy nadie pone en cuestión los descubrimientos y los avances del pasado, pero suele ser habitual que haya siempre resistencias y temores a la innovación.

En las últimas décadas la irrupción de la tecnología digital ha transformado silenciosamente muchos ámbitos de nuestra vida. Hoy el teléfono móvil nos está cambiando, no solo la manera de comunicarnos, sino tal vez la forma de trabajar y de vivir. Pero es también Internet, la digitalización y la inteligencia artificial, que están cambiando la actividad laboral, permitiendo el teletrabajo y, por tanto, rompiendo las barreas geográficas y favoreciendo fenómenos inversos a los que se produjeron en las revoluciones industriales anteriores que provocaron una concentración del trabajo en torno a los grandes centros de producción.

En regiones como Castilla-La Mancha, donde el envejecimiento demográfico, la dispersión territorial, la reducción del tamaño y los apoyos de las familias y la creciente demanda de servicios asistenciales configuran un escenario complejo, es necesario plantearse que la llegada de la inteligencia artificial y de nuevas herramientas tecnológicas no es solo una posibilidad, sino una necesidad estratégica.

Comparte nuestra región problemas que no son exclusivos del territorio, sino que afectan a todo el país y a buena parte del mundo occidental. Problemas que son fruto del éxito como sociedad, ya que el aumento del envejecimiento obedece fundamentalmente al alargamiento de la vida, pero esto conlleva un incremento de las situaciones de dependencia y una mayor demanda de cuidados sociosanitarios, que se concentran en las últimas fases de la vida. Sin embargo, también compartimos los problemas (cuya causa no puede atribuirse a ningún éxito) de la reducción de la natalidad y la falta de profesionales para hacer frente a la creciente demanda de cuidados.

En este contexto, las familias no podrán afrontar esta actividad que han venido y vienen haciendo en silencio, sobre todo las mujeres, y con cierto sacrificio de esfuerzo y de conciliación con su actividad laboral y familiar.

Nos enfrentamos ante uno de los grandes retos que tenemos como sociedad para los próximos años, porque no estamos ante una nube pasajera: la demanda de cuidados continuará incrementándose y la tecnología está siendo, puede ser y será un elemento que tendrá una importancia considerable en la reconfiguración de la forma en que entenderemos y proporcionaremos los cuidados en el futuro más próximo.

Los dispositivos de teleasistencia avanzada, con sensores de movimientos, detectores de riesgos, recordatorios de medicación, los asistentes de voz adaptados, los geolocalizadores y un concepto de atención proactiva para reducir el sentimiento de soledad, pueden contribuir a mantener la autonomía personal durante más tiempo en el entorno habitual de la persona.

En Castilla-La Mancha, donde muchas personas mayores viven solas en entornos rurales, estas soluciones no solo aumentan la seguridad, sino que aportan tranquilidad a las familias que viven lejos y también pueden mejorar sus cuidados mediante la detección preventiva de situaciones de riesgo para la salud o a través de la propia telemedicina. Todo ello, junto con la digitalización de actividades interactivas y de los procesos asistenciales, puede evitar desplazamientos innecesarios y facilitar intervenciones tempranas.

La teleasistencia avanzada, la monitorización remota y la telemedicina son y pueden ser una oportunidad para territorios extensos y poco poblados. Estos sistemas permiten que una persona mayor que vive en la Serranía de Cuenca, en la Sierra de Alcaraz o en la Campana de Oropesa pueda recibir atención y seguimiento evitando largos desplazamientos.

La tecnología no debe sustituir al acompañamiento personal ni al cuidador humano, sino que ha de servir de apoyo para hacer su trabajo y liberar tiempo de tareas automáticas y repetitivas o meramente administrativas, permitiendo que los profesionales se centren en lo que aporta valor: el trato directo, la amabilidad, la escucha, el acompañamiento y el apoyo emocional o terapéutico para personas con fragilidad o con deterioros cognitivos. En este sentido, el desarrollo de tecnologías adaptadas al sector de los cuidados puede convertirse en un yacimiento de innovación productiva, generando empleo cualificado y favoreciendo la colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación.

No todo puede ni debe ser automatizado y el mayor peligro es que la tecnología sustituya (en lugar de apoyar) a la relación humana. Los cuidados son, sobre todo, un acto de acompañamiento emocional y de relación humana, por lo tanto, cargados de una importante dimensión ética. En este sentido, los dispositivos de apoyo deben ser adaptados, accesibles, manejables, amigables y con un diseño inclusivo. Es la tecnología la que debe adaptarse a las personas más vulnerables y no al revés.

También es importante evitar la desigualdad en el acceso, ya que existe el riesgo de crear un sistema de cuidados de dos categorías: uno, con tecnologías adaptadas para quien puede pagárselo, y otro para los que no disponen de los medios económicos necesarios. Este riesgo es especialmente alto en las zonas rurales, precisamente en aquellos lugares donde la tecnología tiene un mayor valor estratégico.

El tema tiene sus complejidades técnicas y sociales, pero para que las tecnologías digitales y la IA sean aliadas reales del bienestar y la autonomía personal es fundamental situar a la ética en el centro. Las herramientas deben diseñarse desde las necesidades y los usos de las personas, especialmente cuando estas son mayores o se encuentran en situaciones de soledad o dependencia. Deben servir para empoderar a la persona y no para condicionarla, primando siempre la libertad, el consentimiento y la opción de desconectarse a voluntad propia, porque la persona debe conservar el control de la tecnología y no depender de ella.

El dilema no es si debemos o no introducir tecnología e inteligencia artificial en los cuidados o en la promoción de la autonomía personal. Esto es ya una tendencia inevitable. El riesgo es que esta tecnología pase a nuestras casas sin llamar a la puerta y sin haber analizado qué modelo de cuidados queremos construir para el futuro. En todo caso, la clave está en comprender que hablamos de personas, no de datos; de relaciones humanas y no de procesos. La tecnología producirá bienestar si responde a las necesidades y demandas de quien la utiliza y si respeta sus valores éticos, teniendo en cuenta las circunstancias y las preferencias de cada persona. Por esto, en el diseño de los productos y dispositivos tecnológicos, en sus funciones y en su aplicación resulta obligado, una vez más, contar con quien los va a usar.

El pasado 29 de marzo murió Marta Plaza. Su nombre y apellidos no eran particularmente originales ni su figura se movía en los pasillos que hubieran hecho que los responsables de los medios de comunicación corrieran en busca de alguien para redactar su obituario.

Sin embargo, la noticia, de eco leve al principio –propagada a través de grupos de afinidad en WhatsApp o con mensajes faltos de contexto en redes sociales–no tardó en amplificarse en internet a lo largo de las siguientes horas. No había textos sobre ella en Google Noticias pero mucha gente, muy diversa, desde lugares muy distintos entre sí, atesoraban encuentros, experiencias, textos o aprendizajes prendidos a la figura de Marta Plaza. Especialmente en el campo (amplio) de los derechos de las personas psiquiatrizadas.

El próximo sábado 18 de abril, por la tarde, se celebra un homenaje a Marta Plaza en el Centro Social Autogestionado Tres Peces Tres, un proyecto en el que ella misma participó. Se llevará a cabo una lectura de textos suyos, mico abierto y exposición de obra de Marta (en los últimos años cultivó caligramas y juegos visuales). Además, se nombrará la biblioteca del centro con el nombre de la activista.

“Marta fue una compañera generosa, discreta y amorosa, que dedicó su lucha a la defensa de las redes de cuidados, el apoyo mutuo y contra las violencias psiquiátricas. Transfeminista y antirracista, siempre acompañando a la lucha de las de abajo”, han dicho de ella desde el centro social en su convocatoria.

El homenaje a Plaza en Lavapiés es una muestra más de la ola creciente de reivindicación de su figura que se ha producido en los últimos días. Que se ha manifestado en los innumerables mensajes que han aparecido en redes sociales, los recuerdos en los medios en los que colaboró, los dibujos sobre Marta o en quienes se han organizado para redactar su artículo en Wikipedia. Quien no la conociera, puede escuchar su voz en la película de María Ruido Estado de malestar, que durante unos días se puede ver en abierto.

Marta era una chica de Chamberí (y lo llevaba muy a gala). Para ella fueron muy importantes los ámbitos del 15M y post-15M en la asamblea del distrito. Se ha ido justo cuando van a hacer quince años de la experiencia.–¿nos hablan los tiempos?–. Pero su curiosidad y capacidad de escucha la llevaron a acercarse y, frecuentemente, involucrarse, con muchos otros ámbitos relacionados con los movimientos sociales y el apoyo mutuo.

Su campo de actuación primordial fue, sin embargo, el de la salud mental, que afrontó desde una perspectiva vivencial y las posturas innegociables del feminismo y la organización colectiva. Se convirtió en gran representante del feminismo loco, una corriente crítica y un movimiento de mujeres y disidencias supervivientes de la psiquiatría que cuestiona la patologización patriarcal.

Con Marta, se han ido la sonrisa franca del activismo loco y una de las siluetas más libres del Madrid rebelde. Muchos y muchas hablan estos días de ella (el esfuerzo por despedirla públicamente de Luis, su compañero, es un ejemplo de amor y compromiso). Las reacciones a su marcha subrayan su figura de la manera más coherente posible con su forma de vivir: sus amigas –todas, muchas, de tantos sitios…–están situando a Marta dentro de una genealogía alternativa, colectiva y hecha así misma. Falta nos hace.

Este 23 de marzo se celebra el Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad. Fue instaurado en 2018 a propuesta del Congreso de los Diputados. El acuerdo recoge la conciliación como un derecho de todas las personas y la corresponsabilidad como la única garantía de que se sigan reduciendo las desigualdades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida.

Ese mandato reconoce que los poderes públicos y las empresas deberán facilitar la conciliación aplicando horarios racionales, mecanismos de flexibilización, ampliando los permisos laborales para el cuidado de los hijos e hijas junto con los permisos de paternidad y maternidad.

Hoy, coincidiendo con la efeméride, el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a administraciones públicas y empresas sanitarias que “favorezcan la corresponsabilidad para posibilitar la conciliación de enfermeras y fisioterapeutas”. Además reclaman “las medidas necesarias para acabar con los problemas y barreras que existen en la actualidad y que están perjudicando su salud y desarrollo profesional, así como la atención que se presta a las personas”.

Pedimos medidas que favorezcan la conciliación de enfermeras y fisioterapeutas

SATSE

“Se prioriza el ahorro y la productividad por encima de las personas”

SATSE afea que el modelo laboral en el ámbito sanitario esté priorizando “el ahorro y la productividad por encima de las personas”, de ahí, subraya, que “los problemas de conciliación derivados de esta realidad no son responsabilidad de los y las trabajadoras, como desde algunos ámbitos se quiere trasladar a la opinión pública”.

“El sistema sanitario no permite conciliar y el problema no es de cada mujer o de cada hombre, porque la conciliación no es un problema privado, sino que es una responsabilidad colectiva y una obligación de los empleadores y las administraciones públicas”, apuntan desde la organización sindical.

Por ello, SATSE, en el marco de su nueva campaña de denuncia, información y sensibilización, bajo el lema 'Que no dejen tu vida en pausa', ha demandado a administraciones y empresas sanitarias que no sigan quebrantando el derecho a la conciliación que tienen enfermeras y fisioterapeutas, colectivos, además, con una presencia mayoritaria de mujeres. Más de un 85 por ciento en el caso de Enfermería y de un 60 por ciento en el de la Fisioterapia.

Una macroencuesta reciente realizada por SATSE en el conjunto del Estado concluye que los problemas para conciliar su vida laboral con la familiar y personal han afectado la salud física y mental de seis de cada 10 enfermeras/os y fisioterapeutas y en una misma proporción se han planteado, incluso, abandonar su profesión, entre otros datos.

“Enfermeras y fisioterapeutas son esenciales para el funcionamiento del sistema sanitario y la atención y cuidados que se presta a millones de personas. Sin embargo, mientras sostienen la vida de miles de personas, sus propias vidas quedan relegadas y en pausa por un sistema que no reconoce ni respeta su tiempo”, afirma SATSE.

El 70% de factores de la brecha salarial se deben a la conciliación

Desde CCOO Castilla-La Mancha, la secretaria de mujeres, juventud e igualdad, Ana Villaseñor, recuerda que “la brecha salarial es el reflejo de una sociedad en la que las mujeres siguen siendo las que más permisos no remunerados cogen, reducciones de jornada y excedencias, lo que demuestra que sigue habiendo desigualdad en la distribución de los cuidados”.

El 70% de esa brecha salarial está compuesta por factores ligados a la conciliación, como la parcialidad no deseada, detalla. En Castilla La Mancha el salario bruto anual de las mujeres es un 18% inferior al de los hombres, unos 4.100 euros menos al año.

Esto tiene una derivada futura, advierte, y es que sus pensiones también acabarán siendo más bajas.

Desde el sindicato reclaman “avanzar hacia un modelo laboral más justo que reduzca la excesiva parcialidad y apueste decididamente por la adaptación de las jornadas a las necesidades reales de la plantilla”.

Los datos evidencian una clara desigualdad: de las 135.200 personas ocupadas a tiempo parcial en la región, 103.400 son mujeres, lo que representa un 76,48% del total. Esta situación refleja que la parcialidad sigue recayendo de manera desproporcionada sobre ellas, limitando su estabilidad y desarrollo profesional.

Por ello, CCOO insta a “impulsar medidas que favorezcan jornadas completas cuando así se desee y a reforzar mecanismos de flexibilidad y conciliación que no penalicen, sino que garanticen igualdad de oportunidades para todas las personas trabajadoras”.

Instamos a impulsar medidas que favorezcan jornadas completas cuando así se desee y a reforzar mecanismos de flexibilidad y conciliación que no penalicen, sino que garanticen igualdad de oportunidades para todas las personas trabajadoras

Ana Villaseñor — Secretaria de Mujer de CCOO Castilla-La Mancha

Es importante concitar un nuevo modelo social de cuidados y debe ser la administración la que favorezca los instrumentos necesarios para no tener que decidir entre la carrera profesional y la vida familiar. La tramitación de la nueva Ley de brecha en Castilla-La Mancha es una oportunidad para avanzar y, junto a los agentes sociales, deben diseñarse medidas en el seno de las empresas para facilitar la conciliación. Por parte de la administración hay que ampliar la creación de plazas en escuelas infantiles, centros de día y residencias públicas que alivien la carga de los cuidados.

Por otro lado, es importante que los planes de igualdad lleguen a todas las empresas “y las que ya los tienen no los guarden en un cajón”. Y que la negociación colectiva tenga perspectiva de género.“Es fundamental garantizar que la aplicación de los convenios contribuya activamente a la igualdad, incorporando medidas que impulsen la equidad y ayuden a eliminar cualquier forma de discriminación”, ha señalado Villaseñor.

“En días como hoy hay que recordar que las medidas de conciliación y corresponsabilidad benefician tanto a mujeres como a hombres. Es la mejor herramienta para avanzar hacia una masculinidad igualitaria y un reparto justo de los cuidados”.

El 23 de marzo en España conmemoramos el Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad, una fecha que reconoce la necesidad de avanzar hacia un reparto más justo de las responsabilidades familiares y laborales.

La institucionalización de este día fue posible gracias a una iniciativa que impulsé durante mi etapa de parlamentaria, con un propósito claro: dar visibilidad a un problema que durante demasiado tiempo había permanecido en segundo plano y sigue sin resolverse.

Dar este paso significó también cambiar la mirada: entender que la conciliación no es un problema individual, sino una responsabilidad colectiva. Que no puede depender del esfuerzo silencioso de las familias, y mucho menos de las mujeres, sino del compromiso de toda la sociedad.

Porque hablar de conciliación no es hablar de organización del tiempo, es hablar de igualdad, de oportunidades y de futuro como sociedad.

Y hoy, con los datos en la mano, sabemos que ese futuro aún no es igual para todos.

Las mujeres continúan sosteniendo, de forma mayoritaria, el peso de los cuidados. No es casualidad que más del 72% de las personas cuidadoras no profesionales sean mujeres, ni que más de 2,8 millones se vean obligadas a quedarse fuera del mercado laboral para atender responsabilidades familiares.

Y son ellas quienes, en su inmensa mayoría, reducen su jornada, interrumpen su carrera profesional o solicitan excedencias. Los datos son claros: en 2025, el 83,1% de las excedencias por cuidado de hijos o familiares correspondieron a mujeres, frente a apenas un 16,9% de hombres. Es decir, más de ocho de cada diez excedencias siguen recayendo sobre ellas.

Esta realidad no es solo una cuestión social, es también una cuestión económica. Porque cuando la conciliación falla, la desigualdad se cronifica.

Las consecuencias son claras: una brecha salarial del 20% y una brecha en pensiones que supera el 30%. Una desigualdad que se construye a lo largo de toda la vida y que se traduce en trayectorias laborales más precarias, menor independencia económica y un mayor riesgo de vulnerabilidad.

Por eso, la conciliación no puede seguir siendo un asunto privado que las mujeres resuelven en silencio. Es una responsabilidad colectiva que requiere compromiso político, social y empresarial.

Esta realidad se agrava aún más en el medio rural. Allí, donde los servicios son más limitados, la conciliación se convierte, en demasiadas ocasiones, en una utopía. Las mujeres rurales sostienen el equilibrio de sus familias, de sus trabajos y de sus pueblos, asumiendo una carga que muchas veces pasa desapercibida.

Hablar de conciliación en el medio rural es hablar también de cohesión territorial, de lucha contra la despoblación y de justicia social.

Ante esta realidad, Europa ha dado un paso al frente con la Estrategia Europea de los Cuidados, una herramienta clave para avanzar hacia un modelo más justo e igualitario. La Unión Europea ha situado los cuidados en el centro de su agenda con un marco que apuesta por garantizar servicios accesibles, asequibles y de calidad, mejorar las condiciones laborales de quienes cuidan y avanzar en corresponsabilidad. Una estrategia que reconoce algo fundamental: los cuidados no son un gasto, son una inversión social y económica imprescindible.

Invertir en cuidados significa mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral, reducir las brechas salariales y de pensiones y fortalecer el Estado del bienestar. Pero también significa generar empleo, atraer talento y dar respuesta a uno de los grandes retos demográficos de nuestro tiempo.

En este contexto, hablar de soluciones no es una opción, es una obligación.

Sin embargo, no podemos conformarnos. La conciliación real exige un cambio profundo. Exige políticas públicas que sitúen los cuidados en el centro, que reconozcan su valor y que construyan una red sólida que permita a las mujeres no tener que elegir entre su vida personal y profesional.

Exige también corresponsabilidad. Porque sin la implicación real de los hombres, no habrá avances suficientes.

El 23 de marzo debe servirnos para algo más que reflexionar. Debe ser un punto de inflexión. Un recordatorio de que la igualdad no puede seguir esperando.

Porque sin conciliación no hay igualdad.

Y sin igualdad, no hay futuro.

Javier Yanguas (Donostia, 1963) cuidó de sus padres mientras estaban criando a sus propios hijos. Años antes, había convivido con sus cuatro abuelos, “en una casa rural, sin baño en el caserío”, matiza. Conoce de primera mano los achaques de la edad, qué significa envejecer y perder facultades, tanto las físicas como las mentales. Asimismo, ha convivido con la soledad, el miedo a la muerte, y el desconcierto de no reconocerse en esa persona ajada. Pero también ha conocido el acompañamiento y el cariño recíproco.

“Por eso me dedico a lo que me dedico”, dice este psicólogo, reconocido experto en envejecimiento, y director científico del programa 'Gent Gran' de la Fundació 'la Caixa'. Yanguas cree en las sociedades cuidadoras, basadas en el principio de reciprocidad y el compromiso social. Asegura que es la única manera de subsistir a un futuro en el que las siguientes generaciones van a tener vejeces más largas habiendo tenido menos hijos para repartir los cuidados.

Preparándome esta entrevista no he podido dejar de pensar en el libro Las intermitencias de la muerte de Saramago, que habla de un país en el que, de repente, un 1 de enero, la gente deja de morir. Al principio, viene la alegría, pero después llegan los problemas. Desde que las religiones dejan de tener sentido hasta las dificultades económicas. Para usted ¿la inmortalidad es deseable?

Creo que la finitud nos hace plantearnos cuestiones relevantes. Sin la muerte, hay cosas que no tendrían sentido. Tú me hablas de Saramago y yo te voy a hablar del mito griego de Titón, el amante de Eos. Ella era inmortal y él no, así que le pidió a Zeus que le hiciera inmortal. El problema es que no dejó de envejecer. Y Eos volvió ante Zeus para pedirle que dejara morir a su amante. La moraleja es que lo que queremos no es vivir eternamente, sino el don de la eterna juventud.

En un siglo, la esperanza de vida en España se ha alargado 20 años. Esto ha dado lugar a la aparición o a la proliferación de enfermedades que antes no eran tan frecuentes, como el Alzheimer. ¿Estamos preparados para alargar tanto la vida?

Es difícil. Ayer estaba con una mujer de 99 años, catedrática de la UNED, que estaba perfecta hasta hace dos años, cuando se rompió el fémur. Antes era autónoma y tenía una vida muy activa, pero ahora necesita ayuda para todo, tiene que ir con tacataca y se está dando cuenta de lo que significa ser mayor y estar limitada.

Pero ese no es el único ni el mayor problema de tener vidas largas. El verdadero problema es que, a mucha gente, se le agota el proyecto vital. Piensa que, si vives muchos años, empiezas a perder a gente. Se muere tu pareja, te quedas sin amigos y tus hermanos y primos empiezan a fallecer también. Todos queremos vivir muchos años, pero eso tiene un precio y no nos paramos a pensar en las consecuencias.

¿Cuál puede ser el propósito de la vida, llegados a este punto?

Depende de cada quien. Creo que es muy importante saber adaptarse. Entender que hay cosas que antes nos hacían felices que ya no podrán ser. Eso e intentar contar con el apoyo de gente, de la familia que quede, para que ayuden con las cosas que, inevitablemente, vamos a dejar de poder hacer.

Lo que queremos no es vivir eternamente, sino el don de la eterna juventud

Los cuidados, a menudo, son muy demandantes y no todas las familias pueden hacerse cargo de ellos. Además, el tiempo de espera medio para acceder a una residencia en Catalunya es de cinco años. ¿Se puede tener una buena vejez siendo pobre?

No es lo mismo la vejez teniendo dinero que sin tenerlo, pero el estado de salud o la vida social son igual de determinantes. Creo que puedes envejecer con salud y dinero, y acabar con una vida limitada. La vida es lo que haces con lo que tienes, a lo que aspiras. Y todo viene marcado por si te aferras o no a la nostalgia, si te comprometes con tus relaciones, proyectos y con el bien común.

Vuelvo a los cuidados. La cadena de transmisión que dice que los hijos deben cuidar de sus padres está muy asumida. ¿Usted cree que decidir no cuidar de un padre o un abuelo puede ser legítimo?

Bueno, es que yo, que he sido cuidado por mis padres, siempre he tenido ese deseo de reciprocidad. Veo así la vida y creo que sin los demás no somos nada. Claro que el cuidado cuesta, que es complicado y que implica renuncias, pero también es el deseo de intentar que los otros se sientan mejor, de remediar problemas y expandir la vida. No sólo es llevar a alguien al baño, ducharle y darle de comer.

Joan Tronto dice que cuidar es reparar, hacer la vida mejor. Y por eso soy partidario de una sociedad cuidadora. No quiero una sociedad formada por individuos independientes que van a su aire. Claro que las relaciones humanas son complejas y no hay hijo que no decepcione, pareja que no aburra ni padre que no lastime alguna vez. Pero eso no es motivo para crear un mundo de personas solitarias.

Tenemos que reparar las relaciones intergeneracionales y una solución sería instaurar una mili de cuidados

Para llegar a esa parte más bucólica de los cuidados es indispensable cubrir lo urgente, que es llevar a alguien al baño, ducharle y darle de comer. Muchas familias, con trabajos precarios y problemas habitacionales, igual no tienen capacidad para ir más allá de lo imprescindible. ¿Qué le reclamaría usted al Estado para garantizar que los cuidados sean dignos para ambas partes?

En las sociedades mediterráneas, las personas cuidamos de nuestros hijos y de nuestros mayores según un principio de reciprocidad. A mí me gusta ese tipo de sociedad, pero es verdad que el momento actual es complicado. Los baby-boomers hemos tenido menos hijos y, además, las mujeres de mi generación son las más formadas de la historia y económicamente independientes, cosa que es importante porque los cuidados siempre han recaído mayoritariamente sobre ellas.

Por otro lado, aunque el nivel económico en la vejez ha aumentado gracias a las pensiones —sin obviar que sigue habiendo pobreza-, los jóvenes están viviendo una situación muy injusta porque crecen con las expectativas muy topadas. Eso hace que las relaciones intergeneracionales estén muy tocadas. Todos hemos leído libros sobre eso, como La vida cañón [de Analía Plaza]. Creo que tenemos que reparar esas relaciones y una solución, aunque nadie me hará caso, sería instaurar una mili de cuidados.

¿Una mili de cuidados?

Que los jóvenes tengan la experiencia de cuidado, de la fragilidad. Partiendo de ahí, la vida se ve distinta. Cuando te das cuenta de que vivimos en una paradoja de la vulnerabilidad en la que necesitamos de los demás, todo cambia.

Esa mili de los cuidados tiene mucho que ver con la clase. Porque quienes vienen de familias trabajadoras, esas experiencias ya las tienen. Quien más quien menos ha cuidado de sus hermanos o ha vivido con sus abuelos.

Yo crecí con mis cuatro abuelos en una casa rural, sin baño en el caserío, imagínate. Y creo que, por eso, me dedico a lo que me dedico.

¿Y no cree que estas experiencias pueden ser contraproducentes? Los cuidados, en algunas ocasiones, pueden ser traumáticos.

Por lo general, según diversas investigaciones que hemos hecho, las mujeres de baby-boom no quieren que sus hijos las cuiden. No creo que sea porque los cuidados en sí generen trauma, sino porque el cuidador tiende a sentirse muy solo. Por eso, respondiendo a tu pregunta inicial, creo que la sociedad debe ocuparse de facilitar los cuidados y cuidar de sus ciudadanos.

Nuestro modelo del bienestar está pensado para vejeces más cortas y así no llegaremos a todo el mundo

Pues volviendo a la pregunta inicial, viendo que vamos hacia un gran envejecimiento de la población ¿no le exigiría nada al Estado para que garantice que los cuidadores no se sientan solos ni sobrepasados?

Lo primero que pediría es una conversación valiente. Tendremos sociedades muy envejecidas, con vejeces muy largas que vienen sin manual de instrucciones. Nuestro modelo del bienestar está pensado para vejeces más cortas y así no llegaremos a todo el mundo.

Los que vamos a ser mayores dentro de 15 años ya estamos aquí y, excepto que pase algo que nos haga desaparecer, ya podemos calcular cuál será el gasto en pensiones y se puede saber que no tendremos recursos para garantizar un sistema de cuidados suficiente. Vamos a tener problemas pero, como dice Theodor Khalifatides, el ser humano tiene la capacidad de no hablar de las cosas importantes.

Cuando hablamos de los cambios demográficos, solemos olvidar el descenso de la natalidad. Eso significa que muchas de las personas que llegarán a viejas en los próximos años no habrán tenido descendencia. Si yo no tengo hijos, ¿quién me cuida?

Esa es otra de las cosas importantes, porque nunca antes había pasado. Todas las generaciones han tenido un grupo de personas sin hijos, como la tieta de Serrat, que se quedó soltera. Pero es que ahora estamos ante una generación que ha decidido voluntariamente no criar. Y eso es un problema, porque nuestros servicios sociales y sanitarios están diseñados pensando en la familia que hay detrás del usuario.

Y el problema no es solo la falta de hijos, sino que el número de personas a cargo se multiplica. Cada vez hay más divorcios, lo que supone que un hijo de padres separados que posteriormente han conseguido otras parejas podría tener que cuidar de cuatro personas mayores.

Entonces, ¿qué hacemos?

Buena pregunta. Hay una postura naíf que dice que nos cuidaremos entre nosotros, que ya veremos. Pero eso es difícil. Claro que irás a ver a tu tía o a la pareja de tu padre al hospital, pero ¿quién la cuidará de verdad? Es algo que no queremos plantearnos, aunque tenemos que hacerlo. Simone de Beauvoir decía que nos negamos a reconocernos en el viejo que seremos y eso es un error. Lo dejamos todo para cuando es demasiado tarde. Fíjate, el otro día estaba con un grupo de personas de 70 años y ni siquiera ellos querían hablar de cómo planteaban sus propios cuidados. Si a esa edad todavía no has reflexionado sobre que la vida es finita, algo va mal.

Estoy dispuesto a aceptar una carga impositiva alta porque no se puede tener los servicios suecos con los impuestos de aquí

Eso podría estar cambiando. Según datos de la Generalitat, el último año hubo un 60% más de registros del Testamento Vital y dos de cada tres corresponden a personas de menos de 60 años.

Eso es una gran noticia, aunque el Testamento Vital no te obliga a decidir cómo van a ser los cuidados, sino hasta dónde quieres que lleguen. Si pasamos la responsabilidad de nuestros cuidados, deberíamos poderle allanar el camino a ese alguien. No sólo en lo relativo a la toma de decisiones, también en lo económico. Que cuidarte no les cueste dinero.

Me gustan los modelos del norte de Europa, con estados del bienestar amplios que protegen y compensan las desigualdades. Y estoy dispuesto a aceptar una carga impositiva alta porque no se puede tener los servicios suecos con los impuestos de aquí.

Además de la crisis de los cuidados, otro mal que achaca la vejez es la soledad no deseada, que va en aumento. ¿Cómo podemos evitarlo?

Es difícil, porque caminamos hacia sociedades más solitarias. Están cambiando los usos del tiempo y cada vez tenemos menos disponibilidad. Preferimos llamar a nuestra abuela que ir a verla. Cuando quedamos con amigos, es para ponernos al día porque hace mucho que no les vemos. Eso no es compartir la vida.

Estoy totalmente en contra de los postulados actuales que han puesto tan de moda la paradoja de la felicidad. La felicidad no es alcanzable siempre, sino que te la trabajas, son momentos. Y otra cosa esencial de entender es que hay cosas más importantes que la felicidad propia e individual. Cuando cuidé de mi madre no era porque me apeteciera o me hiciera feliz, sino porque era lo que tenía que hacer. Renunciar a tu tiempo no es agradable, pero hay cosas que valen más que tu bienestar. Cuando trivializamos el sufrimiento ajeno y banalizamos la felicidad propia, nacen sociedades solitarias.

Pero la soledad no siempre se cura con compañía.

No, por supuesto. La exclusión se puede dar estando rodeado de gente. Muchas veces es algo que va por dentro, que tiene que ver con cuestiones más existenciales. Y volvemos al sentido de la vida en la vejez. El sentimiento de que ya no tienes nada que aportar, que no hay propósito, aparece mucho en el momento de la jubilación. Y eso la compañía no lo arregla necesariamente.

Lo que hagamos con nuestros amigos en la edad adulta puede predecir, hasta cierto punto, la soledad en la vejez

¿Cómo hemos llegado a sociedades tan basadas en la productividad y en la centralidad del trabajo que nos de vértigo jubilarnos?

Piensa que nuestra identidad va cosida a nuestra profesión. A mucha gente, ese cambio le pilla por sorpresa. Y mira que se puede predecir el día de la jubilación. Por eso, yo defiendo que tenemos una responsabilidad a la hora de gestionar nuestras relaciones. Lo que hagamos con nuestros amigos en la edad adulta puede predecir, hasta cierto punto, la soledad en la vejez.

Pero estamos perdiendo el compromiso social. Si es de noche, justo llegas de trabajar y te llama ese amigo que se acaba de divorciar, claro que no te apetece cogerle el teléfono. Sabes que vas a estar una hora con él y sus dramas. Pero oye, ¿a qué te debes? Necesitamos generar comunidad. A veces hablo con gente del baby-boom y veo que muchos aspiran a vidas pequeñas.

¿A qué se refiere?

A que no tienen responsabilidad para con el bien común. Tú quieres vivir tranquilo, vale. Pero ¿qué pasa con los menores migrantes que vienen solos? ¿Con el cambio climático o la vivienda? ¿Con lo de Gaza, Ucrania o Irán? Tú estás en el mundo y tienes que entender que, si el mundo no está bien, tampoco lo vas a estar tú.

Está planteando situaciones muy abrumadoras. Quizás, el aislamiento es un mecanismo de protección.

Claro, hay una parte de eso y una parte de individualismo. No vas a hacer nada para acabar con el drama en Gaza, pero sí puedes cogerle el teléfono a ese amigo y estar para lo que haga falta. Esa es una militancia fantástica: decirle que se venga a cenar a casa. Dormirás dos horas menos de las que te gustaría, pero lloraréis juntos y estrecharéis lazos.

Creo en la militancia de los cuidados. Y así encaro mi futuro, porque no creo que la jubilación tenga que ser la tierra prometida del descanso. Tenemos que dejar un legado para una sociedad mejor, y ese legado, para mi generación, es el compromiso. Hubo otros que vivieron una guerra, que pasaron hambre y miseria. Nuestra vejez va a ser buena, pero a cambio hay que comprometernos. Te jubilas de la actividad laboral, no de los retos de la vida.

La Consejería de Educación y Empleo ha convocado las ayudas destinadas a la contratación laboral de personas cuidadoras cualificadas y a personas empleadas del hogar en situación de desempleo, así como a la reducción de la jornada de trabajo para el cuidado de hijos y de personas con discapacidad o con dependencia, para las que se destina 100.000 euros.

El Gobierno de La Rioja, a través de estas ayudas, facilita la conciliación de la vida laboral y personal, a la vez que fomenta la creación de puestos de trabajo en el ámbito doméstico. Además, también se subvenciona la reducción horaria en el puesto de trabajo, lo que permitirá a los progenitores y responsables proporcionar la atención adecuada que requieren los hijos menores de 14 años y las personas con dependencia. 

Pueden beneficiarse de estas ayudas:

Tanto la persona solicitante como su cónyuge, pareja de hecho o persona con la que conviva deberán disponer de un contrato laboral a jornada completa para los mismos hijos o persona dependiente con responsabilidad compartida. 

Las contrataciones o reducción de la jornada de trabajo para cuidado de hijos menores de 14 años, o hasta 18 en caso de diversidad funcional, o de personas con discapacidad reconocida igual o superior al 50% o con dependencia a cargo de la persona solicitante, deberán producirse desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 30 de octubre de 2026. 

El plazo para presentar las solicitudes de estas ayudas se prolongará hasta el 30 de noviembre de 2026. Todos los trámites necesarios pueden realizarse en la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja, a través de este enlace: Ayudas a la contratación de cuidadores

Hace unos siete años, la abuela de Sandra empezó a desorientarse mucho y a decir cosas sin sentido. Fueron los primeros signos de una demencia que con el tiempo se reveló como Alzheimer. A medida que esta enfermedad neurodegenerativa fue avanzando, su capacidad para valerse por sí misma se reducía y su necesidad de cuidados aumentaba.

Inicialmente, se ocuparon de ella sus hijos. “Son nueve hermanos y mi abuela vivía con uno de mis tíos. Se encargaban entre todos, por las tardes siempre estaba acompañada”, recuerda Sandra. Pero llegó un día en el que también necesitaba ayuda por las mañanas y ellos, por sus trabajos, no se la podían dar. Contrataron a una trabajadora que la acompañaba durante el día, mientras que por la noche se hacía cargo el hijo con el que vivía. Después de un tiempo, eso tampoco fue suficiente, así que optaron por una cuidadora interna que se ocupaba de ella de domingo a viernes, y los fines de semana se turnaban entre los hijos para llevársela a su casa. La enfermedad siguió haciendo cada vez más mella en las capacidades de esta mujer que vivía en Manresa (Barcelona), así que “llegó un momento en que tuvieron que tomar la decisión de meterla en una residencia porque necesitaba atención 24/7”, cuenta su nieta.

Las decisiones sobre cómo cuidar a una persona mayor en situación de dependencia pueden ser difíciles. Lucía González, trabajadora social de Jaén, explica que “muchas veces las familias no están preparadas para los cambios de vida” que surgen cuando una persona “pasa de ser totalmente autónoma a ser dependiente, de poder desarrollar su vida diaria a no poder hacerlo”. Señala que primero suelen pasar por “una fase de aceptación” y después deben hacer frente a diferentes inquietudes, como la falta de tiempo o de recursos.

A menudo las familiares sienten que deben hacerse cargo ellas mismas. “Estamos en una cultura muy mediterránea de los cuidados. En España tenemos ese sentimiento de responsabilidad, que es muy positivo, y esa red de protección que en muchísimos casos es la familia, algo que además ha estado históricamente muy feminizado”, indica González. Añade que esos valores llevan a menudo a retrasar la decisión de acudir a recursos como una residencia porque se da “un sentimiento de culpa, de decir: ‘se supone que yo tengo que cuidar de la persona mayor”.

En el caso de la abuela de Sandra, los dilemas sobre cómo cuidarla provocaron tensiones familiares. “Hubo dos bandos. El de ‘sí, la metemos en la residencia’ y el de ‘no, porque va a estar mejor en su casa”, relata. Precisa que “había unas hermanas que estaban muy acostumbradas a ir cada tarde a visitarla, y si la metían en una residencia tendrían que cumplir unos horarios”. Y describe “mucho conflicto” entre los hijos, con diferencias entre quienes se ocupaban más y quienes se ocupaban menos de los cuidados y reproches como “te quieres deshacer de la abuela porque te molesta”. Sin embargo, la siguiente generación tenía otra visión: “Los nietos lo veíamos muy claro. Mi abuela era una persona que siempre había estado rodeada de gente. Salía a pasear, hablaba con las vecinas... Al tener una interna salía a pasear, pero no se estaba relacionando de la misma manera que años atrás”. Sandra recuerda esos momentos como una etapa dura: “Mi madre sentía que estaba abandonando a su madre”.

Muchas veces las familias no están preparadas para los cambios de vida que surgen cuando una persona pasa de ser totalmente autónoma a ser dependiente

Lucía González — trabajadora social

La familia de Paula (no es su nombre real, pero prefiere no dar el suyo) pasó por algunas situaciones parecidas. Su madre, de 83 años, tiene una demencia que también ha degenerado progresivamente sus capacidades. “Estuvo unos años muy estable. Ella misma se manejaba: era autónoma y se podía mover bien. Pero en los últimos tres o cuatro años ha dado un bajón muy grande”, cuenta. Vivía con la hermana de Paula, que llegó un momento en el que ya no podía hacerse cargo ella sola, así que empezaron a turnarse entre los cuatro hijos e hijas para acudir a la casa de su madre a atenderla.

No era sencillo. “Ya había que hacerle todo: ducharla, vestirla… Lo único que hacía sola era comer”, explica desde el pueblo de Albacete en el que vive la familia. “A lo mejor querías ducharla y ella no quería que la ducharas”, recuerda sobre las dificultades de esos cuidados. Para los hijos tampoco era fácil compaginarlos con sus trabajos, y a eso se sumaba que ellos mismos tenían sus propios problemas de salud. Emocionalmente, era una situación dura: “La estás viendo sufrir y lo estás sufriendo tú y dándole vueltas a cómo hacerlo”. Barajaron opciones como contratar a una cuidadora interna, pero no podían permitirse ese desembolso. También acudieron a los servicios sociales municipales, que le asignaron una auxiliar de ayuda a domicilio que iba a su casa durante una hora al día. “No solucionaba nada: lo único a lo que le daba tiempo era a ducharla y poco más”, lamenta Paula.

Acabaron recurriendo a una residencia, aunque ese paso les costó: “No quieres llevarla, quieres atenderla tú, pero yo no estaba bien tampoco, tuve que coger una baja. Se complican mucho las cosas”. Su caso refleja el sentimiento de culpa que a menudo surge al plantearse estas decisiones: “Todos tenemos esa espina de ‘si ellos se han podido ocupar de nosotros, ¿por qué nosotros no nos podemos ocupar de ellos?”, reflexiona. Y cuenta cómo en el pueblo es fácil oír críticas a quienes deciden llevar a su familiar a una residencia. Más allá del juicio social, cree que en su caso pesaba el que se hacían a sí mismos: “Era como abandonarla, como decir ‘yo no quiero ocuparme de ella’. Pero no era ‘no quiero’, sino ‘no puedo”.

Sandra coincide en que existe cierto estigma social contra la decisión de llevar a un familiar a una residencia, especialmente en la generación de quienes tienen unos 50-60 años, que son quienes tienen a menudo a sus padres en situación de dependencia. Apunta que “les han inculcado que los hijos se tienen que hacer cargo de los mayores”, así que “tienen muy mal visto llevar a sus padres a una residencia porque es como que los están abandonando”. Sin embargo, cree que los más jóvenes, con “un estilo de vida totalmente diferente”, tienen una visión distinta.

En el caso de su abuela, la experiencia en la residencia ha sido positiva. “Al principio le costó, porque todo cambio conlleva un proceso de adaptación. Costó un poco hacerle entender que esa era ahora su casa”, cuenta. Pero añade que, a medida que se fue aclimatando, “la veías más contenta”: “Le fue superbien estar ahí porque volvía a relacionarse con gente igual que ella y participaba en todas las actividades”. Recuerda que ella misma acompañó a su abuela a una sesión de musicoterapia: “Era muy bonito ver dónde los colocaban emocionalmente todos los recuerdos que les generaba escuchar música de su generación”. También les hacían juegos, actividades de cocina, fiestas… “Mi abuela volvió a ser una niña, yo la veía muy contenta. Rejuveneció, porque estaba muy bien atendida. La trataban como a una reina”, valora su nieta. Así estuvo durante más de tres años, hasta que falleció este enero.

Era como abandonarla, como decir ‘yo no quiero ocuparme de ella’. Pero no era ‘no quiero’, sino ‘no puedo

Paula — hija de una mujer de 83 años con demencia

En su buena experiencia también influyó que siguió muy en contacto con su familia: “Al ser tantos hermanos, en eso se repartieron muy bien y cada día mi abuela tenía visita, de lunes a domingo”. “Cuando internas a un familiar en una residencia, no te tienes que olvidar de él. Lo suyo es que se siga sintiendo parte de la familia, porque lo es. Que sepa que está ahí pero que su familia está con ella”, reflexiona Sandra. Recuerda que las propias trabajadoras del centro les dijeron que ese acompañamiento familiar hizo que su abuela mejorase.

Paula también hace una valoración positiva de la experiencia en la residencia en la que su madre lleva en torno a un año: “Cambió, pero cambió para bien. Yo tenía mucho rechazo, pero al final está muy estable, está mejor”. “Tiene todo más organizado, un horario para cada cosa: para levantarla, para acostarla, los días de ducha, la medicación, las comidas… No es lo mismo que cuando estaba en casa, que cada uno teníamos una disponibilidad diferente”, compara.

La trabajadora social Lucía González, que también es vicepresidenta del Consejo General del Trabajo Social y coordina en él el grupo sobre atención a la dependencia, explica que “tenemos demonizadas las residencias”, especialmente desde la pandemia. Y defiende: “Habrá para todos los gustos, pero estoy segura de que hay muchos centros con personas trabajadoras excelentes y formadas que están deseando acometer ese cuidado”. Contrasta que, para esas profesionales, los cuidados son “su jornada laboral, y no las 24 horas que suponen para un familiar”. Añade que asumir ese papel desde la familia, algo que en la gran mayoría de los casos lo hacen las mujeres, tiene “un coste de oportunidad, porque si estás cuidando quizá no puedes tener otro tipo de trabajo o estás teniendo otra serie de pérdidas en tu vida”.

González también indica que las residencias están cambiando mucho: “Antes todo el mundo se tenía que levantar a la vez o comer a la vez. A día de hoy eso está evolucionando: hay un modelo de atención centrada en la persona en el que esto cada vez es más flexible, cada vez se centra más en los gustos y preferencias de la persona”. En su opinión, las residencias deben avanzar en esa línea: “Tienen que ir hacia un hogar colectivo, una casa para estas personas, no un centro hospitalizado en el que me tenga que levantar a la hora que me han dicho. ¿Por qué, si esta es mi casa?”. También cree que no deben estar lejos de las ciudades, sino integrados en ellas para que las personas tengan facilidades para salir y relacionarse con su familia, sus amistades y su entorno. Pero lamenta que ese horizonte “no siempre está en la agenda y en la visión de todos”.

Además, González defiende la necesidad de mejorar y profesionalizar la ayuda a domicilio, que tiene “un sistema de gestión precario y unas condiciones laborales precarias”. “La mayoría de las personas quieren envejecer en su casa, en su entorno, con sus objetos, con su historia de vida, con su familia. Por eso es tan importante que haya recursos de proximidad, como ayuda a domicilio y teleasistencia: que se articulen mejores herramientas para mantenerse lo máximo posible con calidad de vida en el propio entorno”, plantea. Y pide apostar por “la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal, un servicio que apenas se ha puesto en marcha”. El Gobierno aprobó en 2024 una estrategia que va en la línea de estas propuestas.

Sandra está de acuerdo con la necesidad de recursos de prevención. Echa en falta medidas de “detección precoz de enfermedades degenerativas como el Alzheimer” y “que desde los primeros signos se hagan terapias grupales para que ese deterioro no sea tan fuerte”. También cree que “falta muchísimo personal en las residencias y centros de día para poder atender a tanta persona mayor”.

Paula coincide en que “los servicios sociales se quedan un poco cortos”. Cuando asignaron a su madre una hora al día de ayuda a domicilio, la pusieron en lista de espera para ampliar ese tiempo, pero lamenta que “no llega nunca”. Al decidir finalmente recurrir a una residencia, lo hicieron en una privada a la espera de que le concedieran una plaza pública, algo que un año después siguen esperando. “Debería haber más ayudas y que se facilite más tenerla en casa”, plantea. Y precisa que, si hubiera recursos públicos suficientes para que estuviese bien atendida en su domicilio, no la habrían llevado a la residencia.

Marta (nombre ficticio), tripulante de Ryanair desde hace 15 años, está en medio de un expediente disciplinario con amenaza de despido porque rechazó hacer dos vuelos repentinos más de los que tenía programados porque tenía que recoger a su hijo. “No es que no quisiera hacerlos, es que no podía. No pude buscar ninguna alternativa”, sostiene la azafata, cuyo hijo además tiene “un 75% de discapacidad”. El sindicato USO, del que es delegada, denuncia este tipo de prácticas por imposibilitar la conciliación y los cuidados familiares, una necesidad de las personas trabajadoras en la que van avanzando las empresas, pero sobre la que todavía quedan retos y obstáculos, que perjudican sobre todo a las mujeres.

En la escala del último vuelo antes de terminar su horario, le comunican a Marta que van a tener que hacer dos vuelos más. “Me entero cuando íbamos a cerrar puertas, previo al despegue, que no tienes tiempo de nada. La prioridad es que despegue el avión lo antes posible, para evitar retrasos. Y, claro, no tenemos permitido utilizar el móvil personal mientras estamos de servicio, así que no tuve la mínima oportunidad de avisar a nadie ni de buscar una alternativa”, explica la azafata. 

Marta tenía que ir a recoger a su hijo a casa del padre del menor, del que está separada, y que no podía quedarse a dormir esa noche con el pequeño. “Analizo el tiempo de vuelo, la duración de los dos más que teníamos que hacer... Veo que voy a terminar yendo a por mi hijo a las 3 de la mañana, era inviable. Así que les digo que no puedo. No pude comunicarme y avisar al menos de que estaba en medio de esa situación”, relata la tripulante de vuelo.

Por tanto, Marta avisó a sus superiores de que no podía hacer estos vuelos adicionales y a los responsables de la aerolínea que la llamaron para preguntarle por qué no realizaba esta jornada adicional. “La persona que me llamó me dio las gracias por la llamada y me dijo que me ponía un no show, que es una ausencia no justificada, algo así como 'no presentarse”, dice la azafata. Ante el motivo de su ausencia, la trabajadora ni siquiera “podía imaginar” entonces “lo que iba a pasar”.

Poco después, Ryanair le abrió un expediente disciplinario –“el primero en mis 15 años de trabajo”, destaca Marta–, ahora en plazo de alegaciones y con la advertencia del despido sin indemnización a la trabajadora. La aerolínea dice a la tripulante que “entiende” sus compromisos personales y que “tenía el compromiso de recoger a su hijo”, pero considera que ello no justifica su negativa. Ryanair, que no ha respondido a las preguntas de elDiario.es, le acusa de “indisciplina”, incluso de “desprecio” a sus compañeros y de “una posible transgresión de la buena fe contractual”.

“Tengo mucha preocupación y temor de perder mi trabajo. Y una gran sensación de injusticia. Porque no he hecho nada intencional y se me quiere aplicar la máxima sanción, que es el despido”, lamenta Marta.

Una política de horarios que “impide” la conciliación

El caso de Marta no es el único de este tipo en Ryanair: la aerolínea exige a los tripulantes durante su jornada programada que la amplíen porque tienen que atender algún vuelo más de manera sobrevenida, lo que se conoce como “cambios en ejecución”. Aunque la aerolínea tiene personal de guardia en los aeropuertos y también de guardia en casa (con la obligación de estar en el aeropuerto en una hora), Ryanair de manera “más habitual de lo deseable” está requiriendo a los tripulantes que amplíen su horario durante la propia jornada de trabajo, sostiene Ernesto Iglesias, coordinador de vuelo del sector aéreo de USO.

“Ryanair dice que los trabajadores tienen que hacer estos vuelos si están dentro de las jornadas máximas que se pueden realizar en aviación. Nosotros decimos que, si no estaban programados, la gente organiza su vida e incluso su descanso, y que eso no impide que se pueda decir que no por una causa de este tipo. Que la trabajadora no es que no quisiera hacer los vuelos, es que no podía”, alega Iglesias.

Aunque la legislación española establece que las horas extraordinarias son voluntarias, Ryanair ha sancionado a más trabajadores por no cumplir con estos vuelos adicionales repentinos. Carlota Bermúdez Cabrera, delegada sindical de USO en Madrid, fue despedida por este motivo, explica la tripulante, que recurrió ante los tribunales y está a la espera de sentencia. “Yo no me negué por cuidado de hijos, sino por otros temas personales. Pero es mi derecho, esto son horas extra, que son voluntarias, no obligatorias. Lo que no es normal es que me retengan en el trabajo, eso no es legal”, denuncia la trabajadora.

En la base de Valencia, a la que pertenece Marta, todos los sindicatos del comité de empresa han mandado un escrito a Ryanair preguntando por la frecuencia con la que la aerolínea está recurriendo a esta práctica, por la afectación “a la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores, dificultándola en gran medida o impidiéndola”.

“No puedes tener ningún tipo de vida. Planear una boda, ir a un bautizo, ir al cine... o cuidar de tus hijos, que en este último caso ya me parece criminal. Una compañera tuvo problemas porque, con una hija pequeña y el marido en el extranjero, la niña se puso mala y tenía que recogerla del colegio”, sostiene Carlota Bermúdez.

Los problemas para conciliar expulsan a las mujeres del empleo

Las políticas para conciliar en las empresas y los derechos para compatibilizar los cuidados, la vida familiar y la laboral están cada vez más presentes, por ejemplo con permisos remunerados que han ido ampliándose en la legislación europea y española en los últimos años, con varias lógicas de fondo. Por un lado, garantizar los cuidados de los menores y de otras personas dependientes y, por otro, para avanzar hacia una igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Porque los cuidados todavía recaen de manera muy mayoritaria en ellas, lo que lastra sus carreras profesionales y sus salarios en muchos casos, así como sus posibilidades “de autonomía, de independencia, su capacidad de elegir”, recuerda Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO. Un par de datos que ilustran este desequilibrio: el 83% de las excedencias por cuidado de familiar en 2025 correspondió a mujeres y ellas protagonizan el 73% de los contratos a tiempo parcial, con un importante peso de los motivados por cuidar (380.000 frente a 31.700 hombres).

Así, cuando no hay posibilidad de conciliar la vida laboral y los cuidados familiares, las perjudicadas son muy mayoritariamente las mujeres. “La llegada de los/as hijos/as suele suponer un problema para la continuidad laboral de las mujeres, lo que en la literatura académica se conoce como Child penalty”, que en general no existe para los hombres, explica la economista Lucía Gorjón, directora de la Fundación Iseak.

“Esta penalización puede verse reflejada directamente en la salida total del mercado laboral de las madres o también en una reducción de la jornada para compatibilizar empleo y cuidados/responsabilidades familiares”, añade Gorjón.

Además, la penalización se centra, especialmente, en las mujeres más vulnerables, “con empleos más precarios, con menores niveles educativos e inmigrantes”, subraya Gorjón. “Generalmente, mujeres con alta cualificación y empleos de calidad pueden permitirse contratar a personas que cuiden de sus personas dependientes y así, evitar o reducir su penalización laboral”, explica la economista. Un reciente estudio de Funcas también advierte de esa doble penalización a las mujeres migrantes.

En cambio, cuando se dan facilidades para conciliar y hay políticas públicas de cuidados, se reducen estas penalizaciones sobre las mujeres. “En una investigación que hicimos desde Iseak demostramos que la equiparación de permisos por nacimiento en España ha conseguido que los hombres reduzcan ligeramente su implicación laboral, permitiendo a las mujeres reducirse menos la jornada de lo que lo hacían cuando estos permisos no tenían la misma duración”, añade la directora del centro de estudios.

Carolina Vidal apuesta por avanzar en la negociación colectiva por fórmulas de flexibilidad pactadas entre empresas y trabajadores, en las que “no se pierda dinero, jornada, cotizaciones, ni proyecto profesional”. Porque eso supone que “al final de nuestra vida profesional seamos mujeres pobres, que hemos trabajado toda la vida cuidando y que hemos tenido que elegir entre los cuidados que traen consigo la maternidad o una vida profesional”, añade la responsable sindical. 

Las políticas de conciliación avanzan en muchas empresas, sostiene Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute, con prácticas como horarios más flexibles, algún día de teletrabajo y permisos adicionales para cuidar, “no solo a niños sino también a personas mayores”. “Ahora todo es bajo el paraguas importante de la corresponsabilidad, que nos está marcando la UE”, indica Arcas, que sitúa los cuidados no como algo de mujeres, sino “una responsabilidad de los dos” progenitores (si existen), también los hombres.

No obstante, Arcas reconoce “una brecha” entre los avances de las empresas y “lo que los trabajadores consideran que es suficiente”. En la medida en “uno de los temas más preocupantes del mercado de trabajo es la retención del talento” y que la conciliación es cada vez más una prioridad para muchos trabajadores, el director de The Adecco Group Institute recomienda que las compañías incorporen estas medidas como un elemento central de las políticas de recursos humanos. “Todo lo relacionado con la conciliación no es solo para el trabajador, sino un beneficio para mantener al personal en la empresa”, destaca. 

Quizás no sabes de que te hablo si te digo 500 días. Me alegro. Si no, lo siento. Siento que seas una de más de 40.000 personas andaluzas que pasan de media 500 días para que se resuelva la prestación por dependencia.

Así que hoy abro melón: ¿a quién le importa la dependencia? El sistema lleva arrastrando esta dinámica desde que se puso la primera letra de la palabra. Da igual el marco temporal y administrativo en el que nos fijemos, porque las leyes y normativas sobre dependencia tienen los mismos pies de barros: mucha normativa y burocracia, y poca (o nula) financiación.

¿A qué se debe la pandemia del raquitismo en la financiación en materia de dependencia? Pues desde donde se piensa la acción e intervención social hasta desde la que se legisla: la beneficiencia. ¿Cómo se puede legislar sobre un derecho subjetivo, un “cuarto pilar del bienestar”, sin blindar su financiación? Se crea la necesidad y el derecho en el papel, pero sin capacidad para ejecutarlo en la vida real. Su financiación y ejecución dependen de la voluntad de la administración de turno. Leyes con nombres de avances sociales pero con retrocesos presupuestarios.

Entonces, ¿quién está atendiendo a las personas dependientes? La radiografía es clara: las mujeres. Cuando el Estado no asume su deber, exige al sector de los cuidados que realice el trabajo reproductivo “gratuitamente”. Y déjame remarcar las comillas de ese gratuito, ¿gratuito para quién? Para las mujeres por lo menos, no.

Para empezar, el sector laboral social está profundamente feminizado. No es casual que, en un ámbito profesional dedicado a los cuidados, la mayoría de sus profesionales sean mujeres (trabajadoras sociales, auxiliares de ayuda a domicilio, etc.). Tampoco es casual que, al observar las capas más informales, ocurra lo mismo pero con un pequeño matiz: la mayoría son mujeres migrantes, como sucede con el trabajo del hogar retribuido

Si estas mujeres migrantes se encargan de las tareas de los cuidados, ¿qué están pagando? Yo, como mujer española, siendo trabajadora social, estoy pagando con la precariedad laboral de mi sector con una infrafinanciación y un descuido por parte de las administraciones para con el bienestar. Eso, además del estrés económico, no me permite contratar dignamente a quien podría contribuir al cuidado de las personas dependientes que tengo a mi cargo, por lo que lo asumo como una jornada laboral más, sin cotizar y en la que pago yo.

Entonces, ¿qué están pagando estas mujeres migrantes? Pues en caso de que estén debidamente de alta en la Seguridad Social, con un salario digno, sean respetadas y no se vean sometidas a acoso ni abuso sexual, están pagando con el abandono a sus familias en sus países de origen, cuyo papel esté supliendo otra mujer. Estas son las cadenas globales de cuidados.

Es más, ahora que el frágil escudo social ha caído, me pregunto cómo se contempla cuidar a estas familias cuando pueden quedarse sin un techo desde el que siquiera esperar a que se resuelvan estas ayudas.

Sin embargo, esto invita a preguntarse qué interés tiene el Estado en perpetuar esta lógica, un problema eterno y endémico en el sistema de dependencia. Si pensáramos mal, diríamos que este maltrato colectivo es a propósito. La presión y el malestar a los que se somete tanto a las personas dependientes como a su entorno parecen responder a una voluntad de “dependizar” desde la miseria, como dirían mis colegas mexicanas. ¡Cuánto se ahorra el Estado en nombre del amor!

Sin embargo, esta lógica es letal, no sólo en lo emocional y lo moral, sino en lo literal: tan sólo en Andalucía, en 2025, han fallecido 6.995 en las listas de espera de la dependencia.

¿Cuántos brindis al sol tenemos que esperar para que el sistema de dependencia sea eficaz?

En España, más de tres millones de personas conviven con una enfermedad rara. En el mundo, más de 300 millones. Patologías que, aunque individualmente afectan a pocas personas, en conjunto representan casi el 8% de la población. No son una excepción marginal: son una realidad social que interpela directamente a nuestro sistema sanitario, educativo y político.

En Castilla-La Mancha, miles de familias viven esta realidad en silencio, especialmente en entornos rurales donde la dispersión geográfica añade una dificultad más: desplazamientos largos para consultas especializadas, demoras diagnósticas y menor acceso a determinados recursos terapéuticos. Cuando la distancia condiciona la atención, la equidad se resiente.

Cada 28 de febrero, bajo el lema “Porque cada persona importa”, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) nos recuerda algo esencial: no hablamos de estadísticas ni de códigos clínicos. Hablamos de derechos humanos. Hablamos del derecho a un diagnóstico temprano y equitativo, sin que el código postal determine el tiempo de espera. Del derecho a tratamientos innovadores que no dependan exclusivamente de la rentabilidad comercial. Del derecho a una atención integral, coordinada y humana, que incluya apoyo psicológico, educativo y laboral tanto para quienes conviven con la enfermedad como para sus familias cuidadoras.

La pandemia nos enseñó que ninguna salud es ajena a la colectiva. Las enfermedades raras nos lo recuerdan cada día. Cuando una niña espera años para poner nombre a su dolor; cuando una familia debe desplazarse cientos de kilómetros para una prueba genética; cuando un joven ve limitado su proyecto de vida por falta de apoyos, no estamos ante situaciones inevitables. Estamos ante brechas de equidad.

A esta reivindicación se suma un derecho que no puede seguir siendo frágil: el derecho a la educación inclusiva. En una comunidad extensa y diversa como Castilla-La Mancha, garantizar la continuidad educativa durante hospitalizaciones o tratamientos prolongados exige coordinación real entre sistemas sanitario y educativo, recursos suficientes y formación específica al profesorado. Educar es proteger el futuro, la autonomía y la dignidad.

Cuando las familias asumen en soledad una carga que debería ser corresponsabilidad institucional, hablamos de derechos vulnerados

Y junto a la educación, el derecho al trabajo digno, a la accesibilidad universal y a la plena participación social. Cuando las familias asumen en soledad una carga que debería ser corresponsabilidad institucional, hablamos de derechos vulnerados.

Por ello, en esta Semana de las Enfermedades Raras, es imprescindible avanzar con decisión en compromisos concretos: mayor inversión en investigación; acceso ágil y universal a pruebas genéticas; fortalecimiento de la atención sociosanitaria en el ámbito rural; reconocimiento efectivo de la labor de las familias cuidadoras; y políticas públicas que garanticen inclusión educativa, laboral y social en condiciones de igualdad real.

No es caridad. Es justicia social. No es sensibilidad puntual. Es responsabilidad estructural.

La rareza de una enfermedad no puede convertirse en rareza de derechos. Tampoco en nuestros pueblos y ciudades. Porque una sociedad verdaderamente democrática se mide por cómo protege a quienes más lo necesitan. Porque cada persona importa.

El 70% de la población de Aragón que tiene alguna persona dependiente a su cargo son mujeres --la media nacional es aún superior, del 72,2%-- y más de la mitad de ellas tienen más de 50 años. Según datos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), a fecha de 31 de enero de 2026, había 26.324 personas atendiendo a un dependiente registradas como perceptoras de la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar: 17.205 en la provincia de Zaragoza, 6.631 en Huesca y 2.488 en Teruel.

Respecto a la edad de quien ejerce los cuidados a las personas dependientes, en Aragón el 55,1% de los cuidadores tiene entre 50 y 66 años, una cifra significativamente superior al promedio nacional, mientras el grupo de 16 a 49 años se queda en el 21,6%.

Así, el grupo más numeroso de cuidadores en España es el de 50 a 66 años —47,7%, 7,4 puntos menos que en la Comunidad— seguido por el de 16 a 49 años —27,4%, casi seis puntos más que en Aragón—, mientras que los cuidadores de 80 años o más representan un 7,3% del total a nivel nacional y un 6,5% en el caso aragonés.

En cuanto al parentesco entre el cuidador y el dependiente al que atiende, los datos muestran una distribución atípica en Aragón en comparación con el resto del país: en la Comunidad Autónoma el 75,3% de los expedientes no se relacionan con hijos, madre o padre, cónyuge, hermano, yerno o nuera, nietos o compañeros, sino que se engloban en la categoría 'otros', entendidos como vínculos de parentesco no tradicionales —tíos, sobrinos o primos—, que en España suponen tan sólo el 8,7% de los casos.

Los cónyuges representan el 15,1% de los cuidadores en Aragón, mientras que las madres y padres suponen el 3,6% y el 0,5% respectivamente, muy lejos de los datos nacionales donde predominan los hijos —36,3%— como cuidadores principales, tan sólo el 3,9% en Aragón; las madres cuidadoras en España representan al 22,8% del total y el cónyuge supone el 20,1%.

Desde el IASS han indicado que esta diferencia en cuanto a la relación de parentesco en Aragón con el resto del país es una de las consecuencias de la flexibilización de las condiciones de acceso a la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar, que se llevó a cabo en enero de 2025, que permitió que pudiera ser persona cuidadora cualquier persona del entorno relacional, no necesariamente un pariente. En esa misma orden se suprimió la condición de que estos cuidados se estuviesen ejerciendo con una anterioridad de un año y se adaptó el requisito de convivencia.

A este contexto hay que sumarle el crecimiento de la Prestación Económica de Colaboración con la Persona Cuidadora (PECPC), también llamada 'nueva PECEF', que se solicita cuando una persona del entorno familiar o relacional de la persona dependiente está llevando a cabo su atención y existe un contrato laboral con un tercero que colabore con ese cuidador en las tareas del hogar de la persona en situación de dependencia.

A 31 de enero de 2026, hay 1.110 expedientes activos —189 en Huesca, 91 en Teruel y 830 en Zaragoza— y el 69,55% de sus perceptoras son mujeres, frente al 30,45% de hombres. Desde su puesta en marcha el pasado febrero de 2025 el número de aragoneses que han accedido a esta ayuda ha crecido de forma constante y se superaron los 1.000 beneficiarios en diciembre del año pasado.

Los perfiles y la comparativa con los datos nacionales se han elaborado a partir de los indicadores recopilados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y de la información estadística publicada por el IMSERSO dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a fecha de 31 de enero de 2026.

“Solo quien sabe cuidar lo ajeno puede poseer lo propio”. Es una frase de George Gurdjieff que habla sobre el respeto, la responsabilidad, los cuidados y la confianza. Arándiga, es un municipio de la provincia de Zaragoza, situado en la comarca de la Comunidad de Calatayud. Ronda los 279 habitantes (según el INE en 2025) y es una localidad que ha sufrido una importante reducción poblacional histórica, pero que está trabajando para lidiar con la despoblación a través de iniciativas de desarrollo rural y cultural.

Arándiga y la frase de George Gurdjieff tienen mucho que ver. En el año 2023 un grupo de arandiguinas y arandiguinos pusieron en marcha el proyecto “Quédate en Arándiga”, con un doble objetivo: no solo que gente nueva decida hacer de esta localidad su hogar, sino que quienes un día se marcharon, mantienen su casa y se han jubilado, fijen en el pueblo su residencia habitual. ¿Personas mayores volviendo al pueblo? Es la pregunta que muchos se han hecho con incredulidad, sobre todo porque los servicios médicos, la oferta cultural y la movilidad sufren en estos momentos precarización en el medio rural aragonés, y en toda España; es un mal común. 

Sin embargo, los habitantes de Arándiga creen firmemente que es posible cambiar el foco y lo están consiguiendo porque el proyecto presentado al MITECO, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, está entre los diez primeros de España, y cuenta con financiación para poner en marcha en paralelo dos líneas de actuación con un primer propósito: “Que los que ahora viven en el pueblo no sientan la necesidad de irse”, apunta Irene Marco, concejala de esta localidad aragonesa. 

Salud y cuidados: aprendiendo a cuidar para cuando seamos mayores

El proyecto titulado 'Laboratorio de regeneración urbana y economía de los cuidados', se conoce popularmente como 'Quédate en Arándiga'. La fórmula para alcanzar los objetivos no es sencilla, implica muchos factores y llevará tiempo, pero sus promotores han comenzado a trabajar ya y lo han hecho primero en los espacios públicos y en los servicios, con el fin de ampliar la oferta asistencial y cultural en el pueblo. 

“El proyecto tiene una rama más social y otra más de carácter medioambiental”, explica la concejala de Arándiga, que reconoce que, en las zonas rurales, al final “ambas se retroalimentan”. En esta segunda etapa del proyecto 'Unidad de innovación en economía de los cuidados' apoyado por el MITECO, se centra en programar e impartir formación gratuita orientada a obtener formación sobre salud y cuidados. Está abierta a todo aquel que se quiera acercar hasta Arándiga a recibir la formación, y cuenta con la colaboración de la Cátedra de Despoblación de la Universidad de Zaragoza. Habrá varios cursos y talleres de hasta 40 horas, “no se da título reglado, pero sí un diploma que puede ayudar a personas de la zona a encontrar trabajo como cuidadores, muy necesarios en áreas como está donde viven muchas personas mayores que los necesitan”, apunta la concejal. 

El objetivo de esta formación es que el mayor número de personas del pueblo, y de otras zonas rurales, tengan formación suficiente para, llegado el momento, poder asistir a personas mayores de su entorno afectadas por demencia u otras patologías “aprender técnicas para cuidar de sus familiares, autocuidado de los propios cuidadores, y como salida laboral para personas en entornos con tanta necesidad de cuidados”, defiende la concejal. 

Recuperar espacios comunes donde todos somos familia

Con la subvención obtenida en 2023, que recientemente ha agotado el plazo de dos años para ser ejecutada, se han llevado a cabo mejoras en diferentes espacios del pueblo, edificios públicos que se han reconvertido en puntos de convivencia y encuentro para niños, jóvenes y personas mayores. Una de las infraestructuras que se ha reabierto es la biblioteca, que llevaba años cerrada: “Se ha rehabilitado y le hemos puesto el nombre de la escritora aragonesa Ana Alcolea, que no se perdió el acto de presentación”, explica la concejala. Este encuentro con la escritora desencadenó la organización de las Jornadas Literarias que este año celebrarán ya su tercera edición. 

La biblioteca se ha convertido en espacio de encuentro para los vecinos que participan en el Club de Lectura, muy arraigado en el pueblo, y también para hacer actividades con el alumnado del colegio, y clases gratuitas de español para la vecindad migrante de Arándiga, gracias a la buena voluntad de una profesora jubilada del pueblo. En verano, son varios los vecinos que hacen uso de ella como espacio coworking, lo que les permite pasar temporadas largas conciliando familia, amigos, trabajo y tiempo libre en su pueblo. 

También se le ha dado una nueva vida al club, rehabilitando el espacio, mejorando su accesibilidad y contratando a una persona que se encarga de abrirlo por las tardes y de dinamizar su actividad: desde artesanía, hasta ejercicios de memoria para mayores, y un día a la semana, juegos para los más pequeños en invierno. Este espacio es ahora como “el salón de casa” para las mujeres más mayores del pueblo, que no están acostumbradas a salir al bar, y que han encontrado en el club social un lugar donde reunirse todas las tardes para hablar o jugar a las cartas, acompañadas por su monitora que les proporciona actividades variadas. 

“La soledad no deseada está muy presente en los pueblos, donde hay muchas mujeres que viven solas y que sus hijos las visitan en fin de semana, pero entre semana sienten esa soledad, sobre todo en las tardes de invierno que se hacen muy largas”, confiesa Irene Marco, “ahora se reúnen todas en el Club, también las más jóvenes y si alguna falta, nos acercamos a ver qué pasa”, añade. Una forma de cuidar los unos de los otros. 

El tercer espacio en el que se ha actuado ha sido el campo ubicado detrás del antiguo lavadero municipal del pueblo. Una zona poco accesible, pero “con muchas posibilidades” que ahora se ha reconvertido en Aula de la Naturaleza. Se ha construido un parque con distintas especies de árboles con su QR con su explicación botánica que se completan con paneles con información sobre la fauna y la flora de la zona. También se ha mejorado el camino que da acceso al río, ahora es un recorrido que se puede hacer caminando dando la vuelta al pueblo, una zona verde que “saca a los paseantes de la carretera, por donde teníamos que ir antes literalmente”, apunta Irene Marco. Un merendero completa este nuevo espacio natural municipal. 

El pueblo se mueve y se involucra mirando al futuro

La vecindad del pueblo se ha ido involucrando más con el paso del tiempo. “Al principio todo cuesta”, pero conforme se van viendo resultados, “la gente se anima más a participar”. Los espacios comunes son solo el primer paso hacia una vida en comunidad mucho más compartida, “las relaciones en los pueblos son estrechas, pero compartir espacio y tiempo, las estrecha todavía más”. Y eso es lo que pretenden desde “Quédate en Arándiga”, que la gente no tenga ni sienta la necesidad de marcharse, ir cubriendo los servicios, sobre todo de cuidados, de cara a futuro con personas formadas para ello en el entorno, y lo más importante “que exista esa confianza que se necesita para pedirnos ayuda los unos a los otros”, independientemente de la edad. 

En la nueva etapa que se abre en este proyecto, otra de las novedades, vinculadas a las de la primera fase, es la ampliación de horas de contrato de la monitora, que no solo podrá hacer más actividades para todos los vecinos, sino que se encargará de la gestión de otro de los espacios más queridos del pueblo, la biblioteca pública. Otro de sus cometidos es buscar financiación y subvenciones, vitales para sacar adelante proyectos en zonas sin recursos debido a la baja densidad de población. “Para un pueblo tan pequeño, tener una persona trabajando en estos servicios sería imposible sin la aportación que recibimos gracias a este proyecto”, confiesa Irene Marco, que recuerda que los pequeños pueblos y sus habitantes, también necesitan la implicación de todas las instituciones para seguir en pie, vertebrando y cuidando de las zonas rurales. 

A golpe de récords de trabajadores, el empleo en España está sorprendiendo por su empuje, a la cabeza de Europa y motor del crecimiento económico nacional, y por su resiliencia ante las últimas crisis, como la pandemia y la inflacionista. Además, con una reducción del trabajo temporal a mínimos históricos. Pero entre tantas luces, también hay sombras y retos pendientes de nuestro mercado laboral que abocan a muchas personas a la precariedad de salarios y jornadas insuficientes, y también al paro, sobre todo a jóvenes y a personas de edades avanzadas.

“Creamos más empleo de lo que se reduce el paro”, destaca Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. España logró en el cierre del año que la tasa de paro cayera por debajo del 10%, un hito que solo se ha logrado en dos ocasiones en los últimos 40 años y que aun así nos sitúa como el segundo país de la Unión Europea con más trabajadores en desempleo. Solo por detrás de Finlandia (10,2%) y muy lejos de la media de la UE (5,9%).

La reducción del paro es más lenta por algunos buenos motivos, apunta el catedrático Cruz Villalón. El primero, porque España está aumentando mucho los trabajadores extranjeros. “Y vamos a necesitar muchos más en el futuro” dado el envejecimiento de la población, recuerda el especialista. Además, por un agrandamiento del mercado laboral, gracias al incremento de la población dispuesta a trabajar. “Personas que cuando hay más oportunidades de empleo se activan. Es un desempleo oculto que ahora aflora y eso es bueno”, considera Cruz Villalón.

Elevado paro juvenil y de larga duración entre los mayores

Sin embargo, también hay importantes deberes pendientes para reducir el paro desde hace décadas. “El empleo de los jóvenes está mejorando, pero hay todavía altas tasas de paro”, destaca Raymond Torres, economista de Funcas, que señala que hay que “mejorar la transición del sistema educativo al laboral”, tanto en la formación profesional como en el sistema universitario, para que haya “más conexión entre el perfil pedagógico y la inserción al mercado laboral” de los jóvenes.

Cuando desglosamos la tasa de paro general por edades y sexos, se observa que los datos más elevados de desempleo se concentran entre los jóvenes, con incluso porcentajes que alcanzan el 32% entre los hombres entre 16 y 19 años, según la Encuesta de Población Activa (EPA) de cierre de 2025.

Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute, añade un nuevo reto a la inserción laboral de los jóvenes: “La Inteligencia Artificial”. “Antes una persona joven con estudios y ganas empezaba a trabajar casi en cualquier empresa. Ahora muchos trabajos de titulación y ganas los hace la Inteligencia Artificial. Esto ya está generando brechas de empleo y exclusiones laborales, es un tema en el que tenemos que trabajar”, sostiene.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) precisamente señaló los riesgos de la IA para la inserción laboral de los jóvenes en su último informe anual de Tendencias del empleo, como han comenzado a advertir algunos estudios. Por ejemplo, uno de 2025 de investigadores de la Universidad de Stanford, que apunta ya sobre la existencia de algunos efectos preliminares de la IA en el mercado laboral de EEUU, con una reducción de los puestos de trabajo más junior frente a los de trabajadores con más antigüedad y experiencia.

Los datos de desempleo son más altos en general que los de 2006, en mínimos de paro antes de la crisis financiera, y sobre todo entre los hombres y también en las edades más avanzadas, un grupo cada vez más protagonista del desempleo en España en términos absolutos.

En número de personas, la EPA contabilizó 2.477.100 personas desempleadas a cierre del año pasado. De ellas, el 30% tiene más de 50 años. En 2006, el dato era del 13,5%.

Si cruzamos los datos por edad y por duración de tiempo en paro, se observa cómo los jóvenes protagonizan el paro de corta duración, pero las personas de edades más avanzadas tienen una enorme presencia entre el llamado paro de larga duración, a partir del año.

Y más aún en el paro de muy larga duración, de más de dos años de búsqueda de empleo, que alcanza a 521.000 personas. De ellas, casi el 41% son mayores de 51 años.

No es que el paro de larga duración no se esté reduciendo, sí lo está haciendo desde la recuperación post crisis financiera, como refleja el siguiente gráfico, pero sigue siendo elevado.

Desde el Ministerio de Trabajo señalan también a las empresas, que expulsan por inercia a los trabajadores de edades más avanzadas como políticas para abaratar costes y no siempre atendiendo a criterios de productividad y talento. “Seguramente muchas de ellas están en lo mejor de su actividad laboral y son más productivos que nunca”, sostiene el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, sobre los mayores de 52 años.

“Hay colectivos vulnerables cuyas opciones de reinserción laboral son realmente bajas y esto se ha acentuado con la revolución digital. Estos perfiles necesitan una recualificación profunda, algo que no se soluciona con cursos breves o unas indicaciones de orientación laboral”, sostiene la economista Lucía Gorjón, de la Fundación Iseak. Coincide Raymond Torres, que demanda una mejora en “la recolocación de parados” por parte de las oficinas públicas de empleo, que sean capaces de “buscar vacantes en el tejido productivo local”.

“Sería importante aprovechar este momento de expansión económica y la existencia de un sistema de último recurso como el IMV (Ingreso Mínimo Vital) para que estas personas volvieran a participar en la educación formal y pudieran reconstruir su perfil profesional hacia profesiones con demanda de empleo presente y futura”, añade Gorjón.

El debate de los puestos vacantes sin cubrir

El economista de Funcas también considera que “ahora es un buen momento” para mejorar las llamadas políticas activas de empleo, frente a las épocas de crisis u otras menos boyantes en empleo, ya que hay puestos disponibles y algunos sectores “muy dinámicos, como la construcción”, que están advirtiendo de la falta de mano de obra.

Unas vacantes sin cubrir en las que pone el acento también The Adecco Group Institute y que están situadas en casi 153.000 puestos de trabajo, según el INE. En las empresas consideran en cambio que el dato es más elevado, pero que la estadística oficial no está siendo capaz de medirlo. Además, las patronales insisten en el reto de las ausencias por el gran aumento de las bajas médicas de los trabajadores, que los sindicatos piden abordar desde un enfoque de salud y no economicista.

En el debate sobre las vacantes, y los puestos sin cubrir pese al elevado paro, en el gabinete económico de CCOO señalan también que, frente a los discursos habituales de falta de formación, hay también una carencia de oportunidades en ciertos tejidos productivos, en los que España exporta trabajadores cualificados a otros países, con mejores condiciones salariales, desde puestos de enfermería a tecnológicos.

“A futuro el problema de tensiones en la mano de obra lo vamos a ver donde las empresas no ofrezcan trabajo atractivo, unas buenas condiciones”, analizan los economistas del gabinete económico del sindicato, Luis Zarapuz, Natalia Arias y Álvaro Gaertner. Así como fruto de “cuellos de botella por la vivienda”, algo que ya se está produciendo en lugares con precios muy elevados, como Baleares. “Sin políticas de vivienda tendremos tasas de paro aún más altas”, urgieron hace unos días los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT).

Salarios bajos que no dan para vivir

Otra de las sombras que oscurece los avances del mercado laboral son los bajos salarios, que sienten los trabajadores cada mes en sus bolsillos y frustran en muchos casos sus oportunidades vitales. Aunque están aumentando en los últimos años, cuando se tiene en cuenta la inflación, se observa que están “estancados en los últimos 25 años” en su poder de compra, destaca la economista Natalia Arias.

Han mejorado mucho su situación los salarios más bajos, que son los que más perdieron durante la pasada crisis, por lo que partían de una posición muy desfavorable y en algunos casos siguen siendo insuficientes. Especialmente, ante el gran aumento de precio de bienes básicos, como la alimentación y la vivienda.

“En España, los salarios son relativamente bajos”, reconoce el economista Raymond Torres, que apunta que aunque “tiene que ver con la productividad”, que en nuestro país es más reducida que en Europa, “pero no solo es por eso”, añade el especialista de Funcas, que recuerda que España exporta trabajadores cualificados a otros países donde consiguen mejores salarios. “También tiene que ver con que tenemos muchas empresas pequeñas, que no crecen, un reto estructural que viene de lejos”, sostiene Torres.

Con las fuertes subidas del salario mínimo de los últimos años, del 61% desde 2018, hay cada vez más trabajadores alrededor de este suelo salarial en España, en un contexto en el que el sector privado y los convenios colectivos no han subido tanto las remuneraciones a partir de este indicador.

Para impulsar al alza los sueldos entre el SMI y el salario medio, los sindicatos CCOO y UGT proponen que los próximos años este colectivo concentre las mayores subidas. Plantean aumentos del 4% anual en general y de hasta el 7% para estos salarios más bajos, a la espera de que se inicien las conversaciones con la patronal para tratar de alcanzar otro gran acuerdo de negociación colectiva (AENC).

El catedrático Jesús Cruz Villalón llama la atención sobre una cierta “cultura en las empresas, pero también en la negociación colectiva” que aboca casi inevitablemente a los jóvenes a cobrar bajos salarios, “incluso si son muy cualificados”. Algo que considera que está influido por ciertos prejuicios sobre que las familias pueden ayudar a estos trabajadores y que en muchos casos viven en la casa familiar. “Puede que sí y en otras ocasiones no, hay que poner esto en el debate”, sostiene el especialista.

La cara B de los bajos salarios son hogares en los que en ocasiones es muy complicado llegar a fin de mes. Según los últimos datos, el 42% de los trabajadores dice cuadrar las cuentas con “dificultad”. O incluso se viven situaciones de pobreza pese a tener un empleo. España es de los países de la UE con más pobreza laboral, del 11%, solo por detrás de Bulgaria y Luxemburgo. La media está en el 8%.

La economista Lucía Gorjón señala las personas trabajadoras que no logran salir de la pobreza lo hacen principalmente por los dos motivos: “La parcialidad involuntaria y, especialmente, la temporalidad”. Es decir, por una baja intensidad del empleo, pocas horas o días de trabajo. “Gracias a las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional, actualmente una persona que trabaja todo el año a jornada completa logra superar (con bastante margen) el umbral de riesgo de pobreza”, recuerda la investigadora de ISEAK.

El economista de Funcas también añade como factor empobrecedor clave de los trabajadores “la vivienda”. El Consejo Económico y Social (CES) alertó en su última memoria anual que su elevado precio se está “tragando” los avances salariales y económicos en España.

Un tiempo parcial feminizado, muchas veces involuntario

Tras el importante descenso del trabajo temporal, todos los especialistas consultados apuntan a los contratos a tiempo parcial como uno de los principales focos de precariedad del mercado de trabajo. Contratos de tiempo reducido que ocupan a algo más de tres millones de personas en España, de las que su gran mayoría (73%) son mujeres.

“Hay que tener en cuenta la parcialidad involuntaria. Frente a la creencia extendida de que la parcialidad la realizan las mujeres para conciliar su vida familiar y laboral, los datos muestran que, sí es cierto que la parcialidad recae fundamentalmente sobre las mujeres, pero casi un millón trabajan a jornada parcial porque no pueden encontrar empleo a jornada completa (frente a 380.000 que lo hacen para cuidar de personas dependientes)”, subraya Lucía Gorjón.

Además de la parcialidad involuntaria, las mujeres tienen muchos más contratos reducidos para cuidar que los hombres (380.000 frente a 31.700), por lo que desde los sindicatos reclaman medidas públicas de cuidados y de educación, como la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años, para combatir esta desigualdad que lastra los ingresos de las mujeres.

“La jornada explica más de la mitad de la brecha salarial” entre hombres y mujeres, subraya Natalia Arias, que destaca que la parcialidad está más extendida en los sectores feminizados, donde trabajan más las mujeres.

“Cuando las empresas necesitan flexibilidad, cargan en el más vulnerable, que es el tiempo parcial frente al trabajador de tiempo completo”, sostiene Jesús Cruz Villalón. El catedrático recuerda que las horas complementarias (por encima de las contempladas en el contrato) no se retribuyen igual que las extraordinarias y su regulación es más permisiva, lo que hace que muchas compañías utilicen estos contratos como parche para ajustar horarios.

Carlos Arcas reconoce cierta “cultura” empresarial de uso de la parcialidad cuando no está del todo justificada. “Si una empresa necesita ocho horas, tiene que hacer así los contratos. Lo que no podemos es jugar a incrementar horas complementarias por ahorrar costes o para mantener una arquitectura contractual que no se adapta a las necesidades de la empresa”, valora el director de The Adecco Group Institute.

El pasado miércoles 4 de febrero, día en que se cerraron prácticamente todos los colegios de Andalucía por la llegada de la borrasca Leonardo, Ryanair denegó el permiso para ausentarse de su puesto de trabajo en Málaga a una madre soltera con dos hijas de 3 y 5 años a su cargo. Inicialmente, la empresa le negó el permiso retribuido, y después se ha negado a considerar que, al menos, ese día de ausencia se le impute a un día libre sin remunerar. El pasado lunes, la responsable de recursos humanos le dijo que el cuidado de los hijos no es problema de la empresa: “Elegiste trabajar en el sector de la aviación”.

El sindicato USO cree que la ausencia de María [nombre ficticio] está justificada porque las niñas no son autónomas. Denuncia la vulneración del derecho a atender a sus hijas, del derecho a la igualdad de trato (pues otras trabajadoras sí han disfrutado de la alternativa del día libre no remunerado) y una discriminación de género. “No existía una alternativa razonable para la atención del familiar”, señalan en una denuncia ante la Inspección de Trabajo: “Sumar un descuento en el salario de la trabajadora, además del reproche disciplinario que conlleva” sería “manifiestamente discriminatorio”. El sindicato recuerda que la Directiva europea para la conciliación de la vida familiar y profesional garantiza el derecho a ausentarse del trabajo “por causa de fuerza mayor por motivos familiares urgentes o inesperados”.

Por ahora, Ryanair sigue considerando su ausencia como no justificada (“no show”), lo que implica una falta grave que puede suponer una amonestación por escrito o hasta tres días de suspensión de empleo y sueldo (sin perjuicio de la deducción de la ausencia). “No había ninguna limitación de movimiento por las autoridades competentes. El hecho de que tengas niños no justifica tu solicitud”, le dijo en una reunión mantenida el lunes. “¿Qué querías que hiciera? ¿Que los dejara solos? ¿Cuál es el procedimiento?”, preguntó ella. “No es mi problema. Es tu responsabilidad”, replicó la responsable de recursos humanos, según ha podido acreditar este medio. Cuando la mujer admitió que los niños eran su prioridad y el representante del sindicato USO recordó la conciliación familiar, la responsable de recursos humanos replicó: “Elegiste trabajar en el sector de la aviación”.

La empresa alega que el mismo miércoles, a las 12:51, llamó a la trabajadora pero que ella no quiso hablar. “Te di la oportunidad y colgaste el teléfono. Es inaceptable”, le reprochó el lunes la representante de la empresa, asegurando que su intención con la llamada era ofrecerle el día libre. La mujer asegura que estaba atendiendo a las niñas, y cree que si la intención era esa (como ella misma había propuesto), se lo podría haber dicho en cualquiera de los mensajes que se intercambiaron en la jornada previa, en los que la actitud de la empresa fue denegar cualquier posible ausencia.

USO denuncia que ese día se produjeron otros dos casos similares en Málaga. En el otro que este medio ha podido constatar se repite el mismo patrón en la reunión con la empresa. La trabajadora explica que debía atender a sus hijos pequeños, y la responsable de recursos humanos insiste en que no tenía el permiso y le reprocha que no atendiera su llamada. “Ese día no estaba activa y además no atiendo llamadas de números desconocidos, salvo que sean de Irlanda, Inglaterra o Crew room [de donde suele llamar Ryanair]”.

Ryanair no ha respondido a las preguntas remitidas por este medio.

Denuncia ante Inspección de Trabajo

María, asesorada por el sindicato, ha denunciado el caso ante Inspección de Trabajo. La denuncia hace un relato documentado del desencuentro entre esta trabajadora y la empresa durante la tarde del 3 de febrero, previa al impacto de la borrasca Leonardo sobre Andalucía.

A las 13:46 solicitó que se le asignara el día para cuidados familiares, a la vista de las comunicaciones que se estaban enviando por iPasen, la plataforma web de la Junta de Andalucía, y de las informaciones de prensa que anunciaban de la suspensión de clases.

Más tarde, a las 15:10, la mujer recibió un correo de la dirección del colegio en el que se confirmaba que la actividad lectiva presencial quedaba suspendida al día siguiente ante la elevación de la situación operativa 2 del Plan de Emergencias de Andalucía. “Por favor, no acudan al centro educativo”, terminaba el mensaje. Cinco minutos después la mujer escribió a la empresa solicitando permiso para quedarse con sus hijas “debido a la suspensión de las clases”, reenviando la comunicación del colegio.

También solicitaba que le fuera retribuido puesto que entraría, según ella, en el artículo del Estatuto de los Trabajadores que concede hasta cuatro días por “imposibilidad de acceder al centro de trabajo” debido a las “recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento” o “riesgo grave e inminente”, que incluye fenómenos meteorológicos adversos. También alegaba causa de fuerza mayor, por “motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes”.

La empresa le denegó el permiso retribuido, recordando que no había limitaciones o prohibiciones de desplazamientos en la zona. El 3 de febrero la Junta de Andalucía pidió (pero no ordenó) restringir los “desplazamientos no esenciales” desde la madrugada del 4 de febrero hasta la medianoche del día 5, especialmente en zonas con avisos meteorológicos activos (incluyendo Málaga y la Costa del Sol). “Lejos de esto, el hecho de que el colegio de tus hijas esté cerrado no justifica tu solicitud”, le contestó la responsable de recursos humanos.

El intercambio de mensajes no paró ahí. “Como bien sabes soy madre soltera de dos niñas de 3 y 5 años. Puesto que no hay colegio tengo que estar en casa con ellas cuidándolas”, insistió la trabajadora, antes de recordar que el permiso climático concede cuatro días retribuidos en situaciones de alerta meteorológica. Y replicó la empresa: “Entiendo que seas madre soltera, pero esta situación no cualifica para el permiso retribuido que estás solicitando”.

“Obligada a seguir disponible”

El 4 de febrero decenas de miles de niños y niñas andaluces se quedaron en casa. Y entre ellas, las dos hijas de la trabajadora, con ella. Ese mediodía, a las 12:51 la trabajadora recibe una llamada de la empresa. Responde, pero para decirle que no podía hablar en ese momento. Más tarde, escribe de nuevo a Ryanair: les dice que las circunstancias la obligan a quedarse en casa con sus hijas y propone una alternativa: trasladar su día libre al 4 de febrero, recordando que esa ha sido la solución aplicada a otras madres en situación similar.   

Pero Ryanair no cede: al día siguiente le niega el cambio y le afea la supuesta negativa a abordar la cuestión por teléfono, a pesar de que “estaba obligada a seguir disponible”. Según la explicación que le ha dado después, el propósito de la llamada era precisamente ofrecerle el cambio de día libre.

El pasado lunes la trabajadora fue convocada a una reunión. En ese encuentro, muy tenso, la mujer recordó sus circunstancias, y preguntó a Ryanair por qué sigue considerando que faltó a su puesto sin justificación. Ryanair insistió en que no había ninguna limitación de movimiento por las autoridades competentes. El sindicato está valorando si presenta una denuncia por el “trato denigrante”.

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a la cuidadora de una anciana de 93 años de edad como presunta responsable de los delitos de trato degradante y malos tratos habituales en el ámbito familiar.

La víctima, considerada especialmente vulnerable y sin familia directa que velase por su situación, convivía en el mismo domicilio con esta trabajadora y sufría una situación constante de acoso y maltrato prolongada en el tiempo.

Según pudo averiguar la Policía Nacional, la detenida vociferaba, zarandeaba y agredía a la anciana en situaciones de estrés o cuando ésta consideraba que la víctima no colaboraba o seguía sus indicaciones.

La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana

Estos episodios se producían no solamente durante sus cuidados, sino también en traslados o visitas médicas. La investigación, realizada por agentes adscritos a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, se inició gracias a la colaboración ciudadana, cuando varios testigos pusieron los hechos en conocimiento de la Comisaría Provincial de Ciudad Real.

Verificado el estado de vulnerabilidad de la anciana y velando en todo momento por su integridad, los investigadores procedieron a la detención de la cuidadora en el mismo domicilio en el que ambas vivían y notificaron la situación de la víctima a Servicios Sociales que decretó su ingreso inmediato en una residencia de la localidad.

Siempre me ha gustado la ciencia ficción, especialmente cuando aventura distopías. Durante el Renacimiento se puso de moda la literatura utópica. Tomás Moro, Tommaso Campanella y Francis Bacon imaginaron sociedades ideales donde imperaban la justicia, el bien y la belleza. Después de Auschwitz, Hiroshima y el Gulag, la literatura utópica se convirtió en un género casi ofensivo. Ningún autor se atrevía a fantasear con un porvenir feliz y luminoso. Por el contrario, surgieron ficciones apocalípticas que anticipaban un futuro terrorífico. En vísperas del ascenso de Hitler al poder, Aldous Huxley publicó Un mundo feliz, una novela que prefiguraba una sociedad donde la tecnología, la manipulación y las drogas dividían a la humanidad en castas para destruir cualquier vestigio de libertad, dignidad o autonomía. En 1949, George Orwell publicó 1984, una novela que describía cómo sería la vida bajo un régimen totalitario capaz de controlar el pensamiento, el lenguaje y los afectos. Ya en 1953, cuando el senador Joseph McCarthy aún gozaba de un poder casi ilimitado para acosar, cancelar y encarcelar a los supuestos comunistas infiltrados en la cultura, la política y la investigación científica de Estados Unidos, Ray Bradbury publicó Fahrenheit 451, una novela donde los libros estaban prohibidos y las grandes pantallas de televisión, omnipresentes en todos los hogares, se utilizaban para enajenar a las masas. Lejos de apagar fuegos, los bomberos se dedicaban a buscar bibliotecas clandestinas para reducirlas a cenizas.

Algunas de las predicciones de Huxley, Orwell y Bradbury se han cumplido: la tecnología se ha convertido en una poderosa arma de manipulación, las grandes pantallas de plasma han desplazado al libro y el consumo de drogas ha desactivado la conciencia crítica de miles de ciudadanos. Como en Un mundo feliz, el sexo se ha banalizado e instrumentalizado. La pornografía ha asumido la educación sexual de las nuevas generaciones, degradando la imagen de la mujer a simple objeto de consumo. En la esfera de la política internacional, tres potencias que no respetan los derechos humanos (Estados Unidos, Rusia y China) luchan por el control del planeta. La tensión permanente que desata este conflicto erosiona la convivencia, normalizando el miedo, la crueldad y la inseguridad. Los analistas ya no descartan posibilidades como una guerra civil en Estados Unidos o una peligrosa escalada de confrontación entre Pekín, Moscú y Washington. De hecho, ya luchan en países como Venezuela, donde se disputan los minerales, el petróleo, las rutas comerciales y las posiciones geoestratégicas. De todas formas, no hace falta situarse en zonas tan calientes para afirmar que vivimos en una época distópica. En 1969, Adolfo Bioy Casares publicó Diario de la guerra del cerdo, una novela donde grupos de jóvenes atacan y matan a los ancianos porque no soportan contemplar lo que les espera a ellos. Matar a un anciano es una forma de suicidarse, pues nadie escapa de la vejez, pero eso no importa. Lo esencial es acabar con la imagen que proyectan las personas mayores. La vida es salud, insolencia, frescura. O, al menos, eso parece. Sin embargo, la vejez muestra que la vida también es enfermedad, decadencia y desamparo. 

Ya sabía que algunos ancianos japoneses cometían pequeños delitos para ser encarcelados y poder huir de la soledad. Hace unos días, circuló la noticia de que el porcentaje de personas de la tercera edad que actuaban de ese modo en Japón ascendía al 13% de la población reclusa. Con pensiones miserables e hijos que consagran todo su tiempo al trabajo y el ocio, la opción de estar entre rejas resulta mucho más sugestiva que pasar los días aislado en un apartamento minúsculo y con la nevera semivacía. Las cárceles japonesas se han visto obligadas a adaptarse a este fenómeno, convirtiéndose en residencias. Los funcionarios de prisiones están perplejos y desorientados, pues su trabajo ya no consiste solo en vigilar, sino también en cuidar. Muchos no están preparados para esa responsabilidad y los directores de prisiones han tenido que ampliar sus plantillas con personal sanitario y trabajadores sociales. 

La balada del Narayama, una novela de 1956 de Shichirō Fukazawa adaptada al cine en dos ocasiones, popularizó la idea de que en Japón se abandonaba a los ancianos en bosques y montañas cuando se convertían en una carga para la comunidad. No es falso, pero eso solo sucedió en remotas épocas de escasez, cuando el hambre diezmaba a la población. Como se puede apreciar en El crisantemo y la espada, el famoso ensayo escrito en 1946 por la antropóloga Ruth Benedict para ayudar a las tropas estadounidenses a comprender la mentalidad de los japoneses, los ancianos del Japón de la posguerra gozaban de un enorme respeto y una gran autoridad en la sociedad, algo que comenzó a cambiar por la influencia de la cultura occidental, como reflejó magistralmente Yasujirō Ozu en Cuentos de Tokio, una obra maestra de 1953. En 1949, Ozu estrenó Primavera tardía, una conmovedora película sobre una joven que se resiste a contraer matrimonio para no dejar solo a su padre viudo. Cuatro años después, los lazos familiares ya se habían relajado por culpa de un individualismo autodestructivo, fruto del contacto con el modelo cultural estadounidense.

En 2021, Japón creó el Ministerio de la Soledad y el Aislamiento por el incremento de suicidios de jóvenes y ancianos. La soledad no deseada se ensaña con los ancianos, pero también golpea con dureza a los más jóvenes. Muchos adolescentes se encierran en sus habitaciones y cortan los lazos con el exterior. A los que se comportan de ese modo se les conoce con el nombre de “hikikomori”. ¿Estamos mejor en España? Otro día hablaré de los jóvenes. Hoy me limitaré a comentar la situación de las personas de la tercera edad. Dos millones de mayores de 65 años viven solos. Son un 23% de esa franja de población. De esos dos millones, 850.000 han superado los 80. Es una de las consecuencias de la desintegración de la familia tradicional. Evidentemente, no sería deseable retroceder en el tiempo, pues ese modelo de familia arrojaba sobre las espaldas de las mujeres la tarea de cuidar a niños y ancianos. Sin embargo, no se puede desmontar una estructura sin crear otra. Hay algo peor que una tiranía: un país o una región sin ley. Ahora el modelo familiar se ha diversificado. Se han normalizado, como era de justicia, las relaciones homosexuales mediante el matrimonio igualitario y muchos hombres comparten con las mujeres las tareas del hogar, pero los núcleos familiares se han vuelto sumamente inestables y frágiles. España tiene una de las tasas más altas de rupturas sentimentales: alrededor del 60%. Este porcentaje de fracasos quizás es una de las explicaciones de fenómenos como el cohousing o covivienda, comunidades de casas privadas con espacios comunes donde se realiza una intensa vida social y se comparte toda clase de experiencias.

No quiero parecer apocalíptico, pero creo que el drama de la soledad no deseada no es un problema menor, sino el signo de un fracaso colectivo. El ser humano es un animal social, como señaló Aristóteles. Se puede morir de soledad. Según la OMS, el aislamiento es un factor de riesgo tan grave que puede elevar hasta en un 39% las probabilidades de morir. El sufrimiento que produce la soledad no deseada incrementa el riesgo de depresión, suicidio, ansiedad, alcoholismo, tabaquismo, infarto, ictus, deterioro cognitivo, Alzheimer, cáncer y otras patologías asociadas al debilitamiento del sistema inmunitario. El azar quiso que yo empezara a colaborar con este diario a raíz de un tuit sobre lo que representaba cumplir sesenta años sin hijos y con problemas de salud. Al parecer, ya se habían planteado pedirme que escribiera columnas, pero ese breve texto propinó el empujón definitivo. El tuit traspasó fronteras y varios países de América Latina me entrevistaron para hablar sobre el tema. El impacto de mi reflexión fue tan alto según parece porque muchas, muchas personas sufren un problema similar y se sintieron identificadas con mis palabras. No me agrada constatar ese hecho.

No me resigno a vivir en un mundo distópico. Hablar de utopías parece ingenuo, pero yo creo que es muy necesario. El principio de esperanza, como advirtió Ernst Bloch, es el motor de la historia. Por eso, espero que la distopía de un mundo en el que los ancianos prefieren la cárcel a la soledad sea algún día reemplazada por la utopía de un mundo más fraterno y compasivo, donde todos asumamos que el cuidado de los otros y la solidaridad entre las distintas generaciones no es una pesada obligación, sino el pilar de una convivencia verdaderamente humana.