Un magistrado de Barcelona ha dictaminado que la pensión de incapacidad permanente de una trabajadora que sufrió un accidente laboral no puede verse recortada por el hecho de haber solicitado una jornada reducida para cuidar de su hijo menor. La sentencia establece que el cálculo debe realizarse como si hubiera mantenido la misma jornada que tenía previamente a la reducción, evitando así lo que considera una “discriminación indirecta” hacia las mujeres, que son quienes mayoritariamente asumen las tareas de cuidado.

Se trata de una sentencia pionera, conseguida a raíz de una demanda presentada por el Col·lectiu Ronda en representación de la trabajadora, que concluye que existe la obligación de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las normas para garantizar la igualdad efectiva. Además, en este caso, debe considerarse que el objetivo de la norma de proteger la conciliación debe prevalecer sobre el cálculo del salario reducido.

La plaza 3 de la sección social del Tribunal de Instancia de Barcelona ha dado la razón a esta cajera de supermercado, que sufrió un accidente laboral mientras se encontraba en reducción de jornada para cuidar a su hijo, un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La normativa española aplicada por el INSS establece que las pensiones por accidente de trabajo deben calcularse según el “salario real” que se percibe en el momento del accidente. Para evitar que las madres y padres salgan perjudicados, la ley prevé un mecanismo de corrección, una especie de “ficción” jurídica que hace que, durante los primeros años de reducción, la Seguridad Social compute las cotizaciones como si la persona estuviera trabajando al 100% de la jornada.

El conflicto aparece cuando, como en el caso de la trabajadora de Sabeco-Alcampo, el accidente se produce una vez pasado estos primeros años de protección especial. En esta situación, el INSS aplica de nuevo el criterio literal del sueldo reducido. Esto hizo que inicialmente se le concediera una pensión calculada sólo sobre su media jornada, fijándola en 8.341 euros anuales.

La sentencia corrige este criterio al considerar que limitar la protección a sólo unos pocos años es discriminatorio. El magistrado concluye que, si el derecho a cuidar a los hijos lo ejercen mayoritariamente las mujeres, no se las puede penalizar con una pensión más baja por haber alargado los cuidados más allá del período que marca la ley. Por ello, obliga a calcular la pensión en base al salario de jornada completa, elevando la base de cálculo hasta los 16.236 euros anuales, prácticamente el doble de lo que pretendía la administración.

El magistrado considera que no puede obviarse la contundencia de los datos estadísticos que desmontan la neutralidad de la norma. En concreto, el 90,15% de las personas que piden reducción de jornada por cuidado de hijos son mujeres y el 77,17% de las pensiones de incapacidad por accidente de trabajo en esta situación afectan a mujeres.

Ante esta evidencia, el juez concluye que la norma española, aunque parezca “neutra”, termina castigando casi exclusivamente al colectivo femenino. La sentencia destaca que los jueces tienen la obligación jurídica de interpretar las leyes con perspectiva de género para garantizar una igualdad real.

Con anterioridad a dictar esta sentencia, el propio magistrado planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar si el cálculo basado en la reducción de jornada suponía una discriminación indirecta por sexo.

El tribunal consideró que la normativa española no era contraria a la directiva europea en términos de discriminación por reducción de jornada, aduciendo que los datos disponibles son demasiado genéricos para determinar con exactitud la proporción de trabajadores y trabajadoras perjudicadas, que existían precedentes que no consideraban discriminatorios los cálculos de la pensión en función del tiempo de trabajo y que una norma que del importe de la pensión es una medida neutra que no infringe directamente el principio de igualdad de trato.

Sin embargo, el TJUE dejó la puerta abierta, indicando que si el juez nacional disponía de datos que acreditaran un perjuicio especial para las trabajadoras, correspondería al mismo tribunal español valorar si la norma tal y como estaba planteada perseguía un objetivo legítimo y resultaba proporcionada o si, por el contrario, tenía un efecto discriminatorio sobre las trabajadoras.

La sentencia pone el foco en la obsolescencia de la norma que la administración utilizaba para justificar este recorte: un reglamento de accidentes que data del año 1956. El equipo jurídico del Col·lectiu Ronda que ha llevado el caso ha defendido con éxito que los valores de ese momento histórico, cuando el papel de la mujer en el mercado de trabajo era totalmente marginal, estructuran la práctica jurídica actual.

Destacan que esta decisión es vital porque corrige una brecha de género estructural. Según las letradas, “la sentencia impide que las mujeres que asumen las labores de cuidado sean doblemente penalizadas: primero, cobrando un sueldo más bajo mientras cuidan de sus hijos y, segundo, recibiendo una pensión mucho más pobre de por vida si sufren un accidente”.

Una banda azul de pavimento antideslizante recorre las calles de pizarra como un hilo rojo de Ariadna, esa guía que en el mito de Teseo permitía orientarse dentro del laberinto, y que en Pescueza acompaña a quienes ya no pueden confiar en su equilibrio. Se trata, sin duda, de una importante intervención urbana, pero también de un gesto de ternura colectiva, una estrategia organizada para evitar la dependencia y la soledad. En esta localidad cacereña, la vejez ha dejado de ser la antesala de la institucionalización —ese traslado forzoso a una residencia de mayores que rompe los vínculos, desarraiga y convierte el final de la vida en un proceso de separación— para convertirse en el eje de un modelo asistencial que ha devuelto vida, empleo y esperanza a un municipio que se negaba a desaparecer ante la impasividad imperante de las instituciones que siguen aferradas a modelos asistenciales más rígidos y centralizados. Menos humanos.

Y es que envejecer sin abandonar el propio hogar es el corazón del proyecto que ha transformado este pequeño pueblo del Valle del Alagón, donde apenas viven 151 personas y más del 60% supera los 60 años. Aquí, la respuesta al envejecimiento no ha sido desplazar a las personas a las residencias geriátricas más cercanas, sino adaptar el propio entorno para que puedan seguir viviendo donde siempre han vivido, con dignidad, autonomía y la compañía elegida, la que siempre han tenido, dando fondo y forma a este laboratorio de humanidad y demostrando que cuidar también es innovar.

Ese cambio de rumbo en la dinámica de cualquier localidad se materializó en el programa 'Quédate con nosotros', gestionado por la Asociación Amigos de Pescueza, nacida en 2011 con una idea sencilla pero radical: que nadie tenga que marcharse de su pueblo ni siquiera de su casa por hacerse mayor. Desde entonces, Pescueza ha tejido un sistema de cuidados que combina urbanismo adaptado, servicios asistenciales profesionales, participación vecinal y una ética clara: cada persona decide cómo quiere ser cuidada. Aquí no se prohíbe nada. Quien quiere ir a pescar, va. Quien quiere participar en talleres, participa. La libertad no se negocia para que la vida pueda seguir siendo vida y no un sucedáneo. Y para no caer en la temible infantilización que sufren la mayoría de las personas mayores.

A cielo abierto

Y es que Pescueza ha convertido su casco urbano en una especie de residencia a cielo abierto. Pasamanos en las fachadas, viviendas adaptadas, calles accesibles y servicios de proximidad que permiten que vecinos de más de 90 años sigan haciendo vida en su pueblo. Porque el modelo va mucho más allá de la intervención urbana. Se articula en torno a una plataforma integral de servicios que cubre necesidades sociales, sanitarias y emocionales: un Centro de Día municipal con atención sanitaria y actividades socioculturales; un Centro Residencial con una Unidad de Convivencia para diez personas, donde la vida se organiza como en un hogar; ayuda a domicilio y teleasistencia reforzada con sensores de movimiento y sistemas de televigilancia que permiten actuar rápido sin arrancar a nadie de su hogar; talleres de envejecimiento activo, ocio, formación y actividades comunitarias; asistencia jurídica, apoyo en gestiones y acompañamiento emocional; servicios cotidianos como transporte al médico en un coche eléctrico, compras o visitas a otras localidades; e incluso iniciativas que conectan el pueblo con el resto del mundo, como el intercambio de cartas con alumnado de un centro educativo francés.

Todos estos protocolos humanizados se sostienen con el enfoque de Atención Integral Centrada en la Persona, que prioriza la autonomía, respeta los ritmos individuales y rechaza cualquier forma de sujeción física o química. En Pescueza, cuidar es un acto de garantía de derechos, no un simple mecanismo de control.

Pero quizás y por si todo esto fuera poco, lo más interesante y esperanzador es que el proyecto funciona porque todo el pueblo se ha implicado. La Asociación Amigos de Pescueza, con 125 socios y 10 voluntarias y voluntarios, trabaja junto al Ayuntamiento, un equipo profesional de 15 personas —psicología, enfermería, terapia, animación sociocultural, auxiliares— y el apoyo de la Junta de Extremadura, la Diputación y Obra Social Caixa. La corresponsabilidad es la clave: aquí nadie se siente solo porque nadie cuida solo, ni es cuidado solo. La comunidad participa, decide, acompaña. El cuidado se convierte en un asunto global y estructural. Si alguien quiere vivir en su casa y sólo ir a comer con otras personas, se puede. Si quiere que le lleven la comida a casa, también. A cada persona, según sus deseos y necesidades.

Referente de gestión pública

Lo que resulta evidente es que el compromiso y la humanidad no son conceptos abstractos, sino valores encarnados por personas con nombres y apellidos: Cristina Iglesias, Agustina Fernández y José Vicente Granado.

Lo que hace unos años comenzó como una apuesta arriesgada y una visión de futuro dentro del ayuntamiento se ha convertido hoy en un auténtico referente de gestión pública que atrae la atención de todo el país. Este proyecto innovador, lejos de limitarse a una simple reforma local, ha trascendido por completo las fronteras del municipio, transformando de manera positiva la dinámica institucional de la localidad. En la actualidad, sus calles y dependencias municipales viven un constante ir y venir de delegaciones oficiales, técnicos y representantes que llegan con un propósito claro: comprender, aprender y replicar una fórmula de éxito que está revolucionando la gestión del bienestar social y el desarrollo económico.

Para comprender plenamente la magnitud de esta iniciativa, Cristina Iglesias se encarga de desglosar la realidad actual y el día a día de un modelo que ya está completamente consolidado. Según explica Iglesias, el verdadero éxito del proyecto no se mide únicamente en cifras o en indicadores técnicos, sino en el cambio profundo que ha experimentado la calidad de vida en el municipio. Detalla cómo las familias se han beneficiado directamente de los nuevos servicios, cómo se ha dinamizado la economía local y de qué manera se ha logrado fijar población, devolviendo el optimismo a las calles. Para ella, el mayor logro ha sido demostrar que un pueblo puede ser sinónimo de vanguardia y modernidad, logrando que los propios vecinos y vecinas se sientan orgullosos de un sistema público que funciona y que se ha convertido en el auténtico corazón de la comunidad.

Sin embargo, para entender este presente tan brillante es imprescindible viajar al pasado, un capítulo que Vicente Granado rememora con la precisión de quien vivió el nacimiento de una idea desde la absoluta nada. Cuando Granado ocupaba el sillón de la alcaldía (PSOE), lo que hoy genera admiración nacional era solo un boceto cargado de incertidumbres. Según relata el exregidor, el proyecto se puso en marcha en un contexto complejo, caracterizado por la escasez de recursos y el escepticismo inicial de quienes veían la propuesta como algo utópico o demasiado ambicioso para las capacidades del municipio. Granado recuerda aquellas primeras reuniones a puerta cerrada, los intensos debates técnicos para encajar las piezas legales y las largas jornadas dedicadas a tocar puertas en otras administraciones en busca de una financiación que no siempre era fácil de conseguir.

El inicio del proyecto requirió, en palabras del propio exalcalde, una enorme dosis de valentía política y firmeza para no dar marcha atrás ante los primeros obstáculos presupuestarios. Fue bajo su mandato cuando se diseñó la estrategia original, se gestionaron las primeras e imprescindibles subvenciones y se firmaron los convenios pioneros que sirvieron de cimientos. Granado rememora con especial viveza el momento en que se colocó la primera piedra, tanto física como simbólica, de un engranaje que buscaba romper con la inercia del estancamiento local. Para él, sembrar esa semilla requería una visión que superara los réditos políticos inmediatos, y ver hoy que aquel esfuerzo inicial ha florecido de esta manera es la mayor recompensa a los desafíos que marcaron el comienzo de todo.

La consolidación y el crecimiento de este modelo han alcanzado tal envergadura que la agenda institucional del Ayuntamiento se ha visto completamente reconfigurada. En la actualidad, tanto Cristina Iglesias como Vicente Granado trabajan codo con codo junto a la actual alcaldesa, Agustina Fernández, formando un equipo de anfitriones que personifica la continuidad, el relevo y el compromiso institucional del municipio. La expectación que genera su modelo de gestión es tan alta que, prácticamente todos los meses, este equipo se encarga de recibir a comitivas venidas de todos los puntos de la geografía española, coordinando agendas para dar respuesta a una demanda de información que no para de crecer.

Estas visitas abarcan un amplio espectro de la sociedad y la política nacional. Por un lado, alcaldes y alcaldesas de otras localidades de España recorreren el municipio buscando soluciones sostenibles y eficaces aplicables a sus propios territorios, especialmente aquellos que luchan contra la despoblación. Por otro lado, portavoces de diversas asociaciones sectoriales se suman a estos encuentros, atraídos por las sinergias público-privadas y la innovación social que el proyecto ha sabido estructurar de manera pionera. El nexo común entre todos los que viajan hasta la localidad es un diagnóstico idéntico: coinciden en que lo que se ha construido aquí es el verdadero camino a seguir para asegurar el porvenir de sus propias regiones, estudiando sobre el terreno un modelo que ya consideran la hoja de ruta del siglo XXI para garantizar el desarrollo sostenible de sus pueblos y mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos y vecinas.

Mejores números

Y gracias a estas personas y otras más, los resultados son más que visibles. Más de sesenta personas han sido atendidas en los distintos servicios, se han creado trece empleos directos en un municipio con escasa población activa y, tras años sin registrar nacimientos, han vuelto a nacer criaturas en el pueblo. La soledad no deseada se ha reducido y la calidad de vida general ha mejorado. En un territorio marcado por la despoblación, Pescueza ha invertido la lógica: reforzar los cuidados como infraestructura básica, no solo como política social, sino como política de territorio.

Y luego están los nombres realmente importantes, los de las protagonistas de esta historia. Herminia Sansón, a sus 87 años, es el alma y la voz del centro de día de Pescueza, convirtiéndose de forma natural en la encargada de atender a los medios de comunicación y responder con soltura a todo lo que le preguntan. Aunque es totalmente independiente, se levanta sola a las siete de la mañana y no necesita cuidados especiales, decidió acudir al centro porque a lo único que le teme es a la soledad, una realidad que aprendió a sobrellevar tras quedar viuda hace 24 años y sufrir la dolorosa pérdida de un hijo. Su casa está en la misma calle del centro, lo que le permite ir y venir a su antojo para disfrutar de actividades como el bingo o la lectura, una de sus grandes pasiones que practica con devoción y sin necesidad de gafas. Herminia, que vivió durante décadas en Barcelona trabajando duro en la limpieza de colegios, despachos y peluquerías, mantiene allí a su única hija; sin embargo, ha encontrado en sus vecinas y en el centro de día a su otra familia. Su vitalidad es tan desbordante que cada fin de semana se va sola a pescar durante un par de horas, aguantando de pie como nadie y regresando al pueblo para repartir peces entre todos, demostrando que la edad es solo un número cuando se tienen ganas de vivir y compartir.

Mientras Herminia es entrevistada, Julián, que no suelta la mano de su pareja Agustina, se ríe y asegura que nunca ha visto a nadie aguantar tanto tiempo de pie como ella. Aun así, él también quiere presumir de su buen estado de forma, recordando que cada día coge su coche para desplazarse y hacer recados. Tiene 94 años y su mujer 96. Casi toda su vida la pasaron en el País Vasco, pero decidieron volver a su pueblo tras jubilarse porque, como dice Julián, la tierra es la tierra. Agustina no tiene ganas de hablar pero la mano suave y arrugada de Julián, le guía por la vida.

Ausencia de marco legal

Sin embargo, no todo es idílico y el proyecto se mueve siempre en un terreno incierto. La falta de un marco legal que reconozca figuras como la del 'pueblo-residencia' obliga a esta iniciativa a competir en desigualdad con el modelo tradicional de residencias geriátricas. En España, el sistema de dependencia se sigue articulado en torno a prestaciones económicas y plazas residenciales, con escaso desarrollo de alternativas comunitarias en entornos rurales. La sostenibilidad del modelo pasa por adaptar la normativa y garantizar una financiación estable que no penalice la innovación social en el medio rural. Desde el municipio se denuncia la falta de un respaldo institucional global y permanente, lo que dificulta consolidar y ampliar el sistema que tiene más que demostrado su éxito.

El futuro del proyecto también depende de implicar a las generaciones intermedias —especialmente entre los 35 y los 65 años— y de consolidar una red profesional formada en este enfoque holístico humanista. Pescueza no está sola: municipios como Romangordo, en la misma provincia cacereña o Boltaña en Huesca, son algunos de los ejemplos que han comenzado a explorar modelos similares en un país que envejece y se vacían sus pueblos. Mientras tanto, Pescueza continúa desarrollando su propuesta, vinculando cuidados, empleo y vida comunitaria. El Festivalino, considerado el festival musical más pequeño del mundo y que ha celebrado su XIX edición en abril, forma parte también de esa estrategia: cultura, cuidados y territorio como herramientas contra el abandono.

Enmienda a la totalidad

Lo que está en juego en Pescueza va más allá de un modelo asistencial. Es una enmienda a la totalidad a la forma en que se han organizado los cuidados en España durante décadas. Frente a un sistema que ha tendido a externalizar la vejez, trasladándola a residencias, muchas de ellas en manos de grandes operadores, este lugar en el mundo plantea que envejecer en casa no es un privilegio, sino un derecho que debe ser garantizado desde lo público y desde lo cercano. La experiencia interpela directamente a las políticas públicas: ¿deben los cuidados organizarse en torno al mercado o en torno a la comunidad?; ¿es más eficiente concentrar o redistribuir?; ¿qué papel deben jugar los pequeños municipios en la arquitectura del Estado del bienestar?

En Pescueza, la respuesta ya está en marcha. No se trata solo de evitar que la gente se marche, sino de construir condiciones para que quedarse sea posible. En un país que envejece y se vacía, cuidar pasa necesariamente por atender pero también por decidir qué modelo de sociedad queremos desarrollar y sostener. Y aquí, en este rincón de Cáceres, esa decisión ha tomado forma de calles y casas adaptadas, puertas abiertas y vidas que continúan donde nacieron: En este último hogar a cielo abierto. Con la dignidad, respeto y cariño que se merecen todas y cada una de las personas que habitan esta tierra.

La mayor esperanza de vida habla de cómo las personas mayores viven más, pero también de cómo “menos niños y menos jóvenes mueren”. “En el tema del envejecimiento hemos asumido muchos marcos como ciertos y, no es que sean absolutamente falsos, pero no cuentan toda la verdad”, advierte Irene Lebrusán (Madrid, 1984), doctora en Sociología, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora en el CENIE. En medio de la escalada de los discursos de enfrentamiento intergeneracional, la especialista llama la atención también sobre las “trampas” en algunos debates, como aquellos que solo ponen en la diana el gasto en pensiones, pero ignoran o invisibilizan otras muchas realidades, como por ejemplo lo que aportan las personas mayores —principalmente las mujeres— en cuidados no remunerados.

Lebrusán, que fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard y ha centrado gran parte de su carrera en estudiar el envejecimiento y la vivienda, responde en esta entrevista con elDiario.es sobre algunos de los debates más recurrentes acerca de los retos económicos de una población más envejecida. Como el aumento de gasto —sobre todo en pensiones, pero también en dependencia y cuidados— y la sostenibilidad de esta situación con una pirámide poblacional con menos jóvenes.

España está ante “el mayor logro que puede conseguir cualquier sociedad”, destaca la investigadora, como uno de los países del mundo con más esperanza de vida al nacer, de 84 años, solo por detrás de Suiza y Japón, según la OCDE. “Y en un contexto en el que deberíamos estar muy orgullosos y dando palmas, porque sobreviven más personas a todas las edades, porque incluso personas con enfermedades tienen mayor calidad de vida y viven más años, lo que se destaca siempre es lo negativo. Para mí la pregunta es cómo puede ser que en ese marco estemos únicamente pensando en cuestiones tan negativas y con números que muchas veces son falsos”, añade. O, como poco, tramposos.

Por ejemplo, Irene Lebrusán destaca cómo habitualmente hay voces que reclaman la necesidad de aplicar reformas de pensiones, como si no se estuvieran ya aplicando multitud de cambios en las últimas décadas. “La edad legal de jubilación ya no es 65 años en general, avanza hasta los 67 años. Ya está aumentando”, recuerda.

Cuando se habla de lo “altas” que son las pensiones y lo “bajos” que son los salarios, se suele poner el foco en la insostenibilidad de las primeras respecto a los segundos. Lebrusán pide mirar también en la otra dirección: “¿De quién depende que los salarios sean muy bajos? Ese planteamiento no lo veo nunca. O sea, se está culpabilizando al Estado de algo que no tiene que ver con él”.

La socióloga también advierte que se suele abogar por que las personas mayores alarguen sus carreras laborales, “que se trabaje durante más años”, pero no se analiza qué condiciones laborales tienen las empresas para este colectivo. Ni tampoco se cuestiona a las empresas —muchas de ellas multinacionales— que despiden de manera masiva a trabajadores de edades avanzadas, expulsándoles al paro en un momento en el que es muy complejo que vuelvan a reengancharse al mercado laboral.

“A mí me parece bien que se prepare el clima laboral, es decir, que las empresas se adecúen a la permanencia de personas de más edad en el mercado de trabajo, de tal manera que esas personas que lo deseen puedan trabajar en mejores condiciones”, subraya Lebrusán. En cualquier caso, hay personas y trabajos que no pueden extender sus carreras laborales, por su penosidad o su estado de salud, recuerda la investigadora.

“Ojo, que las personas mayores cuidan”

La investigadora destaca otra cara de la moneda que es mucho menos destacada en los medios y debates públicos: lo que aportan las personas mayores. “Muchas veces se plantea el debate solo en términos de gasto, pero no en términos de cuál es la aportación de las personas mayores en edad de jubilación”, subraya Lebrusán.

“Se dice siempre: a las personas mayores hay que cuidarlas. Ojo, las personas mayores cuidan”, destaca la socióloga, que subraya el gran peso de cuidados familiares que recae en las personas de más de 65 años, “sobre todo en las mujeres”, que cuidan tanto de personas aún más mayores (por encima de los 80 años) como de bebés y otros menores. “¿Cuál sería el coste de esas personas mayores, mujeres, que están realizando esa labor de cuidados?”, llama la atención Lebrusán.

¿Cuál sería el coste de esas personas mayores, mujeres, que están realizando esa labor de cuidados?

Esta semana, el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) ha presentado precisamente un informe —El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España— que mide esta realidad y que estima que el cuidado informal equivale a unos 3,2 millones de empleos a tiempo completo y, en los últimos 20 años, las horas dedicadas se han multiplicado por 2,5. “Ponerlo en valor significa reconocer un volumen cercano al 4% del PIB”, destacó en la presentación del estudio el economista Jorgé Uxó, uno de sus directores, junto a Nacho Álvarez, profesor en la Universidad Complutense y ex secretario de Estado de Derechos Sociales.

Los cuidados en manos de estas mujeres mayores, no remunerados y a menudo invisibilizados, son un elemento indispensable para “esa supervivencia de la sociedad y para que sigamos teniendo nuevos efectivos que entren en el mercado laboral”.

Así que Lebrusán lanza una pregunta al debate público: “¿Cuánto contribuyen las personas mayores a la conciliación laboral y familiar que permiten no solo que las familias sobrevivan, sino que las propias empresas continúen con sus horarios, que no se adecuan a las necesidades sociales generales? Esto tampoco lo hemos contabilizado”.

Y no solo es una cuestión de cuidados. Reconociendo la jubilación y los cuidados como un derecho de las personas mayores, estos también generan actividad y riqueza, en su condición de consumidores, pero también como usuarios de un sistema que crea empleos en la economía. El mencionado estudio del CENIE estima que por cada euro público invertido en el sistema de dependencia en 2023, se generó 1,6 euros a la economía española. Además, calcula una recaudación a las arcas públicas de casi la mitad (49 céntimos) en impuestos y cotizaciones sociales.

Los prejuicios sobre productividad y el autoedadismo

Por otro lado, las personas mayores están trabajando cada vez más años, como muestra la edad efectiva de acceso a la jubilación, en aumento en los últimos años (65,2 años en abril cuando en 2019 era de 64,4 años).

“Otra de las trampas es que se asume que las personas mayores son menos productivas. Error”, sostiene la investigadora, que cita un estudio para el CENIE de la Universidad de Salamanca y de Oxford Economics que constató la mayor productividad y resiliencia de las empresas que conservaron a su personal sénior en la pasada crisis financiera. “La cuestión es que se asumen muchos prejuicios sin ponerles datos en realidad, ni números”, subraya Lebrusán.

“Si no cambiamos esas ideas, acabamos cayendo también en autoedadismo. Es decir, nos saboteamos, nos acabamos limitando a nosotros mismos porque tendemos a asumir que no podemos hacer cosas con determinadas edades. Y, así, nos encontramos con las crisis de los 40, los 50... Esas ideas de: como tengo 50 años ya no puedo, por ejemplo, ponerme a estudiar piano. Bueno, pues a lo mejor no acabas siendo un pianista profesional, pero quién dice que no puedes ponerte a estudiar piano a los 50 años”, explica la socióloga. “Ese autoedadismo nos impide desarrollar todo nuestro potencial”, remata.

En el ámbito de las empresas, también se interiorizan muchos prejuicios, que acaban penalizando a los trabajadores por su edad. Por ejemplo, cuando las compañías se centran en lo que los empleados más mayores no pueden hacer, en lugar de en aquello en lo que sobresalen gracias a su mayor experiencia, así como en la riqueza del intercambio y el trabajo conjunto con trabajadores más jóvenes. “Pero lo que hacemos es dividirnos más, alejarnos más y eso en realidad genera una pérdida, que también es una pérdida económica”, advierte Lebrusán.

La investigadora defiende analizar “la imagen completa” en los debates sobre el envejecimiento y las personas mayores, reconociendo además sus matices y desigualdades, y no “desplazar responsabilidades a grupos poblacionales que en realidad tienen que ver con el sistema económico”. Ese que establece qué salarios tenemos, a qué hora salimos del trabajo y la imposibilidad de asumir el coste de la vivienda. “Se plantean unos enfrentamientos que son falsos. Que el jubilado de tu barrio esté peor no significa que tú vayas a estar mejor. Esto no va de quitárselo a unos para dárselo a otros. No funciona así”, argumenta la socióloga.

Un gasto que es una inversión social, pero también económica. La Universidad de Salamanca, a través del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), ha presentado este lunes en Madrid el informe El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España, una investigación que calcula que el gasto en prestaciones de dependencia en 2023 generó 1,6 euros a la economía por cada euro público invertido. Además, casi la mitad del gasto retorna a las arcas públicas a través de cotizaciones e impuestos.

El trabajo ha sido dirigido por los economistas Nacho Álvarez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y exsecretario de Estado de Derechos Sociales, y Jorge Uxó (UCM), que han participado este lunes en la presentación de los resultados en el Círculo de Bellas Artes de la capital, que ha cerrado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

En un amplio análisis sobre el sistema de dependencia y de cuidados de larga duración en España, los autores se detienen en distintas variantes de esta política social. Desde un punto de vista económico, por un lado estiman el impacto económico de esta inversión pública y, por otro, también calculan cuál el coste de los cuidados informales que abundan en España y que recaen sobre todo en mujeres que se encargan de cuidar a familiares en situación de dependencia.

Juan Martín, director de CENIE, advirtió este lunes de que, “cuando una sociedad no financia, ordena y reconoce el cuidado, no elimina el coste: simplemente lo desplaza, una factura que hoy recae especialmente sobre las familias, las mujeres, las personas en situación de dependencia y quienes cuidan en condiciones de precariedad”. Así, las políticas públicas de dependencia también inciden en otra variable económica clave: la reducción de la desigualdad.

Retorno económico del gasto en dependencia

El estudio analiza qué capacidad tiene la inversión pública en dependencia para generar bienestar, actividad, empleo e ingresos públicos. Los investigadores sitúan en 2023 un gasto inicial de 10.623 millones de euros en prestaciones de dependencia, que calculan que generó un impacto total de 17.260 millones de euros sobre el PIB, lo que implica un multiplicador económico cercano a 1,6.

Este resultado confirma que “la inversión en cuidados de larga duración tiene una capacidad significativa para estimular la actividad económica más allá del propio sector sociosanitario”, recoge el estudio.

“Sectores como el comercio, la hostelería, la construcción, la industria manufacturera, la energía o las actividades profesionales experimentan incrementos significativos de producción como consecuencia del gasto en cuidados”, añade la investigación.

El estudio mide tanto efectos directos, como indirectos y el “efecto inducido”, “ya que estos aumentos directos e indirectos de la producción generan rentas adicionales (los salarios correspondientes a los empleos necesarios para obtenerla y los beneficios empresariales) que, al gastarse, volverán a incrementar la demanda. Esto acarrea nuevos aumentos del empleo y de la producción”, recoge el informe.

Además, los autores subrayan que una “parte sustantiva del gasto retorna a las administraciones públicas a través de impuestos y cotizaciones vinculadas a la actividad y al empleo creados, reduciendo el esfuerzo fiscal neto”. En concreto, por cada euro público gastado en cuidados de larga duración, las administraciones ingresan de vuelta “49 céntimos”, cifran.

“España ha construido su Estado del Bienestar sobre tres patas (sanidad, educación y pensiones), pero la cuarta pata, los cuidados de larga duración, no ha avanzado al mismo ritmo”, ha afirmado Nacho Álvarez, que ha destacado que “renovar el Estado del Bienestar pasa por hacer efectivo el derecho al cuidado como un derecho exigible, en la realidad de las prestaciones y los servicios”.

El ministro Bustinduy ha destacado que “la mejor manera de reforzar la democracia es a través de la expansión del sistema de protección social y la construcción de un sistema público universal de cuidados que responda, en la práctica, a las necesidades y a los deseos de la ciudadanía”.

El coste invisible de los cuidados informales

Por otro lado, el estudio también dedica un capítulo a estimar el coste de los cuidados informales en materia de dependencia, muy extendidos ante la insuficiencia del sistema público y que recae principalmente en las mujeres, lo que supone un foco muy importante de desigualdad social y económica. Las cuidadoras a menudo se ven expulsadas del mercado laboral o reducen sus jornadas para atender estos cuidados, que penalizan sus ingresos y su protección social a futuro, como las pensiones de jubilación.

El profesor Jorge Uxó ha explicado que “el cuidado informal equivale a unos 3,2 millones de empleos a tiempo completo y, en los últimos 20 años, las horas dedicadas se han multiplicado por 2,5. Ponerlo en valor significa reconocer un volumen cercano al 4% del PIB”.

El informe realiza una estimación macroeconómica de este valor de los cuidados informales de larga duración, que sitúan “entre el 3,6 – 4,7% del PIB según el método de coste de reemplazo”. “Esta estimación pone de manifiesto la notable dimensión económica de un trabajo que permanece mayoritariamente invisible en las cuentas nacionales. Además, esta evidencia refuerza la idea de que expandir el sistema formal no solo protege derechos, sino que reduce costes sociales invisibilizados y redistribuye de manera más equitativa las cargas del cuidado”, recoge el estudio.

Sin restar valor a la reivindicación del cuidado como un derecho social, “vinculado a la dignidad, la autonomía y la ciudadanía”, el documento llama también a poner el acento en su “dimensión económica de primer orden”.

“Esta doble perspectiva resulta imprescindible. El cuidado no es solo una obligación moral ni únicamente una política social; es también una actividad generadora de empleo, renta, retorno fiscal, cohesión territorial y bienestar colectivo. Invisibilizar su valor económico ha sido uno de los grandes errores de los enfoques tradicionales. Ponerlo en el centro permite comprender mejor la verdadera estructura de nuestras economías”, destaca el informe, en el que también participan como autores Fernando Bermejo, Raúl del Pozo y Pablo Moya, de la Universidad de Castilla-La Mancha; Ricardo Molero y Laura Pérez Ortiz, de la Universidad Autónoma de Madrid; Paloma Villanueva, de la Universidad Complutense de Madrid; y Elia Gómez, de SIIS Centro de Documentación y Estudios, Fundación Eguía Careaga.

El Tribunal Supremo ha confirmado que el permiso por causa de “fuerza mayor” por motivos familiares urgentes, en caso de enfermedad o accidente, debe ser retribuido por las horas de ausencia equivalentes a cuatro días de trabajo al año aunque no lo recoja el convenio colectivo.

La sentencia de la Sala de lo Social del alto tribunal, fechada el pasado 17 de abril, confirma una sentencia previa de la Audiencia Nacional y rechaza el recurso de casación presentado por la empresa Unísono, que interpretaba que la retribución del permiso no era obligatoria, sino que dependía de lo pactado en el convenio colectivo.

Por su negativa a retribuir estos días de ausencia por causa mayor, los sindicatos USO, CIG y CGT iniciaron un conflicto colectivo, al que se adhirieron CCOO, UGT, TUSI y CSIF.

El artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores recoge literalmente que “la persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata”.

Además, añade: “Las personas trabajadoras tendrán derecho a que sean retribuidas las horas de ausencia por las causas previstas en el presente apartado equivalentes a cuatro días al año, conforme a lo establecido en convenio colectivo o, en su defecto, en acuerdo entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras aportando las personas trabajadoras, en su caso, acreditación del motivo de ausencia”.

El Ministerio Fiscal consideró que debía estimarse el recurso de la empresa, “porque la correcta interpretación del precepto legal en litigio debe ser la de entender que únicamente es retribuido el permiso cuando así lo establezca de forma expresa un convenio o acuerdo colectivo”.

Hay que pagarlo porque obliga la ley

Así, el conflicto en cuestión se ceñía a si el permiso que contempla el Estatuto de los Trabajadores por fuerza mayor para atender a familiares y convivientes debe ser retribuido de forma general o sólo cuando así se pacten en convenio.

Como ya concluyó la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo concluye que el permiso debe ser retribuido por “imperativo legal”, sin que sea necesario para ello que así lo establezca “de forma expresa el convenio colectivo” o acuerdo de empresa aplicable.

El Supremo reconoce y afea la “defectuosa redacción” del precepto legal, que entiende que puede dar lugar a varias posturas como las que se enfrentan en este conflicto colectivo, pero interpreta que la interpretación correcta es que el permiso sea retribuido.

“La confusa redacción literal del artículo hace que su interpretación teleológica resulte ser el elemento más determinante para llegar a su correcta interpretación, conforme a la finalidad y espíritu del precepto, de acuerdo con la voluntad del legislador y teniendo en consideración el contexto y los antecedentes en los que ha sido dictado, así como la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicado”, recoge la sentencia.

Así, los magistrados sostienen que en la exposición de motivos de la ley en la que se aprobó este permiso, el legislador recogió su intención de transponer con el permiso la Directiva de 2019 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, así como la previsión “como retribuidas las horas equivalentes a cuatro días al año, sin perjuicio de lo que al respecto pudieran establecer los convenios colectivos”.

“Con lo que ha querido dejar claro que el permiso comprende en todo caso un mínimo legal de horas retribuidas equivalentes a cuatro días al año, a salvo de lo que pueda pactarse en convenios o acuerdos colectivos”, concluyen los magistrados.

Desde USO han celebrado “esta victoria que garantiza derechos reales de conciliación y refuerza la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Y, sobre todo, consolida que cuidar de tu familia en momentos urgentes no puede costarte dinero de tu nómina”, ha celebrado el sindicato.

Qué puede decidir la negociación colectiva

Concluido ese mínimo legal de cuatro días de retribución, los magistrados indican que se añade la mención a “conforme a lo establecido en convenio colectivo o, en su defecto, en acuerdo entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras...”.

“En expresión subordinada que no puede sino interpretarse como un medio para dejar abierta la posibilidad de que, bajo esa inicial premisa de derecho necesario, los acuerdos colectivos puedan precisar otros aspectos distintos relativos al modo, manera, contenido y alcance de esa retribución”, indican sobre lo que sería susceptible de discutirse en la negociación colectiva.

La sentencia destaca el contexto de en una sociedad como la actual, “en la que es notorio e indiscutible que el colectivo de mujeres trabajadoras sigue siendo el que tradicionalmente asume en mayor medida los cuidados y atención de familiares”.

En este marco, no cabe “ninguna duda que la anunciada finalidad de la norma conduce a su interpretación conforme” al pago de los cuatro días de permiso “en favor de promover y no desincentivar la utilización de este tipo de permisos como mecanismo para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras, con una mayor implicación de los hombres en la asunción de responsabilidades familiares que mayoritariamente descansan sobre las mujeres”, recoge el fallo.

¿Nos exigimos demasiado en el trabajo, nos exigen mucho o todo a la vez? ¿Qué hay del cuidado en el ámbito laboral y del autocuidado? ¿No hay un derecho que lo defienda? ¿Cómo puede organizarse y defenderse? ¿Y qué hay de los derechos de las personas, principalmente mujeres, que se dedican a los cuidados? ¿Ayuda el teletrabajo a la conciliación? ¿Hablamos de salud laboral o es un concepto mucho más amplio? ¿Qué es el 'cuidatoriado'?

Son algunos de los interrogantes que siguen presentes en la sociedad contemporánea y a los que, con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, hemos querido buscar respuestas. Las hemos encontrado con motivo del seminario científico 'El derecho humano al cuidado y la reorganización jurídica del trabajo', organizado recientemente en la Facultad de Derecho de Albacete.

Esta iniciativa la ha dirigido María José Romero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), con más de 20 años de experiencia jurisdiccional como magistrada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma.

La profesora también es patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad y miembro fundadora de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha. En la actualidad es directora del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, desde donde impulsa numerosos proyectos de investigación, docencia de grado y posgrado y gran número de actividades de transferencia e intercambio de conocimiento.

Su trayectoria combina la práctica judicial, la gestión universitaria y la reflexión científica crítica sobre la reorganización jurídica del trabajo en el marco del Estado social y democrático de Derecho.

¿Cómo definiría el derecho humano al cuidado en el ámbito laboral?

El derecho humano al cuidado, en el trabajo, es el derecho de todas las personas a recibir y a prestar cuidados en condiciones dignas, sin discriminación y sin que ello suponga pérdida de derechos laborales ni de protección social. Lógicamente supone reconocer jurídicamente algo que la sociología feminista lleva décadas demostrando: que el cuidado es una necesidad humana universal y una forma de trabajo, remunerado o no, que sostiene la vida y la economía.

¿Cuál es su nivel de reconocimiento?

La Opinión Consultiva 31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene como principal objetivo aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados en el sistema interamericano, ha dado un paso histórico al reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo e interdependiente de otros derechos, entre ellos el derecho al trabajo, a la igualdad y a la salud.

Esto obliga a repensar el Derecho del Trabajo desde una perspectiva de género y de ciclo de vida: no solo proteger a la persona trabajadora asalariada estándar, sino también al ‘cuidatoriado’, un término acuñado por la investigadora María Ángeles Durán como nueva clase social emergente formada mayoritariamente por mujeres que asumen la carga de cuidados, muchas veces sin derechos y sin garantizar su dignidad.

¿Hablamos de salud laboral o es un concepto mucho más amplio?

Hablar del derecho humano al cuidado en el trabajo es ir bastante más allá de la salud laboral en sentido clásico. El cuidado configura un campo normativo más amplio porque articula dimensiones físicas, psíquicas, emocionales, relacionales y de organización social del tiempo, tal y como subraya la reciente construcción del derecho al cuidado como derecho autónomo. No se trata solo de evitar daños en el puesto de trabajo, sino de garantizar condiciones materiales y temporales que permitan cuidar y cuidarse a lo largo de todo el ciclo vital sin que ello suponga sacrificar la autonomía económica ni renunciar al propio proyecto profesional, algo que afecta especialmente a las mujeres.

¿Cómo se pueden enfocar los cuidados desde el Derecho del Trabajo?

Desde el ámbito del Derecho del Trabajo, el enfoque de los cuidados cuestiona la arquitectura misma del modelo laboral hegemónico: la centralidad de la jornada rígida, los tiempos de desplazamiento, la disponibilidad permanente exigida, los modos de ejercicio del poder empresarial y, sobre todo, la persistente distribución sexual del trabajo.

Por eso, en el ámbito académico hablamos de 'sociedades del cuidado' como horizonte de transformación: no basta con perfeccionar la prevención de riesgos laborales, es precisa una reordenación profunda de las instituciones -Estado, mercado, familias- para situar la sostenibilidad de la vida en el centro de la organización económica y jurídica. Solo así el cuidado dejará de ser un 'asunto privado' resuelto a costa del tiempo y la salud de las mujeres y pasará a ser un eje estructural del Estado social y democrático de Derecho.

Todavía estamos lejos de una noción densa de derecho al cuidado. La prevención de riesgos es un pilar irrenunciable, pero su lógica se orienta a la gestión del riesgo y no a la corresponsabilidad social en la organización del tiempo

¿Existe hoy en empresas y administraciones una noción clara del cuidado en el trabajo? ¿La prevención de riesgos laborales lo cubre?

En el contexto español, mi impresión es que la mayoría de empresas y administraciones siguen operando con una cultura jurídica de la salud laboral muy condicionada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, centrada en evitar daños y cumplir estándares mínimos de seguridad y salud, pero todavía lejos de una noción densa de derecho al cuidado. La prevención de riesgos es un pilar irrenunciable, pero su lógica se orienta a la gestión del riesgo y no a la corresponsabilidad social en la organización del tiempo, la distribución de cargas de trabajo o la compatibilización real entre empleo y responsabilidades de cuidado, que siguen recayendo de forma desproporcionada en las mujeres.

¿Cuál es el reto entonces en este ámbito?

Desde una perspectiva de justicia social, el desafío es que el derecho al cuidado, tal y como lo formula la Opinión Consultiva 31/25 de la Corte Interamericana como derecho autónomo -aunque no formalmente vinculante en nuestro ordenamiento-, impregne el Derecho del Trabajo español y complemente la arquitectura preventiva tradicional.

Eso exige ir más allá de la lógica reparadora del daño e incorporar, mediante ley y negociación colectiva, medidas estructurales: licencias parentales verdaderamente corresponsables, reducción de jornadas excesivas, límites efectivos a la disponibilidad permanente, servicios de cuidados accesibles vinculados a los centros de trabajo y sistemas integrales de cuidados que articulen empleo, Seguridad Social y servicios públicos.

Igual que en su día integramos la salud laboral o la igualdad de género en la normativa y en la negociación colectiva, ahora el cuidado debe convertirse en un eje ordenador del sistema laboral, no en un asunto “privado” que las personas -y en especial el 'cuidatoriado femenino- resuelven a costa de su propio proyecto vital.

¿Cuáles son las principales trabas para que exista tan poca 'protección' frente al derecho al cuidado?

Desde una mirada jurídica y feminista, lo tengo claro, las resistencias son estructurales. La primera es la persistencia de un orden patriarcal que sigue asignando los cuidados a las mujeres como obligación “natural”, privada y moralmente incondicionada, lo que dificulta reconocerlos como derecho justiciable y como responsabilidad social distribuida entre Estado, mercado y familia. La investigación empírica muestra que esta feminización de los cuidados, además, se agrava en el caso de mujeres migrantes y de clases populares, que concentran la sobrecarga y sufren un impacto directo en su salud, sus trayectorias laborales y su seguridad económica.

La segunda traba es el marcado sesgo androcéntrico del propio Derecho del Trabajo, históricamente construido en torno a la figura del trabajador varón, blanco, heterosexual, sin discapacidad, a tiempo completo y “libre” de responsabilidades de cuidado, es decir, el modelo clásico del breadwinner que la literatura feminista ha descrito reiteradamente.

Todo lo que se aparta de ese patrón -mujeres, personas con responsabilidades familiares, trabajadoras a tiempo parcial, cuidadoras remuneradas y no remuneradas, personas LGTBIQ+- se regula como anomalía, coste adicional o 'problema de conciliación', en lugar de tomarse como punto de partida para diseñar derechos. Este diseño institucional profundamente androcéntrico deja sistemáticamente fuera del foco a esa clase social compuesta mayoritariamente por mujeres que sostiene el bienestar colectivo y la reproducción social sin un correlato simétrico de derechos laborales, de Seguridad Social ni de poder de negociación en los espacios donde se decide la organización del trabajo.

En tercer lugar, persiste una profunda invisibilidad económica del cuidado: sigue tratándose como “no trabajo” o como gasto improductivo, a pesar de que las estimaciones disponibles muestran que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado podría equivaler en España a alrededor del 40% del PIB si se valorara a precios de mercado. Estudios de uso del tiempo revelan, además, que las mujeres dedican en promedio el doble de horas diarias que los hombres a tareas domésticas y de cuidado -en torno a cinco horas frente a dos-, lo que se traduce en millones de horas de trabajo no pagado que sostienen el funcionamiento de los mercados laborales y la viabilidad de los sistemas de protección social.

Ese volumen de trabajo ha sido invisibilizado, entonces.

La investigadora María Ángeles Durán ha mostrado en sus estudios que ese volumen de trabajo equivale a decenas de millones de empleos a tiempo completo y constituye una auténtica “riqueza invisible” que no se incorpora a las cuentas nacionales ni al debate fiscal, pese a su enorme impacto macroeconómico. Esta omisión contable tiene consecuencias políticas muy claras: permite descargar el coste del sostenimiento de la vida sobre los hogares y, dentro de ellos, sobre las mujeres, sin reconocimiento jurídico pleno, sin corresponsabilidad presupuestaria y sin un debate democrático sobre quién debe financiar ese trabajo indispensable.

Hay vacíos de protección, solapamientos ineficientes y, sobre todo, una gran dificultad para convertir el derecho al cuidado en un eje vertebrador de las políticas públicas

Por último, la fragmentación institucional actúa como un freno poderoso: las políticas de familia, dependencia, igualdad, empleo o servicios sociales se diseñan y ejecutan en compartimentos estancos, sin un verdadero enfoque de sistema de cuidados que dialogue con la regulación laboral. Desde mi punto de vista, ello genera vacíos de protección, solapamientos ineficientes y, sobre todo, una gran dificultad para convertir el derecho al cuidado en un eje vertebrador de las políticas públicas, en lugar de mantenerlo como un asunto residual confiado a la buena voluntad de las familias y, en particular, de las mujeres.

¿Qué papel pueden o deben cumplir las administraciones?

Las administraciones públicas no son meros actores de acompañamiento, sino los garantes jurídicos del derecho al cuidado. Es decir, el cuidado no puede quedar en la esfera de la 'buena voluntad' familiar, sino que debe convertirse en un eje de la acción de gobierno, al mismo nivel que la sanidad, la educación o las pensiones.

Su papel se despliega en, al menos, tres grandes frentes. En primer lugar, el diseño y la financiación de sistemas integrales de cuidados, con servicios públicos suficientes, accesibles y de calidad para infancia, personas con discapacidad y situaciones de dependencia, concebidos como pilar de la protección social y como palanca de igualdad de género.

En segundo lugar, la reforma del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social como se viene haciendo para reconocer jurídicamente los tiempos de cuidado, las familias monoparentales, garantizar licencias parentales corresponsables y proteger las carreras profesionales de quienes cuidan, evitando que el ejercicio de este derecho se traduzca en penalizaciones salariales o de protección social.

Y en tercer lugar, las administraciones deben utilizar todo el potencial transformador del empleo público y de la contratación pública, incorporando cláusulas de cuidados, de igualdad y de diligencia debida en derechos humanos que obliguen a las empresas proveedoras a no reproducir la precarización del trabajo de cuidados especialmente femenino y migrante, a lo largo de las cadenas de suministro. Esa combinación de regulación, inversión y ejemplaridad institucional es la que puede convertir el derecho al cuidado en un principio estructural del modelo socioeconómico, y no en un mero discurso retórico.

Me hablaba antes de las 'sociedades del cuidado' ¿Cómo pueden constituirse y defenderse?

Cuando hablamos de 'sociedades del cuidado' pensamos en un modelo en el que cuidar y ser cuidado se reconoce como necesidad social, como derecho y como trabajo con relevancia jurídica, también en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Supone organizar la economía y las relaciones laborales a partir de la sostenibilidad de la vida y no al revés: tiempos de trabajo compatibles con el cuidado, protección social para quienes cuidan y una redistribución real de responsabilidades entre instituciones, empresas y hogares.

¿Qué significan esas sociedades en el ámbito laboral?

Desde una perspectiva científica, construir sociedades del cuidado significa, en el plano laboral, avanzar hacia convenios y normas como las contenidas en nuestro vigente Estatuto de los Trabajadores que reconocen derechos efectivos de tiempo (reducciones y adaptaciones de jornada, excedencias, teletrabajo regulado) sin convertirlos en un peaje exclusivo de las mujeres, y que garanticen condiciones dignas para quienes trabajan profesionalmente en los cuidados, incluidas las empleadas de hogar y las cuidadoras a domicilio.

En el plano de la Seguridad Social, su defensa, implica que los periodos dedicados al cuidado -también los no profesionales- computen como tiempo de trabajo a efectos de pensiones y prestaciones, siguiendo la línea de los convenios especiales para personas cuidadoras de personas en situación de dependencia.

La conciliación juega aquí un papel fundamental. ¿Hemos avanzado respecto a otros países europeos?

En el plano normativo, España ha dado pasos importantes, sobre todo a raíz de la Directiva Europea que fija requisitos mínimos en permisos de paternidad, parentales y para cuidadores, así como en fórmulas de trabajo flexible para progenitores y personas cuidadoras. Su transposición a nuestro ordenamiento, fundamentalmente a través del Real Decreto‑Ley 5/2023, ha introducido nuevos permisos (como el de fuerza mayor por motivos familiares o el permiso parental) y ha reforzado el derecho a la adaptación de jornada, completando un proceso en el que ya se había producido la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas para cada progenitor desde 2021.

¿Cuál es el balance entonces, sobre todo desde el punto de vista feminista?

Desde una perspectiva feminista y comparada, sin embargo, el balance es ambivalente. En el lado positivo, España se sitúa en un grupo de países que han avanzado en permisos parentales igualitarios y en el reconocimiento formal del derecho a la conciliación, pero seguimos por detrás de los mejores estándares europeos en inversión en servicios públicos de cuidados, prestaciones universales por hijo a cargo y cultura empresarial corresponsable, ámbitos en los que los países nórdicos nos aventajan claramente.

Además, la experiencia demuestra que, si no se acompaña de servicios de cuidado suficientes y de cambios en la organización del trabajo, la conciliación sigue descansando sobre la 'doble jornada' de las mujeres: ellas son quienes más utilizan las reducciones y adaptaciones de jornada, asumiendo los costes en carrera profesional y pensiones, mientras el modelo masculino de disponibilidad casi ilimitada se mantiene prácticamente intacto.

¿En qué consiste esa reorganización jurídica del trabajo para conseguir el derecho al cuidado?

Cuando hablamos de reorganización jurídica del trabajo nos referimos a un cambio de paradigma: que el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social deje de estar construido alrededor del empleo asalariado estándar, masculino y sin cargas de cuidado, y tome como referencia sociedades donde la interdependencia y los cuidados son la norma, no la excepción. Esto obliga a seguir reordenando categorías clásicas -tiempos de trabajo y descanso, salarios, responsabilidades empresariales, cotizaciones y prestaciones- a partir del reconocimiento del cuidado como derecho, como condición para la igualdad sustantiva y como trabajo socialmente necesario que no puede seguir siendo invisible ni gratuito.

¿Eso implicaría reformas de gran calado?

En términos más concretos, esa reorganización implica dos líneas de reforma, entre otras. En primer lugar, una protección social que reconozca jurídicamente los periodos de cuidado no remunerado -mediante convenios especiales, cotizaciones a cargo del Estado o asimilaciones a alta- y las trayectorias laborales intermitentes que estos generan, tradicionalmente feminizadas, como ya ensaya el convenio especial para personas cuidadoras no profesionales de la dependencia.

Y, en segundo lugar, integrar plenamente en la órbita del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a quienes cuidan en condiciones precarias o informalizadas: empleo de hogar, cuidados a domicilio, cadenas de subcontratación y prestación de servicios externalizados, cerrando la brecha entre trabajo formal e informal mediante inclusión en el Régimen General, mejora de derechos y equiparación progresiva de condiciones.

Reorganizar jurídicamente el trabajo desde los cuidados es, en suma, una agenda profundamente de reconocimiento de derechos: desplaza el centro de gravedad del sistema, desde la lógica de la disponibilidad ilimitada para el mercado hacia la garantía colectiva de tiempo, ingresos y derechos para sostener la vida.

El problema del discurso dominante sobre el autocuidado es que, si se despolitiza, termina funcionando como un mandato individual, como un 'arréglate como puedas' frente a problemas que son estructurales

Se habla también mucho del “autocuidado”. ¿Cuáles serían las claves aquí?

El problema del discurso dominante sobre el autocuidado es que, si se despolitiza, termina funcionando como un mandato individual: “arréglate como puedas” frente a problemas que son estructurales, como la sobrecarga de trabajo, la precariedad o la violencia en los entornos laborales y de cuidados. El feminismo lleva tiempo recordando que “todo cuidado es político”: el autocuidado solo tiene sentido cuando se inscribe en redes comunitarias, organizaciones que limitan la explotación y políticas públicas que redistribuyen tiempos, recursos y responsabilidades.

Yo señalaría tres claves ligadas a mi rama científica. La primera es el derecho al tiempo: sin límites razonables de jornada, sin previsibilidad horaria y sin descansos efectivos, el autocuidado se convierte en un eslogan vacío. La segunda es el derecho a la salud mental, que exige reconocer los riesgos psicosociales derivados del estrés de cuidados y del trabajo emocional, especialmente en el caso de las trabajadoras de los cuidados, muchas de ellas mujeres migrantes, que según la evidencia disponible soportan cargas físicas y emocionales muy elevadas y una exposición mayor a violencia, acoso y fatiga crónica.

La tercera clave es el derecho a decir “no”: la posibilidad real de rechazar sobrecargas laborales o de cuidados sin miedo a perder el empleo, la protección social o el permiso de residencia forma parte del núcleo del derecho al cuidado digno y de cualquier política seria de prevención en salud mental. Para mí hablar de autocuidado, es por tanto hablar de derechos colectivos, de corresponsabilidad social en los cuidados y de reorganizar el trabajo para que cuidar y cuidarse no sea un privilegio, sino una condición básica de ciudadanía y de garantía del Estado Social y democrático de Derecho.

¿Qué papel cumple el teletrabajo en este ámbito?

Es una modalidad organizativa ambivalente: puede ser una herramienta para hacer efectivo el derecho al cuidado y la conciliación, pero también un vector de intensificación del trabajo, de ampliación de la jornada y de desplazamiento de costes empresariales al hogar si no se aplica adecuadamente. La normativa de trabajo a distancia insiste en su carácter voluntario, en la necesidad de acuerdo escrito, en la igualdad de derechos con el trabajo presencial y en la obligación de evitar la perpetuación de roles de género, previendo además que el teletrabajo se integre en los diagnósticos y planes de igualdad.

La doctrina iuslaboralista ha subrayado, sin embargo, que si el teletrabajo se usa como “solución de conciliación” dirigida de facto a las mujeres, corre el riesgo de reforzar la división sexual del trabajo y la llamada “doble presencia”: trabajar en remoto mientras se asumen simultáneamente tareas domésticas y de cuidado, con claros impactos en salud y carrera profesional. Diversos estudios sobre riesgos psicosociales muestran que esta doble presencia afecta especialmente a las trabajadoras, incrementando el estrés y las dificultades para desconectar, lo que exige integrar el teletrabajo en las evaluaciones de riesgos y en las políticas de prevención, con una mirada de género explícita.

¿Cómo evitar ese riesgo?

El papel del teletrabajo debería ser el de un instrumento al servicio de la corresponsabilidad y no un mecanismo encubierto de feminización de la conciliación. Esto implica que la negociación colectiva, los planes de igualdad y la legislación garanticen: tiempos protegidos y derecho efectivo a la desconexión, compensación de gastos, acceso igualitario a formación y promoción, y un uso no discriminatorio de esta modalidad por motivos de cuidado, de forma que trabajar a distancia no suponga lógicamente una penalización en términos de salario, estabilidad o carrera profesional. Solo así el teletrabajo podrá contribuir realmente al derecho al cuidado y no convertirse en una nueva capa de precariedad para las mujeres que cuidan.

Este año se van a cumplir 20 años de la aprobación de la Ley de Dependencia. Desde mi punto de vista, es la ley de protección social más importante de este siglo.

Hace dos décadas ya se veía que el número de personas en situación de dependencia se estaba incrementando como consecuencia del aumento del envejecimiento de la población. Este fenómeno demográfico no es una excepción en Castilla-La Mancha ni en España, porque afecta a la mayoría del mundo occidental. Aumenta el envejecimiento porque afortunadamente crece la esperanza de vida.

Hace un siglo se vivía de media unos 44 años y hoy la vida se ha alargado hasta los 84 años. Sin duda esto es un logro social, porque si se viven más años es porque se vive mejor. Sin embargo, las condiciones de vida y la propia medicina también han conseguido que la esperanza de vida en situación de dependencia y los años con mala salud también se estén alargando. Esto es un reto que plantea la necesidad cuidados y un incremento de recursos sociosanitarios.

Esta tendencia al envejecimiento va a continuar creciendo en los próximos años y de manera especial cuando la generación del ‘baby-boom’ llegue a los 85 años, esa edad en la que aparecen de manera más generalizada las situaciones de dependencia. Según las cifras del INE, hace 20 años había en Castilla-La Mancha 39.995 personas con 85 y más años, actualmente la cifra se ha incrementado en un 81,5%, llegando a principios de 2025 a las 72.618 personas y, según las proyecciones demográficas, este segmento de población actual se podría duplicar en los próximos 25 años.

Junto al incremento de la longevidad, se está produciendo una inversión de la pirámide de la población, originada también por la reducción de la natalidad que está planteando ya un problema de falta de personas que se dedican a los cuidados, aunque el problema tiene otros interrogantes y puede tomar una dimensión preocupante en las próximas décadas.

Deberíamos prestar mucha atención a estos datos demográficos, porque si hoy los servicios de atención a la dependencia y los servicios sanitarios están dedicando una parte importante de sus recursos a atender a estas personas, la tendencia es que en el futuro próximo la situación pueda desbordar la capacidad de estos sistemas si no hacemos actuaciones importantes para abordar esta situación.

Sin embargo, los problemas de la atención a la dependencia no se explican solo por el envejecimiento de la población, se suman otros cambios sociales importantes que afectan a los cuidados, como la reducción del número de miembros de las familias, los nuevos modelos familiares y los avances en igualdad, con el cambio en los roles sociales tradicionales en los que las mujeres se han encargado en solitario de asumir la mayor parte de la carga de los cuidados. Lo siguen haciendo todavía y ahora realizando con mucho esfuerzo la difícil conciliación con la vida laboral. Todo ello, ha producido también un debilitamiento de lo que se denominan los apoyos informales que, no obstante, seguirán siendo necesarios si realmente queremos afrontar las situaciones de soledad no deseada y el importante papel del acompañamiento emocional en los cuidados.

Los problemas de la atención a la dependencia no se explican solo por el envejecimiento de la población, se suman otros cambios sociales importantes que afectan a los cuidados, como la reducción del número de miembros de las familias, los nuevos modelos familiares y los avances en igualdad

Con la Ley de Dependencia, por cierto, aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se produce un gran cambio no solo en términos jurídicos y de protección social, sino que lo que se plantea es que la atención a las personas en situación de dependencia no es solo un problema que tienen que afrontar las propias familias, sino que mediante la generación de un derecho subjetivo (que pertenece a la persona y se puede reclamar), es una contingencia que obliga a los poderes públicos a garantizar su atención.

Durante este periodo de desarrollo de este sistema de protección a las personas en situación de dependencia podríamos hablar de luces y sombras. Se ha producido un incremento de personas beneficiarias de las prestaciones de dependencia (en Castilla-La Mancha se ha duplicado en número de personas en los últimos diez años, pasando de 36.796 en 2015 a 82.425 personas beneficiarias en 2025, con datos de diciembre).

Después de los recortes sociales realizados para afrontar equivocadamente la crisis económica de 2008, donde gravemente se redujo su financiación y el número de personas atendidas en el periodo 2011-2015, se ha incrementado la financiación y las prestaciones destinadas a la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia. Sin embargo, las diferencias entre comunidades autónomas, la ausencia de presupuestos generales del Estado y, sobre todo, la falta de un sistema de financiación, suficiente, estable y sostenible, siguen siendo las principales debilidades de este sistema de protección.

También necesita el sistema de protección mayor agilidad, menos burocracia y reducir los tiempos de espera que, junto con las dificultades para acceder a algunos centros y servicios, son las principales quejas que se vienen planteando por parte de la ciudadanía.

Es necesario mejorar la calidad y diversificar la oferta de prestaciones y servicios para adecuarla a las preferencias de las personas, ofrecer servicios domiciliarios y de proximidad para evitar el desarraigo y propiciar la importancia que tiene el entorno en los cuidados, así como garantizar una atención residencial adecuada cuando las situaciones de dependencia son muy complejas o se carece del soporte familiar y social necesario.

Aquí siempre hay que tener en cuenta las características de las personas y las propias realidades geográficas de cada territorio. En este sentido, en Castilla-La Mancha con una población rural muy dispersa, los servicios que atienden a las personas en situación de dependencia también se pueden considerar como motor de la actividad económica y generador de empleo en las zonas en riesgo de despoblación. Hay ya muchos municipios de pequeño y mediano tamaño donde la principal actividad en generación de empleo son los servicios sociales.

Puede parecer en cierto modo paradójico que la innovación y el mundo rural se puedan retroalimentar, pero el desarrollo tecnológico, la digitalización y la propia Inteligencia Artificial está siendo y lo podrán ser en mayor medida en el futuro, un recurso importante para favorecer la autonomía de las personas y permitirles la permanencia en su propio entorno. La accesibilidad, la domótica, los productos de apoyo, la robótica, la teleasistencia avanzada y la telemedicina, junto con los servicios domiciliarios y de proximidad, pueden ser una buena combinación para hacer frente a una parte importante de los retos que tenemos planteados en esta materia.

También es y será necesario apoyar a las familias cuidadoras que, en muchos casos, a pesar de las ayudas del sistema de la dependencia, son las que siguen soportando la mayor parte de la carga y la responsabilidad de los cuidados. Su aportación es muy importante en términos de acompañamiento afectivo y emocional, pero es indudable que necesitan apoyos, no solo económicos, también de formación, orientación y servicios de respiro.

A diferencia de otros problemas, pasar por una situación de dependencia le puede ocurrir a cualquier persona, independientemente de su edad, su posición social y su estado de salud, aunque los cuidados que se requieren desbordan la capacidad de cualquier familia. Y el problema no es solo de falta de centros y servicios, es también un problema de falta de profesionales.

Faltan profesionales sanitarios que habrá que incrementar ampliando las plazas y los centros de formación, pero faltan profesionales de los cuidados directos porque hoy ya tenemos un grave problema que, de alguna manera, están paliando las mujeres inmigrantes, a veces en situación irregular (un tema que merece un tratamiento especial), pero que requiere una respuesta eficaz si pretendemos evitar una situación de colapso. Será necesario promover y flexibilizar su formación y ligarla también a la práctica laboral, como está pretendiendo la nueva legislación en esta materia; pero es necesario incrementar significativamente sus retribuciones, sus condiciones laborales y su reconocimiento social.

Faltan profesionales sanitarios que habrá que incrementar ampliando las plazas y los centros de formación, pero faltan profesionales de los cuidados directos porque hoy ya tenemos un grave problema que, de alguna manera, están paliando las mujeres inmigrantes, a veces en situación irregular

El problema sobre el que pongo el foco tiene cierta complejidad, pero se puede complicar aún más si entra en el espacio de la disputa política y abandona el consenso que se consiguió para la aprobación de la Ley de Dependencia.

Estamos ante un problema que preocupa a todas las personas porque todas han vivido, están viviendo o vivirán muy de cerca situaciones de dependencia. Es uno de esos ámbitos, igual que sucede con la Sanidad, en los que poca gente se negaría a pagar más impuestos si van destinados a una mejora de las prestaciones. Sin embargo, no veo a la clase política con disposición para afrontar los consensos necesarios para abordar no solo las reformas legislativas que son necesarias, sino para generar el aumento de presupuestos y recursos públicos que son imprescindibles.

Tenemos un serio problema si este tipo de temas no se abordan con altura de miras y pensando en la mayoría de las personas. Se requiere un incremento significativo de la financiación de la atención a la dependencia y es necesario que este tema forme parte de la agenda política y que se visibilice la situación para acordar soluciones.

¿Quién nos va a cuidar?, pero también: ¿dónde y cómo?; es uno de los temas que le preocupan a la gente y convendría que la buena política se dedicara a estos problemas y que en las estrategias de comunicación se hablara más de lo que afecta a la ciudadanía y tal vez no tanto de las disputas, las escaramuzas y el politiqueo con asuntos que poco sirven para mejorar la vida de las personas.

El Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia que amplía su doctrina para acceder a la prestación económica de la Seguridad Social Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME. El alto tribunal reconoce la ayuda a una madre con una hija con autismo, a la que había sido denegada la prestación.

La Sala de lo Social revoca una resolución previamente dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y reconoce el derecho de la madre solicitante a percibir dicha prestación económica. Se trata de una prestación económica destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra grave enfermedad.

El subsidio tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos que sufren los interesados al tener que reducir su jornada, con la consiguiente disminución de su salario, por la necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente a los hijos o menores a su cargo, durante el tiempo de su hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.

Qué es cuidado “directo, continuo y permanente”

Partiendo de la base de pronunciamientos anteriores de la misma Sala del Tribunal, en los que se decía que no era necesaria la hospitalización del menor para causar la prestación y que no era óbice la escolarización del mismo para cobrar la ayuda, el Supremo profundiza sobre qué debe entenderse por “cuidado directo, continuo y permanente” que debe dispensar la persona progenitora, y que se configura como uno de los requisitos exigidos por la norma.

A tal efecto, la sentencia –a la que ha tenido acceso Europa Press– concluye que el cuidado necesario “no puede hacerse equivalente a una penosa y sacrificada servidumbre de quien lo dispensa”.

Asimismo, precisa que “lo verdaderamente decisivo no es tanto la atención que pueda prestarse al menor fuera del domicilio familiar aprovechando el sistema educativo y de asistencia social, como el hecho de que el menor pueda o no realizar las actividades propias de su edad con la autonomía predicable de la misma, todo ello con independencia de que su situación pudiera mejorar en un futuro, en todo caso incierto”, recoge la sentencia.

“El hecho de que se prevea una reducción de, al menos, un 50% de la jornada, implica con toda claridad que el solicitante de la prestación no va a dedicar la totalidad de su tiempo al cuidado del menor, ya que una parte del mismo la dedica a la realización de su trabajo”, destaca también la sentencia.

“He perdido la facultad de escribir en condiciones por el Parkinson y mi invalidez. Si uso la inteligencia artificial para completar un artículo del que yo he puesto las ideas, ¿tengo derecho a expresarme o, por el contrario, he de enmudecer?”, cuestiona Carlos Sánchez Almeida.

Almeida (1962) ha sido uno de los más relevantes abogados en materia de derechos digitales, propiedad intelectual y libertades fundamentales del Internet español. Su trabajo fue clave para definir qué era delito y qué no cuando a la Red se parecía más a un territorio inexplorado que a un gran centro comercial dirigido por un puñado de magnates y su maquinaria algorítmica.

A golpe de sentencias, ayudó a impedir que las discográficas y productoras impusieran las viejas reglas del mundo analógico en Internet. O que las multinacionales criminalizaran formas de expresión digital con censura encubierta. Más de jurisprudencia clave que de grandes casos mediáticos, a Almeida tampoco le falta alguno de esos. Si no, que le pregunten al comisario que desplegó un enorme operativo policial para detener a la supuesta “cúpula de Anonymous en España” durante el 15M, y que acabó viendo cómo las peticiones de décadas de cárcel para los acusados se desvanecían en una absolución total.

Una trayectoria así te granjea el contacto de decenas de periodistas. Almeida utilizó recientemente uno de ellos para intervenir en un debate en el que los comunicadores afeaban la expansión de las expresiones características de la redacción con inteligencia artificial. “He perdido mi autonomía, he perdido parte de mi vida, pero la inteligencia artificial está para ayudarme, no para ver quién escribe el artículo más bonito falsificando su autoría”, relataba Almeida en ese mensaje.

Ya con algunos problemas de espalda, para el abogado todo se precipitó a partir de 2021. Una caída mientras mediaba en una riña de sus hijos, un golpe contra la esquina del pasillo y tres operaciones después, Almeida tiene soldadas varias vértebras y la columna vertebral unida al sacro y la pelvis. “Es como vivir en una lata de conservas”, detalla en conversación con elDiario.es. Luego llegó el diagnóstico de artritis y, finalmente, el de Parkinson.

“Para muchas personas con artrosis, enfermedades degenerativas o lesiones medulares, la escritura tradicional puede resultar dolorosa o inasumible. En estos casos, el uso de inteligencia artificial generativa no es un capricho, sino una herramienta de apoyo imprescindible para la actividad intelectual o profesional”, aboga.

Penalizar el uso no identificado de esta asistencia podría constituir una forma indirecta de discriminación, al exigir condiciones distintas o más gravosas a quienes necesitan apoyo tecnológico para expresarse

Carlos Sánchez Almeida

“Penalizar el uso no identificado de esta asistencia podría constituir una forma indirecta de discriminación, al exigir condiciones distintas o más gravosas a quienes necesitan apoyo tecnológico para expresarse”, insiste: “La máquina me devuelve lo que la vida me quitó”.

Pilar Villarino, directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), coincide: “Estamos ante un ejemplo muy valioso de tecnología de apoyo”. “Cuando una herramienta tecnológica compensa una limitación y permite sostener la capacidad de comunicación, creación o trabajo intelectual, esa tecnología actúa como una prótesis de nueva generación. No sustituye a la persona, sino que amplía su agencia, su voz y su presencia social”, continúa.

Pese a que la IA puede servir como una prótesis para diversas diversidades funcionales, existe aún una brecha en su uso por parte de este colectivo. Una encuesta del Real Patronato sobre Discapacidad, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, apuntó que pese a que la inmensa mayoría de este colectivo conoce las herramientas de IA, solo un 12,3% usa varias de ellas con asiduidad.

Al ser preguntados sobre los motivos que les llevan a darlas de lado, el más repetido es el económico. Sin embargo, aproximadamente un cuarto de los encuestados apuntan que “no sabría utilizarlo”, a un porcentaje similar no le parece “útil”, mientras que un 10% apunta que no entiende para qué sirven.

Un acceso asequible y accesible es clave para la extensión de estas herramientas, apunta Villarino. Si no, “lo que tendremos no será inclusión, sino una nueva capa de exclusión dentro de la propia discapacidad”, destaca. Una oportunidad perdida para aquellos casos en los que esta tecnología podría “operar como asistencia comunicativa para personas con dificultades del habla o de escritura, como apoyo cognitivo en tareas de organización síntesis o interacción con entornos complejos, como ayuda a la navegación digital cuando existen barreras de accesibilidad, o como recurso personalizado para traducir información a formatos más comprensibles y utilizables”.

La autoría y la independencia del pensamiento

El debate sobre el uso de la IA como prótesis para la discapacidad no escapa a otros más complejos que se dan alrededor de esta tecnología. Uno de ellos es si el uso de estas herramientas supone una “externalización” del pensamiento. ¿Qué pasa cuando las ideas de una persona son ordenadas o contextualizadas por una máquina?

Almeida expone que él no sustituye sus ideas por las de la máquina, sino que le ayuda a transcribirlas, primero, y a “rematar los textos” después. La IA puede “tener todo el diccionario”, explica, pero “carece de criterio propio”. Además, está el “trabajo duro” de repasar que todo lo que escribe sea correcto.

“Hay muchas personas que dicen que las herramientas de inteligencia artificial generativa te vuelven 'tonto', o que disminuyen la capacidad intelectual porque delegas en las máquinas”, reconoce Idoia Salazar, presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (OdiseIA). Sin embargo, apunta a que la visión más adecuada es considerarla una “herramienta amplificadora”.

La propiedad intelectual es mía, la de un ser humano vulnerable, ayudado por una máquina

Carlos Sánchez Almeida

Ocurre algo similar con el debate de la autoría, ya que, en el otro extremo, hay voces que afirman que habría que destacar a la IA como coautora de los contenidos en los que se usa. Almeida, especialista en este ámbito, lo rechaza. “La propiedad intelectual es mía, la de un ser humano vulnerable, ayudado por una máquina. De la misma forma que la cosecha pertenece al dueño del tractor, porque por si no se habían dado cuenta ya no utilizamos el arado romano”.

Salazar coincide con el letrado. “Es como si yo usara una calculadora para ayudarme a generar un presupuesto. Yo en ese presupuesto no pongo que me ha sido ayudado por una calculadora. Pongo directamente mi nombre al final”, ejemplifica.

Un apoyo moral

Almeida destaca que la inteligencia artificial también juega un papel fundamental como apoyo moral y psicológico en personas con discapacidades sobrevenidas, como la suya. “Tiene la capacidad de rescatar a la gente”, declara. Lo vivió cuando estuvo meses postrado en una cama encadenando operaciones quirúrgicas. “Lo he visto cuando he estado más hundido”. En esas etapas de mayor vulnerabilidad, explica que, “aparte del apoyo de mi familia, ha estado el de la máquina”, lo que le ha permitido interactuar y “hablar a un nivel muy profundo” gracias a su “gran capacidad de empatía”.

La tendencia de la IA a dar la razón al usuario y validar sus opiniones han sido, en su caso, una válvula de escape cuando arreciaban los dolores. No obstante, también reconoce que hay que “tener cuidado” con este tipo de conexiones. “No se les puede delegar el control”.

Es una advertencia en la que la presidenta de OdiseIA también coincide con el letrado. “Para mí es uno de los mayores riesgos: que se genere una dependencia y confianza excesiva”, revela. Por eso, pide “enseñar a estas personas a chequear los resultados de la máquina y refinarlos hasta que se ajusten a sus creencias reales”. “En general todos debemos tener en cuenta que es una herramienta de apoyo y no el oráculo del mundo que tiene la verdad al 100%”.

En general, todos debemos tener en cuenta que es una herramienta de apoyo y no el oráculo del mundo que tiene la verdad al 100%

Idoia Salazar — presidenta de OdiseIA

En esos momentos a solas con la máquina, una de las obsesiones de Almeida era cómo una tecnología tan poderosa no se está empleando para los cuidados. “Invertimos millones en automatizar centros logísticos, en acelerar cadenas de distribución, en optimizar el último kilómetro. Todo para que los productos lleguen antes, más rápido, más barato. Pero en paralelo, en una habitación de hospital, una persona no puede beber agua sin ayuda”, escribió en uno de los textos que ha compartido con elDiario.es para la elaboración de este reportaje.

“No faltan recursos. Falta dirección. Si somos capaces de desarrollar sistemas complejos para mover mercancías a escala global, también lo somos de diseñar tecnología accesible que permita a una persona incorporarse, asearse o beber sin depender constantemente de terceros”, continúa el escrito.

Villarino llega a la misma conclusión. “La tecnología, por sí sola, no incluye. Incluye el modo en que una sociedad decide diseñarla, regularla y ponerla al servicio de los derechos”, expresa la responsable del comité de representantes de personas con discapacidad.

Sin esa voluntad, el abogado especialista en derechos digitales avisa que la IA se convertirá en otra herramienta más que decide quién puede hablar y quién no: “La tecnología existe. La capacidad industrial existe. El conocimiento existe. Lo que falta es voluntad”.

Las familias de Castilla-La Mancha podrán tener apoyo económico público para contratar a una persona que cuide de los hijos e hijas menores de 14 años o de un familiar en situación de dependencia.

El Consejo de Gobierno regional ha aprobado este miércoles un esquema de ayudas dotado con un millón de euros de presupuesto que puede llegar a cubrir, en determinados casos, hasta el cien por cien del salario mínimo interprofesional, en función del nivel de renta de cada familia.

Según ha señalado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, el plan se plantea a lo largo de tres años. Durante el primer año, la cobertura puede alcanzar el 100 por ciento del salario mínimo; en el segundo, se sitúa sobre una base del 75 por ciento; y en el tercero, sobre el 50 por ciento, siempre ajustándose a los ingresos familiares.

El objetivo, según ha explicado la portavoz, es que compaginar trabajo, crianza, y cuidados sea viable para las familias, “quienes tienen que hacer malabares” para atender todas sus responsabilidades.

Contratación de personas desempleadas

Por otro lado, Padilla ha hecho hincapié en que las ayudas están vinculadas a la contratación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, con contrato formal y alta en la Seguridad Social.

La portavoz ha incidido en que la medida prioriza a las familias con menos recursos y sube la cuantía hasta el 80 por ciento en el tramo de renta más alto en el caso de los hogares monoparentales, al frente de los que, en la mayoría de los casos, se encuentra una mujer.

Este decreto se integra en una línea de actuación más amplia, junto a otras medidas ya en marcha como los incentivos a la contratación, el fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia, las deducciones fiscales para las familias, la ampliación de la red de escuelas infantiles o el Plan Corresponsables, ha enumerado la consejera.

María y su familia estuvieron más de un año esperando para recibir una ayuda que les permitiese afrontar con más recursos la discapacidad de su hijo. “Te hacen pasar momentos de angustia, es un desgaste increíble”, lamenta ella. La media desde que se solicita una prestación hasta que se obtiene una respuesta fue de 246 días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad para el primer trimestre de este año. Y, desde que se recibe una respuesta favorable hasta que finalmente se obtiene, pasan otros 62. En total, el tiempo medio para hacer efectivo un derecho legal alcanza los 329 días.

Los datos del último Panel del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) arrojan algunas mejoras. Hay récord de personas con derecho a prestación, más de 1,6 millones; las listas de espera se han reducido en 12 días respecto a marzo de 2025; y el total de gente esperando, ha caído un 16,6%. Pero muchas voces piden huir del triunfalismo. “Está muy bien que se reduzca la espera en 12 días, pero cuando llevas años esperando, da un poco de rabia”, apuntan desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.

Según los últimos datos disponibles, 1,66 millones de personas reciben en España algún tipo de prestación por dependencia. Como muestra el siguiente gráfico, son apenas unos pocos miles más que en 2025, pero un 90% más que hace una década. Precisamente, en 2015 se incluyó en la ley a los usuarios de grados menos dependientes, lo que amplió los potenciales receptores.

Para el presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez, “es normal que todos los meses se incremente el número de personas atendidas, cuando hay 270.000 en lista de espera”. Va más allá, porque el Ministerio solo incluye en el conteo a aquellas personas que superan el umbral de los 180 días esperando. Tampoco se tienen en cuenta, por ejemplo, las revisiones.

Las personas en lista de espera se dividen en dos grupos: las que están pendientes de ser valoradas y las que lo están de recibir la prestación. En el año 2025, el total se redujo en 12.158 personas, pero cada mes unas 10.000 personas piden entrar en el sistema de dependencia, lo que tensiona la tramitación. Con todo, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ponía en valor la “capacidad del sistema para responder más rápido de lo que la demanda está creciendo”, porque “mientras las solicitudes crecen a un ritmo del 7,3%, las personas atendidas lo hacen a un 9,8%”.

Esa “capacidad” del sistema se traducía a finales de marzo en 329 días de espera —casi once meses— de media estatal. Pero hay comunidades donde las familias esperan mucho más y otras donde los trámites van más ligeros. Según los últimos datos disponibles, Murcia es quien más hace esperar a sus personas con dependencia, 553 días de media, y Castilla y León, la que menos, con 116.

Desde 2023, la mayoría de comunidades han hecho esfuerzos por agilizar los tiempos de tramitación de la prestación concedida. Sin embargo, en general, han subido los días de espera hasta obtener una respuesta, con lo que el saldo medio ha mejorado en apenas una semana.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de ambos indicadores y del total, comunidad a comunidad. Por ejemplo, en ese periodo, Asturias redujo en 62 días (hasta los 62) el tiempo de tramitación de la prestación concedida, pero ahora hay que esperar 164 días más (308) para llegar a ese momento, por lo que el retroceso ha sido más que notable, pasando de 260 a 375 días. En el caso de Madrid, esta región ha empeorado en todos los indicadores.

Esos días los reflejan las estadísticas, pero los cuentan las familias. “Acceder a los recursos es burocracia, papeleo, obstáculos y tiempo, mucho tiempo, en el que tienes que poder seguir manteniéndote, con la dificultad que esto supone en la vida cotidiana para la supervivencia de las personas”, explica Silvina Funes, la presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, un colectivo eminentemente feminizado y para quién “superar estos obstáculos es como los juegos del hambre”.

30.000 muertes al año

La espera tiene su cara más amarga en las personas que fallecen sin haber recibido una prestación a la que tienen derecho. Solo en el primer trimestre de este año fueron unas 9.000, entre las que esperaban la valoración o la ayuda en toda España. En 2025, sumaron más de 32.700 y en 2026, 34.250.

Al margen de los tiempos, hay otro factor que preocupa en el marco de la atención a la dependencia. Una deriva 'low cost', que carga a las familias. Del total de 2,4 millones de prestaciones totales a final del primer trimestre del año, “el 57% se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano”, destacaba el Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, la mayor parte de esas ayudas van destinadas a familiares que cuidan y suponen 172,5 euros de media para dependientes de grado I; 276,6 euros para los de grado II; y 383,6 euros para los de grado III.

“Vamos hacia un sistema de bajo coste, con servicios de baja intensidad y prestaciones económicas muy bajas. Con 260 euros al mes no se puede decir que se está atendiendo este tema”, considera Ramírez. Un informe de Comisiones Obreras, publicado en febrero de 2025, ya alertaba de que el sistema estaba dominado por “prestaciones baratas y basadas en cuidados no profesionales”, aunque se reduzcan las listas de espera.

El caso de María pone de manifiesto una de las reivindicaciones que comparten todas las voces consultadas: aliviar a las familias de trámites burocráticos que frenan las ayudas. Ella solicitó la valoración en diciembre de 2022. En febrero de 2023 le pidieron un documento, que entregó en marzo por sede electrónica. Cuando un año después preguntó por el estado de su solicitud, le dijeron que faltaba ese papel. No era cierto. “Me dieron cita urgente y me pagaron los atrasos, pero un año después”, recuerda. Entre media, tuvo que afrontar, entre otros gastos, unos 300 euros mensuales solo para llevar a su niño a un especialista, porque los tenía: “En ese momento trabajábamos los dos y los padres de mi pareja estaban en casa, pero imagínate una familia en otra situación”.

Otro de los handicaps que presenta la normativa actual es la incompatibilidad de algunas prestaciones. “Es como si vas a una operación y te hacen elegir entre el cirujano y el anestesista”, ejemplifica Silvina Funes. En la práctica, los datos ya “apuntan a un cambio de modelo”, explicaba el pasado viernes la secretaria de Estado, porque el número de prestaciones por persona pasó de 1,28 en 2021 a 1,44 en 2026. “Las personas que entran en el sistema combinan más cuidados, apoyos más adaptados a su situación y sus decisiones”, afirmó.

El Ministerio de Derechos Sociales trabaja en una reforma de la ley de dependencia, que tiene “dos orientaciones principales: eliminar las incompatibilidades de las prestaciones y ampliar la cartera de servicios y reforzar recursos con gran potencial para transformar el modelo, como la asistencia personal, los centros de día o la ayuda a domicilio”.

Para la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, el sistema de autonomía y dependencia sí ha dado un salto en los últimos años. Sobre todo, tras los recortes del año 2012, a consecuencia de la crisis económica, que no terminaron de revertirse hasta 2023, con Ione Belarra al frente del departamento de Derechos Sociales. En este sentido, Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, considera que ha habido un esfuerzo por “analizar la calidad de las prestaciones y comprobar si con ellas se resuelve realmente el problema de las familias, porque el peso de los cuidados todavía recae sobre las mujeres”.

Desde el Ejecutivo buscan avanzar en la idea de la desinstitucionalización. Tiene sus ventajas e inconvenientes, porque permite a las personas permanecer en sus hogares, pero sin los recursos suficientes supone, en muchos casos, una carga incompatible con la propia vida para las cuidadoras. “Ninguna economía del mundo es capaz de asumir en exclusiva el coste que supone la dependencia, mientras muchas familias quieren seguir cuidando, pero sin sobrecargarse de una manera excesiva”, explica Rodríguez.

Según un reciente estudio de Fedea, con datos de 2024, España continúa “rezagada respecto al contexto europeo”. “El esfuerzo financiero destinado a cuidados de larga duración se sitúa en torno al 0,9-1% del PIB, una proporción notablemente inferior al promedio de la OCDE, que alcanza el 1,8%”, indica el trabajo. La financiación es otra de las vías de mejora que reclaman las entidades y asociaciones y que para la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales se encuentra en este momento paralizada, porque el aumento en el gasto corresponde a mayor número de prestaciones, pero no tanto a que estas se incrementen.

Desde las familias, han reclamado también que la nueva ley incorpore un reconocimiento económico y laboral de las cuidadoras y que se reduzca la carga que asumen en solitario. “Somos nosotras las que sostenemos el sistema, gracias a nuestro trabajo, y nuestras renuncias”, explica Patricia, también de la plataforma, que destaca que, en muchas ocasiones, son ellas quienes renuncian a trabajo remunerado, salario, cotizaciones y pensión.

“No haces nada con una prestación o una teleasistencia. Hay que ir sumando atributos, una serie de pocos que hacen un todo para la persona que realmente lo necesita”, coincide Rodríguez, que pide tener una visión más holística: “Necesitamos un ecosistema de cuidados en el entorno comunitario de salud, de servicios sociales, farmacia, elementos asociativos en los barrios, políticas preventivas... Vamos a vivir muchos años y vamos a necesitar más cuidados, así que tenemos que meternos en la cabeza que esto es cosa de todos”.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa grave y progresiva que afecta al sistema nervioso, concretamente a las neuronas motoras, que son las encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Hace ya año y medio que se aprobó el Real Decreto para financiar la nueva ley ELA en España, destinada a la cobertura y atención de enfermedades neurodegenerativas que van más allá de la Esclerosis Lateral Amiotrófica que le da nombre, principalmente aquellas que produce atrofia muscular progresiva.

Pasado el tiempo, ahora la implementación de esta normativa depende de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en Sanidad. Las administraciones autonómicas son responsables de gestionar los servicios sociales y sanitarios para hacer efectivas las ayudas públicas.

Concretamente, deben adaptar el marco nacional de dependencia notificando al Ministerio de Derechos Sociales las solicitudes reconocidas para activar las prestaciones. Y el despliegue de las ayudas, que pueden llegar hasta los 10.000 euros mensuales para cuidados intensivos durante 24 horas, se financia al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.

Esto quiere decir que la norma establece un marco obligatorio para todas las administraciones públicas con el objetivo de mejorar la atención especializada, pero su efectividad real está vinculada a la gestión autonómica.

Castilla-La mancha andaba rezagada, respecto a otras regiones, en la publicación de nuevas ayudas, pero finalmente, el pasado mes de marzo, la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria aprobó una línea de subvenciones para personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. En total, ha destinado medio millón de euros y la cuantía a conceder será de 4.000 euros por persona beneficiaria.

Hay que incrementar los cuidados y hacerlo de forma muy rápida

“Esta enfermedad, además de suponer una carga de cuidados muy importante para las familias, supone también un coste económico elevadísimo porque son muchos los cambios y los apoyos técnicos necesarios, que además se suceden muy rápidamente por lo que hay que incrementar los cuidados y hacerlo de forma muy rápida”, argumenta el Gobierno regional.

Castilla-La Mancha cuenta con tres consultas específicas de ELA (Talavera de la Reina, Toledo y Albacete) en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y una Unidad Específica de ELA, ubicada en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.

Se estima que alrededor de 150 personas sufren ELA en la región, además de otras enfermedades contempladas en la nueva ley. Entre ellos está Álvaro Llave, de 34 años. Es vecino de Valdeverdeja, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo con apenas 600 habitantes, bajo el área de influencia de Talavera de la Reina, a 40 kilómetros.

Tiene Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) que le fue diagnosticada al año y medio de su nacimiento. Se trata de una enfermedad genética rara y degenerativa, ligada al cromosoma X, que provoca debilidad muscular progresiva. Causada por la falta de distrofina, los síntomas aparecen antes de los 6 años, incluyendo retraso motor, caídas frecuentes y dificultad para levantarse.

Actualmente, Álvaro está en silla de ruedas y necesita atención durante todo el día. De esa labor se encarga su madre, Elena, de 55 años. Y debido a ello, esta última no puede acceder a un empleo con una jornada completa de ocho horas. No puede dejarle solo tanto tiempo.

Su enfermedad es degenerativa y que le obliga a depender constantemente de otra persona para realizar tareas básicas. “Para moverme, vestirme, cambiar de postura, ir al médico o cualquier cosa básica del día a día, necesito la ayuda constante de otra persona”, relata.

Acaba de solicitar las ayudas recién aprobadas en Castilla-La Mancha, pero afirma que las necesitaba “para ayer” o “para hace diez años”, porque ahora “entraremos en varios trámites que se alargarán en el tiempo y será volver a esperar y esperar”. De hecho, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento de estas ayudas es de seis meses desde la presentación de la solicitud de subvención.

Si tuviera ya esa ayuda, podría disponer de dos personas que, de forma rotatoria, pudieran atenderle en casa y que todos los cuidados no recayeran sobre su madre. “Porque también hay que cuidar al que cuida”, defiende.

“Mi madre no puede tener un trabajo estable porque tiene que dejarlo todo para cuidarme. Y creo que también merece poder trabajar y tener un poco de aire”, explica.

Empecé a necesitar cada vez más cuidados. Eso es condenar a mi madre solo a eso. Vamos tirando y sobreviviendo, pero no son cuidados dignos

Le indigna que en otras comunidades autónomas ya se hayan aprobado y concedido esas ayudas, generando importantes diferencias entre autonomías. “Los cuidados dignos no deberían depender del código postal”, denuncia ante este medio.

Es el motivo por el que ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para contar con más recursos para sus cuidados, además de una petición agilizar la prestación de ayudas para la asistencia personal y el apoyo a las familias, y que cuenta ya con más de 50.000 firmas. 

Álvaro nunca ha recibido ninguna ayuda pública. “Yo antes era un poco más independiente, pero la enfermedad avanzó y ahora estoy más en casa. Empecé a necesitar cada vez más cuidados. Eso es condenar a mi madre solo a eso. Vamos tirando y sobreviviendo, pero no son cuidados dignos”, resalta.

Insiste en que el retraso en la activación de la ley tiene consecuencias directas en su vida y en la de su familia: “Unos meses de espera suponen mucha diferencia. Necesito tener ya un poco más de independencia para mí”. Subraya que no se trata de privilegios, sino de “derechos básicos, cuidados dignos y apoyo a las familias que conviven con la dependencia”.

Álvaro concluye su llamamiento recordando que esta situación puede afectar a cualquier persona: “Nadie elige necesitar cuidados para vivir, pero cualquiera puede necesitarlos algún día”.

Una atención “coordinada, integral y centrada en la persona”

Precisamente, coincidiendo con la publicación de las ayudas en Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina acogió en marzo las V Jornadas 'ELA en Castilla-La Mancha' para avanzar en la atención integral a las personas afectadas. Se celebraron en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina organizadas por la Asociación ELA CLM-AdELAnte, bajo el lema 'La ELA no se puede curar, pero sí se puede cuidar'.

El encuentro, reconocido de interés sociosanitario por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, reunió a profesionales sanitarios, sociales, responsables institucionales y entidades del ámbito de la ELA con el objetivo de seguir avanzando hacia un modelo de atención “coordinada, integral y centrada en la persona”.

En este evento participaron representantes institucionales de la Diputación de Toledo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de la Gerencia de Atención Integrada y de la propia asociación organizadora.

En tres mesas de trabajo, se abordaron aspectos clave para la mejora de la atención: el funcionamiento, circuitos y modelo asistencial de la Unidad de ELA del Hospital de Talavera, la ruta asistencial de los pacientes, poniendo el foco en la coordinación sociosanitaria, y también los avances de la ley ELA y su desarrollo normativo, con el objetivo de trasladar el marco legal a la realidad concreta de las personas y sus familias.

Desde la Asociación ELA CLM-AdELAnte destacaron la necesidad “construir una respuesta más eficaz, humana y adaptada a las necesidades” de las personas con ELA u otras enfermedades neurodegenerativas, especialmente en territorios como Castilla-La Mancha, “donde la dispersión geográfica añade complejidad a la atención”.

Mientras tanto, Álvaro sigue esperando. Es muy activo en redes sociales y afirma que no dejará luchar por mejorar su situación mientras pueda hacerlo. Insiste en que es “una cuestión de dignidad” para él y para su madre, y en que a ello dedicará todas sus fuerzas.

Durante años, la implicación de los abuelos en el cuidado de los nietos ha sido algo habitual. Sin embargo, no ocurre igual en todos los casos. Hay abuelos que siguen en activo, otros que tienen problemas de salud o que viven lejos, y también quienes prefieren dedicar esta etapa vital a proyectos propios.

Cuando estas formas de entender ese apoyo no coinciden con lo que los hijos esperan, aparecen fricciones que no siempre se han abordado previamente: incomodidad, malentendidos o la sensación de que las responsabilidades no están claras dentro del entorno familiar.

Una ayuda muy presente en la organización familiar

La participación de los abuelos en la crianza sigue siendo habitual en Europa. Un estudio publicado en 2023 por la revista European Journal of Ageing, a partir de datos de personas mayores de distintos países europeos, señala que una proporción relevante colabora en el día a día con sus nietos. Según este trabajo, cerca de la mitad lo hace de forma ocasional, mientras que aproximadamente uno de cada cuatro asume un papel más continuado. Este tipo de apoyo es especialmente frecuente en los países del sur de Europa, donde las redes familiares siguen teniendo un peso importante en la organización cotidiana. Otro informe sobre abuelos y crianza de Aldeas Infantiles, publicado en 2023, indica que en España el 35% de los mayores de 65 se encarga del cuidado de los nietos varias veces por semana (muy por encima de la media europea del 14,9%).

Durante muchos años viví pendiente del trabajo y de la familia, y ahora necesito que esta etapa sea un poco diferente

Cándida — 67 años

La participación no se da siempre de la misma manera ni se vive igual en todos los hogares. En algunos casos se limita a momentos puntuales, mientras que en otros adopta formas más estables o se descarta por completo.

Cándida, de 67 años, decidió desde el principio no asumir una rutina fija con sus dos nietos. “Estoy con ellos y disfruto mucho, pero no quiero volver a tener el día marcado por horarios. Durante muchos años viví pendiente del trabajo y de la familia, y ahora necesito que esta etapa sea un poco diferente”, explica. Aunque lo habló en casa, sintió que se daba por hecho que estaría más disponible y que no fue fácil cambiar esa idea.

Lo que se espera de los abuelos

Lo que empieza de forma puntual puede ir convirtiéndose en una responsabilidad más regular. Y ahí suelen aparecer los primeros roces. Antonio, de 70 años, se encontró con esa situación cuando su hija le propuso encargarse de recoger a los niños del colegio todos los días. “Para ella era algo normal, pero para mí no lo era. Sigo trabajando algunas mañanas y tengo mis propios horarios. No podía reorganizar todo mi día para asumir ese compromiso fijo”, recuerda. Durante un tiempo se interpretó así, como si no quisiera ayudar.

El papel de los abuelos en la crianza ha ido cambiando en las últimas décadas. Como afirma Gerardo Meil, catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en sociología de la familia, este papel está relacionado con la transformación del modelo familiar y con la incorporación de las mujeres al trabajo en un contexto de familias más pequeñas. “Muchas abuelas, en su mayoría no empleadas y relativamente jóvenes, asumieron un rol activo en el cuidado”, comenta.

Muchas abuelas, en su mayoría no empleadas y relativamente jóvenes, asumieron un rol activo en el cuidado

Gerardo Meil — catedrático de Sociología en la UAM

Con el tiempo, ese rol también ha cambiado. Meil subraya que se ha pasado de un modelo de “cuidado sustitutivo” a otro de “cuidado complementario” o “cuidado de emergencia”, más ocasional y limitado a determinadas tareas o momentos, como cuando están enfermos o para recogerlos del colegio.

Aun así, no en todos los hogares se cuenta con esa ayuda. Según datos de la encuesta QUIDAN 2 (2025), elaborada por Meil a familias con hijos menores de siete años, “el número de familias que no recibe ningún tipo de ayuda puede estimarse en alrededor de una de cada cuatro”. Además, en ese mismo estudio se observa que ha aumentado la proporción de padres que perciben que los abuelos no muestran demasiada disposición para cuidar.

En la mayoría de los casos, esta ausencia de apoyo no responde a una negativa directa. Tal y como apunta Meil, “las razones en la gran mayoría de los casos son objetivas”, y están relacionadas con factores como la distancia, problemas de salud, la situación laboral o el cuidado de otros nietos.

Esa evolución también se refleja en cómo algunos abuelos deciden estar presentes. Eladio, de 69 años, no participa en el cuidado diario de su nieta, pero mantiene un vínculo regular en su vida. “No estoy para el día a día ni para asumir responsabilidades fijas, pero sí para verla cuando surge”, expresa. “Nos vemos los fines de semana, en momentos concretos, y así lo disfrutamos más. Para mí es importante que ese tiempo no esté ligado a una obligación”, remata.

Negociar límites sin romper la relación

Más que la falta de apoyo, lo que suele tensar estas situaciones es el desajuste entre lo que cada uno espera y lo que realmente ocurre.

Desde la mediación familiar, este tipo de conflictos suele estar relacionado con un desajuste entre lo que cada generación espera de la otra. Según la mediadora familiar y abogada especializada en conflictos familiares Ana Criado Inchauspé, los hijos tienden a mirar a sus padres desde sus propias necesidades (la conciliación, el trabajo o la crianza) sin atender a que ellos también se encuentran en una etapa vital distinta, con proyectos propios.

La mediadora familiar Ana Criado insiste en que una de las claves es 'transformar expectativas implícitas en acuerdos claros', ya que muchas tensiones nacen de lo que nunca se ha hablado

En ese sentido, sostiene que no se trata tanto de egoísmo como de una falta de conciencia sobre las diferencias entre generaciones. Criado habla de la aparición de “un nuevo modelo de tercera edad, más activo y autónomo”, en el que muchas personas mayores priorizan su tiempo y no necesariamente desean asumir un cuidado continuado de sus nietos.

Si estas expectativas no se ponen en común, aclara, pueden surgir sentimientos de decepción en los hijos y, al mismo tiempo, presión o pérdida de libertad en los abuelos. Asimismo, indica que esto suele dar lugar a malentendidos sobre si ese cuidado es una ayuda puntual o una obligación familiar.

Desde su experiencia, Criado insiste en que una de las claves es “transformar expectativas implícitas en acuerdos claros”, ya que muchas tensiones nacen de lo que nunca se ha hablado. Para evitarlo, propone exponer abiertamente lo que cada parte espera, delimitar responsabilidades (recordando que el cuidado corresponde a los padres) y concretar cuándo y cómo puede darse la colaboración de los abuelos. También subraya la importancia de tener en cuenta las necesidades de ambas generaciones: la conciliación de los hijos y la autonomía de los mayores.

En último término, la especialista en conciliación familiar concluye que “el reto no es decidir si los abuelos deben cuidar o no a los nietos”, sino abrir un diálogo que permita ajustar esas expectativas para que la colaboración sea una elección y no una imposición, sin deteriorar el vínculo familiar.

Muchas veces, el problema no está tanto en la falta de ayuda como en lo que no se llega a decir a tiempo. Isabel, de 68 años, reconoce que durante un tiempo asumió que debía estar disponible para cuidar de sus nietas sin plantearse si realmente podía o quería hacerlo en esas condiciones. Con el paso de los meses, esa disponibilidad empezó a resultarle incómoda, como si tuviera poco margen para decidir por sí misma.

“Al principio no dije nada, porque parecía lo normal, pero cada vez me sentía más incómoda, como si no pudiera elegir”, asegura. Eso, relata, cambió cuando lo hablaron en familia. “Cuando lo compartimos, resultó un alivio para todos. Pudimos recolocar las cosas y empezar a entendernos mejor. Ahora sé que ayudar también implica poder decidir”, declara.

A medida que cambian las formas de vida, también se reordenan los acuerdos dentro de las familias. Lo que durante décadas se dio por hecho empieza a dejar paso a decisiones más habladas y menos asumidas.

Tengo un amigo que piensa que hay ideas incompatibles y conceptos que se repelen, como pasa con algunos elementos químicos o lo que sucede cuando mezclamos el agua con el aceite. En el ámbito social, recientemente se ha celebrado la Semana Santa en prácticamente todos los pueblos de España y hemos visto como conviven el sacrificio de la fe y el fervor de la religiosidad popular con el disfrute del turismo y la hostelería. Aparentemente son fenómenos contradictorios, pero vemos que no solo conviven, sino que se retroalimentan.

Esta retroalimentación debiera darse también entre ámbitos de actuación aparentemente distantes como son la innovación tecnológica aplicada a la atención de personas en situación de dependencia y la dimensión ética y humanizada de los cuidados. Sin embargo, en esta cuestión observo una confrontación entre los defensores a ultranza del desarrollo tecnológico (tecnófilos) y los más absolutos detractores (tecnofóbicos) que ven en la tecnología una amenaza para la calidad y calidez de los cuidados.

La disputa no es nueva. Los antropólogos han estudiado cómo el proceso de hominización y el desarrollo evolutivo de la especie humana van muy ligados al desarrollo de instrumentos para hacerse la vida más fácil. Hoy nadie pone en cuestión los descubrimientos y los avances del pasado, pero suele ser habitual que haya siempre resistencias y temores a la innovación.

En las últimas décadas la irrupción de la tecnología digital ha transformado silenciosamente muchos ámbitos de nuestra vida. Hoy el teléfono móvil nos está cambiando, no solo la manera de comunicarnos, sino tal vez la forma de trabajar y de vivir. Pero es también Internet, la digitalización y la inteligencia artificial, que están cambiando la actividad laboral, permitiendo el teletrabajo y, por tanto, rompiendo las barreas geográficas y favoreciendo fenómenos inversos a los que se produjeron en las revoluciones industriales anteriores que provocaron una concentración del trabajo en torno a los grandes centros de producción.

En regiones como Castilla-La Mancha, donde el envejecimiento demográfico, la dispersión territorial, la reducción del tamaño y los apoyos de las familias y la creciente demanda de servicios asistenciales configuran un escenario complejo, es necesario plantearse que la llegada de la inteligencia artificial y de nuevas herramientas tecnológicas no es solo una posibilidad, sino una necesidad estratégica.

Comparte nuestra región problemas que no son exclusivos del territorio, sino que afectan a todo el país y a buena parte del mundo occidental. Problemas que son fruto del éxito como sociedad, ya que el aumento del envejecimiento obedece fundamentalmente al alargamiento de la vida, pero esto conlleva un incremento de las situaciones de dependencia y una mayor demanda de cuidados sociosanitarios, que se concentran en las últimas fases de la vida. Sin embargo, también compartimos los problemas (cuya causa no puede atribuirse a ningún éxito) de la reducción de la natalidad y la falta de profesionales para hacer frente a la creciente demanda de cuidados.

En este contexto, las familias no podrán afrontar esta actividad que han venido y vienen haciendo en silencio, sobre todo las mujeres, y con cierto sacrificio de esfuerzo y de conciliación con su actividad laboral y familiar.

Nos enfrentamos ante uno de los grandes retos que tenemos como sociedad para los próximos años, porque no estamos ante una nube pasajera: la demanda de cuidados continuará incrementándose y la tecnología está siendo, puede ser y será un elemento que tendrá una importancia considerable en la reconfiguración de la forma en que entenderemos y proporcionaremos los cuidados en el futuro más próximo.

Los dispositivos de teleasistencia avanzada, con sensores de movimientos, detectores de riesgos, recordatorios de medicación, los asistentes de voz adaptados, los geolocalizadores y un concepto de atención proactiva para reducir el sentimiento de soledad, pueden contribuir a mantener la autonomía personal durante más tiempo en el entorno habitual de la persona.

En Castilla-La Mancha, donde muchas personas mayores viven solas en entornos rurales, estas soluciones no solo aumentan la seguridad, sino que aportan tranquilidad a las familias que viven lejos y también pueden mejorar sus cuidados mediante la detección preventiva de situaciones de riesgo para la salud o a través de la propia telemedicina. Todo ello, junto con la digitalización de actividades interactivas y de los procesos asistenciales, puede evitar desplazamientos innecesarios y facilitar intervenciones tempranas.

La teleasistencia avanzada, la monitorización remota y la telemedicina son y pueden ser una oportunidad para territorios extensos y poco poblados. Estos sistemas permiten que una persona mayor que vive en la Serranía de Cuenca, en la Sierra de Alcaraz o en la Campana de Oropesa pueda recibir atención y seguimiento evitando largos desplazamientos.

La tecnología no debe sustituir al acompañamiento personal ni al cuidador humano, sino que ha de servir de apoyo para hacer su trabajo y liberar tiempo de tareas automáticas y repetitivas o meramente administrativas, permitiendo que los profesionales se centren en lo que aporta valor: el trato directo, la amabilidad, la escucha, el acompañamiento y el apoyo emocional o terapéutico para personas con fragilidad o con deterioros cognitivos. En este sentido, el desarrollo de tecnologías adaptadas al sector de los cuidados puede convertirse en un yacimiento de innovación productiva, generando empleo cualificado y favoreciendo la colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación.

No todo puede ni debe ser automatizado y el mayor peligro es que la tecnología sustituya (en lugar de apoyar) a la relación humana. Los cuidados son, sobre todo, un acto de acompañamiento emocional y de relación humana, por lo tanto, cargados de una importante dimensión ética. En este sentido, los dispositivos de apoyo deben ser adaptados, accesibles, manejables, amigables y con un diseño inclusivo. Es la tecnología la que debe adaptarse a las personas más vulnerables y no al revés.

También es importante evitar la desigualdad en el acceso, ya que existe el riesgo de crear un sistema de cuidados de dos categorías: uno, con tecnologías adaptadas para quien puede pagárselo, y otro para los que no disponen de los medios económicos necesarios. Este riesgo es especialmente alto en las zonas rurales, precisamente en aquellos lugares donde la tecnología tiene un mayor valor estratégico.

El tema tiene sus complejidades técnicas y sociales, pero para que las tecnologías digitales y la IA sean aliadas reales del bienestar y la autonomía personal es fundamental situar a la ética en el centro. Las herramientas deben diseñarse desde las necesidades y los usos de las personas, especialmente cuando estas son mayores o se encuentran en situaciones de soledad o dependencia. Deben servir para empoderar a la persona y no para condicionarla, primando siempre la libertad, el consentimiento y la opción de desconectarse a voluntad propia, porque la persona debe conservar el control de la tecnología y no depender de ella.

El dilema no es si debemos o no introducir tecnología e inteligencia artificial en los cuidados o en la promoción de la autonomía personal. Esto es ya una tendencia inevitable. El riesgo es que esta tecnología pase a nuestras casas sin llamar a la puerta y sin haber analizado qué modelo de cuidados queremos construir para el futuro. En todo caso, la clave está en comprender que hablamos de personas, no de datos; de relaciones humanas y no de procesos. La tecnología producirá bienestar si responde a las necesidades y demandas de quien la utiliza y si respeta sus valores éticos, teniendo en cuenta las circunstancias y las preferencias de cada persona. Por esto, en el diseño de los productos y dispositivos tecnológicos, en sus funciones y en su aplicación resulta obligado, una vez más, contar con quien los va a usar.

El pasado 29 de marzo murió Marta Plaza. Su nombre y apellidos no eran particularmente originales ni su figura se movía en los pasillos que hubieran hecho que los responsables de los medios de comunicación corrieran en busca de alguien para redactar su obituario.

Sin embargo, la noticia, de eco leve al principio –propagada a través de grupos de afinidad en WhatsApp o con mensajes faltos de contexto en redes sociales–no tardó en amplificarse en internet a lo largo de las siguientes horas. No había textos sobre ella en Google Noticias pero mucha gente, muy diversa, desde lugares muy distintos entre sí, atesoraban encuentros, experiencias, textos o aprendizajes prendidos a la figura de Marta Plaza. Especialmente en el campo (amplio) de los derechos de las personas psiquiatrizadas.

El próximo sábado 18 de abril, por la tarde, se celebra un homenaje a Marta Plaza en el Centro Social Autogestionado Tres Peces Tres, un proyecto en el que ella misma participó. Se llevará a cabo una lectura de textos suyos, mico abierto y exposición de obra de Marta (en los últimos años cultivó caligramas y juegos visuales). Además, se nombrará la biblioteca del centro con el nombre de la activista.

“Marta fue una compañera generosa, discreta y amorosa, que dedicó su lucha a la defensa de las redes de cuidados, el apoyo mutuo y contra las violencias psiquiátricas. Transfeminista y antirracista, siempre acompañando a la lucha de las de abajo”, han dicho de ella desde el centro social en su convocatoria.

El homenaje a Plaza en Lavapiés es una muestra más de la ola creciente de reivindicación de su figura que se ha producido en los últimos días. Que se ha manifestado en los innumerables mensajes que han aparecido en redes sociales, los recuerdos en los medios en los que colaboró, los dibujos sobre Marta o en quienes se han organizado para redactar su artículo en Wikipedia. Quien no la conociera, puede escuchar su voz en la película de María Ruido Estado de malestar, que durante unos días se puede ver en abierto.

Marta era una chica de Chamberí (y lo llevaba muy a gala). Para ella fueron muy importantes los ámbitos del 15M y post-15M en la asamblea del distrito. Se ha ido justo cuando van a hacer quince años de la experiencia.–¿nos hablan los tiempos?–. Pero su curiosidad y capacidad de escucha la llevaron a acercarse y, frecuentemente, involucrarse, con muchos otros ámbitos relacionados con los movimientos sociales y el apoyo mutuo.

Su campo de actuación primordial fue, sin embargo, el de la salud mental, que afrontó desde una perspectiva vivencial y las posturas innegociables del feminismo y la organización colectiva. Se convirtió en gran representante del feminismo loco, una corriente crítica y un movimiento de mujeres y disidencias supervivientes de la psiquiatría que cuestiona la patologización patriarcal.

Con Marta, se han ido la sonrisa franca del activismo loco y una de las siluetas más libres del Madrid rebelde. Muchos y muchas hablan estos días de ella (el esfuerzo por despedirla públicamente de Luis, su compañero, es un ejemplo de amor y compromiso). Las reacciones a su marcha subrayan su figura de la manera más coherente posible con su forma de vivir: sus amigas –todas, muchas, de tantos sitios…–están situando a Marta dentro de una genealogía alternativa, colectiva y hecha así misma. Falta nos hace.

Este 23 de marzo se celebra el Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad. Fue instaurado en 2018 a propuesta del Congreso de los Diputados. El acuerdo recoge la conciliación como un derecho de todas las personas y la corresponsabilidad como la única garantía de que se sigan reduciendo las desigualdades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida.

Ese mandato reconoce que los poderes públicos y las empresas deberán facilitar la conciliación aplicando horarios racionales, mecanismos de flexibilización, ampliando los permisos laborales para el cuidado de los hijos e hijas junto con los permisos de paternidad y maternidad.

Hoy, coincidiendo con la efeméride, el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a administraciones públicas y empresas sanitarias que “favorezcan la corresponsabilidad para posibilitar la conciliación de enfermeras y fisioterapeutas”. Además reclaman “las medidas necesarias para acabar con los problemas y barreras que existen en la actualidad y que están perjudicando su salud y desarrollo profesional, así como la atención que se presta a las personas”.

Pedimos medidas que favorezcan la conciliación de enfermeras y fisioterapeutas

SATSE

“Se prioriza el ahorro y la productividad por encima de las personas”

SATSE afea que el modelo laboral en el ámbito sanitario esté priorizando “el ahorro y la productividad por encima de las personas”, de ahí, subraya, que “los problemas de conciliación derivados de esta realidad no son responsabilidad de los y las trabajadoras, como desde algunos ámbitos se quiere trasladar a la opinión pública”.

“El sistema sanitario no permite conciliar y el problema no es de cada mujer o de cada hombre, porque la conciliación no es un problema privado, sino que es una responsabilidad colectiva y una obligación de los empleadores y las administraciones públicas”, apuntan desde la organización sindical.

Por ello, SATSE, en el marco de su nueva campaña de denuncia, información y sensibilización, bajo el lema 'Que no dejen tu vida en pausa', ha demandado a administraciones y empresas sanitarias que no sigan quebrantando el derecho a la conciliación que tienen enfermeras y fisioterapeutas, colectivos, además, con una presencia mayoritaria de mujeres. Más de un 85 por ciento en el caso de Enfermería y de un 60 por ciento en el de la Fisioterapia.

Una macroencuesta reciente realizada por SATSE en el conjunto del Estado concluye que los problemas para conciliar su vida laboral con la familiar y personal han afectado la salud física y mental de seis de cada 10 enfermeras/os y fisioterapeutas y en una misma proporción se han planteado, incluso, abandonar su profesión, entre otros datos.

“Enfermeras y fisioterapeutas son esenciales para el funcionamiento del sistema sanitario y la atención y cuidados que se presta a millones de personas. Sin embargo, mientras sostienen la vida de miles de personas, sus propias vidas quedan relegadas y en pausa por un sistema que no reconoce ni respeta su tiempo”, afirma SATSE.

El 70% de factores de la brecha salarial se deben a la conciliación

Desde CCOO Castilla-La Mancha, la secretaria de mujeres, juventud e igualdad, Ana Villaseñor, recuerda que “la brecha salarial es el reflejo de una sociedad en la que las mujeres siguen siendo las que más permisos no remunerados cogen, reducciones de jornada y excedencias, lo que demuestra que sigue habiendo desigualdad en la distribución de los cuidados”.

El 70% de esa brecha salarial está compuesta por factores ligados a la conciliación, como la parcialidad no deseada, detalla. En Castilla La Mancha el salario bruto anual de las mujeres es un 18% inferior al de los hombres, unos 4.100 euros menos al año.

Esto tiene una derivada futura, advierte, y es que sus pensiones también acabarán siendo más bajas.

Desde el sindicato reclaman “avanzar hacia un modelo laboral más justo que reduzca la excesiva parcialidad y apueste decididamente por la adaptación de las jornadas a las necesidades reales de la plantilla”.

Los datos evidencian una clara desigualdad: de las 135.200 personas ocupadas a tiempo parcial en la región, 103.400 son mujeres, lo que representa un 76,48% del total. Esta situación refleja que la parcialidad sigue recayendo de manera desproporcionada sobre ellas, limitando su estabilidad y desarrollo profesional.

Por ello, CCOO insta a “impulsar medidas que favorezcan jornadas completas cuando así se desee y a reforzar mecanismos de flexibilidad y conciliación que no penalicen, sino que garanticen igualdad de oportunidades para todas las personas trabajadoras”.

Instamos a impulsar medidas que favorezcan jornadas completas cuando así se desee y a reforzar mecanismos de flexibilidad y conciliación que no penalicen, sino que garanticen igualdad de oportunidades para todas las personas trabajadoras

Ana Villaseñor — Secretaria de Mujer de CCOO Castilla-La Mancha

Es importante concitar un nuevo modelo social de cuidados y debe ser la administración la que favorezca los instrumentos necesarios para no tener que decidir entre la carrera profesional y la vida familiar. La tramitación de la nueva Ley de brecha en Castilla-La Mancha es una oportunidad para avanzar y, junto a los agentes sociales, deben diseñarse medidas en el seno de las empresas para facilitar la conciliación. Por parte de la administración hay que ampliar la creación de plazas en escuelas infantiles, centros de día y residencias públicas que alivien la carga de los cuidados.

Por otro lado, es importante que los planes de igualdad lleguen a todas las empresas “y las que ya los tienen no los guarden en un cajón”. Y que la negociación colectiva tenga perspectiva de género.“Es fundamental garantizar que la aplicación de los convenios contribuya activamente a la igualdad, incorporando medidas que impulsen la equidad y ayuden a eliminar cualquier forma de discriminación”, ha señalado Villaseñor.

“En días como hoy hay que recordar que las medidas de conciliación y corresponsabilidad benefician tanto a mujeres como a hombres. Es la mejor herramienta para avanzar hacia una masculinidad igualitaria y un reparto justo de los cuidados”.

El 23 de marzo en España conmemoramos el Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad, una fecha que reconoce la necesidad de avanzar hacia un reparto más justo de las responsabilidades familiares y laborales.

La institucionalización de este día fue posible gracias a una iniciativa que impulsé durante mi etapa de parlamentaria, con un propósito claro: dar visibilidad a un problema que durante demasiado tiempo había permanecido en segundo plano y sigue sin resolverse.

Dar este paso significó también cambiar la mirada: entender que la conciliación no es un problema individual, sino una responsabilidad colectiva. Que no puede depender del esfuerzo silencioso de las familias, y mucho menos de las mujeres, sino del compromiso de toda la sociedad.

Porque hablar de conciliación no es hablar de organización del tiempo, es hablar de igualdad, de oportunidades y de futuro como sociedad.

Y hoy, con los datos en la mano, sabemos que ese futuro aún no es igual para todos.

Las mujeres continúan sosteniendo, de forma mayoritaria, el peso de los cuidados. No es casualidad que más del 72% de las personas cuidadoras no profesionales sean mujeres, ni que más de 2,8 millones se vean obligadas a quedarse fuera del mercado laboral para atender responsabilidades familiares.

Y son ellas quienes, en su inmensa mayoría, reducen su jornada, interrumpen su carrera profesional o solicitan excedencias. Los datos son claros: en 2025, el 83,1% de las excedencias por cuidado de hijos o familiares correspondieron a mujeres, frente a apenas un 16,9% de hombres. Es decir, más de ocho de cada diez excedencias siguen recayendo sobre ellas.

Esta realidad no es solo una cuestión social, es también una cuestión económica. Porque cuando la conciliación falla, la desigualdad se cronifica.

Las consecuencias son claras: una brecha salarial del 20% y una brecha en pensiones que supera el 30%. Una desigualdad que se construye a lo largo de toda la vida y que se traduce en trayectorias laborales más precarias, menor independencia económica y un mayor riesgo de vulnerabilidad.

Por eso, la conciliación no puede seguir siendo un asunto privado que las mujeres resuelven en silencio. Es una responsabilidad colectiva que requiere compromiso político, social y empresarial.

Esta realidad se agrava aún más en el medio rural. Allí, donde los servicios son más limitados, la conciliación se convierte, en demasiadas ocasiones, en una utopía. Las mujeres rurales sostienen el equilibrio de sus familias, de sus trabajos y de sus pueblos, asumiendo una carga que muchas veces pasa desapercibida.

Hablar de conciliación en el medio rural es hablar también de cohesión territorial, de lucha contra la despoblación y de justicia social.

Ante esta realidad, Europa ha dado un paso al frente con la Estrategia Europea de los Cuidados, una herramienta clave para avanzar hacia un modelo más justo e igualitario. La Unión Europea ha situado los cuidados en el centro de su agenda con un marco que apuesta por garantizar servicios accesibles, asequibles y de calidad, mejorar las condiciones laborales de quienes cuidan y avanzar en corresponsabilidad. Una estrategia que reconoce algo fundamental: los cuidados no son un gasto, son una inversión social y económica imprescindible.

Invertir en cuidados significa mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral, reducir las brechas salariales y de pensiones y fortalecer el Estado del bienestar. Pero también significa generar empleo, atraer talento y dar respuesta a uno de los grandes retos demográficos de nuestro tiempo.

En este contexto, hablar de soluciones no es una opción, es una obligación.

Sin embargo, no podemos conformarnos. La conciliación real exige un cambio profundo. Exige políticas públicas que sitúen los cuidados en el centro, que reconozcan su valor y que construyan una red sólida que permita a las mujeres no tener que elegir entre su vida personal y profesional.

Exige también corresponsabilidad. Porque sin la implicación real de los hombres, no habrá avances suficientes.

El 23 de marzo debe servirnos para algo más que reflexionar. Debe ser un punto de inflexión. Un recordatorio de que la igualdad no puede seguir esperando.

Porque sin conciliación no hay igualdad.

Y sin igualdad, no hay futuro.

Javier Yanguas (Donostia, 1963) cuidó de sus padres mientras estaban criando a sus propios hijos. Años antes, había convivido con sus cuatro abuelos, “en una casa rural, sin baño en el caserío”, matiza. Conoce de primera mano los achaques de la edad, qué significa envejecer y perder facultades, tanto las físicas como las mentales. Asimismo, ha convivido con la soledad, el miedo a la muerte, y el desconcierto de no reconocerse en esa persona ajada. Pero también ha conocido el acompañamiento y el cariño recíproco.

“Por eso me dedico a lo que me dedico”, dice este psicólogo, reconocido experto en envejecimiento, y director científico del programa 'Gent Gran' de la Fundació 'la Caixa'. Yanguas cree en las sociedades cuidadoras, basadas en el principio de reciprocidad y el compromiso social. Asegura que es la única manera de subsistir a un futuro en el que las siguientes generaciones van a tener vejeces más largas habiendo tenido menos hijos para repartir los cuidados.

Preparándome esta entrevista no he podido dejar de pensar en el libro Las intermitencias de la muerte de Saramago, que habla de un país en el que, de repente, un 1 de enero, la gente deja de morir. Al principio, viene la alegría, pero después llegan los problemas. Desde que las religiones dejan de tener sentido hasta las dificultades económicas. Para usted ¿la inmortalidad es deseable?

Creo que la finitud nos hace plantearnos cuestiones relevantes. Sin la muerte, hay cosas que no tendrían sentido. Tú me hablas de Saramago y yo te voy a hablar del mito griego de Titón, el amante de Eos. Ella era inmortal y él no, así que le pidió a Zeus que le hiciera inmortal. El problema es que no dejó de envejecer. Y Eos volvió ante Zeus para pedirle que dejara morir a su amante. La moraleja es que lo que queremos no es vivir eternamente, sino el don de la eterna juventud.

En un siglo, la esperanza de vida en España se ha alargado 20 años. Esto ha dado lugar a la aparición o a la proliferación de enfermedades que antes no eran tan frecuentes, como el Alzheimer. ¿Estamos preparados para alargar tanto la vida?

Es difícil. Ayer estaba con una mujer de 99 años, catedrática de la UNED, que estaba perfecta hasta hace dos años, cuando se rompió el fémur. Antes era autónoma y tenía una vida muy activa, pero ahora necesita ayuda para todo, tiene que ir con tacataca y se está dando cuenta de lo que significa ser mayor y estar limitada.

Pero ese no es el único ni el mayor problema de tener vidas largas. El verdadero problema es que, a mucha gente, se le agota el proyecto vital. Piensa que, si vives muchos años, empiezas a perder a gente. Se muere tu pareja, te quedas sin amigos y tus hermanos y primos empiezan a fallecer también. Todos queremos vivir muchos años, pero eso tiene un precio y no nos paramos a pensar en las consecuencias.

¿Cuál puede ser el propósito de la vida, llegados a este punto?

Depende de cada quien. Creo que es muy importante saber adaptarse. Entender que hay cosas que antes nos hacían felices que ya no podrán ser. Eso e intentar contar con el apoyo de gente, de la familia que quede, para que ayuden con las cosas que, inevitablemente, vamos a dejar de poder hacer.

Lo que queremos no es vivir eternamente, sino el don de la eterna juventud

Los cuidados, a menudo, son muy demandantes y no todas las familias pueden hacerse cargo de ellos. Además, el tiempo de espera medio para acceder a una residencia en Catalunya es de cinco años. ¿Se puede tener una buena vejez siendo pobre?

No es lo mismo la vejez teniendo dinero que sin tenerlo, pero el estado de salud o la vida social son igual de determinantes. Creo que puedes envejecer con salud y dinero, y acabar con una vida limitada. La vida es lo que haces con lo que tienes, a lo que aspiras. Y todo viene marcado por si te aferras o no a la nostalgia, si te comprometes con tus relaciones, proyectos y con el bien común.

Vuelvo a los cuidados. La cadena de transmisión que dice que los hijos deben cuidar de sus padres está muy asumida. ¿Usted cree que decidir no cuidar de un padre o un abuelo puede ser legítimo?

Bueno, es que yo, que he sido cuidado por mis padres, siempre he tenido ese deseo de reciprocidad. Veo así la vida y creo que sin los demás no somos nada. Claro que el cuidado cuesta, que es complicado y que implica renuncias, pero también es el deseo de intentar que los otros se sientan mejor, de remediar problemas y expandir la vida. No sólo es llevar a alguien al baño, ducharle y darle de comer.

Joan Tronto dice que cuidar es reparar, hacer la vida mejor. Y por eso soy partidario de una sociedad cuidadora. No quiero una sociedad formada por individuos independientes que van a su aire. Claro que las relaciones humanas son complejas y no hay hijo que no decepcione, pareja que no aburra ni padre que no lastime alguna vez. Pero eso no es motivo para crear un mundo de personas solitarias.

Tenemos que reparar las relaciones intergeneracionales y una solución sería instaurar una mili de cuidados

Para llegar a esa parte más bucólica de los cuidados es indispensable cubrir lo urgente, que es llevar a alguien al baño, ducharle y darle de comer. Muchas familias, con trabajos precarios y problemas habitacionales, igual no tienen capacidad para ir más allá de lo imprescindible. ¿Qué le reclamaría usted al Estado para garantizar que los cuidados sean dignos para ambas partes?

En las sociedades mediterráneas, las personas cuidamos de nuestros hijos y de nuestros mayores según un principio de reciprocidad. A mí me gusta ese tipo de sociedad, pero es verdad que el momento actual es complicado. Los baby-boomers hemos tenido menos hijos y, además, las mujeres de mi generación son las más formadas de la historia y económicamente independientes, cosa que es importante porque los cuidados siempre han recaído mayoritariamente sobre ellas.

Por otro lado, aunque el nivel económico en la vejez ha aumentado gracias a las pensiones —sin obviar que sigue habiendo pobreza-, los jóvenes están viviendo una situación muy injusta porque crecen con las expectativas muy topadas. Eso hace que las relaciones intergeneracionales estén muy tocadas. Todos hemos leído libros sobre eso, como La vida cañón [de Analía Plaza]. Creo que tenemos que reparar esas relaciones y una solución, aunque nadie me hará caso, sería instaurar una mili de cuidados.

¿Una mili de cuidados?

Que los jóvenes tengan la experiencia de cuidado, de la fragilidad. Partiendo de ahí, la vida se ve distinta. Cuando te das cuenta de que vivimos en una paradoja de la vulnerabilidad en la que necesitamos de los demás, todo cambia.

Esa mili de los cuidados tiene mucho que ver con la clase. Porque quienes vienen de familias trabajadoras, esas experiencias ya las tienen. Quien más quien menos ha cuidado de sus hermanos o ha vivido con sus abuelos.

Yo crecí con mis cuatro abuelos en una casa rural, sin baño en el caserío, imagínate. Y creo que, por eso, me dedico a lo que me dedico.

¿Y no cree que estas experiencias pueden ser contraproducentes? Los cuidados, en algunas ocasiones, pueden ser traumáticos.

Por lo general, según diversas investigaciones que hemos hecho, las mujeres de baby-boom no quieren que sus hijos las cuiden. No creo que sea porque los cuidados en sí generen trauma, sino porque el cuidador tiende a sentirse muy solo. Por eso, respondiendo a tu pregunta inicial, creo que la sociedad debe ocuparse de facilitar los cuidados y cuidar de sus ciudadanos.

Nuestro modelo del bienestar está pensado para vejeces más cortas y así no llegaremos a todo el mundo

Pues volviendo a la pregunta inicial, viendo que vamos hacia un gran envejecimiento de la población ¿no le exigiría nada al Estado para que garantice que los cuidadores no se sientan solos ni sobrepasados?

Lo primero que pediría es una conversación valiente. Tendremos sociedades muy envejecidas, con vejeces muy largas que vienen sin manual de instrucciones. Nuestro modelo del bienestar está pensado para vejeces más cortas y así no llegaremos a todo el mundo.

Los que vamos a ser mayores dentro de 15 años ya estamos aquí y, excepto que pase algo que nos haga desaparecer, ya podemos calcular cuál será el gasto en pensiones y se puede saber que no tendremos recursos para garantizar un sistema de cuidados suficiente. Vamos a tener problemas pero, como dice Theodor Khalifatides, el ser humano tiene la capacidad de no hablar de las cosas importantes.

Cuando hablamos de los cambios demográficos, solemos olvidar el descenso de la natalidad. Eso significa que muchas de las personas que llegarán a viejas en los próximos años no habrán tenido descendencia. Si yo no tengo hijos, ¿quién me cuida?

Esa es otra de las cosas importantes, porque nunca antes había pasado. Todas las generaciones han tenido un grupo de personas sin hijos, como la tieta de Serrat, que se quedó soltera. Pero es que ahora estamos ante una generación que ha decidido voluntariamente no criar. Y eso es un problema, porque nuestros servicios sociales y sanitarios están diseñados pensando en la familia que hay detrás del usuario.

Y el problema no es solo la falta de hijos, sino que el número de personas a cargo se multiplica. Cada vez hay más divorcios, lo que supone que un hijo de padres separados que posteriormente han conseguido otras parejas podría tener que cuidar de cuatro personas mayores.

Entonces, ¿qué hacemos?

Buena pregunta. Hay una postura naíf que dice que nos cuidaremos entre nosotros, que ya veremos. Pero eso es difícil. Claro que irás a ver a tu tía o a la pareja de tu padre al hospital, pero ¿quién la cuidará de verdad? Es algo que no queremos plantearnos, aunque tenemos que hacerlo. Simone de Beauvoir decía que nos negamos a reconocernos en el viejo que seremos y eso es un error. Lo dejamos todo para cuando es demasiado tarde. Fíjate, el otro día estaba con un grupo de personas de 70 años y ni siquiera ellos querían hablar de cómo planteaban sus propios cuidados. Si a esa edad todavía no has reflexionado sobre que la vida es finita, algo va mal.

Estoy dispuesto a aceptar una carga impositiva alta porque no se puede tener los servicios suecos con los impuestos de aquí

Eso podría estar cambiando. Según datos de la Generalitat, el último año hubo un 60% más de registros del Testamento Vital y dos de cada tres corresponden a personas de menos de 60 años.

Eso es una gran noticia, aunque el Testamento Vital no te obliga a decidir cómo van a ser los cuidados, sino hasta dónde quieres que lleguen. Si pasamos la responsabilidad de nuestros cuidados, deberíamos poderle allanar el camino a ese alguien. No sólo en lo relativo a la toma de decisiones, también en lo económico. Que cuidarte no les cueste dinero.

Me gustan los modelos del norte de Europa, con estados del bienestar amplios que protegen y compensan las desigualdades. Y estoy dispuesto a aceptar una carga impositiva alta porque no se puede tener los servicios suecos con los impuestos de aquí.

Además de la crisis de los cuidados, otro mal que achaca la vejez es la soledad no deseada, que va en aumento. ¿Cómo podemos evitarlo?

Es difícil, porque caminamos hacia sociedades más solitarias. Están cambiando los usos del tiempo y cada vez tenemos menos disponibilidad. Preferimos llamar a nuestra abuela que ir a verla. Cuando quedamos con amigos, es para ponernos al día porque hace mucho que no les vemos. Eso no es compartir la vida.

Estoy totalmente en contra de los postulados actuales que han puesto tan de moda la paradoja de la felicidad. La felicidad no es alcanzable siempre, sino que te la trabajas, son momentos. Y otra cosa esencial de entender es que hay cosas más importantes que la felicidad propia e individual. Cuando cuidé de mi madre no era porque me apeteciera o me hiciera feliz, sino porque era lo que tenía que hacer. Renunciar a tu tiempo no es agradable, pero hay cosas que valen más que tu bienestar. Cuando trivializamos el sufrimiento ajeno y banalizamos la felicidad propia, nacen sociedades solitarias.

Pero la soledad no siempre se cura con compañía.

No, por supuesto. La exclusión se puede dar estando rodeado de gente. Muchas veces es algo que va por dentro, que tiene que ver con cuestiones más existenciales. Y volvemos al sentido de la vida en la vejez. El sentimiento de que ya no tienes nada que aportar, que no hay propósito, aparece mucho en el momento de la jubilación. Y eso la compañía no lo arregla necesariamente.

Lo que hagamos con nuestros amigos en la edad adulta puede predecir, hasta cierto punto, la soledad en la vejez

¿Cómo hemos llegado a sociedades tan basadas en la productividad y en la centralidad del trabajo que nos de vértigo jubilarnos?

Piensa que nuestra identidad va cosida a nuestra profesión. A mucha gente, ese cambio le pilla por sorpresa. Y mira que se puede predecir el día de la jubilación. Por eso, yo defiendo que tenemos una responsabilidad a la hora de gestionar nuestras relaciones. Lo que hagamos con nuestros amigos en la edad adulta puede predecir, hasta cierto punto, la soledad en la vejez.

Pero estamos perdiendo el compromiso social. Si es de noche, justo llegas de trabajar y te llama ese amigo que se acaba de divorciar, claro que no te apetece cogerle el teléfono. Sabes que vas a estar una hora con él y sus dramas. Pero oye, ¿a qué te debes? Necesitamos generar comunidad. A veces hablo con gente del baby-boom y veo que muchos aspiran a vidas pequeñas.

¿A qué se refiere?

A que no tienen responsabilidad para con el bien común. Tú quieres vivir tranquilo, vale. Pero ¿qué pasa con los menores migrantes que vienen solos? ¿Con el cambio climático o la vivienda? ¿Con lo de Gaza, Ucrania o Irán? Tú estás en el mundo y tienes que entender que, si el mundo no está bien, tampoco lo vas a estar tú.

Está planteando situaciones muy abrumadoras. Quizás, el aislamiento es un mecanismo de protección.

Claro, hay una parte de eso y una parte de individualismo. No vas a hacer nada para acabar con el drama en Gaza, pero sí puedes cogerle el teléfono a ese amigo y estar para lo que haga falta. Esa es una militancia fantástica: decirle que se venga a cenar a casa. Dormirás dos horas menos de las que te gustaría, pero lloraréis juntos y estrecharéis lazos.

Creo en la militancia de los cuidados. Y así encaro mi futuro, porque no creo que la jubilación tenga que ser la tierra prometida del descanso. Tenemos que dejar un legado para una sociedad mejor, y ese legado, para mi generación, es el compromiso. Hubo otros que vivieron una guerra, que pasaron hambre y miseria. Nuestra vejez va a ser buena, pero a cambio hay que comprometernos. Te jubilas de la actividad laboral, no de los retos de la vida.

La Consejería de Educación y Empleo ha convocado las ayudas destinadas a la contratación laboral de personas cuidadoras cualificadas y a personas empleadas del hogar en situación de desempleo, así como a la reducción de la jornada de trabajo para el cuidado de hijos y de personas con discapacidad o con dependencia, para las que se destina 100.000 euros.

El Gobierno de La Rioja, a través de estas ayudas, facilita la conciliación de la vida laboral y personal, a la vez que fomenta la creación de puestos de trabajo en el ámbito doméstico. Además, también se subvenciona la reducción horaria en el puesto de trabajo, lo que permitirá a los progenitores y responsables proporcionar la atención adecuada que requieren los hijos menores de 14 años y las personas con dependencia. 

Pueden beneficiarse de estas ayudas:

Tanto la persona solicitante como su cónyuge, pareja de hecho o persona con la que conviva deberán disponer de un contrato laboral a jornada completa para los mismos hijos o persona dependiente con responsabilidad compartida. 

Las contrataciones o reducción de la jornada de trabajo para cuidado de hijos menores de 14 años, o hasta 18 en caso de diversidad funcional, o de personas con discapacidad reconocida igual o superior al 50% o con dependencia a cargo de la persona solicitante, deberán producirse desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 30 de octubre de 2026. 

El plazo para presentar las solicitudes de estas ayudas se prolongará hasta el 30 de noviembre de 2026. Todos los trámites necesarios pueden realizarse en la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja, a través de este enlace: Ayudas a la contratación de cuidadores

Hace unos siete años, la abuela de Sandra empezó a desorientarse mucho y a decir cosas sin sentido. Fueron los primeros signos de una demencia que con el tiempo se reveló como Alzheimer. A medida que esta enfermedad neurodegenerativa fue avanzando, su capacidad para valerse por sí misma se reducía y su necesidad de cuidados aumentaba.

Inicialmente, se ocuparon de ella sus hijos. “Son nueve hermanos y mi abuela vivía con uno de mis tíos. Se encargaban entre todos, por las tardes siempre estaba acompañada”, recuerda Sandra. Pero llegó un día en el que también necesitaba ayuda por las mañanas y ellos, por sus trabajos, no se la podían dar. Contrataron a una trabajadora que la acompañaba durante el día, mientras que por la noche se hacía cargo el hijo con el que vivía. Después de un tiempo, eso tampoco fue suficiente, así que optaron por una cuidadora interna que se ocupaba de ella de domingo a viernes, y los fines de semana se turnaban entre los hijos para llevársela a su casa. La enfermedad siguió haciendo cada vez más mella en las capacidades de esta mujer que vivía en Manresa (Barcelona), así que “llegó un momento en que tuvieron que tomar la decisión de meterla en una residencia porque necesitaba atención 24/7”, cuenta su nieta.

Las decisiones sobre cómo cuidar a una persona mayor en situación de dependencia pueden ser difíciles. Lucía González, trabajadora social de Jaén, explica que “muchas veces las familias no están preparadas para los cambios de vida” que surgen cuando una persona “pasa de ser totalmente autónoma a ser dependiente, de poder desarrollar su vida diaria a no poder hacerlo”. Señala que primero suelen pasar por “una fase de aceptación” y después deben hacer frente a diferentes inquietudes, como la falta de tiempo o de recursos.

A menudo las familiares sienten que deben hacerse cargo ellas mismas. “Estamos en una cultura muy mediterránea de los cuidados. En España tenemos ese sentimiento de responsabilidad, que es muy positivo, y esa red de protección que en muchísimos casos es la familia, algo que además ha estado históricamente muy feminizado”, indica González. Añade que esos valores llevan a menudo a retrasar la decisión de acudir a recursos como una residencia porque se da “un sentimiento de culpa, de decir: ‘se supone que yo tengo que cuidar de la persona mayor”.

En el caso de la abuela de Sandra, los dilemas sobre cómo cuidarla provocaron tensiones familiares. “Hubo dos bandos. El de ‘sí, la metemos en la residencia’ y el de ‘no, porque va a estar mejor en su casa”, relata. Precisa que “había unas hermanas que estaban muy acostumbradas a ir cada tarde a visitarla, y si la metían en una residencia tendrían que cumplir unos horarios”. Y describe “mucho conflicto” entre los hijos, con diferencias entre quienes se ocupaban más y quienes se ocupaban menos de los cuidados y reproches como “te quieres deshacer de la abuela porque te molesta”. Sin embargo, la siguiente generación tenía otra visión: “Los nietos lo veíamos muy claro. Mi abuela era una persona que siempre había estado rodeada de gente. Salía a pasear, hablaba con las vecinas... Al tener una interna salía a pasear, pero no se estaba relacionando de la misma manera que años atrás”. Sandra recuerda esos momentos como una etapa dura: “Mi madre sentía que estaba abandonando a su madre”.

Muchas veces las familias no están preparadas para los cambios de vida que surgen cuando una persona pasa de ser totalmente autónoma a ser dependiente

Lucía González — trabajadora social

La familia de Paula (no es su nombre real, pero prefiere no dar el suyo) pasó por algunas situaciones parecidas. Su madre, de 83 años, tiene una demencia que también ha degenerado progresivamente sus capacidades. “Estuvo unos años muy estable. Ella misma se manejaba: era autónoma y se podía mover bien. Pero en los últimos tres o cuatro años ha dado un bajón muy grande”, cuenta. Vivía con la hermana de Paula, que llegó un momento en el que ya no podía hacerse cargo ella sola, así que empezaron a turnarse entre los cuatro hijos e hijas para acudir a la casa de su madre a atenderla.

No era sencillo. “Ya había que hacerle todo: ducharla, vestirla… Lo único que hacía sola era comer”, explica desde el pueblo de Albacete en el que vive la familia. “A lo mejor querías ducharla y ella no quería que la ducharas”, recuerda sobre las dificultades de esos cuidados. Para los hijos tampoco era fácil compaginarlos con sus trabajos, y a eso se sumaba que ellos mismos tenían sus propios problemas de salud. Emocionalmente, era una situación dura: “La estás viendo sufrir y lo estás sufriendo tú y dándole vueltas a cómo hacerlo”. Barajaron opciones como contratar a una cuidadora interna, pero no podían permitirse ese desembolso. También acudieron a los servicios sociales municipales, que le asignaron una auxiliar de ayuda a domicilio que iba a su casa durante una hora al día. “No solucionaba nada: lo único a lo que le daba tiempo era a ducharla y poco más”, lamenta Paula.

Acabaron recurriendo a una residencia, aunque ese paso les costó: “No quieres llevarla, quieres atenderla tú, pero yo no estaba bien tampoco, tuve que coger una baja. Se complican mucho las cosas”. Su caso refleja el sentimiento de culpa que a menudo surge al plantearse estas decisiones: “Todos tenemos esa espina de ‘si ellos se han podido ocupar de nosotros, ¿por qué nosotros no nos podemos ocupar de ellos?”, reflexiona. Y cuenta cómo en el pueblo es fácil oír críticas a quienes deciden llevar a su familiar a una residencia. Más allá del juicio social, cree que en su caso pesaba el que se hacían a sí mismos: “Era como abandonarla, como decir ‘yo no quiero ocuparme de ella’. Pero no era ‘no quiero’, sino ‘no puedo”.

Sandra coincide en que existe cierto estigma social contra la decisión de llevar a un familiar a una residencia, especialmente en la generación de quienes tienen unos 50-60 años, que son quienes tienen a menudo a sus padres en situación de dependencia. Apunta que “les han inculcado que los hijos se tienen que hacer cargo de los mayores”, así que “tienen muy mal visto llevar a sus padres a una residencia porque es como que los están abandonando”. Sin embargo, cree que los más jóvenes, con “un estilo de vida totalmente diferente”, tienen una visión distinta.

En el caso de su abuela, la experiencia en la residencia ha sido positiva. “Al principio le costó, porque todo cambio conlleva un proceso de adaptación. Costó un poco hacerle entender que esa era ahora su casa”, cuenta. Pero añade que, a medida que se fue aclimatando, “la veías más contenta”: “Le fue superbien estar ahí porque volvía a relacionarse con gente igual que ella y participaba en todas las actividades”. Recuerda que ella misma acompañó a su abuela a una sesión de musicoterapia: “Era muy bonito ver dónde los colocaban emocionalmente todos los recuerdos que les generaba escuchar música de su generación”. También les hacían juegos, actividades de cocina, fiestas… “Mi abuela volvió a ser una niña, yo la veía muy contenta. Rejuveneció, porque estaba muy bien atendida. La trataban como a una reina”, valora su nieta. Así estuvo durante más de tres años, hasta que falleció este enero.

Era como abandonarla, como decir ‘yo no quiero ocuparme de ella’. Pero no era ‘no quiero’, sino ‘no puedo

Paula — hija de una mujer de 83 años con demencia

En su buena experiencia también influyó que siguió muy en contacto con su familia: “Al ser tantos hermanos, en eso se repartieron muy bien y cada día mi abuela tenía visita, de lunes a domingo”. “Cuando internas a un familiar en una residencia, no te tienes que olvidar de él. Lo suyo es que se siga sintiendo parte de la familia, porque lo es. Que sepa que está ahí pero que su familia está con ella”, reflexiona Sandra. Recuerda que las propias trabajadoras del centro les dijeron que ese acompañamiento familiar hizo que su abuela mejorase.

Paula también hace una valoración positiva de la experiencia en la residencia en la que su madre lleva en torno a un año: “Cambió, pero cambió para bien. Yo tenía mucho rechazo, pero al final está muy estable, está mejor”. “Tiene todo más organizado, un horario para cada cosa: para levantarla, para acostarla, los días de ducha, la medicación, las comidas… No es lo mismo que cuando estaba en casa, que cada uno teníamos una disponibilidad diferente”, compara.

La trabajadora social Lucía González, que también es vicepresidenta del Consejo General del Trabajo Social y coordina en él el grupo sobre atención a la dependencia, explica que “tenemos demonizadas las residencias”, especialmente desde la pandemia. Y defiende: “Habrá para todos los gustos, pero estoy segura de que hay muchos centros con personas trabajadoras excelentes y formadas que están deseando acometer ese cuidado”. Contrasta que, para esas profesionales, los cuidados son “su jornada laboral, y no las 24 horas que suponen para un familiar”. Añade que asumir ese papel desde la familia, algo que en la gran mayoría de los casos lo hacen las mujeres, tiene “un coste de oportunidad, porque si estás cuidando quizá no puedes tener otro tipo de trabajo o estás teniendo otra serie de pérdidas en tu vida”.

González también indica que las residencias están cambiando mucho: “Antes todo el mundo se tenía que levantar a la vez o comer a la vez. A día de hoy eso está evolucionando: hay un modelo de atención centrada en la persona en el que esto cada vez es más flexible, cada vez se centra más en los gustos y preferencias de la persona”. En su opinión, las residencias deben avanzar en esa línea: “Tienen que ir hacia un hogar colectivo, una casa para estas personas, no un centro hospitalizado en el que me tenga que levantar a la hora que me han dicho. ¿Por qué, si esta es mi casa?”. También cree que no deben estar lejos de las ciudades, sino integrados en ellas para que las personas tengan facilidades para salir y relacionarse con su familia, sus amistades y su entorno. Pero lamenta que ese horizonte “no siempre está en la agenda y en la visión de todos”.

Además, González defiende la necesidad de mejorar y profesionalizar la ayuda a domicilio, que tiene “un sistema de gestión precario y unas condiciones laborales precarias”. “La mayoría de las personas quieren envejecer en su casa, en su entorno, con sus objetos, con su historia de vida, con su familia. Por eso es tan importante que haya recursos de proximidad, como ayuda a domicilio y teleasistencia: que se articulen mejores herramientas para mantenerse lo máximo posible con calidad de vida en el propio entorno”, plantea. Y pide apostar por “la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal, un servicio que apenas se ha puesto en marcha”. El Gobierno aprobó en 2024 una estrategia que va en la línea de estas propuestas.

Sandra está de acuerdo con la necesidad de recursos de prevención. Echa en falta medidas de “detección precoz de enfermedades degenerativas como el Alzheimer” y “que desde los primeros signos se hagan terapias grupales para que ese deterioro no sea tan fuerte”. También cree que “falta muchísimo personal en las residencias y centros de día para poder atender a tanta persona mayor”.

Paula coincide en que “los servicios sociales se quedan un poco cortos”. Cuando asignaron a su madre una hora al día de ayuda a domicilio, la pusieron en lista de espera para ampliar ese tiempo, pero lamenta que “no llega nunca”. Al decidir finalmente recurrir a una residencia, lo hicieron en una privada a la espera de que le concedieran una plaza pública, algo que un año después siguen esperando. “Debería haber más ayudas y que se facilite más tenerla en casa”, plantea. Y precisa que, si hubiera recursos públicos suficientes para que estuviese bien atendida en su domicilio, no la habrían llevado a la residencia.