Desde que nació, Aurora ha volcado su vida en mejorar la de su hijo. No es una frase hecha ni algo que se escape de lo común, pero sí es la realidad de una madre que ejemplifica cómo es tener a un hijo con necesidades especiales en Andalucía. A sus cinco años, está a tan solo uno de perder el derecho a recibir la atención temprana que ofrece la Junta de Andalucía a los menores de entre 0 y 6 años, cuyo modelo está tensionado. Profesionales y familias argumentan que las últimas decisiones del Ejecutivo regional están favoreciendo una externalización del servicio que ahoga a quienes trabajan en él y dificulta la atención de los niños.

En Andalucía, según datos de la Junta, alrededor de 35.000 menores necesitan de la atención temprana que se ofrece en los diferentes centros que hay por toda la comunidad autónoma. Son los llamados Centros de Atención e Intervención Temprana (CAIT) que, dependiendo de la provincia, están externalizados más en entidades del tercer sector o en empresas privadas. Un reparto que pone en jaque el modelo porque, como denuncian los profesionales sanitarios, Almería, Granada o Sevilla sufren directamente las consecuencias de que los CAIT sean gestionados desde el sector privado. Aurora sabe de primera mano lo que implica ese hecho. Su hijo de cinco años lleva toda su vida acudiendo a este servicio y se puede considerar afortunado.

Según los datos que manejan desde el sector, en provincias como Granada la lista de espera para acceder a la atención temprana supera los 200 niños y en otras como Almería la cifra se dispara hasta los 700. De ahí que Aurora explique que ella logró que su hijo entrase en un CAIT tras “reclamarlo mucho por vía administrativa”. No en vano, “la atención que necesitan niños como el mío ni acaba con las horas que les atienden diariamente, ni termina a los seis años”. Resume así que el modelo no solo languidece por su externalización, sino porque se queda corto en cuanto a atención. “Desde hace tiempo, nosotros llevamos a nuestro hijo a profesionales particulares para que completen su seguimiento”, explica.

La situación ha llegado hasta el punto de que familias y profesionales han decidido unirse en una sola voz para reclamar cambios en un sistema que, aseguran, lleva años acumulando problemas y que la última adjudicación de los conciertos sociales ha terminado por agravar. Para ello, llevan tiempo movilizándose porque su principal preocupación no es únicamente quién gestione los centros, sino las consecuencias que tiene un modelo que se renueva cada dos años y que, con cada licitación, vuelve a poner en cuestión la estabilidad de trabajadores y menores.

Un sistema “inestable”

“Cada dos años se tensiona el sistema. Cada dos años se pone profesionales en la puerta de la calle y se reubica a niños sin tener en cuenta el vínculo terapéutico”, lamenta Aurora. Su caso ilustra bien ese temor. Toda la organización familiar gira alrededor de las sesiones de psicología, logopedia y terapia ocupacional de su hijo. Incluso los horarios laborales de ella y de su marido, así como la rutina de su hija pequeña, dependen de las terapias. “Nuestra vida gira en torno a las sesiones de mi hijo”, cuenta.

Ese vínculo con los profesionales es precisamente uno de los aspectos que más preocupa a las familias. Especialmente cuando se trata de menores con trastornos del neurodesarrollo, la confianza con la persona que les atiende constituye una parte esencial del tratamiento. “En el momento en que el niño confía en la persona que está con él, ya has triunfado. Si un niño con autismo no confía en quien lo atiende, está perdiendo el tiempo”, explica Aurora, que reconoce haber cambiado de profesional hasta encontrar uno con el que su hijo lograra establecer esa relación.

Sin embargo, esa continuidad es precisamente la que dicen que está desapareciendo. Y no solo lo perciben las familias. También quienes trabajan dentro de los Centros de Atención e Intervención Temprana. “Nosotros somos profesionales sanitarios: fisioterapeutas, logopedas, psicólogos... Pero al trabajar en un servicio público externalizado, nuestras condiciones son muy precarias comparadas con las de nuestros homólogos de la sanidad pública”, explica Ángela, una profesional que trabaja en uno de los CAIT andaluces. A su juicio, el principal problema es que la atención temprana “se ha convertido en un sitio de paso”.

Los salarios, denuncia, apenas superan el salario mínimo interprofesional (SMI). “Un logopeda que acaba de terminar su especialización puede cobrar unos 1.100 euros. Con antigüedad puede llegar a 1.400. No puedes vivir con ese sueldo”, lamenta. La consecuencia es inmediata: quienes adquieren experiencia terminan marchándose a otros ámbitos del sistema sanitario, a clínicas privadas o incluso abandonando la profesión.

“La gente se va porque no aguanta aquí”, afirma. “Tengo compañeras que están preparando oposiciones, otras que han decidido hacerse autónomas y otras que directamente están estudiando otra profesión”. Una rotación constante que, insiste, repercute directamente sobre los menores. “Las familias sufren un cambio constante de terapeuta. Y eso rompe un vínculo al que ellas le dan muchísimo valor”.

La Junta defiende el nuevo concierto social

La última adjudicación de los conciertos sociales ha incrementado además la incertidumbre. Algunas entidades han perdido parte de las sesiones que gestionaban y otras han dejado de prestar el servicio. Eso ha obligado a redistribuir menores entre distintos centros y ha abierto numerosas dudas sobre la continuidad laboral de las plantillas y sobre cómo se aplicarán las subrogaciones previstas en los nuevos contratos.

En algunos casos, denuncian, los profesionales serán contratados por las nuevas adjudicatarias, pero perderán la antigüedad acumulada durante años. En otros, todavía ni siquiera saben cuál será su futuro laboral. “Ni las propias empresas saben muy bien cómo se va a hacer. Creo que han incluido la subrogación sin ser conscientes de la complejidad que tiene”, sostiene Ángela. Las profesionales rechazan que se trate únicamente de una reivindicación salarial. Insisten en que la financiación actual no permite mantener equipos estables ni mejorar las condiciones laborales porque el incremento aprobado por la Junta resulta insuficiente para absorber el aumento de los costes de los últimos años. “Ellos presumen de haber aumentado la financiación, pero la subida no cubre todo lo que ha subido la vida. Con ese dinero hay que pagar salarios, alquileres, materiales... No llega”, explica.

Desde la Consejería de Salud, sin embargo, defienden que el nuevo concierto social supone precisamente un refuerzo del sistema. Según los datos facilitados a elDiario.es Andalucía, la nueva planificación incrementa un 13,1% el presupuesto respecto al contrato anterior, hasta superar los 52 millones de euros anuales, y aumenta un 5,1% el número de sesiones financiadas, además de elevar el precio por sesión hasta los 30,13 euros.

La Junta niega además que la pérdida de adjudicaciones haya supuesto el cierre de ningún CAIT. Reconoce que algunas entidades han perdido lotes, pero sostiene que esas sesiones han sido asumidas por otras organizaciones y que, en la mayoría de los casos, el volumen total incluso se ha incrementado. Asimismo, rechaza que exista un proceso generalizado de privatización y defiende que el sistema continúa siendo mixto, con un claro predominio de entidades sin ánimo de lucro en provincias como Huelva, Málaga, Córdoba o Cádiz, mientras que en Granada, Almería y Sevilla existe una mayor presencia de empresas privadas.

Un modelo que se agota

Es precisamente en esas provincias donde las familias sitúan el origen del conflicto. Consideran que el creciente peso de empresas privadas está modificando un modelo que históricamente había recaído en entidades sociales con una larga trayectoria en atención temprana. “Las empresas privadas están sentadas en la mesa donde se negocian los pliegos. Las familias y los trabajadores no”, critica Aurora, cuyo hijo está en uno de estos CAIT.

A ello se suma un problema que ni familias ni profesionales consideran resuelto: las listas de espera. Aunque la Junta defiende el incremento de sesiones, quienes trabajan sobre el terreno sostienen que el aumento de la demanda continúa dejando fuera a cientos de menores. Según los datos que manejan las plataformas familiares, en provincias como Granada se supera actualmente los 200 niños esperando una plaza y en otras como Almería se rebasa los 700.

La preocupación va más allá del presente. Las profesionales advierten de que el modelo puede quedarse sin relevo si las condiciones laborales no mejoran. “Lo que realmente me preocupa no es nuestra situación, sino la atención temprana. Creo que en dos o tres años no va a haber profesionales dispuestos a trabajar aquí”, alerta Ángela como profesional sanitaria implicada en este servicio. Explica que ya resulta complicado cubrir bajas porque los recién titulados descartan incorporarse a unos centros donde los salarios son bajos, la estabilidad depende de licitaciones periódicas y la presión asistencial no deja de aumentar.

Mientras tanto, las familias continúan organizando su vida alrededor de un servicio que consideran imprescindible para el desarrollo de sus hijos y que, denuncian, cada vez ofrece menos certezas. Aurora tiene claro que seguirá reclamando cambios, no sólo por su hijo, sino por quienes vienen detrás. “Soy maestra. No peleo solo por mi hijo. Me duelen también todos los demás porque esto es un maltrato permanente”.

En Castilla-La Mancha, la brecha salarial de género se sitúa en torno al 18,6%. Está tres puntos encima que la media española, del 15,7%, según los datos oficiales de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto quiere decir que las mujeres perciben de media unos 4.781 euros menos al año que los hombres.

Pero esta no es la única brecha. Hay muchas más que tienen que ver con los puestos de responsabilidad en las empresas, con la conciliación, con el liderazgo femenino y con la corresponsabilidad en los cuidados, en los que las mujeres asumen el 80% de las excedencias laborales. Son todas las demandas comunes de los colectivos feministas, situaciones que vienen repitiéndose cifra tras cifra sin que nada cambie. O cambie muy poco.

Aunque existe un marco estatal mediante el Real Decreto aprobado en 2021, el Gobierno castellanomanchego ha decidido hacer algo más concreto al respecto. Lo lleva anunciando desde hace dos años como una de las iniciativas más importantes de la presente legislatura. Y lo será cuando se apruebe. Porque la futura Ley para reducir las brechas de género en el ámbito económico será la primera norma autonómica española de este calibre.

El borrador del anteproyecto ya está redactado y el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere aprobarlo antes de que termine la legislatura el año que viene. La Consejería de Igualdad, liderada por Sara Simón, ha vertido en la futura ley un conjunto de medidas concretas encaminadas a otros objetivos como erradicar la discriminación sistemática y facilitar el acceso a las mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados, sobre todo en el ámbito rural y agrario.

También define conceptos clave y asigna responsabilidades institucionales para asegurar que la perspectiva de género impregne todas las políticas públicas de la región.

Del sector público al privado

El borrador, al que ha tenido acceso este periódico, establece casi un centenar de propuestas que abarcan tanto el sector público como el privado a través de la transparencia, la vigilancia y, sobre todo, los incentivos económicos. Por ejemplo, con carácter general, promueve el principio de igual retribución por trabajo de igual valor y que las empresas privadas eliminen las cláusulas de confidencialidad en sus políticas retributivas.

En todo ello cumplirá un papel esencial la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: vigilará el cumplimiento de la normativa sobre auditorías retributivas y la eliminación de la brecha salarial. Y además, en las negociaciones colectivas de los convenios laborales, se asesorará para incluir la igualdad salarial y evitar cláusulas que generen brechas económicas. De hecho, la Administración castellanomanchega podrá impugnar convenios con cláusulas discriminatorias.

También se creará un observatorio regional de la brecha económica entre mujeres y hombres para analizar datos salariales desagregados por sexo y proponer medidas correctoras.

Estas últimas acciones están detalladas por todo el anteproyecto. Llaman la atención, sobre todo, los incentivos y las ayudas económicas públicas. En primer lugar, se convocarán subvenciones para empresas y autónomos destinadas a corregir las brechas salariales y tendrán prioridad las que se comprometan a reducirlas en al menos un 15% respecto a su última auditoría.

En cuanto a la contratación pública, los órganos promotores incluirán la reducción de la brecha salarial como criterio para la adjudicación de contratos públicos. Así, en caso de empate entre ofertas, se dará preferencia a empresas que acrediten una evolución favorable en la reducción de su brecha respecto al ejercicio anterior. Y también muy llamativo: no podrán contratar con el sector público las empresas que, estando obligadas por tener más de 50 empleados y empleadas, no dispongan de un plan de igualdad registrado.

Asimismo, dentro del sector público, se realizará un estudio sobre la valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género en las administraciones públicas para identificar y corregir brechas retributivas internas. Se creará un ‘Punto de Gestión de Igualdad Económica’ que ofrecerá recomendaciones específicas en materia de igualdad salarial y asesoramiento técnico.

Además de estas acciones directas, la ley contempla campañas de sensibilización periódicas y la creación de un “banco de buenas prácticas empresariales” para divulgar experiencias exitosas en la eliminación de la discriminación salarial.

La cuestión más candente es cómo aplicar la perspectiva de género en las subvenciones públicas. Se trata de un eje transversal que aparece por todo el borrador, pero básicamente, será la Consejería de Administraciones Públicas la que elabore “instrucciones obligatorias” para que todas las órdenes de bases reguladoras y convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva incorporen esa perspectiva de género.

Reserva del 40% de ayudas para proyectos liderados por mujeres

La medida más relevante es que la administración podrá reservar hasta un 40% de las ayudas al emprendimiento para proyectos liderados por mujeres; se otorgará una puntuación extra a proyectos desarrollados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación para fomentar el desarrollo rural femenino; y las ayudas para corregir brechas económicas se dirigirán prioritariamente a empresas que asuman compromisos verificables, como mejorar la representación femenina en un 30% o reducir su brecha salarial en al menos un 15%.

Otra fórmula de nueva creación que incorpora el anteproyecto será el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres, que incluirá incentivos específicos para priorizar el acceso a subvenciones regionales a aquellas empresas que acrediten paridad en sus órganos de decisión.

En este punto cumplirán un papel esencial las asociaciones u organizaciones profesionales del ámbito agrario, que solo podrán acceder a ayudas si cuentan con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección.

También en este sector, se priorizarán las solicitudes con “representación relevante de mujeres” (mujeres físicas, titularidad compartida, 50% de participación social o presidencia femenina), otorgándoles al menos un 20% de la puntuación total en procesos competitivos.

Conciliación: estrategia pública y medidas contra represalias

La conciliación y los cuidados son otros dos pilares fundamentales de la futura ley. La corresponsabilidad, entendida como el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y de cuidados entre hombres y mujeres, así como entre los distintos agentes sociales, ocupa un lugar destacado en el anteproyecto. Establece así la creación de una Estrategia Pública de los Cuidados y la Corresponsabilidad, con especial atención a las zonas de intensa y extrema despoblación.

Y en cuanto a ayudas directas, se creará un programa para la contratación de personal doméstico destinado al cuidado profesional de hijos, hijas o personas dependientes, y se ofrecerán apoyos económicos similares destinados a mujeres autónomas o titulares de microempresas en situaciones laborales derivadas de la conciliación.

Con esta ley, la Administración castellanomanchega también incorpora medidas para la flexibilidad horaria y la reducción de las jornadas partidas. Por ejemplo, en el sector público, se promoverán modelos de organización del trabajo orientados a resultados que sean “compatibles con la conciliación corresponsable”.

De hecho, el anteproyecto declara ilegal toda discriminación, directa o indirecta, motivada por el ejercicio de los derechos de conciliación. Además, se vigilará que no exista un trato desfavorable en las empresas por este motivo.

De igual forma, las subvenciones públicas podrán incluir líneas específicas de apoyo o criterios de valoración positiva para trabajadores que hayan ejercido derechos de conciliación, como la reducción de jornada por guarda legal o excedencias por cuidado.

En el ámbito rural, mediante el denominado y ya implantado “transporte sensible a la demanda”, se impulsará la movilidad de las mujeres en el medio rural para facilitar su acceso al empleo a través de programas de transporte adaptados.

También existirá protección frente a posibles represalias por conciliación, es decir, evitar que haya perjuicios laborales o personales. Esta protección se articula principalmente a través del “derecho a la indemnidad” y la declaración de ilegalidad de las conductas discriminatorias.

El primero establece que nadie puede ser discriminado ni represaliado por reclamar o ejercer los derechos de conciliación, y la protección no se limita únicamente a la persona que ejerce el derecho, sino que se extiende a personas que apoyen o defiendan a quien reclama sus derechos o a las que mantengan una relación matrimonial, unión de hecho o parentesco con la persona que ejerce el derecho o lo reclama.

Es más, en el sector privado, la administración promoverá actuaciones dirigidas específicamente a prevenir cualquier trato desfavorable derivado del ejercicio de los permisos de conciliación en las empresas y entidades. A ello se sumarán acciones para eliminar la discriminación derivada de la maternidad, el disfrute de permisos de nacimiento y cuidados, o las reducciones de jornada por guarda legal.

Y para garantizar que esta protección sea efectiva y no quede en una ‘declaración de intenciones’, la ley contempla varios mecanismos de control a través de la Inspección de Trabajo como la pérdida de subvenciones y ayudas para empresas que ejerzan represalias o discriminación.

Hasta tres años de penalización

De hecho, el anteproyecto de ley incorpora una amplia lista de infracciones, algunas ya mencionadas. Combina la pérdida de beneficios económicos con la exclusión de contratos públicos y la obligación de devolver fondos recibidos para aquellas empresas que no cumplan con los estándares de igualdad y paridad. Esta exclusión de los beneficios económicos y la contratación puede durar hasta un plazo máximo de tres años, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

En el caso concreto del sector agrario, las asociaciones u organizaciones profesionales de este ámbito no podrán recibir ninguna ayuda o subvención pública si no cumplen con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección. Y en los colegios profesionales, deben garantizar que el sexo menos representado ocupe al menos el 40% de los puestos en sus juntas de gobierno y comités de dirección.

Además, el incumplimiento de la paridad en los órganos de decisión conlleva la pérdida de la prioridad en la contratación pública y en el acceso a subvenciones regionales que el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres otorgará a las empresas cumplidoras.

Aunque todas estas medidas están definidas en el anteproyecto, sus competencias detalladas se determinarán de forma definitiva mediante un desarrollo reglamentario posterior, por lo que todavía queda recorrido para que esta normativa pueda ser una realidad (pionera) en Castilla-La Mancha.

Tras años de confusión administrativa y listas de espera desesperanzadoras para las familias, la reciente reforma del sistema de dependencia y de la ley de discapacidad prometen más financiación y menos burocracia. El gran reto sigue siendo cultural: la tendencia a retrasar la solicitud de ayuda hasta que la situación es límite.

Históricamente, los ciudadanos se han encontrado ante dos sistemas, por un lado el de dependencia, de creación más reciente, y por otro, el que aglutinaba los conceptos de servicios sociales y discapacidad, que ya existía anteriormente, explica Francisco Sardón, presidente de la federación sin ánimo de lucro Impulsa Igualdad de Castilla y León. Así, mientras la discapacidad se centraba en aspectos físicos y certificaciones para acceder a ayudas técnicas o movilidad reducida, la dependencia evaluaba la capacidad del individuo para desenvolverse de forma autónoma en su entorno cotidiano.

El funcionamiento independiente de ambos sistemas generaba dificultades a las familias debido a todos los puntos en los que convergen los dos ámbitos, generando una enorme distorsión, según Sardón. “Eliminar esos trámites burocráticos dobles ha sido un paso notable para que el sistema de dependencia sea más ágil en su gestión”, destaca, y recuerda que en algunas comunidades las listas de espera para acceder al sistema de dependencia superaban el año.

La nueva reforma de la ley de discapacidad y la refundación del sistema de la dependencia aprobadas en el Congreso hará posible que el reconocimiento sea de forma automática: un grado I de dependencia otorgará directamente un 33% de discapacidad, mientras que los grados II y III darán acceso al 65%. “Esto era algo que nosotros veníamos reivindicando precisamente porque el nivel de burocracia no tenía sentido”, señala el presidente de Impulsa Igualdad.

Cuándo iniciar el procedimiento de solicitud

Uno de los problemas más frecuentes detectados por los expertos era el retraso a la hora de hacer las solicitudes de dependencia que, sumadas a las listas de espera para acceder al sistema, hacía que la ayuda llegara demasiado tarde especialmente en casos de personas mayores.

Sardón es tajante sobre el estigma o la resistencia a recibir ayuda externa: “Muchas personas intentan aguantar el poder valerse por sí mismos hasta que ya no pueden más, pero muchas veces es un error porque se producen accidentes domésticos no deseados por no tener ese tipo de apoyos”. Por eso, su recomendación es iniciar el procedimiento desde que se detectan las primeras dificultades o riesgos para la integridad física.

El objetivo no es solo asistir en la etapa final de la persona, sino fomentar la promoción de la autonomía personal. Solicitar la dependencia a tiempo permite acceder a figuras como el asistente personal o la ayuda a domicilio profesionalizada, lo que evita que toda la responsabilidad recaiga sobre hijos, nietos u otros familiares y se pueda mantener el rol familiar. “Lo recomendable es que soliciten entrar en el sistema precisamente para que desde un inicio tengan esos apoyos que hagan que sean lo menos dependientes posible”, insiste Sardón.

La nueva reforma no solo simplifica el papeleo, también blinda el sistema económicamente, asegurando que el Estado asuma el 50% de la financiación, evitando futuros recortes y duplicando la inversión estructural para reducir las listas de espera. Además, los plazos de la administración para resolver las prestaciones se reducen a la mitad, pasarán de seis meses a tres.

El nuevo modelo apuesta por priorizar que la persona viva en su hogar el mayor tiempo posible y permite combinar, por ejemplo, la teleasistencia con un centro de día o con cuidados en el entorno familiar, para evitar el modelo de las macrorresidencias. “Estamos a favor de que las personas puedan vivir en sus entornos domiciliarios, personales y familiares el mayor tiempo posible o, como mínimo, el tiempo que ellos deseen”, resume Sardón, que destaca la importancia de que las personas conozcan que tienen derecho a contar con este tipo de apoyos y puedan mejorar su calidad de vida.

La nueva financiación para la dependencia permitirá crear en La Rioja 846 nuevos empleos y podría incorporar 2.116 nuevas personas beneficiarias, eliminando la lista de espera. En concreto, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en la comunidad, la región recibirá 25 millones de euros más del Gobierno de España para financiar el nivel mínimo de la dependencia.

Este martes se ha aprobado en el Congreso de los Diputados el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que, entre otras mejoras (más servicios, más prestaciones y menos burocracia), blinda la financiación del sistema de la dependencia, fijando en la normativa que la AGE (Administración General del Estado) tenga que aportar el 50% de la inversión.

Además, también este martes, se convalidó en la Cámara Baja el real decreto-ley que aprobó el Gobierno a finales de junio para ampliar la aportación que la AGE hace a las CCAA para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Esto es, las cuantías que se transfieren cada mes a los gobiernos autonómicos por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan.

Cuantías que han comenzado a transferirse este mes de julio y que, de media, han subido un 82%. El incremento beneficia especialmente a los grados que corresponden a las situaciones de dependencia más severa, grado II y III, que suben un 100% y un 128%, respectivamente.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó también este martes la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las CCAA por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación que tiene el sistema de la dependencia por parte de la AGE, y que también será incrementado, en 120 millones en 2026, y otros 120 millones más para 2027.

En total, sumando los incrementos en la financiación del nivel mínimo con los del nivel acordado, el Gobierno va a alcanzar la mayor inversión de la historia en dependencia: entre 2026 y 2027 transferirá 6.200 millones de euros más a las CCAA para que puedan seguir reduciendo las listas de espera (Derechos Sociales estima que puedan reducirse en 71.000 personas para 2027).

Igualmente, servirá para atender a más gente (se calcula que en 2027 habrá 417.000 nuevas personas beneficiarias), al mismo tiempo que pondrán mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras y ofrecer más servicios y de más calidad a los usuarios.

Por otra parte, este incremento histórico tendrá un importante impacto también a nivel laboral, ya que permitirá a los gobiernos autonómicos poder contratar a más personal para sus sistemas de cuidados. Según estimaciones de Derechos Sociales, esta aportación económica ampliada del Gobierno va a suponer la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España.

Respecto a las trabajadoras del sector (la mayoría son mujeres), además de los puestos laborales de nueva creación, desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha trasladado que un objetivo prioritario debe ser que esta ampliación en la financiación que recibirán las CCAA en materia de dependencia se traduzca en una mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad para ellas.

En paralelo, y aunque este Ministerio no tiene la potestad de negociar los convenios colectivos de las trabajadoras del sector, Derechos Sociales ha querido impulsar la mejora de sus condiciones laborales iniciando una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para que ambas partes dispongan de toda la información sobre esta nueva financiación y tratar de que los agentes sociales puedan llevar a cabo una mejora inmediata de sus condiciones.

Concretado en nuestra región, La Rioja recibirá 25 millones de euros más del Gobierno para financiar el nivel mínimo de la dependencia (8,2 millones de euros adicionales en 2026 y 16,5 millones de euros adicionales en 2027). El sistema podría incorporar 2.116 nuevas personas beneficiarias, eliminar la lista de espera, y crear 846 empleos.

La conciliación sigue teniendo rostro femenino en Castilla-La Mancha. El 88% de las excedencias por cuidado de menores y el 75% de las destinadas al cuidado de familiares las solicitan mujeres, según los datos aportados por UGT, que ha puesto en marcha un nuevo servicio de asesoramiento para ayudar a trabajadores y familias a conocer sus derechos, avanzar hacia un reparto más equilibrado de los cuidados y favorecer la conciliación de la vida personal y laboral.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto '+Corresponsables, +Iguales' promovido por el sindicato para desarrollar acciones de formación, sensibilización e información sobre conciliación y para fomentar especialmente la implicación de hombres y jóvenes en los cuidados corresponsables, favoreciendo el reparto equilibrado de las responsabilidades de cuidado y contribuyendo a la transformación de los usos del tiempo.

Aquellas personas que quieran acceder a este buzón de consultas lo pueden hacer a través de este formulario o bien mediante el correo electrónico consultascorresponsables@clmancha.ugt.org. En él podrán resolver dudas relacionadas con los derechos de conciliación, permisos, medidas de corresponsabilidad o recursos disponibles.

El objetivo es ofrecer información y orientación personalizada para facilitar el ejercicio de estos derechos y avanzar hacia entornos laborales y familiares más igualitarios, ha informado UGT en un comunicado.

La “necesidad” de masculinidades corresponsables

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, defiende la necesidad de una transformación cultural y social hacia modelos de masculinidades corresponsables y apunta que en la región alrededor del 88% de las excedencias por cuidados de menores son solicitadas por mujeres así como el 75% de las excedencias para el cuidado de familiares.

“La existencia de medidas de conciliación no implica que estas sean utilizadas de manera corresponsable. Esto se debe al desconocimiento y a que, culturalmente, en el ámbito empresarial y social no se abordan los cuidados desde un enfoque de corresponsabilidad social si no como una cuestión privada que deben resolver las familias de forma privada. Es imprescindible, por tanto, el asesoramiento sobre medidas de conciliación y la sensibilización para un uso corresponsable de estas”, ha añadido.

Este buzón de consultas es una actuación de UGT Castilla-La Mancha financiada con cargo a los fondos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el marco del Plan Corresponsables, y en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

La conciliación de la vida laboral y los cuidados familiares, un auténtico rompecabezas para muchos hogares, sigue recayendo especialmente sobre las mujeres. Y no solo eso. Cuando los hombres también concilian, se observan desigualdades en las medidas para hacerlo: mientras las reducciones de jornada y las excedencias –con la consecuente pérdida de salario– las concentran casi en exclusiva las mujeres, ellos principalmente adaptan sus jornadas, pero sin perder horas de trabajo.

Así lo indican los datos del módulo de “Conciliación entre la vida laboral y la familiar” de la Encuesta de Población Activa (EPA), con datos de 2025, que ha publicado este viernes el INE.

Del total de algo más de ocho millones de trabajadores que afirman tener responsabilidades de cuidados, casi el 75% dicen no haber hecho ningún cambio en su trabajo para conciliar. Si atendemos al sexo, es el 82% de los hombres con responsabilidades de cuidados, mientras que entre las mujeres el dato desciende al 67%.

El cambio más mencionado entre las mujeres son las adaptaciones de jornada sin necesidad de modificar el número de horas (10,4%), seguido muy de cerca por las reducciones de horario (pasando de jornada completa a parcial, disminuyendo el número de horas, etc.), con un 9%. En total, una de cada cinco mujeres reduce o adapta su jornada para cuidar.

En cambio, cuando se mira a los hombres, prácticamente desaparece la reducción horaria (solo un 0,9%), y se acogen básicamente a la adaptación de jornada sin reducción de horario (un 9%).

En términos absolutos, del total de 361.400 trabajadores que afirman reducir sus horarios para conciliar los cuidados familiares, el 91% son mujeres. Estas reducciones de horario son las que explican casi la mitad de la brecha salarial media entre hombres y mujeres, destacaba recientemente un análisis del sindicato CCOO.

Por ello, los sindicatos suelen recomendar que se impulsen las facilidades para conciliar sin tener que recurrir a reducciones de jornada, o a ausencias como las excedencias o permisos no remunerados, que lastran las rentas de las mujeres.

Ellas concentran el 90% de las excedencias

Si se atiende a las excedencias o los permisos por cuidados, los utilizaban un 0,7% de las trabajadoras y un 0,4% de los trabajadores en activo.

Cuando el INE consulta al conjunto de personas entre 18 y 74 años que han criado a algún menor de 15 años sobre qué permisos ha utilizado para ello, vuelven a aflorar las diferencias por sexo respecto a las ausencias no remuneradas.

Mientras que los hombres principalmente se cogen solo el permiso por nacimiento de un hijo (después del nacimiento y remunerado por el Estado), con casi un 62% del total, las mujeres son casi las únicas que además se cogen también excedencias. Lo hace un 9,2% del total de mujeres, frente al 1,3% de los hombres.

Si se atiende a los datos absolutos, del total 530.400 personas que afirman haberse cogido una excedencia para criar –ya sea junto al permiso de nacimiento o en solitario–, el 87% del total son mujeres.

Los permisos y excedencias de las mujeres son más largos

Cuando se atiende a la duración de estos permisos de cuidados de menores, aflora otra diferencia significativa. Ellos se ausentan menos tiempo del trabajo, mientras que los permisos y excedencias de las mujeres para criar se alargan más.

En este punto, hay que recordar que los permisos por nacimiento –antes de maternidad y paternidad– se han ido alargando y equiparando en los últimos años, hasta las 16 semanas desde 2021 y a las 19 semanas desde finales de 2025. Así, dado que la estadística pregunta por personas con hijos de hasta 15 años, incluye a trabajadores que tenían derecho a menos semanas de cuidados.

Ante la realidad de que las mujeres son quienes centran los permisos y excedencias por cuidados, y que cuendo estos se alargan en el tiempo también recaen en ellas, los sindicatos y expertas en igualdad reclaman permisos retribuidos que no penalicen a las mujeres. Por ejemplo, como el permiso parental de 8 semanas aprobado por el Gobierno para menores de hasta ocho años, que sigue sin estar remunerado pese a sus reclamaciones.

En los últimos años, los modelos familiares han ido cambiando y cada vez son más los hogares formados por personas que no sólo están unidos por la sangre. A pesar de ello, los permisos de duelo, cuidados o acompañamiento están limitados a aquellas personas que comparten vínculos de sangre. En cambio, dejan fuera a amigas, vecinos o familiares más lejanos, pero con quienes la relación puede ser mucho más cercana. 

“Nuestros vínculos van mucho más allá de la consanguinidad y una normativa que sólo contempla la sangre y el estado civil tiene muchas limitaciones”, apunta Ariadna Mendieta, socia de la cooperativa L’Esberla, que permite a sus trabajadores seleccionar hasta seis personas de su entorno a quien quieran aplicar permisos de conciliación que corresponderían a familiares de primer y segundo grado (cónyuges padres, hijos, hermanas, abuelos, cuñados o nueras).

“Hay mucha gente que no tiene relación con su padre, pero sí con su vecina. O que prefiere cuidar de su mejor amiga porque tiene menos red que cualquier otro familiar directo”, sigue Mendieta. Esta apuesta, que hace tres años que está en marcha, se revisa anualmente y busca que los cuidados sean más equitativos. “Las familias son diversas y no es de recibo que alguien se tenga que tomar días de vacaciones para cuidar de alguien sólo porque la normativa no contemple ese vínculo”, explica. 

Esta medida es una de las seleccionadas por la Generalitat de Catalunya para la Agenda Catalana de Conciliación y Corresponsabilidad, una guía en la que han participado hasta nueve conselleries y que recoge buenas prácticas de empresas. El documento, que ha sido presentado este viernes, incluye ejemplos de diversos ámbitos y tipologías que funcionan como recomendaciones para quienes quieran mejorar la conciliación de sus trabajadores. 

La idea es que, a finales de año, esta Agenda se complemente con una herramienta digital que, a través de un diagnóstico, recomiende las medidas que cada empresa, asociación o cooperativa puede implementar de manera más eficiente y las que encajen mejor con el tipo de actividad y trabajadores. Además, también habrá seguimiento y asesoramiento para aquellas que se decidan a dar el paso. 

“La Agenda es una apuesta de país para impulsar una transformación real en la manera de organizar el tiempo que sea compatible con las diversas formas de vida”, ha asegurado la consellera de Feminismos e Igualdad, Eva Menor, en declaraciones a elDiario.es. 

Esta política, sigue la consellera, es una manera de compensar a las mujeres, que todavía hoy siguen siendo las que se encargan, en mayor medida, del trabajo de cuidados. “Eso afecta a nuestras carreras, a las pensiones y prestaciones”, apunta. “Pero esto no es sólo para las mujeres, es una medida para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema social y productivo”, ha añadido.

En esta línea, otros colectivos que saldrán beneficiados de estas políticas de conciliación son el LGTBIQ+ y las comunidades migrantes. Son los que, por diversas razones, han constituido círculos y redes que van más allá de los lazos de sangre y quienes más necesidad tienen de repensar qué se entiende por “familia”. 

“El objetivo de esta herramienta es transformar la sociedad y ayudar a avanzar hacia modelos más flexibles y compatibles con la vida”, insiste la consellera Menor, que asegura que “trabajar y tener un proyecto de vida debería ser un derecho que se pueda ejercer en igualdad de condiciones”. 

Más teletrabajo para la conciliación veraniega

El análisis del Govern apunta a que la organización del tiempo es uno de los principales hándicaps a la conciliación y, por ello, recomienda a las empresas que sean “flexibles” en los horarios de salida y entrada, en la elección de los periodos de vacaciones y en las políticas de teletrabajo. Sobre todo durante el verano, que es cuando la conciliación más se puede complicar para las familias con hijos. 

La Agenda recoge diversas buenas prácticas en este ámbito, como las de la empresa Brico Depot, que ofrece la posibilidad de teletrabajar al 100% durante las dos semanas anteriores y posteriores de las vacaciones de verano e, incluso, contempla poder operar en remoto desde el extranjero. Esta apuesta del Govern para fomentar el trabajo en remoto contrasta con las políticas que se están llevando para con los empleados públicos. La conselleria de Presidencia ya eliminó el teletrabajo para los altos cargos el pasado año y recientemente ha planteado una paga para quienes renuncien a este beneficio.

Más allá del teletrabajo, la Agenda plantea otras opciones como las que ofrece Tous, que pone a disposición guarderías gratuitas para sus trabajadores. Pero como los cuidados también pueden ser de personas mayores, se han destacado prácticas como las de la asociación Viu Lleure, que facilita talleres semanales para luchar contra la soledad en la tercera edad, a la vez que libera a sus cuidadores durante unas pocas horas. 

Lo importante de estas medidas, recuerda Menor, es que no son puntuales ni momentáneas, sino que se han incorporado al día a día de las empresas como una conquista de derechos. “Pueden ser mejoras estructurales, pero también se puede empezar por cosas más simples”, insiste la consellera. 

Por ejemplo, destacan medidas que no requieren cambiar el convenio colectivo como establecer que las reuniones de trabajo se harán siempre en horarios concretos que garanticen la presencia de las personas que cuentan con una reducción de jornada. También las hay que han decidido crear un permiso de divorcio, igual que existe en los casos de unión.

“Hay muchas empresas a las que dar el paso les cuesta porque creen que dar mejores condiciones a las trabajadoras es un gasto innecesario, pero en realidad es una inversión”, sostiene Ariadna Mendieta, que recuerda que la principal causa de ausencia en el trabajo son las bajas por depresión y ansiedad. “Si garantizas el bienestar de la plantilla, se consigue un trabajo a gusto y más vinculación con el proyecto”, sostiene. “Eso, además de un respeto por la vida personal de cada quien”. 

La asociación ASFACUME, de familias con hijos con enfermedades graves que perciben la CUME, denuncian que la reforma propuesta por el Ministerio de la Seguridad Social de la ayuda, que amplía las enfermedades y el periodo de percepción inicial y de las prórrogas, es un “recorte encubierto”. “Quitaría la prestación a miles de familias que hoy la tenemos”, denuncia su vicepresidenta, Ainhoa Urones.

La conocida popularmente como CUME es una prestación económica de la Seguridad Social destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo (mínimo un 50%) para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra grave enfermedad.

El departamento de la ministra Elma Saiz subió este lunes a Audiencia Pública el texto del real decreto para reformar la ayuda, que cita expresamente a las familias como uno de los impulsos para clarificar los requisitos para acceder y renovar la prestación.

Así, por ejemplo, se incorpora de forma expresa el derecho a la ayuda en determinadas situaciones asistenciales equivalentes o “asimilables” a un ingreso hospitalario de larga duración, sin exigir este obligatoriamente.

Denuncian que se ciñe la ayuda a cuidados “clínicos”

Sin embargo, en ASFACUME advierten de que en la redacción de estos supuestos se ciñe el derecho a la prestación a los “cuidados clínicos”, sostiene Urones, algo que ahora no se exige, aunque sí la necesidad de un cuidado “directo, continuo y permanente”.

“Hay muchas familias con la prestación cuyos hijos necesitan cuidados continuos, pero que no son clínicos. Esto les dejaría fuera”, denuncia la afectada, que considera que con este texto percibirían la ayuda solo las familias en situaciones muy críticas y en cuidados paliativos.

Urones sitúa como un “engaño” la ampliación del listado de enfermadades, que incluye el autismo (TEA), pero que considera que en muchos casos no podrían acceder a la ayuda al no requerir de los cuidados clínicos que se exigen.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social insisten en que “el objetivo del nuevo reglamento es dar seguridad ante situaciones que antes no se recogían”. “Se trata de proteger más casuísticas. En todo caso, el texto ha iniciado su tramitación y ahora se encuentra en audiencia pública, por lo que se pueden realizar aportaciones para su consideración”, añaden en el departamento de Elma Saiz.

“Nos vamos a movilizar, esto hay que pararlo”

La portavoz de ASFACUME lamenta que la reforma obligaría a que las prórrogas de la CUME las autorice un médico especialista, en lugar del médico de Atención Primaria como sucede en la actualidad, lo que consideran que obstaculiza los trámites. “Los pediatras y médicos de familia son los que tratan y conocen a nuestros hijos”, dice Ainhoa Urones, que recuerda la saturación y la dificultad de conseguir citas en las especialidades.

Además, se incluye un nuevo requisito a las familias, pasar por la Inspección Médica del servicio público de salud cada dos años. “No es que tengamos miedo a ningún control. Las familias estamos hartas de que valoren a nuestros hijos, para la prestación, para la discapacidad... La cuestión es qué detrás de todo esto, para qué quieres que pasemos una inspección médica”, sostiene Urones.

Esta asociación de familias denuncia también las declaraciones médicas para dar derecho a la ayuda “son un calco de las de la Mutua Umivale”, la más señalada por ASFACUME por sus criterios restrictivos.

“Estamos muy enfadadas, nos sentimos engañadas”, afirma la portavoz de ASFACUME, que asegura que su asociación va a iniciar movilizaciones y contactos con otras asociaciones de familias para que se modifique el texto legal. “Esto hay que pararlo”, reclama Urones.

El Ministerio de la Seguridad Social ha iniciado los trámites para reformar la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), con varias medidas para concretar su percepción y clarificar los requisitos para su reconocimiento. La reforma llega tras las persistentes denuncias de colectivos de familias de menores enfermos, como ASFACUME, que critican las negativas injustificadas y diferencias de trato en varias mutuas.

La conocida popularmente como CUME es una prestación económica de la Seguridad Social destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo (mínimo un 50%) para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra grave enfermedad.

El departamento dirigido por Elma Saiz ha subido este martes a Audiencia Pública un texto del Real Decreto para reformar la regulación de la prestación CUME, que derogará el anterior, de 2011. La fecha límite para la presentación de aportaciones es el próximo 25 de junio. Al tratarse de un real decreto, el Gobierno tiene la facultad de aprobar estas medidas en solitario, sin pasar por el Parlamento.

El Gobierno justifica la nueva norma por las propias peticiones de las familias y el Defensor del Pueblo, así como por “la experiencia acumulada en la gestión de la prestación”, que “ha evidenciado determinadas cuestiones interpretativas y operativas que requieren una nueva reforma reglamentaria”.

Sin embargo, la asociación ASFACUME es muy crítica con el actual texto, que considera que puede limitar más aún la percepción de la ayuda, y reclama cambios para que no salga así adelante, indican en desde esta organización de familias a elDiario.es.

Nuevas enfermedades como el autismo

Entre las novedades que modifican el acceso a esta ayuda el real decreto actualiza el listado de enfermedades graves que permiten el acceso a la prestación, incorporando nuevas patologías. En concreto, se incluyen el trastorno del espectro autista –ya reconocido en tribunales– y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu.

Además, se prevé la posibilidad de actualizar dicho listado mediante norma reglamentaria “cuando así lo aconsejen los avances científicos o médicos”.

Más meses de reconocimiento inicial y prórrogas

También se reconoce la prestación CUME durante más meses en el reconocimiento inicial y en las prórrogas posibles, “con el fin de responder a las demandas formuladas por las familias y asociaciones representativas”, apunta el decreto, “configurando un sistema más flexible y ajustado a la realidad clínica de las enfermedades graves”.

En la actualidad el subsidio se reconoce “por un periodo de un mes, prorrogable inicialmente por un periodo de dos meses y sucesivos de cuatro meses”. El decreto que pretende aprobar la Seguridad Social recoge que el subsidio se reconocerá “por un periodo de cuatro meses, prorrogable inicialmente por un periodo de seis meses y sucesivos de ocho meses”.

Situaciones asimilables al ingreso hospitalario

Se incorpora también de forma expresa el derecho a la ayuda en determinadas situaciones asistenciales equivalentes o “asimilables” a un ingreso hospitalario de larga duración, sin exigir este obligatoriamente. “Incluyendo supuestos de hospitalización domiciliaria y tratamientos ambulatorios complejos que, aun sin requerir hospitalización convencional, implican la necesidad de un cuidado directo, continuo y permanente por parte de las personas progenitoras, guardadoras o acogedoras”, recoge el texto.

“Esta actualización permite reforzar la seguridad jurídica y garantizar una aplicación homogénea de la prestación en todo el territorio”, indica el Gobierno.

Posibilidad de cobro simultáneo por los dos progenitores

Además, la Seguridad Social incorpora la posibilidad de percibir de forma simultánea la prestación CUME por parte de los dos progenitores en determinados casos, ahora no disponibles.

Se establece el acceso a la ayuda a los dos progenitores cuando “exista más de una persona afectada por una enfermedad grave que requiera un cuidado directo, continuo y permanente”, siempre que cada una de ellos cumpla los requisitos exigidos y la reducción de jornada se refiera al cuidado de personas distintas.

Un magistrado de Barcelona ha dictaminado que la pensión de incapacidad permanente de una trabajadora que sufrió un accidente laboral no puede verse recortada por el hecho de haber solicitado una jornada reducida para cuidar de su hijo menor. La sentencia establece que el cálculo debe realizarse como si hubiera mantenido la misma jornada que tenía previamente a la reducción, evitando así lo que considera una “discriminación indirecta” hacia las mujeres, que son quienes mayoritariamente asumen las tareas de cuidado.

Se trata de una sentencia pionera, conseguida a raíz de una demanda presentada por el Col·lectiu Ronda en representación de la trabajadora, que concluye que existe la obligación de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las normas para garantizar la igualdad efectiva. Además, en este caso, debe considerarse que el objetivo de la norma de proteger la conciliación debe prevalecer sobre el cálculo del salario reducido.

La plaza 3 de la sección social del Tribunal de Instancia de Barcelona ha dado la razón a esta cajera de supermercado, que sufrió un accidente laboral mientras se encontraba en reducción de jornada para cuidar a su hijo, un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La normativa española aplicada por el INSS establece que las pensiones por accidente de trabajo deben calcularse según el “salario real” que se percibe en el momento del accidente. Para evitar que las madres y padres salgan perjudicados, la ley prevé un mecanismo de corrección, una especie de “ficción” jurídica que hace que, durante los primeros años de reducción, la Seguridad Social compute las cotizaciones como si la persona estuviera trabajando al 100% de la jornada.

El conflicto aparece cuando, como en el caso de la trabajadora de Sabeco-Alcampo, el accidente se produce una vez pasado estos primeros años de protección especial. En esta situación, el INSS aplica de nuevo el criterio literal del sueldo reducido. Esto hizo que inicialmente se le concediera una pensión calculada sólo sobre su media jornada, fijándola en 8.341 euros anuales.

La sentencia corrige este criterio al considerar que limitar la protección a sólo unos pocos años es discriminatorio. El magistrado concluye que, si el derecho a cuidar a los hijos lo ejercen mayoritariamente las mujeres, no se las puede penalizar con una pensión más baja por haber alargado los cuidados más allá del período que marca la ley. Por ello, obliga a calcular la pensión en base al salario de jornada completa, elevando la base de cálculo hasta los 16.236 euros anuales, prácticamente el doble de lo que pretendía la administración.

El magistrado considera que no puede obviarse la contundencia de los datos estadísticos que desmontan la neutralidad de la norma. En concreto, el 90,15% de las personas que piden reducción de jornada por cuidado de hijos son mujeres y el 77,17% de las pensiones de incapacidad por accidente de trabajo en esta situación afectan a mujeres.

Ante esta evidencia, el juez concluye que la norma española, aunque parezca “neutra”, termina castigando casi exclusivamente al colectivo femenino. La sentencia destaca que los jueces tienen la obligación jurídica de interpretar las leyes con perspectiva de género para garantizar una igualdad real.

Con anterioridad a dictar esta sentencia, el propio magistrado planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar si el cálculo basado en la reducción de jornada suponía una discriminación indirecta por sexo.

El tribunal consideró que la normativa española no era contraria a la directiva europea en términos de discriminación por reducción de jornada, aduciendo que los datos disponibles son demasiado genéricos para determinar con exactitud la proporción de trabajadores y trabajadoras perjudicadas, que existían precedentes que no consideraban discriminatorios los cálculos de la pensión en función del tiempo de trabajo y que una norma que del importe de la pensión es una medida neutra que no infringe directamente el principio de igualdad de trato.

Sin embargo, el TJUE dejó la puerta abierta, indicando que si el juez nacional disponía de datos que acreditaran un perjuicio especial para las trabajadoras, correspondería al mismo tribunal español valorar si la norma tal y como estaba planteada perseguía un objetivo legítimo y resultaba proporcionada o si, por el contrario, tenía un efecto discriminatorio sobre las trabajadoras.

La sentencia pone el foco en la obsolescencia de la norma que la administración utilizaba para justificar este recorte: un reglamento de accidentes que data del año 1956. El equipo jurídico del Col·lectiu Ronda que ha llevado el caso ha defendido con éxito que los valores de ese momento histórico, cuando el papel de la mujer en el mercado de trabajo era totalmente marginal, estructuran la práctica jurídica actual.

Destacan que esta decisión es vital porque corrige una brecha de género estructural. Según las letradas, “la sentencia impide que las mujeres que asumen las labores de cuidado sean doblemente penalizadas: primero, cobrando un sueldo más bajo mientras cuidan de sus hijos y, segundo, recibiendo una pensión mucho más pobre de por vida si sufren un accidente”.

Una banda azul de pavimento antideslizante recorre las calles de pizarra como un hilo rojo de Ariadna, esa guía que en el mito de Teseo permitía orientarse dentro del laberinto, y que en Pescueza acompaña a quienes ya no pueden confiar en su equilibrio. Se trata, sin duda, de una importante intervención urbana, pero también de un gesto de ternura colectiva, una estrategia organizada para evitar la dependencia y la soledad. En esta localidad cacereña, la vejez ha dejado de ser la antesala de la institucionalización —ese traslado forzoso a una residencia de mayores que rompe los vínculos, desarraiga y convierte el final de la vida en un proceso de separación— para convertirse en el eje de un modelo asistencial que ha devuelto vida, empleo y esperanza a un municipio que se negaba a desaparecer ante la impasividad imperante de las instituciones que siguen aferradas a modelos asistenciales más rígidos y centralizados. Menos humanos.

Y es que envejecer sin abandonar el propio hogar es el corazón del proyecto que ha transformado este pequeño pueblo del Valle del Alagón, donde apenas viven 151 personas y más del 60% supera los 60 años. Aquí, la respuesta al envejecimiento no ha sido desplazar a las personas a las residencias geriátricas más cercanas, sino adaptar el propio entorno para que puedan seguir viviendo donde siempre han vivido, con dignidad, autonomía y la compañía elegida, la que siempre han tenido, dando fondo y forma a este laboratorio de humanidad y demostrando que cuidar también es innovar.

Ese cambio de rumbo en la dinámica de cualquier localidad se materializó en el programa 'Quédate con nosotros', gestionado por la Asociación Amigos de Pescueza, nacida en 2011 con una idea sencilla pero radical: que nadie tenga que marcharse de su pueblo ni siquiera de su casa por hacerse mayor. Desde entonces, Pescueza ha tejido un sistema de cuidados que combina urbanismo adaptado, servicios asistenciales profesionales, participación vecinal y una ética clara: cada persona decide cómo quiere ser cuidada. Aquí no se prohíbe nada. Quien quiere ir a pescar, va. Quien quiere participar en talleres, participa. La libertad no se negocia para que la vida pueda seguir siendo vida y no un sucedáneo. Y para no caer en la temible infantilización que sufren la mayoría de las personas mayores.

A cielo abierto

Y es que Pescueza ha convertido su casco urbano en una especie de residencia a cielo abierto. Pasamanos en las fachadas, viviendas adaptadas, calles accesibles y servicios de proximidad que permiten que vecinos de más de 90 años sigan haciendo vida en su pueblo. Porque el modelo va mucho más allá de la intervención urbana. Se articula en torno a una plataforma integral de servicios que cubre necesidades sociales, sanitarias y emocionales: un Centro de Día municipal con atención sanitaria y actividades socioculturales; un Centro Residencial con una Unidad de Convivencia para diez personas, donde la vida se organiza como en un hogar; ayuda a domicilio y teleasistencia reforzada con sensores de movimiento y sistemas de televigilancia que permiten actuar rápido sin arrancar a nadie de su hogar; talleres de envejecimiento activo, ocio, formación y actividades comunitarias; asistencia jurídica, apoyo en gestiones y acompañamiento emocional; servicios cotidianos como transporte al médico en un coche eléctrico, compras o visitas a otras localidades; e incluso iniciativas que conectan el pueblo con el resto del mundo, como el intercambio de cartas con alumnado de un centro educativo francés.

Todos estos protocolos humanizados se sostienen con el enfoque de Atención Integral Centrada en la Persona, que prioriza la autonomía, respeta los ritmos individuales y rechaza cualquier forma de sujeción física o química. En Pescueza, cuidar es un acto de garantía de derechos, no un simple mecanismo de control.

Pero quizás y por si todo esto fuera poco, lo más interesante y esperanzador es que el proyecto funciona porque todo el pueblo se ha implicado. La Asociación Amigos de Pescueza, con 125 socios y 10 voluntarias y voluntarios, trabaja junto al Ayuntamiento, un equipo profesional de 15 personas —psicología, enfermería, terapia, animación sociocultural, auxiliares— y el apoyo de la Junta de Extremadura, la Diputación y Obra Social Caixa. La corresponsabilidad es la clave: aquí nadie se siente solo porque nadie cuida solo, ni es cuidado solo. La comunidad participa, decide, acompaña. El cuidado se convierte en un asunto global y estructural. Si alguien quiere vivir en su casa y sólo ir a comer con otras personas, se puede. Si quiere que le lleven la comida a casa, también. A cada persona, según sus deseos y necesidades.

Referente de gestión pública

Lo que resulta evidente es que el compromiso y la humanidad no son conceptos abstractos, sino valores encarnados por personas con nombres y apellidos: Cristina Iglesias, Agustina Fernández y José Vicente Granado.

Lo que hace unos años comenzó como una apuesta arriesgada y una visión de futuro dentro del ayuntamiento se ha convertido hoy en un auténtico referente de gestión pública que atrae la atención de todo el país. Este proyecto innovador, lejos de limitarse a una simple reforma local, ha trascendido por completo las fronteras del municipio, transformando de manera positiva la dinámica institucional de la localidad. En la actualidad, sus calles y dependencias municipales viven un constante ir y venir de delegaciones oficiales, técnicos y representantes que llegan con un propósito claro: comprender, aprender y replicar una fórmula de éxito que está revolucionando la gestión del bienestar social y el desarrollo económico.

Para comprender plenamente la magnitud de esta iniciativa, Cristina Iglesias se encarga de desglosar la realidad actual y el día a día de un modelo que ya está completamente consolidado. Según explica Iglesias, el verdadero éxito del proyecto no se mide únicamente en cifras o en indicadores técnicos, sino en el cambio profundo que ha experimentado la calidad de vida en el municipio. Detalla cómo las familias se han beneficiado directamente de los nuevos servicios, cómo se ha dinamizado la economía local y de qué manera se ha logrado fijar población, devolviendo el optimismo a las calles. Para ella, el mayor logro ha sido demostrar que un pueblo puede ser sinónimo de vanguardia y modernidad, logrando que los propios vecinos y vecinas se sientan orgullosos de un sistema público que funciona y que se ha convertido en el auténtico corazón de la comunidad.

Sin embargo, para entender este presente tan brillante es imprescindible viajar al pasado, un capítulo que Vicente Granado rememora con la precisión de quien vivió el nacimiento de una idea desde la absoluta nada. Cuando Granado ocupaba el sillón de la alcaldía (PSOE), lo que hoy genera admiración nacional era solo un boceto cargado de incertidumbres. Según relata el exregidor, el proyecto se puso en marcha en un contexto complejo, caracterizado por la escasez de recursos y el escepticismo inicial de quienes veían la propuesta como algo utópico o demasiado ambicioso para las capacidades del municipio. Granado recuerda aquellas primeras reuniones a puerta cerrada, los intensos debates técnicos para encajar las piezas legales y las largas jornadas dedicadas a tocar puertas en otras administraciones en busca de una financiación que no siempre era fácil de conseguir.

El inicio del proyecto requirió, en palabras del propio exalcalde, una enorme dosis de valentía política y firmeza para no dar marcha atrás ante los primeros obstáculos presupuestarios. Fue bajo su mandato cuando se diseñó la estrategia original, se gestionaron las primeras e imprescindibles subvenciones y se firmaron los convenios pioneros que sirvieron de cimientos. Granado rememora con especial viveza el momento en que se colocó la primera piedra, tanto física como simbólica, de un engranaje que buscaba romper con la inercia del estancamiento local. Para él, sembrar esa semilla requería una visión que superara los réditos políticos inmediatos, y ver hoy que aquel esfuerzo inicial ha florecido de esta manera es la mayor recompensa a los desafíos que marcaron el comienzo de todo.

La consolidación y el crecimiento de este modelo han alcanzado tal envergadura que la agenda institucional del Ayuntamiento se ha visto completamente reconfigurada. En la actualidad, tanto Cristina Iglesias como Vicente Granado trabajan codo con codo junto a la actual alcaldesa, Agustina Fernández, formando un equipo de anfitriones que personifica la continuidad, el relevo y el compromiso institucional del municipio. La expectación que genera su modelo de gestión es tan alta que, prácticamente todos los meses, este equipo se encarga de recibir a comitivas venidas de todos los puntos de la geografía española, coordinando agendas para dar respuesta a una demanda de información que no para de crecer.

Estas visitas abarcan un amplio espectro de la sociedad y la política nacional. Por un lado, alcaldes y alcaldesas de otras localidades de España recorreren el municipio buscando soluciones sostenibles y eficaces aplicables a sus propios territorios, especialmente aquellos que luchan contra la despoblación. Por otro lado, portavoces de diversas asociaciones sectoriales se suman a estos encuentros, atraídos por las sinergias público-privadas y la innovación social que el proyecto ha sabido estructurar de manera pionera. El nexo común entre todos los que viajan hasta la localidad es un diagnóstico idéntico: coinciden en que lo que se ha construido aquí es el verdadero camino a seguir para asegurar el porvenir de sus propias regiones, estudiando sobre el terreno un modelo que ya consideran la hoja de ruta del siglo XXI para garantizar el desarrollo sostenible de sus pueblos y mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos y vecinas.

Mejores números

Y gracias a estas personas y otras más, los resultados son más que visibles. Más de sesenta personas han sido atendidas en los distintos servicios, se han creado trece empleos directos en un municipio con escasa población activa y, tras años sin registrar nacimientos, han vuelto a nacer criaturas en el pueblo. La soledad no deseada se ha reducido y la calidad de vida general ha mejorado. En un territorio marcado por la despoblación, Pescueza ha invertido la lógica: reforzar los cuidados como infraestructura básica, no solo como política social, sino como política de territorio.

Y luego están los nombres realmente importantes, los de las protagonistas de esta historia. Herminia Sansón, a sus 87 años, es el alma y la voz del centro de día de Pescueza, convirtiéndose de forma natural en la encargada de atender a los medios de comunicación y responder con soltura a todo lo que le preguntan. Aunque es totalmente independiente, se levanta sola a las siete de la mañana y no necesita cuidados especiales, decidió acudir al centro porque a lo único que le teme es a la soledad, una realidad que aprendió a sobrellevar tras quedar viuda hace 24 años y sufrir la dolorosa pérdida de un hijo. Su casa está en la misma calle del centro, lo que le permite ir y venir a su antojo para disfrutar de actividades como el bingo o la lectura, una de sus grandes pasiones que practica con devoción y sin necesidad de gafas. Herminia, que vivió durante décadas en Barcelona trabajando duro en la limpieza de colegios, despachos y peluquerías, mantiene allí a su única hija; sin embargo, ha encontrado en sus vecinas y en el centro de día a su otra familia. Su vitalidad es tan desbordante que cada fin de semana se va sola a pescar durante un par de horas, aguantando de pie como nadie y regresando al pueblo para repartir peces entre todos, demostrando que la edad es solo un número cuando se tienen ganas de vivir y compartir.

Mientras Herminia es entrevistada, Julián, que no suelta la mano de su pareja Agustina, se ríe y asegura que nunca ha visto a nadie aguantar tanto tiempo de pie como ella. Aun así, él también quiere presumir de su buen estado de forma, recordando que cada día coge su coche para desplazarse y hacer recados. Tiene 94 años y su mujer 96. Casi toda su vida la pasaron en el País Vasco, pero decidieron volver a su pueblo tras jubilarse porque, como dice Julián, la tierra es la tierra. Agustina no tiene ganas de hablar pero la mano suave y arrugada de Julián, le guía por la vida.

Ausencia de marco legal

Sin embargo, no todo es idílico y el proyecto se mueve siempre en un terreno incierto. La falta de un marco legal que reconozca figuras como la del 'pueblo-residencia' obliga a esta iniciativa a competir en desigualdad con el modelo tradicional de residencias geriátricas. En España, el sistema de dependencia se sigue articulado en torno a prestaciones económicas y plazas residenciales, con escaso desarrollo de alternativas comunitarias en entornos rurales. La sostenibilidad del modelo pasa por adaptar la normativa y garantizar una financiación estable que no penalice la innovación social en el medio rural. Desde el municipio se denuncia la falta de un respaldo institucional global y permanente, lo que dificulta consolidar y ampliar el sistema que tiene más que demostrado su éxito.

El futuro del proyecto también depende de implicar a las generaciones intermedias —especialmente entre los 35 y los 65 años— y de consolidar una red profesional formada en este enfoque holístico humanista. Pescueza no está sola: municipios como Romangordo, en la misma provincia cacereña o Boltaña en Huesca, son algunos de los ejemplos que han comenzado a explorar modelos similares en un país que envejece y se vacían sus pueblos. Mientras tanto, Pescueza continúa desarrollando su propuesta, vinculando cuidados, empleo y vida comunitaria. El Festivalino, considerado el festival musical más pequeño del mundo y que ha celebrado su XIX edición en abril, forma parte también de esa estrategia: cultura, cuidados y territorio como herramientas contra el abandono.

Enmienda a la totalidad

Lo que está en juego en Pescueza va más allá de un modelo asistencial. Es una enmienda a la totalidad a la forma en que se han organizado los cuidados en España durante décadas. Frente a un sistema que ha tendido a externalizar la vejez, trasladándola a residencias, muchas de ellas en manos de grandes operadores, este lugar en el mundo plantea que envejecer en casa no es un privilegio, sino un derecho que debe ser garantizado desde lo público y desde lo cercano. La experiencia interpela directamente a las políticas públicas: ¿deben los cuidados organizarse en torno al mercado o en torno a la comunidad?; ¿es más eficiente concentrar o redistribuir?; ¿qué papel deben jugar los pequeños municipios en la arquitectura del Estado del bienestar?

En Pescueza, la respuesta ya está en marcha. No se trata solo de evitar que la gente se marche, sino de construir condiciones para que quedarse sea posible. En un país que envejece y se vacía, cuidar pasa necesariamente por atender pero también por decidir qué modelo de sociedad queremos desarrollar y sostener. Y aquí, en este rincón de Cáceres, esa decisión ha tomado forma de calles y casas adaptadas, puertas abiertas y vidas que continúan donde nacieron: En este último hogar a cielo abierto. Con la dignidad, respeto y cariño que se merecen todas y cada una de las personas que habitan esta tierra.

La mayor esperanza de vida habla de cómo las personas mayores viven más, pero también de cómo “menos niños y menos jóvenes mueren”. “En el tema del envejecimiento hemos asumido muchos marcos como ciertos y, no es que sean absolutamente falsos, pero no cuentan toda la verdad”, advierte Irene Lebrusán (Madrid, 1984), doctora en Sociología, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora en el CENIE. En medio de la escalada de los discursos de enfrentamiento intergeneracional, la especialista llama la atención también sobre las “trampas” en algunos debates, como aquellos que solo ponen en la diana el gasto en pensiones, pero ignoran o invisibilizan otras muchas realidades, como por ejemplo lo que aportan las personas mayores —principalmente las mujeres— en cuidados no remunerados.

Lebrusán, que fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard y ha centrado gran parte de su carrera en estudiar el envejecimiento y la vivienda, responde en esta entrevista con elDiario.es sobre algunos de los debates más recurrentes acerca de los retos económicos de una población más envejecida. Como el aumento de gasto —sobre todo en pensiones, pero también en dependencia y cuidados— y la sostenibilidad de esta situación con una pirámide poblacional con menos jóvenes.

España está ante “el mayor logro que puede conseguir cualquier sociedad”, destaca la investigadora, como uno de los países del mundo con más esperanza de vida al nacer, de 84 años, solo por detrás de Suiza y Japón, según la OCDE. “Y en un contexto en el que deberíamos estar muy orgullosos y dando palmas, porque sobreviven más personas a todas las edades, porque incluso personas con enfermedades tienen mayor calidad de vida y viven más años, lo que se destaca siempre es lo negativo. Para mí la pregunta es cómo puede ser que en ese marco estemos únicamente pensando en cuestiones tan negativas y con números que muchas veces son falsos”, añade. O, como poco, tramposos.

Por ejemplo, Irene Lebrusán destaca cómo habitualmente hay voces que reclaman la necesidad de aplicar reformas de pensiones, como si no se estuvieran ya aplicando multitud de cambios en las últimas décadas. “La edad legal de jubilación ya no es 65 años en general, avanza hasta los 67 años. Ya está aumentando”, recuerda.

Cuando se habla de lo “altas” que son las pensiones y lo “bajos” que son los salarios, se suele poner el foco en la insostenibilidad de las primeras respecto a los segundos. Lebrusán pide mirar también en la otra dirección: “¿De quién depende que los salarios sean muy bajos? Ese planteamiento no lo veo nunca. O sea, se está culpabilizando al Estado de algo que no tiene que ver con él”.

La socióloga también advierte que se suele abogar por que las personas mayores alarguen sus carreras laborales, “que se trabaje durante más años”, pero no se analiza qué condiciones laborales tienen las empresas para este colectivo. Ni tampoco se cuestiona a las empresas —muchas de ellas multinacionales— que despiden de manera masiva a trabajadores de edades avanzadas, expulsándoles al paro en un momento en el que es muy complejo que vuelvan a reengancharse al mercado laboral.

“A mí me parece bien que se prepare el clima laboral, es decir, que las empresas se adecúen a la permanencia de personas de más edad en el mercado de trabajo, de tal manera que esas personas que lo deseen puedan trabajar en mejores condiciones”, subraya Lebrusán. En cualquier caso, hay personas y trabajos que no pueden extender sus carreras laborales, por su penosidad o su estado de salud, recuerda la investigadora.

“Ojo, que las personas mayores cuidan”

La investigadora destaca otra cara de la moneda que es mucho menos destacada en los medios y debates públicos: lo que aportan las personas mayores. “Muchas veces se plantea el debate solo en términos de gasto, pero no en términos de cuál es la aportación de las personas mayores en edad de jubilación”, subraya Lebrusán.

“Se dice siempre: a las personas mayores hay que cuidarlas. Ojo, las personas mayores cuidan”, destaca la socióloga, que subraya el gran peso de cuidados familiares que recae en las personas de más de 65 años, “sobre todo en las mujeres”, que cuidan tanto de personas aún más mayores (por encima de los 80 años) como de bebés y otros menores. “¿Cuál sería el coste de esas personas mayores, mujeres, que están realizando esa labor de cuidados?”, llama la atención Lebrusán.

¿Cuál sería el coste de esas personas mayores, mujeres, que están realizando esa labor de cuidados?

Esta semana, el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) ha presentado precisamente un informe —El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España— que mide esta realidad y que estima que el cuidado informal equivale a unos 3,2 millones de empleos a tiempo completo y, en los últimos 20 años, las horas dedicadas se han multiplicado por 2,5. “Ponerlo en valor significa reconocer un volumen cercano al 4% del PIB”, destacó en la presentación del estudio el economista Jorgé Uxó, uno de sus directores, junto a Nacho Álvarez, profesor en la Universidad Complutense y ex secretario de Estado de Derechos Sociales.

Los cuidados en manos de estas mujeres mayores, no remunerados y a menudo invisibilizados, son un elemento indispensable para “esa supervivencia de la sociedad y para que sigamos teniendo nuevos efectivos que entren en el mercado laboral”.

Así que Lebrusán lanza una pregunta al debate público: “¿Cuánto contribuyen las personas mayores a la conciliación laboral y familiar que permiten no solo que las familias sobrevivan, sino que las propias empresas continúen con sus horarios, que no se adecuan a las necesidades sociales generales? Esto tampoco lo hemos contabilizado”.

Y no solo es una cuestión de cuidados. Reconociendo la jubilación y los cuidados como un derecho de las personas mayores, estos también generan actividad y riqueza, en su condición de consumidores, pero también como usuarios de un sistema que crea empleos en la economía. El mencionado estudio del CENIE estima que por cada euro público invertido en el sistema de dependencia en 2023, se generó 1,6 euros a la economía española. Además, calcula una recaudación a las arcas públicas de casi la mitad (49 céntimos) en impuestos y cotizaciones sociales.

Los prejuicios sobre productividad y el autoedadismo

Por otro lado, las personas mayores están trabajando cada vez más años, como muestra la edad efectiva de acceso a la jubilación, en aumento en los últimos años (65,2 años en abril cuando en 2019 era de 64,4 años).

“Otra de las trampas es que se asume que las personas mayores son menos productivas. Error”, sostiene la investigadora, que cita un estudio para el CENIE de la Universidad de Salamanca y de Oxford Economics que constató la mayor productividad y resiliencia de las empresas que conservaron a su personal sénior en la pasada crisis financiera. “La cuestión es que se asumen muchos prejuicios sin ponerles datos en realidad, ni números”, subraya Lebrusán.

“Si no cambiamos esas ideas, acabamos cayendo también en autoedadismo. Es decir, nos saboteamos, nos acabamos limitando a nosotros mismos porque tendemos a asumir que no podemos hacer cosas con determinadas edades. Y, así, nos encontramos con las crisis de los 40, los 50... Esas ideas de: como tengo 50 años ya no puedo, por ejemplo, ponerme a estudiar piano. Bueno, pues a lo mejor no acabas siendo un pianista profesional, pero quién dice que no puedes ponerte a estudiar piano a los 50 años”, explica la socióloga. “Ese autoedadismo nos impide desarrollar todo nuestro potencial”, remata.

En el ámbito de las empresas, también se interiorizan muchos prejuicios, que acaban penalizando a los trabajadores por su edad. Por ejemplo, cuando las compañías se centran en lo que los empleados más mayores no pueden hacer, en lugar de en aquello en lo que sobresalen gracias a su mayor experiencia, así como en la riqueza del intercambio y el trabajo conjunto con trabajadores más jóvenes. “Pero lo que hacemos es dividirnos más, alejarnos más y eso en realidad genera una pérdida, que también es una pérdida económica”, advierte Lebrusán.

La investigadora defiende analizar “la imagen completa” en los debates sobre el envejecimiento y las personas mayores, reconociendo además sus matices y desigualdades, y no “desplazar responsabilidades a grupos poblacionales que en realidad tienen que ver con el sistema económico”. Ese que establece qué salarios tenemos, a qué hora salimos del trabajo y la imposibilidad de asumir el coste de la vivienda. “Se plantean unos enfrentamientos que son falsos. Que el jubilado de tu barrio esté peor no significa que tú vayas a estar mejor. Esto no va de quitárselo a unos para dárselo a otros. No funciona así”, argumenta la socióloga.

Un gasto que es una inversión social, pero también económica. La Universidad de Salamanca, a través del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), ha presentado este lunes en Madrid el informe El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España, una investigación que calcula que el gasto en prestaciones de dependencia en 2023 generó 1,6 euros a la economía por cada euro público invertido. Además, casi la mitad del gasto retorna a las arcas públicas a través de cotizaciones e impuestos.

El trabajo ha sido dirigido por los economistas Nacho Álvarez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y exsecretario de Estado de Derechos Sociales, y Jorge Uxó (UCM), que han participado este lunes en la presentación de los resultados en el Círculo de Bellas Artes de la capital, que ha cerrado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

En un amplio análisis sobre el sistema de dependencia y de cuidados de larga duración en España, los autores se detienen en distintas variantes de esta política social. Desde un punto de vista económico, por un lado estiman el impacto económico de esta inversión pública y, por otro, también calculan cuál el coste de los cuidados informales que abundan en España y que recaen sobre todo en mujeres que se encargan de cuidar a familiares en situación de dependencia.

Juan Martín, director de CENIE, advirtió este lunes de que, “cuando una sociedad no financia, ordena y reconoce el cuidado, no elimina el coste: simplemente lo desplaza, una factura que hoy recae especialmente sobre las familias, las mujeres, las personas en situación de dependencia y quienes cuidan en condiciones de precariedad”. Así, las políticas públicas de dependencia también inciden en otra variable económica clave: la reducción de la desigualdad.

Retorno económico del gasto en dependencia

El estudio analiza qué capacidad tiene la inversión pública en dependencia para generar bienestar, actividad, empleo e ingresos públicos. Los investigadores sitúan en 2023 un gasto inicial de 10.623 millones de euros en prestaciones de dependencia, que calculan que generó un impacto total de 17.260 millones de euros sobre el PIB, lo que implica un multiplicador económico cercano a 1,6.

Este resultado confirma que “la inversión en cuidados de larga duración tiene una capacidad significativa para estimular la actividad económica más allá del propio sector sociosanitario”, recoge el estudio.

“Sectores como el comercio, la hostelería, la construcción, la industria manufacturera, la energía o las actividades profesionales experimentan incrementos significativos de producción como consecuencia del gasto en cuidados”, añade la investigación.

El estudio mide tanto efectos directos, como indirectos y el “efecto inducido”, “ya que estos aumentos directos e indirectos de la producción generan rentas adicionales (los salarios correspondientes a los empleos necesarios para obtenerla y los beneficios empresariales) que, al gastarse, volverán a incrementar la demanda. Esto acarrea nuevos aumentos del empleo y de la producción”, recoge el informe.

Además, los autores subrayan que una “parte sustantiva del gasto retorna a las administraciones públicas a través de impuestos y cotizaciones vinculadas a la actividad y al empleo creados, reduciendo el esfuerzo fiscal neto”. En concreto, por cada euro público gastado en cuidados de larga duración, las administraciones ingresan de vuelta “49 céntimos”, cifran.

“España ha construido su Estado del Bienestar sobre tres patas (sanidad, educación y pensiones), pero la cuarta pata, los cuidados de larga duración, no ha avanzado al mismo ritmo”, ha afirmado Nacho Álvarez, que ha destacado que “renovar el Estado del Bienestar pasa por hacer efectivo el derecho al cuidado como un derecho exigible, en la realidad de las prestaciones y los servicios”.

El ministro Bustinduy ha destacado que “la mejor manera de reforzar la democracia es a través de la expansión del sistema de protección social y la construcción de un sistema público universal de cuidados que responda, en la práctica, a las necesidades y a los deseos de la ciudadanía”.

El coste invisible de los cuidados informales

Por otro lado, el estudio también dedica un capítulo a estimar el coste de los cuidados informales en materia de dependencia, muy extendidos ante la insuficiencia del sistema público y que recae principalmente en las mujeres, lo que supone un foco muy importante de desigualdad social y económica. Las cuidadoras a menudo se ven expulsadas del mercado laboral o reducen sus jornadas para atender estos cuidados, que penalizan sus ingresos y su protección social a futuro, como las pensiones de jubilación.

El profesor Jorge Uxó ha explicado que “el cuidado informal equivale a unos 3,2 millones de empleos a tiempo completo y, en los últimos 20 años, las horas dedicadas se han multiplicado por 2,5. Ponerlo en valor significa reconocer un volumen cercano al 4% del PIB”.

El informe realiza una estimación macroeconómica de este valor de los cuidados informales de larga duración, que sitúan “entre el 3,6 – 4,7% del PIB según el método de coste de reemplazo”. “Esta estimación pone de manifiesto la notable dimensión económica de un trabajo que permanece mayoritariamente invisible en las cuentas nacionales. Además, esta evidencia refuerza la idea de que expandir el sistema formal no solo protege derechos, sino que reduce costes sociales invisibilizados y redistribuye de manera más equitativa las cargas del cuidado”, recoge el estudio.

Sin restar valor a la reivindicación del cuidado como un derecho social, “vinculado a la dignidad, la autonomía y la ciudadanía”, el documento llama también a poner el acento en su “dimensión económica de primer orden”.

“Esta doble perspectiva resulta imprescindible. El cuidado no es solo una obligación moral ni únicamente una política social; es también una actividad generadora de empleo, renta, retorno fiscal, cohesión territorial y bienestar colectivo. Invisibilizar su valor económico ha sido uno de los grandes errores de los enfoques tradicionales. Ponerlo en el centro permite comprender mejor la verdadera estructura de nuestras economías”, destaca el informe, en el que también participan como autores Fernando Bermejo, Raúl del Pozo y Pablo Moya, de la Universidad de Castilla-La Mancha; Ricardo Molero y Laura Pérez Ortiz, de la Universidad Autónoma de Madrid; Paloma Villanueva, de la Universidad Complutense de Madrid; y Elia Gómez, de SIIS Centro de Documentación y Estudios, Fundación Eguía Careaga.

El Tribunal Supremo ha confirmado que el permiso por causa de “fuerza mayor” por motivos familiares urgentes, en caso de enfermedad o accidente, debe ser retribuido por las horas de ausencia equivalentes a cuatro días de trabajo al año aunque no lo recoja el convenio colectivo.

La sentencia de la Sala de lo Social del alto tribunal, fechada el pasado 17 de abril, confirma una sentencia previa de la Audiencia Nacional y rechaza el recurso de casación presentado por la empresa Unísono, que interpretaba que la retribución del permiso no era obligatoria, sino que dependía de lo pactado en el convenio colectivo.

Por su negativa a retribuir estos días de ausencia por causa mayor, los sindicatos USO, CIG y CGT iniciaron un conflicto colectivo, al que se adhirieron CCOO, UGT, TUSI y CSIF.

El artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores recoge literalmente que “la persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata”.

Además, añade: “Las personas trabajadoras tendrán derecho a que sean retribuidas las horas de ausencia por las causas previstas en el presente apartado equivalentes a cuatro días al año, conforme a lo establecido en convenio colectivo o, en su defecto, en acuerdo entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras aportando las personas trabajadoras, en su caso, acreditación del motivo de ausencia”.

El Ministerio Fiscal consideró que debía estimarse el recurso de la empresa, “porque la correcta interpretación del precepto legal en litigio debe ser la de entender que únicamente es retribuido el permiso cuando así lo establezca de forma expresa un convenio o acuerdo colectivo”.

Hay que pagarlo porque obliga la ley

Así, el conflicto en cuestión se ceñía a si el permiso que contempla el Estatuto de los Trabajadores por fuerza mayor para atender a familiares y convivientes debe ser retribuido de forma general o sólo cuando así se pacten en convenio.

Como ya concluyó la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo concluye que el permiso debe ser retribuido por “imperativo legal”, sin que sea necesario para ello que así lo establezca “de forma expresa el convenio colectivo” o acuerdo de empresa aplicable.

El Supremo reconoce y afea la “defectuosa redacción” del precepto legal, que entiende que puede dar lugar a varias posturas como las que se enfrentan en este conflicto colectivo, pero interpreta que la interpretación correcta es que el permiso sea retribuido.

“La confusa redacción literal del artículo hace que su interpretación teleológica resulte ser el elemento más determinante para llegar a su correcta interpretación, conforme a la finalidad y espíritu del precepto, de acuerdo con la voluntad del legislador y teniendo en consideración el contexto y los antecedentes en los que ha sido dictado, así como la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicado”, recoge la sentencia.

Así, los magistrados sostienen que en la exposición de motivos de la ley en la que se aprobó este permiso, el legislador recogió su intención de transponer con el permiso la Directiva de 2019 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, así como la previsión “como retribuidas las horas equivalentes a cuatro días al año, sin perjuicio de lo que al respecto pudieran establecer los convenios colectivos”.

“Con lo que ha querido dejar claro que el permiso comprende en todo caso un mínimo legal de horas retribuidas equivalentes a cuatro días al año, a salvo de lo que pueda pactarse en convenios o acuerdos colectivos”, concluyen los magistrados.

Desde USO han celebrado “esta victoria que garantiza derechos reales de conciliación y refuerza la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Y, sobre todo, consolida que cuidar de tu familia en momentos urgentes no puede costarte dinero de tu nómina”, ha celebrado el sindicato.

Qué puede decidir la negociación colectiva

Concluido ese mínimo legal de cuatro días de retribución, los magistrados indican que se añade la mención a “conforme a lo establecido en convenio colectivo o, en su defecto, en acuerdo entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras...”.

“En expresión subordinada que no puede sino interpretarse como un medio para dejar abierta la posibilidad de que, bajo esa inicial premisa de derecho necesario, los acuerdos colectivos puedan precisar otros aspectos distintos relativos al modo, manera, contenido y alcance de esa retribución”, indican sobre lo que sería susceptible de discutirse en la negociación colectiva.

La sentencia destaca el contexto de en una sociedad como la actual, “en la que es notorio e indiscutible que el colectivo de mujeres trabajadoras sigue siendo el que tradicionalmente asume en mayor medida los cuidados y atención de familiares”.

En este marco, no cabe “ninguna duda que la anunciada finalidad de la norma conduce a su interpretación conforme” al pago de los cuatro días de permiso “en favor de promover y no desincentivar la utilización de este tipo de permisos como mecanismo para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras, con una mayor implicación de los hombres en la asunción de responsabilidades familiares que mayoritariamente descansan sobre las mujeres”, recoge el fallo.

¿Nos exigimos demasiado en el trabajo, nos exigen mucho o todo a la vez? ¿Qué hay del cuidado en el ámbito laboral y del autocuidado? ¿No hay un derecho que lo defienda? ¿Cómo puede organizarse y defenderse? ¿Y qué hay de los derechos de las personas, principalmente mujeres, que se dedican a los cuidados? ¿Ayuda el teletrabajo a la conciliación? ¿Hablamos de salud laboral o es un concepto mucho más amplio? ¿Qué es el 'cuidatoriado'?

Son algunos de los interrogantes que siguen presentes en la sociedad contemporánea y a los que, con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, hemos querido buscar respuestas. Las hemos encontrado con motivo del seminario científico 'El derecho humano al cuidado y la reorganización jurídica del trabajo', organizado recientemente en la Facultad de Derecho de Albacete.

Esta iniciativa la ha dirigido María José Romero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), con más de 20 años de experiencia jurisdiccional como magistrada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma.

La profesora también es patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad y miembro fundadora de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha. En la actualidad es directora del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, desde donde impulsa numerosos proyectos de investigación, docencia de grado y posgrado y gran número de actividades de transferencia e intercambio de conocimiento.

Su trayectoria combina la práctica judicial, la gestión universitaria y la reflexión científica crítica sobre la reorganización jurídica del trabajo en el marco del Estado social y democrático de Derecho.

¿Cómo definiría el derecho humano al cuidado en el ámbito laboral?

El derecho humano al cuidado, en el trabajo, es el derecho de todas las personas a recibir y a prestar cuidados en condiciones dignas, sin discriminación y sin que ello suponga pérdida de derechos laborales ni de protección social. Lógicamente supone reconocer jurídicamente algo que la sociología feminista lleva décadas demostrando: que el cuidado es una necesidad humana universal y una forma de trabajo, remunerado o no, que sostiene la vida y la economía.

¿Cuál es su nivel de reconocimiento?

La Opinión Consultiva 31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene como principal objetivo aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados en el sistema interamericano, ha dado un paso histórico al reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo e interdependiente de otros derechos, entre ellos el derecho al trabajo, a la igualdad y a la salud.

Esto obliga a repensar el Derecho del Trabajo desde una perspectiva de género y de ciclo de vida: no solo proteger a la persona trabajadora asalariada estándar, sino también al ‘cuidatoriado’, un término acuñado por la investigadora María Ángeles Durán como nueva clase social emergente formada mayoritariamente por mujeres que asumen la carga de cuidados, muchas veces sin derechos y sin garantizar su dignidad.

¿Hablamos de salud laboral o es un concepto mucho más amplio?

Hablar del derecho humano al cuidado en el trabajo es ir bastante más allá de la salud laboral en sentido clásico. El cuidado configura un campo normativo más amplio porque articula dimensiones físicas, psíquicas, emocionales, relacionales y de organización social del tiempo, tal y como subraya la reciente construcción del derecho al cuidado como derecho autónomo. No se trata solo de evitar daños en el puesto de trabajo, sino de garantizar condiciones materiales y temporales que permitan cuidar y cuidarse a lo largo de todo el ciclo vital sin que ello suponga sacrificar la autonomía económica ni renunciar al propio proyecto profesional, algo que afecta especialmente a las mujeres.

¿Cómo se pueden enfocar los cuidados desde el Derecho del Trabajo?

Desde el ámbito del Derecho del Trabajo, el enfoque de los cuidados cuestiona la arquitectura misma del modelo laboral hegemónico: la centralidad de la jornada rígida, los tiempos de desplazamiento, la disponibilidad permanente exigida, los modos de ejercicio del poder empresarial y, sobre todo, la persistente distribución sexual del trabajo.

Por eso, en el ámbito académico hablamos de 'sociedades del cuidado' como horizonte de transformación: no basta con perfeccionar la prevención de riesgos laborales, es precisa una reordenación profunda de las instituciones -Estado, mercado, familias- para situar la sostenibilidad de la vida en el centro de la organización económica y jurídica. Solo así el cuidado dejará de ser un 'asunto privado' resuelto a costa del tiempo y la salud de las mujeres y pasará a ser un eje estructural del Estado social y democrático de Derecho.

Todavía estamos lejos de una noción densa de derecho al cuidado. La prevención de riesgos es un pilar irrenunciable, pero su lógica se orienta a la gestión del riesgo y no a la corresponsabilidad social en la organización del tiempo

¿Existe hoy en empresas y administraciones una noción clara del cuidado en el trabajo? ¿La prevención de riesgos laborales lo cubre?

En el contexto español, mi impresión es que la mayoría de empresas y administraciones siguen operando con una cultura jurídica de la salud laboral muy condicionada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, centrada en evitar daños y cumplir estándares mínimos de seguridad y salud, pero todavía lejos de una noción densa de derecho al cuidado. La prevención de riesgos es un pilar irrenunciable, pero su lógica se orienta a la gestión del riesgo y no a la corresponsabilidad social en la organización del tiempo, la distribución de cargas de trabajo o la compatibilización real entre empleo y responsabilidades de cuidado, que siguen recayendo de forma desproporcionada en las mujeres.

¿Cuál es el reto entonces en este ámbito?

Desde una perspectiva de justicia social, el desafío es que el derecho al cuidado, tal y como lo formula la Opinión Consultiva 31/25 de la Corte Interamericana como derecho autónomo -aunque no formalmente vinculante en nuestro ordenamiento-, impregne el Derecho del Trabajo español y complemente la arquitectura preventiva tradicional.

Eso exige ir más allá de la lógica reparadora del daño e incorporar, mediante ley y negociación colectiva, medidas estructurales: licencias parentales verdaderamente corresponsables, reducción de jornadas excesivas, límites efectivos a la disponibilidad permanente, servicios de cuidados accesibles vinculados a los centros de trabajo y sistemas integrales de cuidados que articulen empleo, Seguridad Social y servicios públicos.

Igual que en su día integramos la salud laboral o la igualdad de género en la normativa y en la negociación colectiva, ahora el cuidado debe convertirse en un eje ordenador del sistema laboral, no en un asunto “privado” que las personas -y en especial el 'cuidatoriado femenino- resuelven a costa de su propio proyecto vital.

¿Cuáles son las principales trabas para que exista tan poca 'protección' frente al derecho al cuidado?

Desde una mirada jurídica y feminista, lo tengo claro, las resistencias son estructurales. La primera es la persistencia de un orden patriarcal que sigue asignando los cuidados a las mujeres como obligación “natural”, privada y moralmente incondicionada, lo que dificulta reconocerlos como derecho justiciable y como responsabilidad social distribuida entre Estado, mercado y familia. La investigación empírica muestra que esta feminización de los cuidados, además, se agrava en el caso de mujeres migrantes y de clases populares, que concentran la sobrecarga y sufren un impacto directo en su salud, sus trayectorias laborales y su seguridad económica.

La segunda traba es el marcado sesgo androcéntrico del propio Derecho del Trabajo, históricamente construido en torno a la figura del trabajador varón, blanco, heterosexual, sin discapacidad, a tiempo completo y “libre” de responsabilidades de cuidado, es decir, el modelo clásico del breadwinner que la literatura feminista ha descrito reiteradamente.

Todo lo que se aparta de ese patrón -mujeres, personas con responsabilidades familiares, trabajadoras a tiempo parcial, cuidadoras remuneradas y no remuneradas, personas LGTBIQ+- se regula como anomalía, coste adicional o 'problema de conciliación', en lugar de tomarse como punto de partida para diseñar derechos. Este diseño institucional profundamente androcéntrico deja sistemáticamente fuera del foco a esa clase social compuesta mayoritariamente por mujeres que sostiene el bienestar colectivo y la reproducción social sin un correlato simétrico de derechos laborales, de Seguridad Social ni de poder de negociación en los espacios donde se decide la organización del trabajo.

En tercer lugar, persiste una profunda invisibilidad económica del cuidado: sigue tratándose como “no trabajo” o como gasto improductivo, a pesar de que las estimaciones disponibles muestran que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado podría equivaler en España a alrededor del 40% del PIB si se valorara a precios de mercado. Estudios de uso del tiempo revelan, además, que las mujeres dedican en promedio el doble de horas diarias que los hombres a tareas domésticas y de cuidado -en torno a cinco horas frente a dos-, lo que se traduce en millones de horas de trabajo no pagado que sostienen el funcionamiento de los mercados laborales y la viabilidad de los sistemas de protección social.

Ese volumen de trabajo ha sido invisibilizado, entonces.

La investigadora María Ángeles Durán ha mostrado en sus estudios que ese volumen de trabajo equivale a decenas de millones de empleos a tiempo completo y constituye una auténtica “riqueza invisible” que no se incorpora a las cuentas nacionales ni al debate fiscal, pese a su enorme impacto macroeconómico. Esta omisión contable tiene consecuencias políticas muy claras: permite descargar el coste del sostenimiento de la vida sobre los hogares y, dentro de ellos, sobre las mujeres, sin reconocimiento jurídico pleno, sin corresponsabilidad presupuestaria y sin un debate democrático sobre quién debe financiar ese trabajo indispensable.

Hay vacíos de protección, solapamientos ineficientes y, sobre todo, una gran dificultad para convertir el derecho al cuidado en un eje vertebrador de las políticas públicas

Por último, la fragmentación institucional actúa como un freno poderoso: las políticas de familia, dependencia, igualdad, empleo o servicios sociales se diseñan y ejecutan en compartimentos estancos, sin un verdadero enfoque de sistema de cuidados que dialogue con la regulación laboral. Desde mi punto de vista, ello genera vacíos de protección, solapamientos ineficientes y, sobre todo, una gran dificultad para convertir el derecho al cuidado en un eje vertebrador de las políticas públicas, en lugar de mantenerlo como un asunto residual confiado a la buena voluntad de las familias y, en particular, de las mujeres.

¿Qué papel pueden o deben cumplir las administraciones?

Las administraciones públicas no son meros actores de acompañamiento, sino los garantes jurídicos del derecho al cuidado. Es decir, el cuidado no puede quedar en la esfera de la 'buena voluntad' familiar, sino que debe convertirse en un eje de la acción de gobierno, al mismo nivel que la sanidad, la educación o las pensiones.

Su papel se despliega en, al menos, tres grandes frentes. En primer lugar, el diseño y la financiación de sistemas integrales de cuidados, con servicios públicos suficientes, accesibles y de calidad para infancia, personas con discapacidad y situaciones de dependencia, concebidos como pilar de la protección social y como palanca de igualdad de género.

En segundo lugar, la reforma del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social como se viene haciendo para reconocer jurídicamente los tiempos de cuidado, las familias monoparentales, garantizar licencias parentales corresponsables y proteger las carreras profesionales de quienes cuidan, evitando que el ejercicio de este derecho se traduzca en penalizaciones salariales o de protección social.

Y en tercer lugar, las administraciones deben utilizar todo el potencial transformador del empleo público y de la contratación pública, incorporando cláusulas de cuidados, de igualdad y de diligencia debida en derechos humanos que obliguen a las empresas proveedoras a no reproducir la precarización del trabajo de cuidados especialmente femenino y migrante, a lo largo de las cadenas de suministro. Esa combinación de regulación, inversión y ejemplaridad institucional es la que puede convertir el derecho al cuidado en un principio estructural del modelo socioeconómico, y no en un mero discurso retórico.

Me hablaba antes de las 'sociedades del cuidado' ¿Cómo pueden constituirse y defenderse?

Cuando hablamos de 'sociedades del cuidado' pensamos en un modelo en el que cuidar y ser cuidado se reconoce como necesidad social, como derecho y como trabajo con relevancia jurídica, también en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Supone organizar la economía y las relaciones laborales a partir de la sostenibilidad de la vida y no al revés: tiempos de trabajo compatibles con el cuidado, protección social para quienes cuidan y una redistribución real de responsabilidades entre instituciones, empresas y hogares.

¿Qué significan esas sociedades en el ámbito laboral?

Desde una perspectiva científica, construir sociedades del cuidado significa, en el plano laboral, avanzar hacia convenios y normas como las contenidas en nuestro vigente Estatuto de los Trabajadores que reconocen derechos efectivos de tiempo (reducciones y adaptaciones de jornada, excedencias, teletrabajo regulado) sin convertirlos en un peaje exclusivo de las mujeres, y que garanticen condiciones dignas para quienes trabajan profesionalmente en los cuidados, incluidas las empleadas de hogar y las cuidadoras a domicilio.

En el plano de la Seguridad Social, su defensa, implica que los periodos dedicados al cuidado -también los no profesionales- computen como tiempo de trabajo a efectos de pensiones y prestaciones, siguiendo la línea de los convenios especiales para personas cuidadoras de personas en situación de dependencia.

La conciliación juega aquí un papel fundamental. ¿Hemos avanzado respecto a otros países europeos?

En el plano normativo, España ha dado pasos importantes, sobre todo a raíz de la Directiva Europea que fija requisitos mínimos en permisos de paternidad, parentales y para cuidadores, así como en fórmulas de trabajo flexible para progenitores y personas cuidadoras. Su transposición a nuestro ordenamiento, fundamentalmente a través del Real Decreto‑Ley 5/2023, ha introducido nuevos permisos (como el de fuerza mayor por motivos familiares o el permiso parental) y ha reforzado el derecho a la adaptación de jornada, completando un proceso en el que ya se había producido la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas para cada progenitor desde 2021.

¿Cuál es el balance entonces, sobre todo desde el punto de vista feminista?

Desde una perspectiva feminista y comparada, sin embargo, el balance es ambivalente. En el lado positivo, España se sitúa en un grupo de países que han avanzado en permisos parentales igualitarios y en el reconocimiento formal del derecho a la conciliación, pero seguimos por detrás de los mejores estándares europeos en inversión en servicios públicos de cuidados, prestaciones universales por hijo a cargo y cultura empresarial corresponsable, ámbitos en los que los países nórdicos nos aventajan claramente.

Además, la experiencia demuestra que, si no se acompaña de servicios de cuidado suficientes y de cambios en la organización del trabajo, la conciliación sigue descansando sobre la 'doble jornada' de las mujeres: ellas son quienes más utilizan las reducciones y adaptaciones de jornada, asumiendo los costes en carrera profesional y pensiones, mientras el modelo masculino de disponibilidad casi ilimitada se mantiene prácticamente intacto.

¿En qué consiste esa reorganización jurídica del trabajo para conseguir el derecho al cuidado?

Cuando hablamos de reorganización jurídica del trabajo nos referimos a un cambio de paradigma: que el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social deje de estar construido alrededor del empleo asalariado estándar, masculino y sin cargas de cuidado, y tome como referencia sociedades donde la interdependencia y los cuidados son la norma, no la excepción. Esto obliga a seguir reordenando categorías clásicas -tiempos de trabajo y descanso, salarios, responsabilidades empresariales, cotizaciones y prestaciones- a partir del reconocimiento del cuidado como derecho, como condición para la igualdad sustantiva y como trabajo socialmente necesario que no puede seguir siendo invisible ni gratuito.

¿Eso implicaría reformas de gran calado?

En términos más concretos, esa reorganización implica dos líneas de reforma, entre otras. En primer lugar, una protección social que reconozca jurídicamente los periodos de cuidado no remunerado -mediante convenios especiales, cotizaciones a cargo del Estado o asimilaciones a alta- y las trayectorias laborales intermitentes que estos generan, tradicionalmente feminizadas, como ya ensaya el convenio especial para personas cuidadoras no profesionales de la dependencia.

Y, en segundo lugar, integrar plenamente en la órbita del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a quienes cuidan en condiciones precarias o informalizadas: empleo de hogar, cuidados a domicilio, cadenas de subcontratación y prestación de servicios externalizados, cerrando la brecha entre trabajo formal e informal mediante inclusión en el Régimen General, mejora de derechos y equiparación progresiva de condiciones.

Reorganizar jurídicamente el trabajo desde los cuidados es, en suma, una agenda profundamente de reconocimiento de derechos: desplaza el centro de gravedad del sistema, desde la lógica de la disponibilidad ilimitada para el mercado hacia la garantía colectiva de tiempo, ingresos y derechos para sostener la vida.

El problema del discurso dominante sobre el autocuidado es que, si se despolitiza, termina funcionando como un mandato individual, como un 'arréglate como puedas' frente a problemas que son estructurales

Se habla también mucho del “autocuidado”. ¿Cuáles serían las claves aquí?

El problema del discurso dominante sobre el autocuidado es que, si se despolitiza, termina funcionando como un mandato individual: “arréglate como puedas” frente a problemas que son estructurales, como la sobrecarga de trabajo, la precariedad o la violencia en los entornos laborales y de cuidados. El feminismo lleva tiempo recordando que “todo cuidado es político”: el autocuidado solo tiene sentido cuando se inscribe en redes comunitarias, organizaciones que limitan la explotación y políticas públicas que redistribuyen tiempos, recursos y responsabilidades.

Yo señalaría tres claves ligadas a mi rama científica. La primera es el derecho al tiempo: sin límites razonables de jornada, sin previsibilidad horaria y sin descansos efectivos, el autocuidado se convierte en un eslogan vacío. La segunda es el derecho a la salud mental, que exige reconocer los riesgos psicosociales derivados del estrés de cuidados y del trabajo emocional, especialmente en el caso de las trabajadoras de los cuidados, muchas de ellas mujeres migrantes, que según la evidencia disponible soportan cargas físicas y emocionales muy elevadas y una exposición mayor a violencia, acoso y fatiga crónica.

La tercera clave es el derecho a decir “no”: la posibilidad real de rechazar sobrecargas laborales o de cuidados sin miedo a perder el empleo, la protección social o el permiso de residencia forma parte del núcleo del derecho al cuidado digno y de cualquier política seria de prevención en salud mental. Para mí hablar de autocuidado, es por tanto hablar de derechos colectivos, de corresponsabilidad social en los cuidados y de reorganizar el trabajo para que cuidar y cuidarse no sea un privilegio, sino una condición básica de ciudadanía y de garantía del Estado Social y democrático de Derecho.

¿Qué papel cumple el teletrabajo en este ámbito?

Es una modalidad organizativa ambivalente: puede ser una herramienta para hacer efectivo el derecho al cuidado y la conciliación, pero también un vector de intensificación del trabajo, de ampliación de la jornada y de desplazamiento de costes empresariales al hogar si no se aplica adecuadamente. La normativa de trabajo a distancia insiste en su carácter voluntario, en la necesidad de acuerdo escrito, en la igualdad de derechos con el trabajo presencial y en la obligación de evitar la perpetuación de roles de género, previendo además que el teletrabajo se integre en los diagnósticos y planes de igualdad.

La doctrina iuslaboralista ha subrayado, sin embargo, que si el teletrabajo se usa como “solución de conciliación” dirigida de facto a las mujeres, corre el riesgo de reforzar la división sexual del trabajo y la llamada “doble presencia”: trabajar en remoto mientras se asumen simultáneamente tareas domésticas y de cuidado, con claros impactos en salud y carrera profesional. Diversos estudios sobre riesgos psicosociales muestran que esta doble presencia afecta especialmente a las trabajadoras, incrementando el estrés y las dificultades para desconectar, lo que exige integrar el teletrabajo en las evaluaciones de riesgos y en las políticas de prevención, con una mirada de género explícita.

¿Cómo evitar ese riesgo?

El papel del teletrabajo debería ser el de un instrumento al servicio de la corresponsabilidad y no un mecanismo encubierto de feminización de la conciliación. Esto implica que la negociación colectiva, los planes de igualdad y la legislación garanticen: tiempos protegidos y derecho efectivo a la desconexión, compensación de gastos, acceso igualitario a formación y promoción, y un uso no discriminatorio de esta modalidad por motivos de cuidado, de forma que trabajar a distancia no suponga lógicamente una penalización en términos de salario, estabilidad o carrera profesional. Solo así el teletrabajo podrá contribuir realmente al derecho al cuidado y no convertirse en una nueva capa de precariedad para las mujeres que cuidan.

Este año se van a cumplir 20 años de la aprobación de la Ley de Dependencia. Desde mi punto de vista, es la ley de protección social más importante de este siglo.

Hace dos décadas ya se veía que el número de personas en situación de dependencia se estaba incrementando como consecuencia del aumento del envejecimiento de la población. Este fenómeno demográfico no es una excepción en Castilla-La Mancha ni en España, porque afecta a la mayoría del mundo occidental. Aumenta el envejecimiento porque afortunadamente crece la esperanza de vida.

Hace un siglo se vivía de media unos 44 años y hoy la vida se ha alargado hasta los 84 años. Sin duda esto es un logro social, porque si se viven más años es porque se vive mejor. Sin embargo, las condiciones de vida y la propia medicina también han conseguido que la esperanza de vida en situación de dependencia y los años con mala salud también se estén alargando. Esto es un reto que plantea la necesidad cuidados y un incremento de recursos sociosanitarios.

Esta tendencia al envejecimiento va a continuar creciendo en los próximos años y de manera especial cuando la generación del ‘baby-boom’ llegue a los 85 años, esa edad en la que aparecen de manera más generalizada las situaciones de dependencia. Según las cifras del INE, hace 20 años había en Castilla-La Mancha 39.995 personas con 85 y más años, actualmente la cifra se ha incrementado en un 81,5%, llegando a principios de 2025 a las 72.618 personas y, según las proyecciones demográficas, este segmento de población actual se podría duplicar en los próximos 25 años.

Junto al incremento de la longevidad, se está produciendo una inversión de la pirámide de la población, originada también por la reducción de la natalidad que está planteando ya un problema de falta de personas que se dedican a los cuidados, aunque el problema tiene otros interrogantes y puede tomar una dimensión preocupante en las próximas décadas.

Deberíamos prestar mucha atención a estos datos demográficos, porque si hoy los servicios de atención a la dependencia y los servicios sanitarios están dedicando una parte importante de sus recursos a atender a estas personas, la tendencia es que en el futuro próximo la situación pueda desbordar la capacidad de estos sistemas si no hacemos actuaciones importantes para abordar esta situación.

Sin embargo, los problemas de la atención a la dependencia no se explican solo por el envejecimiento de la población, se suman otros cambios sociales importantes que afectan a los cuidados, como la reducción del número de miembros de las familias, los nuevos modelos familiares y los avances en igualdad, con el cambio en los roles sociales tradicionales en los que las mujeres se han encargado en solitario de asumir la mayor parte de la carga de los cuidados. Lo siguen haciendo todavía y ahora realizando con mucho esfuerzo la difícil conciliación con la vida laboral. Todo ello, ha producido también un debilitamiento de lo que se denominan los apoyos informales que, no obstante, seguirán siendo necesarios si realmente queremos afrontar las situaciones de soledad no deseada y el importante papel del acompañamiento emocional en los cuidados.

Los problemas de la atención a la dependencia no se explican solo por el envejecimiento de la población, se suman otros cambios sociales importantes que afectan a los cuidados, como la reducción del número de miembros de las familias, los nuevos modelos familiares y los avances en igualdad

Con la Ley de Dependencia, por cierto, aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se produce un gran cambio no solo en términos jurídicos y de protección social, sino que lo que se plantea es que la atención a las personas en situación de dependencia no es solo un problema que tienen que afrontar las propias familias, sino que mediante la generación de un derecho subjetivo (que pertenece a la persona y se puede reclamar), es una contingencia que obliga a los poderes públicos a garantizar su atención.

Durante este periodo de desarrollo de este sistema de protección a las personas en situación de dependencia podríamos hablar de luces y sombras. Se ha producido un incremento de personas beneficiarias de las prestaciones de dependencia (en Castilla-La Mancha se ha duplicado en número de personas en los últimos diez años, pasando de 36.796 en 2015 a 82.425 personas beneficiarias en 2025, con datos de diciembre).

Después de los recortes sociales realizados para afrontar equivocadamente la crisis económica de 2008, donde gravemente se redujo su financiación y el número de personas atendidas en el periodo 2011-2015, se ha incrementado la financiación y las prestaciones destinadas a la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia. Sin embargo, las diferencias entre comunidades autónomas, la ausencia de presupuestos generales del Estado y, sobre todo, la falta de un sistema de financiación, suficiente, estable y sostenible, siguen siendo las principales debilidades de este sistema de protección.

También necesita el sistema de protección mayor agilidad, menos burocracia y reducir los tiempos de espera que, junto con las dificultades para acceder a algunos centros y servicios, son las principales quejas que se vienen planteando por parte de la ciudadanía.

Es necesario mejorar la calidad y diversificar la oferta de prestaciones y servicios para adecuarla a las preferencias de las personas, ofrecer servicios domiciliarios y de proximidad para evitar el desarraigo y propiciar la importancia que tiene el entorno en los cuidados, así como garantizar una atención residencial adecuada cuando las situaciones de dependencia son muy complejas o se carece del soporte familiar y social necesario.

Aquí siempre hay que tener en cuenta las características de las personas y las propias realidades geográficas de cada territorio. En este sentido, en Castilla-La Mancha con una población rural muy dispersa, los servicios que atienden a las personas en situación de dependencia también se pueden considerar como motor de la actividad económica y generador de empleo en las zonas en riesgo de despoblación. Hay ya muchos municipios de pequeño y mediano tamaño donde la principal actividad en generación de empleo son los servicios sociales.

Puede parecer en cierto modo paradójico que la innovación y el mundo rural se puedan retroalimentar, pero el desarrollo tecnológico, la digitalización y la propia Inteligencia Artificial está siendo y lo podrán ser en mayor medida en el futuro, un recurso importante para favorecer la autonomía de las personas y permitirles la permanencia en su propio entorno. La accesibilidad, la domótica, los productos de apoyo, la robótica, la teleasistencia avanzada y la telemedicina, junto con los servicios domiciliarios y de proximidad, pueden ser una buena combinación para hacer frente a una parte importante de los retos que tenemos planteados en esta materia.

También es y será necesario apoyar a las familias cuidadoras que, en muchos casos, a pesar de las ayudas del sistema de la dependencia, son las que siguen soportando la mayor parte de la carga y la responsabilidad de los cuidados. Su aportación es muy importante en términos de acompañamiento afectivo y emocional, pero es indudable que necesitan apoyos, no solo económicos, también de formación, orientación y servicios de respiro.

A diferencia de otros problemas, pasar por una situación de dependencia le puede ocurrir a cualquier persona, independientemente de su edad, su posición social y su estado de salud, aunque los cuidados que se requieren desbordan la capacidad de cualquier familia. Y el problema no es solo de falta de centros y servicios, es también un problema de falta de profesionales.

Faltan profesionales sanitarios que habrá que incrementar ampliando las plazas y los centros de formación, pero faltan profesionales de los cuidados directos porque hoy ya tenemos un grave problema que, de alguna manera, están paliando las mujeres inmigrantes, a veces en situación irregular (un tema que merece un tratamiento especial), pero que requiere una respuesta eficaz si pretendemos evitar una situación de colapso. Será necesario promover y flexibilizar su formación y ligarla también a la práctica laboral, como está pretendiendo la nueva legislación en esta materia; pero es necesario incrementar significativamente sus retribuciones, sus condiciones laborales y su reconocimiento social.

Faltan profesionales sanitarios que habrá que incrementar ampliando las plazas y los centros de formación, pero faltan profesionales de los cuidados directos porque hoy ya tenemos un grave problema que, de alguna manera, están paliando las mujeres inmigrantes, a veces en situación irregular

El problema sobre el que pongo el foco tiene cierta complejidad, pero se puede complicar aún más si entra en el espacio de la disputa política y abandona el consenso que se consiguió para la aprobación de la Ley de Dependencia.

Estamos ante un problema que preocupa a todas las personas porque todas han vivido, están viviendo o vivirán muy de cerca situaciones de dependencia. Es uno de esos ámbitos, igual que sucede con la Sanidad, en los que poca gente se negaría a pagar más impuestos si van destinados a una mejora de las prestaciones. Sin embargo, no veo a la clase política con disposición para afrontar los consensos necesarios para abordar no solo las reformas legislativas que son necesarias, sino para generar el aumento de presupuestos y recursos públicos que son imprescindibles.

Tenemos un serio problema si este tipo de temas no se abordan con altura de miras y pensando en la mayoría de las personas. Se requiere un incremento significativo de la financiación de la atención a la dependencia y es necesario que este tema forme parte de la agenda política y que se visibilice la situación para acordar soluciones.

¿Quién nos va a cuidar?, pero también: ¿dónde y cómo?; es uno de los temas que le preocupan a la gente y convendría que la buena política se dedicara a estos problemas y que en las estrategias de comunicación se hablara más de lo que afecta a la ciudadanía y tal vez no tanto de las disputas, las escaramuzas y el politiqueo con asuntos que poco sirven para mejorar la vida de las personas.

El Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia que amplía su doctrina para acceder a la prestación económica de la Seguridad Social Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME. El alto tribunal reconoce la ayuda a una madre con una hija con autismo, a la que había sido denegada la prestación.

La Sala de lo Social revoca una resolución previamente dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y reconoce el derecho de la madre solicitante a percibir dicha prestación económica. Se trata de una prestación económica destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra grave enfermedad.

El subsidio tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos que sufren los interesados al tener que reducir su jornada, con la consiguiente disminución de su salario, por la necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente a los hijos o menores a su cargo, durante el tiempo de su hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.

Qué es cuidado “directo, continuo y permanente”

Partiendo de la base de pronunciamientos anteriores de la misma Sala del Tribunal, en los que se decía que no era necesaria la hospitalización del menor para causar la prestación y que no era óbice la escolarización del mismo para cobrar la ayuda, el Supremo profundiza sobre qué debe entenderse por “cuidado directo, continuo y permanente” que debe dispensar la persona progenitora, y que se configura como uno de los requisitos exigidos por la norma.

A tal efecto, la sentencia –a la que ha tenido acceso Europa Press– concluye que el cuidado necesario “no puede hacerse equivalente a una penosa y sacrificada servidumbre de quien lo dispensa”.

Asimismo, precisa que “lo verdaderamente decisivo no es tanto la atención que pueda prestarse al menor fuera del domicilio familiar aprovechando el sistema educativo y de asistencia social, como el hecho de que el menor pueda o no realizar las actividades propias de su edad con la autonomía predicable de la misma, todo ello con independencia de que su situación pudiera mejorar en un futuro, en todo caso incierto”, recoge la sentencia.

“El hecho de que se prevea una reducción de, al menos, un 50% de la jornada, implica con toda claridad que el solicitante de la prestación no va a dedicar la totalidad de su tiempo al cuidado del menor, ya que una parte del mismo la dedica a la realización de su trabajo”, destaca también la sentencia.

“He perdido la facultad de escribir en condiciones por el Parkinson y mi invalidez. Si uso la inteligencia artificial para completar un artículo del que yo he puesto las ideas, ¿tengo derecho a expresarme o, por el contrario, he de enmudecer?”, cuestiona Carlos Sánchez Almeida.

Almeida (1962) ha sido uno de los más relevantes abogados en materia de derechos digitales, propiedad intelectual y libertades fundamentales del Internet español. Su trabajo fue clave para definir qué era delito y qué no cuando a la Red se parecía más a un territorio inexplorado que a un gran centro comercial dirigido por un puñado de magnates y su maquinaria algorítmica.

A golpe de sentencias, ayudó a impedir que las discográficas y productoras impusieran las viejas reglas del mundo analógico en Internet. O que las multinacionales criminalizaran formas de expresión digital con censura encubierta. Más de jurisprudencia clave que de grandes casos mediáticos, a Almeida tampoco le falta alguno de esos. Si no, que le pregunten al comisario que desplegó un enorme operativo policial para detener a la supuesta “cúpula de Anonymous en España” durante el 15M, y que acabó viendo cómo las peticiones de décadas de cárcel para los acusados se desvanecían en una absolución total.

Una trayectoria así te granjea el contacto de decenas de periodistas. Almeida utilizó recientemente uno de ellos para intervenir en un debate en el que los comunicadores afeaban la expansión de las expresiones características de la redacción con inteligencia artificial. “He perdido mi autonomía, he perdido parte de mi vida, pero la inteligencia artificial está para ayudarme, no para ver quién escribe el artículo más bonito falsificando su autoría”, relataba Almeida en ese mensaje.

Ya con algunos problemas de espalda, para el abogado todo se precipitó a partir de 2021. Una caída mientras mediaba en una riña de sus hijos, un golpe contra la esquina del pasillo y tres operaciones después, Almeida tiene soldadas varias vértebras y la columna vertebral unida al sacro y la pelvis. “Es como vivir en una lata de conservas”, detalla en conversación con elDiario.es. Luego llegó el diagnóstico de artritis y, finalmente, el de Parkinson.

“Para muchas personas con artrosis, enfermedades degenerativas o lesiones medulares, la escritura tradicional puede resultar dolorosa o inasumible. En estos casos, el uso de inteligencia artificial generativa no es un capricho, sino una herramienta de apoyo imprescindible para la actividad intelectual o profesional”, aboga.

Penalizar el uso no identificado de esta asistencia podría constituir una forma indirecta de discriminación, al exigir condiciones distintas o más gravosas a quienes necesitan apoyo tecnológico para expresarse

Carlos Sánchez Almeida

“Penalizar el uso no identificado de esta asistencia podría constituir una forma indirecta de discriminación, al exigir condiciones distintas o más gravosas a quienes necesitan apoyo tecnológico para expresarse”, insiste: “La máquina me devuelve lo que la vida me quitó”.

Pilar Villarino, directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), coincide: “Estamos ante un ejemplo muy valioso de tecnología de apoyo”. “Cuando una herramienta tecnológica compensa una limitación y permite sostener la capacidad de comunicación, creación o trabajo intelectual, esa tecnología actúa como una prótesis de nueva generación. No sustituye a la persona, sino que amplía su agencia, su voz y su presencia social”, continúa.

Pese a que la IA puede servir como una prótesis para diversas diversidades funcionales, existe aún una brecha en su uso por parte de este colectivo. Una encuesta del Real Patronato sobre Discapacidad, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, apuntó que pese a que la inmensa mayoría de este colectivo conoce las herramientas de IA, solo un 12,3% usa varias de ellas con asiduidad.

Al ser preguntados sobre los motivos que les llevan a darlas de lado, el más repetido es el económico. Sin embargo, aproximadamente un cuarto de los encuestados apuntan que “no sabría utilizarlo”, a un porcentaje similar no le parece “útil”, mientras que un 10% apunta que no entiende para qué sirven.

Un acceso asequible y accesible es clave para la extensión de estas herramientas, apunta Villarino. Si no, “lo que tendremos no será inclusión, sino una nueva capa de exclusión dentro de la propia discapacidad”, destaca. Una oportunidad perdida para aquellos casos en los que esta tecnología podría “operar como asistencia comunicativa para personas con dificultades del habla o de escritura, como apoyo cognitivo en tareas de organización síntesis o interacción con entornos complejos, como ayuda a la navegación digital cuando existen barreras de accesibilidad, o como recurso personalizado para traducir información a formatos más comprensibles y utilizables”.

La autoría y la independencia del pensamiento

El debate sobre el uso de la IA como prótesis para la discapacidad no escapa a otros más complejos que se dan alrededor de esta tecnología. Uno de ellos es si el uso de estas herramientas supone una “externalización” del pensamiento. ¿Qué pasa cuando las ideas de una persona son ordenadas o contextualizadas por una máquina?

Almeida expone que él no sustituye sus ideas por las de la máquina, sino que le ayuda a transcribirlas, primero, y a “rematar los textos” después. La IA puede “tener todo el diccionario”, explica, pero “carece de criterio propio”. Además, está el “trabajo duro” de repasar que todo lo que escribe sea correcto.

“Hay muchas personas que dicen que las herramientas de inteligencia artificial generativa te vuelven 'tonto', o que disminuyen la capacidad intelectual porque delegas en las máquinas”, reconoce Idoia Salazar, presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (OdiseIA). Sin embargo, apunta a que la visión más adecuada es considerarla una “herramienta amplificadora”.

La propiedad intelectual es mía, la de un ser humano vulnerable, ayudado por una máquina

Carlos Sánchez Almeida

Ocurre algo similar con el debate de la autoría, ya que, en el otro extremo, hay voces que afirman que habría que destacar a la IA como coautora de los contenidos en los que se usa. Almeida, especialista en este ámbito, lo rechaza. “La propiedad intelectual es mía, la de un ser humano vulnerable, ayudado por una máquina. De la misma forma que la cosecha pertenece al dueño del tractor, porque por si no se habían dado cuenta ya no utilizamos el arado romano”.

Salazar coincide con el letrado. “Es como si yo usara una calculadora para ayudarme a generar un presupuesto. Yo en ese presupuesto no pongo que me ha sido ayudado por una calculadora. Pongo directamente mi nombre al final”, ejemplifica.

Un apoyo moral

Almeida destaca que la inteligencia artificial también juega un papel fundamental como apoyo moral y psicológico en personas con discapacidades sobrevenidas, como la suya. “Tiene la capacidad de rescatar a la gente”, declara. Lo vivió cuando estuvo meses postrado en una cama encadenando operaciones quirúrgicas. “Lo he visto cuando he estado más hundido”. En esas etapas de mayor vulnerabilidad, explica que, “aparte del apoyo de mi familia, ha estado el de la máquina”, lo que le ha permitido interactuar y “hablar a un nivel muy profundo” gracias a su “gran capacidad de empatía”.

La tendencia de la IA a dar la razón al usuario y validar sus opiniones han sido, en su caso, una válvula de escape cuando arreciaban los dolores. No obstante, también reconoce que hay que “tener cuidado” con este tipo de conexiones. “No se les puede delegar el control”.

Es una advertencia en la que la presidenta de OdiseIA también coincide con el letrado. “Para mí es uno de los mayores riesgos: que se genere una dependencia y confianza excesiva”, revela. Por eso, pide “enseñar a estas personas a chequear los resultados de la máquina y refinarlos hasta que se ajusten a sus creencias reales”. “En general todos debemos tener en cuenta que es una herramienta de apoyo y no el oráculo del mundo que tiene la verdad al 100%”.

En general, todos debemos tener en cuenta que es una herramienta de apoyo y no el oráculo del mundo que tiene la verdad al 100%

Idoia Salazar — presidenta de OdiseIA

En esos momentos a solas con la máquina, una de las obsesiones de Almeida era cómo una tecnología tan poderosa no se está empleando para los cuidados. “Invertimos millones en automatizar centros logísticos, en acelerar cadenas de distribución, en optimizar el último kilómetro. Todo para que los productos lleguen antes, más rápido, más barato. Pero en paralelo, en una habitación de hospital, una persona no puede beber agua sin ayuda”, escribió en uno de los textos que ha compartido con elDiario.es para la elaboración de este reportaje.

“No faltan recursos. Falta dirección. Si somos capaces de desarrollar sistemas complejos para mover mercancías a escala global, también lo somos de diseñar tecnología accesible que permita a una persona incorporarse, asearse o beber sin depender constantemente de terceros”, continúa el escrito.

Villarino llega a la misma conclusión. “La tecnología, por sí sola, no incluye. Incluye el modo en que una sociedad decide diseñarla, regularla y ponerla al servicio de los derechos”, expresa la responsable del comité de representantes de personas con discapacidad.

Sin esa voluntad, el abogado especialista en derechos digitales avisa que la IA se convertirá en otra herramienta más que decide quién puede hablar y quién no: “La tecnología existe. La capacidad industrial existe. El conocimiento existe. Lo que falta es voluntad”.

Las familias de Castilla-La Mancha podrán tener apoyo económico público para contratar a una persona que cuide de los hijos e hijas menores de 14 años o de un familiar en situación de dependencia.

El Consejo de Gobierno regional ha aprobado este miércoles un esquema de ayudas dotado con un millón de euros de presupuesto que puede llegar a cubrir, en determinados casos, hasta el cien por cien del salario mínimo interprofesional, en función del nivel de renta de cada familia.

Según ha señalado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, el plan se plantea a lo largo de tres años. Durante el primer año, la cobertura puede alcanzar el 100 por ciento del salario mínimo; en el segundo, se sitúa sobre una base del 75 por ciento; y en el tercero, sobre el 50 por ciento, siempre ajustándose a los ingresos familiares.

El objetivo, según ha explicado la portavoz, es que compaginar trabajo, crianza, y cuidados sea viable para las familias, “quienes tienen que hacer malabares” para atender todas sus responsabilidades.

Contratación de personas desempleadas

Por otro lado, Padilla ha hecho hincapié en que las ayudas están vinculadas a la contratación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, con contrato formal y alta en la Seguridad Social.

La portavoz ha incidido en que la medida prioriza a las familias con menos recursos y sube la cuantía hasta el 80 por ciento en el tramo de renta más alto en el caso de los hogares monoparentales, al frente de los que, en la mayoría de los casos, se encuentra una mujer.

Este decreto se integra en una línea de actuación más amplia, junto a otras medidas ya en marcha como los incentivos a la contratación, el fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia, las deducciones fiscales para las familias, la ampliación de la red de escuelas infantiles o el Plan Corresponsables, ha enumerado la consejera.

María y su familia estuvieron más de un año esperando para recibir una ayuda que les permitiese afrontar con más recursos la discapacidad de su hijo. “Te hacen pasar momentos de angustia, es un desgaste increíble”, lamenta ella. La media desde que se solicita una prestación hasta que se obtiene una respuesta fue de 246 días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad para el primer trimestre de este año. Y, desde que se recibe una respuesta favorable hasta que finalmente se obtiene, pasan otros 62. En total, el tiempo medio para hacer efectivo un derecho legal alcanza los 329 días.

Los datos del último Panel del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) arrojan algunas mejoras. Hay récord de personas con derecho a prestación, más de 1,6 millones; las listas de espera se han reducido en 12 días respecto a marzo de 2025; y el total de gente esperando, ha caído un 16,6%. Pero muchas voces piden huir del triunfalismo. “Está muy bien que se reduzca la espera en 12 días, pero cuando llevas años esperando, da un poco de rabia”, apuntan desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.

Según los últimos datos disponibles, 1,66 millones de personas reciben en España algún tipo de prestación por dependencia. Como muestra el siguiente gráfico, son apenas unos pocos miles más que en 2025, pero un 90% más que hace una década. Precisamente, en 2015 se incluyó en la ley a los usuarios de grados menos dependientes, lo que amplió los potenciales receptores.

Para el presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez, “es normal que todos los meses se incremente el número de personas atendidas, cuando hay 270.000 en lista de espera”. Va más allá, porque el Ministerio solo incluye en el conteo a aquellas personas que superan el umbral de los 180 días esperando. Tampoco se tienen en cuenta, por ejemplo, las revisiones.

Las personas en lista de espera se dividen en dos grupos: las que están pendientes de ser valoradas y las que lo están de recibir la prestación. En el año 2025, el total se redujo en 12.158 personas, pero cada mes unas 10.000 personas piden entrar en el sistema de dependencia, lo que tensiona la tramitación. Con todo, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ponía en valor la “capacidad del sistema para responder más rápido de lo que la demanda está creciendo”, porque “mientras las solicitudes crecen a un ritmo del 7,3%, las personas atendidas lo hacen a un 9,8%”.

Esa “capacidad” del sistema se traducía a finales de marzo en 329 días de espera —casi once meses— de media estatal. Pero hay comunidades donde las familias esperan mucho más y otras donde los trámites van más ligeros. Según los últimos datos disponibles, Murcia es quien más hace esperar a sus personas con dependencia, 553 días de media, y Castilla y León, la que menos, con 116.

Desde 2023, la mayoría de comunidades han hecho esfuerzos por agilizar los tiempos de tramitación de la prestación concedida. Sin embargo, en general, han subido los días de espera hasta obtener una respuesta, con lo que el saldo medio ha mejorado en apenas una semana.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de ambos indicadores y del total, comunidad a comunidad. Por ejemplo, en ese periodo, Asturias redujo en 62 días (hasta los 62) el tiempo de tramitación de la prestación concedida, pero ahora hay que esperar 164 días más (308) para llegar a ese momento, por lo que el retroceso ha sido más que notable, pasando de 260 a 375 días. En el caso de Madrid, esta región ha empeorado en todos los indicadores.

Esos días los reflejan las estadísticas, pero los cuentan las familias. “Acceder a los recursos es burocracia, papeleo, obstáculos y tiempo, mucho tiempo, en el que tienes que poder seguir manteniéndote, con la dificultad que esto supone en la vida cotidiana para la supervivencia de las personas”, explica Silvina Funes, la presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, un colectivo eminentemente feminizado y para quién “superar estos obstáculos es como los juegos del hambre”.

30.000 muertes al año

La espera tiene su cara más amarga en las personas que fallecen sin haber recibido una prestación a la que tienen derecho. Solo en el primer trimestre de este año fueron unas 9.000, entre las que esperaban la valoración o la ayuda en toda España. En 2025, sumaron más de 32.700 y en 2026, 34.250.

Al margen de los tiempos, hay otro factor que preocupa en el marco de la atención a la dependencia. Una deriva 'low cost', que carga a las familias. Del total de 2,4 millones de prestaciones totales a final del primer trimestre del año, “el 57% se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano”, destacaba el Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, la mayor parte de esas ayudas van destinadas a familiares que cuidan y suponen 172,5 euros de media para dependientes de grado I; 276,6 euros para los de grado II; y 383,6 euros para los de grado III.

“Vamos hacia un sistema de bajo coste, con servicios de baja intensidad y prestaciones económicas muy bajas. Con 260 euros al mes no se puede decir que se está atendiendo este tema”, considera Ramírez. Un informe de Comisiones Obreras, publicado en febrero de 2025, ya alertaba de que el sistema estaba dominado por “prestaciones baratas y basadas en cuidados no profesionales”, aunque se reduzcan las listas de espera.

El caso de María pone de manifiesto una de las reivindicaciones que comparten todas las voces consultadas: aliviar a las familias de trámites burocráticos que frenan las ayudas. Ella solicitó la valoración en diciembre de 2022. En febrero de 2023 le pidieron un documento, que entregó en marzo por sede electrónica. Cuando un año después preguntó por el estado de su solicitud, le dijeron que faltaba ese papel. No era cierto. “Me dieron cita urgente y me pagaron los atrasos, pero un año después”, recuerda. Entre media, tuvo que afrontar, entre otros gastos, unos 300 euros mensuales solo para llevar a su niño a un especialista, porque los tenía: “En ese momento trabajábamos los dos y los padres de mi pareja estaban en casa, pero imagínate una familia en otra situación”.

Otro de los handicaps que presenta la normativa actual es la incompatibilidad de algunas prestaciones. “Es como si vas a una operación y te hacen elegir entre el cirujano y el anestesista”, ejemplifica Silvina Funes. En la práctica, los datos ya “apuntan a un cambio de modelo”, explicaba el pasado viernes la secretaria de Estado, porque el número de prestaciones por persona pasó de 1,28 en 2021 a 1,44 en 2026. “Las personas que entran en el sistema combinan más cuidados, apoyos más adaptados a su situación y sus decisiones”, afirmó.

El Ministerio de Derechos Sociales trabaja en una reforma de la ley de dependencia, que tiene “dos orientaciones principales: eliminar las incompatibilidades de las prestaciones y ampliar la cartera de servicios y reforzar recursos con gran potencial para transformar el modelo, como la asistencia personal, los centros de día o la ayuda a domicilio”.

Para la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, el sistema de autonomía y dependencia sí ha dado un salto en los últimos años. Sobre todo, tras los recortes del año 2012, a consecuencia de la crisis económica, que no terminaron de revertirse hasta 2023, con Ione Belarra al frente del departamento de Derechos Sociales. En este sentido, Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, considera que ha habido un esfuerzo por “analizar la calidad de las prestaciones y comprobar si con ellas se resuelve realmente el problema de las familias, porque el peso de los cuidados todavía recae sobre las mujeres”.

Desde el Ejecutivo buscan avanzar en la idea de la desinstitucionalización. Tiene sus ventajas e inconvenientes, porque permite a las personas permanecer en sus hogares, pero sin los recursos suficientes supone, en muchos casos, una carga incompatible con la propia vida para las cuidadoras. “Ninguna economía del mundo es capaz de asumir en exclusiva el coste que supone la dependencia, mientras muchas familias quieren seguir cuidando, pero sin sobrecargarse de una manera excesiva”, explica Rodríguez.

Según un reciente estudio de Fedea, con datos de 2024, España continúa “rezagada respecto al contexto europeo”. “El esfuerzo financiero destinado a cuidados de larga duración se sitúa en torno al 0,9-1% del PIB, una proporción notablemente inferior al promedio de la OCDE, que alcanza el 1,8%”, indica el trabajo. La financiación es otra de las vías de mejora que reclaman las entidades y asociaciones y que para la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales se encuentra en este momento paralizada, porque el aumento en el gasto corresponde a mayor número de prestaciones, pero no tanto a que estas se incrementen.

Desde las familias, han reclamado también que la nueva ley incorpore un reconocimiento económico y laboral de las cuidadoras y que se reduzca la carga que asumen en solitario. “Somos nosotras las que sostenemos el sistema, gracias a nuestro trabajo, y nuestras renuncias”, explica Patricia, también de la plataforma, que destaca que, en muchas ocasiones, son ellas quienes renuncian a trabajo remunerado, salario, cotizaciones y pensión.

“No haces nada con una prestación o una teleasistencia. Hay que ir sumando atributos, una serie de pocos que hacen un todo para la persona que realmente lo necesita”, coincide Rodríguez, que pide tener una visión más holística: “Necesitamos un ecosistema de cuidados en el entorno comunitario de salud, de servicios sociales, farmacia, elementos asociativos en los barrios, políticas preventivas... Vamos a vivir muchos años y vamos a necesitar más cuidados, así que tenemos que meternos en la cabeza que esto es cosa de todos”.