La subida de las pensiones resucita el debate sobre su viabilidad con un “falso conflicto” entre jóvenes y mayores

El debate público ha coronado a dos grandes protagonistas de las cuentas públicas de 2023. Los pensionistas y los jóvenes, que muchos discursos enfrentan como dos actores opuestos en clave de “conflicto intergeneracional”: el Estado protege a los primeros e “hipoteca” o condena a los segundos. La confrontación es recurrente y, aunque se basa en algunas cuestiones ciertas como la precariedad de los jóvenes y el reto demográfico de las pensiones por el retiro de los baby boomers, se utilizan para enfrentar a ambos colectivos. De fondo, se pone en cuestión la viabilidad del sistema público de pensiones. 

“Lo primero que haría es no hablar de conflicto”, recomienda Marga León, profesora de Ciencia Política de la UAB. “Parece que el problema de los jóvenes se solucionaría al reducir la pensión a los jubilados, y eso no es así. Hay que recordar además que una parte muy importante de las pensiones saca a la población de avanzada edad de la pobreza, que sin ellas no podrían vivir”, recuerda la docente universitaria, que sí considera que hay un debate intergeneracional relevante sobre el Estado del Bienestar en una sociedad más envejecida en el medio plazo, pero no desde el enfoque del enfrentamiento.

En esta ocasión, estos discursos han vuelto a la palestra por la subida de las pensiones según la inflación en los Presupuestos de 2023. Se trata de la revalorización anual pactada por la inmensa mayoría de los grupos políticos en la reforma de pensiones, para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Sin embargo, los precios disparados a niveles récord desde hace 40 años han elevado mucho el alza en este año excepcional, con una estimación de aumento del 8,5%. 

El importante aumento ha generado dudas en diversos ámbitos, sobre todo en relación a las pensiones más altas, que algunas voces consideran que deberían incrementarse algo menos. Además, ha reavivado las voces críticas que consideran que el sistema de pensiones es insostenible, más presentes en la derecha y en ámbitos económicos liberales, que son los que más abanderan el relato de “conflicto” entre mayores y jóvenes.

Una muestra resonaba en el Congreso esta semana, a través de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que acusaba al Gobierno de agrandar una “brecha” entre generacionales e “hipotecar” el futuro de los jóvenes por el alza de las pensiones.

Solo se cuestionan las pensiones

“Es llamativo cómo se singulariza siempre a los pensionistas”, advierte Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona). La especialista llama la atención sobre que no se escuchen peticiones para no elevar los salarios a los funcionarios con mayores remuneraciones o a los propios diputados, el salario en el Gobierno o a los altos cargos público con sueldos elevados dada la excepcionalidad del momento. Pero, de manera muy extendida, se cuestiona que se revaloricen las pensiones y en especial las más altas, subraya.

Etxezarreta recuerda que los pensionistas que cobran la pensión más alta, de unos 2.800 euros brutos al mes, son una minoría y “no somos unos privilegiados, hemos cotizado durante toda su vida por cantidades muy por encima en algunos casos”. En cualquier caso, más de la mitad de las pensiones se encuentran por debajo de los mil euros, subraya.

“No es un conflicto, es una realidad”, defiende por su parte José Ignacio Conde-Ruiz, economista de Fedea. La población “no se puede seguir jubilando como en los 90, cuando la esperanza de vida era mucho más baja, había más de tres trabajadores por jubilado y el sistema de pensiones tenía importantes superávits. Eso ya no existe, ese mundo no existe”, reitera el que también fuera miembro del comité asesor de la reforma de pensiones de 2013 de Mariano Rajoy y que hoy forma parte del foro de expertos del Instituto Santalucía.

En los próximos años el sistema se enfrenta el reto de la jubilación de la numerosa generación del baby boom, que fue sucedida por otras muy inferiores. El resultado: la tasa de dependencia de mayores –población con más de 66 años sobre la total en edad de trabajar– se duplicará, pasando del 26% actual al 53% en 2050, el año de mayor tensión, según estima la Autoridad Fiscal (AIReF).

Con este marco, la mayoría de los discursos sobre el conflicto intergeneracional concluyen la insostenibilidad del sistema de pensiones y la solución que se antoja casi como inevitable es reducir el gasto. Es decir, la disminución de las pensiones.

Hay más soluciones que el recorte

Otra visión se centra en la actuación sobre los ingresos del sistema y no solo en la limitación del gasto. “Hay que reflexionar también respecto a que los salarios más altos deban cotizar más del máximo actual”, destaca Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, ya que en España los sueldos más elevados cotizan menos (están “más topados”) que en otros países europeos.

“Además lo importante es el poder adquisitivo y los pensionistas más ricos, que tienen renta y riqueza, y una opción es revisar la desgravación del 60% para alquilar sus propiedades, por ejemplo”“, añade Cantó, una de las expertas que ha formado parte del comité asesor para la reforma fiscal que formó el Ejecutivo de coalición.

En este Libro Blanco, se advierte de la desigualdad de riqueza entre la población más joven y la de mayor edad, una cuestión que la catedrática considera de gran relevancia para los próximos años y que podría abordarse a través de una reforma del sistema fiscal, por el que las personas con más riqueza acumulada aporten más a las arcas públicas. “Se habla de quienes reciben la pensión máxima, pero no todos los pensionistas son iguales. No es lo mismo recibir solo una pensión que hacerlo tener tres pisos alquilados, por ejemplo”, sostiene la economista, investigadora sobre temas de pobreza y desigualdad.

“Algunos de los que se refieren a pensionistas y funcionarios como unos privilegiados son los mismos que bloquean la negociación colectiva en los sectores privados o defienden la desaparición de los impuestos de patrimonio, sucesiones o donaciones”, destaca también el sindicalista Joan Coscubiela en este artículo.

¿Se defiende de verdad a los jóvenes?

Jennie Bristow, doctora en Sociología, desmonta en su libro ‘Stop Mugging Grandma' ('Deja de atracar a la abuela') los discursos de guerra intergeneracional, centrados en este caso en el Reino Unido. “Quitar dinero de las pensiones no significa necesariamente que esos recursos se vayan a redistribuir. En realidad, son políticas de reducción del gasto público. Y esto también perjudica a la gente joven, porque se rebajan las expectativas de los que accederán a las pensiones en un futuro”, explicaba Bristow en una entrevista en El Confidencial.

La socióloga señala además al emisor de estas quejas y relatos, que no suelen ser los jóvenes. En España, tampoco. El Consejo de la Juventud de España (CJE), la mayor entidad de organizaciones juveniles del país, se desmarca de estos discursos. “Lo vemos totalmente diferente: una cosa no quita la otra, que se mejore la vida de la gente más mayor a través de las pensiones no es excluyente ni incompatible con las políticas enfocadas a la juventud”, reivindica Andrea Henry, actual presidenta del CJE.

“La verdad es que nos molesta esta situación, porque se habla por nosotras sin saber nuestra realidad ni lo que pensamos. No vemos ningún conflicto”, indica Andrea Henry, que reivindica medidas de gran incidencia para los jóvenes como la subida del salario mínimo, ampliar el ingreso mínimo vital a los menores de 23 años y políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda.

Rechazando el marco del enfrentamiento, especialistas en el Estado del Bienestar como Marga León y Olga Cantó sí ponen el acento en la necesidad de poner números sobre la mesa y analizar cómo sufragar las políticas públicas que queremos para los próximos años con una población más envejecida y menos trabajadores. ¿Es posible mantener el actual sistema de pensiones? “Claro que es posible, con voluntad política. Es posible lo que se desea hacer”, sostiene Olga Cantó, pero se han de poner medidas, considera.

Atender al aumento del gasto en pensiones, que en relación al PIB se situará al nivel de otros países europeos, requerirá de más ingresos procedentes de impuestos y aquí sí, las especialistas exigen un debate riguroso. “En España tenemos menos presión fiscal que muchos países europeos. Creemos que se pueden hacer muchas más cosas si aumentamos la recaudación”, considera también la presidenta del Consejo de la Juventud. La catedrática Miren Etxezarreta coincide en que se podrían garantizar los fondos necesarios mediante una “reforma fiscal” ambiciosa, “para que el sistema de impuestos sea más redistributivo, eficiente y justo”. 

Hay otras dos variables que merecen una apuesta decidida, destaca Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics: el aumento de la natalidad y de la inmigración. “Si no somos capaces de revertir la situación (de intenso envejecimiento), en una décadas España tendrá una pirámide poblacional cada vez más parecida a la de un hogar de jubilados”, advierte.