Cada euro público invertido en dependencia genera 1,6 euros a la economía española, según un estudio

Un gasto que es una inversión social, pero también económica. La Universidad de Salamanca, a través del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), ha presentado este lunes en Madrid el informe El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España, una investigación que calcula que el gasto en prestaciones de dependencia en 2023 generó 1,6 euros a la economía por cada euro público invertido. Además, casi la mitad del gasto retorna a las arcas públicas a través de cotizaciones e impuestos.

El trabajo ha sido dirigido por los economistas Nacho Álvarez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y exsecretario de Estado de Derechos Sociales, y Jorge Uxó (UCM), que han participado este lunes en la presentación de los resultados en el Círculo de Bellas Artes de la capital, que ha cerrado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

En un amplio análisis sobre el sistema de dependencia y de cuidados de larga duración en España, los autores se detienen en distintas variantes de esta política social. Desde un punto de vista económico, por un lado estiman el impacto económico de esta inversión pública y, por otro, también calculan cuál el coste de los cuidados informales que abundan en España y que recaen sobre todo en mujeres que se encargan de cuidar a familiares en situación de dependencia.

Retorno económico del gasto en dependencia

El estudio analiza qué capacidad tiene la inversión pública en dependencia para generar bienestar, actividad, empleo e ingresos públicos. Los investigadores sitúan en 2023 un gasto inicial de 10.623 millones de euros en prestaciones de dependencia, que calculan que generó un impacto total de 17.260 millones de euros sobre el PIB, lo que implica un multiplicador económico cercano a 1,6.

Este resultado confirma que “la inversión en cuidados de larga duración tiene una capacidad significativa para estimular la actividad económica más allá del propio sector sociosanitario”, recoge el estudio.

“Sectores como el comercio, la hostelería, la construcción, la industria manufacturera, la energía o las actividades profesionales experimentan incrementos significativos de producción como consecuencia del gasto en cuidados”, añade la investigación.

El estudio mide tanto efectos directos, como indirectos y el “efecto inducido”, “ya que estos aumentos directos e indirectos de la producción generan rentas adicionales (los salarios correspondientes a los empleos necesarios para obtenerla y los beneficios empresariales) que, al gastarse, volverán a incrementar la demanda. Esto acarrea nuevos aumentos del empleo y de la producción”, recoge el informe.

Además, los autores subrayan que una “parte sustantiva del gasto retorna a las administraciones públicas a través de impuestos y cotizaciones vinculadas a la actividad y al empleo creados, reduciendo el esfuerzo fiscal neto”. En concreto, por cada euro público gastado en cuidados de larga duración, las administraciones ingresan de vuelta “49 céntimos”, cifran.

“España ha construido su Estado del Bienestar sobre tres patas (sanidad, educación y pensiones), pero la cuarta pata, los cuidados de larga duración, no ha avanzado al mismo ritmo”, ha afirmado Nacho Álvarez, que ha destacado que “renovar el Estado del Bienestar pasa por hacer efectivo el derecho al cuidado como un derecho exigible, en la realidad de las prestaciones y los servicios”.

El ministro Bustinduy ha destacado que “la mejor manera de reforzar la democracia es a través de la expansión del sistema de protección social y la construcción de un sistema público universal de cuidados que responda, en la práctica, a las necesidades y a los deseos de la ciudadanía”.

El coste invisible de los cuidados informales

Por otro lado, el estudio también dedica un capítulo a estimar el coste de los cuidados informales en materia de dependencia, muy extendidos ante la insuficiencia del sistema público y que recae principalmente en las mujeres, lo que supone un foco muy importante de desigualdad social y económica. Las cuidadoras a menudo se ven expulsadas del mercado laboral o reducen sus jornadas para atender estos cuidados, que penalizan sus ingresos y su protección social a futuro, como las pensiones de jubilación.

El profesor Jorge Uxó, también codirector del informe, ha explicado que “el cuidado informal equivale a unos 3,2 millones de empleos a tiempo completo y, en los últimos 20 años, las horas dedicadas se han multiplicado por 2,5. Ponerlo en valor significa reconocer un volumen cercano al 4% del PIB”.

El informe realiza una estimación macroeconómica de este valor de los cuidados informales de larga duración, que sitúan “entre el 3,6 – 4,7% del PIB según el método de coste de reemplazo”. “Esta estimación pone de manifiesto la notable dimensión económica de un trabajo que permanece mayoritariamente invisible en las cuentas nacionales. Además, esta evidencia refuerza la idea de que expandir el sistema formal no solo protege derechos, sino que reduce costes sociales invisibilizados y redistribuye de manera más equitativa las cargas del cuidado”, recoge el estudio.