Dos conselleres del Govern que organizó el referéndum del 1 de octubre de 2017 han constatado en menos de 24 horas las estrategias enfrentadas del independentismo a día de hoy. Si este martes la extitular de Enseñanza Clara Ponsatí (Junts) volvía a España enarbolando la bandera de la confrontación con el Estado, este miércoles la responsable de Agricultura en el Ejecutivo de Carles Puigdemont, Meritxell Serret (ERC), ha defendido que el conflicto soberanista debe resolverse por la vía de la negociación. Lo ha hecho en su juicio por el procés que, salvo sorpresa, acabará con su inhabilitación.

Serret, actual consellera de Exteriores de Aragonès, se ha sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La Fiscalía le pide un año de inhabilitación por desobediencia, delito por el que ya fueron condenados tres exconsellers en el Supremo. De ahí que la condena de Serret se dé por descontada: recibió las mismas advertencias del Tribunal Constitucional (TC) para no organizar la votación que sus excompañeros ya condenados.

Con estos mimbres, el debate jurídico en la vista ha sido de mínimos: ni acusaciones ni defensa han propuesto testigos. La vista se ha limitado a una breve declaración de Serret a pregunta de su abogado, Iñigo Iruín. Las palabras de la titular de Exteriores han sido una reafirmación de la negociación con el Gobierno, en línea con la vía emprendida por ERC, frente a la censura del diálogo realizado por Ponsatí y parte de Junts.

“Un conflicto político solo se puede resolver a través de la negociación y la democracia”, ha manifestado Serret en su intervención, en la que ha lamentado la “judicialización” del conflicto soberanista. “Se ha querido criminalizar el republicanismo y el independentismo y anular la vía política”.

Todo lo contrario expresó Ponsatí tras su vuelta. La eurodiputada de Junts apostó por el conflicto con el Estado y se despachó con contundencia contra ERC y el Govern de Pere Aragonès, que calificó de “herramienta de la ocupación española”. También crítico Ponsatí a Serret porque en su último viaje en Latinoamérica como consellera de Exteriores “puso una bandera española tres veces mayor que la catalana”.

Entre el Parlament y el Constitucional

Serret, que estuvo tres años en Bruselas tras la fracasada declaración de independencia y se entregó al Supremo en 2021, ha admitido que como consellera de Puigdemont el Govern en pleno debatió sobre qué “mandato” debía obedecer: si el del Tribunal Constitucional que les prohibía proseguir con los preparativos de la votación o el del Parlament que les instaba a celebrar el referéndum.

“Hice un juicio ponderativo entre el mandato del Parlament para organizar el referéndum y los requerimientos del Tribunal Constitucional”, ha aseverado Serret, que ha explicado que resolvió ese dilema “siendo leal al Parlament”.

El alegato de Serret ha sido refutado por la fiscal Neus Pujal, quien, de forma elegante pero contundente, ha desmentido que el Estado persiga a los independentistas por sus ideas. “No se está criminalizando a un proyecto político. La Fiscalía no acusa a ninguno de los votantes del 1 de octubre, sino que acusa por hechos, el pensamiento no delinque”, ha argumentado Pujal.

En el caso de Serret, ha abundado la fiscal, los hechos son su “actitud contumaz, reiterada y obstinada de infracción” a las resoluciones del Constitucional que instaban al Govern a no organizar el 1-O. La fiscal ha rechazado el dilema planteado por Serret entre la orden del Constitucional y el mandato independentista del Parlament, ya que, en su opinión, no había dudas de que se tenía que decantar por cumplir con el primero.

“Si todas las decisiones de un tribunal tienen que ser sometidas a deliberación interna con un mandato parlamentario volveríamos a un caos y a una época anterior al contrato social”, ha zanjado la fiscal.

En su informe, el letrado Iruin ha recalcado que Serret “no oculta lo que hizo” como consellera de Puigdemont. “No hemos venido a tratar de camuflar su actuación, otra cosa es que eso se entienda como desobediencia”, ha indicado. El juicio ha quedado visto para sentencia.

La inédita decisión del Tribunal Supremo de ordenar la repetición un juicio del procés por falta de imparcialidad de los magistrados sigue provocando consecuencias. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, y el magistrado Carlos Ramos, dos de los togados cuestionados por el Alto Tribunal, han propuesto su propia abstención de otra causa relacionada con el referéndum del 1-O pendiente de juicio, la que afecta a la exconsellera de ERC Meritxell Serret.

Tal y como ha adelantado la Agència Catalana de Notícies (ACN), ambos magistrados han propuesto su propia abstención del juicio a Serret en un escrito en el que aseguran que “no se puede obviar” el precedente que supone la anulación del juicio a la Mesa de Carme Forcadell ordenado por el Supremo debido a su falta de imparcialidad.

El pasado mes de noviembre, el Supremo reprochó a Barrientos y Ramos haber exteriorizado una “toma de postura” sobre el caso de la Mesa en autos anteriores a la sentencia que firmaron. En consecuencia, a juicio del Supremo, ambos magistrados vieron cuestionada su imparcialidad, por lo que el juicio debe repetirse con un tribunal distinto.

El revés del Supremo provocó sorpresa en el TSJC, habida cuenta de que era la primera vez de que el Alto Tribunal acogía una de las tesis habituales de las defensas de los independentistas y dejaba por escrito que Barrientos y Ramos no habían actuado con suficiente imparcialidad.

Más allá del caso concreto de la repetición del juicio a la Mesa de Forcadell, Ramos y Barrientos ya fueron apartados antes del verano por sus propios compañeros del TSJC –con disenso interno– del juicio a la Mesa de Roger Torrent, que terminó en absolución.

Corra a cargo de sus superiores del Supremo o de sus colegas del TSJC, el cuestionamiento de la imparcialidad de Barrientos y Ramos les complica la participación en los futuros juicios sobre el procés que todavía deben juzgarse. Muestra de ello es su decisión de apartarse del juicio a Serret 'motu propio'.

La consellera de Agricultura durante el referéndum del 1-O de 2017 se marchó a Bélgica tras la fallida declaración de independencia. Volvió a España y se entregó en 2021 al Supremo, quien decidió que fuera juzgada ante el TSJC por su condición actual de diputada del Parlament.

Cabe recordar además que Barrientos y Ramos también forman parte del tribunal que debe juzgar a los colaboradores de Junqueras en la vicepresidencia durante el 2017, los actuales diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

La exconsellera catalana Meritxell Serret, que volvió a España en marzo de 2021 tras varios años fugada en Bélgica, será finalmente juzgada por desobediencia en el Tribunal Superior de Catalunya. Los jueces del Tribunal Supremo han abierto juicio oral contra ella por un delito de desobediencia y han remitido el caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por el aforamiento que le concede su escaño en el Parlament por Esquerra Republicana.

Según informa el Tribunal Supremo, ninguna de las acusaciones ha pedido que sea juzgada por malversación de caudales públicos así que irá a juicio acusada sólo por un delito de desobediencia, lo que implica que se enfrenta a una condena de inhabilitación en caso de ser declarada culpable por los magistrados. Ella admitió ante el juez Pablo Llarena que desobedeció las órdenes del Constitucional para “sacar adelante” el referéndum.

Meritxell Serret formó parte del Govern liderado por Carles Puigdemont que en octubre de 2017 se marchó a Bruselas y no volvió a España cuando la Audiencia Nacional puso en marcha la investigación en torno al procés independentista que habían liderado. Más de tres años después de fuga fue la primera y única en volver a España después de cambiar de abogado y empezar a ser defendida por Iñigo Iruin: en marzo de 2021 apareció por sorpresa en el Tribunal Supremo y compareció ante el juez Pablo Llarena.

Un año después, se enfrenta a un juicio por desobediencia que se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, debido a su aforamiento como diputada de ERC en el Parlament catalán. Es el mismo delito por el que tres encausados por el procés fueron condenados por la sentencia del Tribunal Supremo: Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs, condenados a un año y ocho meses de inhabilitación cada uno.

Los autos hechos públicos hoy por la sala de lo penal del Tribunal Supremo cierran la puerta a que, salvo sorpresa o cambio de última hora, sea juzgada por malversación y se enfrente, por tanto, a penas de cárcel: “No puede esta sala abrir juicio oral por otros delitos sin petición expresa” de alguna de las partes, algo que no ha sucedido: ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado ni Vox han solicitado que sea juzgada por un delito que no sea desobediencia.

El procés no abandona los tribunales españoles y europeos. La exconsellera de Agricultura y actual diputada de ERC, Meritxell Serret, ha declarado este viernes ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena tras tres años en Bélgica para reconocer que pese a que recibió las advertencias del Tribunal Constitucional decidió “sacar adelante” el referéndum del 1 de octubre de 2017, pero negar que su departamento destinara dinero público a la votación. Es decir, admitir la desobediencia –que solo implica penas de inhabilitación– pero combatir la malversación –castigada con penas de cárcel.

Al tiempo que Serret declaraba ante Llarena, el exconseller de Presidència Jordi Turull, condenado en firme por el Supremo a doce años de cárcel por sedición y malversación, ha dado una rueda de prensa en Barcelona para anunciar que en los próximos días presentará el primer recurso de los presos del procés ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, instancia ante la que los independentistas tienen puestas sus esperanzas. Espoleado por el voto crítico de dos magistrados del Constitucional que consideraron “desproporcionadas” las penas impuesta por el Supremo, Turull ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez “si está del lado de trinchar derechos fundamentales en aras a la unidad de España o del lado de los que defienden que no hay estado de derecho sin respeto a esos derechos”.

El Supremo y el TEDH son los dos escenarios en los que se moverá a partir de ahora la causa del procés, a los que hay que sumar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dirimirá sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por Llarena respecto a la extradición de Carles Puigdemont. A la espera de si el expresident y los exconsellers Comín y Ponsatí son entregados, Llarena ha proseguido la instrucción de la causa del procés respecto a Serret, a la que ha comunicado su procesamiento por los delitos de malversación y desobediencia tras ponerse a disposición del alto tribunal el pasado 11 de marzo.

En declaraciones a los medios, la exconsellera de Agricultura ha calificado su declaración como un “paso consecuente” tras su comparecencia del pasado marzo. “He reconocido haber recibido los requerimientos del Constitucional y he asumido los acuerdos de Govern que realizamos siguiendo el mandato popular de esa mayoría parlamentaria de sacar adelante el referéndum”, ha señalado la exconsellera, si bien ha remarcado que desde su departamento “nunca se incurrió en ningún gasto que pudiera ser considerado delito”.

Ya en clave política, Serret ha dicho que como diputada de la actual cámara catalana continuará trabajando “por una solución política para este conflicto político” que, según ella, ha derivado en un “causa general contra el independentismo”. Serret ha estado arropada por una delegación de líderes soberanistas encabezada por vicepresident en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès; la portavoz de ERC, Marta Vilalta; la diputada de Junts Pilar Calvo y el de la CUP Albert Botrán, que han reclamado una ley de amnistía como “solución democrática” en Catalunya.

Por su lado, desde Barcelona y aprovechando un permiso penitenciario, Turull ha remarcado que el voto particular de dos magistrados del Constitucional crítico con la sentencia del procés “deshace la mentira” y “rompe el mantra de que el Supremo respetó todas las garantías”. “Ya no lo dicen solo la ONU, Amnistía Internacional, los tribunales belgas y alemanes; también dos jueces del Constitucional”, ha dicho en una intervención de marcado carácter político. Por su lado, el penalista Jordi Pina, que ejerce su defensa, ha indicado que está ultimando el recurso ante el TEDH y estudiando todos sus extremos, como por ejemplo si se pedirá la libertad de Turull como medida cautelar.

La delegada del Govern ante la Unión Europea y exconsellera de la Generalitat, Meritxell Serret, será la número 2 de ERC por Lleida en las elecciones al Parlament. Tras la inhabilitación del conseller de Acción Exterior, Bernat Solé, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, los republicanos ha sustituido así el número dos de la candidatura en esa provincia.

En un comunicado, los republicanos han denunciado las “interferencias” de la justicia española hacia el proceso electoral y la candidatura. “La represión no nos detiene ni nos bloquea, al contrario, nos reafirma en el compromiso de lucha por la República Catalana aún más”, han subrayado. ERC ha denunciado que el Estado quiere utilizar la “represión” para apartar a la generación de dirigentes “que han llevado más lejos el país en la independencia”.

“Serret es quien mejor puede representar los valores republicanos pero también el propio Bernat Solé. Ambos han sido y son miembros del Govern de la Generalitat, responsables del ámbito internacional y represaliados en esta causa general del estado contra el independentismo ”, han defendido para hacer el relevo. La exconsellera Serret es una de los miembros del Ejecutivo catalán de 2017 que, junto a Carles Puigdemont, decidió marcharse a Bélgica para escapar a la justicia española y defender desde allí la internacionalización el procés.

La Fiscalía del Tribunal Supremo no tira la toalla. El ministerio público ha solicitado al magistrado Pablo Llarena que envíe a Bélgica una nueva orden europea de detención y entrega contra los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, y que antes dicte un auto de ratificación de la prisión provisional en España contra los tres dirigentes independentistas.

En un comunicado, la Fiscalía ha explicado su respuesta al revés belga a la extradición. Las autoridades judiciales belgas denegaron la entrega a España de los exconsellers porque el juez Llarena no vinculó correctamente las euro–órdenes con una orden de detención nacional, tal y como exige la normativa comunitaria, sino que lo hizo con el auto de procesamiento dictado el pasado 21 de marzo.

La Fiscalía no esconde sus críticas a sus homólogos belgas. Argumentan los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena que el auto de procesamiento “reúne la doble cualidad de auto de prisión u orden detención nacional previa a la OEDE a los efectos de la reclamación”, un criterio que no apreció la Fiscalía de Bruselas.

No obstante, los fiscales piden al magistrado acomodarse a los requisitos formales planteados por Bélgica para tramitar la euro–orden, habida cuenta de que el error inicial del magistrado ha impedido a las autoridades belgas entrar en las cuestiones de fondo de las euro–órdenes.

“Vistas las discrepancias de carácter formal suscitadas por las autoridades judiciales competentes de Bélgica”, los fiscales solicitan al juez que dicte un auto de mantenimiento y ratificación de la prisió provisional incondicional acordada en noviembre por la Audiencia Nacional respecto a Comín, Serret y Puig, y que emita una nueva orden europea de detención y entrega.

De aceptar la petición fiscal, serían las terceras euro–órdenes que las autoridades judiciales españolas envían a Bélgica. La primera fue en noviembre y la cursó la Audiencia Nacional. El juez Llarena la retiró en diciembre para evitar que Bélgica limitara la acusación por rebelión, y envió una nueva en marzo, que fue tumbada este miércoles por un defecto formal.

La Justicia belga ha rechazado este miércoles la extradición a España de los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por un defecto formal del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la emisión de la euro–orden. De esta forma, el procedimiento de extradición en este país queda cerrado (el Supremo no puede recurrir), y el juez Llarena recibe un segundo varapalo tras la negativa de Alemania a entregar a Carles Puigdemont por rebelión.

El error de Llarena detectado por las autoridades belgas fue no dictar una orden de detención en España contra los exconsellers cuando emitió la petición de extradición el pasado 23 de marzo. La normativa comunitaria obliga a que la euro–orden sea la traslación de una orden de detención nacional. Sin embargo, Llarena vinculó la euro–orden al auto de procesamiento en vez de a una orden de arresto nacional. La Fiscalía belga avisó a Llarena de este defecto en el intercambio de información que mantuvieron a lo largo del pasado mes de abril.

En un escrito al que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía advirtió a Llarena de que su petición de extradición “no mencionaba ninguna orden de detención nacional”. El magistrado respondió que “confirmaba” y mantenía la orden de detención nacional de la Audiencia Nacional de noviembre. La directiva marco sobre extradición obliga a que si los tribunales de un país reclaman a uno de sus ciudadanos a otro país europeo antes tienen que emitir una orden de detención o una sentencia condenatoria.

Llarena, de hecho, reiteró a Bélgica que el auto de procesamiento del mes de marzo era la “decisión judicial en la que se han basado” las euro–órdenes, lo que ha sido determinante para frustrar la entrega de los exconsellers a España. Ambos textos son distintos: mientras el auto de procesamiento acerca al imputado juicio, la orden de detención afecta directamente a la libertad personal.

Durante la vista celebrada este miércoles, la Fiscalía ha rechazado ejecutar la euro–orden y ha incidido en el defecto formal de la petición del juez Llarena y sus aclaraciones. “Un auto de procesamiento no tiene el valor de una orden de detención. Por lo tanto, no puede constituir una base válida para ejecutar una orden de detención europea”, zanja el fiscal en un escrito presentado ante el tribunal.

La Fiscalía belga recuerda que “mantener” una orden de detención, como ha hecho Llarena con la de Lamela, “no significa que se expida una nueva”, tal y como obliga la normativa comunitaria. En consecuencia, ha pedido al juez declarar “irregular” la euro–orden de Llarena. El tribunal de primera instancia ha aceptado la petición de la Fiscalía y ha cerrado el caso.

Desconcierto con las respuestas de Llarena

La primera euro–orden fue enviada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en noviembre, al inicio de la causa, y fue retirada por Llarena un mes después precisamente para evitar que Bélgica limitara la acusación por rebelión. Lamela, al contrario que Llarena, sí acompañó la petición de extradición de una orden de detención nacional.

La Fiscalía belga alertó al magistrado del Supremo de que el texto de euro–órdenes contra los exconsellers era “bastante diferente” del texto de la orden nacional de detención. “De hecho no son compatibles en absoluto”, trasladó el fiscal belga encargado del caso en abril al Supremo. Tras ocho meses de instrucción, Llarena reclamaba a Comín por rebelión y malversación y a Serret y Puig por malversación y desobediencia. Lamela lo hacía además por prevaricación y sedición. Pese a los diferentes delitos, ambas peticiones estaban basadas en la primera orden de arresto nacional de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía belga ha mostrado este miércoles su desconcierto por las respuestas del Llarena. En el mismo documento, ha señalado el fiscal, Llarena aseguró que la petición de extradición se basaba en la orden de detención nacional de noviembre, el auto de procesamiento de marzo y una nueva “orden subyacente” del 23 de marzo. Las comunicaciones iniciales de España a través de la oficina de justicia europea, Eurojust, señalaban que la orden de detención nacional vinculada a la extradición era la de la Audiencia Nacional.

Además, remacha la Fiscalía, esa nueva “orden subyacente” del 23 de marzo tampoco era una orden de arresto en España formal –Llarena mantuvo la emitida por Lamela–, sino que era un “extracto muy breve del auto de procesamiento” que indicaba “que se emitirá una nueva orden de detención europea”.

“Las órdenes subyacentes, repentinamente, ya no son las de noviembre de 2017, contrariamente a lo indicado en el correo de Eurojust, tampoco el auto de procesamiento en sí, como, sin embargo, se menciona expresamente, sino las órdenes emitidas en la misma fecha que la orden de detención europea, que es esencialmente una mera repetición del auto de procesamiento”, expone el fiscal.

Esta confusión sobre la orden de detención nacional vinculada a la euro–orden llevan a la Fiscalía a concluir que “no existe una orden de detención nacional subyacente que se corresponda en esencia con la orden de detención europea que se ha transferido”. “En ausencia de un título nacional subyacente correcto, la orden de detención europea debe considerarse irregular y, por lo tanto, el procedimiento debe considerarse sin objeto”. El independentismo gana gracias a un error formal la primera batalla del frente internacional contra la 'doctrina Llarena'.

Nuevo examen europeo a la causa del 'procés' que instruye el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La justicia belga ha convocado para este miércoles una vista para decidir en primera instancia si ejecuta las órdenes europeas de arresto y entrega emitidas por Llarena contra los tres consellers cesados que permanecen en Bruselas, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig.

La sesión de la Chambre du Conseil arrancará a las 9 de la mañana en el Palacio de Justicia de Bruselas. La Fiscalía comunicará durante la sesión si apoya la extradición de los exconsellers y por qué delitos, y las defensas podrán presentar sus alegaciones en contra de la ejecución de las euro–órdenes. Mientras que Comín está reclamado por rebelión y malversación, Serret y Puig sólo podrían ser entregados a España por malversación. El delito de desobediencia por el que también les procesó el juez Llarena está excluido de la normativa europea de extradición.

Fuentes de las defensas de los exconsellers confían en que de la vista de este miércoles salga otro varapalo al juez Llarena como el que recibió de parte de la justicia alemana al rechazar la entrega de Carles Puigdemont por rebelión. Además de los argumentos presentados durante la tramitación de la primer euro–orden del pasado mes de diciembre, las defensas insistirán en que los hechos que Llarena atribuye a los exconsellers no encajan en ningún tipo delictivo del ordenamiento belga y que Comín, Puig y Serret verían vulnerados sus derechos fundamentales de ser entregados a España.

En este sentido, la instrucción llevada a cabo por el juez Llarena ha dado a las defensas nuevos argumentos para reclamar que se rechacen las euro–órdenes. Por ejemplo, el uso de la primera persona por parte del juez al describir el plan soberanista como “la estrategia que sufrimos”, que ya le ha valido reproches por ser “juez y víctima” de parte de los dirigentes independentistas encarcelados en España.

Los exconsellers están en libertad con la obligación de permanecer en Bélgica. Tras la vista del miércoles, y en un máximo de 15 días, la Chambre du Conseil deberá pronunciarse sobre la euro–orden. El fallo de este tribunal no será definitivo, pues tanto las defensas como la acusación podrán recurrirla. Ahí empezará un nuevo plazo quince días tras los un tribunal de apelación emitirá un nuevo fallo. Su sentencia también se podrá recurrir ante un tribunal de casación, que tendrá otros quince días para tomar una decisión definitiva.

Comín, el único reclamado por rebelión

La Fiscalía belga solicitó el pasado mes de marzo (sólo tres días después de recibir la euro–orden) información adicional sobre la petición del juez Llarena. El magistrado respondió a mediados de abril. Precisó en primer lugar que los motivos por les que reclama la detención y entrega de los políticos catalanes no son los que argumentó la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, sino los que recogió en su auto de procesamiento del mes de marzo.

“Se trata de hechos complejos”, expuso Llarena en su escrito de seis páginas dirigido a la Fiscalía de Bruselas. El juez también indicó que cada exconseller “ha tenido una contribución bien diferente” en el otoño soberanista de 2017, lo que tiene “un reflejo” en los dos delitos por los que reclama a los políticos.

Sobre la supuesta rebelión, que requiere un alzamiento público y violento, Llarena ha trasladado a Bélgica que Comín “promovió la declaración de independencia” de Catalunya “sirviéndose para ello de alzamientos y movilizaciones públicas que llegaron a contener expresiones de violencia y con las que se pretendía forzar al Estado a reconocer la nueva realidad político”. El juez fundamenta esta tesis en algunos puntos del auto de procesamiento.

En primer lugar, señala que Comín cesó a los responsables de consorcios sanitarios en vísperas del 1-O para “asegurar” que se utilizaran para la votación. A partir de las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil durante el verano, Llarena sitúa a Comín como “responsable destacado” de la búsqueda de locales para el referéndum. No obstante, el documento enviado a Bélgica también recoge sobre Comín puntos del auto de procesamiento referentes al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), ente sobre el que el exconseller de Salud no tenía competencias.

Respecto a la malversación, Llarena se remite a los acuerdos aprobados por la Generalitat en septiembre que autorizaban a la confección del material electoral y a la cantidad de 1,6 millones de euros “que necesariamente habían de realizarse o comprometerse” para el 1-O. La falta de concreción sobre si esa cantidad corresponde a facturas abonadas o comprometidas ya ha provocado dudas en la justicia alemana, ante la que Puigdemont ha alegado que el referéndum se pagó con aportaciones privadas.

Durante la tramitación de la primera euro–orden, la Fiscalía de Bruselas apoyó la entrega a España de los exconsellers. Sin embargo, el juez belga no pudo pronunciarse porque Llarena retiró la euro–orden en diciembre. Evitó así que el juez belga limitara la acusación de rebelión contra Puigdemont, algo que no ha podido esquivar en Alemania. Bélgica se pronuncia a partir de este miércoles sobre la 'doctrina Llarena'.

La Fiscalía de Bruselas no quiere prisas para decidir sobre la euroorden de los exconsellers Meritxell Serret, Lluís Puig y Toni Comín. A petición del ministerio público, la Justicia belga ha aplazado para el próximo 16 de mayo la primera de las vistas para evaluar la extradición que reclama el Tribunal Supremo. La Fiscalía ha pedido más datos al juez Pablo Llarena, y, según fuentes fiscales belgas, en función de la celeridad del Supremo en responder a su petición de información en mayo se podría pedir un nuevo aplazamiento.

Este miércoles Serret, Comín y Puig han comparecido ante el tribunal de primera instancia que deberá decidir obre las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por el magistrado Llarena. La sesión ha durado un cuarto de hora: la Fiscalía ha pedido un aplazamiento, la defensa no se ha opuesto y, junto al juez, las partes han acordado la nueva fecha del 16 de mayo.

El abogado de los exconsellers, Paul Bekaert, ha explicado que, al no disponer de todos los datos, la Fiscalía no se ha pronunciado todavía sobre la extradición. Fuentes del ministerio público belga han evitado precisar qué tipo de información adicional han reclamado al Supremo.

Tras la vista del próximo mes de mayo, y en un máximo de 15 días, la Chambre du Conseil deberá pronunciarse sobre la orden europea de arresto y entrega. El fallo de este tribunal no será definitivo, pues tanto la defensa de los exconsellers como la acusación podrán recurrirla.

Ahí empezará un nuevo plazo quince días tras los que la llamada 'Court d'appel', esto es, un tribunal de apelación, emitirá un nuevo fallo. Su sentencia también se podrá recurrir ante un tribunal de casación, que tendrá otros quince días para tomar una decisión definitiva. En conjunto, el procedimiento puede alargarse hasta dos meses, aunque también podía llegar a los 90 días si se dan circunstancias excepcionales.

De los tres exconsellers que permanecen en Bélgica, Comín es el único al que Llarena reclama por un delito de rebelión, al que se le suma el de malversación de caudales públicos. Serret y Puig, por su parte, han sido procesados y reclamados por delitos de desobediencia y malversación. Los tres están en libertad pero ninguno puede abandonar Bélgica y deben comunicar un domicilio fijo y ponerse a disposición de las autoridades belgas cuando lo requieran.

La consellera cesada de Agricultura, Meritxell Serret (ERC), ha rectificado sus declaraciones en las que ha asegurado que JxCat había propuesto a Jordi Turull como candidato alternativo del independentismo a la presidencia de la Generalitat. En un tuit, Serret ha aducido que sus palabras son una “confusión fruto de las publicaciones en la prensa”. Minutos antes, en declaraciones a TV3, la exconsellera había asegurado que JxCat había “puesto sobre la mesa” el nombre de Turull para la investidura. Pese a la rectificación de Serret, el nombre de Turull es el favorito como candidato cuando el Supremo vuelva a cerrar la puerta a la investidura de Jordi Sànchez.

Tal y como adelantó eldiario.es, el nombre de Turull será el elegido por JxCat para la investidura si, como se espera, el Tribunal Supremo se reafirma en impedir la investidura de Sànchez. Este martes se celebra la vista en la sala de apelación del Supremo, aunque en círculos independentistas se da por hecho que el Alto Tribunal no permitirá al exlíder de la ANC acudir a su investidura.

Turull, exconseller de la Presidència, sería así el tercer aspirante propuesto por la mayoría independentista, después de que Carles Puigdemont renunciara a ser investido a distancia y fuera relevado por el encarcelado Jordi Sànchez. JxCat y ERC cerraron hace varios días un acuerdo de investidura y sobre la composición del Govern en el que el nombre de Turull se barajaba como opción más probable para encabezarlo.

Pese al acuerdo, tanto a Sànchez como eventualmente a Turull les faltarían dos votos para lograr investidura, ya que la CUP ha anunciado que se abstendrá en muestra de disconformidad con el programa de legislatura que se les ha trasladado. La suma de JxCat y ERC es suficiente para obtener una mayoría simple en la Cámara, que serviría para una investidura en segunda votación, pero el hecho de que ambas formaciones tengan un diputado en Bélgica, Puigdemont en el caso de JxCat y Toni Comín en el de ERC, complica la suma. Por esta razón se baraja que ambos diputados puedan dejar el escaño.

Sobre la fecha en la que puede ocurrir este relevo, para el que sería necesario que el presidente del Parlament abriera una nueva ronda de consultas y propusiera a Turull como candidato, los partidos independentistas son cautos. “Mejor antes de Semana Santa que después”, se aseguraba este lunes desde ERC. Los pasos hacia la formación del Govern han sido tan lentos hasta ahora que ya ninguna formación se atreve a hacer pronósticos inminentes.

“Un proceso de carácter inquisitorial”. Así describe la defensa de los exconsellers Antoni Comín (Salud) y Meritxell Serret (Agricultura), que permanecen en Bruselas en libertad provisional, la investigación por rebelión, sedición y malversación que mantiene abierta contra ellos la Audiencia Nacional.

Los exconsellers, defendidos por el letrado Gonzalo Boye, han presentado este lunes un recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden europea de detención y entrega que emitió contra ellos el viernes la magistrada Carmen Lamela.

Alegan los consellers cesados por el 155 que la investigación que dirige contra ellos la Audiencia Nacional vulnera hasta cuatro derechos fundamentales. En concreto, conculca su inmunidad y su inviolabilidad parlamentaria, esto es, su derecho a no ser perseguidos por sus opiniones o votos expresados en el Parlament –como por ejemplo votar la DUI y otras resoluciones independentistas.

Ambos dirigentes también creen que la magistrada ha vulnerado su derecho a un juez imparcial porque la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para investigar un presunto delito de rebelión. Además, alegan que Lamela, en su orden de detención, incluyó los delitos de desobediencia y prevaricación, cuando en la querella del fiscal y en el auto por la que la admitió a trámite sólo constaban los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Los exconsellers ven además “inmotivada y carente de fundamento” la denegación por parte de Lamela de su petición de declarar desde Bruselas por videoconferencia, rechazo que considera “sumamente grave”.

“No se encuentran fugados”, recalca el letrado Boye sobre los exconsellers, que recuerda que se han personado en la causa y la magistrada, al negarles declarar desde Bruselas, ha “impedido su derecho de defensa” y les ha dejado en una situación de “indefensión flagrante”.

“Nos preguntamos cómo es posible que pese una orden de detención e ingreso en prisión contra mis defendidos por los mismos hechos que un juez belga ha decretado su libertad”, abunda el recurso, que incide en las diferencias que, por el momento, una misma causa ha comportado para los exconsellers en Bruselas –libertad con obligación de no salir de Bélgica– y para los que se quedaron en España –prisión incondicional.

Por todo ello, la defensa solicita que la Audiencia Nacional deje sin efecto la orden europea de detención y entrega y que los exconsellers declaren ante la jueza Lamela desde Bruselas por videoconferencia. Dicha petición ya fue solicitada la semana pasada por las defensas, pero la magistrada la rechazó.