El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, fue el director general responsable de las inspecciones técnicas de vehículos cuando los hermanos José y Vicente Cotino hicieron efectivo el 'pelotazo' de las ITV acreditado en el 'Caso Erial'. La tarea de su departamento era, entre otras, realizar “seguimiento y control de las estaciones de inspección técnica de vehículos”. Bajo su gestión, dos de los empresarios que pagaron comisiones a Eduardo Zaplana revendieron la empresa que recibió la adjudicación del servicio, obteniendo un notable beneficio económico.

La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que condena al expresidente Eduardo Zaplana a diez años de prisión, acredita que el exministro con Aznar y su entonces jefe de gabinete percibieron comisiones ilícitas tras intervenir en el proceso de adjudicación de la privatización de las ITV. También que los hermanos Vicente y José Cotino, sobrinos del exconseller Juan Cotino, pagaron al exmandatario comisiones por las citadas adjudicaciones y posteriormente vendieron su empresa. La mercantil Levantina de Obras y Servicios, del grupo Sedesa, vendió la empresa adjudicataria de las ITV por 37 millones de euros siete años después. Los Cotino confesaron haber pagado comisiones a Zaplana en Luxemburgo y obtuvieron una plusvalía de 86 millones de euros entre las ITV y los parques eólicos.

La sentencia, recurrible, no menciona ni alude al actual responsable de la Generalitat Valenciana, ni lo vincula a los hechos delictivos, pero dibuja un cronograma que coincide con el momento en que el actual jefe del Consell acababa de llegar al departamento competente en las inspecciones. Carlos Mazón fue nombrado director general de Comercio y Consumo en 2003 con el Gobierno de Francisco Camps. En plena batalla política por el control del PP, el joven de Nuevas Generaciones que había sido aupado por Eduardo Zaplana obtuvo un cargo en el Consell presidido por su rival político. Un año después, ya en 2004 y hasta 2007, pasó a ser director general de Consumo y Seguridad Industrial, según figura en su propio currículum, disponible en el portal de transparencia.

El nombramiento de Carlos Mazón fue publicado en el DOGV el 6 de septiembre de 2004 como director general de Seguridad Industrial y Consumo, de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Un mes más tarde, el 1 de octubre de 2004, otro decreto firmado por Francisco Camps aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, donde Mazón era director general. En esta norma, donde figuran las responsabilidades de cada departamento, se indica que la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo, que ocupa Mazón, es competente en “la elaboración de la normativa y planes de actuación, coordinación y control en las materias de seguridad industrial y metrología”, la “elaboración de estudios, informes y propuestas sobre resolución de expedientes, procedimientos, organización y ordenación en la materia seguridad industrial y metrología” y en “la realización de actuaciones relativas a la autorización, seguimiento y control de las estaciones de inspección técnica de vehículos”. En 2003 las competencias en seguridad industrial dependían de la Dirección General de Industria y Energía, entonces bajo la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, sin referencias concretas en el ROF a las competencias en inspección de vehículos.

En 2005, Mazón, entonces responsable de Industria aseguró que las ITV valencianas “funcionaban con agilidad”. En una información recogida por Las Provincias del 19 de mayo de 2005, el hoy presidente y líder del PP valenciano respondía a una acusación de una asociación de talleres mecánicos que pedía “mayor rigor” en las inspecciones técnicas. Los talleres pidieron participar en las funciones de las ITV que habían sido privatizadas ocho años atrás. La noticia hace referencia a unas declaraciones de Mazón en las que saca pecho de que la Comunitat Valenciana era “pionera” en la incorporación de la prueba contra el ruido. Esta prueba, cuestionada por un informe del Gobierno valenciano, encarecía el precio de la inspección entre 8 y 10 euros para los conductores y es una de las que provoca el desajuste de precios entre comunidades autónomas. El Gobierno valenciano, con la popular Isabel Bonig como consellera del ramo, elaboró un informe que apuntaba a una sobrefacturación de las pruebas, pero una sentencia del TSJ desautorizó el informe del Consell dando la razón a la empresa demandante. Mazón tumbó a Bonig como presidenta del PP valenciano en 2021 con el apoyo de la dirección nacional del PP en la madrileña calle de Génova, que forzó la marcha de la que había sido dirigente durante casi dos legislaturas.

Los hechos probados de Erial

Los hechos probados de la sentencia del 'caso Erial' establecen un cronograma de las adjudicaciones, que recoge la complejidad del proceso técnico. En julio de 1996 se crea una mesa para la racionalización del sector público, en el marco de la que se crea la Mesa de Contratación de las adjudicaciones de las ITV, con el exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, como responsable. En este proceso participaron distintos departamentos del Gobierno valenciano.

Uno de los lotes de las inspecciones, el lote 1, se adjudica a una unión de varias empresas, entre las que están las de los Cotino. Dice la sentencia: “El lote 1 se adjudicó a la UTE Valenciana de Revisiones SL, formada por las empresas Servicios de Excavaciones (Asedes Capital), Levantina de Obras y Servicios (LOE) y la sociedad Iteuve. El canon fijado para la adjudicación de dicho lote fue de 5.823.318,12 euros”. Asedes Capital formaba parte del Grupo Sedesa, donde operaban los hermanos y su tío.

La sentencia, en sus hechos probados, prosigue: “Levantina de Obras y Servicios (LOE) adquirió la totalidad de las participaciones de Servicios de Excavaciones en fecha 8 de octubre de 2002 y Servicios de Excavaciones en fecha 10 de mayo de 2002 había adquirido la totalidad de las participaciones del capital en poder de Iteuve”, y después: “La resolución de 31 de octubre de 2002 de José Antonio Manteca Pérez, Secretario General de la Consellería de Industria, Comercio y Energía, autorizó la subrogación del lote 1 a la mercantil Valenciana de Revisiones SL”.

El fallo señala que la empresa de los Cotino, Levantina de Obras y Servicios, del grupo Sedesa, vendió sus participaciones en escritura pública del 29 de noviembre de 2004 por 43 millones de euros, aunque finalmente obtuvo 37 millones. En ese momento, y según el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, Mazón llevaba dos meses en la dirección general competente en las ITV, aunque el texto judicial no hace ninguna mención a su responsabilidad. Ni el actual presidente ni el departamento que gestionaba aparecen citados en el texto de la Audiencia Provincial de Valencia, pese a ocupar el cargo. Cuando al presidente de la Generalitat le preguntaron por la condena a su antecesor, se limitó a manifestar respeto por las decisiones judiciales. La oposición en las Corts Valencianes, formada por el PSPV y Compromís, le recordó a Mazón sus vínculos con Zaplana: “Es su hijo político”.

El president de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, va ser el director general responsable de les inspeccions tècniques de vehicles quan els germans José i Vicente Cotino van fer efectiu el 'colp' de les ITV acreditat en el 'Cas Erial'. La tasca del seu departament era, entre d'altres, fer “seguiment i control de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles”. Davall la seua gestió, dos dels empresaris que van pagar comissions a Eduardo Zaplana van revendre l'empresa que havia rebut l'adjudicació del servei i van obtenir un benefici econòmic notable.

La sentència de la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de València, que condemna l'expresident Eduardo Zaplana a deu anys de presó, acredita que l'exministre amb Aznar i el seu cap de gabinet van percebre comissions il·lícites després d'intervenir en el procés d'adjudicació de la privatització de les ITV. També que els germans Vicente i José Cotino, nebots de l'exconseller Juan Cotino, van pagar a l'exmandatari comissions per les adjudicacions esmentades i posteriorment van vendre la seua empresa. La mercantil Levantina de Obras y Servicios del grup Sedesa va vendre l'empresa adjudicatària de les ITV per 37 milions d'euros set anys després. Els Cotino van confessar haver pagat comissions a Zaplana en Luxemburg i van obtenir una plusvàlua de 86 milions d?euros entre les ITV i els parcs eòlics.

La sentència, recurrible, no esmenta ni al·ludeix a l'actual responsable de la Generalitat Valenciana, ni el vincula als fets delictius, però dibuixa un cronograma que coincideix amb el moment en què l'actual cap del Consell acabava d'arribar al departament competent en les inspeccions. Carlos Mazón va ser nomenat director general de Comerç i Consum el 2003 amb el Govern de Francisco Camps. En plena batalla política pel control del PP, el jove de Noves Generacions que havia estat enfilat per Eduardo Zaplana va obtenir un càrrec al Consell presidit pel seu rival polític. Un any després, ja el 2004 i fins al 2007, va passar a ser director general de Consum i Seguretat Industrial, segons figura al seu propi currículum, disponible en el portal de transparència.

El nomenament de Carlos Mazón va ser publicat al DOGV el 6 de setembre de 2004 com a director general de Seguretat Industrial i Consum, de la Conselleria dEmpresa, Universitat i Ciència. Un mes més tard, l'1 d'octubre del 2004, un altre decret signat per Francisco Camps aprova el Reglament Orgànic i Funcional (ROF) de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, on Mazón era director general. En aquesta norma, on figuren les responsabilitats de cada departament, s'indica que la Direcció General de Seguretat Industrial i Consum, que ocupa Mazón, és competent en “l'elaboració de la normativa i els plans d'actuació, coordinació i control en les matèries de seguretat” industrial i metrologia“, l'”elaboració d'estudis, informes i propostes sobre resolució d'expedients, procediments, organització i ordenació en la matèria seguretat industrial i metrologia“ i en ”la realització d'actuacions relatives a l'autorització, seguiment i control de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles“. El 2003 les competències en seguretat industrial depenien de la Direcció General d'Indústria i Energia, aleshores sota la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, sense referències concretes en el ROF a les competències en inspecció de vehicles.

El 2005, Mazón, llavors responsable d'Indústria va assegurar que les ITV valencianes “funcionaven amb agilitat”. En una informació recollida per Las Provincias del 19 de maig del 2005, l'avui president i líder del PP valencià responia a una acusació d'una associació de tallers mecànics que demanava “major rigor” a les inspeccions tècniques. Els tallers van demanar participar en les funcions de les ITV que havien estat privatitzades vuit anys enrere. La notícia fa referència a unes declaracions de Mazón en què trau pit pel fet que la Comunitat Valenciana era “pionera” en la incorporació de la prova contra el soroll. Aquesta prova, qüestionada per un informe del Govern valencià, encaria el preu de la inspecció entre 8 i 10 euros per als conductors i és una de les que provoca el desajust de preus entre comunitats autònomes. El Govern valencià, amb la popular Isabel Bonig com a consellera del ram, va elaborar un informe que apuntava a una sobrefacturació de les proves, però una sentència del TSJ va desautoritzar l'informe del Consell donant la raó a l'empresa demandant. Mazón va tombar Bonig com a presidenta del PP valencià el 2021 amb el suport de la direcció nacional del PP al carrer madrileny de Gènova, que va forçar la marxa de la que havia estat dirigent durant gairebé dues legislatures.

Els fets provats d'Erial

Els fets provats de la sentència del 'cas Erial' estableixen un cronograma de les adjudicacions, que recull la complexitat del procés tècnic. El juliol del 1996 es crea una taula per a la racionalització del sector públic, en el marc de la qual es crea la Mesa de Contractació de les adjudicacions de les ITV, amb l'excap de gabinet de Zaplana, Juan Francisco García, com a responsable. En aquest procés van participar diferents departaments del Govern valencià.

Un dels lots de les inspeccions, el lot 1, s'adjudica a una unió de diverses empreses, entre les quals hi ha les dels Cotino. Diu la sentència: “El lot 1 es va adjudicar a l'UTE Valenciana de Revisiones SL, formada per les empreses Servicios de Excavaciones (Asedes Capital), Levantina de Obras y Servicios (LOE) i la societat Iteuve. El cànon fixat per a l'adjudicació de aquest lot va ser de 5.823.318,12 euros”. Asedes Capital formava part del Grup Sedesa, on operaven els germans i el seu oncle.

La sentència, en els seus fets provats, prossegueix: “Levantina de Obras y Servicios (LOE) va adquirir la totalitat de les participacions de serveis d'excavacions en data 8 d'octubre de 2002 i Servicios de Excavaciones, en data 10 de maig de 2002. havia adquirit la totalitat de les participacions del capital en poder d'Iteuve”, i després: “La resolució de 31 d'octubre del 2002 de José Antonio Manteca Pérez, Secretari General de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia, va autoritzar la subrogació del lot 1 a la mercantil Valenciana de Revisiones SL”.

La decisió assenyala que l'empresa dels Cotino, Levantina de Obras y Servicios, del grup Sedesa, va vendre les seues participacions en escriptura pública del 29 de novembre del 2004 per 43 milions d'euros, encara que finalment en va obtenir 37 milions. En aquell moment, i segons el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Mazón feia dos mesos que estava en la direcció general competent de les ITV, encara que el text judicial no fa cap menció a la seua responsabilitat. Ni l'actual president ni el departament que gestionava apareixen citats en el text de l'Audiència Provincial de València, malgrat ocupar el càrrec. Quan al president de la Generalitat li van preguntar per la condemna al seu antecessor, es va limitar a manifestar respecte per les decisions judicials. L'oposició a les Corts Valencianes, formada pel PSPV i Compromís, va recordar a Mazón els seus vincles amb Zaplana: “És el seu fill polític”.

Una sentencia de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha avalado la declaración de la “culpa exclusiva” de la empresa Sedesa Concesiones SLU por la resolución contractual de la concesión del aparcamiento municipal de Nules (Castelló), adjudicada en 2005. El consistorio acordó en 2018 la declaración de la pérdida de la garantía definitiva para el pago de los daños y perjuicios, cifrados en 18.150 euros por las obras y reparaciones necesarias por la falta de mantenimiento y un enriquecimiento por importe de 784.052 euros. 

La empresa de la familia Cotino, actualmente extinguida tras un concurso de acreedores, arrastra una deuda hipotecaria de tres millones de euros con Caixabank. La entidad bancaria recurrió el acuerdo del Ayuntamiento de Nules al cuestionar los criterios y la metodología de la liquidación de la concesión. El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Castelló le dio la razón al consistorio al endosar la “culpa exclusiva” a la concesionaria: “Llevó a cabo el cierre unilateral de la concesión tras no explotarla durante varios años y, tras acordarse el secuestro de la concesión, solicita el concurso”.

Sedesa Concesiones, según el consistorio, cerró al explotación del aparcamiento en 2013 y “coincidiendo temporalmente con la voluntad del Ayuntamiento de Nules de secuestrar la concesión para realizar la actividad, presentar concurso de acreedores”. Un dictamen de una catedrática y un profesor titular de la Universitat Jaume I de Castelló concluyó que la resolución de la concesión, por la que el Ayuntamiento de Nules se hizo con la gestión directa de la explotación del aparcamiento subterráneo, fue “debida a causa imputable a la concesionaria”, es decir a su “incumplimiento culpable”.

Así, resultaba “palmaria” la “unilateral” decisión de la empresa de dejar de explotar la concesión, justificada por las pérdidas acumuladas. Además, no constaba riesgo alguno de fuerza mayor, “más allá de frustrarse las expectativas económicas que pudiera tener la concesionaria”.

La representación jurídica de Caixabank recurrió la sentencia en primera instancia alegando que el concurso de acreedores “no fue declarado culpable” por los juzgados de lo Mercantil de València y que la entrada en fase de liquidación de Sedesa Concesiones fue calificado de fortuito, lo que excluiría el carácter fraudulento.

¿Quién va primero a la hora de cobrar, el Ayuntamiento de Nules o Caixabank? “En el caso del aparcamiento subterráneo de la avenida Castelló de Nules, mucho antes de iniciarse el concurso de acreedores de Sedesa Concesiones SLU, esta empresa había abandonado el aparcamiento”, recuerda la sentencia del TSJ-CV, que no es firme. El fallo achaca a la empresa de los Cotino el “incumplimiento de sus obligaciones esenciales”.

Sin “derecho prevalente” de Caixabank

La entidad bancaria defendía su “derecho prevalente” a percibir el importe de la liquidación a amortizar, “hasta donde sea posible”. El banco se escudaba en que la hipoteca a la concesionaria fue autorizada por el propio ayuntamiento (en 2009, durante el mandato del popular Mario García Báscones).

Sin embargo, el alto tribunal autonómico descarta que “se dé prioridad” al contrato de préstamo hipotecario firmado por el concesionario con Caixabank sobre los perjuicios invocados por el Ayuntamiento de Nules como consecuencia de la resolución del vínculo y la consiguiente necesidad del consistorio de asumir la prestación del servicio.

“Si hay culpa del contratista, parece obvio que primero tendrán que entrar en juego las previsiones legales vinculadas con las consecuencias jurídicas y económicas que tiene ese comportamiento del contratista. Y, solo luego, una vez aplicadas esas previsiones, cabrá dotar de relieve a la preferencia del acreedor hipotecante sobre el deudor hipotecado”, concluye la sentencia.

Dos empresas de la familia Cotino arrastran una deuda con la Agencia Tributaria de 13,9 millones de euros, según la lista oficial de morosos del ejercicio 2023 publicada por Hacienda. Se trata de Asedes Capital SL, con una deuda de ocho millones, y de Asedes Infraestructura SA (5,8 millones). Ambas sociedades ya figuraban en la lista anterior y están en liquidación. La primera ha reducido su deuda en 700.000 euros y la segunda en 2,6 millones, según se desprende de las listas de los ejercicios anteriores.

Asedes Capital SL está inmersa en un procedimiento de concurso voluntario ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de València. Actualmente está participada por Inicia Energy SL, propiedad a su vez del empresario Vicente Cotino. Por su parte, Asedes Infraestructura SA también se encuentra en concurso voluntario ante el mismo juzgado. Una tasación de 2019 cifró el importe de sus bienes en 6,4 millones de euros. 

El empresario, junto con su hermano José y el exministro del PP Eduardo Zaplana, entre otros, fue juzgado recientemente en el marco del 'caso Erial'. Los empresarios alcanzaron un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, confesaron los hechos y se comprometieron a pagar multas de 4,6 millones de euros. Vicente Cotino ya fue condenado en el 'caso Gürtel' por haber financiado ilegalmente al PP.

Entre otros rostros conocidos del empresariado valenciano, Ángel de Cabo (liquidador de Marsans) es la octava persona física que encabeza la lista de morosos con Hacienda, con una deuda de 10,76 millones de euros. Juan Bautista Soler, expresidente del Valencia CF, acumula una deuda de 15,5 millones de euros. Roig Grupo Corporativo SL, del también expresidente del club Paco Roig, se incorpora este año a la lista de morosos con una deuda de 9,4 millones. La empresa Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Labor de Caballero NN 3944, también de Roig, mantiene su deuda de 18,7 millones.

Por otro lado, la inmobiliaria alicantina Coll de Rates SA, propiedad del constructor Andrés Ballester Ríos, rebaja su deuda hasta los 12,3 millones de euros. Otra firma del constructor, la promotora Altea Futura SA, también reduce su deuda hasta los 12,3 millones.

La inmobiliaria Residencial Mira Llevant continúa con una deuda de 41,8 millones (uno de sus accionistas, Ramón Salvador Águeda, también figura como moroso, con 2,3 millones). Otras empresas que ya figuraban en listas anteriores de la Agencia Tributaria son PyQ Vent del Maresme (33,33 millones), Colmar Group Spain (18 millones) o Luxender (12,8 millones).

Burriana Desarrollos Constructivos sigue en la lista con una deuda de 6,2 millones, mientras que la castellonense Colmar Group Spain SA arrastra una deuda de 18 millones. A la lista de este 2023 se incorpora la empresa Comunidades Valencianas Covalco SL, con una deuda de 1,1 millones de euros.

Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía implicado en el 'caso Roldán', se deja ver en público en contadas ocasiones. Este viernes fue una de ellas. Compareció citada como testigo en el juicio en el que el exministro Eduardo Zaplana se sienta en el banquillo de los acusados. García Paesa fue la gestora de los fondos en Luxemburgo de la presunta trama corrupta de Zaplana. La mujer, con un ligero acento francés, explicó que se dedica a la domiciliación y estructuración de sociedades 'offshore' en Luxemburgo donde tiene “despacho propio” desde 2001. Su relación familiar y profesional con su tío Paco Paesa, fallecido por segunda vez el 3 de mayo de 2023 —fingió su muerte en 1998, en pleno escándalo del 'caso Roldán'— la catapultó a ser retratada en la película El hombre de las mil caras, cuyo papel interpreta la actriz Alba Galocha.

La abogada, imputada en el 'caso Defex' en la Audiencia Nacional (una causa por la que pasó 85 días en prisión preventiva), se prestó a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en el marco del 'caso Erial'. La testigo confirmó en el juicio que Juan Cotino, siendo director general de la Policía del Gobierno de José María Aznar, le llevó personalmente más de 600.000 euros en metálico al Gran Ducado. Sin embargo, con quien mantenía contacto para la gestión de las dos sociedades era con el empresario Vicente Cotino.

“Los bancos [en Luxemburgo] no hacían más preguntas de las necesarias, sabiendo quién era el cliente físicamente y que el dinero salía legalmente de España”, explicó la testigo. “Desde entonces ha cambiado mucho la legislación”, apostilló.

El tinglado luxemburgués que montó García Paesa para el clan político-empresarial de los Cotino recibió 11,2 millones de euros desde cuentas en España y Suiza entre 2005 y 2009 en comisiones por la adjudicación de la privatización de las ITV y del Plan Eólico. 

“Como cliente, Vicente Cotino era una perla, el cliente ideal, ejemplar”, afirmó ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València. El empresario acudía con su avión privado al Gran Ducado varias veces al año para aprobar las cuentas o reunirse con el banco y el resto de gestiones recaían, telefónicamente, en el director financiero de Sedesa, José Vicente Álvarez, ya fallecido. “No es un viaje de placer, no hay playas y no hace buen tiempo”, dijo en referencia a Luxemburgo.

A partir del traspaso accionarial, en 2009, los fondos acabaron en manos de Joaquín Barceló 'Pachano', amigo de la infancia y testaferro confeso de Eduardo Zaplana, y de Juan Francisco García, jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana. Beatriz García Paesa se desvinculó de los fondos y entró en escena la 'lavadora internacional' del abogado uruguayo Fernando Belhot. Éste último declaró en el juicio que García Paesa le habría dicho que los fondos eran de Eduardo Zaplana. Sin embargo, la aludida negó que conociera el papel de Zaplana, con quien no habló “jamás”, según dijo tajante.

“Para mí Zaplana formaba parte del mundo de la política española y jamás en mi vida he sabido nada de él ni tengo idea de quién es. Su nombre nunca fue mencionado por ninguno de los intervinientes, jamás”, declaró.

Beatriz García Paesa tuvo algunas lagunas de memoria y adujo el tiempo transcurrido desde los hechos y que se encargaba de “muchísimos sociedades”. Las empresas de la trama del 'caso Erial' formaban parte “de las 120 sociedades que gestionaba en aquella época”. Una cifra muy por debajo de las “dos mil y pico” sociedades que dijo haber mantenido su homólogo uruguayo, el abogado fiduciario Fernando Belhot.

La mujer detalló las complejidades de su trabajo, tal como había hecho ante la jueza instructora en una suerte de lección magistral sobre el blanqueo de capitales. El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, le preguntó en el juicio por la “confianza” con el cliente en este tipo de operaciones. “Tenemos esa facultad de domiciliar sociedades financieras, que no sean comerciales”, dijo. Las sociedades, más allá de canalizar las mordidas, tuvieron una actividad “mínima”, según afirmó.

Beatriz García Paesa se presentó como una “profesional”. Una tarea no exenta de problemas y sustos: una de las sociedades que usó para gestionar fondos de la trama del 'caso Erial' (Alza Imo Invest SA) también había sido utilizada en una operación inmobiliaria en Marbella de un cliente francés, que nada tenía que ver con la trama del exministro español del PP.

Cuando el despacho de García Paesa, en el número 5 del Bulevar Royal de Luxemburgo, fue registrado el 8 de enero de 2019 en presencia de las autoridades españolas y de sus abogados, François Prum y Aurore Merz-Spet, resultó que la documentación sobre la empresa estaba en manos de la justicia francesa.

Cuatro años antes, las autoridades francesas, por orden del famoso juez Renaud Van Ruymbeke, habían registrado el despacho de Beatriz García Paesa en busca de la documentación sobre la misma sociedad. Al usar precisamente esa empresa para diferentes operaciones de clientes distintos, un juez francés y una magistrada española siguieron la pista de la misma firma 'offshore'. “Son operaciones financieras”, explicó este viernes en el juicio.

En su despacho trabajaban como fiduciarios el abogado Federico Cannizzaro di Balmontino, condenado a cuatro años y medio de prisión en Italia por una trama que evadió 11 millones de euros de la compañía naviera Rbd Armatori, y el consul honorario de Uruguay, Alexis Kamarowsky. “Eran los socios que trabajaban en la sociedad fiduciaria”, explicó a preguntas del fiscal anticorrupción.

Beatriz García Paesa, neboda del famós espia implicat en el 'cas Roldán', ha confirmat que Juan Cotino li va entregar a la mà 600.000 euros en metàl·lic sent director general de la Policia amb el Govern del PP de José María Aznar. García Paesa ha comparegut, per videoconferència des de Luxemburg, com a testimoni per relatar l'estructura societària que va muntar al Gran Ducat per a la família Cotino. A Juan Cotino només el va conèixer una vegada, quan va anar a lliurar els fons que van servir per dotar de capital social una de les empreses. Qui s'encarregava de les gestions habituals era l'empresari Vicente Cotino, el nebot del llavors director general de la Policia.

“Els bancs no feien més preguntes de les necessàries, sabent qui era el client físicament i que els diners eixien legalment d'Espanya”, ha explicat. “Des d'aleshores ha canviat molt la legislació”, ha aclarit. L'advocada està especialitzada en domiciliació de societats 'offshore' i en dret fiscal. Beatriz García Paesa, imputada al 'cas Defex' a l'Audiència Nacional, va col·laborar amb la Fiscalia Anticorrupció i va eixir indemne del 'cas Erial'.

L'empresari Vicente Cotino va exercir d'administrador únic i apoderat de les societats luxemburgueses. Cotino hi acudia “una o dues vegades a l'any”, acompanyat del director financer de Sedesa, José Vicente Álvarez per a les gestions dels fons. “Era gairebé un regal per a nosaltres”, ha dit Beatriz García Paesa.

“El 2005 o el 2006 se'm comunica que hi ha un canvi d'accionistes”, ha relatat. Les dues societats van passar a pertànyer a Joaquín Barceló 'Pachano', testaferro confés de Zaplana, i a Juan Francisco García, el seu cap de gabinet. “Em va comentar Vicente Cotino que hi havia un canvi de societats, una per a Joaquín Barceló i una altra per a Juan Francisco García”, ha detallat la testimoni.

Amb les empreses a Luxemburg, els Cotino van col·locar les mossegades per l'adjudicació d'un dels lots de l'adjudicació de les ITV que, en una segona fase de la trama, van passar a mans del testaferro confés de Zaplana i del seu cap de gabinet.

Qui s'encarregava de les gestions a Espanya va ser Francisco Grau, assessor fiscal de Zaplana també acusat en la causa. “Grau s'encarregava de la meua feina a Espanya”, va afegir. En definitiva, Beatriz García Paesa ha confirmat que Pachano no pintava res, només en prestava el nom. “Barceló em va dir que per a tots els temes fiscals parlara amb el senyor Grau, sempre et diuen qui és la persona de contacte”, ha afirmat.

L'advocada ha negat que conegués Eduardo Zaplana. “El seu nom mai va ser esmentat per cap dels interventors”, ha declarat. “En un moment donat, entra en contacte Fernando Belhot, que coneixia”, ha explicat García Paesa. “Francisco Grau ja estava fora del tema quan entra Belhot i deixe de tindre contacte”, ha afegit. Amb l'entrada en escena de l'advocat uruguaià, blanquejador confés, els fons es van traslladar de Luxemburg a diverses destinacions, com Andorra o Panamà en una segona fase de la presumpta trama corrupta.

La “confiança” del client

Beatriz García Paesa ha explicat que la “confiança” amb el client és la base fonamental de la seua feina. “Tenim [a Luxemburg] aquesta facultat de domiciliar societats financeres, que no siguen comercials (...). El client confia en tu”, ha afirmat.

La declaració de l'advocada apunta l'acusació contra Zaplana. La comissió rogatòria de Luxemburg ja va confirmar durant la fase d'instrucció del 'cas Erial' que Juan Cotino va ingressar al Gran Ducat els més de 600.000 euros que van servir per crear les dues societats. L'empresari Vicente Cotino va confessar en el judici que va ser el seu oncle qui va orquestrar la mossegada per l'adjudicació a Sedesa del lot de les ITV, amb la revenda de les quals l'empresa familiar va obtindre una plusvàlua de 43 milions d'euros. Juan Francisco García, excap de gabinet de Zaplana, també va assegurar que Juan Cotino va proposar la mossegada. Per la seua banda, Pachano també va confessar que exercia de testaferro de Zaplana. Per arrodonir, l'advocat uruguaià Fernando Belhot també va relatar els detalls de la trama.

Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía implicado en el 'caso Roldán', ha confirmado que Juan Cotino le entregó en mano 600.000 euros en metálico siendo director general de la Policía con el Gobierno del PP de José María Aznar. García Paesa ha comparecido, por videoconferencia desde Luxemburgo, como testigo para relatar la estructura societaria que montó en el Gran Ducado para la familia Cotino. A Juan Cotino sólo lo conoció una vez, cuando acudió a entregar los fondos que sirvieron para dotar de capital social a una de las empresas. Quien se encargaba de las gestiones habituales era el empresario Vicente Cotino, el sobrino del entonces director general de la Policía. 

“Los bancos no hacían más preguntas de las necesarias, sabiendo quién era el cliente físicamente y que el dinero salía legalmente de España”, ha explicado. “Desde entonces ha cambiado mucho la legislación”, ha aclarado. La abogada está especializada en domiciliación de sociedades 'offshoree' y en derecho fiscal. Beatriz García Paesa, imputada en el 'caso Defex' en la Audiencia Nacional, colaboró con la Fiscalía Anticorrupción y salió indemne del 'caso Erial'.

El empresario Vicente Cotino ejerció de administrador único y apoderado de las sociedades luxemburguesas. Cotino acudía “una o dos veces al año”, acompañado del director financiero de Sedesa, José Vicente Álvarez para las gestiones de los fondos. “Era casi un regalo para nosotros”, ha dicho Beatriz García Paesa.

“En 2005 o 2006 se me comunica que hay un cambio de accionistas”, ha relatado. Las dos sociedades pasaron a pertenecer a Joaquín Barceló 'Pachano', testaferro confeso de Zaplana, y a Juan Francisco García, su jefe de gabinete. “Me comentó Vicente Cotino que había un cambio de sociedades, una para Joaquín Barceló y otra para Juan Francisco García”, ha detallado la testigo.

Con las empresas en Luxemburgo, los Cotino colocaron las mordidas por la adjudicación de uno de los lotes de la adjudicación de las ITV que, en un asegunda fase de la trama, pasaron a manos del testaferro confeso de Zaplana y de su jefe de gabinete.

Quien se encargaba de las gestiones en España fue Francisco Grau, asesor fiscal de Zaplana también acusado en la causa. “Grau se encargaba de mi trabajo en España”, agregó. En definitiva, Beatriz García Paesa ha confirmado que Pachano no pintaba nada, sólo prestaba su nombre. “Barceló me dijo que para todos los temas fiscales hablara con el señor Grau, siempre te dicen quién es la persona de contacto”, ha afirmado.

La abogada ha negado que conociera a Eduardo Zaplana. “Su nombre nunca fue mencionado por ninguno de los intervinieres”, ha declarado. “En un momento dado, entra en contacto Fernando Belhot, al que conocía”, ha explicado García Paesa. “Francisco Grau ya estaba fuera del tema cuando entra Belhot y dejo de tener contacto”, ha agregado. Con la entrada en escena del abogado uruguayo, blanqueador confeso, los fondos se trasladaron de Luxemburgo a varios destinos, tales como Andorra o Panamá en una segunda fase de la presunta trama corrupta.

La “confianza” del cliente

Beatriz García Paesa ha explicado que la “confianza” con el cliente es la base fundamental de su trabajo. “Tenemos [en Luxemburgo] esta facultad de domiciliar sociedades financieras, que no sean comerciales (...). El cliente confía en ti”, ha afirmado.

La declaración de la abogada apuntala la acusación contra Zaplana. La comisión rogatoria de Luxemburgo ya confirmó durante la fase de instrucción del 'caso Erial' que Juan Cotino ingresó en el Gran Ducado los algo más de 600.000 euros que sirvieron para crear las dos sociedades. El empresario Vicente Cotino confesó en el juicio que fue su tío quien orquestó la mordida por la adjudicación a Sedesa del lote de las ITV, con cuya reventa la empresa familiar obtuvo una plusvalía de 43 millones de euros. Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana, también aseguró que Juan Cotino propuso la mordida. Por su parte, Pachano también confesó que ejercía de testaferro de Zaplana. Para redondear, el abogado uruguayo Fernando Belhot también relató los detalles de la trama.

Juan Gabriel Cotino Ferrer fue uno de los máximos exponentes del sector del Opus Dei del PP valenciano. Entre 1996 y 2002, ejerció, además, el cargo de director general de la Policía del Gobierno de José María Aznar, con Jaime Mayor Oreja de ministro del Interior. Después, el expresident valenciano Francisco Camps también encontraría en Cotino un gran apoyo. El nombre del político, fallecido en 2020, salió a relucir esta semana en el juicio del 'caso Erial' con la confesión de su propio sobrino, el empresario Vicente Cotino, sobre la mordida millonaria abonada en Luxemburgo a la presunta red corrupta de Eduardo Zaplana a cuenta del pelotazo de la privatización de las ITV y de la adjudicación de uno de los lotes a la firma Sedesa, propiedad de los Cotino.

El exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco García, también confesó que Cotino le comunicó “en presencia de Eduardo Zaplana” el “interés” de Sedesa por el lote de las ITV. Tras la adjudicación, Sedesa ganó 43 millones de euros cuando luego revendió la concesión.

Así, el político del PP fue el artífice de la mordida a Zaplana, según han confirmado en el juicio del 'caso Erial' tanto Juan Francisco García como los dos sobrinos del político, los empresarios Vicente y José Cotino. Los tres han alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos y rebajar la pena. “Juan Cotino, en ese momento director general de la Policía, me transmite el especial interés del Grupo Sedesa por presentarse y ser adjudicatario dentro de los lotes que se iban a plantear”, declaró el exjefe de gabinete. 

La triple confesión acredita lo que las pesquisas del 'caso Erial' pudieron rastrear en Luxemburgo durante la instrucción secreta comandada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Al Gran Ducado voló Cotino el 9 de mayo del 2001 para entregar en mano más de 600.000 euros a Beatriz García Paesa, la sobrina del famoso espía y la abogada responsable de montar el tinglado societario con el que la trama canalizó las mordidas. Su tío, Francisco Paesa, falleció el 3 de mayo de 2023 a los 87 años a las afueras París, tras haber simulado su muerte en 1998, en una jugada propia de la picaresca española más que del proceloso mundo del espionaje y de las cloacas del Estado.

Tanto Beatriz García Paesa, que se prestó a colaborar con la investigación, como las autoridades de Luxemburgo, en respuesta a una comisión rogatoria, acreditaron el trasvase del dinero, tal como informó elDiario.es. Con los fondos se constituyó la sociedad pantalla para ocultar las mordidas. Cuatro días antes, Juan Cotino se había reunido con Zaplana, según las agendas del expresidente de la Generalitat Valenciana.

Con los fondos entregados por Cotino, se constituyó el capital social de la empresa Imision Internacional, que recibió entre 2005 y 2009 11,2 millones de euros de mordidas desde cuentas bancarias en España y Suiza. La abogada, imputada por la Audiencia Nacional en el caso Defex, declaró que mantenía “mucha relación” con el empresario Vicente Cotino, quien “iba con frecuencia a Luxemburgo”. El clan político-empresarial poseía un avión privado.

El viaje de Cotino a Luxemburgo

La escena fue prácticamente cinematográfica: un director general de la Policía llevando más de 600.000 euros en metálico a un país extranjero para urdir una sociedad 'offshore' con la sobrina del espía protagonista del 'caso Roldán', una causa que afectó de lleno al Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González. De hecho, en la película El hombre de las mil caras, dirigida por Alberto Rodríguez, la actriz Alba Galocha interpreta el papel de una joven Beatriz García Paesa.

Si bien el apellido de la abogada española afincada en Luxemburgo ya resultaba enormemente llamativo (a tenor de su papel en uno de de los casos más sonados de la historia reciente de España) su despacho tampoco estaba exento de personajes con un currículum dudoso: uno de los letrados del bufete, Federico Cannizzaro di Balmontino, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por un tribunal italiano a cuenta de una trama que usó sociedades 'offshore' en Luxemburgo y Uruguay.

La carrera política de Juan Cotino se trasladó al territorio valenciano. Entre 2002 y 2004, fue delegado del Gobierno de Aznar en la Comunitat Valenciana. Tras esa etapa se incorporó al Gobierno de Camps como conseller, sucesivamente, de Agricultura, Bienestar Social y Medio Ambiente. También fue presidente de las Corts Valencianes entre 2011 y 2014.

Sus contactos en el seno de la Policía propiciaron ciertos chivatazos, como el que reconoció el excomisario José Manuel Villarejo a cuenta de los registros policiales del 'caso Gürtel' y del 'caso Brugal'.

Zaplana: “Nos llevábamos fatal”

Cotino acabó convirtiéndose en el perejil de todos los escándalos de corrupción del PP valenciano. Su doble condición de político conservador y de empresario de una firma especializada en obra pública llevó a que el apellido aflorara en numerosas causas. Sin embargo, sólo se sentó en el banquillo en 2020, con ocasión del juicio en la Audiencia Nacional por los amaños de la trama Gürtel en la contratación de la visita del Papa a València. Cotino se enfrentaba a una petición de pena de 11 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Tras la suspensión del juicio, a consecuencia de la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, Cotino falleció el 13 de abril de 2020 a causa del coronavirus. Automáticamente, su responsabilidad penal en 'Gürtel' y en el 'caso Erial', en el que figuraba como investigado, se extinguió. Tras su muerte, dejó en herencia una empresa con un patrimonio neto de 10,5 millones de euros, además de 2.500 acciones de la energética italiana IFV Energy SRL por un valor total de 398.157,12 euros.

Sobre el fallecido expolítico recayeron esta semana las confesiones de sus dos sobrinos y del exjefe de gabinete de Zaplana. El exministro de Trabajo, por su parte, aludió a la mala relación política con Juan Cotino, en el contexto de la guerra interna en el seno del PP valenciano entre 'campistas' y 'zaplanistas', para refutar las confesiones de sus compañeros de banquillo. “Nos llevábamos fatal”, dijo Zaplana en referencia al finado.

Un aparcamiento subterráneo, construido por Sedesa, el grupo empresarial de la familia Cotino, sigue provocando serios quebraderos al Ayuntamiento de Nules, en la comarca castellonense de la Plana Baixa. Se trata de una sociedad que vivió de la obra pública. Vicente Cotino, sobrino del fallecido expresidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, fue condenado por financiar ilegalmente al PP.

La firma Sedesa Concesiones SLU, actualmente extinguida tras un concurso de acreedores, obtuvo del consistorio en 2009, en aquel momento gobernado por el popular Mario García Báscones, la autorización administrativa para hipotecar la concesión. Cuatro años más tarde, la firma comunicó al ayuntamiento la grave situación económica del aparcamiento y pidió la resolución de mutuo acuerdo de la concesión o, en todo caso, el abono de 1,6 millones en concepto de déficit de explotación. Sin embargo, Sedesa acabó cerrando el aparcamiento subterráneo por las pérdidas acumuladas.

En 2017, la empresa entró en concurso voluntario y el consistorio acordó el secuestro de la concesión y la gestión directa del aparcamiento. Al año siguiente, el ayuntamiento movió ficha y fijó la indemnización a abonar por las inversiones realizadas y no amortizadas en 2,6 millones de euros, achacando además a la filial de Sedesa la culpa exclusiva por la resolución contractual y acordando, de paso, destinar la garantía a favor de la concesión para el pago de los daños y perjuicios.

La firma recurrió los acuerdos del pleno y la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castelló acabó anulando algunas de las resoluciones del consistorio y fijando la indemnización en 2,6 millones de euros. Sin embargo, el Ayuntamiento de Nules recurrió la sentencia y la sección quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha tenido que poner orden.

El alto tribunal autonómico ha anulado la sentencia y acordado el archivo del procedimiento, en un fallo que no es firme. El letrado del consistorio argumentaba que el acreedor hipotecario, la entidad Caixabank, ya tiene un iniciado un procedimiento de impugnación de los mismos acuerdos ante dos juzgados de lo contencioso administrativo de Castelló. La legitimación activa, en todo caso, “no la ostenta una sociedad inexistente sino el acreedor hipotecario”, agregaba.

Y es que, en 2021, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de València dictó un auto sobre la conclusión del concurso y la extinción de su personalidad jurídica. Por su parte, Sedesa alegaba una “errónea determinación” de la causa de resolución del contrato y rechazaba la incautación de la garantía y el pago de los daños y perjuicios. La empresa consideraba que que no se le puede imputar la culpabilidad como concesionaria ya que entró en “concurso fortuito”.

La indemnización, en todo caso, iría al banco

Por el contrario, la sentencia del TSJ-CV, cuestiona de plano que la filial de Sedesa pueda pleitear tras haber concluido el concurso: “Cesado el administrador concursal resulta obvia la falta de legitimación de este para interponer el recurso de apelación”.

A la fecha de la declaración del concurso de Sedesa, a la entidad bancaria se le adeudaban 2,9 millones de euros, incluyendo los intereses. “Es evidente”, agrega la sentencia, que “la cantidad en la que hipotéticamente podría resultar condenado el Ayuntamiento sería en su totalidad para el acreedor hipotecario que la está reclamando judicialmente”. Así, la mercantil Sedesa carece “de legitimación alguna al no derivarse consecuencia económica alguna del resultado del procedimiento”, concluye.

“Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir”. Así se expresaba —en 1990— un joven Eduardo Zaplana Hernández-Soro (Cartagena, 3 de abril de 1956) en una conversación intervenida por la Policía en el marco del 'caso Naseiro'. Dicho y hecho. Al cabo de unos años, el expresidente de la Generalitat Valenciana, exministro de Trabajo y exdirectivo de Telefónica contaba con un botín, al menos, de 15 millones de euros en paraísos fiscales. Todos los fondos provienen de comisiones ilícitas que han aflorado durante la instrucción del 'caso Erial'.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha puesto a Eduardo Zaplana al borde del banquillo. El auto de transformación a procedimiento abreviado, el paso previo al banquillo de los acusados, desvela que existen fondos por más de 15 millones de euros en comisiones ilícitas que, en parte, no han podido ser recuperados al haber sido intervenidos por las autoridades andorranas. El blanqueador confeso de Zaplana, el uruguayo Fernando Belhot, transfirió al juzgado desde cuentas suizas 6,7 millones de euros, un capital que “era de Eduardo Zaplana”, apunta la magistrada Isabel Rodríguez Guerola.

La banda del exministro del PP se enfrenta a los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental. La cuadrilla de presuntos saqueadores, coronada por Eduardo Zaplana, era una “organización” cuyos componentes se aprovechaban de los cargos políticos “que ostentaban en el momento de los hechos o habían ostentado a lo largo de varios años” y que con ayuda de empresas pantalla “creadas ex profeso” y de empresarios cercanos al exministro obtuvieron beneficios de contratos públicos hinchados que posteriormente blanquearon a través de una compleja lavadora internacional que pasaba por paraísos fiscales como Luxemburgo, Suiza, Panamá, Andorra o Uruguay, entre otros destinos. 

Procesados “dirigidos” por el expolítico

Los procesados estaban “dirigidos” por el expolítico del PP, indica la jueza instructora. “La forma planificada por Eduardo Zaplana era quedar ante todo oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con el fin de eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido públicamente y si su nombre apareciera, en cualquier tipo de operación, hubiera alertado inmediatamente, (...) utilizó a sus amigos y conocidos a los que hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas”, reza el auto. 

Un “claro ejemplo” es Joaquín Barceló, amigo de la infancia de Zaplana y conocido como Pachano, “al que hizo que figurase con su nombre” en sociedades y cuentas bancarias en España y en el extranjero mientras que el exministro del PP quedaba “al margen formalmente y libre de responsabilidades” (aunque recibía, “eso sí, importantes beneficios económicos”, apostilla la magistrada). Pachano es el “principal testaferro” de Zaplana, sostiene la magistrada.

El extraordinario botín nació del pelotazo de la privatización de las ITV y en la adjudicación del Parque Eólico durante los primeros años de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana. “Concursos a la carta”, según la definición de la jueza instructora del 'caso Erial', en los que la empresa Sedesa, de los Cotino, obtuvo importantes comisiones.

El Grupo Sedesa, de la familia del fallecido Juan Cotino, se agenció 86,5 millones de euros de beneficios con ambas adjudicaciones, “por lo que pudieron permitirse el pago de altas comisiones”. Las acciones de la familia Cotino por los parques eólicos se dispararon de un discreto valor inicial de 120.000 euros a 48 millones “en apenas seis años”.

Otro personaje en la trama, también procesado, fue José Luis Olivas, breve sucesor de Zaplana en la Generalitat Valenciana antes de la presidencia de Francisco Camps. “La intervención de José Luis Olivas”, apunta la instructora,“ fue también fundamental” para una operación de introducción en el circuito legal de “fondos de origen delictivo” por 2,8 millones de euros mediante una refinanciación solicitada a Bancaja (presidida en aquel entonces por Olivas) por parte del empresario Carlos Gutiérrez Mondedeu. El expresidente de la Generalitat Valenciana cobró una comisión de 580.000 euros a través de una sociedad de los Cotino.

Dos personajes clave

La trama contaba con dos personajes clave en el exterior: los blanqueadores Fernando Belhot y Beatriz García Paesa (sobrina del famoso espía), que gestionaban los fondos fruto de “comisiones delictivas” cuya procedencia y origen “desconocían”, dado que “profesionalmente se dedicaban a gestionar patrimonios”. Ambos personajes colaboraron con la Fiscalía Anticorrupción y el abogado uruguayo Fernando Belhot (conocido con el nombre en clave de Sol por los investigadores de la UCO) acabó entregando los 6,7 millones de euros de su cliente. La relación entre Zaplana y sus “gestores” se basaba “en la confianza”, sin contratos y con órdenes verbales.

El auto destaca el papel de la secretaria de Zaplana, Mitsouko Flerida Henríquez, en la recepción de parte de los fondos ilícitos desde el extranjero mediante el “sistema de cambistas”, un método de blanqueo de capitales “muy común en Sudamérica” (los cambistas reciben el dinero y a su vez facilitan la entrega, “siempre en efectivo”, sin dejar rastro). La histórica secretaria del exministro era “conocedora de las actividades delictivas” de su jefe, agrega el auto.

Además, el exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, también vehiculó una “parte importante de las comisiones” de los Cotino. García repatrió 2,2 millones de euros en comisiones aprovechando la amnistía fiscal del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. El auto recuerda otra táctica del exjefe de gabinete de Zaplana para dar “cobertura” al blanqueo de las comisiones: su empresa Dobles Figuras SL firmó un “contrato simulado” con Sedesa para elaborar un boletín interno de la empresa que realmente confeccionaban empleados de la firma de los Cotino.

El asesor fiscal Francisco Grau era el “miembro financiero de la organización” que gestionaba los fondos de la presunta banda criminal. Fue definido por otro de los miembros de la trama, en una comprometedora conversación telefónica intervenida por la UCO, como el “artífice de toda esta ingeniería”. Era, según la magistrada instructora, el encargado de “integrar el dinero de procedencia delictiva”, la última fase del complejo proceso de blanqueo de capitales.

Una amiga íntima y su hermano

Elvira Suanzes, exdiputada autonómica del PP, amiga íntima del exministro, participó junto con su hermano Saturnino en la “ocultación y transformación del dinero de procedencia delictiva que poseía la organización de Zaplana tanto en Luxemburgo como en Andorra”.

Los 2,8 millones de euros blanqueados gracias a la operación del empresario Carlos Gutiérrez Mondedeu con Bancaja fueron a parar en parte a la mercantil Zascar SL de Francisco Pérez, amigo de Zaplana y conocido como Paco Gasofa. La firma, que recibió 225.571 euros, abonaba el alquiler de una embarcación usada por el expresidente de la Generalitat Valenciana para surcar las aguas griegas y adquirir el Naikamo (que luego fue vendido por 5,5 millones). Además, recuerda el auto, los fondos también se usaron para otros “viajes de recreo” por Croacia, Italia o la Costa Azul. Otros 75.000 euros se destinaron a pagar numerosos vuelos a destinos como Praga, Marruecos, Génova, Suiza, Milán, Madeira o Londres, entre otros.

El auto también pone al borde del banquillo a los empresarios Ángel Salas, autor de contratos ficticios para retornar comisiones ilegales tras un “periplo societario”; Pedro Romero, peluquero y presunto blanqueador, y Roberto Bataouche Pérez, implicado en las operaciones en Altea y beneficiario de 143.373 euros “en B”.

El botín sirvió para adquirir, por 1,5 millones, un piso en la calle Núñez de Balboa de Madrid y dos áticos frente al puerto deportivo de Altea, valorados en 1,2 millones de euros. También fincas en La Vila Joiosa por 1,8 millones y vehículos como el todoterreno de alta gama que usaba la esposa de Zaplana, Rosa Barceló. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha decretado el sobreseimiento provisional para Barceló y para su hija María Zaplana, que se han salvado al no figurar en ninguna de las sociedades mercantiles de la trama del 'caso Erial'.

“No se ha podido acreditar que Rosa Barceló tuviera conocimiento del origen ilícito del dinero utilizado para la compra del vehículo ni tampoco de los otros fondos empleados por Eduardo Zaplana”, advierte el auto. La situación de Rosa Barceló y de María Zaplana contrasta con el procesamiento de la esposa del testaferro Joaquín Barceló, “conocedora desde el primer momento de todo lo que se estaba haciendo”.

El juez del caso Bárcenas, José de la Mata, ha citado hoy miércoles como testigo al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, que en el juicio por la trama valenciana de Gürtel admitió el cobro de comisiones de empresarios para financiar el partido a instancias del expresidente Francisco Camps.

Tras la declaración de Costa, que se produce a petición de la acusación ejercida por IU, está citado en la misma causa el exalcalde de Boadilla del Monte imputado en la trama Gürtel, Arturo González Panero, esta vez a petición propia.

Costa está condenado a 4 años de cárcel por financiación ilegal del partido en las campañas electorales locales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, después de que la Fiscalía le rebajase su petición de pena por confesar los hechos.

En el juicio de la trama Gürtel, Costa afirmó que Camps y el expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino encargaron financiar con dinero negro procedente de empresarios las campañas electorales de 2007 y 2008.

Mostró además su arrepentimiento y pidió “perdón a la sociedad española y valenciana”, unas disculpas que reiteró cuando compareció el pasado abril en la comisión del Congreso sobre la supuesta financiación irregular del PP.

Vicente Cotino se niega

El empresario Vicente Cotino -sobrino del exvicepresidente del Gobierno valenciano y exdirector de la Policía Nacional Juan Cotino- se ha negado a declarar este martes ante el juez de la misma causa.

Citado como imputado, Cotino ha llegado a la sala de declaraciones unos quince minutos antes de la hora a la que estaba convocado, las doce del mediodía, y, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, no ha querido contestar a las preguntas del magistrado o del fiscal Antonio Romeral.

El empresario valenciano ha abandonado la Audiencia Nacional poco después de la una de la tarde sin hacer ninguna declaración a los medios de comunicación que esperaban a la salida.

Cotino fue condenado el pasado junio a un año y tres meses de cárcel (que se sustituyen por una multa total de 109.500 euros) tras un acuerdo alcanzado con la Fiscalía durante el juicio por las actividades de la trama Gürtel en Valencia.

Junto con otros ocho empresarios, Cotino reconoció entonces que había financiado ilegalmente al PP valenciano en campañas electorales a través de pagos ficticios a empresas de la red liderada por Francisco Correa.

Después de Cotino les ha tocado el turno de declarar, esta vez en calidad de testigos, a José Luis Montesinos, exdirector general de la empresa Constructora Hispánica, y la exdiputada Carmen Rodríguez Flores.

El juez que investiga la caja B del PP, José de la Mata, ha imputado al empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de la cortes valencianas Juan Cotino. Además, ha citado como testigo a Ricardo Costa, el exnúmero dos del PP valenciano que reconoció la financiación ilegal del partido a través de fracturas cruzadas con empresarios.

En un auto, De la Mata imputa a Cotino pero rechaza recabar los detalles sobre el acuerdo al que llegó con la Fiscalía en el juicio de la financiación en negro del PP valenciano por “falta de justificación de su pertenencia y utilidad”. Cotino, junto con otros empresarios valencianos, pactó con Anticorrupción y reconoció haber financiado en B al PP.

La acusación popular que ejerce IU había pedido la declaración de Cotino, detenido el pasado mes de mayo en la Operación Erial contra una trama de mordidas a cambio de adjudicaciones que tiene en su cumbre a Eduardo Zaplana, ahora en prisión provisional.

El escrito recuerdaba que Cotino está al frente de Sedesa, “que aparece entre las empresas que habría aportado dinero al Partido Popular según lo reflejado en la contabilidad B que llevaba el Sr. Bárcenas”. IU también incluyó una referencia a la conversación que mantuvieron Cotino y el también empresario Enrique Ortiz en la que aludían a tratos con el entonces conseller de Bienestar Social. En esa época ese cargo lo ocupaba su hermano Juan Cotino, también detenido en la Operación Erial.

El juez ha accedido a citar como testigo a Ricardo Costa y requerir al jugado de instrucción número 17 de Valencia la declaración que hizo ante la Fiscalía Anticorrupción. Costa admitió en esa declaración que dos empresas que realizaron obras de construcción en el circuito urbano de la F1 dieron dinero al partido popular.

Las dos empresas citadas por Ricardo Costa han sido Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Hormigones Martínez, que en los años 2007 y 2008 realizaron obras en el circuito urbano donde se iba a celebrar el gran premio de Fórmula 1.

También tendrá que declarar como testigo la exidputada Carmen Rodríguez Flores y Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte investigado en la trama Gürtel. Por último, el juez accede a reclamar de nuevo a la empresa Degremont detalles sobre los pagos a Plácido Vázquez, Rafael Palencia y Jaime Montaner.

De la Mata ha rechazado el resto de diligencias solicitadas por las partes. Así, rechaza pedir al juzgado que investiga el caso Lezo la documentación relativa a la adjudicación del tren de Navalcarnero. Dice el juez que no se ha concretado la necesidad de esta petición, pero deja abierta la posibilidad a que se haga más adelante.

También rechaza citar como testigos al director general de Constructora Hispánica entre 2006 y 2007, José Luis Montesinos, y el exdirector financiero de esa empresa, así como al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, por el contenido del artículo sobre sobre Álvaro Lapuerta. “Esos hechos estrictos que se publican no constituyen una novedad en el procedimiento y fueron ya manifestados en la causa por Luis Bárcenas”, escribe el juez.

Izquierda Unida, que ejerce la acusación popular en el caso de la caja B, ha presentado este jueves un escrito en el que reclama al juez José de la Mata que investigue al empresario Vicente Cotino. Sobrino de Juan Cotino, expresidente valenciano, Vicente Cotino fue detenido este martes en la Operación Erial contra una trama de mordidas a cambio de adjudicaciones que tiene en su cumbre a Eduardo Zaplana. Además, el partido reclama al juez de Púnica que impute a Esperanza Aguirre por su responsabilidad en la financiación ilegal del PP de Madrid.

El escrito recuerda que Vicente Cotino está al frente de Sedesa, “que aparece entre las empresas que habría aportado dinero al Partido Popular según lo reflejado en la contabilidad B que llevaba el Sr. Bárcenas”. El propio Cotino integra la lista de los empresarios que admitieron haber financiado ilegalmente al PP. IU también incluye una referencia a la conversación que mantuvieron Cotino y el también empresario Enrique Ortiz en la que aludían a tratos con el entonces conseller de Bienestar Social. En esa época ese cargo lo ocupaba Juan Cotino, hermano de Vicente. Los dos han sido detenidos en la Operación Erial.

Fruto de las investigaciones, añade el escrito, se ha podido determinar “un modus operandi continuado perpetrado por los ex tesoreros del Partido Popular e investigados en esta causa, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, en el que a la vez que han ido recibiendo una serie de entregas de dinero en efectivo para nutrir de fondos las arcas opacas del PP, habrían estado realizando diversas maniobras con otros miembros del PP, con responsabilidades en la administración pública, con objeto de facilitar la adjudicación de obra publica”.

Consideran los abogados de IU que durante la instrucción se han reunido suficientes indicios para afirmar que “de la conducta de los investigados Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, ex tesoreros del Partido Popular, se puede inferir fundadamente que los mismos se habrían concertado para delinquir, siendo su conducta calificable, por lo menos, de conspiración, organización y coordinación para el cohecho y el tráfico de  influencias, estando por otra parte por determinar sí también otros dirigentes del PP se habrían concertado en la cúspide del partido para desarrollar su plan criminal”.

Declaración y acuerdo con la Fiscalía

Por eso, sostiene que hay que seguir profundizando en la investigación. Así, piden al juez que reclame el vídeo y la transcripción de las declaraciones de Vicente Cotino en el juicio de Gürtel valencia, “así como la documentación referida a los acuerdos alcanzados entre este último y la Fiscalía en el citado procedimiento”.

Además, esta acusación sostiene que también debe profundizarse en las revelaciones de Vicente Moro sobre la empresa Constructora Hispánica. Por ello, reclaman que se cite como testigos a su director general entre 2006 y 2007, José Luis Montesinos, y el exdirector financiero de esa empresa. Moro sitúa a ambos, recuerda el escrito, como las personas que conocían las relaciones entre el investigado Alfonso García Pozuelo, antiguo dueño de la constructora, con Lapuerta y Bárcenas.

También quieren que testifiquen los periodistas relacionados con la supuesta extorsión a Rajoy con un vídeo que revelaba pagos en B. Reclaman además que declare la exdiputada Carmen Rodríguez Flores por sus advertencias al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega sobre las consecuencias de no colaborar con Lapuerta.

Imputación de Aguirre y el propio PP

En paralelo a este escrito, IU ha presentado otro ante el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, el que investiga el caso Púnica. Reclaman personarse en la pieza sobre la financiación ilegal del PP y pide que se impute a Esperanza Aguirre, como ya pidieron en el caso Lezo. La parte de la investigación sobre la financiación del PP pasó de Lezo a Púnica cuando el juez constató que se trataba de una misma operativa llevada a cabo en años distintos.

“Esta parte entiende que existía un perfecto conocimiento de la mayoría de las actuaciones supuestamente delictivas objeto de investigación en esta pieza separada y que consistían en desvíos de fondos hacia el PP para financiación del mismo u otros fines”, recoge el escrito, que recuerda además las distintas responsabilidades que ostentó en el PP de Madrid.

También reclaman la imputación del propio PP: “De los hechos objeto de investigación en esta causa se desprende de forma indubitada que en el trasfondo de las actividades criminales que realizaba la organización criminal que comandaba Ignacio González, secretario General del PP de Madrid, se encontraba el propio Partido Popular, quien aparece beneficiario directo de las actividades de la trama”.

Va finançar il·legalment al PP valencià. L'empresari Vicente Cotino, nebot de l'exdirector general de la Policia, exconseller del govern de Francisco Camps i expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino, és un dels empresaris que va confessar en el judici de Gürtel que va quedar vist per a sentència fa unes setmanes haver finançat a través de la trama de Francisco Correa i Álvaro Pérez les campanyes del PP local i autonòmica de 2007 i general de 2008 a la Comunitat Valenciana.

Situat al capdavant de Sedesa, el grup empresarial de la família, un grup del que, en teoria, es va desvincular el seu oncle en assumir càrrecs polítics, Vicente Cotino és com el julivert de totes les salses. Apareix, per exemple, en la investigació de la Fórmula 1 com a soci de Jorge Martínez Aspar en Worldwide Circuit Management, la societat que posseïa accions de l'empresa Valmor Sports, creada per Francisco Camps per a aparentar que organitzava la prova en el circuit urbà de València. Encara que en aquest cas no està imputat.

De l'obra pública a les residències de la tercera edat, l'empresa de Cotino ha sigut, i encara és, una de les grans contractistes de l'Administració valenciana. L'ampli ventall de sectors va aconseguir en el seu moment l'àmbit de les energies renovables. El fet que, el mateix matí Vicente Cotino era detingut, així com el seu germà José, en l'operació de la UCO, la Guàrdia Civil haja acudit a la Conselleria d'Hisenda de la Generalitat Valenciana a recaptar documents relacionats amb el pla eòlic, apunta en una direcció: Projectes Eòlics Valencians.

Es tracta d'una societat majoritàriament participada per Endesa en la qual Sedesa era accionista junt a Bancaixa i que va obtindre l'adjudicació d'una de les zones del pla eòlic, la número 6, en la zona de l'Alt Palancia. Una sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana va anul·lar en 2010 el pla especial d'aqueixa zona perquè trossejava la distribució d'aerogeneradors per a plantejar l'existència de diversos parcs, la qual cosa permetia que fóra la Generalitat Valenciana la competent en la seua autorització. La sentència, en resposta a un recurs d'Acció Ecologista-Agró, va establir que es tractava d'un sol parc i la seua autorització i regulació corresponia a l'Administració central.

Financió ilegalmente al PP valenciano. El empresario Vicente Cotino, sobrino del exdirector general de la Policía, exconseller del gobierno de Francisco Camps y expresidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, es uno de los empresarios que confesó en el juicio de Gürtel que quedó visto para sentencia hace unas semanas haber financiado a través de la trama de Francisco Correa y Álvaro Pérez las campañas del PP local y autonómica de 2007 y general de 2008 en la Comunidad Valenciana.

Situado al frente de Sedesa, el grupo empresarial de la familia, un grupo del que, en teoría, se desvinculó su tío al asumir cargos políticos, Vicente Cotino es como el perejil de todas las salsas. Aparece, por ejemplo, en la investigación de la Fórmula 1 como socio de Jorge Martínez Aspar en Worldwide Circuit Management, la sociedad que poseía acciones de la empresa Valmor Sports, creada por Francisco Camps para aparentar que organizaba la prueba en el circuito urbano de Valencia. Aunque en este caso no está imputado.

De la obra pública a las residencias de la tercera edad, la empresa de Cotino ha sido, y todavía es, una de las grandes contratistas de la Administración valenciana. El amplio abanico de sectores alcanzó en su momento el ámbito de las energías renovables. El hecho de que, la misma mañana que Vicente Cotino era detenido, así como su hermano José, en la operación de la UCO, la Guardia Civil haya acudido a la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana a recabar documentos relacionados con el plan eólico, apunta en una dirección: Proyectos Eólicos Valencianos.

Se trata de una sociedad mayoritariamente participada por Endesa en la que Sedesa era accionista junto a Bancaja y que obtuvo la adjudicación de una de las zonas del plan eólico, la número 6, en la comarca del Alto Palancia. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló en 2010 el plan especial de esa zona porque troceaba la distribución de aerogeneradores para plantear la existencia de diversos parques, lo que permitía que fuera la Generalitat Valenciana la competente en su autorización. La sentencia, en respuesta a un recurso de Acció Ecologista-Agró, estableció que se trataba de un solo parque y su autorización y regulación correspondía a la Administración central.

Els empresaris valencians que han reconegut haver finançat el Partit Popular de la Comunitat Valenciana no són uns patrons qualsevol. Entre els noms dels corruptes confessos hi ha des de l’expresident de la patronal alacantina Coepa, Tomás Martínez Berna, fins a l’empresa que deté el monopoli de l’aigua a Castelló, Facsa, d’Enrique Gimeno, passant per les constructores que gràcies a una llei del PP es van convertir en la firma amb més places concertades en residències per a persones majors, Sedesa i Grupo Ortiz de Vicente Cotino i Enrique Ortiz, respectivament.

Entre tots i sense comptar Piaf (dels germans Antonio i Alejandro Pons Dols, que està en concurs de creditors) van ingressar l’any passat gràcies a la contractació pública al voltant de 300 milions d’euros. Gestió del cicle integral de l’aigua, depuradores, neteja d’edificis públics, recollida de fems, manteniment de carreteres, treball amb dependents i obra pública. Tots els sectors on hi ha inversió pública i que depenen dels cicles polítics.

El primer que va pactar amb la fiscal i un dels empresaris més importants d’Alacant és Enrique Ortiz, del grup Cívica, conegut també per les gravacions del cas Brugal com “la polla insaciable”. Va ser el patró que va obrir el camí als altres i qui té altres causes per presumpta corrupció obertes. Ortiz és conegut per haver presidit l’Hèrcules Club de Futbol i les seues empreses continuen vent en popa a pesar de la crisi i les seues implicacions en escàndols polítics El 2016 les seues empreses van tenir un benefici de 26 milions d’euros amb contractes tan importants com la recollida del fem d’Alacant. Només amb una multa de 109.000 euros s’ha lliurat de la presó després d’haver confessat en el cas Gürtel.

Al començament de la dècada del 2000, aquest constructor va diversificar les seues inversions cap a l’atenció de dependents a l’ombra d’una llei creada per l’exconseller pres Rafael Blasco i regada amb diners a cabassades pel també exconseller Juan Cotino. Com a soci va triar un altre dels empresaris confessos. Es tracta de Vicente Cotino, amb qui va muntar Saba Geroresidencias, una societat que tenen concertades centenars de places públiques de persones majors.

El 2009, la policia va intervenir una conversa entre Vicente Cotino i Enrique Ortiz, mentre el primer estava de viatge al Carib. En la gravació ordenada pel jutge, Ortiz li recorda que cal «pressionar Joaquín Martínez (secretari autonòmic de Benestar Social), i afig que «el conseller té tot l’interés del món a omplir les nostres residències, però Joaquín Martínez s’està tocant els collons i tant li fa omplir les residències nostres que les del tio la boina». El conseller era Juan Cotino, oncle de Vicente i a qui Álvaro Pérez El Bigotes acusa de ser el recaptador del PP.

En l’actualitat, Saba Geroresidencias continua gestionat el mateix nombre de centres concertats per a persones majors que quan se li van adjudicar el 2001. El PP li va blindar un negoci per a dues dècades.

Un altre dels empresaris que han confessat haver finançat al PP durant els anys 2007 i 2008 és Enrique Gimeno, de l’empresa Facsa, que té més d’un segle d’història. Gimeno té el monopoli de l’aigua a la província de Castelló en municipis, en la Diputació i fins i tot en les depuradores de la Generalitat, de les quals gestiona el 90 per cent. No té competència en aquesta zona, però tampoc s’expandeix a altres, i això evidencia un repartiment del mercat més que particular.

Pràcticament sense eixir de les comarques de Castelló, la firma de Gimeno va superar 100 milions de facturació el 2016 i 8,5 de benefici. L’exercici passat va demostrar que els canvis de govern a partits d’esquerra no l’han afectat. Continua guanyant contractes milionaris.

Un altre dels patrons de Castelló que ha acceptat pagar la multa i reconéixer els delictes de falsedat documental i delicte electoral és Gabriel Batalla. La seua família tenia la propietat de Lubasa –ja condemnada per haver falsejat contractes– i li va canviar el nom per a batejar-la com a Becsa. Fa poc van consolidar totes les societats de la família com a Grup Obinesa, on també tenen concessionaris de cotxes i una del taulell. Gabriel Batalla n’és el president, encara que l’any passat va perdre el control de la societat quan va vendre el 55% al fons Atitlan de Roberto Centeno, el gendre de Juan Roig.

Només amb Becsa, que és l’empresa d’obra pública que el 2017 va guanyar un concurs de la Generalitat de 25 milions per a manteniment de carreteres, la societat que presideix Batalla va facturar el 2016 75 milions. Va tenir 550.000 euros de benefici.

Tomás Martínez Berna va arribar a ser el president de la patronal alacantina Coepa. Amb el seu germà Rafael Martínez Berna són propietaris de Hormigones Martínez, del Grupo Vallalba. Són els “prínceps” de la Gürtel, segons la policia, i fa poc van guanyar un concurs de més de 20 milions d’euros pel manteniment de les carreteres del nord de la província d’Alacant. Com Facsa amb l’aigua a Castelló, en l’obra pública també hi ha un repartiment geogràfic del mercat.

Només a través de l’empresa Hormigones Martínez van facturar el 2016 70 milions d’euros i en van guanyar 1,3. La multa per a evadir la presó que els va imposar la fiscal per haver confessat els va costar al voltant de 400.000 euros.

Els que més malparats han eixit de la crisi i d’haver eixit esguitats pel cas Gürtel són els germans Antonio i Alejandro Pons Dols que, a més d’haver trencat la seua relació personal, han portat la seua empresa Piaf a concurs de creditors. Són els empresaris més modests de tots els implicats en el finançament del PP, però al seu dia facturaven una mitjana de 30 milions d’euros. Piaf també està sent investigada en un altre presumpte cas de corrupció vinculada als populars, en aquest cas a Vila-real.

“Són tots els que estan, però no estan tots els que són”, va dir El Bigotes en el judici de Gürtel.

Los empresarios valencianos que han reconocido financiar al Partido Popular de la Comunitat Valenciana no son unos patronos cualquiera. Entre los nombres de los corruptos confesos se encuentran, desde el expresidente de la patronal alicantina Coepa, Rafael Martínez Berna; a la empresa que ostenta el monopolio del agua en Castellón, Facsa de Enrique Gimeno; pasando por las constructoras que gracias a una ley del PP se convirtieron en la firma con más plazas concertadas en residencias para mayores, Sedesa y Grupo Cívica de Vicente Cotino y Enrique Ortiz, respectivamente.

Entre todos y sin contar a Piaf (de los hermanos Antonio y Alejandro Pons Dols que está en concurso de acreedores) ingresaron el pasado año gracias a la contratación pública alrededor de 300 millones de euros. Gestión del ciclo integral del agua, depuradoras, limpieza de edificios públicos, recogida de basuras, mantenimiento de carreteras, trabajo con dependientes y obra pública. Todos los sectores donde existe inversión pública y que dependen de los ciclos políticos.

El primero en pactar con la fiscal y uno de los empresarios más importantes de Alicante es Enrique Ortiz, del grupo Cívica, conocido también por las grabaciones del caso Brugal como “la polla insaciable”. Fue el patrono que abrió el camino a los demás y quien tiene otras causas por presunta corrupción abiertas.

Ortiz es conocido por haber presidido el Hércules Club de Fútbol y sus empresas continúan viento en popa pese a la crisis y sus implicaciones en escándalos políticos En 2016 sus empresas tuvieron un beneficio de 26 millones de euros con contratos tan importantes como la recogida de basura de Alicante. Con sólo una multa de 109.000 euros se ha librado de la cárcel tras confesar en el caso Gürtel.

A principios de la década del 2000, este constructor diversificó sus inversiones hacia el cuidado de dependientes a la sombra de una ley creada por el exconseller preso Rafael Blasco y regada con dinero a espuertas por el también exconseller Juan Cotino. Como socio eligió a otro de los empresarios confesos. Se trata de Vicente Cotino, con quien montó Savia Geroresidencias, una sociedad que tienen concertadas centenares de plazas públicas de mayores.

En 2009, la policía intervino una conversación entre Vicente Cotino y Enrique Ortiz, mientras el primero estaba de viaje en el Caribe. En la grabación ordenada por el juez, Ortiz le recuerda que hay que «presionar a Joaquín Martínez (secretario autonómico de Bienestar Social), y añade que «el conseller tiene todo el interés del mundo en llenar nuestras residencias, pero Joaquín Martínez se está tocando los cojones y le da lo mismo llenar las residencias nuestras que las del tío la boina». El conseller era Juan Cotino, tío de Vicente y a quien Álvaro Pérez El Bigotes acusa de ser el recaudador del PP.

En la actualidad, Savia Geroresidencias continúa gestionado el mismo número de centros concertados para mayores que cuando se le adjudicaron en 2001. El PP le blindó un negocio para dos décadas.

Otro de los empresarios que han confesado haber financiado al PP durante los años 2007 y 2008 es Enrique Gimeno, de la empresa Facsa, que tiene más de un siglo de historia. Gimeno tiene el monopolio del agua en la provincia de Castellón en municipios, en diputación y hasta en las depuradoras de la Generalitat, de las que gestiona el 90 por ciento. No tiene competencia en esta zona, pero tampoco se expande a otras, evidenciando un reparto del mercado más que particular.

Prácticamente sin salir de las comarcas de Castelló, la firma de Gimeno superó en los 100 millones de facturación en 2016 y los 8,5 de beneficio. El pasado ejercicio demostró que los cambios de gobierno a partidos de izquierda no le han afectado. Sigue ganando contratos millonarios.

Otro de los patronos de Castellón que ha aceptado pagar la multa y reconocer los delitos de falsedad documental y delito electoral es Gabriel Batalla. Su familia tenía la propiedad de Lubasa -ya condenada por amañar contratos- y le cambió el nombre para bautizarla como Becsa. Recientemente consolidaron todas las sociedades de la familia como el Grupo Obinesa, donde también tienen concesionarios de coches y una azulejera. Gabriel Batalla es el presidente, aunque el pasado año perdió el control de la sociedad al vender el 55 % al fondo Atitlan de Roberto Centeno, el yerno de Juan Roig.

Sólo con Becsa, que es la empresa de obra pública que en 2017 ganó un concurso de la Generalitat de 25 millones para mantenimiento de carreteras, la sociedad que preside Batalla facturó en 2016 75 millones. Tuvo 550.000 euros de beneficio.

Rafael Martínez Berna llegó a ser el presidente de la patronal alicantina Coepa. Con su hermano Tomás Martínez Berna son propietarios de Hormigones Martínez, del Grupo Vallalba. Son los “príncipes” de la Gürtel, según la policía, y recientemente ganaron un concurso de más de 20 millones de euros por el mantenimiento de las carreteras del norte de la provincia de Alicante. Como Facsa con el agua en Castellón, en la obra pública también existe un reparto geográfico del mercado.

Sólo a través de la empresa Hormigones Martínez facturaron en 2016 70 millones de euros y ganaron 1,3. La multa para evadir la cárcel que les impuso la fiscal por confesar les costó alrededor de 400.000 euros.

Los que peor parados han salido de la crisis y de haber salido salpicados por el caso Gürtel son los hermanos Antonio y Alejandro Pons Dols que, además de haber roto su relación personal, han llevado su empresa Piaf a concurso de acreedores. Son los empresarios más modestos de todos los implicados en la financiación del PP, pero en su día facturaban una media de 30 millones de euros. Piaf también está siendo investigada en otro presunto caso de corrupción vinculada a los populares, en este caso en Vila-real.

“Son todos los que están, pero no están todos los que son”, dijo el Bigotes en el juicio de Gürtel.

Els nou empresaris que s'han autoinculpat en el cas Gürtel, i que en el seu moment van amenaçar amb denunciar els membres del PSPV que van portar el cas davant la Justícia, estan passant durant el matí d'aquest dimarts pel banc dels acusats. Tot està transcorrent segons el pla de la fiscal anticorrupció.

Els patrons que han declarat (Enrique Ortíz, Gabriel Batalla, José Francisco Bevià, Vicente Cotino i Enrique Gimeno) han reconegut els fets i han acceptat les penes de multes (entre tots sumaran al voltant de dos milions d'euros) per a evitar la presó.

La fiscal ha llegit l'acord en el qual reconeixen que van assumir el cost dels actes del Partit Popular en les campanyes electorals de 2007 i 2008 a través de pagaments ficticis a l'empresa Orange Market.

En l'escrit expliquen que, al no poder finançar legalment al PP per ser contractistes de la Generalitat de Francisco Camps, van realitzar aquests pagaments il·legals a la trama de Francisco Correa, la qual organitzava els mítings i els actes dels populars valencians.

Els cinc acusats que a mitjan matí havien confessat també reconeixen que van col·laborar en l'elaboració de factures falses de connivència amb els dirigents del PP valencià i dels responsables de la trama Gürtel.

Els empresaris estan seguint l'estratègia marcada i només han contestat a la fiscal anticorrupció i a la seua defensa.

Per la seua banda, la defensa de Pablo Crespo ha volgut deixar constància que el seu client no coneixia aquests empresaris.

El jutge ha demanat un recés de deu minuts per a seguir amb les declaracions dels corruptors confesos, que previsiblement finalitzaran a l'hora de dinar.

Tot apunta al fet que a la vesprada li tocarà el torn a Francisco Correa i la resta dels acusats responsables de la trama.

El Jutjat Penal número 6 de València ha condemnat l’expresident de Bancaixa i de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, a la pena d’un any i mig de presó per haver falsificat una factura d’un ingrés de 500.000 euros per uns serveis d’assessorament a Vicente Cotino, nebot de l’expresident de les Corts, Juan Cotino, que mai no va dur a terme.

Consta així en la sentència, la resolució de la qual ha estat avançada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en què la jutgessa condemna Olivas per delictes de falsedat en document mercantil i contra la Hisenda Pública. A més, l’expresident de la Generalitat haurà de pagar una multa de 151.800 euros.

Amb Olivas, el jutge condemna també Vicente Cotino a la mateixa pena per haver computat aquest pagament com a despesa deduïble en la seua liquidació de l’impost de societats.

D’altra banda, la dona d’Olivas, Mercedes Álvarez, acusada en el procediment per l’advocacia de l’Estat, ha estat absolta perquè no ha estat prou acreditat que participara a idear i executar la factura irregular del seu marit, que ella va signar cinc anys després d’haver-se emés. La jutgessa hi aplica l’atenuant simple de dilacions indegudes.

Olivas sempre ha negat l’acusació

Olivas sempre ha negat que haguera comés cap tipus de frau fiscal en l’operació amb Vicente Cotino i ha insistit en el fet que va cobrar 500.000 euros a l’empresari (més IVA) per haver-lo assessorat i mitjançat en la venda d’unes accions de la seua empresa eòlica en una operació que va ser “beneficiosa” tant per al mateix Cotino com per a Bancaixa –entitat que presidia– i Iberdrola –on era conseller.

L’operació qüestionada se centrava en la venda de participacions de Proyectos Eólicos Valencianos S.A –accionariada per Endesa (55%), Sedesa (25%) i Bancaixa (20%)– a Iberdrola. En concret, Cotino, propietari de Grupo Fiscal Asedes Capital S.L, a què pertanyia Sedesa, va demanar a Olivas que l’ajudara a vendre el 25% d’actius a la companyia elèctrica. A canvi, i si s’obtenia una plusvàlua de 39 o 40 milions, li oferia pagar-li 500.000 euros més IVA.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia ha condenado al expresidente de Bancaja y de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a la pena de un año y medio de prisión por falsificar una factura de un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento a Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino, que nunca realizó.

Así consta en la sentencia, cuyo fallo ha sido adelantado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que la jueza condena a Olivas por delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública. Además, el expresidente de la Generalitat deberá pagar una multa de 151.800 euros.

Junto a Olivas, el juez condena también a Vicente Cotino a la misma pena por computar ese pago como gasto deducible en su liquidación del Impuesto de Sociedades.

Por su parte, la mujer de Olivas, Mercedes Álvarez, acusada en el procedimiento por la Abogacía del Estado, ha sido absuelta al no estar suficientemente acreditado que participara en idear y ejecutar la factura irregular de su marido, que ella firmó cinco años después de emitirse. La jueza aplica la atenuante simple de dilaciones indebidas.

Olivas siempre ha negado la acusación

Olivas siempre ha negado que cometiera algún tipo de fraude fiscal en la operación con Vicente Cotino, e insistió en que cobró 500.000 euros al empresario (más IVA) por asesorarle y mediar en la venta de unas acciones de su empresa eólica en una operación que fue “beneficiosa” tanto para el propio Cotino como para Bancaja -entidad que presidía- e Iberdrola -donde era consejero-.

La operación cuestionada se centraba en la venta de participaciones de Proyectos Eólicos Valencianos S.A. -accionarada por Endesa (55%), Sedesa (25%) y Bancaja (20%)- a Iberdrola. En concreto, Cotino, dueño de Grupo Fiscal Asedes Capital S.L., al que pertenecía Sedesa, le pidió a Olivas que le ayudara a vender el 25% de activos a la compañía eléctrica. A cambio, y si se obtenía una plusvalía de 39 o 40 millones, le ofreció pagarle 500.000 euros más IVA.