Las comunidades autónomas abandonaron esta semana la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) levantadas en armas. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó a los consejeros de su propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica, que lleva doce años caducado, y solo recibió el apoyo explícito de la representante catalana, Alícia Romero (PSC). Sin embargo, y a pesar de que Madrid habló de “corrupción de estado” e incluso la socialista Castilla-La Mancha tachó de “chantaje” el modelo que se les presentó, los silencios y las evasivas contaron mucho más que las palabras gruesas de los dirigentes regionales.

Porque la propuesta del Gobierno central, lejos de imponer un “concierto solidario”, un “cupo catalán” o una “financiación singular” que tantos titulares han ocupado desde el verano de 2024, supone una evolución del modelo actual con una inyección de casi 21.000 millones de euros solo en 2027, cuando debería entrar en vigor si se cumplen los plazos de Hacienda y los deseos de La Moncloa de atar la mayoría de la investidura.

Esta cifra, que supone en torno al 1,2% del producto interior bruto (PIB) español, implica que las comunidades autónomas, que soportan el grueso del gasto social del Estado, dispondrán en total de 224.507 millones procedentes del sistema de financiación, alrededor del 13% del PIB.

Por eso consejeros tan relevantes como el de Galicia, Miguel Corgos, dejaron en el aire si se adherirán al nuevo modelo o seguirán con el vigente, como les propuso Montero, ya que claramente les perjudica. “Es bastante improbable que esto se apruebe”, esquivó el responsable murciano, Luis Alberto Marín.

Los 20.975 millones de euros adicionales de los que dispondrán las comunidades autónomas –que salen de una mayor cesión de la recaudación del IRPF y del IVA, así como de transferencias del Estado– cubren casi el 40% del gasto en Educación de las comunidades autónomas del régimen común (es decir, salvo País Vasco y Navarra, que cuentan con Haciendas forales propias) en 2024. Los recursos representan cerca de uno de cada cuatro euros que los ejecutivos regionales destinan a la Sanidad. Son más de siete veces su ejecución en materia de vivienda y más de seis lo que dedican a proteger el medio ambiente.

Estos datos salen de cruzar las cifras desgranadas por Hacienda en la presentación del modelo con los de la base de datos de la Clasificación Funcional del Gasto de las Administraciones Públicas (COFOG), una metodología diseñada por Naciones Unidas que divide el gasto público en diez divisiones en función de a qué se destinan: salud, educación, vivienda… Y, si bien los últimos datos son provisionales y correspondientes al 2024, muestran qué supone este volumen adicional de recursos sobre las principales partidas que soportan los Gobiernos regionales.

Casi el 60% del gasto en Educación de Murcia o Valencia

El consejero murciano aseguró que la propuesta de Montero “se ha pergeñado para satisfacer los anhelos infinitos del secesionismo”. Pero Murcia, que recibiría 1.188 millones según las estimaciones del Gobierno central, cubriría con esta financiación adicional el 58% de su gasto en Educación (2.051 millones) o el 35,5% de lo que destinan a Sanidad (3.347 millones), como se ve en el gráfico bajo estas líneas. El ‘extra’ del Estado supone el doble de lo que el Ejecutivo regional destina a políticas de vivienda o Protección social, que alcanza los 583 millones. Es también el doble de lo que invierte en Asuntos Económicos (donde se incluyen las partidas de transportes o en investigación, por ejemplo) o diez veces los recursos destinados a proteger el medio ambiente.

El nuevo consejero de Hacienda de la Comunitat Valenciana, José Antonio Rovira, evitó a los periodistas a la salida del CPFF pero, en declaraciones a la televisión autonómica Á Punt, tachó de “chantaje” la propuesta de Montero. Lo hizo apenas unos días después de decir que “no pinta mal” y ser corregido por el nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

La Comunitat Valenciana, junto a Murcia la región más perjudicada por el modelo en vigor, recibiría 3.669 millones de euros en recursos adicionales. O lo que es lo mismo, el 56,7% de lo que gasta anualmente en Educación o el 35,8% de lo que destina a Sanidad. La financiación ‘extra’ que supondría este nuevo sistema que ha propuesto el Gobierno central cubriría más que de sobra el gasto conjunto en protección social y vivienda (2.372 millones), así como las inversiones que se inscriben en las partidas de Asuntos Económicos (2.033 millones) o siete veces lo que destina la región a Medio ambiente (502 millones).

Montero señala al PP como “beneficiado” por la financiación

Por Andalucía, la consejera Carolina España tachó el “modelo de financiación Montero”, como “champán y caviar” para el independentismo y “el menú del día, pero sin postre” para el resto de las comunidades. Las declaraciones las hizo a su llegada al Ministerio de Hacienda, ya que a la salida del CPFF no quiso responder a los periodistas presentes.

El “menú del día” de Andalucía son 4.846 millones de euros adicionales, la comunidad más beneficiada en términos absolutos, que suponen el 43% del gasto en Educación o uno de cada tres euros que se destinan a la Sanidad. Con los fondos ‘extra’, el Gobierno de Juanma Moreno cubriría casi el doble de las inversiones combinadas en Vivienda y Políticas sociales (2.645 millones) o cinco veces lo que destinan a Medio Ambiente (862 millones).

La vicepresidenta Montero dedicó especial atención a las cuentas para Andalucía, toda vez que en unos meses concurrirá en el territorio como candidata del PSOE a la Junta. En la rueda de prensa tras la reunión recordó que será la región recibirá más de lo que reclamó Moreno Bonilla: “El presidente de la Junta de Andalucía pidió 4.000 millones”. “Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Catalunya”, insistió, recordando que 15.000 millones irán directamente a las comunidades del PP (si no renuncian a estos recursos). “Si hay un partido que se beneficia de estas medidas, es sin duda el PP”, zanjó la vicepresidenta.

El “chantaje” a Castilla-La Mancha: 1.248 millones

Entre sus propias filas la vicepresidenta tampoco halló mayores apoyos. Asturias se dejó querer, aunque sin estar muy convencidos. Y Castilla-La Mancha se sumó a la teoría del “chantaje”, pero su consejero, Juan Alfonso Ruiz Molina, pasó un mal rato tratando de explicar por qué los 1.248 millones de más que recibirían de aprobarse el nuevo sistema dejan en mala posición a su comunidad. “Nosotros venimos sufriendo un modelo que nos está perjudicando. Con estos datos, Castilla-La Mancha seguiría estando por debajo de la media”, aseguró.

¿Cuánto suponen los fondos extra para el Gobierno que lidera Emiliano García-Page? Le permitiría pagar el 51,5% de la Educación o el 29,7% de la Sanidad. Cubriría de sobra el gasto combinado en vivienda y protección social (921 millones) y también el de medio ambiente (212 millones).

Catalunya, a pesar de las afirmaciones de Montero, sí será una de las grandes beneficiadas del nuevo modelo. No solo porque recibirá más recursos a través de la mayor proporción del IVA y el IRPF, que al ser una economía más grande garantiza una recaudación superior, sino porque gracias a otros ajustes (como la posibilidad de recibir el IVA de las pymes o el Fondo climático, que beneficia a las comunidades mediterráneas) la propuesta dota con 4.686 millones adicionales a la región.

Con estas cifras, la Generalitat podría financiar la mitad de su gasto en Educación (49,2%), o una cuarta parte (27,8%) del sanitario; casi todo su gasto en vivienda y protección social (4.776 millones) y prácticamente todas sus inversiones económicas (4.563 millones).

Incluso Madrid, cuya consejera, Rocío Albert, dijo que la propuesta era “corrupción de Estado” y que “no vamos a aceptar lo que quieren los independentistas, ni mucho menos lo vamos a sufragar” recibirá una notable inyección de dinero público: 2.555 millones. Suficiente para pagar el 35% del gasto en educación o el 20% de lo que invierten en Sanidad.

Las grandes cifras van a estas comunidades, mientras que el resto recibirán cuantías más modestas, pero superiores a las que percibirán con el modelo en vigor. En el caso de Extremadura y Cantabria, las más beneficiadas por el reparto actual, el Gobierno ha incluido un mecanismo para garantizar que no solo no pierden, sino que reciben 216 y 46 millones más, respectivamente.

Hacienda se abre a una financiación “finalista”

Si bien las comparaciones dan cuenta de la magnitud de los recursos que el Gobierno ha puesto encima de la mesa, el reparto del sistema de financiación no es “finalista”, tal y como recordó la vicepresidenta Montero, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteara que parte de los fondos se destinen a la construcción de vivienda. 

“Dentro del CPFF se ha trasladado con mucha claridad que las comunidades autónomas no quieren perder autonomía política o financiera. Curiosamente, las comunidades dicen esto a partir de los límites al dumping fiscal que la propuesta plantea cuando se explicó. Sin embargo, no lo dicen cuando el presidente de su partido traslada que sean finalistas”, ironizó la ‘número dos’ del Ejecutivo. “Si el PP plantea que el dinero vaya a vivienda, o una parte, de acuerdo. Y el resto del dinero que tenga como destino la sanidad pública de titularidad pública, la educación pública de titularidad pública”, subrayó.

Las reacciones de los expertos al nuevo sistema han sido mixtas. Algunos, como Ángel de la Fuente, de Fedea, celebran la existencia de “elementos prometedores”, pero alertan de otros “francamente negativos”. La catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, Violeta Ruiz Almendral, apuntó a través de una publicación en LinkedIn que, si bien la propuesta “seguro que tiene puntos de mejora”, “parece seguir el esquema básico o fórmula de la financiación autonómica que ha avalado el Tribunal Constitucional”. Y una agencia de calificación tan relevante en la historia económica reciente de nuestro país como es Standard & Poor’s dio el aval a la propuesta, aunque con dudas de que prospere en el Congreso. 

Con todo, gran parte de las dudas que ha supuesto la propuesta del Ministerio de Hacienda tienen que ver con el papel del Estado. Los casi 21.000 millones de euros restan margen de maniobra al Gobierno central en un momento en el que las presiones de gasto sobre sus competencias se va a incrementar notablemente, como alerta el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Diego Martínez-López. El envejecimiento va a engordar el gasto en pensiones, que ya está cubierto en buena parte por las transferencias a la Seguridad Social. Y el Ejecutivo se ha comprometido a destinar el 2% del PIB a Defensa, una referencia que va a aumentar en términos nominales conforme crezca la economía. 

El Gobierno iniciará a partir de la semana que viene una serie de reuniones bilaterales con las comunidades autónomas, con el objetivo de redactar el Anteproyecto de ley con la reforma del sistema. Una vez se apruebe en el Consejo de Ministros y pase los trámites de audiencia pública, debería pasar por un nuevo pleno del CPFF para, esta vez sí, ser votado por los Ejecutivos regionales. El Ministerio de Hacienda confía en que la ley esté en el Congreso antes de junio y que pueda aprobarse antes de finales de año, para que ya esté en vigor de cara al ejercicio 2027.

La primera reunión entre el Gobierno y las comunidades para abordar la reforma de la financiación autonómica acabó este miércoles sin acuerdo. Era lo previsto. Los barones del PP ya habían anticipado un rechazo en bloque, Castilla-La Mancha y Asturias —con gobiernos del PSOE— se han desmarcado, con diferente intensidad, y solo Catalunya apoya la propuesta. Pero la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha recordado que será “voluntario” acogerse al nuevo sistema, que promete aumentar los ingresos de todas las regiones. Y ahí los consejeros de Hacienda han preferido no contestar a qué harán cuando llegue el momento de tomar una decisión. Sobre la mesa, el reparto de 21.000 millones de euros más, 15.000 de ellos para gobiernos del partido de Alberto Núñez Feijóo.

La cita ha durado unas cuatro horas. Como es habitual, los consejeros han desfilado ante los medios para plantear su posición. El PP controla 11 comunidades, lo que le permite tener una posición de fuerza en las negociaciones. Pero esta vez la mitad de los representantes autonómicos han abandonado el Ministerio de Hacienda sin responder a las preguntas de los periodistas.

La primera en salir fue la consejera de Madrid, Rocío Albert, quien anticipó una batalla legal contra el nuevo sistema y abrió fuego contra los catalanes. “No vamos a aceptar que Catalunya reciba más que Madrid. Ni mucho menos lo vamos a sufragar”, aseguró. Después, se erigió en representante de todo el país: “Vamos a defender a todos los españoles”.

Pero Albert no quiso responder si Madrid renunciará a la nueva financiación. La ministra de Hacienda recordó durante la reunión que legalmente no es obligatorio acogerse al sistema que resulte de la reforma y que las comunidades pueden optar por mantenerse en el actual, con la pérdida de transferencias que eso implica.

En el caso de Madrid, por ejemplo, recibiría 2.555 millones de euros más que con el sistema actual. Un dinero que se quedaría el Gobierno central si la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, decidiera renunciar al nuevo modelo.

Andalucía, Murcia y Comunitat Valenciana, las más beneficiadas

Los cálculos de Hacienda apuntan a que las comunidades que hoy controla el PP verían incrementada su financiación en unos 15.000 millones de euros, con Andalucía a la cabeza por ser la más poblada. “Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Catalunya (...) Si hay un partido político que se beneficia de estas medidas es sin duda el PP”, dijo Montero durante su rueda de prensa. En términos ajustados a la población, Murcia y la Comunitat Valenciana serían las que mejoran sus ingresos, asegura la vicepresidenta, cuyo Ministerio no ha detallado dicho cálculo.

Las tres están gobernadas por el PP. Y las tres han optado este miércoles por no responder a la pregunta de qué harán si se aprueba la ley con el nuevo sistema. El partido que lidera Feijóo confía en que el Gobierno no logre los 176 votos que necesita para sacar adelante la norma en el Congreso. Montero tendrá que negociar mucho para atraerse los votos de Compromís, Podemos y Junts, que han rechazado o dejado en el aire su apoyo a la reforma.

La consejera madrileña lo expresó así: “Ni siquiera cuenta con apoyo de socios de Gobierno. ¿Cómo va a aprobar este acuerdo?”. No fue la única. Tras ella llegó el turno del murciano, Luis Alberto Marín, quien se mostró muy enfadado con Montero y la reforma, pese a que la suya sería una de las regiones que mejoraría sus ingresos. 

Quizá por eso tampoco quiso responder qué hará la Región de Murcia cuando tenga que decidir si se suma al nuevo sistema o se queda en el actual. Y, como la madrileña, despejó la pregunta y zanjó: “Es bastante improbable que se apruebe”.

Hacienda prevé entregar 1.188 millones de euros más a Murcia, más o menos el doble de los 588 millones que podrían llegar a Galicia. Su conselleiro, Miguel Corgos, reclamó a la salida de la reunión una negociación “multilateral” y aseguró que la propuesta de Montero “no ha dejado contenta a ninguna comunidad” pese a aumentar la financiación en “21.000 millones”. 

Corgos tampoco renunció al nuevo sistema. “Si se aprueba, ya veremos”, dijo. Pero ni siquiera la representante extremeña, Elena Manzano, dio una respuesta clara a la pregunta de qué hará su región llegado el momento. Y eso que Extremadura es una de las peor paradas de la reforma, ya que tendrá un incremento nulo de su financiación, y solo recibirá una inyección de 216 millones por el llamado “mecanismo de statu quo”, creado específicamente para compensar a esta comunidad y a Cantabria.

Silencio de Andalucía y Comunitat Valenciana

En cuanto al resto de consejeros del PP, han optado por salir del Ministerio de Hacienda sin pasar por donde les esperaban los periodistas. Algunos, como el valenciano, han atendido a sus medios autonómicos. En declaraciones a Á Punt, José Antonio Rovira, ha calificado el modelo de “chantaje” que mejora sus condiciones, pero no lo suficiente porque “la gran beneficiada es Catalunya” y “Andalucía”. 

Hace apenas dos días, Rovira aseguraba que el nuevo sistema “no pinta mal”. Pero luego fue corregido por su jefe de filas, Juan Francisco Pérez Llorca, quien lo rechazó pese a los 3.669 millones de euros extra que recibiría la Generalitat, la región que sufre una mayor infrafinanciación.

Tampoco la andaluza Carolina España ha hecho declaraciones posteriores a la reunión. Sí las hizo antes para asegurar que “el modelo mantiene los agravios a Andalucía y sólo beneficia al independentismo”. Su comunidad encabezaría el ‘ranking’ de mejora con 4.846 millones más.

Montero se enfrentará a Juan Manuel Moreno en las elecciones andaluzas previstas para la próxima primavera, en las que el PP teme perder la mayoría absoluta por el empuje de Vox. Los estrategas de la Junta no quieren hacer ni media concesión a la futura candidata socialista y centran su mensaje en señalar la fotografía de Pedro Sánchez con el líder de ERC, Oriol Junqueras.

El eslogan está claro: Sánchez ha pactado la financiación de todos con el independentismo catalán. Un mensaje contundente en la comunidad donde se jaleó el “a por ellos” en los prolegómenos del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017.

También Aragón y Castilla y León afrontan elecciones en las próximas semanas. Y tampoco sus consejeros han querido fijar su posición ante los periodistas.

Una propuesta del PP y un precedente con el PSOE

Mientras, el equipo económico de Feijóo prepara a marchas forzadas el documento que presentarán el próximo domingo en Zaragoza, donde el líder del PP se reunirá con los barones autonómicos precisamente para intentar acordar un punto común o, al menos, pactar las notables diferencias que hay entre los presidentes autonómicos.

El PP ha asegurado de forma insistente que ya presentó su propuesta en septiembre de 2024, y que el Gobierno nunca contestó. Pero aquel documento era una mera declaración política con muy poca concreción, lo que ha aprovechado Montero para señalar que el primer partido de la oposición está unido solo en el rechazo al Gobierno, pero que no tiene una propuesta alternativa. El lunes, Feijóo se reunirá con Pedro Sánchez en la Moncloa.

“Si el PP no quiere este modelo, ¿dónde está la alternativa del PP? Cuando preguntamos esto, se nos muestra un seudodocumento que no tiene ni un número, que son literatura, principios. Ni un número. Así que confío en que si el PP realmente tiene prevista una reunión o un cónclave para hablar de financiación autonómica ponga una respuesta encima de la mesa con sus números como ha puesto el Gobierno de España”, aseguró la 'número dos' del Ejecutivo tras la cita con los consejeros autonómicos.

La propuesta de Montero de mantener dos sistemas de financiación distintos no es novedosa, sino que tiene un precedente. En los 90, durante el primer Gobierno de José María Aznar, las comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura) rechazaron el modelo diseñado por el entonces 'superministro' de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato.

Los tres ejecutivos regionales rechazaron adherirse al sistema para el quinquenio 1997-2001, permaneciendo en el reparto previo. Pero esto fue bastante problemático a la hora de gestionar sus presupuestos, ya que las tres comunidades exigieron que se les liquidara las cuantías de los ejercicios de 1997 y 1998. Algo a lo que Aznar se negó: “Esas comunidades pudieron ganar un dinero participando en un sistema y no lo ganaron porque no quisieron; así que ahora no se les debe nada”.

La ley de 2009, con un sistema caducado desde 2014, ya contemplaba esa posibilidad para las regiones, aunque todas se adhirieron al nuevo reparto. “La financiación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía que no acepten el sistema contenido en esta Ley en los 6 meses siguientes a la aprobación de la misma, se regirá, a todos los efectos, por la Ley 21/2001 (...) con las adaptaciones que sean necesarias”, recoge una de las disposiciones transitorias de la norma.

“No se obliga a nadie a suscribir el modelo. El que quiera continuar con un modelo previo porque entiende que funciona mejor, no hay ningún problema, porque correremos en paralelo con los dos modelos, y de hecho así lo tenemos previsto”, esgrimió la ‘número dos’ del Ejecutivo.

En realidad, el sistema es similar al de la quita de más de 83.000 millones de deuda autonómica, que ahora mismo espera turno en el Congreso para arrancar las negociaciones con el resto de formaciones. Cada una de las regiones tendrá que firmar un convenio con el Gobierno y, a partir de ahí, se formulará la adhesión a la financiación o a la deuda. “No se va a imponer absolutamente nada”, insistió Montero.

El caramelo es envenenado para algunas de las comunidades peor financiadas y que están dirigidas por el PSOE. En el caso de Castilla-La Mancha, su consejero, Juan Alfonso Ruiz Molina, tachó de “chantaje” la propuesta de Hacienda. “El chantaje es o aceptáis el modelo o perdéis 1.248 millones de euros. Si esa es la vía política, habrá que ir a la judicial”, aseguró.

Si bien Castilla-La Mancha sale notablemente beneficiada con la propuesta diseñada por Montero, en el Gobierno de Emiliano García-Page entienden que estos datos todavía los dejan en una situación de desventaja con el resto de comunidades. El propio García-Page, en un mensaje a través de la red social X, se hizo eco de un estudio del 'think-tank' Fedea para cargar contra el proyecto: “El estudio es del centro de investigación Fedea y respalda lo que advertimos: el modelo privilegia a Catalunya y las comunidades que estamos infrafinanciadas vamos a seguir estándolo. La propuesta de financiación pactada con ERC no debe salir, atenta contra la igualdad”.

El estudio de Fedea es una estimación incompleta, ya que no calcula los recursos totales que aporta la nueva propuesta ni cómo se reparten por población ajustada.

Asturias, liderada por el PSOE de Adrián Barbón, evitó dar declaraciones a los medios de comunicación. Y, si bien no está del todo contenta con el modelo, no queman puentes. “Han hecho un pronunciamiento de querer incorporar elementos al modelo que consideran que pueden ser mejorados y que trabajan en ese entorno”, respondió Montero, preguntada por la postura de esta región en la rueda de prensa.

El Gobierno abrirá ahora una serie de reuniones técnicas con cada una de las comunidades autónomas y elaborará un primer texto que tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Después, lo llevará a una nueva reunión del CPFF, que podría ser en torno a finales de febrero, en la cual, entonces sí, cada una de las regiones tendrá que posicionarse. Solo cuando reciba el visto bueno por segunda vez del Consejo de Ministros y sea enviado al Congreso, comenzarán las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios. Singularmente, con Junts. “Se está dispuesto a lo que se necesite para sacar adelante el modelo”, zanjó la vicepresidenta. El objetivo es que esté en manos de los diputados antes de junio y que se apruebe antes del 31 de diciembre. Pero entonces Montero ya no ocupará el despacho de ministra de Hacienda sino que estará de vuelta en Andalucía.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reclamado al PP que presente un modelo propio del sistema de financiación autonómica después de que todos los consejeros populares hayan salido en tromba contra la propuesta de la que les ha informado este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

“Si el PP no quiere este modelo, ¿dónde está la alternativa del PP? Cuando preguntamos esto, se nos muestra un seudo documento que no tiene ni un número, que son literatura, principios. Ni un número. Así que confío en que si el PP realmente tiene previsto una reunión o un cónclave para hablar de financiación autonómica ponga una respuesta encima de la mesa con sus números como ha puesto el Gobierno de España”, ha asegurado la 'número dos' del Ejecutivo en rueda de prensa tras la cita con los consejeros autonómicos.

La vicepresidenta ha tachado de “inmovilismo” las críticas populares, que son mayoría en el CPFF y que han salido en tromba a criticar la propuesta del Ejecutivo, ya que no han presentado ninguna alternativa.

“Le pido al PP que diga con qué parte del modelo de financiación no está de acuerdo. Lo que no va a hacer el Gobierno de España es meter el modelo de financiación en un cajón. Ni me voy a aferrar a lo que me gustaría pero no puede ser”, ha aseverado.

Montero ha dedicado gran parte de su comparecencia a negar los argumentos que se han dado en los últimos días para cargar contra el modelo que acordó el Ejecutivo con ERC. “Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Catalunya”, ha dicho. De hecho, ha dicho que de los 20.975 millones adicionales que el Gobierno integra en la propuesta, más de 15.000 millones van a regiones que, en la actualidad, están presididas por los populares. “Si hay un partido política que se beneficia de estas medidas es sin duda el PP, que es el que gobierna hoy por hoy en la gran parte del territorio donde se asignan los recursos”, ha subrayado.

El Gobierno de Page habla de “chantaje”

Para la ministra de Hacienda “no existen razones objetivas para que ninguna comunidad autónoma pueda oponerse al modelo”, pero lo cierto es que solo Catalunya se ha mostrado rotundamente a favor en el transcurso de la reunión. A la salida de la reunión, la consellera de Economía de la Generalitat, Alicia Romero, ha celebrado la “ventana de oportunidad” que supone la propuesta presentada por Montero, un modelo que, a su juicio, es “más justo y equitativo” que el actual y que está abierto a las incorporaciones de las comunidades autónomas.

Sin embargo, no ha sido del agrado tampoco de otra de las regiones presididas por el PSOE, Castilla-La Mancha, que ha tachado de “chantaje” la propuesta de Montero de que la adscripción al nuevo modelo sea voluntaria. “El chantaje que los independentistas están haciendo al Gobierno, lo traslada el Gobierno a las comunidades autónomas”, ha deplorado el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina.

Asturias, la otra comunidad autónoma que presiden los socialistas y que está dentro del régimen común (Navarra o Euskadi, donde cogobiernan, tienen Haciendas forales propias), se ha abstenido de hacer declaraciones públicas, aunque, según Montero, se han mostrado dispuestas a trabajar en mejoras a la propuesta del Ejecutivo.

El mayor frente ha venido por parte de los consejeros del total, 11 presentes en la reunión. La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha sido la más dura, al tachar de “corrupción de Estado” el modelo de Montero. “Nos ha sorprendido mucho que [Oriol] Junqueras no haya presidido el CPFF, ya que es él el que ha diseñado el modelo. Ha mandado a su delegada Montero para intentar blanquear este chantaje. No sé a quién intenta engañar, porque lo que es bueno para los independentistas no es bueno para los españoles”, ha aseverado.

Para el consejero de Murcia, Luis Alberto Marín, la propuesta “se ha pergeñado para cumplir con los anhelos infinitos del secesionismo”, mientras que el gallego, Miguel Corgos, lo ha tachado de “decepcionante”. Ha dejado la puerta abierta, eso sí, a adherirse al modelo si es que llega a aprobarse en el Congreso.

Montero negociará con Junts

Montero ha anunciado que ahora se reunirá con las comunidades autónomas a nivel técnico para desarrollar los pormenores del modelo. Una vez que esté redactada la ley, comenzará las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios. Aquí no se ha puesto límites en cuanto a qué se puede negociar.

En este sentido, la vicepresidenta ha insistido en “desmentir” que el modelo que ha propuesta se haya negociado bilateralmente con Catalunya para imponérselo al resto de comunidades. “El Gobierno para poder aprobar sus leyestiene que intentar consensos con los partidos políticos. Y el primer invitado fue el PP”, ha dicho, recordando que el presidente Pedro Sánchez ofreció a Alberto Núñez Feijóo cerrar un pacto de Estado para renovar el sistema de financiación autonómica nada más arrancar la legislatura. “Aquellos que dicen que es que tiene un sesgo porque parte de una reunión con el señor Junqueras, ¿por qué no se sentó el PP cuando se le dijo igual que al señor Junqueras?”.

Además, ha recordado que la adscripción a este nuevo modelo será “voluntaria”, por lo que las comunidades podrán decidir si asumen este nuevo sistema o se quedan con el anterior, caducado desde 2014.

El Gobierno ha trasladado a las comunidades autónomas que la adscripción al nuevo sistema de financiación que ha propuesto el Gobierno será voluntaria, algo que ya se establece en la Ley de 2009, por lo que permitirá a las regiones que lo deseen permanecer con el modelo que lleva caducado desde 2014.

Fuentes del Ministerio de Hacienda detallan que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha abierto la puerta a que solo se adscriban al nuevo modelo aquellas comunidades que lo consideren, permitiendo que continúen con el diseñado durante el Gobierno de Zapatero.

No sería la primera vez que algunas de las comunidades se descuelgan del modelo en vigor para seguir con el anterior. Ya sucedió entre 1997 y 2001, cuando las comunidades dirigidas por el PSOE (Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha) rechazaron el diseñado por el Ejecutivo de José María Aznar y siguieron con el que estaba en marcha entonces. De hecho, en el Ejecutivo recuerdan que es algo que ya está en vigor en la ley de 2009.

El Gobierno ha presentado ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano mutilateral que reúne a Hacienda con los responsables autonómicos del ramo, la propuesta para reformar el modelo de financiación regional que el Ejecutivo cerró con ERC. El planteamiento Montero supone casi 21.000 millones de euros más de recursos para las comunidades, a través de una mayor cesión de los principales impuestos (IRPF e IVA) y de transferencias adicionales por parte del Estado, además de otros mecanismos.

La reunión es meramente informativa, ya que el Gobierno no llevará a votación la propuesta hasta que tengan diseñada la ley. El Ejecutivo convocará entonces un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en algunos gobiernos autonómicos esperan que se celebre a finales de febrero.

Después de la cita de este miércoles, en la que los consejeros autonómicos del PP (la mayoría) han cargado en tromba contra la propuesta del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo comenzará una serie de reuniones bilaterales de caracter técnico para profundizar en los pormenores del modelo.

“Champán y caviar” para el independentismo

La consejera de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP), ha dicho a su llegada a la reunión que acude “con bastante incertidumbre y también con bastante indignación” porque el “modelo de financiación Montero”, significa “champán y caviar” para el independentismo y “el menú del día, pero sin postre” para el resto de las comunidades. Andalucía es, precisamente, una de las más beneficiadas por el proyecto de Montero, ya que sumaría 4.800 millones más que con el sistema en curso.

Unas críticas a las que también se ha sumado el Gobierno de Castilla-La Mancha, que dirige el PSOE de Emiliano García Page. El responsable castellanomanchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha tachado de “falta de respeto” la propuesta acordada con ERC.

El nuevo modelo diseñado por el Ministerio de Hacienda prevé una inyección de 21.000 millones de euros adicionales, disparando el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones en 2027, cuando entraría en vigor.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha proyectado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

La propuesta que desgranó el viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recibido el aval de la agencia de calificación Standard & Poor’s, que pone en valor los mayores recursos que recibirán las comunidades. Esto las acercaría al objetivo que persigue Hacienda: que los gobiernos regionales puedan financiarse en los mercados y someterse a su disciplina. Pero pone en duda que salga adelante, precisamente por lo precario de la mayoría que sustenta el Gobierno.

El PP mostrará este miércoles un rechazo en bloque al proyecto de reforma del sistema de financiación autonómica pactado por el Gobierno con ERC. Hacienda ha convocado a los consejeros del ramo a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se les informará de las líneas generales de la propuesta. Luego llegarán las negociaciones bilaterales y un complejo trámite parlamentario para el que Pedro Sánchez no tiene garantizados los 176 votos necesarios.

El proceso acaba de empezar y el objetivo del Gobierno es que el nuevo sistema esté listo para 2027. Los detalles sobre la propuesta todavía no se conocen, más allá de los cálculos de ingresos que presentó Hacienda el pasado viernes. Aun así, el rechazo en bloque del PP ya fue adelantado este fin de semana por Alberto Núñez Feijóo, quien la tachó de “una financiación a la carta que abunda en lo de siempre: el separatismo exige y los españoles pagan”. “Eso no es posible. Eso no es razonable. Eso no es igualdad, eso no es justicia social”, apuntilló.

“Nuestra respuesta ha de ser unida, ha de ser determinante, ha de ser constante”, aseguró en la clausura de la 28 Interparlamentaria del PP celebrada en A Coruña. Justo antes que él intervino el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien también criticó la propuesta. 

Pero Rueda señaló el problema que tiene el PP de Feijóo desde hace años: hay unidad en rechazar las iniciativas del PSOE, pero no son capaces de armar una propuesta alternativa conjunta. “Claro que vamos a discutir”, dijo sobre la asistencia de los consejeros del PP a la cita de este miércoles. “Y discutiremos entre comunidades autónomas porque cada una tenemos nuestras necesidades, nuestras realidades, nuestros puntos de vista, nuestras prioridades, y, si me permitís, incluso, nuestros pequeños y legítimos egoísmos”, zanjó.

El PP acudirá así a la cita de este miércoles y, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior reunión, centrada en la quita de la deuda, no está previsto un plante coordinado. De hecho, tanto en público como en privado, dirigentes nacionales y altos cargos autonómicos reconocen que el modelo diseñado por María Jesús Montero “algo mejor es” que el actual. 

En concreto, desde el PP se asume que se ha reducido a la mitad la distancia entre las regiones con un aumento de la financiación por habitante. Esta pasaría de 1.500 a 700 euros. En el PP también defienden la ordinalidad del sistema. Un responsable económico del partido aseguró este fin de semana a los periodistas que hace falta un “equilibrio para que el que más aporta no quede por debajo” de las demás regiones.

Feijóo ha convocado el próximo domingo a sus barones autonómicos en Zaragoza para una reunión en la que tratarán de unificar una respuesta al Gobierno.

21.000 millones más 

El nuevo modelo diseñado por el Ministerio de Hacienda prevé una inyección de 21.000 millones de euros adicionales, disparando el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones en 2027, cuando entraría en vigor.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha diseñado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

La propuesta que desgranó el viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recibido el aval de la agencia de calificación Standard & Poor’s, que pone en valor los mayores recursos que recibirán las comunidades. Esto las acercaría al objetivo que persigue Hacienda: que los gobiernos regionales puedan financiarse en los mercados y someterse a su disciplina. Pero pone en duda que salga adelante, precisamente por lo precario de la mayoría que sustenta el Gobierno.

La ministra Montero lleva meses reclamando al PP de Feijóo que acuerde una postura única para cerrar la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúnen los consejeros de Hacienda de cada comunidad, la mayoría populares, pero cada uno tiene intereses contrapuestos a la hora de establecer los criterios para repartir los recursos.

El Gobierno trata de trasladar la presión a Feijóo para que ponga orden en el partido, con el argumento de que la reforma del sistema, que se instrumenta a través de una Ley Orgánica, se vota en el Congreso y no en el órgano multilateral. “Si no les gusta el modelo, que propongan el suyo”, dicen fuentes del Ministerio.

De hecho, el Ejecutivo tendría asegurado que la propuesta saliera adelante en el CPFF, de llegar a votarse, porque cuenta con la mitad de los votos en el organismo y solo necesita el apoyo de una de las comunidades (Catalunya, singularmente) para salvar el trámite. El reglamento de la multilateral garantiza a Hacienda el control de lo que se vota y se aprueba. Algo que la Autoridad Fiscal ha criticado recientemente, pidiendo reformar las mayorías para la aprobación de determinados asuntos en estas reuniones. Entre ellos, potenciales reformas del sistema de financiación autonómica.

Para el Gobierno lo importante no es lo que pueda pasar en el CPFF, sino lo que ocurra en el Congreso. A pesar de la complejidad parlamentaria, y de que por ahora no tiene los apoyos suficientes por las dudas que ha suscitado en algunos aliados como Compromís, en Moncloa se muestran confiados en poder sacarlo adelante gracias a Junts, aunque la formación independentista quiera un concierto económico como el de Euskadi o Navarra. 

“El modelo de financiación llegado el momento contará con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario. Junts lo apoyará. Junts cree que Catalunya debe salir del modelo de financiación, pero hay vigente un modelo de financiación caducado que perjudica mucho a Catalunya”, reflexionan fuentes gubernamentales que ponen en duda que se opongan a una propuesta que es “claramente más justa para todos los territorios”. “Llegado el momento pulsarán el 'sí' con el espacio de seguir diciendo que quieren cupo”, agregan. 

Grietas en el PSOE

No obstante, la actual propuesta ha abierto grietas en el propio PSOE. Las dos comunidades en las que gobiernan los socialistas –más allá de Navarra, que está fuera de esta pelea– se oponen al modelo que ha presentado la ministra de Hacienda. 

El más beligerante ha sido Emiliano García-Page, que calificó de “atropello” la reforma y planteó un adelanto electoral. Más allá de las críticas por haber pactado el modelo exclusivamente con Catalunya y ERC y por la “falta de transparencia” de Hacienda, que no ha hecho públicos todos los datos sino exclusivamente los de los recursos adicionales, lo que argumentan en el Ejecutivo manchego es que “el resultado final sería muy positivo para aquellas comunidades con una gran capacidad tributaria” mientras que las que tienen menos músculo seguirían infrafinanciadas, como es el caso de Castilla-La Mancha, que suponen que en las cifras globales estará por debajo de la media. “Es un modelo incompatible con el principio de igualdad”, reprochó el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina. 

También Asturias ha cargado contra el principio de ordinalidad que inspira la reforma y que es una “línea roja” para el Ejecutivo de Adrián Barbón, muy crítico con la propuesta tanto en el fondo como en la forma. “No nos ha gustado que nos pidan adherirnos a un contrato que ya existe”, afirmó la vicepresidenta, Gimena Llamedo, que aseguró que no aceptará “un plato precocinado”. 

“Siempre hemos defendido que la financiación no puede depender únicamente de la riqueza o de la población, sino que debe garantizar la igualdad en la prestación de servicios”, afirmó la número dos del Gobierno regional, que ve avances, como el reconocimiento de costes fijos en el cálculo de la población ajustada, pero tiene recelos también respecto a la distribución del fondo de nivelación horizontal y las competencias no homogéneas. En todo caso, lo que sostienen es que la propuesta es el “punto de partida” y esperan a los resultados que esperan puedan darse de una negociación multilateral antes de dar un 'no' rotundo.

La reacción de la Junta de Extremadura a la propuesta de financiación autonómica del Gobierno, conocida este viernes, ha sido lo contundente que se esperaba. “Basta ya”, ha dicho la consejera de Hacienda en funciones, Elena Manzano, que ha rechazado el modelo e incluso ha avanzado que se plantea un recurso de inconstitucionalidad al considerar que el nuevo reparto “aniquila” las posibilidades de crecimiento de la región porque no recibirá “ni un céntimo más”.

“Ni Cantabria ni Extremadura van a recibir un céntimo más en el sistema de financiación autonómica. Es una auténtica aberración que aniquila el crecimiento de nuestra comunidad autónoma por esa percepción de ingresos que sí van a recibir otros territorios, 4.700 millones de euros paga Sánchez para mantenerse en el poder. Consagra un principio inconstitucional, el principio de ordinalidad que territorializa los ingresos”, ha subrayado Manzano, que el miércoles participará en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se explicará a los Gobiernos regionales la propuesta del modelo de financiación autonómica.

Manzano ha explicado que Extremadura seguirá recibiendo los 4.700 millones de euros que ingresa ahora, y solo se prevé un aumento de 216 millones a través del Fondo de Compensación Interterritorial, que establecerá un tramo específico para las que están por debajo de la media en financiación por habitante. De esta forma, la comunidad, junto con Cantabria, que recibirá 46 millones a través de ese fondo, serán las dos únicas regiones que no verán incrementado sus recursos respecto al modelo vigente de financiación, mientras que, por ejemplo, Catalunya recibirá 4.686 millones más; la Comunitat Valenciana ingresará 3.669 más, y Madrid, 2.555 millones más, ha detallado la consejera.

Así las cosas, Manzano ha recordado que ese fondo de compensación “lo que tiene que hacer es corregir desequilibrios interterritoriales, no garantizar la suficiencia financiera autonómica”. “Yo quiero recursos suficientes. Y recursos suficientes no tengo a día de hoy. No los tenemos”, ha aseverado la responsable extremeña en funciones, que ha señalado que Extremadura defenderá “los principios de justicia y de igualdad y de solidaridad”.

“Vamos a exigir una financiación suficiente para Extremadura y que después el Fondo de Compensación Interterritorial realice el principio de solidaridad, pero a través de ese fondo no se va a suplir el hecho de no recibir ni un céntimo”, ha subrayado en declaraciones a los medios este viernes en Cáceres.

La responsable extremeña de Hacienda ha subrayado que el modelo propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez “es una verdadera injusticia” que va a lastrar el crecimiento de Extremadura, “al que sí tienen derecho otras comunidades autónomas”. Por eso, “nosotros no nos vamos a conformar. Han sido muchos años de una financiación insuficiente. Han sido muchos años de mirar siempre a los mismos territorios. Han sido muchos años de falta de inversión, de infraestructuras en nuestra región, de conectarnos con el resto del territorio, de poder crecer”, se ha lamentado Manzano, que no ha descartado la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad en el caso de que el modelo salga adelante.

Y es que, según ha explicado, en la Constitución Española “se habla de igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos, de que podemos elegir vivir aquí, de que podemos elegir vivir en Extremadura”, algo que se dificulta con la nueva financiación en la que tampoco se tiene en cuenta la extensión del territorio en una región como la extremeña en la que la prestación de servicios tiene un coste mayor por la dispersión de la población.

Este cálculo solo muestra el aumento de los recursos de cada comunidad autónoma por habitante entre el total de población cada territorio, según el nuevo modelo del Gobierno. No pondera variables que influyen en el coste de los servicios como la superficie, la dispersión de la población, la estructura demográfica o la insularidad, que se incluyen en los cálculos para determinar las necesidades de cada territorio en el modelo de financiación autonómica.

Por ello, ha pedido un reparto “más justo” de los 325.000 millones de euros que recauda el Estado en este año, que “es el doble de lo que recaudaba en el año 2009”, que es cuando se aprueba el otro modelo de financiación autonómica.

Recurso de constitucionalidad

Si el nuevo modelo sale adelante, Extremadura planteará “todos los medios legales establecidos en el ordenamiento jurídico vigente para defender la igualdad de los extremeños”. “Este Gobierno actúa y va a reivindicarlo siempre, por supuesto también en los tribunales”, ha asegurado Elena Mano, que también ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que, según ha dicho, “le importa muy poco el ordenamiento jurídico vigente, le importa muy poco la Constitución que ha jurado cumplir, le importa muy poco lo que dice la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y le importa muy poco lo que dice la ley reguladora del sistema de financiación autonómica”.

Respecto a las formas, también se ha referido a la reunión de Sánchez con Oriol Junqueras, que “no representa a una comunidad autónoma”. “Es un señor que está inhabilitado, que no representa a ningún territorio, aunque defiende muy bien los intereses de ese separatismo catalán, para pactar algo que nos afecta a todas las comunidades autónomas, para negociar con el dinero de todos los españoles”.

“El modelo de financiación autonómica, tal y como dice la Constitución y la LOFCA, tiene que pactarse en el seno de un órgano multilateral, tiene que abordarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es quien tiene la competencia para aprobar ese modelo, para regular, para proponer ese modelo”, ha defendido. Por ello, Manzano ha afeado que no se haya trasladado primero a las comunidades las líneas generales de ese modelo de financiación que tiene que plasmarse en una ley orgánica, establecer un articulado que modifique la LOFCA y aprobarse en el Congreso de los Diputados.

“Tendríamos que haber conocido el modelo mucho antes, porque así se respetan las instituciones y así se respeta lo que representa el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, ha concluido Manzano que ha rechazado que “frontalmente” que de los 21.000 millones de euros que repartirá el nuevo sistema de financiación, Extremadura no reciba “ni un céntimo de euro más” por un modelo “pactado” de forma “bilateral” con Catalunya.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este lunes para dar el visto bueno a la nueva senda de estabilidad que este martes aprobará el Consejo de Ministros ha servido para que la ministra de Hacienda María Jesús Montero anunciase que permitirá que las comunidades autónomas incurran en un déficit del 0,1% del PIB durante los tres ejercicios siguientes, lo que supone unos 5.500 millones de capacidad de gasto adicional.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, llegaba a la reunión expresando la preocupación del Gobierno de Castilla-La Mancha “por el retraso en la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2025” y también “por la falta de información” en relación con los asuntos incluidos en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera, especialmente los vinculados al nuevo modelo de financiación autonómica.

Lo decía a los medios minutos antes del encuentro en Madrid, acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández Perlines. En su opinión, “algo no funciona en el sistema” si a fecha de 17 de noviembre, aún se desconocen aspectos esenciales para elaborar las cuentas autonómicas como es el “incremento retributivo de los empleados públicos” para el presente ejercicio y el próximo.

Ha recordado que en Castilla-La Mancha se trabaja con el objetivo de que los presupuestos entren en vigor el 1 de enero, por lo que ya se ha iniciado el trámite parlamentario. De hecho, este mismo lunes todos los consejeros han iniciado sus comparecencias para explicar qué harán en 2026 con el presupuesto asignado.

Mientras, el responsable de Hacienda en Castilla-La Mancha ha defendido la necesidad de que las comunidades autónomas puedan hacer uso de manera real y efectiva del “principio de autonomía financiera”, evitando estar “al albur” de las decisiones que llegan desde Madrid.

En estos términos, el consejero ha señalado que lo que es bueno para el Gobierno nacional, en la medida que es el paso previo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, “es perjudicial para las comunidades autónomas que tenemos que elaborar los presupuestos sin datos que son fundamentales para aprobar un presupuesto que sea realista”.

La reforma de la financiación autonómica

La ministra Montero ha trasladado también a las comunidades autónomas que presentará en dos meses una reforma de la financiación autonómica, aunque el titular de Hacienda de Castilla-La Mancha se mostraba escéptico. “Yo creo que no, ya me gustaría a mí que estuvieran dos meses” y en este aspecto aventuraba: “A lo mejor nos lo dan todo precocinado desde Barcelona”.

Sobre la financiación autonómica ya se habían pronunciado antes tanto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como el consejero de Hacienda. Page decía de forma previa a la reunión que “si se quiere un acuerdo” lo primero que hay que hacer es que solo haya una mesa de negociación y rechazar “todo tipo de privilegios”.

Ha vuelto a rechazar cualquier tipo de financiación singular que distinga a territorios porque “la sanidad, la educación y las prestaciones sociales no permiten ningún tipo de privilegio”. “No se trata de que haya sólo más dinero, sino de cómo se reparte”, ha dicho el presidente castellanomanchego, quien insiste en que “puede haber más dinero”, pero es que también “hay muchísimos más costes”. “¿O es que se creen que el IPC sólo sube para el Mercadona? El IPC le sube a todos, a la Administración en primer lugar”.

Defiende el principio de igualdad frente a la ordinalidad

Mientras Ruiz Molina ha lamentado no haber recibido “ni un solo documento” pese a que, “según los medios de comunicación, única fuente de información disponible, existen papeles y avances sobre el nuevo modelo”.

Además, el consejero de Hacienda ha mostrado su contrariedad por “la satisfacción” que Esquerra (ERC) ha manifestado “en algunas ocasiones”, ante la negociación que mantiene con el Gobierno central y el PSC y que se ha difundido a través de la prensa. Y ha considerado que, “si ERC está satisfecha es que algo no cuadra”.

También ha reiterado una “oposición total al principio de ordinalidad”, una regla fiscal que tras nivelar la financiación de las comunidades autónomas permitiría a las más ricas mantener su posición en el ranking, aunque la diferencia se reduzca. En Castilla-La Mancha se considera que “va en contra de los valores que defendemos en el Partido Socialista” y sostiene que el Gobierno de García-Page se ha defendido siempre que el nuevo modelo de financiación debe garantizar el principio de igualdad.

Ha recordado también que Castilla-La Mancha sigue reclamando un fondo transitorio de compensación para aquellas comunidades autónomas que, recordaba, “objetivamente como dicen los estudios y el propio Ministerio de Hacienda, estamos infrafinanciadas”.

A la salida de la reunión ha explicado que en el encuentro ha trasladado su queja por el hecho de que se esté negociando con Catalunya de forma bilateral y “exclusivamente” y que la ministra lo ha negado. “Parece ser que son los medios de comunicación los que tienen la culpa porque toda la información que tengo sobre esas negociaciones viene de los medios de comunicación. Parece que no ha habido reuniones pero todos sabemos que las ha habido e incluso, que ha habido también papeles”, comentaba.

“A este consejero no nos gustan los platos precocinados, nos gusta estar en los fogones, en la cocina y por lo tanto si dicen que es un sistema que es aplicable a todas las comunidades autónomas de RGP [régimen común]”, advertía. “En común tenemos que estar desde un primer momento en toda la negociación”.

De esgrimirlo como bandera a esconderlo para que no estorbe. Si hace tres semanas el Govern de la Generalitat proclamaba que la ordinalidad debía ser una cuestión “fundamental” en el nuevo pacto de financiación con el Gobierno, el pasado martes la consellera portavoz, Sílvia Paneque, consiguió esquivar esta palabra durante las cerca de dos horas que duró la rueda de prensa semanal.

Las conversaciones con el Ministerio de Hacienda avanzan y, según coinciden tanto en el Ejecutivo catalán como en ERC, el acuerdo final comienza a atisbarse, aunque no será inminente. No llegará, seguro, para el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo lunes y podría hacerse esperar aún unos meses. Pero la ordinalidad, bien sea como palabra tabú o bien como principio de difícil encaje, emerge como uno de los escollos más duros en la recta final de la negociación.

La batalla por la nueva financiación de las autonomías se libra en escenarios diversos. Uno es el pulso, hasta ahora pospuesto, entre el Ministerio de María Jesús Montero y las comunidades del PP, que tuvo su antecedente en la negativa de la mayoría de ellas a la condonación de parte de la deuda autonómica. Este lunes volverá a constarse que las autonomías gobernadas por la derecha son una pared ante las pretensiones de Montero.

El otro escenario es más fácil de encauzar aunque también enrevesado, porque deberán hacerse muchos equilibrios entre Hacienda, el Govern y ERC para presentar un modelo que pueda encajarse, ni que sea de forma aproximada, dentro del ambicioso pacto que socialistas y republicanos firmaron a cambio de la investidura de Salvador Illa.

Consenso catalán en torno a la ordinalidad

La “financiación singular” de la Generalitat era el gran reclamo de ERC, que durante la legislatura que presidió el Govern fue cambiando huevos del cesto del referéndum acordado al de la mejora de los recursos para Catalunya. Sin embargo, esa “singularidad” ha acabado diluyéndose por la condición, aceptada por los de Oriol Junqueras, de que cualquier esquema que se aplique para Catalunya debe poder ser generalizable para el resto de comunidades de régimen común.

Fue así como socialistas y republicanos forjaron un consenso en torno a un concepto menos ambicioso que el concierto fiscal con el que soñaban los independentistas, pero también más fácil de contener en el actual marco legal: la ordinalidad. En octubre pasado el Parlament certificó que este es un principio capaz de poner de acuerdo a una mayoría de las fuerzas catalanas.

La ordinalidad consiste en que, a la hora de repartir, las comunidades autónomas queden en la misma posición de la que parten a la hora de recaudar, es decir, que no puedan recibir una financiación por habitante menor que otra comunidad en la que se recauda menos de media.

El problema que Catalunya ha tenido, igual que comunidades como Illes Balears o Madrid, es que, con los datos de 2021, ha recibido una financiación por habitante más baja que otras 11 autonomías, pese a ser la tercera en aportar por habitante. Por eso la demanda de la ordinalidad va más allá de Catalunya y suma, por ejemplo, a la presidenta balear, Magda Prohens, una voz del PP que reclama que su comunidad no pierda hasta siete posiciones entre lo que recauda y lo que recibe.

Históricamente, la demanda de una financiación que atienda al principio de ordinalidad no ha entendido de colores políticos sino de territorios. En Catalunya, Balears y Comunitat Valenciana es una idea que han defendido políticos de todo el espectro. El Gobierno de Ximo Puig llegó a remitir en 2015 una propuesta valenciana para la reforma de la financiación que, entre otras cosas, introducía el principio.

“Catalunya y Balears pueden poner sentido común sobre la mesa”, aseguró este viernes el president Salvador Illa, que reclamó un debate en el Consejo guiado por el “rigor y la mirada larga” y que dejé atrás los reproches. Precisamente durante una visita a Palma, Illa remarcó que percibe “un amplio consenso en que el modelo actual está caducado y no responde a las necesidades reales”.

Defender el principio o la palabra

El concepto de ordinalidad es de consenso en Catalunya pero, sobre todo enunciado con este nombre, genera muchos recelos en el Ministerio de Hacienda. Más aún de cara a la campaña de la ministra Montero como candidata a la presidencia andaluza. Andalucía es, curiosamente, la única comunidad que según los datos de 2021 ni gana ni pierde puestos en el reparto: es la decimotercera a la hora de recaudar y la decimotercera en financiación por habitante.

En julio pasado, la ordinalidad ya fue el punto central de la discusión entre el Gobierno y el Govern, que acabaron cerrando un acuerdo bilateral en el que la palabra aparecía en el preámbulo pero no en la parte dispositiva. Un truco que funcionó para contentar a ambas partes. El Govern ha exhibido esta semana otra maña: utilizar la definición pero no la palabra. Así pues, Sílvia Paneque reclamó un acuerdo que diera a Catalunya unos ingresos “adecuados al esfuerzo que hace en términos económicos y de generación de riqueza”, pero evitó pronunciar el término proscrito.

“Nosotros defendemos el concepto, porque es lo que garantiza unos ingresos suficientes [para Catalunya] no solo el primer año, sino todos los años y sea cual sea la situación económica. Pero si no le quieren llamar ordinalidad y prefieren decir posicionamiento, la discusión no será sobre la palabra”, explican fuentes de ERC.

Los republicanos indican además que ellos no han renunciado a introducir “elementos de singularidad” en el modelo. Apuntan en concreto al IVA de las pymes como elemento a tener en cuenta, ya que Catalunya es la comunidad que saldría más beneficiada si, para calcular los ingresos, se computasen las empresas en el lugar donde tienen la sede fiscal, tal como defienden la propia ERC y también el Govern.

Después de que hace unas semanas los republicanos tensasen al máximo la cuerda de la negociación con Montero, fuentes de la formación aseguran que el momento de bloqueo ha pasado y que ahora trabajan a buen ritmo con Hacienda. En ERC entienden que el Consejo de Política Fiscal responde a la urgencia de la vicepresidenta por cerrar el reparto de déficit entre las comunidades y la administración central, imprescindible de cara a presentar unos presupuestos, por lo que quitan importancia a lo que pueda salir de ese foro sobre la financiación autonómica.

La propia Montero confirmaba este viernes que su intención es llevar el próximo martes al Consejo de Ministros la senda de estabilidad y el techo de gasto. La titular de Hacienda ha recordado que el lunes se celebra la reunión con las autonomías y la Comisión Nacional de Administración Local, ambos órganos preceptivos y el primer paso para abrir el trámite presupuestario.

En el partido de Oriol Junqueras creen que Montero tiene mucho interés en que las cifras del primer año tras la reforma supongan una clara mejora para todas las comunidades autónomas. Lo que preocupa es que eso pueda maquillar una propuesta de modelo que, en la práctica, supondría pocos cambios respecto al actual, lo que no garantizaría que la mejora de la financiación se mantenga ante una eventual una crisis económica. Si este acaba siendo el esquema, aseguran los republicanos, el acuerdo peligraría.

El Ministerio de Hacienda y ERC llegaron el pasado lunes a un punto de bloqueo en las conversaciones sobre la nueva financiación autonómica, que los republicanos han convertido en su talismán de la legislatura. Después de haber mantenido una docena de reuniones desde la vuelta del verano, algunas a tres bandas junto al Govern, en la última sesión los republicanos consideraron que había llegado la hora de constatar que había un desacuerdo de fondo.

Los de María Jesús Montero tienen ya prácticamente cerrada una propuesta de modelo para el conjunto de las autonomías. Según fuentes al corriente de los números del Ministerio, el nuevo reparto supondría una mejora de los ingresos de la Generalitat de Catalunya de algo más de 4.000 millones, una cifra que los de Oriol Junqueras no ven mal de entrada.

Sin embargo, en ERC están muy molestos porque creen que, aunque la cifra final sea razonable, el modelo que ofrece Hacienda no garantiza, no ya una ordinalidad estricta, sino que Catalunya mejore alguna posición de ingresos por habitante respecto a la situación actual. De tal forma que los miles de millones que se ganarían en un año de bonanza económica como el presente podrían convertirse en infrafinanciación si llegase una peor recaudación, algo que ya ocurrió con el anterior modelo.

El Ministerio, por su lado, ve su oferta a las comunidades como generosa y equitativa. La clave estaría en mejorar más de 20.000 millones de euros los ingresos del conjunto de las autonomías a cambio de una merma en los de la Administración General del Estado. Un reequilibrio hacia las administraciones que sostienen el grueso de la política social.

No hay sobre la mesa ninguna singularidad para Catalunya en el esquema previsto por Hacienda, ni tampoco se contempla la ordinalidad, pese a que en Catalunya es una reclamación de consenso. El argumento central del Gobierno es que cualquier reforma de la financiación debe contar con votos suficientes en el Congreso. Algo que, entienden, no ocurriría si se llevase adelante la financiación singular tal como quedo pactada entre ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa.

Mientras que el Govern de Illa trata de ponerse de perfil y quitar peso al concepto de ordinalidad, en ERC avisan de que presentarán batalla. Que el sudoku de la nueva financiación garantice unos ingresos para la Generalitat acordes al nivel de recaudación que se efectúa en Catalunya es un mínimo que en Esquerra no están dispuestos a rebajar. Aunque no prevén, bajo ningún concepto, levantarse de la mesa, han manifestado al Ministerio que el acuerdo está muy lejos.

En esta tesitura y después de varios aplazamientos, en Hacienda han optado por convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera sin esperar a llegar a un entendimiento, ni siquiera parcial, con ERC. El día 3 de noviembre está marcado en el calendario como fecha idónea, aunque esta vez incluso podría celebrarse un día diferente al lunes. La idea es presentar a las comunidades los números sobre el techo de gasto, algo necesario para avanzar en los Presupuestos.

Pero es inevitable que en ese mismo foro aparezca la cuestión de la financiación. “Si Montero dibuja un marco general o unos principios, nada que decir, pero si presenta el modelo que nosotros conocemos como definitivo, hasta aquí hemos llegado, ya nos veremos en la tramitación”, aseguran, contundentes, fuentes de ERC.

El momento es de máxima tensión no solo por la relación entre el Gobierno y ERC, sino por los efectos de bloqueo que esto puede tener en los Presupuestos de Sánchez y de Illa. Ambos llevan desde el principio de la legislatura sin cuentas y, sobre todo, el president tiene prisa por consolidar su mayoría de la investidura jalonando una nueva ley económica. Algo que, sin acuerdo de Junqueras y Montero, no pasará.

La recaudación del IRPF también se estanca

El pacto entre PSC y ERC suponía un nuevo modelo de financiación singular para Catalunya que respetase la ordinalidad y, además, en el que la recaudación del conjunto de los impuestos se hiciese desde la Generalitat. Esta segunda pata de la negociación, la de la Agencia Tributaria Catalana, parecía a priori lo menos difícil a nivel político, pese a que desde el punto de vista técnico nadie negaba su complejidad.

PSC y ERC, junto al Gobierno, llegaron a negociar la proposición de ley que modificaba diversas normas para habilitar a la Generalitat a recaudar, momento en el que podría desplegar su Agencia Tributaria, con horizonte en 2028. Pero desacuerdos de último momento hicieron que finalmente fuese el grupo republicano quien registrase esta proposición en solitario.

Los de Junqueras han avisado reiteradamente que dar trámite a esta iniciativa es fundamental para que haya acuerdo en lo demás. Pero, en las últimas semanas, la negociación sobre la recaudación también se ha ido envenenando, ya que Hacienda considera que no es una cuestión prioritaria. Los republicanos aseguran que, sin ser una línea roja, el hecho de que la parte de la recaudación no avance ha proyectado desconfianza en las conversaciones sobre el modelo de financiación.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado este miércoles contra el Partido Popular y los ejecutivos autonómicos que encabeza, ante su rechazo a la quita de la deuda a las regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

“Es el no por el no y en este caso aún a costa de hacerse daño”, ha afirmado García-Page a los medios de comunicación, durante su visita institucional a Nyíregyháza, en Hungría. “No entiendo que en el PP que toda la vida se pasen diciendo que no hay que tener deudas, que hay que ser rigurosos, que hay que cumplir con las leyes, resulta que ahora no quieren prescindir de la deuda”, ha señalado. “Es algo verdaderamente increíble”, ha añadido.

El mandatario regional ha subrayado que el endeudamiento limita la capacidad de maniobra de las administraciones autonómicas en servicios públicos, como la sanidad o la educación.

En este sentido, ha calificado de “absurdo” el posicionamiento de los gobiernos regionales encabezados por el PP, instándoles a “no recibir consignas, simple y llanamente actuar conforme a los intereses de su propia región”.

Por otra parte, García-Page ha defendido su posición, que ha calificado de “coherente”, al ser un planteamiento “para el conjunto de las comunidades autónomas. ”Me parece que va en la dirección de mejorar nuestro sistema de financiación“ y que coincide con la reivindicación que Castilla-La Mancha ha mantenido respecto a la deuda.

“Quitar toda la deuda que suscribió Cospedal, más de 6.500 millones”

El presidente castellanomanchego ha argumentado que la reforma de la financiación autonómica arrastra “11 años de retraso”, lo que ha conducido a que alguna regiones se hayan “tenido que ir endeudando simplemente para mantener las cosas tal y como estaban por falta de financiación del Estado”.

“Digamos que el Estado no regala nada, el Estado simplemente compensa el retraso en la financiación autonómica, en este caso para reducir deuda”, ha declarado.

En esta línea, ha señalado que “la compensación en Castilla-La Mancha no es ni siquiera la que buscábamos” planteando que su aspiración era “quitar toda la deuda que suscribió Cospedal, más de 6.500 millones”.

El Gobierno está convencido de que la propuesta para que el Estado asuma más de 80.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas le ha servido para matar dos pájaros de un tiro. Primero, porque desbloquea uno de los grandes pactos pendientes con ERC y allana en buena medida el devenir de la legislatura en el Congreso. Y, segundo, porque sitúa al PP entre la espada y la pared. Entre la estrategia de oposición de Feijóo a Sánchez y la necesidad de recursos de los presidentes autonómicos.

En la Moncloa creen que a los populares les resultará “muy difícil explicar” su negativa a poder disponer de miles de millones de euros “para mejorar los servicios públicos” de sus administraciones. Y ponen a la consejera de Economía de la Junta de Andalucía como ejemplo de las contradicciones de la derecha. “Carolina España afirmó en noviembre de 2023 que Andalucía aceptaría una quita como la de Catalunya siempre que llegara como mínimo a los 17.000 millones. Ahora dice que 18.000 son una oferta trampa y un traje a medida par Catalunya”, señaló Pilar Alegría durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros en referencia a dos declaraciones públicas opuestas de la consejera de Juanma Moreno.

Las expectativas para que este miércoles se produzca algo parecido a un consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera son exactamente cero porque la orden de Génova es nítida y el PP ya ha sido explícito sobre su rechazo. Al menos en ese foro. “Los presidentes del PP van a votar que 'no'. Van a votar que 'no' a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la Presidencia del Gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas de Catalunya”, anunció Feijóo el lunes.

Lo que está por ver es que, llegada la hora de la verdad, los once presidentes autonómicos del PP se atrevan a rechazar un montante de dinero que desahogaría de manera decisiva la situación financiera de muchas administraciones para lo que queda de legislatura. El Gobierno piensa, de hecho, que lo que ocurrirá es que el PP escenificará su estrategia del no a todo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y luego, en su momento, en el Congreso de los Diputados. Pero que, al final, todos, “sin excepción”, se acogerán a la quita y a los beneficios de la misma.

“La conclusión es que dan igual las medidas que se pongan encima de la mesa, que beneficien a los ciudadanos, que sean buenas, porque el PP siempre va a votar que no si es una medida que propone el Gobierno de España”, lamentó la portavoz del Ejecutivo este martes. En los pasillos del Senado, María Jesús Montero insistió en esa línea. “Lo que no se entiende es que cuando se da algo positivo, también el PP se ponga en contra. Yo vaticinaría que si la ley sale adelante no va a haber ningún territorio que no firme el convenio”, apuntó la ministra de Hacienda, que definió como “puro tacticismo político” que el PP ponga “siempre por delante el interés miope de Génova frente al interés de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, incluso de las que gobiernan”.

Aunque los barones del PP han salido en tromba en las últimas horas a criticar la quita de la deuda, ninguno de ellos ha anunciado su intención de rechazar la medida. Preguntado de forma reiterada por los periodistas en su habitual rueda de prensa de los martes, Miguel Tellado insistió en que las comunidades que gobierna su partido votarán 'no' el miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero no quiso o no pudo asegurar que ninguna de las once autonomías que preside el PP se adherirá a un mecanismo que Montero detalló como un “convenio individual” que cada comunidad autónoma tendrá que firmar llegado el día.

Choque en el Consejo de Política Fiscal

Este miércoles, la propuesta de condonación o quita de deuda a las comunidades autónomas del régimen común (todas menos Euskadi y Navarra) del Ministerio de Hacienda pasará su primer examen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El funcionamiento de este órgano facilita que la propuesta tenga garantizada su aprobación. Hacienda cuenta con la mitad de los votos, por lo que solo necesitará un voto más, que será, como mínimo, el de Catalunya, gobernada por el PSC y de donde proviene la iniciativa de esta propuesta, incluida en el pacto entre PSOE y ERC para la investidura del presidente Pedro Sánchez en 2023. 

Aquí aparece una de las claves de la quita de deuda. Este lunes por la mañana, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, adelantó el “acuerdo” con el Gobierno para que sean condonados 17.104 millones de euros de deuda de Catalunya. Horas después, la vicepresidenta primera María Jesús Montero confirmaba que la condonación de deuda se extendía a “todas” las comunidades autónomas, en esta información se explican todas las cifras.

La ministra de Hacienda admitió que le parece “perfecto” que Esquerra Republicana de Catalunya hiciera público el acuerdo antes que ella. “Eso siempre da seguridad a aquello que se va a plantear, porque significa que cuenta con el visto bueno de aquel que fue promotor de esta medida”, aseguró.

Las once regiones del régimen común gobernadas por el PP pueden rechazar la propuesta “gratis” en este Consejo de Política Fiscal y Financiera. La complejidad de mantener esa oposición aumenta cuando el asunto pase por el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno necesita el apoyo de la mayoría de los grupos. Del plano territorial, se pasa al parlamentario.

Sobre la oposición del PP, María Jesús Montero ironizó inicialmente: “Evidentemente, esto es voluntario. Significa que las comunidades autónomas que posteriormente a la aprobación de la ley no quieran adoptar esta medida, que no quieran que se les condone su deuda, que no se preocupen”. Este martes, en los pasillos del Senado, aclaró esta afirmación: “Una vez que se aprueba la ley, después los territorios tienen que firmar los convenios para aceptar voluntariamente esa aplicación”.

'Castigo' a las comunidades que han hecho competencia fiscal a la baja

El reparto de la condonación o quita de la deuda sigue criterios “técnicos y transparentes” según “la población ajustada de cada territorio, el sobreendeudamiento en la anterior crisis financiera y el esfuerzo fiscal [fases 1, 2 y 3, en el primer gráfico de esta información]” de los últimos años, explicó la ministra de Hacienda este mismo lunes.

En la tercera fase de ajuste, hay otra clave importante de la propuesta de Hacienda. En sus cálculos premian a las regiones que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en IRPF. Es decir, que hayan exigido un mayor esfuerzo fiscal a sus contribuyentes, que no hayan bajado impuestos.

Este último ajuste se ha ceñido a la parte del IRPF que depende de las comunidades autónomas, pero evita entrar en otros impuestos cedidos a las comunidades, como Patrimonio o Sucesiones, que los gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid o Andalucía han utilizado para hacer competencia fiscal a la baja en los últimos años.

Precisamente, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se mostró este lunes a favor de la propuesta de Hacienda para condonar la deuda a las comunidades autónomas, pero pidió a su socio de Gobierno que sea a cambio de una condicionalidad: que esos gobiernos no bajen los impuestos a la riqueza, en un claro mensaje a las dirigidas por el Partido Popular.

“Si la ley termina aprobada en los términos que hemos planteado, porque requiere de una ley, no hay condicionalidad”, aclaró la ministra de Hacienda este lunes. “Esta condonación se asume por parte del Estado y no hay ninguna contraprestación que nos tengan que hacer las comunidades autónomas. Lo he dicho desde el primer momento: somos generosos porque creemos en el Estado de las autonomías y creemos también en que hubo un perjuicio a las comunidades autónomas en la anterior crisis financiera que provocó un sobreendeudamiento”, reiteró.

En la práctica, esta condonación o quita de deuda, que proviene de la reivindicación de Catalunya y que el Ministerio de Hacienda ha extendido a “todas” las comunidades, ahorrará aproximadamente entre 5.000 y 7.000 millones en intereses a los que hacen frente las Administraciones regionales. Un coste que recaerá en el conjunto del Estado. En otras palabras, son intereses de la deuda que dejan de pesar en los presupuestos regionales y pasan a la Administración central, aunque sigue siendo “dinero de todos los españoles”. Es por eso, que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en que es una “medida generosa” por parte del Gobierno.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aceptado con satisfacción la propuesta del Gobierno central respecto a la cifra de condonación de la deuda por casi 5.000 euros para la región, pero ha rechazado el reparto del impuesto a la banca que se pretende distribuir entre las comunidades autónomas.

En rueda de prensa, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha expresado la opinión de la región respecto a estos asuntos que se abordarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tendrá lugar este miércoles.

“Este Gobierno reconoce lo que está bien, que es la condonación, pero reconoce también lo que está mal, y es repartir los impuestos en función de la riqueza de las regiones. Miramos exclusivamente por los intereses de la región y desde luego no hacemos de la financiación una lucha partidista como está haciendo el Partido Popular”, ha manifestado. Un mensaje al que este mismo martes se sumaba también la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

Respecto a los tiempos para que el Ministerio de Hacienda trasladara a las regiones este reparto, el consejero castellanomanchego ha considerado que los titulares del ramo podrían haber estado informados “antes de que lo anunciara el líder de ERC, Oriol Junqueras”.

“Entre los tuits que mandó Junqueras y el correo que recibimos en la consejería del Ministerio de Hacienda, hay un minuto de diferencia. Parece que se estaba esperando a que Junqueras mandara el tuit para luego mandarnos a nosotros el correo. Yo creo que han fallado las formas, pero yo me quedo con el fondo, y el fondo es que Castilla-La Mancha sale muy beneficiada de este proceso de condonación de deuda”.

En primer lugar ha expresado la satisfacción con la cuantía, también porque se produce condonación y del mismo modo, por la metodología aplicada, pues “satisface nuestras expectativas”, ha valorado Ruiz Molina.

Esta condonación para Castilla-La Mancha representa el 30,5% de la deuda computada el 31 de diciembre del 2023, que también está muy por encima de la condonación media del conjunto de las comunidades autónomas, que sería del 26,7 por ciento

Juan Alfonso Ruiz Molina — consejero de Hacienda

Desgranando cómo afecta a la región esta propuesta, Castilla-La Mancha es la comunidad “a la que más se le condona deuda por habitante ajustado”, con 2.319 euros por habitante ajustado, cuando la media es de 1.874 euros.

Asimismo, es la segunda comunidad autónoma, después de Andalucía, que como consecuencia de esta condonación “más reduce la ratio de deuda en relación al PIB”, pasando de una ratio de deuda del 30% al 20%.

“Esta condonación para Castilla-La Mancha representa el 30,5% de la deuda computada el 31 de diciembre del 2023, que también está muy por encima de la condonación media del conjunto de las comunidades autónomas, que sería del 26,7 por ciento”, ha añadido.

Castilla-La Mancha reclama la condonación desde 2017, según el consejero

Ha querido aclarar que la región no recibe 5.000 millones de euros, sino que se reduce esa cantidad de la deuda que la Comunidad Autónoma mantiene con el Estado.

Desconoce el Gobierno de Castilla-La Mancha qué deuda les condonará el Estado, “si la más antigua o la más moderna”, con tipos de interés que pueden ir del 0,3% o tipos del 3%, algo que dependerá de las negociaciones bilaterales entre ambas administraciones.

“La repercusión en la carga financiera que tenemos que soportar anualmente por parte de la Comunidad Autónoma variará de unas cuantías muy pequeñas a unas cuantías muy grandes, pero estimo que pudiera rozar los 100 millones de euros”, ha precisado el consejero.

La cifra es coherente “con los criterios defendidos desde el Gobierno regional” cada vez que ha hablado de las finanzas públicas, coincidiendo con el objetivo de máximos en relación a esa quita de la deuda, teniendo en cuenta la infrafinanciación de Castilla-La Mancha durante el periodo de tiempo de vigencia de este modelo de financiación.

Desde 2017 Castilla-La Mancha viene reclamando esta condonación, tanto en la etapa en la que gobernaba el PP y ahora con el PSOE, ha reivindicado Ruiz Molina.

Aceptar esta condonación “no es óbice” para que el Gobierno regional siga reclamando al Estado que presente una metodología para establecer un nuevo modelo de financiación autonómica, y así lo trasladará este miércoles Ruiz Molina en el CPFF.

La crítica: el reparto del impuesto a la banca

Respecto al reparto del impuesto a la banca, Ruiz Molina ha expresado su rechazo porque considera “muy difícil explicar a la sociedad que se recauda un impuesto a los más ricos, en este caso a la banca, para repartirlo no a los más pobres”, sino precisamente a las regiones más ricas, si la riqueza se mide en términos de Producto Interior Bruto.

Aceptar este criterio, el de que un impuesto se redistribuya entre las comunidades autónomas de acuerdo con su riqueza, supone aceptar la financiación singular para Catalunya

Sería un “Robin Hood” pero “al revés”: recaudar impuestos a los ricos “para dárselo a los más ricos”, algo que atenta contra el principio de igualdad y contra la socialdemocracia, ha criticado el consejero.

“Aceptar este criterio, el de que un impuesto se redistribuya entre las comunidades autónomas de acuerdo con su riqueza, supone aceptar la financiación singular para Catalunya”, ha aseverado.

Con un mensaje claro al líder del PP en la región, Paco Núñez, el consejero de Hacienda le ha pedido que sus diputados en el Congreso voten a favor de esta propuesta de condonación, un rechazo “muy difícil de explicar a los ciudadanos”.

Reduciéndolo a las familias, sería como rechazar que el banco proponga una reducción de un préstamo hipotecario. “Escuchando a Núñez, hay una falta de coherencia, teniendo en cuenta además que el PP en la época de Cospedal son los causantes de la gran acumulación de deuda que tiene Castilla-La Mancha”.

Desde el PP, la secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular, Carolina Agudo, critica que se aplauda la condonación de la deuda a Catalunya - en realidad la quita es para todas- y que eso suponga “llevarse el premio de consolación”.

A su juicio, el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, “lo que está consiguiendo es que lo que se va a perdonar a los castellanomanchegos por deuda regional, vamos a tenerla que pagarla como españoles por deuda nacional”.

“Page es el gancho perfecto de Sánchez para que nuestra región siga infrafinanciada”, ha criticado Agudo, que insiste en que el presidente autonómico está a “otra cosa”, pues en lugar de estar “alarmado” por la sanidad regional, “está aplaudiendo las cesiones y decisiones de Sánchez a sus socios independentistas como ese perdón de 17 mil millones de euros”.

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, se ha mostrado muy crítica con las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que en bloque han rechazado la quita de deuda autonómica, asegurando que “no están teniendo en cuenta” a los habitantes de sus respectivas regiones. Un rechazo al que también se ha sumado el presidente del PP en la comunidad autónoma, Paco Núñez.

En concreto, la propuesta para Castilla-La Mancha es una condonación de la deuda que asciende a casi 5.000 millones de euros, el 29,9% del total.

“Tendrán que explicar a sus vecinos y a sus vecinas por qué no quieren que el Gobierno de España se haga cargo de esa deuda donde gobierna el Partido Popular”, ha indicado Tolón, preguntada este martes en Toledo por los medios sobre la posición adoptada por los gobiernos 'populares'.

“La condonación de la deuda supone que el Gobierno de España se hace cargo de una deuda importante de las comunidades autónomas. En este caso, en Castilla-La Mancha, del 30% de la deuda. Y esto supone reforzar los servicios públicos en las comunidades autónomas por parte de las autonomías”, ha defendido.

De ahí que haya insistido en que las comunidades que rechacen esa quita, “tendrán que explicar a sus vecinos y a sus vecinas por qué no quieren que el gobierno de España se haga cargo de esa deuda”.

“Eso, de alguna forma, va en detrimento de los servicios públicos. Y yo creo que hay que poner por encima el interés general a los intereses de los partidos políticos, en este caso del Partido Popular, que lo único que hace es poner trabas para que los ciudadanos tengan que pagar más y tengan todavía peores servicios públicos en muchas comunidades”, ha terminado criticando.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), dirá 'no' a la condonación por el Estado de la deuda de la comunidad, al considerar que es “una trampa” que “discrimina” a la autonomía. Así se ha pronunciado la líder del PP cántabro antes de conocer este miércoles los detalles exactos de la propuesta del Ministerio de Hacienda, que se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

“La posición del Gobierno de Cantabria es clarísima desde el primer momento y no ha cambiado en absoluto porque a nosotros no nos engañan. La quita de la deuda es el pago de la factura al independentismo para que Pedro Sánchez sea presidente. La supuesta condonación es una maniobra trilera, porque la deuda no se evapora, se redistribuye entre todos los españoles que tendremos que pagar la nuestra y la catalana. Se va a traducir en recortes de inversiones, subida de impuestos y abandono de proyectos”, ha opinado.

La presidenta de Cantabria ha insistido así en que la propuesta de condonación de deuda del Gobierno a las comunidades autónomas es “una trampa” y “una maniobra trilera” que supone “el pago de la factura al independentismo para que Pedro Sánchez continúe en el poder”.

En este sentido, ha insistido en que “la deuda no se evapora”, sino que “se redistribuye” y “se reparte entre todos los españoles, que vamos a tener que pagar la nuestra y a escote la catalana”. Además, ha subrayado que la propuesta esconde una “discriminación” a Cantabria, con una quita 2,3 puntos por debajo de la media nacional en cuanto al efecto reductor por habitante.

El planteamiento del Ministerio de Hacienda es condonar hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades, de los que 809 millones corresponden a Cantabria. Según Buruaga, si se analiza de forma “completa y seria” la propuesta, se ve que a Cantabria se le condona un 24,9% de la deuda, frente al 26,7% del total nacional. Esto representa 1.369 euros por habitante en el caso de la comunidad, frente a los 1.892 del conjunto del país.

“Es decir, Cantabria se sitúa en el 72,4% de la media nacional, frente al 120,7% de Cataluña. Blanco y en botella. Estamos pagando los cántabros la deuda de los catalanes”. “La deuda que nos dicen que nos quitan como cántabros, la vamos a pagar como españoles”, ha sentenciado tras lamentar que “los seguidores de Sánchez se apresuraron ayer a celebrar esa quita de 809 millones para Cantabria” cuando, en su opinión, “es una tomadura de pelo.

“Quizás la única deuda que se evapora aquí es la deuda catalana”, ha valorado a preguntas de los medios este martes, un día antes de celebrarse el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que el Ministerio de Hacienda abordará la propuesta con las autonomías.

Una reunión que, además, considera “una farsa porque va todo cocinado”. “Solo sirve para tratar de imponer al resto de las comunidades autónomas unos criterios y unas condiciones que se han pactado unilateralmente con el independentismo catalán”, ha dicho la presidenta de Cantabria, que dirá “enérgicamente no” a la quita de deuda.

A juicio de Buruaga, en vez de hablar de condonación de la deuda, “lo que tiene que hacer el Gobierno de Sánchez” es pagar “lo que nos debe” a los cántabros, “que es una cantidad muchísimo más relevante de aquella de la que estamos hablando”.

En este sentido, se ha referido a las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica, “que suponen 26 millones de euros al mes que pierde Cantabria mientras no se actualicen”. Por ello, “en este momento Sánchez nos debe 52 millones de euros que proceden de los impuestos de todos los cántabros” correspondientes a enero y febrero, ha subrayado la presidenta.

Reacción socialista

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha calificado de “irresponsable e injusta” la decisión del Partido Popular de renunciar a la quita de 809 millones de euros de deuda. El dirigente socialista ha reaccionado así al mensaje de la presidenta de Cantabria en el que avanza la posición del Ejecutivo autonómico en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

“Ni son las formas ni es el fondo. Demuestra un seguidismo más propio de una hooligan que de una presidenta autonómica, que evidencia que está al servicio de los intereses de Alberto Núñez Feijóo antes que al servicio de los intereses de los cántabros y las cántabras”, ha criticado el secretario general de los socialistas cántabros. Para Casares, “en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se va a trasladar una propuesta por parte del Gobierno de España que beneficia a Cantabria y lo que debería hacer el Gobierno autonómico es valorarla con rigor, solvencia, responsabilidad y pensando en el interés general de los cántabros”.

“Calificar de trágala y maniobra trilera una propuesta de condonación de hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas, de los que 809 millones corresponden a Cantabria, demuestra un desconocimiento profundo”, ha señalado. Un desconocimiento “interesado”, a juicio de Casares, “como demuestran los datos”. Así, el líder de los socialistas cántabros ha señalado que “mientras a Cataluña se le condona el 19,2% de su deuda, a Cantabria se le condona en la propuesta un 24,9%”.

“El mejor ejemplo de la incoherencia del PP es el Gobierno de la Junta de Andalucía, donde hace unos meses pedían que la condonación de la deuda alcanzara los 17.000 millones para llegar a un acuerdo y ahora que alcanza 18.791 millones para su comunidad autónoma, una cifra muy superior, dicen que no, ponen en evidencia esa estrategia del PP pensando siempre más en sus intereses partidistas que en los de la ciudadanía”.

Además, para Casares, “un Gobierno, como el de Buruaga y el PP, que está recortando los servicios públicos y que quiere convertir los derechos en negocio con la Sanidad pública y la Educación pública en jaque mate, no puede permitirse el lujo de renunciar a la condonación de la deuda”. “Estamos hablando de 809 millones de euros que servirían para reforzar la atención primaria, para abrir los consultorios rurales, para impulsar la modernización del sistema sanitario, para mejorar la atención a la dependencia, para fortalecer el sistema educativo o para apostar por la construcción de vivienda pública de alquiler o compra a precio asequible”, ha destacado Casares.

El secretario general del PSOE de Cantabria ha afirmado que “en una Cantabria que ha retrocedido en dos años por los recortes en los servicios públicos, lo que necesita son más recursos y no menos, lo que merece es un Gobierno que trabaje para garantizar los derechos y oportunidades de los cántabros y no que quiera abrir una brecha de desigualdad con sus nefastas políticas”.

Rehén de Feijóo

También ha sido muy crítica con Buruaga la diputada y portavoz del PRC en materia económica, Paula Fernández, que ha asegurado que su Gobierno “ni está preparado, ni muestra voluntad” para defender los intereses de Cantabria en la negociación con el Estado sobre el futuro de la financiación económica “más allá de lo que diga Feijóo” y por ello “se limita a hacer seguidismo de la postura nacional del Partido Popular”, en lugar de “ponerse a trabajar para concretar una postura propia y buscar lo mejor para los cántabros”.

“Buruaga está convirtiendo a Cantabria en rehén de los intereses electorales de Feijóo, ha lamentado la parlamentaria regionalista tras el debate que ha mantenido este martes en el Parlamento con el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), a quien ha encontrado ”muy poco comprometido con las necesidades específicas de la Comunidad Autónoma, que poco tienen que ver con las de otros territorios donde el PP tiene su granero de votos, como Andalucía, Madrid y Valencia“.

“A nadie le amarga un dulce”, ha continuado la parlamentaria en alusión a la quita de 809 millones de euros a Cantabria y la consiguiente reducción del total de la deuda en cerca de un 24%, con el ahorro de alrededor de 20 millones anuales en concepto de intereses, aunque a su juicio la Comunidad Autónoma “hubiera salido más beneficiada si la condonación se hubiera calculado con otros criterios, por los que el Gobierno autonómico ni siquiera ha luchado”.

Casi 5.000 millones de euros. Es el montante de la deuda que el Gobierno de España condonará a Castilla-La Mancha d acuerdo a la propuesta que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevará ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo miércoles.

En concreto, la cifra de condonación para el conjunto de las comunidades autónomas asciende a 83.252 millones de euros de deuda, de los que 4.927 millones corresponden a Castilla-La Mancha. Esta condonación supondría casi un 30% del total de la deuda castellanomanchega, que asciende a 16.472 millones de euros.

Así lo ha adelantado Montero en una rueda de prensa desde el Ministerio de Hacienda después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya anunciado un acuerdo con el Gobierno para condonar el 22% de la deuda que tiene Catalunya con el Estado, según recoge Europa Press.

La ministra ha desvelado que este mismo lunes ha remitido a los diferentes Gobiernos autonómicos la metodología que determina el importe que va a ser asumido por el Estado y que podrán votar las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que será el órgano que decidirá si finalmente sale adelante.

Montero ha precisado que la condonación de la deuda es voluntaria y que no está sujeta a ninguna “condicionalidad”, por lo que corresponderá a cada Gobierno autonómico decidir si se suman a esta propuesta para que el Estado asuma un porcentaje de su deuda.

La metodología propuesta consta de tres fases. En la primera se ha calculado el diferencial entre el endeudamiento que registraron las comunidades durante el cierre de 2009 y el cierre de 2013, y ese endeudamiento se compara con el registrado entre el cierre de 2019 y el cierre de 2023. Esta primera fase arroja una condonación media del 19% de la deuda autonómica total que está vigente al cierre de 2023.

En la segunda fase se establece una condonación adicional a todas las comunidades autónomas que se sitúan por debajo de la media del 19,3% de la deuda condonada sobre el total. “Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios”, ha aclarado Montero.

Y en la última fase, Hacienda ha realizado dos ajustes para dar “mayor equidad”: “En primer lugar, identificamos a la comunidad autónoma que registra una mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, es la comunidad valenciana, que tendría 2.284 euros por habitante ajustado y, por tanto, es la cifra de referencia”.

A continuación, se eleva la condonación de la deuda hasta alcanzar este mismo importe para aquellas comunidades autónomas que hayan registrado una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022.

El siguiente elemento es que se atribuye una condonación adicional a comunidades que han ejercido competencias normativas al alza en el IRPF entre 2010 y 2022. En concreto, las comunidades autónomas que hayan ejercido esta competencia normativa por encima de la media podrán recibir una condonación adicional del 10%, que será del 5% en el caso de que se sitúe por debajo de la media.

Andalucía y Catalunya, las más beneficiadas

De acuerdo a esta metodología, el Ministerio de Hacienda ha detallado la propuesta de condonación total a todas las comunidades autónomas, aunque ha recordado que la decisión final recae en cada Gobierno regional, que tendrá que decidir si quiere este planteamiento.

En cualquier caso, Andalucía y Catalunya serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.

Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).

En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado ya que quieren aprovechar la situación de la condonación proponiendo que se les compense de una forma similar a través de sus sistemas forales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a favor de la condonación

El pasado mes de enero, el Gobierno de Castilla-La Mancha se reafirmó en su exigencia al Gobierno para ejecutar una condonación de la deuda regional, y también reclamó una contraprestación por la “infrafinanciación” existente y que está “sufriendo” la Comunidad Autónoma.

Hace unos días, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, se mostraba partidario de una “reestructuración” de la deuda. En su opinión, ,de esta forma se solventarán los problemas derivados de “un endeudamiento de la región que es consecuencia del mal funcionamiento del sistema de financiación”.

En todo caso, pidió conocer los criterios de la hipotética condonación que hoy ha facilitado la vicepresidenta del Gobierno de España.

Al PP no le satisface la propuesta

Mientras, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, rechaza el acuerdo para la condonación de la deuda de Catalunya ya que considera que es una medida “ad hoc” acordada “al margen de la mesa general” y de manera bilateral “para beneficiar expresamente a Catalunya con el consentimiento del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page”.

En declaraciones a los medios momentos antes de presidir la reunión itinerante del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha con el equipo de Gobierno municipal de Puertollano, ha insistido en que no le satisface una condonación adicional a comunidades autónomas que han ejercido competencias normativas al alza en el IRPF entre 2010 y 2022.

A su juicio, la única solución es un Fondo de Compensación Transitoria y a la postre un nuevo modelo de financiación autonómica que acabe con la “injusta infrafinanciación” de Castilla-La Mancha, “por debajo de la media desde el modelo instaurado por Zapatero y que ha supuesto la pérdida de unos 1.000 millones de euros al año”, ha dicho.

“Los presidentes del PP van a votar que no”. Así ha anunciado este lunes Alberto Núñez Feijóo la posición de sus presidentes autonómicos en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles que aprobará una quita de deuda por valor de 83.252 millones de euros a “todas” las comunidades. Una medida anunciada por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. Esta misma mañana, el presidente valenciano, Carlos Mazón, ha reclamado en Madrid una “reestructuración” de su deuda y un “fondo de compensación”.

Feijóo ha comparecido ante los periodistas para ofrecer “algunas reflexiones sobre la situación internacional” tras las elecciones en Alemania de este domingo, la irrupción de Donald Trump en el primer mes de su segundo mandato como presidente de los EEUU y el inicio de conversaciones de paz con Rusia para Ucrania sin la participación del país agredido ni de la UE. Pero la actualidad se ha interpuesto en su discurso.

“Continúa la función, este teatrillo entre Junts y el Gobierno le está costando mucho dinero a los españoles”, ha sostenido Feijóo a preguntas de los periodistas. “Le llaman condonación de la deuda”, pero “es el traspaso de la deuda a otros territorios de la nación”, ha añadido, en referencia a que será el Gobierno central quien asumirá esa deuda en nombre de las Autonomías para que estas puedan volver a pedir dinero en el mercado y no a través del Fondo de Liquidez Autonómica.

“Los españoles están pagando muy cara la continuidad de Sánchez. Y el independentismo sigue haciendo negocio con la precariedad del presidente Sánchez”, ha sostenido Feijóo.

El líder del PP ha asegurado así que todos los gobiernos autonómicos votarán este miércoles en contra de esta medida, aunque no será la última palabra al respecto. El Gobierno tiene la mayoría garantizada en el CPFF para sacar adelante esta medida que, en todo caso, tendrá que coger forma de ley y ser ratificada por el Congreso. El PP tendrá que volver a retratarse ese día.

Pero, además, Montero ha anunciado que las comunidades podrán acogerse o no de forma “voluntaria” a esta condonación. Así que cada comunidad autónoma tendrá que decidir si pide al Gobierno la condonación de su deuda o no.

Según ha explicado hoy la también ministra de Hacienda, Andalucía sería la comunidad con una condonación de deuda más alta, 18.791 millones. Luego, Catalunya con 17.104 millones. En tercer lugar aparece la Comunitat Valenciana, con 11.210 millones. Y en cuarta posición se queda Madrid, con 8.644 millones, aunque la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso no tiene deuda FLA, aunque sí con bancos y acreedores comerciales.

Posición internacional

Feijóo ha dedicado su intervención íntegra ante los medios a fijar la posición del PP en política internacional tras los últimos acontecimientos. El líder del primer partido del Congreso ha reunido en su sede de la madrileña calle de Génova a exministros de sus gobiernos como Ana Palacio y José Manuel García Margallo (Exteriores); a Federico Trillo, María Dolores de Cospedal, Pedro Morenés y Eduardo Serra (Defensa); así como a otros “expertos”: el almirante general Fernando García-Sánchez; los “analistas” Florentino Portero y Mira Milosevic; y los diplomáticos Nicolás Pascual de la Parte y Ramón Gil-Casares.

El líder del PP ha intentado dar a su comparecencia la pompa de las grandes ocasiones con una declaración grandilocuente de inicio: “Podemos estar ante una redefinición del orden mundial, la historia tiene momentos cruciales y este puede ser uno de ellos. Varias generaciones vivirán la consecuencia de las decisiones que adoptemos”.

Feijóo ha asegurado que “la causa ucraniana” es la causa de toda Europa, y ha criticado las conversaciones abiertas entre Rusia y EEUU. “La paz es deseada, pero no puede haber paz justa sin negociación justa”, ha sostenido. “Justa para Ucrania”, ha añadido, para reclamar que la UE participe “en las negociaciones porque afecta a la seguridad” del continente. Ha sostenido que también es “imprescindible que Rusia y EEUU estén en la solución”. “Pero que lo hagan en solitario no traerá la paz”, ha zanjado.

El líder de la derecha ha dicho que tanto el PP español como “el PP de Europa” tienen una posición unívoca. La semana pasada se reunió con líderes europeos de su partido, entre ellos varios primeros ministros y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Con todo, Feijóo ha puesto en duda la posición comunitaria. “Europa no se merece ser frágil y vulnerables, quedarse atrapada en debates menores”, ha dicho.

También ha remarcado su posición sobre Donald Trump, con quien ha dicho no coincidir en todo. “Es el presidente legítimo de EEUU, votado mayoritariamente en elecciones libres”, ha dicho. “EEUU es el aliado más firme y seguro que ha tenido Europa en 100 años”, ha apuntado. “Queremos que siga siendo así”, ha planteado, para añadir que eso “no significa” que el partido esté “obligado a asumir todas las acciones”. “El PP se siente libre para opinar, coincidir o discrepar”, ha defendido.

Feijóo ha criticado la posición de EEUU sobre Ucrania y su “cuestionamiento del libre comercio mundial”, en referencia a los aranceles que quiere imponer a todos los países, incluida España.

El líder del PP ha insistido en pedir la comparecencia de Pedro Sánchez para que explique “los compromisos” adquiridos por España, entre otros los 1.000 millones adicionales de ayuda a Ucrania que el presidente del Gobierno ha anunciado en Kiev.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha pedido a los presidentes de las comunidades autónomas que trasladen su rechazo al acuerdo de financiación singular para Cataluña, el llamado 'cupo catalán', ya que vela “exclusivamente por el interés particular que unen en este momento a ERC, PSC y el Gobierno de España”.

De cara a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebra este miércoles, los inspectores han trasladado en una carta remitida a los presidentes de las comunidades autónomas la necesidad de “volver a la senda de la cordura, del Estado de Derecho y al respeto a los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre todos los españoles”.

En la carta, la presidenta de la Asociación, Ana de la Herrán, ha trasladado a los presidentes regionales la “gran preocupación” de los inspectores de Hacienda ante los “graves perjuicios” que, para España y para todos los ciudadanos, conlleva el acuerdo entre el PSC y ERC, avalado por el Gobierno de España.

“Se trata de una amenaza seria que, además, supone dar la espalda a las demás comunidades autónomas y marcando un camino que no respeta el Estado de Derecho”, ha alertado la Asociación.

“El fin último es deshacer el actual sistema de financiación autonómica y fragmentar la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por una vía ilegal y en contra de la igualdad y solidaridad entre todos los españoles”, ha alertado la Asociación en la misiva.

Según ha denunciado, los grupos independentistas catalanes están canalizando sus reivindicaciones a través de una negociación bilateral, sin tener en cuenta al resto de las comunidades autónomas. Para la Asociación, el resto de regiones de España deberían tener “voz y voto” en este tipo de reuniones, “en las que se está aceptando la ruptura del actual sistema, utilizando un medio que no es el previsto en el ordenamiento jurídico”.

Los inspectores han advertido de que Cataluña pretende asumir todos los ingresos y las funciones de la Agencia Tributaria, pero no otros gastos generales esenciales, como son las pensiones, “que parece ser serán asumidos por el resto de los ciudadanos de España”.

Por lo tanto, la Asociación ha avisado de que todas las comunidades autónomas se verán perjudicadas. Por ello, y de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebra este miércoles, la asociación ha pedido a los presidentes autonómicos “no aceptar” esta propuesta bilateral.

“Le pedimos, encarecidamente, que evite todo engaño y que traslade al Gobierno de España y al Gobierno de Cataluña que los demás territorios tienen mucho que decir y que no envuelvan con triquiñuelas y eufemismos algo que, simple y llanamente, busca mejorar a unos pocos en detrimento del resto”, ha subrayado Ana de la Herrán.

“No se trata de lo que es mejor para el Partido Popular, se trata de qué es mejor para Castilla y León”. Con estas palabras, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha rechazado una vez más la posibilidad de un adelanto electoral en la comunidad. Lo hacía en la rueda de prensa posterior del Consejo de Gobierno, en la que ha insistido en que el objetivo del presidente Alfonso Fernández Mañueco es finalizar la legislatura.

Con este contexto, se le cuestionaba al portavoz si “lo mejor para los ciudadanos podría ser la posibilidad de negociar unos Presupuestos – actualmente prorrogados – para Castilla y León” y ha sido, con esa pregunta, cuando Fernández Carriedo ha centrado su respuesta y premisa de “lo mejor para Castilla y León y sus ciudadanos” en el Gobierno nacional.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha cuestionado la “postura” del Gobierno y su presidente Pedro Sánchez en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 26 de febrero, señalando que “acuden con una propuesta firmada previamente con partidos separatistas que quieren imponer al resto de territorios”. Fernández Carriedo ha reivindicado la postura de Castilla y León: “No queremos las sobras de lo que haya quedado entre Pedro Sánchez y Puigdemont”.

La Junta de Castilla y León quiere que los criterios y variables de territorio, despoblación y dispersión tengan “más peso” en la financiación autonómica. “Es más caro prestar un servicio sanitario a una población dispersa en el territorio o prestar los servicios de extinción de incendios en una comunidad tan extensa”, ha explicado el portavoz. Al mismo tiempo, ha reconocido que siempre “se han negociado posturas” pero que “lo nuevo es que se imponga lo firmado previamente”.

“El modelo actual recoge variables sobre el territorio, pero a nuestro juicio son insuficientes”, ha reiterado Fernández Carriedo, quien finalmente no ha respondido sobre la posibilidad de negociar unos presupuestos para Castilla y León y ha centrado sus explicaciones en la postura del Gobierno central respecto al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Nuevo escenario parlamentario

Tras la dimisión de Juan García Gallardo como portavoz parlamentario de Vox y la expulsión de dos procuradores que de la formación que pasarán a ser no adscritos, Fernández Carriedo ha expresado la voluntad de la Junta de mantener el máximo diálogo y consenso, con la posibilidad de negociar con ambos.

Sobre el futuro del exvicepresidente y exsocio de gobierno, Fernández Carriedo ha negado que “sus intenciones y voluntad” pasen por poder unirse al Partido Popular. Al mismo tiempo, tras la defensa de Vox de ser un partido nacional sin baronías, el portavoz del Ejecutivo ha reiterado que durante el pasado gobierno de coalición, las negociaciones fueron con las personas “representantes de Vox”, aunque en el Consejo de Gobierno “las siglas se quedaban fuera”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha desvelado durante su rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes de Santander de este viernes que existe un compromiso por parte del Ejecutivo central de celebrar el Consejo de Política Fiscal y Financiera a comienzos del año 2025 para que el Estado asuma parte del endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

“Nosotros estamos por renovar el sistema de financiación autonómico que desde el año 2014 está caducado y que no se actualizó ni siquiera con gobiernos con mayoría absoluta del Partido Popular”, ha asegurado el ministro Torres, quien ha dicho que el presidente del Gobierno lo ha planteado de forma expresa durante la reunión con los presidentes autonómicos.

Torres ha destacado que desde el Ejecutivo se ha planteado que ese acuerdo sobre financiación “se tiene que hacer desde el consenso, desde el acuerdo compartido y desde posturas comunes” y ha planteado que, tras pasar por el Consejo, debe desembocar en un acuerdo de mayorías que sea refrendado por el Congreso y el Senado.

El Gobierno ha propuesto también que se puedan reprogramar los Fondos Europeos, los fondos FEDER y los FSE+ para ayudar a las comunidades afectadas por la DANA, “especialmente la valenciana”; algo que ha sido “muy saludado” por todos los presentes, según el ministro de Política Territorial.

Ángel Víctor Torres ha insistido en la necesidad de abordar conjuntamente el sistema de financiación para que las Comunidades tengan “más recursos”. Sin embargo, también ha esgrimido las diferencias entre las comunidades autonómas gobernadas por el Partido Popular sobre la primacía de un criterio u otro en la reforma del modelo: “Si no hay una postura común de quiénes tienen un color político semejante, es complicado que tengamos un sistema de financiación actualizado”, ha señalado.

El ministro ha aprovechado su comparecencia para negar que la Conferencia de Presidentes se haya convocado “por mandato judicial”, como ha sugerido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y ha recordado que anunció su convocatoria “antes de que ningún presidente” acudiera a los tribunales para reclamarla.

Diferencias entre los presidentes autonómicos sobre la propuesta

Precisamente el presidente del Gobierno de Aragón ha afirmado este viernes que “a Aragón no le interesa hablar sobre la condonación de la deuda, sino de la despoblación” y ha dicho que su ejecutivo se ha posicionado “radicalmente en contra” de cualquier sistema de financiación “privilegiada” y “de cualquier relación bilateral en asuntos que afectan a todos”.

Otros líderes autonómicos también se han referido a la propuesta del Gobierno central como es el caso del lehendakari vasco Imanol Pradales, quien ha reclamado que se analice cómo le afectaría a Euskadi, a través del Cupo vasco, una hipotética condonación de parte de la deuda autonómica.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su “cabreo” tras la finalización de la Conferencia de Presidentes y ha asegurado que siente una “profunda decepción” por la intención del Gobierno de España de condonar parte de la deuda a las autonomías.

“Quiere que todos los españoles paguemos el exceso que han hecho formaciones separatistas para tener embajadas que no servían para nada o que no servían para los intereses de los españoles”, ha espetado Mañueco tras considerar que “ese no es el problema” en referencia a la posibilidad de la quita de la deuda.

Por su parte el líder castellanomanchego, Emiliano García-Page, se ha mostrado seguro de que la financiación singular para Catalunya “no va a salir adelante”. Page lo cree así de firme porque ve un “rechazo frontal” ante la propuesta de financiación que cuenta con el apoyo de los grupos independentistas catalanes, ya que es un modelo que “literalmente apunta a la disolución del Estado, a la existencia misma del modelo nacional”. “De manera que no va a salir para adelante, que les quite de la cabeza la posibilidad”, ha añadido durante su comparecencia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “romper la caja común de todos” y de conceder “privilegios” a quien veranea con él. La baronesa popular ha insistido en que se debe recoger en un programa la propuesta de financiación singular y que deben ser los ciudadanos quienes decidan si se rompe “la caja común de todos los españoles” o si “Catalunya va a tener su propia Hacienda”.

“Con Sánchez no veraneo, pero si veraneas con el presidente obtienes una serie de privilegios que van troceando: primero la Constitución, luego es ilegal, y después lo de todos. Si vamos a llevar a ese Estado a España, que mínimo que consultarlo, porque yo no lo he visto en ningún programa electoral. Si el PSOE quiere convertir a España en otra cosa ponlo y que se vote, porque hasta la fecha eso es algo que no ha sucedido”, ha afirmado, tras lo que ha insinuado que el líder del Ejecutivo pretende convertir el país en “una república” confederal.

“No aceptaré lecciones de solidaridad de quienes practican la insolidaridad fiscal”, ha dicho el president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, minutos antes ante los presidentes autonómicos del PP, según fuentes del entorno del president al corriente de su intervención. Illa ha reiterado este mensaje a la salida de la reunión: “El modelo de financiación singular de Catalunya es la solidaridad frente al modelo de insolidaridad de los que practican la deslealtad fiscal”.

Preguntado por si ha tenido que contestar a los reproches de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la nueva financiación catalana, Illa ha sido fiel a su estilo y ha evitado los reproches abiertos, si bien ha querido dejar clara su posición en defensa del nuevo modelo.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, lo tiene claro, la actual situación que se vive en Catalunya se discierne entre “Illa o Puigdemont” y el exministro de Sanidad ya demostró sobradamente su valía durante la pandemia. “Conozco bien a Salvador, es lo que necesita Cataluña para recuperar el sentido frente al esperpento de Puigdemont”, ha asegurado.

Barbón ha reconocido estar descolocado, al igual que todo el mundo, con la “actuación” del ex presidente de la Generalitat, tras casi siete años fugado de la justicia. “Decía que venía para defender su posición en el debate de investidura y lo que ha hecho es volver a dejar tirados a los suyos”, ha sentencia el también líder de los socialistas asturianos, asegurando que en política hay que ser coherente con las ideas que cada uno tenga.

Así, pese a ser consciente de que “seguramente me habré equivocado muchas veces”, ha hecho hincapié en que defiende hoy lo mismo que defendía hace cinco años. “Admiro a los políticos que toman una decisión y apechugan con ella”, ha incidido el presidente asturiano.

A vueltas con la financiación autonómica y el acuerdo fiscal alcanzado entre el PSC y ERC Barbón ha dicho que el viernes pasado fue muy claro y que la postura de Asturias está definida en el documento firmado por los grupos parlamentarios asturianos (excepto Vox) el pasado 2020; en la Declaración de Santiago, firmada con los presidentes de las comunidades limítrofes; en los programas de gobierno del PSOE; y en las declaraciones resultantes del 33 congreso de la FSA-PSOE. “No votaré nada que perjudique a Asturias”, ha insistido.

El presidente asturiano ha aclarado que es imposible cuantificar el dinero que perdería Asturias tas el acuerdo de fiscalidad alcanzado para Cataluña, hasta que no se sepa en que situación queda el fondo de solidaridad.

Adrián Barbón ha querido salir al paso también de las declaraciones realizadas hace unos días por el socialista Pedro de Silva, presidente del Principado entre los años 1983 a 1991, en las que aseguraba que, una vez finalizado todo el proceso en torno a la financiación autonómica, si el pacto catalán se lleva a cabo, el PSOE saltará por los aires y “el primero, Pedro Sánchez”.

Al respecto Barbón ha manifestado la certeza de que en el PSOE habrá debate, tanto dentro de los órganos del partido como en los órganos institucionales. “No tengo ninguna duda de que así será”, ha remarcado.