La decisión del Tribunal Constitucional de avalar la Ley castellano manchega que paraliza de facto el ‘fracking’ en suelo autonómico ha dado esperanza y alegría a los colectivos que, durante años, han trabajado para impedir que la fractura hidráulica acabara con su entorno.  Pero la alegría inicial se convierte, otra vez, en reivindicación. Y es que, a día de hoy, los proyectos de fracking que afectan a Castilla-La Mancha, no tienen un competencia regional ya que el territorio donde se comprenden los proyectos toca suelo de comunidades colindantes.

En la provincia de Albacete, concretamente en la zona de Hellín, están pendientes de la vecina Región de Murcia donde la empresa Oil and Gas Capital mantiene dos proyectos que tocan, directa e indirectamente, suelo albaceteño. Y es que la plataforma ciudadana ‘Cuenca del Segura libre de Fracking’ dice que esta compañía, titular de los proyectos Escorpio y Leo, ha solicitado permiso para la perforación del pozo del Río Segura 3 ubicado en el municipio murciano de Calasparra. Un sondeo que está previsto que llegue a los 2.500 metros de profundidad en busca de gas no convencional.  Las catas para determinar la presencia de gas ya se han hecho en la zona de Cieza. 

Menos activo está el proyecto Leo en el que sí hay terreno albaceteño implicado. La situación de ambos, interregionales, hace que escapen a la ley ‘antifracking’ de Castilla-La Mancha que, en este caso no puede proteger a la zona de Hellín.  De ahí que la plataforma FAO Campos de Hellín y Tobarra Libres de Fracking, quieran que la ley se exporte a todo el territorio nacional porque “estamos preocupados por el resto de plataformas que están luchando” dice Rebeca Cañavate, de la plataforma FAO Campos de Hellín y Tobarra Libres de Fracking, quien espera que con la decisión del Constitucional el resto de regiones “y toda España” quede libre de esta práctica.

En otro punto de la provincia de Albacete,  La Mancha y Campos de Montiel, otrora señalada por el fracking, hoy la alegría por la decisión del Constitucional es más que evidente. Paco Ferández es miembro de la plataforma contra la Fractura Hidráulica de Campos de Montiel y La Mancha, donde a día los proyectos que antes les amenazaban están paralizados. También aquí fue la empresa Oil and Gas Capital quien consiguió en septiembre de 2012 los permisos de investigación de hidrocarburos. En concreto, su autorización se ampliaba a los bloques de Esteros, Almorada y Nava. La inversión prevista sería de 6,45 millones de euros y la vigencia del permiso de seis años.

Pero ha pasado el tiempo y “la empresa ha ido dejando pasar los plazos y desistiendo”, añade Fernández que cree que la contestación social de los vecinos de la zona, contrarios a la práctica de fracking, y el cambio de gobierno en Castilla-La Mancha, fueron claves para ese desistimiento. De hecho, estos tres proyectos eran los únicos planteados en la región a los que se les podría aplicar la norma autonómica avalada desde este lunes por el Constitucional. Fue aquí donde el entonces candidato a la Junta, Emiliano García Page, hizo el conocido como ‘Compromiso de El Bonillo’ por el que prometía una Castilla-La Mancha sin fractura hidráulica.

Proposición de Ley contra el fracking

Pero más allá de las leyes regionales las plataformas, entre ellas la de Campos de Montiel y La Mancha, ya han dado los pasos para que esta norma autonómica se convierta en ley estatal. Lo hicieron registrando una proposición de ley que se encuentra, por el momento, estancada en el Congreso de los Diputados. Ahora, con el cambio de gobierno y la postura favorable del PP con el fracking en la oposición, creen que es el momento de que los partidos políticos retomen el debate y aprueben la norma.

“Hay que seguir la lucha hasta que se erradique”, dice Paco Fernández, que insiste en la necesidad de que la lucha “vaya más allá del Estado Español” y que Europa legisle en contra de la fractura hidráulica  toda vez que la amenaza, a través de acuerdos como el CETA (el tratado de comercio con Canadá) deja abierta la posibilidad.

Entre las consecuencias ambientales que se le conocen al fracking destaca la contaminación de las aguas subterráneas a causa de las sustancias químicas utilizadas en el proceso de fractura hidráulica. El fracking, tal y como ha señalado Rebeca Cañavate, plataforma FAO Campos de Hellín y Tobarra Libres de Fracking, no sólo tiene efectos ambientales, “que los hay”, sino que a“fectará también a las Denominaciones de Origen como la D.O Vino de Jumilla, y la D.O. Pera de Jumilla, además de la del Arroz de Calasparra”, de las que viven muchos agricultores y empresas agroalimentarias de toda la zona. Además, insiste en que se sabe que “allá donde ha llegado al fracking los terrenos han quedado devastados”.

El tortuoso camino de la Ley 'Antifracking' de Castilla-La Mancha puede haber llegado a su fin. El Tribunal Constitucional no considera contraria a la Carta Magna la disposición de esta ley, aprobada hace un año, que recurrió el Gobierno de Mariano Rajoy, con lo que provocó la suspensión cautelar de la norma, mediante la cual se establecen una serie de requisitos que buscan impedir los proyectos de fractura hidráulica en esta comunidad autónoma.

Desde el Ejecutivo del PP ya habían recurrido leyes similares que se aprobaron en Catalunya, La Rioja y Cantabria, tumbadas por atribuirse competencias que corresponden al Estado, como la regulación energética o de hidrocarburos. Por eso, desde el equipo de Emiliano García-Page elaboraron una norma que pudiera 'sortear' ese recurso y para ello la norma contempla, no la prohibición de la fractura hidráulica, sino  decenas de condicionantes ambientales, que sí son competencia autonómica y que hacen prácticamente imposible 'de facto' la aprobación de estos proyectos de extracción.

Eso no impidió que el Gobierno anterior decidiera ir también contra la ley castellano-manchega. Interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la norma, por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos. Ahora el Constitucional le ha quitado la razón al Ejecutivo de Mariano Rajoy. 

La sentencia la ha comunicado por redes sociales el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, celebrando tal decisión:

El 'fracking' es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas natural o petróleo del subsuelo y el Gobierno central entendía que las normas de protección reguladas en la ley castellano-manchega vulneraban las competencias estatales sobre hidrocarburos y medio ambiente. Decidió invocar el artículo 161.2 de la Constitución “a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad”. Asimismo, consideraba que la técnica del 'fracking', al estar ya sujeta a la evaluación previa de su impacto ambiental, contaba ya con “la necesaria protección”.

El Tribunal Constitucional (TC) ya ha ratificado en tres ocasiones recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno contra distintas iniciativas legislativas regionales, como sucedió en 2014 en Cantabria y en La Rioja, o en 2016 en Cataluña. En el País Vasco también se redactó en 2016 una ley similar a las anteriores contra la que el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad y pidió la suspensión cautelar de los artículos que recogían la prohibición del 'fracking', pero el TC levantó dicha suspensión al entender que no existía perjuicio alguno “de imposible o difícil reparación”. La ley castellano-manchega imita este modelo vasco y ahora también ha salvado este osbtáculo.

En Castilla-La Mancha, la ley 'antifracking' fue una promesa de García-Page durante la campaña electoral como respuesta a las amplias movilizaciones ciudadanas en Guadalajara y en el Campo de Montiel. Ha sido de las primeras normas en ponerse en marcha en la presente legislatura, con el voto a favor de PSOE y Podemos y la abstención del PP.

Gracias a este texto, el Gobierno regional establece numerosos requisitos. Se trata de impedir esta práctica por la vía de la restricción. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer escuchando al pueblo castellano-manchego y lo hacemos desde una perspectiva en positivo”, aseguraba en su momento el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, quien además apuntaba que en la norma se incorporan restricciones aún no contempladas por la legislación nacional pero recomendadas por los organismos europeos.

El contenido de la ley ha seguido las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía y de la Comisión Europea y se realizó junto con las Plataformas Antifracking de Castilla-La Mancha bajo el objetivo de apostar por el desarrollo sostenible.

Todos los requisitos están condicionados a un Plan Estratégico de la utilización de la fractura hidráulica, que incluye cuestiones como la expedición previa de autorizaciones para esta actividad, la evaluación de los riesgos por fugas o migraciones, una zonificación del territorio que diferencie las zonas donde quede restringida la fractura y un detalle de distancias mínimas de profundidad y de exclusión.

La batalla contra el fracking en Cantabria llega este lunes al Congreso de los Diputados de la mano de Izquierda Unida. Esta formación pide en la Cámara Baja que “se respete la voluntad unánime del pueblo cántabro” contra esta práctica de extracción de gas.

Tras trascender que siguen vigentes los permisos Bezana y Bigüenzo pese a que se habían suspendido, la diputada de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Isabel Salud, ha presentado una batería de preguntas para que las responda el Gobierno central.

En concreto, la parlamentaria pide al Ministerio de Energía “una relación exhaustiva de los permisos vigentes en Cantabria”. Y es que recientemente, la Asamblea contra la Fractura Hidráulica advirtió de que en el último trámite publicado en el BOE el pasado 6 de abril se han solicitado la perforación de un nuevo pozo (Jano) y dos sondeos de investigación para la recuperación de testigos B1 y B3. Asimismo, denunció la “manifiesta ilegalidad” del Ministerio que “no suspende los permisos Bezana y Bigüenzo, sino que paraliza los plazos”, algo que beneficia a la empresa propietaria.

En este sentido, la formación de izquierdas demanda saber “qué actuación va a desarrollar el Gobierno a raíz de estos nuevos trámites”, además de plantear “qué medidas se tomarán a partir de ahora desde el Gobierno central en la totalidad de los expedientes abiertos”.

En un comunicado, la coordinadora autonómica de Izquierda Unida en Cantabria, Leticia Martínez, recordaba que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró en noviembre de 2016 caducados estos permisos que ahora se reactivan, por lo que una de las preguntas que llega al Congreso de los Diputados versa sobre los motivos por los que no se archivaron y extinguieron esos permisos pese al mandato judicial en su contra.

“Principal amenaza”

Martínez hacía hincapié en que la sociedad cántabra se ha pronunciado “de forma unánime” contra la “amenaza que supone el fracking para esta tierra”, tanto con movilizaciones ciudadanas en las calles como con las posturas en contra del Gobierno de Cantabria y el Parlamento autonómico.

En consecuencia, exigía al Gobierno central la “extinción de todos los permisos” y que “se respete ese mandato de la sociedad”. “No vamos a permitir que desde Madrid se decida si se puede envenenar a nuestra gente y nuestro ganado, y atentar contra nuestra tierra”, recalcó.

Además, Martínez advirtió sobre que en estos momentos “el Gobierno central se está convirtiendo en la principal amenaza contra el medio ambiente en Cantabria”, con leyes que “han favorecido” la práctica de este método de extracción de gas “en connivencia con las industrias petrolíferas”.

Al mismo tiempo, la dirigente de IU recordó actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy “aún en nuestra memoria” como los “excesos de la senda costera, que se pararon gracias a la movilización ciudadana”; o, en estos momentos, las escolleras de La Magdalena, que también han llegado al Congreso de la mano de Izquierda Unida. Se trata de obras, según señaló Martínez, responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente “cuya función debería ser proteger nuestro entorno y no atacarlo”.

“De nada le está sirviendo a Cantabria tener un ministro en el Gobierno central que a la hora de la verdad no tiene la valentía de enfrentarse al partido para defender su tierra”, concluyó la dirigente de este partido.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido mantener el pulso contra futuras prácticas de fractura hidráulica en la región y va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional solicitando que se anule la suspensión de su ley 'antifracking’. Esta norma castellano-manchega se encuentra actualmente paralizada debido al recurso anterior del Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional por considerar que invade competencias estatales.

Así lo ha desvelado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha apoyado a las plataformas antifracking de la región durante la rueda de prensa ofrecida por la plataforma de Guadalajara. El consejero ha subrayado que desde el Gobierno regional esperan que el Tribunal Constitucional levante la suspensión de la ejecutividad de la Ley, porque “de ellos depende que en Castilla-La Mancha se pueda realizar prácticas de fractura hidráulica”.

Ha incidido en que la Ley aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 9 de marzo de 2017 “no invade competencias estatales” ya que se apoya en dos competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma: el medio ambiente y la salud pública. El Gobierno regional entiende que deben prevalecer estas dos competencias sobre una práctica “de la que se desconocen con precisión sus efectos”. “Hay argumentos suficientes para que en Castilla-La Mancha podamos legislar sobre esta materia”.

Estaba entre las posibilidades del Gobierno de Castilla-La Mancha que el Ejecutivo de Mariano Rajoy iniciara 'cruzada' judicial contra la Ley Antifracking que entró en vigor el pasado mes de abril. Desde Moncloa ya recurrieron ante el Tribunal Constitucional las leyes similares que se aprobaron en Catalunya, La Rioja y Cantabria, tumbadas por atribuirse competencias que corresponden al Estado, como la regulación energética o de hidrocarburos. Por eso, desde el equipo de Emiliano García-Page elaboraron una norma que pudiera 'sortear' ese recurso y para ello la norma contempla, no la prohibición de la fractura hidráulica, sino decenas de condicionantes ambientales, que sí son competencia autonómica y que hacen prácticamente imposible 'de facto' la aprobación de estos proyectos de extracción.

No ha impedido esta compleja maniobra que el Gobierno central haya decidido ir también contra la ley castellano-manchega. El Consejo de Ministros acordó el pasado mes de diciembre interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la norma. Después, a finales de enero, el Constitucional admitió a trámite el recurso, provocando la suspensión cautelar de la norma.

Todo un revuelo ha generado en Castilla-La Mancha las últimas dos decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional en torno a la normativa contra el ‘fracking’. La ley que las Cortes regionales aprobaron el año pasado para intentar impedir la fractura hidráulica en la región se encuentra suspendida cautelarmente y además el tribunal también ha anulado los artículos de la norma vasca que dificultan este tipo de actividades. Lo más previsible es que también actúe de esta manera contra la normativa castellano-manchega, ya que es muy similar a la aprobada en Euskadi. En ambos casos, el origen está en los recursos interpuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy para salvaguardar sus competencias. A la espera de lo que pueda pasar, las plataformas antifracking han mostrado a eldiarioclm.es su malestar por estos acontecimientos. Y a las mismas se han unido partidos políticos como Podemos y EQUO.

En Castilla-La Mancha, las zonas afectadas por la fractura hidráulica son las provincias de Albacete y Guadalajara. En el primer caso, la empresa Gas and Oil Capital mantiene un proyecto, el LEO, que comprende territorio entre la Región de Murcia y el sureste albaceteño. En el norte de Guadalajara está paralizado el Proyecto Cronos (autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente). Las plataformas antifracking que surgieron en la región con motivo de estas actividades participaron activamente en la redacción de la ley ahora suspendida.

Desde la Plataforma Antifracking de Guadalajara, su portavoz, Luis Javier López, afirma que de alguna forma esperaban que esto ocurriese “dada la trayectoria del Gobierno central del PP en todas las comunidades autónomas”. Se refiere con ello a las leyes antifracking anuladas en La Rioja y Cantabria. No obstante, manifiesta que el hecho de que los ‘populares’ castellano-manchegos finalmente se abstuvieran en la votación parlamentaria final les había dado una “pequeña esperanza” de que hubiera una excepción en el caso castellano-manchego, ya que en la redacción del proyecto “se evitan aquellos temas susceptibles de ser cuestión de inconstitucionalidad”.

Pero no ha sido así y este colectivo lo considera “especialmente doloroso” por formar parte del Gobierno una expresidenta de Castilla-La Mancha, en referencia a María Dolores de Cospedal. “Que se haya recurrido la ley cuando ella sabe perfectamente la oposición total y absoluta que hay en todos los pueblos de Guadalajara, es muy duro”, afirman. Suman a ello también otras cuestiones en las que “no ha movido ni un dedo” como el trasvase Tajo-Segura o el cementerio nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas. “Nos está machacando”.

“Los gobiernos pasan, pero las plataformas seguimos aquí”

Avisa por tanto de que, con este contexto, la Plataforma de Guadalajara no está parada. Están en contacto con los partidos políticos que apoyan la prohibición del fracking, aquellos que durante la campaña electoral de 2015 firmaron un manifiesto contra estas prácticas, y por ello seguirán luchando: “No damos la batalla por perdida”. Al margen de lo que pueda pasar o de cómo actúe el Ejecutivo central, deja claro que “los gobiernos pasan, pero las plataformas seguimos aquí y esto es una batalla de largo recorrido en la que siempre estaremos”.

Uno de los principales argumentos a los que se agarra este colectivo son las dos iniciativas parlamentarias que el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso, vía EQUO, ha llevado a la Cámara Baja. Su proposición no de ley contra el fracking fue aprobada en comisión mientras que otra propuesta, la que pide la elaboración de una ley estatal que prohíba su ejercicio, está pendiente aún de tramitación. Mientras, desde EQUO, su coportavoz en Guadalajara, Juan Antonio Lázaro, interpreta la suspensión de la ley castellano-manchega como una prueba de que el Constitucional “funciona al dictado del Gobierno”. “Mucho nos tememos que la ley regional va a seguir por el mismo camino y se suspenderán los mismos artículos”, recalca.

Por eso, desde el partido ecologista arremeten contra el Gobierno de Rajoy. “Es el que menos sensibilidad está demostrando en materia de medio ambiente; incluso puede hablarse de sensibilidad negativa. Lo estamos viendo con el fracking, con el cementerio nuclear y con las energías renovables. Es una persecución”. De hecho, afirma que aunque Emiliano García-Page busque la fórmula para que la ley siga vigente, el origen de la situación está en el Gobierno central, que “el PSOE ha apoyado de facto”. “Si queremos proteger el medio ambiente, la única solución es cambiar el Gobierno. Hay que echar a Rajoy y eso está en manos del PSOE”.

En Podemos, el dardo de las críticas se dirige también hacia el presidente. “Es lamentable que el PP de Rajoy y Cospedal, que ya ha perdido la batalla del cementerio nuclear, se empeñe también en recurrir una ley que aprobamos por mayoría absoluta, cuando saben además que, aunque logren paralizarla momentáneamente, su demanda será finalmente desestimada con toda probabilidad”, declara el diputado David Llorente.

Recuerda a este respecto que el fracking es una actividad “tremendamente tóxica y peligrosa” que “revienta la tierra y envenena las aguas”, lo que supone una “grave amenaza para la agricultura, la salud y el medio ambiente”. Por eso afirma que desde Podemos seguirán promoviendo y apoyando todas las medidas para impedir y erradicar esta práctica. Y seguidamente coincide en lamentar que el PSOE, pese a las “promesas de Pedro Sánchez”, no esté dispuesto a apoyar una moción de censura “contra un gobierno tan nocivo para los intereses de Castilla-La Mancha”, además de “por pura higiene democrática”, cuando ·los números lo permiten perfectamente“.

Otro frente del problema se encuentra en la provincia de Albacete. Allí la empresa Gas and Oil Capital mantiene un proyecto, el LEO, que comprende territorio entre la Región de Murcia y el sureste albaceteño. De hecho, en Hellín, municipio afectado por el proyecto, el alcalde, Ramón García, se muestra preocupado por la decisión del Tribunal Constitucional aunque no cree que esta iniciativa avance, debido a la judicialización del tema. Pero lo cierto es que el proyecto LEO está vigente y la empresa ha solicitado permiso para los trabajos de prospección sísmica 2D, que suponen una evaluación del terreno con los que determinar cuál es el lugar adecuado para hacer los sondeos. Hace unos meses, la Plataforma Cuenca del Segura Libre de Fracking presentó alegaciones para impedir estos trabajos “pero a día de hoy no hemos tenido respuesta”, explica uno de sus miembros, José Antonio Herrera.

El temor es que haya empresas que, al amparo de esta decisión del Constitucional, decidan solicitar nuevos permisos en la zona.  “Si el Gobierno ha intentado que esto no vaya para delante es porque hay proyectos”, asegura el alcalde hellinero, quien insiste en que el fracking es especialmente peligroso en la zona que tiene “una elevada actividad sísmica”. 

Finalmente, en la Plataforma contra la Fractura Hidráulica del Campo de Montiel y La Mancha también esperaban su suspensión cautelar. Antonio Sánchez, miembro de este colectivo no se ha sorprendido por lo acontecido y como sus compañeros de Guadalajara espera que, finalmente, pueda seguir vigente ya que no interfiere con las competencias estatales en materia de energía.

Se acumulan las malas noticias para Castilla-La Mancha en su lucha contra las actividades de fractura hidráulica en la región. A la suspensión cautelar de la Ley 'Antifracking' de esta comunidad se ha sumado la decisión del Tribunal Constitucional de anular dos artículos de la normativa vasca que busca el mismo objetivo. La cuestión es relevante porque la ley castellano-manchega es prácticamente la misma. Estas resoluciones parten de la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de recurrir ambas normas para salvaguardar las competencias estatales en este sentido. Es el motivo por el que desde el Gobierno castellano-manchego le han reprochado su actuación: “Que deje de poner en peligro el medio ambiente”.

Fuentes del Ejecutivo de Emiliano García-Page han precisado a eldiarioclm.es que la Administración autonómica estudiará esta última sentencia, que no anula la ley vasca sino solamente dos artículos, “para ver su posible aplicación” en la ley castellano-manchega. 

Pero desde el Gobierno regional recuerdan que se ha hecho una ley “doblemente garantista”, porque protege la sostenibilidad del medio ambiente en la comunidad autónoma y al mismo tiempo se ha legislado dentro de las competencias autonómicas, “dificultando y no prohibiendo”. Se refieren con ello al hecho de que esta norma no prohíbe el fracking en Castilla-La Mancha, sino que establece una serie de requisitos para impedir 'de facto' su práctica en la región. 

En todo caso, las mismas fuentes apuntan que lo que pone de manifiesto esta sentencia es la “absoluta necesidad” de que el Gobierno de España “deje de poner en peligro el medio ambiente”, que “tome ejemplo” y que haga su propia ley 'antifracking'. “Que actúe no para dificultar sino directamente impedir el 'fracking en nuestro país”.

Estaba entre las posibilidades del Gobierno de Castilla-La Mancha que el Ejecutivo de Mariano Rajoy iniciara 'cruzada' judicial contra la Ley Antifracking que entró en vigor el pasado mes de abril. Desde Moncloa ya recurrieron ante el Tribunal Constitucional las leyes similares que se aprobaron en Catalunya, La Rioja y Cantabria, tumbadas por atribuirse competencias que corresponden al Estado, como la regulación energética o de hidrocarburos. Por eso, desde el equipo de Emiliano García-Page elaboraron una norma que pudiera 'sortear' ese recurso y para ello la norma contempla, no la prohibición de la fractura hidráulica, sino decenas de condicionantes ambientales, que sí son competencia autonómica y que hacen prácticamente imposible 'de facto' la aprobación de estos proyectos de extracción.

No ha impedido esta compleja maniobra que el Gobierno central haya decidido ir también contra la ley castellano-manchega. El Consejo de Ministros ha acordado hoy mismo interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la norma, por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos.

El 'fracking' es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas natural o petróleo del subsuelo y el Gobierno central entiende que las normas de protección reguladas en la ley manchega vulneran las competencias estatales sobre hidrocarburo y medio ambiente. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido invocar el artículo 161.2 de la Constitución “a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad”. Asimismo, considera que la técnica del 'fracking', al estar ya sujeta a la evaluación previa de su impacto ambiental, ya cuenta con “la necesaria protección”.

El Tribunal Constitucional (TC) ya ha ratificado en tres ocasiones recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno contra distintas iniciativas legislativas regionales, como sucedió en 2014 en Cantabria y en La Rioja, o en 2016 en Cataluña. En el País Vasco también se redactó en 2016 una ley similar a las anteriores contra la que el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad y pidió la suspensión cautelar de los artículos que recogían la prohibición del 'fracking', pero el TC levantó dicha suspensión al entender que no existía perjuicio alguno “de imposible o difícil reparación”. La ley castellano-manchega imita este modelo vasco.

En Castilla-La Mancha, la Ley Antifracking fue una promesa de García-Page durante la campaña electoral como respuesta a las amplias movilizaciones ciudadanas en Guadalajara y en el Campo de Montiel. Ha sido de las primeras normas en ponerse en marcha en la presente legislatura, con el voto a favor de PSOE y Podemos y la abstención del PP.

Gracias a este texto, el Gobierno regional ha establecido numerosos requisitos para esta práctica en la comunidad autónoma. Se trata de impedirlo por la vía de la restricción. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer escuchando al pueblo castellano-manchego y lo hacemos desde una perspectiva en positivo”, aseguraba en su momento el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, quien además apuntaba que en la norma se incorporan restricciones aún no contempladas por la legislación nacional pero recomendadas por los organismos europeos.

El contenido de la ley ha seguido las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía y de la Comisión Europea y se realizó junto con las Plataformas Antifracking de Castilla-La Mancha bajo el objetivo de apostar por el desarrollo sostenible.

Todos los requisitos están condicionados a un Plan Estratégico de la utilización de la fractura hidráulica, que incluye cuestiones como la expedición previa de autorizaciones para esta actividad, la evaluación de los riesgos por fugas o migraciones, una zonificación del territorio que diferencie las zonas donde quede restringida la fractura y un detalle de distancias mínimas de profundidad y de exclusión.

Entre los años 2013 y 2015, la técnica del fracking, o fractura hidráulica, constituyó un problema a nivel nacional que ocupó cientos de noticias y algunas portadas. Ahora, en la actualidad, no tiene tanta repercusión y la lucha social que se generó como oposición a estos proyectos permanece en un segundo plano.

Esta práctica, centrada en la extracción de gas de esquisto mediante la inyección de agua a gran presión, es algo con mucha historia en algunos países: en Gran Bretaña en los años 50 ya se utilizó para este mismo propósito, y en Estados Unidos da empleo a más de un millón de personas, según los datos de las empresas promotoras.

Sin embargo, son muchas las voces que explican que los problemas de esta práctica son múltiples. Según Equo, existen riesgos durante la perforación, como la posibilidad de explosiones, escapes de gas o escapes de ácido sulfhídrico (muy tóxico), la contaminación de acuíferos, la contaminación del aire, terremotos o simplemente la especulación económica que deriva de ello.

En España, las empresas involucradas en el fracking son tanto nacionales como extranjeras. El permiso Luena, de más 70.000 hectáreas de extensión, era propiedad de RIPSA (Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A). El permiso de Bezana-Bigüenzo, de más de 140.000 hectáreas, tenía una fuerte participación tanto de Gas Natural Fenosa como de Repsol, según explican desde la plataforma 'Fractura Hidráulica No'.

La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) cuenta con numerosos permisos “ya extinguidos”, algunos de 2008 o 2009. Otras empresas, como Montero Energy, filial de R2 Energy, tienen su sede en Canadá; o BNK Petroleum, con participación en el permiso Arquetu, está afincada en Estados Unidos.

Lucha social

En nuestro país, el movimiento ciudadano contra esta práctica movilizó a miles de personas por todo el territorio. Las plataformas contra la fractura hidráulica son muchas: Cantabria, Vitoria, La Rioja, Andalucía o Navarra, entre otras, son algunos de los territorios que cuentan con una fuerte actividad ante la extracción del gas de esquisto.

“Estos son permisos que afectan a muchas zonas rurales”, dice Carmen González, de la asamblea 'Fractura Hidráulica No', a eldiario.es. Comenta que la clave reside en mantener a la gente de los pueblos y los ayuntamientos informados, y que han sido estos los que han ejercido influencia nivel regional: “Esa presión ha servido mucho, muchísimo, y ha ayudado a que salga en la prensa”, insiste.

“Solo tienes que mencionar el tema del fracking a cualquier persona de zonas afectadas por los permisos que existían, o que existen todavía, y lo tienen clarísimo, lo tienen clarísimo desde el conocimiento”, comenta González, añadiendo que “la gente sabe qué implica, qué desastre nos puede ocasionar tener una industria como esta en el territorio en el que habitas”.

Desde la asamblea explican que es habitual que las empresas realicen estudios de riesgos para evaluar las posibilidades de fracking en una zona determinada, y cómo sería acogida por los vecinos afectados. Desde este colectivo cuentan cómo en un estudio, “a pesar de que España no estaba incluida”, la plataforma 'Fractura Hidráulica No' fue destacada “porque lo consideraban una herramienta que la gente podía tener acceso a ella para posicionarse en contra”. “Es muy importante la lucha de la gente, fuera de toda duda”, sentencia González.

La situación actual

A nivel nacional hablan sobre las dificultades que entraña. “En la mayoría de territorios sucede como en Cantabria, las empresas han ido abandonando con argumentos como el de que no tienen ahora necesidad de trabajar en España el tema del fracking”, aclara.

No obstante, a finales del año 2016, en Asturias, HUNOSA solicitó un permiso para la extracción de gas de esquisto. En Murcia y Soria también hay sondeos solicitados, “pequeñas cosas, los grandes permisos ahora mismo están en el limbo y en el mejor de los casos archivados, caducados o renunciados”, relata González.

Este mes de julio se denunciaron “irregularidades” en los permisos Bezana y Bigüenzo, en Cantabria, la solicitud para archivar estos permisos llegó hasta la Delegación de Gobierno. “No hemos tenido ninguna noticia, así que no sabemos exactamente cuál es la situación”, dicen desde la asamblea, explicando que algunas de esas concesiones están “absolutamente caducadas” desde principios de 2015. “El sondeo en Valderredible lo hicieron en 2016, pero lo han hecho totalmente fuera de plazo y por lo que sabemos tampoco les dieron prórroga de ningún tipo”, añaden.

Carmen González explica también que cuando un permiso ha caducado, en teoría es la Administración la que debería cerrar el trámite de oficio, aunque esto no funciona en todos los casos. “No es algo habitual si no lo pide una entidad o un ciudadano, nosotros lo hemos pedido cientos de veces y seguimos sin saber ninguna noticia al respecto”.

“Han cambiado las leyes en estos cinco o seis años desde que sabemos que existe el fracking, las han modificado a favor de las empresas de tal modo que ahora mismo los permisos que están caducados y archivados no podrían hacer nada”, dicen desde la asamblea.

El 29 de marzo de 2016, el Congreso aprobó un veto sobre el fracking en España. Con la abstención de Cs y el voto en contra del PP, que había incentivado su práctica durante la anterior legislatura, el resto de partidos políticos apoyaron una proposición no de ley que vetaba la utilización de esta práctica. 

“Los partidos y los gobiernos, que hagan su trabajo y nosotros el nuestro, que es mantenernos informados y conocer cuál es la situación, estar pendientes, seguir hablando con la gente y, si hace falta, volver a salir”, advierte González. 

El futuro del fracking

En España hay zonas de gran extensión donde la extracción de gas de esquisto es un negocio a largo plazo, donde es muy probable que haya rentabilidad. Lugares como la zona de la Cuenca Vasco-Cantábrica, se prestan a este tipo de prácticas. En Cantabria, por ejemplo, los permisos concedidos a principios del 2010 sumaban cientos de miles de hectáreas.

El permiso Galileo fue solicitado a finales de 2012. En ese momento la plataforma contra el fracking ya estaba en funcionamiento y “se presentaron multitud de quejas por parte de la ciudadanía, del ayuntamiento, de juntas vecinales, de asociaciones, aquello fue espectacular”, rememora. Desde entonces, no han sabido nada, “no han movido ficha, está totalmente fuera de plazo, como el resto. Es territorio que se queda ahí por si alguien lo quiere. Porque claro, no lo hemos protegido de ninguna manera, simplemente se ha librado de ese permiso”, explica.

El problema reside en que los permisos pueden volver a ser expedidos. “Ellos ya saben que hay posibilidades de encontrar materiales a través de los sondeos y los trabajos previos. Entonces, más tarde o más temprano, cuando les venga bien, nos darán de nuevo el zarpazo o lo intentarán”, concluye González.

Rosa Martínez, co-portavoz de Equo y diputada de Unidos Podemos por Bizcaia en el Congreso y Teresa Arévalo, diputada de Unidos Podemos por Albacete, han presentado en Albacete su proposición de Ley para la prohibición de la fractura hidráulica. Esta propuesta llega cuando algunos de los proyectos que cuentan con licencia, tanto en la región como en otras partes del país, están paralizados o “dormidos” debido a que la bajada del precio del petróleo hace menos rentable la extracción de gas a día de hoy.

Es precisamente esta situación la que les lleva a asegurar que este es el mejor momento para prohibir el fracking y evitar que dichos proyectos se reactiven en el futuro cuando el precio del petróleo suba y haga que la extracción de gas sea más rentable. “Tenemos que dejar de buscar bajo tierra porque nuestros recursos están en el cielo: en el viento y en el sol”, dice Rosa Martínez, que asegura que es el momento de apostar por energías limpias y dejar las no renovables.

De ahí la lucha contra la fractura hidráulica y querer que se prohíba por ley, en este caso fundamentada bajo el principio de precaución. “La seguridad de las personas y del medio ambiente tiene que estar por encima de los intereses económicos”, sentencia la diputada de Unidos Podemos por Bizcaiam que insiste en que solo el Gobierno de España tiene competencia para prohibir una práctica que ha levantado a comarcas enteras y ha llevado a parlamentos autonómicos a rechazarla.

Pero, añaden, esta proposición de Ley presentada por Unidos Podemos se encuentra “vetada” por el Ejecutivo de Rajoy que alude, entre otras cosas, aque las empresas que tienen permisos pueden pedir indemnizaciones si se les prohíbe la extracción. “Esto no se sostiene”, explica la co-portavoz de Equo, que añade que “ninguno de los permisos solicitados especifica que son para extraer gas con fractura hidráulica”.

El siguiente paso es el de pedir a la Mesa del Congreso, mediante un escrito, que levante el veto del Gobierno para poder tramitar la ley porque están convencidas de que en el Parlamento contarán con una mayoría parlamentaria que votará a favor de su propuesta.

Ante esta situación han decidido trasladar los movimientos del Gobierno y los pasos de Unidos Podemos a los colectivos y plataformas que se constituyeron como el mayor azote al fracking durante la pasada legislatura.

La batalla contra la fractura hidráulica en Cantabria ha logrado un nuevo hito con la renuncia de la multinacional energética Repsol al conocido como permiso 'Luena', que tenía influencia sobre las cuencas fluviales de los ríos Besaya, Pas, Pisueña, Miera y Asón. Con esta decisión queda enterrada la amenaza de la fractura hidráulica que pesaba sobre esta zona del territorio autonómico, que había provocado además una gran contestación social y política.

Según ha adelantado la Cadena SER en Cantabria, el Ministerio de Energía que dirige Álvaro Nadal (PP) tramita en estos momentos la extinción de este proyecto de exploración de hidrocarburos mediante la controvertida técnica de fracking, dado que había caducado el pasado mes de enero, una vez transcurridos los 6 años que tenía de vigencia sin que la empresa Repsol haya hecho ni uno solo de los trabajos que tenía previstos.

En los últimos meses, la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria había puesto en marcha una campaña para reclamar al Gobierno central que reconociera la caducidad de este permiso de investigación bautizado como 'Luena', concedido a Repsol el 22 de enero de 2011.

“Animamos a saturar la administración de solicitudes, a hacer un esfuerzo para que, una vez más, se haga oír el rechazo frontal a esta técnica. Creemos que este puede ser un buen golpe de efecto y quizás el empujón definitivo que decida a las empresas a retirarse”, aseguraba la plataforma en su campaña de recogida de firmas.

Esta misma propuesta fue recogida por los partidos políticos con representación parlamentaria (PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos), que aprobaron de manera unánime en el Parlamento autonómico una proposición no de ley en el mismo sentido.

Además, instaron al Ejecutivo regional a presentar un nuevo proyecto de ley contra el fracking, “atendiendo a la capacidad competencial de la comunidad” para evitar que el Tribunal Constitucional lo pueda anular como hizo con la norma aprobada en la anterior legislatura.

Movilización popular

Desde el colectivo antifracking señalan que “gracias a la movilización popular” Repsol no llevó a cabo nunca su campaña de estudios sísmicos en el permiso 'Luena', igual que provocó que desistieran de hacer un pozo somero en San Martín de Toranzo o que desarrollaran el pozo de fracking que tenían previsto entre San Pedro del Romeral y Vega de Pas.

“Con esto se demuestra una vez más que la movilización y el trabajo a pie de calle merecen la pena y consiguen victorias”, subrayan desde la plataforma contra la fractura hidráulica, que ha mantenido durante años una batalla jurídica y social para evitar que el fracking llegara a Cantabria.

Otros permisos caducados

La empresa energética Repsol mantiene todavía intereses económicos en los permisos de fracking 'Bezana-Bigüenzo' con un 40% de participación, junto con la también multinacional Gas Natural Fenosa, unos permisos que afectan a diversas zonas de Palencia y Burgos y a los valles cántabros de Campoo, Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible.

“Estos permisos actualmente son manifiestamente ilegales, pues su tiempo de vigencia ha caducado ya hace más de un año”, recuerdan desde la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, que mantiene la movilización y espera que lleven el mismo camino que el ahora extinto permiso 'Luena'.

La comarca del Ducado y la zona norte de Guadalajara al fin respiran tranquilas tras cuatro años de intensa brega en contra del fracking. Luis Javier López Herguido, portavoz de la Plataforma Antifracking de Guadalajara y principal correa de transmisión de esta reivindicación en la región, sostiene que la Ley aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha para impedir esta técnica de extracción de hidrocarburos “es una noticia fantástica y un paso adelante”. Sin embargo, avisa que el paso definitivo “será cuando el fracking se prohíba en todo el país, algo que es competencia estatal”.

El pasado 9 de marzo fue un día histórico para el norte de Guadalajara, el Campo de Montiel y La Mancha, los territorios sobre los que pesaba como una espada de Damocles la amenaza de la implantación del fracking. Ese día, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron una ley que, en la práctica, impide esta técnica en la región. La votación contó con el apoyo del PSOE y Podemos, y la abstención del PP. “A partir de ahora, Castilla-La Mancha se puede declarar una tierra libre de fracking”, señaló Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

La decisión adoptada en el Parlamento regional supone un giro de 180 grados con relación a la política ejecutada durante la anterior legislatura coincidiendo con el mandato de María Dolores de Cospedal, quien nunca se posicionó en contra de un método de extracción de hidrocarburos ampliamente rechazado por la comunidad científica por sus efectos perniciosos para el entorno.

Una técnica contaminante

La fractura hidráulica es una técnica muy extendida en Estados Unidos y extraordinariamente agresiva para el medio ambiente. Su implementación le ha servido a la primera potencia del mundo para operar en el mercado del petróleo hasta el punto de abaratar las materias primas y competir con los países de la OPEP. Pero las consecuencias físicas de esta práctica son muy nocivas para el medio natural.

Ecologistas en Acción Guadalajara valora positivamente la aprobación de esta norma en Castilla-La Mancha. Su portavoz, Augusto Barcenilla, asegura que “con esta normativa nos consideramos más protegidos”. A su juicio, “el fracking supone una gran contaminación de acuíferos, la devastación del territorio por la necesidad de abrir pozos permanentemente e incluso afecciones a la salud por la acción de los contaminantes químicos. Tan importante es prohibir el fracking como invertir en energías renovables”, advierte Barcenilla. La contaminación acústica, atmosférica y el surgimiento de pequeños movimientos sísmicos completan los efectos de esta técnica, tan pingüe para las empresas del sector como repudiada socialmente.

De ahí que las plataformas contra el fracking de Guadalajara y del Campo de Montiel y La Mancha emitieran recientemente un comunicado expresando su satisfacción por el veto a esta técnica aprobado por las Cortes regionales. Ambas organizaciones animaban a “todos los partidos” a que se sumaran a esta iniciativa, al tiempo que solicitaban al Congreso de los Diputados que aprobaran una ley para prohibir el fracking “en todo el Estado”. Además, y en aras de la misma sensibilidad medioambiental que ha llevado a parar el fracking, pidieron a los grupos con representación parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha la adopción de medidas para no permitir la megaminería de explotación de las tierras raras.

La lucha contra el fracking en Castilla-La Mancha y, particularmente, en Guadalajara, se remonta al 14 de mayo de 2013. Ese día se publicó en el BOE un Real Decreto por el que el Gobierno de Rajoy concedía a la compañía Frontera Energy Corporation el permiso de investigación de hidrocarburos bajo la denominación de Proyecto Cronos. El objetivo era calibrar las posibilidades para la extracción de hidrocarburos en varias zonas de Guadalajara y Soria, y hacerlo a través de la fracturación de capas de roca a más de 2.000 metros de profundidad utilizando agua y una serie de productos químicos de alta toxicidad.

“Lo que intentamos hacer desde el principio fue aglutinar esfuerzos de colectivos de distintos signo política y que la plataforma alcanzara al mayor número de vecinos y pueblos posibles, incluidos los más pequeños”, destaca López Herguido. “En pueblos de 30 habitantes, donde a lo mejor 25 personas nos apoyaban, nos decían: ‘si es que somos muy pocos, nos da vergüenza apoyaros’ Sin embargo, para nosotros ese respaldo fue clave”, añade.

Los movimientos sociales que cuajaron desde ese momento esgrimieron contundentes argumentos de especialistas para cuestionar el fracking. Por ejemplo, según la mayoría de expertos se necesitarían entre 20.000 y 30.000 metros cúbicos de agua por cada pozo excavado, que podrían ser entre 100 y 200. Unas cifras desproporcionadas para la sierra de Guadalajara.

La Plataforma contra el Fracking en Guadalajara se creó el 25 de mayo de 2013. Sus impulsores encontraron un amplio respaldo a sus exigencias salvo en los representantes públicos, del Partido Popular, tanto del Gobierno de la nación como del Ejecutivo regional de entonces. Cabe recordar que la entonces presidenta de la Diputación de Guadalajara y del PP en esta provincia, Ana Guarinos, desdeñó públicamente a los promotores de la plataforma contra el fracking. Aseguró “no entender” sus peticiones y se limitó a recordar que lo que entonces se había autorizado no eran ni siquiera prospecciones, sino la posibilidad de estudiar su implantación.

En realidad, lo que hizo el Gobierno fue poner en el punto de mira a Guadalajara y a La Mancha para el uso de una técnica invasiva, cuyo rechazo social fue creciendo con el paso de los meses. Las movilizaciones cada vez eran mayores y encontraron un eco creciente hasta el punto de que la plataforma de Guadalajara, pese a proceder de una comarca como la del Ducado, muy afectada por la despoblación, logró recabar más de 20.000 firmas. Su lucha fue firme y tenaz. Y fue compartida por decenas de pueblos del norte de Guadalajara, como Luzón, Aguilar de Anguita, Anguita, Alcolea del Pinar, Cobeta, Estriégana, Sigüenza, Luzaga y Molina de Aragón. Sólo los ayuntamientos de Maranchón y Sigüenza, ambos gobernados por el PP, decidieron no secundar esta protesta.

En enero de 2014, los ayuntamientos afectados presentaron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el Alto Tribunal falló a favor del Gobierno en mayo de 2016. Antes, la plataforma constituida en Guadalajara acudió al Congreso para sumarse al resto de colectivos implicados en esta materia en la reunión en la que todas las formaciones del arco parlamentario –excepto PP, PNV y CiU- suscribieron un compromiso contra el fracking.

Cambio político

En todo caso, el punto de inflexión en esta larga marcha contra la técnica de fractura hidráulica llegó en la primavera de 2015, coincidiendo con la campaña a los comicios autonómicos y municipales. Emiliano García-Page, entonces candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, firmó en Sigüenza el compromiso contra el fracking en abril de ese año. Page -al igual que el candidato de Podemos- prometió tumbar esta técnica si ganaba las elecciones. Y fue el vuelco electoral que se produjo en Castilla-La Mancha en mayo de 2015 el que, precisamente, permitió empezar a desandar el camino andado en esta materia.

Ya investido presidente regional, García-Page decidió invitar a las plataformas contra el fracking, la de Guadalajara y las de La Mancha, al Consejo de Gobierno del 29 de septiembre de 2015, en el que se comenzó a elaborar el borrador del proyecto de ley contra esta técnica. Esta norma fue aprobada definitivamente por parte del Gobierno regional en julio del pasado año.   

Este cambio en el marco normativo en la región culminó a comienzos de este mes, cuando el consejero de Agricultura confirmó en las Cortes que, en un plazo máximo de 18 meses, la Junta elaborará un plan estratégico que “establecerá las exigencias y la fianza para las empresas interesadas en fracking”. La ley aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha cierra el paso en la práctica al fracking mediante un paquete legislativo orientado a potenciar el uso de energías alternativas.

“Es una ley a favor del uso del agua para aquellos que en nuestra región están todos los días generando riqueza, los agricultores y ganaderos de la región”, aseguró Martínez Arroyo. Además, agradeció el trabajo de los movimientos ciudadanos en Guadalajara, el Campo de Montiel y La Mancha: “Hemos conseguido aunar esfuerzos, generar sinergias y confluir intereses entre la sociedad civil”.

Fidel Paredes, presidente de la Asociación Serranía de Guadalajara y miembro de la plataforma antifracking, advierte de que, en realidad, “no se prohíbe el fracking, sino que se endurecen las condiciones para extraer gas”. Por ejemplo, imponiendo trabas para impedir el paso de la maquinaria pesada que acarrea esta práctica o limitar la infraestructura necesaria para esta técnica en los núcleos urbanos. “La legislación aprobada en Castilla-La Mancha es óptima y está inspirada en la que ya existe en el País Vasco”, añade.

Las plataformas guadalajareña y manchegas se muestran ahora satisfechas, pero cautas. La normativa castellano-manchega colma sus aspiraciones, aunque el marco legal que rige en todo el Estado sigue dando vía libre al fracking. Por ello, las exigencias que plantean los movimientos que abanderan el veto a esta técnica en todo el territorio nacional han empezado a cuajar en el Congreso. Por el momento, dos proposiciones no de ley presentadas por el PSOE y Unidos Podemos serán debatidas en los próximos meses en la Cámara Baja. Cuentan, en principio, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP.

La culminación de los colectivos antifracking, en Castilla-La Mancha y en el resto del país, llegará cuando estas iniciativas en el Congreso terminen dando sus frutos. Pero, de momento, los miembros y entidades que han vertebrado estas plataformas en Guadalajara, Campo de Montiel y La Mancha tienen motivos para creer que su esfuerzo no ha sido en balde. Al menos por ahora, la amenaza del fracking ha sido desactivada.   

Castilla-La Mancha se ha sumado a las comunidades autónomas que han aprobado iniciativas contra la práctica de la fractura hidráulica. El pleno de las Cortes regionales ha aprobado la denominada Ley Antifracking con la que el Gobierno regional establece numerosos requisitos para esta práctica en la comunidad autónoma, de forma que los proyectos de este tipo sean prácticamente imposibles. Se trata de impedirlo por la vía de la restricción. En la Junta son conscientes de que el Tribunal Constitucional ha tumbado las iniciativas de Cantabria, Navarra y La Rioja debido a que invadían competencias del Estado. Por eso ha tomado como ejemplo el modelo del País Vasco y las recomendaciones europeas: no prohíbe el fracking sino que aumenta los requisitos previos para frenarlo. Se trata además de la primera ley de carácter medioambiental que aprueba el Ejecutivo de Emiliano García-Page, quien se comprometió a esta regulación durante la campaña electoral.

“No va a haber más fracking en Castilla-La Mancha”, ha dicho el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en su defensa de la nueva ley. Ha ensalzado la normativa como un “orgullo” del Gobierno regional y de toda la sociedad, poniendo como ejemplo de su “magnitud” la presencia en el pleno de las Plataformas Antifracking del Campo de Montiel y de Guadalajara, de Ecologistas en Acción y de los alcaldes de los pueblos afectados por los proyectos de fracking ya iniciados. “Es un trabajo conjunto, estamos todos en un compromiso de región para garantizar la preservación del medio ambiente, la salud pública, del lado de la prudencia frente a la temeridad”, ha recalcado.

Dicho esto, ha recordado el inicio de la tramitación de esta norma en septiembre de 2015 y su posterior elaboración en el Consejo de Gobierno abierto con las plataformas antifracking. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer escuchando al pueblo castellano-manchego y lo hacemos desde una perspectiva en positivo”, ha añadido, explicando que en la norma se incorporan restricciones aún no contempladas por la legislación nacional pero recomendadas por los organismos europeos. Entre las mismas, ha destacado los nuevos requisitos de evaluación de riesgos, el futuro Plan Estratégico que incorpora la Ley y que se elaborará en un periodo de 18 meses y el compromiso de la Junta con el “futuro desarrollo sostenible” de Castilla-La Mancha.

El contenido de la ley ha seguido las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía y de la Comisión Europea. La idea no es prohibir este método de extracción de hidrocarburos, sino restringir las medidas de prevención de tal manera que su práctica sea casi imposible. Para ello, la Junta ha elaborado junto con las Plataformas Antifracking de Castilla-La Mancha una ley donde se establecen medidas adicionales (que sí son competencia autonómica) de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica.

Todos los requisitos estarán precedidos del mencionado Plan Estratégico de la utilización de la fractura hidráulica, que incluirá cuestiones como la expedición previa de autorizaciones para esta actividad, la evaluación de los riesgos por fugas o migraciones, una zonificación del territorio que diferencie las zonas donde quede restringida la fractura y un detalle de distancias mínimas de profundidad y de exclusión.

Desde el PSOE, la diputada Carmen Torralba ha destacado las mejoras introducidas como la enmienda de Podemos para acortar el plazo de elaboración del Plan Estratégico y ha destacado el hecho de que la regulación energética es competencia estatal, pero que la comunidad autónoma ahora puede restringir la fractura hidráulica “buscando un modelo energético alternativo”.  Ha dejado claro que no se otorgará ningún permiso nuevo y que en la memoria de la Ley se establece que no habrá responsabilidades patrimoniales de la Junta.

El PP ha mantenido una postura ambigua durante el debate. El diputado Antonio Martínez ha criticado por un lado que el “rodillo de los perdedores” -en referencia a PSOE y Podemos- haya tumbado su única enmienda para establecer en un año el plazo para el Plan Estratégico, pero al mismo tiempo ha criticado la ley en su conjunto, afirmando que no participarán “en un paripé”.

Podemos alerta sobre los riesgos y pide su prohibición en toda España

Por su parte, el diputado de Podemos David Llorente ha hablado primero de los riesgos del fracking como la utilización de grandes cantidades de agua en una región “castigada por trasvases”, la destrucción y contaminación de los acuíferos que abastecen al 35% de la población, la contaminación de las aguas superficiales y la amenaza para la salud pública. Después ha criticado las posiciones “contradictorias” del PP, ha pedido que también se desarrolle una ley contra la minería de tierras raras  y ha instado a los socialistas a que también apoyen en el Congreso la proposición de ley de Unidos Podemos para prohibir el fracking en toda España.

Sobre este asunto, el PSOE ha reiterado posteriormente esta misma petición de que la fractura hidráulica se prohíba a nivel estatal. La diputada Torralba ha hecho además referencia al informe de SEO/Birdlife que apunta que el fracaso de otras regiones ante el Tribunal Constitucional fue por intentar prohibir esta práctica “siendo más acertado apostar por medidas adicionales como es el caso de Castilla-La Mancha”. El diputado del PP, en su siguiente intervención, ha seguido sin mostrar una postura clara de su partido a favor o en contra del fracking, aunque ha reconocido en un momento de su intervención que esta práctica “no ofrece garantías ambientales”.  

El debate lo ha concluido el consejero de Medio Ambiente, quien ha pedido “no mezclar” la aprobación de esta ley con la minería de tierras raras, puesto que son asuntos diferentes y “no comparables” y el segundo caso ya lo está abordando la Junta conforme al procedimiento. “Estamos haciéndolo bien en medio ambiente (…) Hoy es un día para estar felices y celebrar”, ha concluido.

La normativa con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere impedir que en esta comunidad autónoma puedan llevarse a cabo proyectos mediante la técnica del fracking ha recibido un nuevo impulso parlamentario. La Comisión de Medio Ambiente ha aprobado el dictamen del conocido como proyecto de Ley ‘Antifracking’ con varias enmiendas incorporadas, entre ellas, dos de Podemos respaldadas por el PSOE: la primera acorta de dos años a año y medio la elaboración del Plan Estratégico contra está técnica de extracción de hidrocarburos que se contempla dentro del proyecto de Ley; y la segunda garantiza “obligatoriamente” la participación de la población afectada en la realización de ese plan. También han salido adelante cuatro enmiendas socialistas que suponen meras correcciones técnicos en el texto.

El diputado de Podemos David Llorente ha defendido durante su intervención la necesidad de que el Plan Estratégico pueda aprobarse durante la presente legislatura, entendiendo que hasta su aprobación, cualquier proyecto de fracking queda en suspenso, una postura respaldada por la diputada del PSOE Carmen Torralba con el mismo argumento. En cuanto a la participación ciudadana, ambos partidos han coincidido en apelar a que los ciudadanos puedan contribuir a la redacción. Se ha cambiado el imperativo “participará”, en referencia a la población, por “se contará obligatoriamente con”.

Por su parte, desde el PP, el parlamentario Antonio Martínez ha defendido la única enmienda presentada por su partido a todo el proyecto de Ley, que pedía que ese plazo fuera de un año, y que ha sido rechazada. El diputado ha aprovechado para arremeter primero contra los socialistas por presentar una “chapuza” de Ley que “no cumple con las expectativas” de las poblaciones afectadas y que “no es una Ley Antifracking”.

Según ha dicho, este texto normativo tan solo procede “de la presión de Podemos” a costa de los Presupuestos regionales de 2017 y no refleja las necesidades sociales. De hecho, en este punto ha aprovechado para desviar el tema hacia la agricultura ecológica, recordando la manifestación que los agricultores de este colectivo protagonizarán este jueves en Toledo por el recorte de primas. Y así, ha acusado tanto a la Junta como a Podemos de no preocuparse por los “problemas reales” del campo en Castilla-La Mancha.  

Desde Podemos, David Llorente le ha recordado que el PP no firmó el Pacto contra el fracking que rubricaron el resto de partidos en la región y le ha solicitado en varias ocasiones que aclare su postura en torno a esta técnica, cuando ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy quien “abrió las puertas” a este tipo de proyectos en Castilla-La Mancha y en toda España.

Una “amenaza” para la salud pública y la agricultura

“Nosotros somos coherentes con ese compromiso que suscribimos, que plantea condiciones dentro de las competencias de la región”, ha añadido, recordando que la fractura hidráulica supone una “amenaza grave” para la salud pública, el abastecimiento de agua y a la agricultura “que tanto menciona el PP”.  Finalmente, ha manifestado que esa defensa del campo castellano-manchega también quedará reflejada con la presencia de Podemos en la manifestación de los agricultores ecológicos.

Por su parte, la socialista Carmen Torralba también ha arremetido contra el PP. Ha dicho no entender cómo este partido puede considerar una chapuza la ley y luego presentar tan solo una enmienda. “O está exagerando o le gusta poco trabajar”, le ha espetado al diputado ‘popular’. Dicho esto, ha recordado que los agricultores de Ciudad Real, Albacete y Guadalajara (zonas afectadas por proyectos de fractura hidráulica) han respaldado esta futura Ley.

También ha acusado al PP de estar buscando fórmulas para que el Tribunal Constitucional tumbe la futura Ley al igual que ha sucedido en La Rioja o Cantabria, al tiempo que ha recordado que el texto se ha elaborado dentro de las competencias de la comunidad autónoma, de forma similar a como se ha realizado en el País Vasco, para evitar que haya conflicto competencial. Ha aclarado por último el carácter retroactivo de la ley, de forma que afectará a los proyectos de fracking ya existentes.

Tras la aprobación de las enmiendas de PSOE y Podemos y el visto bueno al dictamen, el proyecto de Ley requiere ahora de la aprobación en pleno como último paso para su entrada en vigor. La norma plantea una serie de requisitos que tienen como objetivo impedir ‘de facto’ esta técnica de explotación de hidrocarburos. Todos ellos estarán precedidos del mencionado Plan Estratégico, que incluye cuestiones como la expedición previa de autorizaciones para esta actividad, la evaluación de los riesgos por fugas o migraciones, una zonificación del territorio que diferencie las zonas donde quede restringida la fractura y un detalle de distancias mínimas de profundidad y de exclusión.

El exalcalde de Camargo Diego Movellán tomó posesión el pasado día 13 de diciembre como representante del Partido Popular en el Congreso de los Diputados “con ganas de ser útil a los cántabros y con ilusión por vivir en persona una legislatura que se espera sea de grandes acuerdos”.

Apenas dos meses después de esa declaración de intenciones, el político popular rehuye a la prensa y evita dar explicaciones a los ciudadanos de su primera decisión controvertida desde el escaño: Movellán, que es portavoz adjunto del PP en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, abandonó la sala antes de que se debatiera una proposición no de ley contra el fracking “porque tenía reuniones”, evitando así posicionarse en uno de los temas más sensibles para la sociedad y que mayor consenso político ha alcanzado en Cantabria.

La postura del ahora diputado nacional contrasta con la que mantuvo la pasada legislatura como alcalde de Camargo -sigue manteniendo el acta de concejal, aunque desde la oposición- cuando se manifestó pública y reiteradamente contra el uso de esta técnica de extracción de gas, cuyo posible desarrollo en Cantabria provocó un gran movimiento social que aún pervive, ante el riesgo de que alguno de los permisos de investigación todavía en vigor se ponga en marcha.

En unas controvertidas declaraciones alejadas de la línea oficial del PP de Cantabria, Movellán defendió en 2014, en uno de los momentos en los que la lucha contra el fracking ocupaba más titulares, que sus compañeros de filas en el Congreso y en el Senado debían ser “valientes” y mostrar en Madrid su “rechazo” a la fractura hidráulica. “Uno es diputado o senador por encima de la disciplina de voto y está para representar a todos los ciudadanos”, aseguró entonces.

Además, exigió a los representantes del PP de Cantabria en las Cortes que se mantuvieran “firmes” en la línea con lo aprobado en el Parlamento autonómico, que sacó adelante con el consenso de todos los partidos una ley que prohibía el uso de esta técnica en territorio regional.

Pese a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy y el Ministerio de Industria que encabezaba entonces José Manuel Soria se habían mostrado siempre favorables al uso del fracking, impulsando y aprobando todos los permisos solicitados, Movellán recordó a sus compañeros cántabros que otros diputados del Partido Popular sí mantenían posturas contrarias en Madrid en defensa de los intereses de sus respectivas comunidades.

Ausencias e incoherencias

Movellán no ha podido ahora mantener esa coherencia que exigía a sus antecesores en el cargo, y emuló esta semana la actitud que había mantenido unos días antes el senador cántabro Javier Fernández, que durante la pasada legislatura fue consejero de Medio Ambiente del Gobierno presidido por Ignacio Diego, y al frente de ese departamento desarrolló precisamente la ley antifracking de Cantabria, que se ausentó también de una Comisión de la que es vocal en el Senado y no participó en la votación que pedía declarar a España como “país libre de fracking”.

De hecho, esta decisión ha provocado que el Parlamento de Cantabria aprobara la semana pasada su comparecencia para explicar la postura que mantiene respecto al fracking, después de que algunas formaciones, como el PSOE, lo acusaran de “traicionar a los cántabros” y de “actuar con cobardía” para no saltarse la disciplina de partido.

En esa ocasión ha sido la diputada nacional de Podemos, Rosana Alonso, la que ha cuestionado la actitud de Diego Movellán en el Congreso, ya que “demuestra la nula credibilidad que el Partido Popular tiene en materia de fracking, votando en Madrid en contra de lo que vota en Cantabria”.

“Excusarse por tener reuniones demuestra todo lo que le interesa esta tierra, porque ¿qué reunión puede ser más importante en ese momento que impedir la técnica del fracking en Cantabria? Es algo que debería explicarnos”, ha insistido Alonso en declaraciones a eldiario.es.

Camargo libre de fracking

Movellán fue el número tres en la candidatura presentada por el Partido Popular a las elecciones generales del pasado 26 de junio y accedió al cargo de diputado nacional hace solo dos meses en sustitución de José María Lassalle, quien renunció al acta tras su designación como secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.

El diputado nacional del PP por Cantabria nació el 1 de julio de 1979 y es licenciado en Economía por la Universidad de Cantabria. Fue presidente de Nuevas Generaciones de Cantabria de 2005 a 2013; concejal del Ayuntamiento de Camargo entre 2003 y 2011 y alcalde de la ciudad entre 2011 y 2015.

Precisamente desde su responsabilidad como alcalde promovió una iniciativa encaminada a declarar al municipio “libre de fracking ” para expresar su negativa al uso de una técnica que consideró “dañina” y “peligrosa”, un cambio de postura que Movellán ha rehusado explicar a través del Gabinete de Prensa del PP pese a las reiteradas peticiones de este diario.

La aparente placidez con la que gobierna Mariano Rajoy, pese a no disponer de mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados, no siempre es fácil de gestionar. La oposición parlamentaria suma pequeñas batallas ganadas esta legislatura, en la que ha conseguido torcer el brazo del Ejecutivo en varias ocasiones en temas clave y en los que el PP no puede evitar dejar patente su soledad en las votaciones.

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la Cámara Baja ha vuelto a dar una muestra de ello, después de que el Grupo Socialista haya conseguido sacar adelante una proposición no de ley para instar al Gobierno a “prohibir el fracking en todo el Estado” por los riesgos que supone tanto para la naturaleza como para las personas.

Así, con 22 votos a favor, los 14 en contra del Partido Popular y la abstención del PNV, la iniciativa busca realizar los cambios legislativos necesarios para prohibir el empleo de las técnicas de fractura hidráulica en toda España “con pleno respeto a las competencias autonómicas”.

La posición del PP sobre el fracking es siempre polémica en esta materia, con un discurso en las autonomías amenazadas por la extracción de gas del subsuelo y otra postura distinta en Madrid, donde tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como los diputados y senadores populares han votaron reiteradamente a favor de impulsar estos proyectos muy contestados socialmente.

El último ejemplo reciente fue el de Javier Fernández, que durante la pasada legislatura fue consejero de Medio Ambiente del Gobierno presidido por Ignacio Diego, y al frente de este departamento desarrolló precisamente la ley antifracking de Cantabria, que se ausentó de una Comisión de la que es vocal en el Senado y no participó en la votación que pedía declarar a España como “país libre de fracking”.

De hecho, esta decisión ha provocado que el Parlamento de Cantabria aprobara la semana pasada su comparecencia para explicar la postura que mantiene respecto al fracking, después de que algunas formaciones, como el PSOE, lo acusaran de “traicionar a los cántabros” y de “actuar con cobardía” para no saltarse la disciplina de partido.

Movellán también se ausenta

La polémica desatada por la sonora ausencia de Javier Fernández en el Senado no ha sido suficiente para evitar que el diputado cántabro Diego Movellán emule a su compañero de filas en la Comisión correspondiente en el Congreso cuando se debatía un tema de tal trascendencia para la comunidad, que ha sacado a la calle a miles de ciudadanos y que logró un supuesto consenso en el Parlamento autonómico.

Movellán, que fue alcalde de Camargo durante la pasada legislatura y manifestó públicamente su rechazo a la técnica de la fractura hidráulica, mantiene su acta como concejal en el Ayuntamiento y se ha convertido en diputado nacional de rebote, ya que no salió elegido en las pasadas elecciones. Ocupó el número cuatro de la candidatura del Partido Popular, pero ha recogido su acta en sustitución de José María Lassalle, que fue nombrado secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.

Según han explicado a eldiario.es desde el departamento de prensa del PP de Cantabria, el diputado cántabro ha participado con normalidad en la sesión, pero abandonó la sala antes de que se debatiera sobre el fracking y se produjera la votación definitiva “porque tenía reuniones”.

Acabar con la “amenaza” del fracking

El portavoz de Medio Ambiente del PSOE en la Comisión, Manuel González Ramos, ha defendido la necesidad de suspender “cautelarmente” las prospecciones, cualquier proyecto o permiso de investigación y establecer una moratoria hasta que no se prohíba esta técnica, que incluya “todos los permisos o peticiones” de autorización que existan en la actualidad para realizar fracking.

En la propuesta, González ha planteado también derogar “todos aquellos artículos que favorezcan la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos mediante esta técnica, para garantizar la salud pública y el medio ambiente”.

También ha incidido en que los estudios sobre el fracking revelan que existe riesgo para el medio ambiente y para las personas. “Los socialistas queremos preservar la salud de la ciudadanía y de su entorno”, ha manifestado el diputado, que cree que “el fracking es una amenaza de la que hay que protegerse”.

En la comisión celebrada este martes en el Congreso de los Diputados ha subrayado la necesidad de apostar por las energías renovables, quitar el 'impuesto al sol' y seguir desarrollando energías limpias, frente a la opción de perpetuar un modelo de energía basado en los combustibles fósiles y que “condena a España a una dependencia energética por décadas”.

La Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Parlamento ha aprobado este jueves la comparecencia del senador del PP Javier Fernández para explicar su postura respecto al fracking, con el apoyo de todos los grupos salvo el Partido Popular, que se ha abstenido.

El PP cree que “el Gobierno juega al gato y al ratón con el fracking”, porque mientras se pide la comparecencia de un senador ante el Parlamento de Cantabria para explicar el sentido de su voto, “se impulsan leyes que dejan abierta la posibilidad de que haya fracking en Cantabria”.

El portavoz de Medio Ambiente del PP, José Manuel Igual, se ha referido así a la proposición de ley que acaban de presentar PRC y PSOE para reformar la Ley del Suelo y reactivar la mina de Reocín, que en su opinión “deja abierta la puerta al fracking”.

Igual ha calificado de “inaudita” la petición de comparecencia del exconsejero de Medio Ambiente y Urbanismo, realizada por el PSOE, para explicar su ausencia en una Comisión de Medio Ambiente del Senado.

Según afirma, “no existen precedentes ni en Cantabria ni en otros parlamentos autonómicos”, en los que un senador de las Cortes Españolas tenga que explicar el sentido de su voto. “No nos vamos a oponer, pero no vamos a participar en esta historia”, ha dicho.

Además, ha señalado que Fernández es un senador que representa a España y Cantabria, con lo que a su entender, su actuación es “impecable”, al mantener “tanto su oposición a que haya fracking en Cantabria, como permitir que en otros lugares del país se pueda hacer”.

Mientras el PP de Cantabria “sigue estando radicalmente en contra del fracking” en Cantabria, Igual no ve que sea así en el actual Gobierno y más aún tras la última proposición de ley que acaban de presentar para reactivar la mina de Reocín, y que en su opinión “deja abierta la puerta al fracking”.

Igual ha recordado que en la anterior legislatura, los alcaldes de Cantabria firmaron un manifiesto contra el fracking a propuesta del Partido Popular, como apoyo a la ley aprobada por el Parlamento a propuesta del Gobierno presidido por Ignacio Diego y que posteriormente fue declarada anticonstitucional a instancias del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La redacción de una nueva norma que prohíba el uso de la fractura hidráulica en territorio autonómico no está dentro de los planes inmediatos del Gobierno de Cantabria, que considera que las modificaciones introducidas en el anteproyecto de la Ley del Suelo cierra las puertas al uso del fracking en suelo cántabro sin invadir las competencias del Estado, que consiguió declarar inconstitucional la regulación que se llevó a cabo en la pasada legislatura.

Al menos, esa es la postura que ha mantenido públicamente la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos (PSOE), que es quien controla actualmente la política urbanística en el Ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla (PRC). Sus declaraciones sirven para marcar el terreno unas horas después de que los regionalistas presentaran una proposición en el Parlamento en la que se insta al Gobierno a responder a la “amenaza” de la fractura hidráulica.

Díaz Tezanos, que se ha mostrado muy rotunda al respecto, desmintiendo las informaciones que habían publicado algunos medios de comunicación, ha insistido en que el Gobierno de Cantabria “no tiene absolutamente nada encima de la mesa”, aunque, evidentemente, “se pondría a trabajar en ello si así se lo pide el Parlamento”.

De hecho, la vicepresidenta ha explicado, a preguntas de los periodistas, que el Ejecutivo no tiene sobre la mesa la redacción de otra ley antifracking y que así se desprende del programa legislativo para este año, que se aprobó el pasado 13 de enero, además de confirmar que “tampoco se ha tratado en el Consejo de Gobierno”.

De todas formas, Díaz Tezanos ha asegurado que “nunca va a estar en contra de legislar siempre y cuando dé seguridad jurídica y garantía jurídica a los ciudadanos de Cantabria”. Sobre la existencia o no de “resquicios legales” que permitan volver a prohibir el fracking por ley y conseguir que esta norma no sea anulada, la vicepresidenta considera que “eso es algo que tendrían que decir expertos jurídicos”.

“Lo que no le puede pasar al Gobierno o lo que no sería deseable es que del Parlamento de Cantabria saliera una ley que fuera recurrida por invadir competencias del Estado”, ha recalcado la vicepresidenta, que ha señalado que “hoy por hoy” la política energética del país “es competencia del Estado y no de la comunidad autónoma”.

Además, ha señalado que su partido, el PSOE, ha estado en contra del fracking, tanto cuando ha estado en la oposición como ahora en el Gobierno, y ha mostrado esta postura tanto en Cantabria como a nivel nacional, algo que, a su juicio, no ha hecho el PP. “Hay que tener un poco de coherencia”, ha subrayado.

Nueva regulación

Mientras, el Gobierno ha confirmado el cambio que realizará para agilizar al máximo el proyecto industrial que permitirá la reactivación de la mina de Reocín, una vez que ha surgido la posibilidad de extraer zinc de un subsuelo abandonado hace años.

Según precisa el Ejecutivo, esta norma abre la posibilidad de desarrollar actividad minera en el subsuelo de cualquier suelo rústico de Cantabria si es compatible con su protección y deja fuera de esa actividad los hidrocarburos líquidos y gaseosos.

Con esta norma se regulará por primera vez en la comunidad autónoma la posibilidad de que sean autorizadas en suelo rústico las actividades incluidas en el ámbito de la Ley de Minas, así como las construcciones, infraestructuras e instalaciones vinculadas a ella.

Podemos pide mayor control

Sobre la posible ley antifracking, desde Podemos han manifestado que apoyarían esta regulación “sin dudas” porque, a su juicio, “eso cerrará las puertas a cualquier otra reforma legislativa que pueda tener consecuencias indirectas para abrir la puerta a la explotación del fracking”.

La formación morada, que alertó hace unos días de las consecuencias de la “reforma exprés” que el Gobierno quiere llevar a cabo de la actual Ley del Suelo para impulsar el proyecto de las minas de Reocín, ha pedido que antes de debatir esa modificación de la actual normativa se apruebe la ley antifracking.

Tal y como señaló antes de que el Consejo de Gobierno aprobara el documento de alcance para el estudio de impacto ambiental, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a insistir en su rechazo al proyecto de extracción minera de tierras raras que la empresa Quantum quiere llevar a cabo en el Campo de Montiel (Ciudad Real). Ha dicho de forma tajante que el Gobierno “rechazará” esta iniciativa, cuya promotora tiene hasta el 19 de febrero para presentar su estudio y a la que se denegó la ampliación de plazo.

Concretamente, García-Page también ha hecho referencia a este polémico proyecto, avanzando el rechazo del Ejecutivo regional. “Aquí no queremos experimentos”, ha subrayado, añadiendo que en la comunidad autónoma “queremos valernos por nosotros mismos y, sobre todo, que ni nos usen ni nos abusen”.

También ha recordado que en los próximos meses, Castilla-La Mancha contará con una normativa específica que protegerá a la región del desarrollo de proyectos relacionados con la práctica de la fractura hidráulica o ‘fracking’. Ha recordado que será una normativa “avanzada” que “hará imposible” su práctica en la comunidad autónoma.

Para ello, el Gobierno regional exigirá a las empresas que quieran poner en marcha proyectos relacionados con la fractura hidráulica “someterse a un trámite” que depende directamente del Ejecutivo autonómico, con lo que, al mismo tiempo respetará el ámbito competencial del Gobierno central y la Constitución.

El proyecto de Ley ‘Antifracking’, que endurece los requisitos para la realización de prácticas de fractura hidráulica en Castilla-La Mancha, con el objetivo de impedirlas en su totalidad, ha abierto la espita sobre otras acciones que también pueden producir daños en la salud y en el medio ambiente, como es el caso de la iniciativa de extracción minera de tierras raras en el Campo de Montiel. Este proyecto está pendiente del informe de evaluación ambiental que realice su promotora, la empresa Quantum, pero cuenta con tanta contestación social en la comarca que desde los colectivos que la rechazan han reprochado a la Junta que legisle contra el ‘fracking’ pero no contra esta práctica. Ahora, Podemos se hace eco de esa petición y pedirá, en el próximo pleno de las Cortes castellano-manchegas, una ley contra la minería de tierras raras.

Se trata de una cuestión que Izquierda Unida había pedido incluir vía enmiendas al proyecto de Ley Antifracking, actualmente en tramitación. Así se lo manifestó a la formación morada, pero finalmente, el Grupo Parlamentario de Podemos ha decidido que el encaje jurídico de las tierras raras en una normativa que se centra en otra cuestión es “muy complicado”. Por eso, realizará la petición en la sesión plenaria, dentro de una propuesta de resolución tras el debate general sobre esta controvertida cuestión.

El diputado David Llorente explica que “lo mejor es contar con una buena ley contra la minería de tierras raras”. “Legislar al respecto sería una herramienta mucho más potente para luchar contra esta práctica, que enmendar otra norma que es distinta”, destaca.

Es más, el asunto ni siquiera se ha quedado al margen de la negociación de los Presupuestos para 2017. Llorente confirma que la minería de tierras raras “ha estado sobre la mesa” en estas conversaciones con la Junta y que “nadie  entendería que en el presupuesto se apueste por el apoyo al medio ambiente y la agricultura, y al mismo tiempo se deje pasar este proyecto”. Recuerda que el propio Gobierno regional ya se ha manifestado contra este proyecto de la empresa minera Quantum, tanto desde la Consejería de Medio Ambiente como por boca del presidente regional, Emiliano García-Page, cuando manifestó que “no convenía ni era viable desde el punto de vista medio ambiental”.

“Nos atenemos al compromiso del Gobierno”

“El compromiso público del Gobierno está ahí, y en el documento de alcance que se aprobó los requisitos planteados son tantos, que hace inviable cualquier estudio de impacto ambiental que prepare la empresa. Por eso, nos atenemos a ese compromiso”, subraya el diputado de Podemos, quien apuesta por formar un grupo de trabajo con ecologistas, plataformas, asociaciones y partidos políticos con el objetivo de estudiar “todos los fundamentos jurídicos” que podrían incluirse en una futura ley.

En cuanto al proyecto de Ley Antifracking, unas de las normativas ‘estrella’ del Gobierno castellano-manchego, la formación morada ha registrado dos enmiendas. En la primera de ellas plantea reducir los plazos para la elaboración del futuro Plan Estratégico: la norma contempla un plazo máximo de dos años y Podemos pide que se haga a la mayor brevedad posible o en todo caso en un plazo de 18 meses. “Queremos que se agilice, con el fin de que esta cuestión no pase al siguiente gobierno; hay que resolverlo en esta legislatura”, recalca Llorente.

En su segunda enmienda, este Grupo Parlamentario pide la modificación de la parte en que se hace referencia a la población civil afectada, incluyendo que la participación ciudadana sea “obligatoria”. Fue en este punto donde Podemos se planteó incluir la petición de una norma contra las tierras raras, a la que finalmente darán otra salida parlamentaria.

El proyecto de Ley por el que se establecen limitaciones y restricciones para la realización de prácticas de fractura hidráulica en Castilla-La Mancha, popularmente conocido como Ley Antifracking ya está en las Cortes regionales. El Consejo de Gobierno le dio el visto bueno a principios de diciembre y en el próximo periodo de sesiones será el turno de los grupos parlamentarios. El deseo del Gobierno regional es que esta normativa, una promesa electoral del presidente, Emiliano García-Page, se apruebe por consenso y pueda hacerse efectiva antes del próximo verano.

Esta norma establece una serie de requisitos que buscan impedir la realización de estas prácticas en la comunidad autónoma. No prohíbe la realización de la actividad, puesto que esa tarea es competencia del Gobierno central, y ha sido el motivo por el que en comunidades como Navarra, Cantabria o La Rioja, sus respectivas normas de prohibición han sido tumbadas por el Tribunal Constitucional. 

¿Cómo lo hará entonces la Junta de Castilla-La Mancha? Consciente de la imposibilidad de prohibir la actividad, se ha fijado en las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía y de la Comisión Europea sobre los métodos de extracción de hidrocarburos, y lo que pretende es restringir las medidas de prevención de tal manera que su práctica sea casi imposible.

Para ello, la Junta ha elaborado junto con las Plataformas Antifracking de Castilla-La Mancha una ley donde se establecen medidas adicionales (que sí son competencia autonómica) de protección de la salud pública y del medio ambiente. En el texto de la ley se parte del hecho de que dicha técnica plantea problemas específicos como el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los productos químicos utilizados, la emisiones de gas metano y la sismicidad.

Todos los requisitos estarán precedidos de un Plan Estratégico de la utilización de la Fractura Hidráulica, que debe incluir cuestiones como la expedición previa de autorizaciones para esta actividad, la evaluación de los riesgos por fugas o migraciones, una zonificación del territorio que diferencie las zonas donde quede restringida la fractura y un detalle de distancias mínimas de profundidad y de exclusión.

Obligaciones: autorización previa, planes de gestión y control de vertidos

Para conseguir esa autorización previa, todas las operaciones de ‘fracking’ deben cumplir numerosos requisitos. El primero de ellos es un estudio pormenorizado del emplazamiento, con información geológica del mismo en cuanto a la calidad del agua, del aire y del suelo, la presencia de metano, la sismicidad, la biodiversidad y los pozos existentes. De hecho, se debe garantizar la integridad de los pozos mediante un diseño y una construcción correcta. Estos además serán revidados por un tercero independiente y cualificado para determinar su rendimiento.

Otra obligación será presentar planes de gestión, en los que deben incorporarse los recursos hídricos específicos para el proyecto, el transporte para minimizar las emisiones atmosféricas, y los gases para su captura y utilización posterior. Y ahí no terminan las medidas de prevención. La Ley establece específicamente que los operadores encargados de estas prácticas estarán obligados a paralizar las operaciones y tomar medidas correctoras en caso de problemas de integridad del pozo o vertidos en las aguas subterráneas. A estas empresas también impone la Junta el seguimiento periódico de la instalación y una garantía financiera que cubra las condiciones de la autorización y las responsabilidades por daños al medio ambiente.

Un dato destacable es que este proyecto de ley tiene carácter retroactivo en lo referente a las condiciones del plan estrátegico (zonificación y evaluación de riesgos). Es decir, se aplicará a los permisos ya concedidos o en tramitación referentes a fractura hidráulica. En Castilla-La Mancha, actualmente se realizan estas prácticas en el Campo de Montiel (zona limítrofe entre las provincias de Albacete y Ciudad Real) y en el norte de Guadalajara (Proyecto Cronos autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente). Ningún permiso nuevo, concluye el borrador, se otorgará en la región mientras no se apruebe el plan estratégico.

La nueva ley no supondrá inversiones adicionales

En un principio, el coste de aplicación de esta norma será cero. Así lo refleja el informe justificativo de no incidencia económica elaborado por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural sobre la nueva norma. En el mismo se explica que al existir varios titulares de permisos de investigación de hidrocarburos con derechos otorgados en esta comunidad autónoma, debe valorarse su posible daño económico a la entrada en vigor de la ley como consecuencia de una posible reclamación de responsabilidad patrimonial. 

Medio Ambiente advierte de que puesto que no se encuentran autorizados aún los sondeos susceptibles de utilizar la técnica de fracking, pues están condicionados a la previa evaluación de impacto ambiental, “no existirían derechos adquiridos de los que derivasen responsabilidades patrimoniales” por parte del Gobierno regional. Todo ello en virtud de la Disposición Transitoria Segunda del proyecto de Ley, que establece que las previsiones contempladas en la norma (es decir, los requisitos que buscan impedir el ‘fracking’) se aplicarán a los trabajos específicos de los permisos “ya concedidos o en tramitación” para la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en Castilla-La Mancha.

Además, las previsiones con las que trabaja el Gobierno castellano-manchego es que a nivel nacional se den los pasos necesarios para que la fractura hidráulica se prohíba desde las Cortes Generales, es decir que sea una práctica ilegal en España. En esta comunidad autónoma se elaboraría un Plan Estratégico que delimitaría las exigencias para que las peticiones de empresas se prolongaran al menos dos años. Contando con que el proyecto podría aprobarse en la primavera de 2017, el consejero ha confiado en que para la primavera de 2019 el fracking “ya esté prohibido en España”.