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Nuevo paso adelante de la normativa 'antifracking' de Castilla-La Mancha

Incluye un compendio de requisitos que harán "imposible" la práctica de la fractura hidráulica en el territorio de la comunidad autónoma

El Consejo de Gobierno ha aprobado la remisión del proyecto de ley al Consejo Consultivo y será tramitado en las Cortes regionales en el próximo periodo de sesiones

La próxima semana la Junta también tomará en consideración el anteproyecto de Ley de Caza que reforma la polémica normativa anterior del Ejecutivo de Cospedal

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Pozo de fracking.

Pozo de fracking EFE

Sigue avanzando el procedimiento para que Castilla-La Mancha disponga de su propia normativa contra la práctica del 'fracking'. El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la aprobación del proyecto de Ley de Medidas Adicionales  de Protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica. Se trata de la vía utilizada por el Gobierno regional para impedir esta técnica en la región, pero no prohibiéndola -que es competencia del Gobierno central- sino endureciendo sus requisitos de forma que sea "imposible" poner estos proyectos en marcha en la región. 

El anuncio lo ha realizado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, destacando que con ello no se podrá realizar el 'fracking' en ningún punto de la comunidad autónoma, un compromiso adquirido con las plataformas ciudadanas contra esta práctica en el Campo de Montiel y La Mancha (Ciudad Real y Albacete) y en Guadalajara, que participaron en un Consejo de Gobierno monográfico sobre esta cuestión el pasado mes de septiembre.

Castilla-La Mancha se declara de esta forma como tierra ‘libre de fracking’, y la forma que buscará de impedir estos métodos de extracción de gas será endureciendo la legislación en un plazo de seis meses. Ha optado por no prohibir la práctica, para impedir que el Tribunal Constitucional tumbe la normativa al ser la regulación energética competencia estatal, como ha sucedido en La Rioja, Navarra y Cantabria.

En la Ley se busca un modelo energético alternativo en el que se tengan en cuenta los intereses de los castellano-manchegos del medio rural, y se basa en las recomendaciones que la Comisión Europea realizó en 2014 sobre fractura hidráulica. La prevención, la posibilidad de la contaminación de los acuíferos y de los suelos, "se pone por delante de todo", detalló en su momento el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo. También incluye la elaboración de un Plan Estratégico Sectorial en materia de fracking, condición necesaria para que los ayuntamientos aprueben este tipo de actividades y que ahora no existe. La planificación obligará a tener en cuenta la sismicidad de las aguas, la contaminación, la zonificación del territorio, y la detección de zonas más vulnerables. O lo que es lo mismo, una serie de medidas “tan restrictivas” que harán que el fracking sea “imposible”.

Los proyectos de 'fracking' en Castilla-La Mancha

Actualmente, en Castilla-La Mancha hay dos proyectos activos de fractura hidráulica. El primero de ellos es en el Campo de Montiel, afecta a las zonas limítrofes entre Ciudad Real y Albacete y tiene permiso ambiental desde el año 2012. Según el Gobierno, cuando la ley entre en vigor, ya no se podrán desarrollar nuevas actividades en esta zona. En el segundo caso, el Proyecto Cronos de Guadalajara (que también afecta al sur de la provincia de Soria), aunque la competencia es del Ministerio de Medio Ambiente, también se verá afectado por el endurecimiento de la medidas de protección. Las empresas encargadas de las adjudicaciones dispondrán de su periodo de alegaciones y tienen la opción de recurrir a los tribunales.

García-Page también ha aprovechado el encuentro con los medios de comunicación para adelantar que el Consejo de Gobierno de la semana que viene aprobará el anteproyecto de Ley de Caza, que modificará la polémica normativa aprobada por el Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal sobre esta cuestión. Ha afirmado que ya hay acuerdo con los sectores cinegéticos y con la mayoría de interlocutores, aunque "puede que haya alguna parte de los ecologistas que quieran ir un poco más allá".

"En todo caso, los sectores más afectados económicamente han accedido a los planteamientos del Gobierno. El consejero de Agricultura ha sido capaz de conciliar intereses de todos los que quieren utilizar el campo, y aunque haya exigencias que a lo mejor no podemos atender, el 95% de los problemas de la gestión de la caza se van a solventar", ha añadido.

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