La infancia es considerada la etapa más vulnerable de la vida, un período en el que los derechos de los menores deben garantizarse para que puedan crecer en un entorno de amor y protección. En contextos de violencia de género, los menores quedan atrapados entre la vulnerabilidad y un sistema judicial que, en lugar de protegerlos, a menudo los invisibiliza y utiliza como piezas en batallas legales, desatendiendo sus derechos más fundamentales.

A pesar de los esfuerzos internacionales para garantizar la protección infantil, como los principios establecidos por UNICEF, muchos niños siguen viviendo en circunstancias en las que su seguridad y bienestar quedan desatendidos. El caso de Gabriel y Daniel, hijos de Juana Rivas, y el mío propio, son ejemplos dolorosos de cómo el sistema judicial, en lugar de proteger a los menores, acaba sometiéndoles a la injusticia y abandono aun cuando el peligro es evidente.

Un sistema judicial que no nos protege

Dados los recientes hechos del caso de Juana Rivas, donde la Fiscalía italiana ha presentado un escrito de procesamiento contra su ex pareja por maltrato a sus hijos, resulta preocupante que el menor de ellos continúe bajo la custodia de su presunto agresor. Esto evidencia una cruda realidad: en la mayoría de procesos judiciales, los derechos de los menores son relegados a un segundo plano frente al derecho de los progenitores a ejercer potestad, incluidos aquellos que han sido condenados por violencia.

Mi progenitor fue condenado a un año y nueve meses de prisión por maltrato hacia mi madre. Pese a mis constantes ruegos de no querer verlo, las visitas fueron impuestas de manera regular. Ignorando su condena, le fue entregada mi custodia cuando tenía solo 9 años. Viví con él casi dos, pero lo peor estaba por llegar

Me siento profundamente identificada con la situación de estos hermanos, en la que el sistema judicial, lejos de protegernos, ha contribuido a nuestro sufrimiento. Mi progenitor fue condenado a un año y nueve meses de prisión por maltrato hacia mi madre. Pese a mis constantes ruegos de no querer verlo, las visitas fueron impuestas de manera regular. Ignorando su condena, le fue entregada mi custodia cuando tenía solo 9 años. Viví con él casi dos, pero lo peor estaba por llegar. A raíz de mi negativa a cumplir con el régimen de visitas, mi madre fue condenada en hasta cuatro ocasiones por desobediencia judicial. Aunque fue indultada en tres de ellas, la exministra de Justicia Pilar Llop decidió no conceder el cuarto y último indulto. Mi madre, María Salmerón, tuvo que ingresar en un centro penitenciario de reinserción a los 58 años, situación similar a la que vivió Juana, la madre de Gabriel y Daniel.

Las estadísticas y estudios sobre violencia de género y su impacto en los menores dejan claro que los niños son víctimas invisibles. Según el Ministerio de Sanidad de España, el 79,7% de los menores que viven en un entorno de violencia de género sufren maltrato psicológico, mientras que el 99,4% presenta alteraciones emocionales y psicológicas. Sin embargo, menos del 15% de los casos de violencia de género terminan con la suspensión del régimen de visitas al progenitor maltratador. Esta deficiencia en la respuesta judicial es alarmante. Los tribunales no están conectando adecuadamente la violencia de género con el daño que causa a los menores, lo que perpetúa un ciclo de sufrimiento.

La importancia de escuchar a los niños y niñas

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 12, establece que el Estado debe garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan el derecho de expresar libremente su opinión sobre los asuntos que les afectan. Este principio, que debería ser prioritario en todos los casos judiciales, lo ha aplicado con rigor la jueza Isabel Giménez. Aplaudo a esta magistrada pionera, galardonada recientemente con el premio Menina Justicia Feminista, que es conocida por su enfoque humanizado y empático en casos de violencia de género, dándole voz a los menores y explicando sus decisiones en un lenguaje comprensible para ellos.

La situación de los menores en casos de violencia de género no puede seguir siendo ignorada. La persistente interpretación errónea de conceptos clave como el "interés superior del menor" prioriza el derecho del maltratador a seguir manteniendo un vínculo con sus hijos, sin tener en cuenta los derechos fundamentales de los niños a tener una infancia segura

Cuando era niña, nunca se consideraron mis deseos ni mis sentimientos. Los informes psicológicos en los que se relataba mi angustia, mis miedos y mi sufrimiento emocional fueron ignorados por los jueces. “Ante el deterioro de esta situación, Miriam se ha ido distanciando emocionalmente de su padre. Cuando se le pregunta por qué no ha hablado con él o lo ha manifestado al personal técnico, Miriam declara que teme que se lo digan a su padre, ya que luego ‘me va a echar una bronca’”. Este tipo de respuestas es común entre los niños que viven bajo el control de un maltratador, pero, a pesar de ello, no se toman las medidas necesarias para garantizar su bienestar. Por eso, testimonios como el reciente de Gabriel Rivas son fundamentales, dándole voz a su hermano Daniel quien vive a diario el infierno por el que él mismo ha pasado.

La situación de los menores en casos de violencia de género no puede seguir siendo ignorada. La persistente interpretación errónea de conceptos clave como el “interés superior del menor” prioriza el derecho del maltratador a seguir manteniendo un vínculo con sus hijos, sin tener en cuenta los derechos fundamentales de los niños a tener una infancia segura. Necesitamos un cambio en la mentalidad de los jueces para que se apliquen efectivamente las leyes ya existentes que nos protegen de la violencia vicaria, una violencia que ha alcanzado su pico más alto con 62 niños y niñas asesinados desde 2013 a manos de sus padres o las parejas de sus madres, con el único fin de causarles dolor. Es hora de que se escuchen las voces de los niños y se les brinde la oportunidad de vivir sin miedo.

Miriam Ruiz Salmerón es graduada en Periodismo, con TFG 'Violencia vicaria: el menor como el arma más poderosa de un maltratador' (matrícula de honor)

La Audiencia de Sevilla ha revocado un auto dictado en 2022 por el Juzgado de lo Penal número 1 que denegaba a María Salmerón (víctima de violencia machista condenada por no permitir que su marido maltratador viera a la hija de ambos) la suspensión de la pena de cinco meses de cárcel que esta instancia le había impuesto por un delito de desobediencia. La nueva resolución acuerda acceder a sus pretensiones de suspender dicha pena privativa de libertad a condición de que no vuelva a delinquir durante el mismo periodo de tiempo y a que pague una multa de 180 euros, según en un auto emitido el pasado viernes 22 de marzo.

En el auto, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla rememora que el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla condenó en noviembre de 2019 a María Salmerón a cinco meses de cárcel por un delito de desobediencia, sentencia declarada ya firme en febrero de 2022, momento en el que comenzó la fase de ejecución de dicha resolución.

María Salmerón ingresó en prisión en junio de 2022 para cumplir la condena del Juzgado de lo Penal número 6 a nueve meses de cárcel por un delito de desobediencia. En concreto, incumplió el régimen de visitas de su hija con el padre de esta, condenado a su vez a cárcel por malos tratos.

En ese procedimiento, el Juzgado de lo Penal número 6 exponía previamente que si bien María Salmerón “ha sido condenada en varias ocasiones”, lo cierto es que hasta entonces “nunca” había entrado en prisión, ya fuese por la concesión de indultos o por la prescripción de los hechos sancionados. De esta manera, la condena del Juzgado de lo Penal número 6 a nueve meses de cárcel por desobediencia y otra más del Juzgado de lo Penal número 1, objeto de la nueva decisión, eran “las únicas” que pesaban a todos los efectos sobre Salmerón.

El indulto que no fue

Al respecto, el Juzgado de lo Penal número 6 consideraba que “la concesión de otros indultos” a Salmerón, aunque el último fuese declarado nulo por el Tribunal Supremo, conducía a resolver que “lo más prudente” era entonces suspender la efectividad de la mencionada condena a nueve meses de cárcel hasta que fuese resuelta la solicitud de Salmerón respecto a un nuevo indulto, con su aceptación o “denegación”.

Pero ya en una providencia posterior de fecha 29 de marzo de ese año 2022, el Juzgado de lo Penal número 6 indicaba que aquella petición de indulto fue formalizada el 9 de febrero de 2021. En este sentido, recordaba que “la última documentación” solicitada con relación al asunto se remonta al 26 de marzo de aquel año y la regulación estipula que “transcurrido el plazo de un año, debe entenderse desestimada la solicitud de indulto”.

La entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, explicaba en ese sentido que la petición de nuevo indulto fue denegada por “imperativo legal”, pues según aseguraba no había “margen” legal para autorizarlo.

Es por eso que el juzgado requería finalmente a María Salmerón para “el ingreso en prisión a fin de cumplir la pena” impuesta, pesando posteriormente la decisión del Gobierno central de denegar ya de manera expresa su petición de nuevo indulto.

María Salmerón en la cárcel

En cualquier caso, tras ingresar mujer en la cárcel en junio de 2022 por esta condena a nueve meses de cárcel del Juzgado de lo Penal número 6, después le fue permitido el tercer grado penitenciario y podía salir a trabajar y los fines de semana del centro de Inserción social Luis Jiménez De Asúa. A finales de diciembre de 2022 le fue concedida la libertad condicional, y poco después (en marzo de 2023) quedaba agotada su condena.

En el caso de esta otra condena del Juzgado de lo Penal número 1 también por delito de desobediencia, aunque en junio de 2022 dicha instancia denegó a la hora de ejecutar la sentencia condenatoria su petición de suspender la pena de prisión, la Sección Primera de la Audiencia ha ha estimado un recurso de apelación contra esta decisión, revocando la misma.

La Audiencia detalla que el histórico penal de esta mujer consta de “ocho anotaciones pero en todos los casos por hechos acometidos antes de octubre de 2014, con lo que ”no ha cometido nuevos delitos en los últimos diez años, teniendo actualmente todas las penas ya cumplidas y/o prescritas“. Además, la Audiencia precisa que no hay ”riesgo de reiteración delictiva“ porque su hija ya es mayor de edad.

Por eso, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla zanja en este auto de fecha 22 de marzo que “nada impide el beneficio” de suspensión de pena de cárcel solicitado por esta mujer, acordando estimar el recurso de apelación y revocar la denegación inicial de la suspensión de la pena de cinco meses prisión. En paralelo, la Audiencia accede a suspender dicha pena de cárcel siempre que no delinca en dicho periodo de cinco meses y que pague una multa de 180 euros.

La sevillana María Salmerón, condenada a nueve meses de cárcel por no permitir a su marido –condenado por violencia machista– visitar a su hija, ha sido puesta en libertad completamente, tras cumplir desde el pasado 9 de junio la condena de nueve meses que le fue impuesta por la titular del juzgado de lo penal número 6 de Sevilla.

El auto de puesta en libertad ha sido ratificado por escrito por la subdirectora de tratamiento del Centro de Inserción Social de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en un certificado expedido con fecha de este domingo, 5 de marzo, al que ha tenido acceso EFE, y como ha confirmado la propia Salmerón.

No obstante, se encontraba en libertad vigilada desde el pasado 27 de diciembre, y el 30 de junio le fue concedido el tercer grado penitenciario.

Desde el pasado 27 de diciembre no contaba con una pulsera que la controlara en sus movimientos de forma telemática, y solo tenía que cumplir una serie de medidas básicas, como no consumir sustancias estupefacientes y comunicar al juzgado sus desplazamientos fuera de la provincia de Sevilla.

Además, era objetivo de seguimiento por parte de los servicios sociales penitenciarios, ante los que se debía presentar siempre que fuese requerida para ello.

María Salmerón fue condenada a nueve meses de prisión y al pago de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil, que abonó 24 horas antes de conocer la decisión de la jueza de que ingresara en prisión.

El titular del Juzgado de lo penal número 15 de Sevilla ha considerado prescrita una multa de 3.240 euros que se le impuso a la sevillana María Salmerón por no permitir que su exmarido viese a la hija de ambos, al no haberse realizado en cinco años ni pagos ni actos jurídicos para reclamar el dinero.

Salmerón fue condenada a nueve meses de cárcel que comenzó a cumplir el pasado 9 de junio, por no permitir a su marido -condenado por violencia machista- visitar a su hija, aunque desde un mes después está en libertad vigilada por un dispositivo telemático.

El auto del juez, al que ha tenido acceso EFE, cita que el 7 de enero de 2014 fue condenada al pago de 9.000 euros y a un año de prisión, como autora de un delito continuado de desobediencia, aunque el 26 de julio de 2016, la Audiencia Provincial de Sevilla le cambió la pena de prisión por una multa de 6 euros diarios durante 18 meses, los 3.240 euros citados.

El juez cita en el auto que el artículo 133 del Código Penal indica que las penas menos graves, como la que contempla esa multa, prescriben a los cinco años, contando desde la fecha de la sentencia firme, de modo que ha pasado el tiempo sin que se produzca “acto interruptivo” alguno en ese periodo, por lo que “cabe apreciar la prescripción de la pena de multa impuesta”.

El auto del juez sevillano no influye en la situación procesal de Salmerón ni en los futuros procesos a los que se pueda enfrentar.

Era 28 de abril de este año. El día anterior, María Salmerón había sido condenada a nueve meses de prisión por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de esta, condenado a su vez a un año y nueve meses de cárcel por malos tratos. Ese mismo día, la plataforma de apoyo que lleva el nombre de María convocaba una concentración ante la Delegación del Gobierno en Sevilla, en la Plaza de España, para protestar contra la decisión. En la sede, ese día, se estaba celebrando una Cumbre Iberoamericana con la presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop Cuenca, y el dispositivo policial era extraordinario. Tres meses y medio después, algunas de las asistentes a la protesta han recibido una notificación por la que se les multa con 100 euros por participar en la convocatoria, y aquí empieza la controversia.

La misiva explica que se juntaron “alrededor de 40 personas” que se “disgregaron al empezar la actuación policial”, pero que estaban en una concentración “no autorizada” y, argumenta en el escrito, “una actitud provocativa de los concentrados y diferentes muestras de desobediencia”. Charo Luque, que acudió allí a título personal (aunque forma parte de la Plataforma 8M) no está para nada de acuerdo con los argumentos para la multa: “¿40? Pero si estábamos muy pocas personas, menos de 20, así que no era necesario comunicar a la subdelegación la concentración”.

Asegura que “había más policías que manifestantes y la actuación de la Policía fue inaceptable”. Explica Luque: “Había un grupo, no sé si serían turistas o qué, en la plaza y eran bastantes más que nosotras”. Tampoco está de acuerdo con el asunto de la “desobediencia”. “Cuando los agentes se acercaron para avisarnos de que no estaba autorizada la concentración, les explicamos nuestros argumentos. Y nos pidieron a muchas los datos y el DNI, con el que se quedaron bastante rato”, explica Carmen, otra de las asistentes a la protesta. “Nadie puso resistencia, no obstante, les advertimos (a los policías) de lo sorprendente de su actuación, pues el grupo no constituía ni una reunión ni una manifestación, ya que éramos menos de 20 personas”, dice.

La versión de la Delegación del Gobierno

Desde la Delegación del Gobierno, en cambio, sostienen que “se ha acordado iniciar un expediente como consecuencia de un acta de denuncia que levantó la Policía Nacional por una concentración de más de 20 personas sin haberlo comunicado previamente”, tal como exige la Ley Orgánica de Derecho de Reunión. El expediente está en pleno proceso administrativo y la encargada de la tramitación es la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla, ya que son los subdelegados de cada provincia los competentes para tramitar estos casos. Con respecto a las personas denunciadas, y una vez recibida la notificación, el único comentario es que “cuentan con un plazo para formular alegaciones”.

Las afectadas, por su parte, critican que en la carta aseguran que “intentamos saltarnos el cordón policial, pero nadie se acercó a ningún cordón porque no había un cordón como tal”. Testigos presenciales aseguran que las manifestantes (en su mayoría mujeres) estaban a una distancia “prudente” de la torre de la Delegación. El escrito afirma que tuvieron que “cambiar el horario de salida y el itinerario previsto de la ministra”, ante lo que las manifestantes se muestran más que asombradas. “¡Nos acusan de poner en peligro la seguridad de la ministra! ¡Es increíble!”, exclama Carmen.

Las asistentes afirman que “tal fue la actuación policial” que presentaron una carta de queja al delegado del Gobierno, Pedro Fernández, el 12 de mayo, “después de la Feria de Sevilla, para dejar pasar el follón”. En dicha carta, hacen un relato de los hechos, expresando su “preocupación por las actitudes que los operativos de la Policía Nacional”. “Era tan hostil la actitud de los operativos policiales que, tras identificarnos a través de nuestros DNI y comprobar que no llegábamos a 20 personas, pudimos ver dispositivos policiales circulando por toda la plaza con motivo de sumar más identificaciones”, dicen.

Una “coartada falsa”

Así ocurrió, aseguran, con un grupo de cuatro personas que paseaba enfrente de la fuente, cuando fueron paradas por dos agentes que procedieron a pedirles la documentación sin dar ninguna explicación sobre el motivo, lamentan en el escrito. Acusan a la Policía de “preparar una coartada falsa” para poder plantear la sanción, y de “criminalizar la libertad de expresión, en particular la crítica feminista”. “Es alucinante”, se indigna Charo Luque.

Ahora, las multadas tienen un plazo para hacer las alegaciones que termina el 5 de septiembre. Si pagan la multa antes, se rebajaría a 50 euros. Aún no lo han decidido pero, aseguran, lo más probable es que “recurramos” porque esto es “la ley mordaza” y son “acciones contra la libertad de expresión” que no se pueden “tolerar”.

La sevillana María Salmerón, condenada a nueve meses de cárcel desde el pasado 9 de junio por no permitir a su marido -condenado por violencia machista- visitar a su hija, cumplirá el resto de su condena en libertad, con un dispositivo telemático que controlará sus movimientos.

El dispositivo le fue colocado a finales de la pasada semana, aunque para ella es algo innecesario, ya que “no tengo intención alguna de moverme de Sevilla, porque incluso estoy trabajando y este verano no tendré vacaciones”.

En prisión desde el 9 de junio

El pasado 30 de junio, María Salmerón salió por primera vez del centro de inserción donde está internada desde el pasado 9 de junio, para trabajar, en cumplimiento del tercer grado que le fue concedido el 16 de junio.

Salmerón fue condenada a nueve meses de prisión y al pago de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil, que abonó 24 horas antes de conocer la decisión de la jueza de que ingresara en prisión.

Finalmente, Salmerón, que había pedido su indulto al Gobierno central sin éxito, ingresó voluntariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el pasado 9 de junio.

María Salmerón, la mujer condenada a nueve meses de cárcel por desobediencia al incumplir el régimen de visitas de su hija con el padre de ésta, condenado a su vez a cárcel por malos tratos, podrá salir a trabajar y los fines de semana después de que este jueves le haya sido concedido el tercer grado penitenciario. Fuentes de la representación jurídica de Salmerón han confirmado este extremo a Europa Press, lo que se traducirá en que, en un plazo de tres semanas, “quedará libre con medios de control telemáticos”.

María Salmerón ingresó el pasado 9 de junio en prisión. En un auto de fecha 28 de enero de 2021, el juzgado dio cuenta de que, ante la petición de la representación de Salmerón de suspender la ejecución de su condena a nueve meses de prisión impuesta en junio de 2019 por esta instancia judicial, tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron a dicha medida.

Al respecto, el juzgado razonaba que si bien María Salmerón “ha sido condenada en varias ocasiones”, lo cierto es que “nunca ha entrado en prisión”, ya sea por la concesión de indultos o por la prescripción de los hechos sancionados, con lo que esta condena del Juzgado de lo Penal número 6 a nueve meses de cárcel por desobediencia y otra más del Juzgado de lo Penal número 1 serían “las únicas” que pesan a todos los efectos sobre Salmerón.

Un indulto que no llegó

Finalmente, el Juzgado de lo Penal número 6 consideraba en este auto de enero de 2021 que “la concesión de otros indultos” a Salmerón, aunque el último fuese declarado nulo por el Tribunal Supremo, conducía a resolver que “lo más prudente” era entonces suspender la efectividad de la mencionada condena a nueve meses de cárcel hasta que fuese resuelta la solicitud de Salmerón respecto a un nuevo indulto, con su aceptación o “denegación”.

Pero en una providencia posterior de fecha 29 de marzo de este año recogida por Europa Press, el Juzgado de lo Penal número 6 indicaba que aquella petición de indulto fue formalizada el 9 de febrero de 2021, toda vez que “la última documentación” solicitada con relación al asunto se remonta al 26 de marzo de aquel año y la regulación estipula que “transcurrido el plazo de un año, debe entenderse desestimada la solicitud de indulto”.

Es por eso que el juzgado requirió ya a María Salmerón para “el ingreso en prisión a fin de cumplir la pena” impuesta, con un plazo de 15 días para ello desde la notificación de dicha decisión, pesando posteriormente la decisión del Gobierno central de denegar ya de manera expresa su petición de nuevo indulto.

Miriam, la hija de María Salmerón, ha compartido con la prensa este jueves un texto tras el ingreso de su madre en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) donde expresa la “rabia” al haber visto a su madre entrar en una prisión, “ese sitio que su maltratador, pese a ser condenado, nunca pisó”.

“En el día de hoy mi peor pesadilla se ha hecho realidad. He tenido que ser testigo del ingreso de mi madre en un centro penitenciario. He observado paralizada como se cerraban tras ella las puertas de ese sitio que su maltratador, pese a ser condenado, nunca pisó. Estoy rota y llena de rabia e impotencia. Finalmente, esa persona que se propuso arruinarle la vida a mi madre hace más de veinte años y con la que comparto apellido, ha conseguido separarnos. Me ha arrebatado al pilar de mi vida, a mi protectora, la mujer que me trajo al mundo y que desde ese día no ha parado de luchar por mi felicidad ni un solo instante”, ha escrito.

La hija de Salmerón tiene un recuerdo para “los representantes del gobierno y jueces implicados” que “han permitido” el hehco. “La ministra de Igualdad dijo públicamente 'hemos fallado' en cuanto a la no concesión del indulto a mi madre, pero nadie ha puesto solución ni corregido dicho fallo”, señala, pidiendo “la dimisión” de la ministra de Justicia, “no sólo responsable de enviar a mi madre a la cárcel sino de humillarnos en medios de comunicación achacando la denegación del indulto a unos supuestos 'antecedentes' de desobediencia ya prescritos. Se están vulnerando todos los derechos de mi madre, quien ni si quiera ha recibido una resolución de dicho indulto y cuyo expediente se le está ocultando ilegalmente. Ella no es ninguna delincuente, porque querer a una hija y anteponerla a todo no es ningún delito”.

“No puedo evitar sentir que soy yo la que debería estar allí dentro, pues siempre he sido yo la que me he negado a ver a aquel que nunca se ha comportado como un padre conmigo. Fui yo la que le supliqué cientos de veces a mi madre que no me llevara a ese infierno. Y es ella ahora la que, con 58 años y problemas de salud, es castigada y arrancada de su casa por protegerme. No hay forma de reparar esta injusticia, nadie puede borrar todo lo que hemos sufrido ambas, pero sí pueden dejar libre a mi madre y devolverla a mi lado”, señala Miriam.

La joven, que en diez días cumple 22, lamenta que “mi madre no va a poder darme un abrazo”. “Supongo que ese es el primer y único regalo de cumpleaños que recibiré por parte de mi progenitor, la tremenda infelicidad de no poder estar con la persona a la que más quiero”.

“Hace 7 años escribí: ¿Cuándo va alguien a ayudarme? Lo único que quiero es vivir tranquila junto a mi madre y que nadie nos moleste, ¿es mucho pedir? Si realmente mi progenitor quisiera mi bien, pararía de hacerme daño y me dejaría llevar una adolescencia normal, después de que la mayor parte de mi infancia fuera fastidiada por el mismo. Ojalá pudiera decirle a esa Miriam de 15 años que todo va a ir a mejor, que por fin conseguiría descansar. Pero sería mentira. Me siento desamparada y sumida en un inmenso dolor. Pido justicia y medidas urgentes para devolver a mi madre a mi lado”, dice en las líneas compartidas con la prensa.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla ha rechazado el recurso de reforma, subsidiario de apelación, presentado hace unos días por María Salmerón contra la decisión judicial de decretar su ingreso voluntario en prisión en un plazo de 15 días, conocida el pasado 18 de mayo y cuyo plazo vence ya este jueves. Esta mujer debe cumplir una pena de nueve meses de prisión a la que fue condenada en firme en 2020 por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad en el régimen de visitas con el padre de su hija, condenado por violencia de género.

Salmerón, que ya ha interpuesto al respecto un recurso de queja ante la Audiencia de Sevilla, ha acudido este mismo miércoles en la Delegación del Gobierno de Andalucía un total de 102.000 firmas para solicitar un indulto, después de que el Gobierno rechazara a finales de abril su última petición de indulto. Salmerón depositó hace unos días en la cuenta del juzgado la cantidad de 3.000 euros fijada en sentencia en concepto de responsabilidad civil y, asimismo, envió un escrito al Ministerio de Justicia en el que reclama la cancelación de los antecedentes penales.

Según ha comentado a los medios, el juzgado “no ha fundamentado” el rechazo a su recurso, volviendo a pedir a la Audiencia la suspensión de la condena mientras la Audiencia resuelve la queja presentada este miércoles “porque se me están vulnerando todos los derechos fundamentales ante un inminente ingreso en prisión”, que está previsto para este mismo viernes. “A un delincuente con delitos de sangre no se le haría lo que se me está haciendo a mí” porque “hay bastantes argumentos para la suspensión” pero la jueza no ha accedido.

Salmerón ha añadido ante los medios que la jueza la está dejando “en una absoluta indefensión” y está “obstruyendo” su “derecho a la defensa”. “Esto anda rozando la prevaricación”, ha lamentado. Solo queda que “alguien sensato” atienda a su argumentación letrada, añadiendo que existe “muchísima doctrina y jurisprudencia”. En cuanto a los plazos ha considerado que “sería irrisorio que entrara en prisión sin haberse resuelto mi recurso de queja”, confiando en que “cautelarmente” se suspenda su ingreso en la cárcel. “Mi hija se queda sin su madre y sin su sustento, y no sé el empecinamiento de esta jueza”, porque “las circunstancias han cambiado y el juzgador también debe cambiar”.

Según su representante legal, la pena de cárcel impuesta por el juzgado de Penal sería “sustituible” por una multa, esgrimiendo además que procede la aplicación “retroactiva” de la Ley 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que entre otros aspectos permite la suspensión cautelar de la patria potestad y/o el ejercicio de la guarda y custodia o del régimen de visitas y comunicaciones, “a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas”. La citada ley también refuerza el interés superior del menor en los procesos de separación, nulidad y divorcio, así como para asegurar que existan las cautelas necesarias para el cumplimiento de los regímenes de guarda y custodia, argumentaba su recurso, ahora rechazado. La aplicación retroactiva de dicha normativa, según su abogado, disolvería la tipificación penal atribuida a María Salmerón porque merced a la misma, la conducta protagonizada por esta mujer no es ya punible.

María Salmerón, la mujer de Sevilla homenajeada en 2015 por el Gobierno de España como víctima de violencia de género, y que debe entrar en la cárcel en unos días para el cumplimiento efectivo de la pena de nueve meses de prisión a la que fue condenada en firme en 2020 por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad en el régimen de visitas con el padre de su hija, condenado por violencia de género, ha presentado un recurso ante el Ministerio de Justicia por la no cancelación de antecedentes penales que se le denegó. Cabe recordar que el Gobierno rechazó a finales de abril su última petición de indulto y que María Salmerón tiene recurrida en el juzgado la orden de ingreso voluntario en prisión para cumplir la pena de cárcel impuesta, al entender que sus antecedentes penales están cancelados y, por tanto, no mediaría reincidencia que aplicar.

Salmerón depositó hace unos días en la cuenta del juzgado la cantidad de 3.000 euros fijada en sentencia en concepto de responsabilidad civil. Ahora, acude al Ministerio de Justicia para solicitar la cancelación de los antecedentes penales y la aplicación retroactiva de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que modificó los artículos 94 y 158 del Código Civil. “Lo que me viene ocurriendo no tendría encaje en un verdadero estado social y democrático de derecho”, lamenta la mujer en su escrito, calificando de “nefasto actuar” el llevado por la Administración en su expediente.

“Se me dejado en la más absoluta indefensión al habérseme privado de alegar, y probar, todo lo que a mi derecho interesare”, insiste. Salmerón, condenada por delito de desobediencia en abril de 2013 por unos hechos similares a los de la condena que le puede llevar a prisión y que ha recibido hasta tres indultos por parte del Gobierno (el anterior al último denegado fue revocado por el Tribunal Supremo), fue condenada en junio de 2019 por la Audiencia de Sevilla (confirmada en mayo de 2020) por incumplir “reiteradamente, impidiendo y haciendo ineficaz el derecho de visita del otro progenitor” en el régimen de visitas establecidas por el juzgado.

Salmerón alude a su recorrido judicial con detalle y argumenta que “al haber quedado firmes las sentencias los días 11 de marzo de 2009, en la primera, y el 28 de octubre de 2014, en la segunda, habrían quedado cancelados los días 10 de marzo de 2011 y 27 de octubre de 2016, respectivamente. O como mucho el 30 de junio de 2017, en ambos casos. Tal y como consta en la hoja histórico penal actualizada donde en el nº 15 le consta, y según hoja histórico penal actualizada, la extinción se produjo el 16 de diciembre de 2021”. Señala en su escrito que “los procesos de ejecución se dilataron de forma indebida y en exceso” y que “nunca esa tardanza debe perjudicarme”.

Orden legítima

Respecto a la aplicación legal retroactiva, dice el escrito que para que se pueda cometer el delito por el que se le condenó, desobediencia grave, se tienen que dar tres requisitos, entre ellos que la orden sea legítima. “Tras la reforma en los preceptos a los que nos hemos referido, arts. 544.ter. 6 y 7 de la LECRim, 94 y 158 del Código Civil, hoy ya no lo sería. Debido a que mi conducta tras esa reforma no sería constitutiva de ningún delito, y, por tanto, dejaría de ser antijurídica, como tampoco culpable, ni atípica, ni punible”, concluye.

A su juicio, según argumenta ante el Ministerio, “dicha reforma debería haberse aplicado a las condenas por las que se me mantienen los antecedentes penales, y, como establece el artículo 18 y siguientes del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, se ha debido cancelar, inclusive de oficio, mis antecedentes, correspondiendo, finalmente, al Ministerio de Justicia resolver el procedimiento para la cancelación de las inscripciones, cualquiera que sea la forma de iniciación del procedimiento, que en este caso, y al no haberlo hecho de oficio, como debió, esa Administración, fue por mi solicitud. Y, por tanto, mis antecedentes debieron haber sido cancelados”.

“Partiendo, solo por vía de hipótesis, de que con la regulación precedente el hecho fuera delito y hubiera dejado de serlo como consecuencia del cambio operado en la norma extrapenal integradora del contenido del tipo punitivo, también debe aplicarse la retroactividad”, sentencia.

El Juzgado de lo Penal 6 de Sevilla ha comunicado este miércoles a María Salmerón, la mujer de Sevilla homenajeada en 2015 por el Gobierno de España como víctima de violencia de género, que debe entrar en la cárcel antes de 15 días para el cumplimiento efectivo de la pena de nueve meses de prisión a la que fue condenada en firme en 2020 por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad. En aquel caso fue condenada por no acudir en varias fechas de 2012 y de 2014 al punto de encuentro familiar a entregar a su padre a la menor, ahora mayor de edad, concurriendo el agravante de reincidencia. Su exmarido, cabe recordarlo, fue condenado en 2009 a 21 meses de prisión por malos tratos físicos, psicológicos y sexuales. Al ser la pena menor a dos años y carecer de antecedentes, el hombre no ingresó en la cárcel pero, si no prosperan sus últimos intentos ante la jueza, ese podría ser el destino de Salmerón después de que el Gobierno denegara su última petición de indulto hace apenas veinte días y que su representación legal tiene prevista recurrir ante el Tribunal Supremo.

Salmerón ha atendido a la prensa antes de entrar en el juzgado y ha comentado que a última hora del martes se ha depositado en la cuenta del juzgado la cantidad de 3.000 euros fijada en sentencia en concepto de responsabilidad civil, gracias a un crowdfunding, según ha comentado Salmerón, que confía en la suspensión de la pena de prisión. “Ahora le toca mover ficha a la jueza. Yo he protegido siempre a mi hija”, ha indicado esta mujer, que asegura no estar preparada mentalmente para un ingreso en la cárcel. “Con una condena de nueve meses, nadie entra en prisión”, ha explicado.

Salmerón, condenada por delito de desobediencia en abril de 2013 por unos hechos similares a los de la condena que le puede llevar a prisión y que ha recibido hasta tres indultos por parte del Gobierno (el anterior al último denegado fue revocado por el Tribunal Supremo), fue condenada en junio de 2019 por la Audiencia de Sevilla (confirmada en mayo de 2020) por incumplir “reiteradamente, impidiendo y haciendo ineficaz el derecho de visita del otro progenitor” en el régimen de visitas establecidas por el juzgado.

El Juzgado de lo Penal números seis de Sevilla ha citado el 18 de mayo a María Salmerón, la mujer condenada a nueve meses de cárcel por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de esta, condenado a su vez a un año y nueve meses de cárcel por malos tratos. La citación es para que acuda a dicha instancia judicial en tal fecha, una citación acordada después de que el juzgado le requiriese ya para su ingreso en prisión y antes de que recientemente, el Gobierno central denegase ya de manera expresa su petición de nuevo indulto.

Así lo ha manifestado José Estanislao Naranjo, abogado de María Salmerón, precisando que, en concreto, la citación está fijada para el lapso de tiempo comprendido entre las 12 y las 14 horas del próximo 18 de mayo. La citación estaría destinada, según ha aclarado, a plantear presencialmente la fecha concreta de su entrada en prisión, si bien el abogado ha expuesto la posibilidad de que esta citación pueda sufrir quizá “algún cambio” al haber sido emitida antes de que recientemente, el Gobierno central denegase ya de manera oficial y expresa la petición de nuevo indulto formalizada por la representación de esta mujer.

“Desestimada” la petición de nuevo indulto

Para ello, la ministra de Justicia, Pilar Llop, manifestaba que la petición de nuevo indulto fue finalmente denegada por “imperativo legal”, pues según aseguraba no había “margen” legal para autorizarlo, toda vez que dicha denegación oficial fue acordada después de que el Juzgado de lo Penal número seis requiriese a María Salmerón para su ingreso voluntario en prisión, al entender ya “desestimada” esa petición de nuevo indulto.

En concreto, en un auto de fecha 28 de enero de 2021, el juzgado daba cuenta de que, ante la petición de la representación de María Salmerón de suspender la ejecución de su condena a nueve meses de prisión impuesta en junio de 2019 por esta instancia judicial, tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron a dicha medida.

Al respecto, el juzgado razonaba que si bien María Salmerón “ha sido condenada en varias ocasiones”, lo cierto es que “nunca ha entrado en prisión”, ya sea por la concesión de indultos o por la prescripción de los hechos sancionados, con lo que esta condena del Juzgado de lo Penal número seis a nueve meses de cárcel por desobediencia y otra más del Juzgado de lo Penal número uno serían “las únicas” que pesan a todos los efectos sobre Salmerón.

Los otros indultos

Finalmente, el Juzgado de lo Penal número seis consideraba en este auto de enero de 2021 que “la concesión de otros indultos” a Salmerón, aunque el último fuese declarado nulo por el Tribunal Supremo, conducía a resolver que “lo más prudente” era entonces suspender la efectividad de la mencionada condena a nueve meses de cárcel hasta que fuese resuelta la solicitud de Salmerón respecto a un nuevo indulto, con su aceptación o “denegación”.

Pero en una providencia posterior de fecha 29 de marzo, el Juzgado de lo Penal número seis indicaba que aquella petición de indulto fue formalizada el 9 de febrero de 2021, toda vez que “la última documentación” solicitada con relación al asunto se remonta al 26 de marzo de aquel año y la regulación estipula que “transcurrido el plazo de un año, debe entenderse desestimada la solicitud de indulto”.

Confusión de fechas

Es por eso que el juzgado requería a María Salmerón para “el ingreso en prisión a fin de cumplir la pena” impuesta, con un plazo de 15 días para ello desde la notificación de dicha decisión.

Frente a ello, la defensa de María Salmerón formulaba días atrás una solicitud de aclaración de dicha providencia, indicando que la fecha aludida en la misma respecto a la formalización de la petición de indulto no sería correcta, bajo la premisa de que meses antes la citada solicitud “ya estaba promovida” ante las instituciones, motivando la suspensión de la ejecución de la condena.

El Juzgado de lo Penal número seis, según la defensa de María Salmerón, ha respondido a esa petición de aclaración, precisando que la fecha de febrero de 2021 corresponde al momento “en el que el Gobierno pidió informe” al propio juzgado respecto a la solicitud de nuevo indulto, si bien el letrado insiste en que dicha petición se remonta al mes de noviembre previo.

El Gobierno ha rechazado la última petición de indulto solicitada por María Salmerón, pendiente de ingresar en la cárcel por no permitir a su marido (condenado por violencia machista) las visitas a su hija, al ser reincidente y la negativa del tribunal sentenciador.

Salmerón, que ya había sido indultada en varias ocasiones, solicitó de nuevo la gracia tras haber sido condenada en 2020 por un juzgado de Sevilla a nueve meses de cárcel por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad con la agravante de reincidencia, y que decidió que siguiera en libertad hasta esta resolución.

El Consejo de Ministros “por imperativo legal” deniega el indulto a Salmerón por la pena impuesta en sentencia firme el 9 de junio de 2020 (Juzgado de lo Penal 6 de Sevilla), al “tratarse de una persona reincidente y haber sido informado el indulto negativamente por el tribunal sentenciador”, explican a Efe fuentes de Justicia.

Recuerdan que la ley exceptúa de la posibilidad del indulto a los reincidentes “en el mismo o en otro cualquiera delito por el cual hubiesen sido condenados por sentencia firme”, salvo que a juicio del tribunal sentenciador o del Consejo de Estado “hubiera razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia”, circunstancia que no se ha producido en este caso.

Delito continuado de desobediencia a la autoridad

Salmerón fue condenada como autora de un delito continuado de desobediencia a la autoridad con concurrencia de la agravante de reincidencia a la pena de nueve meses de prisión y al pago de una responsabilidad civil de 3.000 euros. Tiene, en total, cuatro condenas por delitos de desobediencia, más otra condena por un delito de impago de pensiones.

Los informes del Tribunal sentenciador, de la Fiscalía y del perjudicado son desfavorables y tampoco ha satisfecho las responsabilidades civiles, señalan las fuentes del Gobierno.

A María Salmerón se le concedió un primer indulto de 6 de julio 2012 y un segundo, el 5 de febrero de 2016, ambos con la condición de no delinquir en el plazo de tres años, algo que incumplió.

Hubo un tercer indulto el 22 de julio, que se revocó por el Tribunal Supremo. En ese caso, tanto el tribunal sentenciador como el Ministerio Fiscal emitieron informes desfavorables y el Supremo lo revocó al no observar “razones de justicia, equidad o utilidad pública” que justificasen el indulto y que descartasen todo atisbo de arbitrariedad. Además, en su sentencia, el Supremo advertía de que el indulto no puede suponer la revisión o el control de la sentencia firme dictada en vía penal.

Después de que el Juzgado de lo Penal número seis de Sevilla haya requerido a María Salmerón para que ingrese voluntariamente en prisión al “entender desestimada su solicitud de indulto” han sido convocadas concentraciones en demanda de que el Gobierno central formalice el indulto. Recordemos que Salmerón es la mujer de Sevilla homenajeada en 2015 por el Gobierno de España como víctima de violencia de género. Su exmarido fue condenado en 2009 a 21 meses de prisión por malos tratos físicos, psicológicos y sexuales. Al ser la pena menor a dos años y carecer de antecedentes, el hombre no ingresó en la cárcel. Un juzgado ya ordenó en julio de 2020 su inmediato cumplimiento de la pena de nueve meses de prisión al haber sido condenada por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad, con la concurrencia del agravante de reincidencia, por no acudir en varias fechas de 2012 y de 2014 al punto de encuentro familiar a entregar a su padre a la menor, que ahora tiene 21 años.

Salmerón, condenada por delito de desobediencia en abril de 2013 por hechos similares y que ha recibido hasta tres indultos en este sentido por parte del Gobierno (el último revocado por el Tribunal Supremo), fue condenada en junio de 2019 por la Audiencia de Sevilla (confirmada en mayo de 2020) por no cumplir “reiteradamente, impidiendo y haciendo ineficaz el derecho de visita del otro progenitor” el régimen de visitas establecidas por el juzgado. Apuntaba la Audiencia una conducta de Salmerón “permanentemente obstativa, desobedeciendo los mandatos judiciales”, dejando constancia en todo caso de que la hija de ambos, cuya guarda y custodia tiene María Salmerón, “alegó que no quería ir porque no tenía relación con su padre, añadiendo que ella tenía una vida”.

En un auto de fecha 28 de enero de 2021, recordémoslo, el juzgado daba cuenta de que ante la petición de la representación de Salmerón de suspender la ejecución de su condena a nueve meses de prisión impuesta en junio de 2019 por esta instancia judicial, tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron a dicha medida. Al respecto, el juzgado razonaba que si bien María Salmerón “ha sido condenada en varias ocasiones”, lo cierto es que “nunca ha entrado en prisión”, ya sea por la concesión de indultos o por la prescripción de los hechos sancionados, con lo que esta condena del Juzgado de lo Penal número seis a nueve meses de cárcel por desobediencia y otra más del Juzgado de lo Penal número uno serían “las únicas” que pesan a todos los efectos sobre Salmerón.

La defensa de María Salmerón, por su parte, ha solicitado al Juzgado de lo Penal número seis de Sevilla una aclaración de la providencia, donde indicaría que la fecha aludida en la misma respecto a la formalización de la petición de indulto no sería correcta, bajo la premisa de que meses antes la citada solicitud “ya estaba promovida” ante las instituciones, motivando la suspensión de la ejecución de la condena. Esta petición de aclaración de la providencia, según insiste la defensa de Salmerón, suspende en cualquier caso el plazo concedido para impugnar la decisión judicial de requerir a la condenada para que ingrese voluntariamente en prisión.

“Debe entenderse desestimada la solicitud de indulto”

El Juzgado, de otro lado, no admitía el riesgo de prescripción esgrimido por la acusación particular dado que los plazos de prescripción quedan “suspendidos” durante la suspensión de la ejecución de la condena.

Finalmente, el Juzgado de lo Penal número seis consideraba en este auto de enero de 2021 que “la concesión de otros indultos” a Salmerón, aunque el último fuese declarado nulo por el Tribunal Supremo, conducía a resolver que “lo más prudente” era entonces suspender la efectividad de la mencionada condena a nueve meses de cárcel hasta que fuese resuelta la solicitud de Salmerón respecto a un nuevo indulto, con su aceptación o “denegación”.

Ahora, en una providencia de fecha 29 de marzo recogida por Europa Press, el Juzgado de lo Penal número seis rememora que aquella petición de indulto fue formalizada el 9 de febrero de 2021, toda vez que “la última documentación” solicitada con relación al asunto se remonta al 26 de marzo de dicho año y la regulación estipula que “transcurrido el plazo de un año, debe entenderse desestimada la solicitud de indulto”.

Es por eso que el juzgado requiere a María Salmerón para “el ingreso en prisión a fin de cumplir la pena” impuesta, con un plazo de 15 días para ello desde la notificación de dicha decisión.

Ante ello, la plataforma de apoyo a María Salmerón ha convocado diferentes concentraciones para la tarde del próximo 21 de abril, principalmente en la Plaza Nueva de Sevilla capital y ante la sede del Ministerio de Justicia, en Madrid, así como en Granada, Valencia y Alicante, según la convocatoria recogida por Europa Press, que fija a las 19 horas todas estas concentraciones, siempre al objeto de reclamar que le sea concedido un nuevo indulto.

La campaña emprendida por la plataforma de apoyo a Salmerón incluye además una recogida de firmas en el conocido portal digital Change.org.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla emitió el pasado 29 de marzo una providencia con la que requiere a María Salmerón, víctima de violencia de género, para que ingrese voluntariamente en prisión en un plazo de 15 días al “entender desestimada su solicitud de indulto”. Salmerón fue sentenciada a nueve meses de cárcel por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de ésta, condenado a su vez a un año y nueve meses de cárcel y a alejamiento por malos tratos físicos, psicológicos y sexuales.

La pena de nueve meses de prisión le fue impuesta al ser condenada por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad, con la concurrencia del agravante de reincidencia, por no acudir en varias fechas de 2012 y de 2014 al punto de encuentro familiar a entregar a su padre a la hija de ambos. Salmerón aseguró que la entonces menor (hoy tiene 21 años) no quería ir a ver a su progenitor.

En un auto de fecha 28 de enero de 2021, el juzgado daba cuenta de que ante la petición de la representación de María Salmerón de suspender la ejecución de su condena a nueve meses de prisión impuesta en junio de 2019 por esta instancia judicial, tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron a dicha medida.

Al respecto, el juzgado razonaba que si bien María Salmerón “ha sido condenada en varias ocasiones”, lo cierto es que “nunca ha entrado en prisión”, ya sea por la concesión de indultos o por la prescripción de los hechos sancionados, con lo que esta condena del Juzgado de lo Penal número 6 a nueve meses de cárcel por desobediencia y otra más del Juzgado de lo Penal número uno serían “las únicas” que pesan a todos los efectos sobre Salmerón.

El Juzgado, de otro lado, no admitía el riesgo de prescripción esgrimido por la acusación particular dado que los plazos de prescripción quedan “suspendidos” durante la suspensión de la ejecución de la condena.

Periodo temporal de tregua

Finalmente, el Juzgado de lo Penal número 6 consideraba en este auto de enero de 2021 que “la concesión de otros indultos” a Salmerón, aunque el último fuese declarado nulo por el Tribunal Supremo, conducía a resolver que “lo más prudente” era entonces suspender la efectividad de la mencionada condena a nueve meses de cárcel hasta que fuese resuelta la solicitud de Salmerón respecto a un nuevo indulto, con su aceptación o “denegación”.

Ahora, en esta providencia de fecha 29 de marzo (difundida por IU y recogida por Europa Press), el Juzgado de lo Penal número 6 rememora que aquella petición de indulto fue formalizada el 9 de febrero de 2021, toda vez que “la última documentación” solicitada con relación al asunto se remonta al 26 de marzo de dicho año y la regulación estipula que “transcurrido el plazo de un año, debe entenderse desestimada la solicitud de indulto”.

Es por eso que el juzgado requiere a María Salmerón para “el ingreso en prisión a fin de cumplir la pena” impuesta, con un plazo de 15 días para ello.

Pendiente estaba María Salmerón de un recurso de reforma contra el auto del Juzgado de lo Penal número 6 que ordenó en julio su ingreso en prisión. Pues bien, el juzgado sigue adelante con su decisión y desestima el recurso de forma tajante“. ”La sentencia, siendo firme, ha de ser ejecutada, y la decisión de ejecución que ha tomado este juzgado, y que la parte no comparte al considerar que cabe la suspensión de la pena, es la de no conceder suspensión alguna puesto que la penada es reincidente, y, además, posee una hoja histórico penal que han llevado a esta juzgadora a tomar esa decisión, que debe mantenerse en la presente resolución“, reza el auto firmado este pasado 30 de octubre.

El juzgado hace saber a las partes personadas en esta causa que el auto no es firme y que contra él cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días ante la Audiencia Provincial de Sevilla y que ya ha presentado su abogado, según adelanta Público. La mujer de Sevilla homenajeada en 2015 por el Gobierno de España como víctima de violencia de género indicaba su abogada en un escrito enviado al Defensor del Pueblo Español a finales de julio. Su ahora exmarido fue condenado en 2008 a un año y 9 meses de prisión por el delito de maltrato habitual por unos hechos que ocurrieron entre los años 1999 y 2001. El Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla dictó un auto ordenando el ingreso inmediato en prisión de Salmerón y requiriéndola a presentarse en un plazo de quince días en un centro penitenciario de su elección, al objeto de cumplir la condena de nueve meses de prisión por la comisión de un delito continuado de desobediencia a la autoridad. Los recursos han ido estas semanas retrasando el proceso.

El juzgado ha dicho ahora que, pese a que la ley permite “la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconseje”, de Salmerón no se puede hablar de que sea una rea habitual “no porque no haya sido condenada por delito de desobediencia en tres ocasiones, que lo ha sido cinco con esta, y parece ser que existe una sexta condena” sino por su “voluntad más que evidente de seguir cometiendo el mismo hecho delictivo”.

“Interminable sistema de recursos”

Recuerda el auto que “no puede hablarse de habitualidad por lo antiguo de las conductas, cometidas en 2001, 2003, 2006, 2008 y 2012 y 2014, en lo que a este caso se refiere” porque dicha “antigüedad de los hechos no se debe a una lentitud en la Administración de Justicia” que “se deben a un interminable sistema de recursos interpuesto por la parte, que eran posible con la anterior legislación, que provocaban que las penas se cumplieran muchos años después de ocurridos los hechos”.

“A lo que ha de atenderse en este caso, es a que la penada cometió hechos exactamente iguales entre 2001 y 2014”, por lo que, si bien no puede tener consideración de habitual, “conducta de la misma, la naturaleza del hecho delictivo, el nulo arrepentimiento y la ausencia total de intención de reparar el daño son las que han motivado que se entienda que no ha de concederse una suspensión tan excepcional”, motivo por el cual desestima el recurso.

Salmerón, condenada por delito de desobediencia en abril de 2013 por hechos similares y que ha recibido hasta tres indultos en este sentido por parte del Gobierno (el último revocado por el Tribunal Supremo, y con otro en tramitación) fue condenada en junio de 2019 por la Audiencia de Sevilla (confirmada en mayo de 2020) por no cumplir “reiteradamente, impidiendo y haciendo ineficaz el derecho de visita del otro progenitor” el régimen de visitas establecidas por el juzgado. Apuntaba la Audiencia una conducta de Salmerón “permanentemente obstativa, desobedeciendo los mandatos judiciales”, dejando constancia en todo caso de que la hija de ambos, cuya guarda y custodia tiene María Salmerón, “alegó que no quería ir porque no tenía relación con su padre, añadiendo que ella tenía una vida”.

María Salmerón asegura estar “muy cansada”. Desde hace varios años con procedimientos judiciales que se eternizan, este pasado miércoles acudió la Policía Judicial a su domicilio para que fuera a comisaría. “Me asusté mucho”, relata a este periódico. El objetivo era que fuera informada de que el mismo juzgado que ordenó en julio su ingreso en prisión por un delito continuado de desobediencia a la autoridad había iniciado el protocolo para la tramitación de un nuevo indulto, promovido por Fórum de Política Feminista.

A Salmerón le constan cuatro condenas por el mismo delito: desobediencia por incumplir las visitas de su hija con su expareja, condenado por violencia de género. Si bien ha podido ir eludiendo el ingreso en prisión por una concesión de suspensión de condena y, posteriormente, por la concesión de tres indultos. Mientras se podría tramitar un cuarto indulto, “estamos a la espera de que el juzgado se pronuncie”, dicen fuentes de su defensa, que señalan que la Audiencia de Sevilla desestimó el recurso de súplica, por lo que quizá se plantee un recurso de amparo en el TC. “En teoría, si acuerda su ingreso en prision, aún le tiene que dar el periodo voluntario de 15 días hábiles para que acuda voluntariamente”, añaden las fuentes.

“María es víctima de violencia de género”, indicaba su abogada en un escrito enviado al Defensor del Pueblo Español a finales de julio. Su ahora exmarido fue condenado en 2008 a un año y 9 meses de prisión por el delito de maltrato habitual por unos hechos que ocurrieron entre los años 1999 y 2001. El Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla dictó un auto ordenando el ingreso inmediato en prisión de Salmerón y requiriéndola a presentarse en un plazo de quince días en un centro penitenciario de su elección, al objeto de cumplir la condena de nueve meses de prisión por la comisión de un delito continuado de desobediencia a la autoridad. Los recursos han ido estas semanas retrasando el proceso. El escrito también indica que han sido también numerosas las denuncias que no han prosperado y que han sido archivadas, pues “el órgano juzgador correspondiente ha entendido que es la voluntad de su hija no estar con su padre y no una actitud obstaculizadora de María la que impide el cumplimiento del régimen de visitas”.

Salmerón explica que el mismo juzgado que pide su ingreso en la cárcel inició “hace unas dos semanas”, a instancias del Ministerio de Justicia, los trámites para un nuevo indulto, del cual tienen que presentar informes todas las partes que han ido conociendo el proceso judicial en el que sigue inmerso. A diferencia de otros casos anteriores, recuerda Salmerón, esta vez los procesos (el judicial y el del indulto) están discurriendo de forma paralela en el tiempo.

Según ha adelantado Público, la petición de indulto fue apoyada por más de 300 organizaciones y otras 500 firmas individuales. Está dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. En la nota, que fue enviada a principios del mes de septiembre al presidente del Gobierno y registrada en el Ministerio de Justicia, se explica que “nos encontramos reclamando un cuarto indulto para una mujer cuyo único delito es haber defendido, con uñas y dientes, a su hija de un hombre violento, su padre. Un maltratador que ha conseguido evitar la cárcel pese a que fue condenado a un año y nueve meses y orden de alejamiento por un delito de malos tratos en el ámbito familiar”.

La Justicia sigue pidiendo cuentas a María Salmerón, la mujer de Sevilla homenajeada en 2015 por el Gobierno de España como víctima de violencia de género. Su exmarido fue condenado en 2009 a 21 meses de prisión por malos tratos físicos, psicológicos y sexuales. Al ser la pena menor a dos años y carecer de antecedentes, el hombre no ingresó en la cárcel. Un juzgado acaba de ordenar ahora a Salmerón su inmediato cumplimiento de la pena de nueve meses de prisión al haber sido condenada por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad, con la concurrencia del agravante de reincidencia, por no acudir en varias fechas de 2012 y de 2014 al punto de encuentro familiar a entregar a su padre a la menor, que acaba de cumplir 20 años.

Salmerón, condenada por delito de desobediencia en abril de 2013 por hechos similares y que ha recibido hasta tres indultos en este sentido por parte del Gobierno (el último revocado por el Tribunal Supremo), fue condenada en junio de 2019 por la Audiencia de Sevilla (confirmada en mayo de 2020) por no cumplir “reiteradamente, impidiendo y haciendo ineficaz el derecho de visita del otro progenitor” el régimen de visitas establecidas por el juzgado. Apuntaba la Audiencia una conducta de Salmerón “permanentemente obstativa, desobedeciendo los mandatos judiciales”, dejando constancia en todo caso de que la hija de ambos, cuya guarda y custodia tiene María Salmerón, “alegó que no quería ir porque no tenía relación con su padre, añadiendo que ella tenía una vida”.

Ha sido el principal argumento expuesto por la propia Salmerón este lunes a las puertas de los juzgados de Sevilla, donde ha convocado a la prensa para denunciar que “en España, a día de hoy, se le siguen dando visitas a los maltratadores” y que “proteger a mi hija no es delito”. “Con 15 años, mi hija ya no quería ir a ver a su padre y no podía cogerla por los pelos para que fuera al punto de encuentro”. “No han considerado la voluntad de la niña. Iré donde haga falta, porque en España las mujeres no tenemos justicia”, ha denunciado esta mujer, que lamenta sufrir una “persecución judicial de un maltratador amparado por la justicia”. “Y en este país no pasa nada”. Insiste en que “el machismo tiene mucha fuerza, pero aquí estamos las mujeres”. La sentencia que ha dado origen al auto de prisión conocido ahora también la condena a pagar 3.000 euros de indemnización al padre.

Sentencias previas

Salmerón, que ha estado acompañada por representantes políticos de IU, Adelante Sevilla y Partido Comunista, tiene en cualquier caso una nueva fecha de entrada en prisión, a expensas de inminentes movimientos del juzgado y la Audiencia. No es la primera vez que esta mujer se enfrenta a una orden inmediata de este tipo, que salvó in extremis en el verano de 2016. Posteriormente, ya en 2018, la Justicia declaró extinguida su responsabilidad criminal por prescripción de la pena de cuatro meses a la que fue condenada por desobediencia al incumplir igualmente el régimen de visitas. Inicialmente la condena fue de siete meses de prisión pero la estimación de su recurso de apelación interpuesto redujo la pena. Ahora, una nueva desobediencia puede llevarla a la cárcel. “Requiérase a la misma a que fije día de ingreso en prisión dentro de los 15 siguientes, fecha en que deberá constituirse en el centro penitenciario de su elección para su cumplimiento, con apercibimiento de que de no hacerlo podrá acordarse su detención e ingreso en prisión”, dice el auto del juzgado de 10 de julio de 2020.

La Audiencia ha rechazado en los últimos días la admisión de un incidente de nulidad presentado por los abogados de Salmerón, que han interpuesto un recurso de súplica donde se argumenta que “no se trata de aspirar a una segunda valoración sino a una motivación suficiente en las valoraciones de las infracciones de ley alegadas por esta parte en su recurso de apelación”, ya rechazado.

“Verá al padre cuándo, dónde y como quiera, si quiere…”

La defensa de Salmerón dijo al juzgado en un recurso anterior, también rechazado, que en otros ámbitos judiciales se ha llegado a la conclusión de que es la menor la que no desea ver a su padre y que no es posible compelerla forzadamente a ello y, al tiempo, estas resoluciones evidencian también cómo la Jueza de Primera Instancia número Uno de Dos Hermanas y la Jueza de Instrucción nº 7 de Sevilla han coincidido en apreciar por separado un notable grado de juicio y madurez en la menor. En ese sentido, en mayo de 2015, el juzgado de Dos Hermanas acordó “el cese inmediato de la intervención del punto de encuentro… cuya inutilidad en este caso resulta patente; en la práctica el régimen de visitas entre padre e hija deviene inexistente, hecho que no es nuevo porque jamás se cumplió con normalidad… atendiendo a la edad de la menor, con notable juicio y grado de madurez, se ha dispuesto que no tenga la obligación de acudir al punto de encuentro…. dada la edad de la menor, por decirlo en un lenguaje claro, verá al padre cuándo, dónde y como quiera, si quiere…”.

La Audiencia también dijo que, según se desprendía de los numerosos informes remitidos por el Punto de Encuentro que se incorporaron a las actuaciones, el régimen de visitas no se ha podido llevar a efecto durante todo ese tiempo, en algunos casos, al no concurrir la menor al Punto de Encuentro; en otras ocasiones, al no acudir el padre, y en la mayor parte de las ocasiones, ante la negativa de la menor a irse con su padre. Es decir, la denunciada ha cumplido, en la mayor parte de las ocasiones con su obligación de llevar a la menor al Punto de Encuentro para dar cumplimiento al régimen de visitas establecido. Es cierto que la actitud de la madre ha sido calificada por los responsables del Punto de Encuentro como ambivalente, habiéndoles manifestado que no quiere que su hija se marche con su padre y que respeta la decisión de su hija de no irse con el padre, pero entendemos que ello no es suficiente para poderle atribuir un delito de desobediencia a la autoridad judicial, más cuando la menor ante la Instructora ha declarado que es decisión suya no irse con el padre y que su madre en ningún momento ha influido para que ello sea así“.

Por eso su nueva abogada, Ana Castaño, cree que los autos mencionados constituyen “una valiosa prueba para la recurrente, pues ponen de manifiesto la verdadera voluntad de su hija que, en garantía de su derecho a ser oída, fue escuchada con detenimiento por la jueza –obligada a hacerlo en asuntos de familia que afecten directamente a la menor (como es el caso de este sobre el régimen de visitas)- y explorada mediante un examen pormenorizado por parte del equipo psicosocial técnico del juzgado”. En esas “circunstancias garantistas” son en las que la hija de Salmerón “pudo expresarse con confianza y así reforzar lo expresado también en este proceso: que se niega en redondo a estar con su padre y que ni siquiera desea verlo”. “Ante esta actitud de su hija, a la señora Salmerón sólo se le puede achacar el haber dicho que la respeta, pero nada más, sin que este comportamiento pueda constituir delito alguno”, concluye su defensa.

El juzgado de lo penal número 15 de Sevilla ha conmutado una pena de un año de prisión por una multa de 3.240 euros a la sevillana María Salmerón, que fue indultada tres veces, lo que le evitó ingresar en la cárcel, por incumplir el régimen de visitas de su hija con su exmarido.

Se trata, según ha explicado Salmerón a Efe, de la última de las cuatro condenas que tenía por este motivo, que ahora le ha sido conmutada por una multa de 6 euros diarios durante 18 meses, con lo que elude su ingreso en prisión por las condenas en firme que recayeron en su día contra ella.

Las denuncias que motivaron sus condenas fueron presentadas contra ella por su exmarido, que fue condenado a 21 meses de prisión por los malos tratos físicos, psicológicos y sexuales que le infligió.

Salmerón se ha congratulado de que finalmente no tendrá que ingresar en la cárcel por este motivo, aunque sí tiene causas pendientes contra su exmarido, que la ha denunciado por un presunto delito de querella falsa por el que tendrá que declarar el próximo 17 de octubre.

Como consta en el auto, tendrá que presentarse ante el juez tras presentar hace dos años una querella por presuntas torturas psicológicas contra su exmarido hacia la hija de ambos, que fue archivada por no tener contenido penal, mientras que el recurso fue igualmente archivado, ya que ambas salas, la 15 y la 7 de los juzgados de Sevilla, entendieron “la no admisión por no ser hechos constitutivos de infracción penal”.

El exmarido de Salmerón planteó entonces una querella contra ella por presunta denuncia falsa, cuyo auto, remitido hoy, la cita a declarar en el juzgado número 10 de instrucción de Sevilla.

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes conceder otro indulto parcial a María Salmerón, condenada a cuatro meses de cárcel por un delito de desobeciencia al no acatar el régimen de visitas de su hija con el padre, condenado por violencia de género. Ahora se le conmuta la pena por 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Se trata del segundo indulto de este tipo que se le concede a la sevillana de 51 años tras el acordado el pasado febrero y que le vuelve a evitar su entrada en prisión.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda posterior al Consejo, Salmerón recibe un indulto parcial por el que se conmuta la pena de privación de libertad por 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad y siempre que abone las responsabilidades civiles impuestas, dadas las “circunstancias excepcionales” que concurren en su caso.

“Damos respuesta desde el Gobierno a una situación muy particular en la que concurren circunstancias excepcionales vinculadas a delitos de violencia de género”, ha destacado la vicepresidenta, para incidir en que “en todo este tipo de situaciones el Consejo de Ministros lo está tratando con especial atención”.

Sáenz de Santamaría ha explicado no obstante y “aunque no es el caso, porque es distinto”, que el Consejo de Ministros “no ha concedido un indulto por violencia de género en toda la Legislatura” porque se guía por su “política penal y penitenciaria” y en virtud de la misma, ha considerado que “no se pueden dar indultos por delitos en el ámbito de la violencia de género”.

“En este caso por las especiales circunstancias, nos parecía más oportuno conmutar el ingreso en prisión por un tiempo de trabajo en beneficio de la comunidad”, ha añadido.

Conforme ha recordado, no es el primer indulto que recibe Salmerón de parte del Gobierno y por el mismo delito. En febrero de este año fue indultada parcialmente y se evitó que cumpliera seis meses en prisión por incumplir el régimen de custodia con el padre a cambio también de trabajos en beneficio de la comunidad.

La jueza encargada del caso ha admitido a trámite el recurso presentado por su abogado, dando traslado a la Fiscalía y a la acusación particular, sin que hasta ahora se haya pronunciado. La mujer se benefició el pasado 5 de febrero de un indulto parcial por el Consejo de Ministros respecto a una primera condena, de las tres que pesan sobre ella, y sustituyó la pena de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad al considerar que la protección de los derechos del menor están, en este caso, por encima del cumplimiento del régimen de visitas del padre. María Salmerón tiene pendiente de pagar varias indemnizaciones a su exmarido, que suman 60.000 euros, una cantidad que ha asegurado que no puede afrontar.