La acusación popular que ejerce Izquierda Unidad en la causa de la caja B del PP ha solicitado al juez José de la Mata que cite a declarar en calidad de testigo al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, por el contenido de una información en la que relata las confesiones que le realizó Álvaro Lapuerta sobre la financiación irregular del partido político y que le autorizó a publicar después de que falleciera.

En un escrito al juzgado, al que ha tenido acceso eldiario.es, la acusación popular también solicita que se incorporen a la causa de los 'papeles de Bárcenas' las sentencias de la Audiencia Nacional por la trama valenciana de Gürtel y la de la conocida como Primera Época. Consideran los letrados de IU que el testimonio que pueda prestar Escolar es coincidente y acreditativo de unos hechos delictivos recogidos en las citadas sentencias.

“Es de resaltar que parte de las revelaciones que el Sr. Lapuerta realizó al Sr. Escolar han sido posteriormente confirmadas en otras piezas del presente procedimiento, por lo que consideramos que su declaración ante este Juzgado podría arrojar luz acerca de los hechos investigados y abrir nuevas vías de investigación respecto de los mismos”, dice el escrito de IU.

Así por ejemplo, la sentencia de la trama valenciana califica como “soborno en diferido” la conducta de los empresarios investigados en esa pieza, “conducta totalmente equiparable a lo que, según cuenta el Sr. Escolar en su artículo, le fue narrado por Álvaro Lapuerta”, añade.

Entre otras cosas, Lapuerta relató al periodista un encuentro de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre que se celebró en noviembre de 2004, en la sede del partido en Génova 13. En presencia de Rajoy, Lapuerta recriminó a Aguirre que su entonces número dos, Ignacio González, estaba detrás de un pelotazo en Arganda del Rey, pendiente de sentencia en la segunda época de la Gürtel y que pasa por ser la mayor de las muchas operaciones corruptas en las que participó Francisco Correa.

Ser hija de Álvaro de Lapuerta me ha ayudado a ver que existen (¡y triunfan!) 'periodistas' que publican sin cesar los infundios que desde la sombra les cuentan tipos que ya están o pronto estarán condenados por lo que son

Cuando cursé Periodismo me enseñaron que las informaciones que afectan a dos partes, en especial cuando están enfrentadas, deben contrastarse; requieren tomarse el esfuerzo de llamar a uno –no pocas veces es él quien te llama- y otro protagonista para aportar ambas versiones. Muchas veces uno dice blanco y el otro, negro; pero sólo así el lector (y también el periodista) puede atisbar la verdad que se esconde detrás de la información.

Al poco de comenzar a ejercer la profesión descubrí que, por lo general, una de las partes, la que quiere ocultar la verdad, la que sale mal parada o tiene algo de lo que avergonzarse, ni siquiera te coge el teléfono. Ser hija de Álvaro de Lapuerta me ha enseñado algunas cosas más acerca del periodismo y me ha abierto los ojos sobre la manera que tienen algunos de ejercerlo.

He descubierto que hay en la profesión quienes no solo renuncian a contrastar, sino que aun disponiendo de la segunda versión, la silencian. Ocultarla permite vender como sensacional algo que en realidad no lo es, o que incluso es contrario a lo que parece cuando solo se aporta una cara. Mentir tiene sus réditos: proporciona lectores.

Verdaderamente la crisis de moralidad, la estafa que ha hundido España y la aparición de personajes con grandes fortunas en paraísos fiscales ha puesto un clavo más en el ataúd del periodismo. Ante la proximidad de los barrotes, quienes temporalmente disfrutan del término “presunto” delante del calificativo de corrupto han descubierto que siempre es posible encontrar un amigo en la prensa. Alguien que haga de altavoz de las falsedades que propagan desde el anonimato. Alguien que convierta en titulares unas versiones que solo buscan desviar la atención de sus responsabilidades, alguien que blanquee su culpabilidad, que se crea y haga creer las mentiras que cuentan con la perversa intención de presentarse como inocentes, inventando historias sobre alguien que no está en condiciones de defenderse. O que, cuando lo hace, se le acalla.

Seré una ingenua y una romántica, o quizás lo habré sido. Ser hija de Álvaro de Lapuerta me ha ayudado a ver que existen (¡y triunfan!) 'periodistas' que publican sin cesar los infundios que desde la sombra les cuentan tipos que ya están o pronto estarán condenados por lo que son, mientras arrojan a la papelera las cartas que les envían los difamados por ellos. No conviene que se sepa no ya que la realidad les arruinaría sus fabulosos titulares, sino que estos no son más que embustes de intenciones torticeras.

Sujetos que escriben que Lapuerta estaba al corriente ¡y autorizó!... ¿el qué? ¿Que sus fuentes tuvieran cuentas ocultas de procedencia dudosa? Individuos que el mismo día que enterramos a mi padre tienen el descaro de burlarse de nuestro impotente intento de ejercer el derecho de rectificación.

Personajes que llegaron a publicar que Lapuerta había sido visto haciendo gestiones en un banco de Logroño (ahí lo dejó) y que tras ser informado de que éste se encontraba en Madrid, apostilló: la familia lo niega, pero yo estoy en condiciones de ratificar por completo lo publicado.

Álvaro de Lapuerta cometió el buenismo de no percatarse de cómo eran en realidad algunas de las personas que tenía al lado. Quizás también tuvo hasta el final un sentido de la lealtad a las siglas que algunos vemos ilógico. Pero no es lo mismo ser un ladrón que no serlo. No lo es.

Por suerte algunos medios ofrecen un resquicio a la esperanza. Ojalá el Periodismo pueda volver algún día a ser lo que fue en sus tiempos de gloria y ojalá que el daño que se ha hecho a sí mismo, el horror en el que lo han sumido quienes lo practican de manera tan odiosa, sea solo una pesadilla de la que pueda escapar.

El extesorero del Partido Popular Álvaro Lapuerta ha muerto esta madrugada en Madrid, a los 90 años de edad, según ha podido confirmar eldiario.es. Lapuerta fue una de las personas con más poder económico en la gestión del Partido Popular, fue tesorero entre 1993 y 2008, entrando como sucesor de Rosendo Naseiro y dejando su cargo en manos de Luis Bárcenas.

La Audiencia Nacional archivó en 2016 la investigación contra Lapuerta como presunto partícipe en la financiación irregular del Partido Popular en el caso Gürtel debido a su estado de salud, aquejado de una “demencia sobrevenida” acreditada por peritos judiciales. El ex responsable financiero del PP ya sufrió una caída en su domicilio en abril de 2013 y estuvo en coma durante varios días.

Luis Bárcenas, Ángel Acebes, Javier Arenas y otros altos cargos del PP se valieron del estado de salud de Lapuerta y su invulnerabilidad judicial para descargar sobre él ante los tribunales todas las responsabilidades sobre la corrupción en la financiación de campañas electorales y la existencia de una caja B del PP, ahora acreditadas por la sentencia de la Gürtel.

Álvaro Lapuerta fue procurador en las Cortes franquistas por Logroño y luego elegido diputado por La Rioja de Alianza Popular en las elecciones de 1977. En el grupo, fue portavoz adjunto y secretario y renovó su acta de diputado hasta las elecciones del año 2000. Lapuerta formó parte de la lista de Manuel Fraga en la refundación del partido en 1989, cuando AP pasó a denominarse Partido Popular.

Su padre, José María de Lapuerta, fue fundador de CAMPSA y primer presidente de Refinerías de Petróleo de Escombreras (Repesa), la actual Repsol. Álvaro Lapuerta, que tuvo 10 hijos, fue también un hombre de negocios, propietario por ejemplo de la empresa editora de un periódico, 'La Rioja', el más leído de esta comunidad autónoma.

El PP nacional quería tener un control total de las adjudicaciones de obra pública en la Comunidad de Madrid. Este es el relato que expuso el expresidente madrileño Ignacio González ante el juez de la caja B y que este martes han confirmado dos testigos citados por la acusación popular: el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro. Según han informado fuentes jurídicas, ambos han insistido en que Génova pretendía controlar los concursos públicos a través del tesorero nacional, Álvaro Lapuerta.

Ortega ha expuesto ante el juez lo mismo que ya relató en el juicio de la primera época de Gürtel. Ha insistido en que Lapuerta le llamó a su despacho para pedirle que, una vez asentado en el puesto de alcalde, tratase de beneficiar con sus licitaciones a las empresas “amigas” que había ayudado al partido. En concreto, ha citado a las compañías Licuas y Coarsa, propiedad del empresario Joaquín Molpeceres.

De hecho, Ortega -que fue apartado como alcalde por el escándalo de las parcelas de Gürtel en su municipio- ha afirmado que su “caída en desgracia” fue consecuencia de su negativa a adjudicar a esas empresas. El exalcalde del PP no ha querido contestar a muchas preguntas debido a que aún está pendiente de la sentencia sobre el primer juicio de la trama Gürtel.

Antes que Ortega se ha sentado frente al juez José de la Mata el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro. Este, amigo de González, ha ratificado lo que este declaró en su momento: que el PP nacional trató de controlar las adjudicaciones de Madrid cuando perdió el Gobierno central. Antes, ha dicho Moro, los consejeros del Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón gozaban de total autonomía.

Una “guerra de tesorerías”

Ese año, en 2004, Lapuerta comenzó a presionar a González para “intervenir” en los concursos de obra pública de la Comunidad de Madrid, para “centralizar” las adjudicaciones, según le explicó González. Se produce entonces una “guerra de tesorerías” entre la nacional y la madrileña, ha dicho Moro. Cuando el juez le ha pedido aclaraciones sobre esta “guerra”, Moro ha aclarado que era más una contienda entre “consejerías”, un conflicto de “jerarquías” entre el PP nacional y el PP de Madrid por ver quién controlaba las adjudicaciones.

Ese conflicto y esas presiones llegaron a oídos de Esperanza Aguirre, a quien Moro se ha referido siempre como “la presidenta” y no por su nombre. Ha relatado que González le transmitió las presiones de Lapuerta y ella hizo un papel de “mediación” para evitar que se produjesen.

Moro ha admitido que durante algunos años trabajó para Constructora Hispánica, una de las empresas de la trama Gürtel. Su antiguo dueño, Alfonso García Pozuelo, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para admitir el pago de comisiones a cambio de contratos de obra pública. Según ha dicho Moro, era un rumor extendido por toda la empresa que se movía dinero negro.

Por ejemplo, ha relatado que García Pozuelo poseía la gestión de 16 gasolinera cuyos beneficios acababan directamente en el PP. Era un rumor extendido que no le extrañó cuando lo supo, ha dicho. Además, ha dicho que era pública la relación de amistad del dueño de la constructora con Lapuerta y con Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento con José María Aznar.

Moro ha dicho que él trabajó en la constructora entre 2006 y 2008 con un cago técnico, encargado de rastrear licitaciones a las que presentarse. Como él, ha añadido, entraron a trabajar otros miembros del PP. Nadie relevante, jóvenes vinculados al partido que eran contratados por la empresa como práctica habitual, ha explicado el exdelegado del Gobierno en Ceuta.

“Yo ayudo al partido en general para que él me ayude en general”. El expresidente de la empresa de tratamiento de aguas Degremont, Rafael Palencia, relató así la mecánica de la presunta financiación ilegal del Partido Popular mediante la entrega “periódica” de grandes sumas de dinero a los extesoreros del Partido Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas a cambio de adjudicaciones.

La frase forma parte de la grabación de una conversación entre Rafael Palencia y el exdirector general del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, en 2008 y que hoy ha difundido la Cadena SER. La charla entre Palencia y De Miguel constituye un resumen del funcionamiento del sistema por el que el PP se financiaba presuntamente de forma irregular.

En la grabación, Palencia asegura que entregaba “periódicamente” 35.000 euros a los populares a cambio de conseguir “un buen trato”.

El empresario asegura que le entregaba “un sobre” a Álvaro Lapuerta y “a él”, en referencia a Luis Bárcenas.

Según el empresario, era entonces cuando Lapuerta o Bárcenas llamaban a las administraciones para conseguirle adjudicaciones a Palencia. La adjudicataria pagaba a cambio una mordida de entre el 2 y el 3% del total al PP.

El audio que hoy publica la Cadena SER fue utilizado para chantajear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según relató el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González al exministro Eduardo Zaplana en la grabación de una conversación incorporada al sumario del caso Lezo. Según González, Ildefonso de Miguel hizo llegar la grabación al presidente de Intereconomía y exdiputado del PP en el Parlament Julio Ariza, que chantajeó a Rajoy con ella.

Según la versión que da González en las grabaciones, Rajoy recurrió a Luis Bárcenas para pagar al empresario que en esos momentos tenía la grabación en vídeo: “Le soltaron pasta por la puta cinta. Para taparlo”.

El empresario, ante el juez del caso Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa conocida como 'los papeles de Bárcenas', José de la Mata, ha citado este martes como imputado al empresario Rafael Palencia, que intervendrá por videoconferencia.

El magistrado pidió al juez instructor del caso Lezo la transcripción íntegra de la conversación Ignacio González y Eduardo Zaplana en la que se hacía referencia a la grabación con la que presuntamente se chantajeó a Rajoy.

Palencia ya estuvo imputado en el caso de los 'Papeles de Bárcenas' por supuestas donaciones al partido y declaró por estos hechos en enero de 2014. El listado que llevaba el extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas recogía presuntos pagos de este empresario por importe total de 165.000 euros a lo largo de 10 años, entre 1998 y 2008. La grabación difundida ahora constata que esos pagos se realizaban a cambio de adjudicaciones.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa por la presunta presunta 'caja B' del PP --a raíz de los denominados 'papeles de Bárcenas-- ha pedido a su compañero en este órgano e instructor del 'caso Lezo' Manuel García-Castellón la “transcripción íntegra y grabación' de la conversación entre el expresidente del PP de Madrid Ignacio González -actualmente en prisión por este último procedimiento- y el exministro del PP Eduardo Zaplana sobre la existencia de un vídeo en el que se hablaría de un presunto chantaje al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Se trata de una diligencia que fue solicitada a principios del pasado mes de junio por la acusación popular que ejerce Izquierda Unida en la causa sobre la presunta 'caja B' tras conocerse que en el sumario de “Lezo” se hablaba de esta grabación en la que el empresario Rafael Palencia presuntamente habría reconocido pagos al PP en 2008 y con el que fue chantajeado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En la conversación, que obra en el sumario del caso 'Lezo' donde se investigan presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II, el presunto cabecilla de la trama le cuenta al exministro que Rajoy fue extorsionado con un vídeo y mandó al extesorero del PP Luis Bárcenas a taparlo. En dicho documento gráfico aparecería el empresario Rafael Palencia, exdirectivo de Degremont Iberia, confesando que había dado dinero al también extesorero de la formación Álvaro Lapuerta.

Según la versión que da González en las grabaciones, Rajoy recurrió a Luis Bárcenas para pagar al empresario que en esos momentos tenía la grabación en vídeo: “Le soltaron pasta por la puta cinta. Para taparlo”.

Siempre según la versión del expresidente de la Comunidad de Madrid, la cinta fue ofrecida también “al Gobierno venezolano por diez millones de euros”.

En el mismo auto, que tiene fecha del pasado 3 de octubre, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 llama a declarar el próximo día 25 en calidad de investigado a Palencia y como testigo a Ángel Salado, presidente y director general de la empresa Degremont Iberia, que aparecen en las anotaciones del ex tesorero del PP.

El juez De la Mata pide igualmente a su compañero la “transcripción íntegra y grabación” de la conversación entre Ignacio González y el que fuera delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro “en la que, el primero, refiere manifestaciones del empresario Javier López Madrid relativas a la entrega de dinero por parte de su suegro, el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir a Álvaro Lapuerta”.

Mariano Rajoy puede volver al “ya tal” para referirse al caso Gürtel durante lo que resta de 2017. Es el tiempo aproximado que falta para que se celebre el juicio por una pieza separada del mismo, conocida como caja B o papeles de Bárcenas, y que seguirá al que tiene lugar ahora y en el que ha declarado el presidente del Gobierno este miércoles. Las acusaciones populares solicitaron en su momento que también declare Rajoy en ese segundo juicio, como testigo del ‘dopaje’ financiero con el Partido Popular ha concurrido a las elecciones en al menos los últimos veinte años.

En esa vista, el presidente se podrá limitar a recuperar su afirmación del miércoles en el juicio de Gürtel, según la cual nunca ha conocido la existencia de una contabilidad paralela en su partido. Pero entonces, el tribunal no podrá cortar las preguntas sobre la caja B porque precisamente la existencia de la misma es el el fundamento del juicio que queda por celebrar. Su presidente, Ángel Hurtado, ha avisado al comienzo de la declaración de Rajoy que en este caso solo iba a permitir las preguntas que “rozan” el caso Gürtel y el de la caja B.

Mariano Rajoy es el segundo máximo perceptor de sobresueldos que aparece en los papeles de Bárcenas, solo por detrás de Francisco Álvarez Cascos. Un total de 406.610, 41 euros para el presidente del Gobierno entre 1990 y 2011, según recogen las anotaciones del extesorero que dieron pie a la investigación. Ese es uno de los datos que no ha podido ser utilizado por por las acusaciones en sus preguntas de este miércoles. “Son absolutamente falsos”, ha zanjado Rajoy cuando se le ha preguntado por los sobres con dinero negro.

Fuentes de las acusaciones de Adade, los socialistas valencianos y los madrileños coinciden en que el abogado Joaquín Ruiz de Infante, defensor de Luis Bárcenas, ha facilitado la situación de Rajoy ante sus preguntas. Como ya hiciera con lo secretarios generales que declararon en días previos, Ruiz de Infante ha solicitado que se declare improcedente cualquier pregunta vinculada a la caja B. Hurtado ha rechazado su pretensión, pero después ha sido el mismo quien ha impedido a los abogados de la acusación descender al detalle de la financiación irregular.

PP y Bárcenas, “pacto de no agresión”

El letrado de Bárcenas defiende su actuación en los intereses de su cliente, también acusado de graves delitos en esa causa por juzgar. Las acusaciones sospechan de un “pacto de no agresión” entre el PP y su extesorero, que se comenzó a evidenciar cuando Bárcenas ordenó a su anterior abogado retirar la acusación en la causa de la destrucción de los discos duros, en septiembre de 2016, y que se confirmó con la declaración del acusado durante el juicio, en el que dejó de utilizar el término “caja B” para hablar de “contabilidad extracontable”.

Unos letrados creen que el Gobierno y el partido nada pueden ofrecer a estas alturas a Bárcenas. La rotundidad de las pruebas, refrendadas durante la fase de juicio, abocan a una condena al extesorero y a su esposa, Rosalía Iglesias, un riesgo éste que Bárcenas ha querido siempre eliminar. Otros, sin embargo, apuntan a una carta: la ejecución de la condena. Cómo cumplen cárcel Bárcenas y su mujer, cuándo les serán concedidos los permisos… “La ejecución de la condena es la reina de las sentencias”, afirma uno de esos abogados.  

Las acusaciones destacan, por otra parte, la nula intervención del abogado que representa al PP durante la declaración de Rajoy. Ha sido, recuerdan, el abogado de Bárcenas quién ha protestado por las referencias a la caja B del partido y no el letrado del propio partido, Jesús Santos.

El presidente, por su parte, ha descargado la responsabilidad en los “servicios económicos” de la formación, pero cuando ha tenido que señalar a alguno de sus miembros lo ha hecho con Álvaro Lapuerta, el tesorero.

Lapuerta tiene 89 años y ha sido eximido de cualquier responsabilidad en este juicio por la demencia que le han diagnosticado los peritos de la Audiencia Nacional. Su segundo entonces era Luis Bárcenas, el gerente. Este anotaba los ingresos de los papeles bautizados con su nombre. El visado, en forma de firma al margen, era de Lapuerta, según concluyó la investigación.

En el interrogatorio del miércoles tampoco apareció la confesión de Correa, según la cual la gran obra pública de Aznar, en cuyo consejo de ministros se sentaba Rajoy, escondía comisiones de entre el 2 y el 3% con destino a Génova. Rajoy fue el director de la campaña electoral de Aznar en las elecciones generales de 1996 y 2000, las que dieron la victoria y el poder de las adjudicaciones al Partido Popular. 

Una conversación entre el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana revelaría que Mariano Rajoy fue chantajeado por Julio Ariza –exdiputado autonómico del PP y presidente de Intereconomía– con un vídeo en el que un empresario confesaba que había dado dinero al extesorero del partido Álvaro Lapuerta. El empresario, según informa El Español, es Rafael Palencia, exdirectivo de Degremont Iberia.

El diálogo, revelado por La Sexta y que recoge El Español en su literalidad, fue intervenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 19 de febrero. En la grabación, Ignacio González atribuye la circulación de ese vídeo a Ildefonso de Miguel, otro de los investigados en la causa como exgerente del Canal de Isabel II. Tras su paso por el Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel fue contratado por Julio Ariza en Intereconomía.

El Español también ha publicado, citando fuentes de la anterior dirección del PP, que el exministro de Defensa, Federico Trillo, y la actual ministra de esa cartera, María Dolores de Cospedal, se reunieron con Julio Ariza en 2008 para escuchar la grabación, por lo que el partido sí tendría conocimiento de su existencia.

Según la versión que da González en las grabaciones, Rajoy recurrió a Luis Bárcenas para pagar al empresario que en esos momentos tenía la grabación en vídeo: “Le soltaron pasta por la puta cinta. Para taparlo”.

Siempre según la versión del expresidente de la Comunidad de Madrid, la cinta fue ofrecida también “al Gobierno venezolano por diez millones de euros”.

El dueño de Intereconomía, Julio Ariza, ha asegurado en Al Rojo Vivo que la información del chantaje es falsa: “Qué tontería”. Sin embargo, Ariza no desmiente la grabación, que llegó a la redacción de La Gaceta y ahora estaría en manos “de otro periodista”. “Es una cinta de audio que tiene el juez. Nosotros no la publicamos porque no pudimos contrastarla”, ha afirmado durante la entrevista. Según Ariza, es la grabación aparecen dos personas “que no son Álvaro Lapuerta” donde uno de ellos, un empresario, asegura que el partido le pidió dinero. La cadena Ser ha revelado que el empresario es Rafael Palencia, un empresario implicado en los papeles de Bárcenas.

“Jamás fui a hablar con Rajoy sobre este asunto”, ha insistido, “jamás hemos intentado chantajear a nadie”. Ariza –que ha calificado de “bocazas” y “calumniador” a Ignacio González– ha señalado que recurrirá a la vía judicial contra “quien afirme que nosotros hemos hecho ningún chantaje a Rajoy o a quien sea”. “Por lo que he leído, Ignacio González dice eso. Iremos a un juzgado y pondremos en sus manos esa declaración, que es una calumnia, tan sencillo como eso”, ha advertido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo, el ministro portavoz del Gobierno, ha desmentido que se tuviera conocimiento de la cinta, que existiera un chantaje hacia Mariano Rajoy y el pago por el vídeo: “No, no y no”. “El presidente Rajoy rechaza que haya sido sometido a cualquier tipo de chantaje”, ha afirmado. Para el portavoz del Gobierno, es conocido que “Rajoy es una persona a la que no se puede chantajear, no se somete a presiones”.

La relación entre el PP de Madrid y Mariano Rajoy

Otra conversación entre Ignacio González y Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta, muestra el momento en el que, según González, comenzó la tensión entre la cúpula del PP madrileño y el presidente del Gobierno.

Meses después de la adjudicación, Mariano Rajoy se posiciona contra González en el Comité del PP:

La conversación con el presidente del Gobierno derivó en “una bronca de la hostia”, según afirma González:

El exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega ha declarado este martes que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta le llamó en una ocasión para que adjudicase contratos públicos municipales a dos empresas porque era “gente que colaboraba con la casa”. Así lo ha declarado ante el tribunal que le juzga por su implicación en la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005).

Ortega ha negado haber recibido un fax procedente de la sede nacional del PP en el que se instaba a ayudar a empresas que supuestamente habían financiado la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2003. El exconcejal de Majadahonda y denunciante de la trama, José Luis Peñas, aseguró en su declaración que el exalcalde le informó de esa misiva que llevaba desde “tesorería o gerencia” para que se “recompensase” a una “serie de empresas” por haber entregado “un donativo” a la formación política para dicha campaña.

“Yo ese fax no lo he recibido nunca y no he podido enseñarle un fax porque me parece de una torpeza absoluta”, ha añadido. No obstante, el exalcalde -cuya declaración comenzó en la sesión de este lunes y que se negó a contestar a las preguntas de la Fiscalía y de algunas defensas- ha señalado que “al principio” de estar en la alcaldía recibió una llamada de Lapuerta -cuya causa está archivada por demencia sobrevenida- para que “echase una mano” a las empresas Licuas y Coarsa, ya que “era gente que colaboraba con la casa”.

Estas empresas, propiedad de de Joaquín Molpeceres -que aparece en la pieza denominada 'Papeles de Bárcenas'-, resultaron beneficiarias de adjudicaciones por más de 7 millones de euros. En concreto, Coarsa percibió entre 2001 y 2002 un total de 2.800.765,85 euros por la construcción de un centro de Educación Secundaria, mientras que Licuas se benefició de numerosos contratos entre los años 2002 y 2004 que ascendieron a más de 5 millones de euros, según indica el escrito de acusación de la Fiscalía.

“Me presentó una oferta que no podía rechazar”

Ortega, que se ha definido como un hombre de partido, ha dicho que las dos veces que ha dejado un cargo ha sido porque se lo ha pedido tanto la expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre como el exsecretario general de la misma formación política a nivel regional, Francisco Granados. “Acato órdenes de partido en todo momento”, ha dicho.

El exalcalde ha afirmado que tiene “verdaderas lagunas” de cuando conoció a Francisco Correa, presunto 'cabecilla' de la trama. Aún así, dice que coincidió con él la primera vez entre 1994 y 1996, un domingo que se acercó a la sede regional del PP de Madrid en la calle Génova, donde se encontró al empresario “vestido de 'sport'”. Según ha asegurado, sabía quién era porque organizó la campaña del expresidente del Gobierno José María Aznar para las elecciones generales de 1996.

Ortega, que ha descrito a Correa como una persona “afable pero con un sentido de humor bastante peculiar”, ha continuado contando que su primer contacto profesional fue el día que le presentó un proyecto para organizar uno de los congresos regionales en el que fue elegido el actual presidente del Senado, Pío García-Escudero, como presidente de los 'populares' madrileños. “Me presentó una oferta que no pude rechazar”, ha añadido.

En ese momento, Ortega ejercía de 'número 3' del PP de Madrid, cuya responsabilidad -ha constatado- era llevar la organización de campañas en la Comunidad de Madrid. El exacalcalde de Majadahonda, por tanto, tenía en ese momento la capacidad de “contratar, de coordinar todos los equipos de trabajo”, aunque no de revisar el presupuesto. “Tuve el honor de organizar dos campañas”, ha añadido.

“Correa tiene miedo escénico”

“Correa tiene miedo escénico”, ha subrayado Ortega al momento que ha indicado que no recuerda que el empresario participase en los mitines finales de campaña de la Comunidad de Madrid que él mismo coordinó mientras era el responsable. Asimismo ha resaltado el compromiso del presunto 'cabecilla' de la Gürtel con su trabajo: “El señor Correa me decía que el histérico era yo, mentira, el histérico era él. Yo pedía el 1.000% y él el 3.000%”, ha señalado.

Sobre los regalos que supuestamente hizo el empresario al exalcalde como bolsos de marca o viajes, Ortega los ha enmarcado como obsequios que hace un “buen amigo”. Así, ha destacado que el bolso fue una entrega que hizo por el cumpleaños de su mujer, Gema Matamoros, mientras que un crucero por el Mediterráneo sirvió para “festejar” el nacimiento de su hijo pequeño -del cuál Correa es el padrino-.

El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le ha interrumpido en varias ocasiones para que fuese más conciso en su contestación ya que, según ha dicho, no hace falta que cuente tal “cantidad de detalles” de su labor política: “Le pido que concrete lo más posible a esas preguntas que se le hace yendo directamente al grano”, le ha pedido.

La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la suspensión del procedimiento y el archivo de las actuaciones respecto del extesorero del PP Álvaro Lapuerta por demencia sobrevenida “hasta que recobre la salud.

En un auto, los magistrados toman esta decisión de conformidad con los informes aportados por la parte, así como el emitido por los peritos médicos forenses de la Audiencia Nacional que han acreditado el estado de salud de Lapuerta.

La Sala explica que “queda debidamente acreditada la demencia sobrevenida de Álvaro Lapuerta Quintero, procediendo por tanto la suspensión de las presentes actuaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, decretándose el archivo de la presente causa, respecto del mismo, hasta que recobre la salud”.

Este martes, El Mundo publica que Matas ha confesado a la Fiscalía Anticorrupción que Lapuerta le entregó un sobre con instrucciones de cómo debía amañarse el concurso del mayor hospital de Baleares en favor del empresario Juan Miguel Villar Mir.

En otro auto, la Sala acuerda la misma medida de suspensión y archivo del procedimiento, también por demencia sobrevenida, respecto del empresario Rafael Naranjo Anegon, de conformidad con los informes aportados por la parte, el emitido por los peritos de la Audiencia Nacional, así como la declaración de incapacidad tramitada por el Juzgado de Primera Instancia 65 de Madrid.

Por otro lado, la Sección Segunda accede a la solicitud de Ángel Sanchís Herrero para que se practique como prueba testifical la declaración en el juicio oral de Francés Cartagena y Patricio Bel, así como la incorporación de prueba documental.

El PP y Mariano Rajoy se enteraron a través de su extesorero Álvaro Lapuerta de que OHL pagó una comisión en Suiza al expresidente madrileño Ignacio González en 2007. Según informa El Español, Lapuerta se enteró del pago a través del propio presidente de la constructora, Juan Miguel Villar Mir, que le facilitó una fotocopia del cheque del soborno. La intención de Villar Mir al pagar a González era obtener al menos un contrato público.

La labor de Lapuerta redactando informes sobre González y el exnúmero 2 de Esperanza Aguirre Francisco Granados fue la que le permitió obtener esta información sobre el primero. Al saber del soborno de Villar Mir, trasladó la información a Rajoy, que posteriormente se lo contó a Aguirre. Después, González y Granados fueron citados en la sede del PP para ser informados directamente de la investigación que se les había realizado.

Este pago a González se realizó, siempre según el informe de Lapuerta, a través del Anglo Irish Bank. Se trata del mismo banco que aparece mencionado en las conversaciones logradas en el espionaje a Ignacio González durante su viaje a Colombia de 2008.

En el caso del expresidente de la Comunidad de Madrid, el pago de Suiza era un aspecto importante del informe elaborado sobre sus actuaciones. Él negó en todo momento haber cobrado de OHL una cantidad que, según los calculos de Lapuerta, rondaba los 1,5 millones de euros. El extesorero tuvo fácil enterarse de lo ocurrido, dada su buena relación con Villar Mir.

Los vínculos entre Lapuerta y el dueño de OHL no terminan aquí. Fue el extesorero del PP el que entregó al expresidente balear Jaume Matas un sobre con las instrucciones para amañar el concurso en favor de Villar Mir para la construcción del hospital de Son Espases. La licitación del centro médico era de 700 millones de euros.

El propio Matas reveló la maniobra de Lapuerta, en un movimiento vinculado al pago de las obras de la primera planta de la sede de Génova por la constructora. Un dinero que fue abonado por Javier López Madrid, consejero de OHL y yerno de Villar Mir. Además, este último es uno de los grandes donantes de la caja B del PP, según aparece en los papeles de Luis Bárcenas.

El extesorero del PP Álvaro Lapuerta ha sido hospitalizado Madrid este jueves por una crisis cardiaca. Según ha podido saber eldiario.es, Lapuerta, de 88 años, sufrió una angina de pecho que motivó su ingreso. Además, está bajo vigilancia de los médicos por riesgo de que su dolencia vuelve a repetirse.

Álvaro Lapuerta está imputado en el caso de la financiación irregular del PP durante sus años como tesorero.

Marta Silva, la jefa de Abogados del Estado, fue un alto cargo de Sacyr, la empresa investigada por pagar 200.000 euros para financiar la campaña electoral de 2007 de Cospedal. De hecho, Silva se negó a personarse en la causa contra el PP por el asunto de la 'caja B' a pesar de su cargo público.

Silva era parte de la directiva de la empresa cuando supuestamente pagó esos 200.000 euros que mantienen imputados al gerente del PP de la región así como al que era alcalde de Toledo, José Manuel Molina. Son informaciones difundidas por la Cadena Ser de las que se ha hecho eco la portavoz del PSOE en la región Cristina Maestre.

“Era alta directiva de la empresa Sacyr, que tiene a sus dos máximos directivos imputados por la mordida de 200.000 euros -pago supuestamente recibido por el PP como comisión para conceder a la empresa a cambio el servicio de basuras de Toledo-. Estaba en la directiva en ese mismo instante”, ha indicado Maestre.

Además, la relación de Silva con el Partido Popular va más allá ya que es sobrina del ex-tesorero del partido Álvaro Lapuerta que también está imputado dentro de la instrucción del caso Bárcenas.

“Este es el enésimo capítulo del culebrón, la jefa de Abogados del Estado no defiende a los ciudadanos”, ha señalado Maestre, que ha destacado que la noticia se conoce “un día después de que el PP haya hecho muchas promesas pero ninguna propuesta en materia de transparencia contra la corrupción. El escándalo no tiene límites”.

“Cuando el PP de Castilla-La Mancha estaba recogiendo los 200.000 euros, Marta Silva era un alto directivo de la empresa que pagaba”, ha indicado Maestre que señala que cada día la corrupción toma una nueva ramificación dentro de la región y los escándalos a nivel nacional acaban derivando en alguna presunta irregularidad dentro de Castilla-La Mancha.

El extesorero del PP Álvaro Lapuerta ha negado hoy ante el juez Pablo Ruz que utilizara fondos del Partido Popular para adquirir acciones de Libertad Digital. Los 139.700 euros que empleó en adquirir las acciones eran suyos, aunque actuó por indicación del partido, ha dicho Lapuerta.

El antecesor de Bárcenas en el cargo de tesorero se ha negado a declarar por motivos de salud, pero ha leído, como hizo la última vez ante el juez, un escrito. En él, asegura que le cuesta “tener un diálogo fluido”.

La adquisición de acciones por su parte tuvo lugar porque, ha leído, “en círculos del partido” se entendió que debía ayudarse al medio de comunicación. La compra de las acciones estuvo reflejada en su declaración patrimonial correspondiente al ejercicio de 2004, según ha dicho. Lapuerta revendió las acciones y obtuvo más de 69.000 euros de plusvalía, también declarados.

Después de Lapuerta, declaró ante Ruz el empresario Antonio Vilela, uno de los empresarios que terminó adquiriendo acciones. Tras Vilela ha comenzado la declaración de Acebes, alrededor de las 11.00 horas.

El juez ha citado como imputado a Acebes en base a la declaración de Luis Bárcenas, que en su declaración de julio de 2013 aseguró que el PP utilizó más de 400.000 euros de su caja B para adquirir acciones de Libertad Digital. “Según me cuenta Álvaro Lapuerta, él recibe un encargo de Ángel Acebes, que era secretario general en aquel momento, para buscar empresarios que estuviesen dispuestos a echar una mano en eso, comprando acciones de Libertad Digital”, aseguró Bárcenas ante el juez.

Ante las infructuosas gestiones de Lapuerta, y siempre según el relato de Bárcenas, Lapuerta propuso que él mismo y otras personas de confianza adquirieran las acciones hasta que aparecieran los empresarios a los que revendérselas. Toda la operación llevaba el visto bueno de Acebes, añadió. Ruz cita a Acebes para que dé su versión, después de que los documentos aportados por Bárcenas y el trabajo de la UDEF hayan llegado a la conclusión de que las anotaciones en los papeles manuscritos por el extesorero coinciden con los ingresos correspondientes a la adquisición de las acciones.

A esto, el juez añade que los estatutos del partido, incorporados a la causa, hacen responsable al secretario general de una operación así. Ruz cree que Acebes podría haber colaborado a que “tales fondos terminaran siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos”. Según la doctrina del Tribunal Supremo, incurre en un delito de apropiación indebida por omisión aquel que no impide, acorde a su cargo, la actividad de apropiación indebida de terceros cuando es “una fuente de peligros para intereses ajenos”.

El propio Lapuerta y la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, participaron en la operación. Pero cuando vendieron las acciones, no reintegraron el dinero a la caja B del PP. Lapuerta incluso consiguió un beneficio de 69.850 euros con los 139.700 del partido. Iglesias recibió 149.600 euros, blanqueados presuntamente con la adquisición de un chalé.

Las cuentas de correo electrónico que Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez utilizaron mientras trabajaron en la Tesorería y la Gerencia del Partido Popular han sido eliminadas. Y con ellas, cualquier mensaje que pudiera resultar de interés para la investigación de la presunta financiación irregular del PP. Eso pudieron constatar con las policías que el pasado jueves registraron la sede de la formación conservadora con autorización del juez Pablo Ruz.

Al finalizar las 14 horas de registro, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) levantaron un acta del mismo, a la que ha tenido acceso eldiario.es. Los investigadores tenían claro sus prioridades de rastreo, que incluían los correos electrónicos de los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y el antiguo gerente Cristóbal Páez. Sin embargo, cuando intentaron acceder a los mensajes de Lapuerta y Páez se encontraron con lo mismo. Y así lo recogieron en el acta: “Su buzón de correo aparece borrado”.

Los policías, en presencia del secretario judicial, preguntaron a los responsables del PP por qué no existían esos buzones de Lapuerta y Páez. Sobre la respuesta que obtuvieron, escriben en ambos casos: “El buzón no puede ser borrado por el usuario físicamente, debiendo ser solicitado explícitamente. Los representantes del Partido Popular manifiestan que ninguna persona de la actual gerencia ni tesorería ha ordenado dicho borrado, por lo que lo lógico es pensar que debió ser él mismo quien antes de marcharse diera la orden, ya que tenía funciones para ello”. En el caso de Lapuerta, añaden: “Seguidamente manifiesta que técnicamente en ningún sitio aparece como borrado realmente el buzón no existe”.

La desaparición de los buzones de los dos exempleados contrasta con la existencia aún de correos electrónicos de otro antiguo asalariado del PP, Luis Bárcenas. “Aparecen dos cuentas en el servidor denominadas ”lbarcenas“ y ”lbg“. No aparece ningún correo electrónico relevante a los fines de la investigación”, recoge el acta del registro en la sede de Génova.

Claves en la 'caja b'

Lapuerta y Páez emergen en la investigación como dos piezas claves. El primero fue el antecesor de Bárcenas en la tesorería del partido mientras el ahora encarcelado ejercía de tesorero. Los tres secretarios generales del partido que han declarado ante Ruz como testigos –Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal- lo han señalado como la persona que, junto a Bárcenas, habría ostentado un poder absoluto sobre las cuentas. Las declaraciones de los ‘números dos’ del PP sirvieron para eludir cualquier responsabilidad y cargarla sobre Lapuerta, en testimonios trufados de halagos a un anciano de 85 años que la última vez que estuvo ante el juez dijo no encontrarse en condiciones de recordar muchos aspectos de su paso por el partido.

En cuanto a Páez, se trata de un antiguo empleado que ya no guarda relación con el PP, pero que, al igual que Lapuerta, está imputado. Páez ha admitido haber cobrado en ‘negro’ del PP, pero ha dicho en dos ocasiones ante Ruz que desconoce la existencia de una ‘caja b’ en el partido. El último interrogatorio consta de tres días antes del registro. El mismo versó sobre el supuesto pago en negro de 888.000 euros al arquitecto que reformó Génova entre 2005 y 2011. Páez negó en todo momento conocer dichos pagos en ‘b’ en una declaración inconsistente, según fuentes presentes en la misma. Tanto Lapuerta como Páez pueden negarse a declarar o mentir, ya que están imputados. Si sus correos electrónicos guardaban alguna verdad oculta de momento al juez es algo que ya no se podrá conocer. Solo un mensaje de Páez ha logrado ser recuperado por los policías, alojado, al parecer, en otra cuenta.

Otro de los imputados por su vinculación con las obras de Génova y el presunto pago en ‘negro’ es el cuñado de Bárcenas y antiguo jefe de seguridad del partido, Antonio de la Fuente. En el despacho que supuestamente ocupa ahora como trabajador de la gerencia del partido, los agentes encontraron 16 correos electrónicos. De entre los mensajes de De la Fuente, los policías consideran que hay dos que “son de relevancia”.

Los policías también revisaron las cuentas de correo de secretarias, contable, cajero y tres auditores internos, sin encontrar en ellas datos de relevancia, según consta en el acta del registro. Por otra parte, los policías copiaron 32 carpetas con documentación sobre las obras de Génova.

El Partido Popular ya hizo desaparecer material informático que el juez consideraba de interés para la investigación. Contestando a su requerimiento, entregó dos ordenadores que habían sido utilizados por Luis Bárcenas previamente vaciados de contenido. Ruz apreció delito en esa actuación del PP y envió el caso a los juzgados de Plaza Castilla, por no ser la Audiencia Nacional competente para investigarlo. Un juzgado de Madrid ha decidido archivar el caso provisionalmente.

Los forenses de la Audiencia Nacional han remitido al juez Pablo Ruz un informe sobre el estado de salud del extesorero del PP Álvaro Lapuerta en el que determinan que no se encuentra en condiciones de declarar debido a las “secuelas neuropsíquicas” que sufre, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Los especialistas examinaron el pasado 13 de septiembre al extesorero para certificar si reunía el estado de salud necesario para afrontar una nueva declaración en la pieza separada del 'caso Gürtel' en la que se investiga la contabilidad B de la formación conservadora.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ordenaba esta diligencia en una providencia, después de que el director del Instituto de Medicina Legal de la Audiencia Nacional y otro especialista médico trasladaran en un primer análisis realizado el pasado mes de julio que el exdirigente 'popular', de 86 años de edad, no reunía “las condiciones óptimas necesarias para realizar una declaración judicial compleja”.

Tras recibir ese primer informe, Ruz renunció a citar a declarar como imputado a Lapuerta aunque acordó que se le realizara un nuevo informe médico a partir del 1 de septiembre para valorar “la existencia o no de mejora clínica”.

En coma por “dos extrañas caídas”

El imputado estuvo 14 días en coma y quedó “impedido” tras sufrir lo que sus hijos definieron en un comunicado como “dos extrañas caídas” en la puerta de su domicilio.

Lapuerta declaró ante el juez el pasado 21 de marzo y negó la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular y afirmó que jamás vio ningún tipo de papel que lo sustentara.

Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, mantuvo la misma versión que ofreció en otra declaración anterior, prestada en febrero ante el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral e insistió en que la financiación del partido en el Gobierno cumple la ley y no existen unas cuentas en negro.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta contabilidad B del Partido Popular, Pablo Ruz, interroga este martes a las secretarias de Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Las empleadas de la organización tendrán que responder sobre las reuniones que los extesoreros pudieron mantener con los empresarios que aparecen como donantes en los 'papeles de Bárcenas'.

La comparecencia de las secretarias de la organización es interesante para saber si los empresarios que figuran en la contabilidad de Bárcenas se reunieron con los extesoreros, dado que el Partido Popular ha borrado los registros de entrada de Génova que le requirió el magistrado para comprobar si visitaron su sede alguno de los ocho constructores imputados en la causa por presuntas donaciones irregulares al partido a cambio de adjudicaciones públicas.

Bárcenas explicó en sede judicial que los donantes entregaban los pagos correspondientes a Álvaro Lapuerta, que después de encargaba de intermediar con la Administración correspondiente.

El testimonio de Estrella Domínguez López, la secretaria de Bárcenas, es clave para determinar hasta cuándo desempeñó labores como tesorero del partido. El PP negó, cuando aparecieron las cuentas millonarias de Bárcenas en Suiza, que el extesorero siguiera en la organización. eldiario.es reveló entonces que Génova mantenía a su secretaria, un despacho y coche en la sede nacional.

En su declaración el pasado 13 de agosto, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, incurrió en contradicciones sobre la fecha en la que asumió de forma “interina” las tareas de la tesorería. La número dos de Rajoy negó rotundamente que Bárcenas continuara al frente de las cuentas hasta marzo de 2010 -tal y como afirmaron el propio Bárcenas y su sucesor, Cristóbal Páez- y aseguró que ella estuvo al mando desde el verano de 2009. Sin embargo, minutos más tarde, reconoció que en la reunión mantenida por Rajoy y Arenas con Bárcenas pactaron las “condiciones de salida y de dejar su puesto de tesorero”.

El juez Ruz también tomará declaración a tres trabajadores del departamento de auditoría interna del PP y a los peritos que que elaboraron el informe sobre la memoria USB que Bárcenas aportó al juzgado el pasado 15 de julio, que contenía más datos sobre la supuesta contabilidad B del PP y aportaba una serie de recibís.

Primero fue Bárcenas y ahora Álvaro Lapuerta. Ambos extesoreros del PP iniciaron el periplo judicial del caso Gürtel asistidos por letrados del agrado de Génova 13. Ambos han roto relaciones con sus abogados, lo que en el seno del PP se vive con inquietud. Lapuerta ha decidido romper sus relaciones con el letrado Javier Iglesias y dejar en manos del abogado catalán Cristóbal Martell su representación legal.

El hasta ahora abogado de Lapuerta, Javier Iglesias, se queda fuera de la causa. A iglesias se le relaciona con la cúpula del partido y el propio Bárcenas le acusa de haber acudido a prisión para chantajearle supuestamente en representación de la dirección del partido.

Según la familia del tesorero al que sucedió Bárcenas, la decisión se debe a su deseo de contar con una defensa más jurídica y de perfil más bajo. Según ha declarado Iglesias a eldiario.es, existía un problema de compatibilidad ya que también defiende a Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), uno de los supuestos donantes indentificados por Bárcenas.

La importancia de Lapuerta en el proceso de los papeles de Bárcenas es crucial. La dirección popular defiende la teoría de que Bárcenas es un delincuente y Lapuerta una persona intachable. Se da la circunstancia de que en los papeles entregados por Bárcenas al juez Pablo Ruz figura la firma de Lapuerta con supuestos “vistos buenos” en varios de los apuntes de sobresueldos en B entregados presuntamente a altos cargos populares. En este punto, la postura jurídica de Lapuerta es fundamental para los intereses de Rajoy. Si decide corroborar las tesis de Bárcenas, al PP se le pone muy cuesta arriba defender la inexistencia de contabilidad B en el partido y la concurrencia de prácticas relacionadas con la financiación irregular de la formación. Nada en el entorno de Lapuerta denota que su cambio de letrado suponga también un cambio de estrategia procesal.

El hasta ahora abogado de Lapuerta, Javier Iglesias, ya defendió al extesorero en el caso de los supuestos espionajes ordenados en el PP de Madrid. Esa relación es ahora agua pasada, a la espera de conocer los detalles en torno a los nuevos letrados de los que Lapuerta se hará acompañar en sede judicial.

Luis Bárcenas también cambió de abogado en medio del proceso. Con su cambio llegó la revolución: el extesorero pasó a reconocer la autoría de los papeles que se le atribuían y surtió al juez de copiosa información sobre los manejos internos del PP que podrían vulnerar la legalidad. Tras el cambio de estrategia de Bárcenas, las informaciones sobre el PP se desencadenaron con un punto álgido en la publicación de los mensajes de texto intercambiados entre Bárcenas y el propio Rajoy. Esos SMS, que dieron la vuelta al mundo, provocaron la comparecencia de Rajoy en el Senado en la que el presidente del Gobierno defendió una vez más no conocer nada de prácticas delictivas en el entorno de su partido.

La novedad judicial se produce en una semana clave para el proceso y a pocos días de las declaraciones ante el juez de Javier Arenas o María Dolores de Cospedal.

Luis Bárcenas se queda sin defensa. Los abogados del extesorero del PP se van solo un día después de que el diario El Mundo destapase la conversación de cuatro horas entre el extesorero y el director del diario. En esa conversación, Bárcenas reconoció la existencia de una financiación irregular sistemática en el PP.

Miguel Bajo y Alfonso Trallero abandonan la defensa de Luis Bárcenas, al frente de la cual han estado durante cuatro años. Los letrados argumentan discrepancias en la estrategia como el motivo para abandonar a su cliente en uno de los momentos más intensos de la instrucción de la causa y con Bárcenas en prisión.

Bárcenas deberá ahora designar nuevos abogados. El cambio coincide con la posibilidad de que el extesorero sea llamado de nuevo a declarar tras las revelaciones ofrecidas por el diario El Mundo. Bárcenas está decidido a ofrecer información y documentos que demuestren sus acusaciones, tal y como contó en su día eldiario.es.

El despacho de Miguel Bajo pasa por ser uno de los mejores de España especializados en derecho penal. En ámbitos jurídicos causa especial sorpresa que coincida la ruptura de relaciones entre Bárcenas y sus letrados con el momento escogido por el extesorero para pasar al ataque contra el PP.

Mientras, en Génova fían todas sus esperanzas en el silencio del extesorero Álvaro Lapuerta. Según Bárcenas, Lapuerta era consciente de la entrada constante de dinero en el PP, procedente de donaciones de empresas que recibían contratos de la Administración. Si Lapuerta desmiente a Bárcenas, las tesis del segundo perderán evidente peso procesal.

Abril de 2013. Lapuerta sufre un accidente y queda en coma.

Julio de 2013. La familia de Lapuerta revela que es el segundo accidente que ha sufrido Álvaro Lapuerta en los últimos meses, unas caídas que califica como “extrañas”.

“¿Qué está pasando en el PP para que haya un extesorero amenazado de muerte”, pregunta nuestra compañera Luz Sanchís a María Dolores de Cospedal. Respuesta de la secretaria general del PP: la mala salud de Lapuerta “puede haber sido provocada o no”.