El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha tenido que justificar este miércoles en la sesión de control al Gobierno el mantenimiento en su cargo del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, imputado por presunta prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos continuada y cohecho y tráfico de influencias cuando era alcalde de Jaén.

Uno de los argumentos de Montoro ha sido que la causa por la que se investiga a Fernández de Moya “no tiene nada que ver con sus responsabilidades en la Secretaría de Estado de Hacienda, donde esta contribuyendo a la recuperación de la economía y a la mejora de la vida de los ciudadanos de este país”.

“Lo que se conoce del estado de esta cuestión es que está siendo investigado en diligencias previas tras una querella interpuesta por el PSOE”, ha dicho Montoro para quien “a estas alturas es muy aventurado decir el resultado”. No obstante, ha recordado que el PSOE ya presentó una querella por las adjudicaciones presuntamente irregulares de Fernández de Moya a una empresa y la Audiencia Provincial la archivó. “Está claro el interés político con el que la presentan”, ha afirmado.

Lo que no ha dicho Montoro es que a diferencia de aquella primera ocasión esta vez ha sido la Guardia Civil la que ha elaborado un informe que ha servido para llamar como investigado a Fernández Moya, tal y como le ha recordado el diputado socialista Jesús Sicilia. “Qué pensarán los alcaldes a los que controla y los miles de ciudadanos que están pagando ahora su IRPF cuando ven que el número dos de su Ministerio está imputado por pagar facturas infladas y servicios que no se prestaron”, le ha preguntado.

A continuación el debate ha derivado en un cruce de acusaciones entre Montoro y Sicilia por la presentación de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

“Usted pregunta por Fernández de Moya para que nos vayamos del Gobierno”, le ha dicho Montoro. “Aquí no tiene credibilidad nadie más que ustedes, que han arruinado España cada vez que han gobernado”, ha continuado con ironía y entre aplausos de su bancada.

“Tienen tanta credibilidad que ya ha costado la subida de la prima de riesgo el triple que la subida de las pensiones. ¿Saben ustedes lo que dan? Miedo”, ha concluido.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, tuvo que defender este martes en el Congreso su proyecto de Presupuestos para 2018 con el trago de la noticia conocida a primera hora de la mañana de que su número dos, el secretario de Estado Enrique Fernández de Moya, está imputado y llamado a declarar por su gestión al frente de la alcaldía de Jaén.

Según las diligencias, Fernández de Moya habría cometido posibles delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos continuada y cohecho y tráfico de influencias. Todo ello en relación con las adjudicaciones a la empresa de Toro (Zamora) Matinsreg, que se encargó, tras haber sido contratada a dedo, del mantenimiento de fuentes ornamentales, semáforos y mercados municipales entre 2012 y 2014. Fernández de Moya fue alcalde de Jaén entre 2011 y 2015. El quebranto para el consistorio habría ascendido a 3,6 millones de euros.

Los hechos por los que deberá declarar como investigado el próximo 5 de junio Fernández de Moya, no son nuevos, ni tampoco es la primera vez que el nombre de la empresa Matinsreg aparece en los medios de comunicación relacionada con facturas poco claras.

Así, en mayo de 2013 el PSOE de Jaén ya pedía en rueda de prensa explicaciones y denunciaba que se le habían adjudicado “a dedo” trabajos por importe de 1.406.519 euros, y que se le pagaban todos los meses más de 174.000 euros sin que se supiera cuáles eran los servicios prestados.

“MacGyver del Ayuntamiento”

En esa época el PSOE de Jaén llegó a llamar a Mastinreg el “MacGyver del Ayuntamiento” ya que lo mismo arreglaba semáforos que cobraba 4.961 euros por reparaciones de emergencia en el Cementerio de San Eufrasio de la ciudad. La situación económica del ayuntamiento no era buena con una deuda de alrededor de 400 millones de euros. No podía pagar las facturas y en 2013, por decreto municipal se aceptó el endoso de la deuda con Mastinreg a Pagaralia, S.L. (una empresa dedicada al descuento de pagarés de alto riesgo) por importe de 1.250.792,33 euros.

Tres años después, en septiembre de 2016, la Oficina Antifraude visitó las dependencias del Ayuntamiento en busca de facturas que la empresa había pasado al Consistorio por servicio de iluminación y fuentes. Ese mismo mes el PSOE pidió explicaciones al equipo de Gobierno sobre una posible investigación de la Agencia Tributaria por fraude en el IVA.

El grupo socialista denunciaba entonces que la empresa operaba tras encomendársele el mantenimiento de fuentes y alumbrado, sin procedimiento de contratación. No sólo eso, sino que aplicaba precios abusivos, como reflejan facturas a las que ha tenido acceso eldiario.es, en las que se cobraban por ejemplo a 69 euros el litro de alguicida. Muestran una serie de facturas infladas, horas cobradas sin justificar, y reparos del interventor. El grupo socialista denunció los hechos, pero la Fiscalía decidió no investigar, aunque dejando la vía judicial abierta para que el PSOE acudiera a ella.

Más cercana en el tiempo es la comisión de investigación que el grupo Jaén en Común (JeC) pidió en junio de 2016 al respecto. El portavoz de Jaén en Común, Manuel Montejo, explica que recibió una denuncia anónima sobre el “comportamiento irregular” de la relación contractual entre Matinsreg y el Ayuntamiento de Jaén. Esta documentación la puso en conocimiento del actual alcalde de Jaén, Javier Márquez y le pidió que se abriera una comisión de investigación, a lo que se negó el regidor.

Al respecto añadía que “dado el carácter anónimo de las acusaciones sobre la supuesta corrupción y tras el estudio de la documentación no le concedo plena verosimilitud a la denuncia, en la medida que desconozco los hechos y los intereses que justifican el anonimato”, pero “ello no es óbice para que considere que estos hechos deben ser estudiados a fondo”, añadía Montejo. El escrito que recibió anunciaba también que se pondría el dossier en conocimiento de la Fiscalía.

Producción, distribución y venta de energía eléctrica

Matinsreg se constituyó en noviembre de 2006 aunque se inscribió tres meses después. Su objeto social es la producción, distribución y venta de energía eléctrica, construcción de máquinas y montaje de útiles y equipos y repuestos para todo tipo de máquinas. Nada que ver por las actividades por las que después fue contratada por el Ayuntamiento de Jaén. Además, el mismo día de su creación se crearon otras sociedades con el nombre Matinsreg a los que se les añadía Toro y un número, todas ellas con el mismo administrador único.

La empresa comienza a realizar trabajos para el Ayuntamiento de Jaén en agosto de 2012, hasta entonces esas actividades las realizaba la empresa Imesapi desde hacía más de una década.

Según las facturas, en la primera semana de mayo de 2013, en seis días se utilizaron 2.192 litros de cloro, 358 kilos de cloro en polvo y 385 litros de algicida, para limpiar las fuentes de la ciudad, una cantidad a todas luces elevada. Además de 154 horas de personal diarias desatascando limpiando y clorando. Y aparecían las mismas horas de trabajo, y la misma cantidad de productos, con independencia del día de la semana.

El interventor, que prestará declaración ante el juzgado de Instrucción número dos de Jaén el próximo jueves, 24 de mayo, presentó muchos reparos a facturas sin contrato, siempre de menos de 50.000 euros, que no pasaban por contratación, ni siquiera como contratos menores, y que fueron aprobadas por los técnicos alegando urgencia.

Fernández de Moya dijo este martes que la causa penal por la que ha sido citado a declarar “fue archivada por la Fiscalía Provincial en abril de 2014”. Pero el nuevo auto judicial, basado esta vez en una investigación de la Guardia Civil, recoge que el entonces alcalde ordenaba “personalmente los pagos a realizar a dicha empresa en contra de los informes y reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor del Ayuntamiento”, todo ello “sin justificación o motivación alguna que conste hasta la fecha en la causa”.

Asimismo incluye que de forma aparente “se facturaba de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa ilícitamente designada, se incrementaban los costes de los productos empleados y la cantidad de los facturados”.

“Mi patrimonio es mi honestidad, mi patrimonio es mi integridad personal y esta no la va a destruir nadie”. Estas son las palabras del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, exalcalde de Jaén, tras conocer, por los medios de comunicación que tendrá que declarar como investigado el próximo 5 de junio en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Jaén por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad, sobre hechos ocurridos cuando era alcalde de Jaén.

El número dos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Financiero en la Universidad de Jaén, afiliado al Partido Popular desde hace 25 años (1991) y exalcalde de Jaén, uno de los ayuntamientos más endeudados de España, que dejó en situación de “quiebra técnica”.uno de los ayuntamientos más endeudados de España, que dejó en situación de “quiebra técnica”

Fernández de Moya se ha calificado en múltiples ocasiones como una persona disciplinada, de partido, donde ha ostentado diversas responsabilidades desde secretario y presidente de Nuevas Generaciones en Jaén, a secretario provincial y presidente del PP en la provincia desde el 2000, hasta que el año pasado el partido le impidiese presentarse a la reelección por considerar que era incompatible con su cargo como secretario de Estado.

Dejó de ser presidente del PP jiennense de mala gana, sólo porque el partido se lo imponía y dejando como sucesor al actual presidente provincial Juan Diego Requena, elegido en el seno de un congreso denunciado ante el juzgado por Miguel Moreno, candidato del sector crítico, ahora fuera del partido. Moreno acusaba a Fernández de Moya de “dinamitar” el PP y de ser el autor intelectual del “fraude” del anterior congreso provincial.

Casado y con un hijo, el actual secretario de Estado ha sido parlamentario andaluz, portavoz de Economía en esa cámara y senador en las elecciones de 2011, donde fue portavoz de Economía y Hacienda y portavoz adjunto del grupo parlamentario popular.

Ese mismo año, 2011, fue elegido alcalde de la ciudad de Jaén, con mayoría absoluta, el mayor apoyo de la ciudadanía en la historia de la democracia en Jaén, 16 de los 27 concejales. Con ello arrebataba la alcaldía al pacto PSOE-IU al que ha culpado siempre de la elevada deuda del Consistorio, unos 390 millones de euros cuando él tomó la vara de mando por primera vez y que ahora sobrepasa los 500 millones.

En 2013, el mismo día en que el Ayuntamiento de Jaén anunciaba cómo sería la revisión del plan de ajuste para recibir 36 millones de euros a cargo al tercer plan de pago a proveedores, José Enrique Fernández de Moya admitía que había cobrado sobresueldos del PP entre 1999 y 2007. Es decir, que había recibido retribuciones como cargo público al tiempo que otras por “representación, dietas, locomoción y asistencia a actos de partido”, aunque se justificaba asegurando que eran unos ingresos que están “declarados y fiscalizados”.

El propio ministro de Hacienda, el jiennense Cristóbal Montoro, avaló en 2014 la candidatura de Fernández de Moya para presentarse a la reelección, consiguiendo ser la lista más votada en las elecciones municipales de 2015 pero con mucho menos apoyo, solo 12 concejales. Fue investido gracias a los votos en blanco de los tres ediles de Ciudadanos, ahora fuera del partido naranja, una de ellas en Vox. Las claves de ese mandato fueron la continuidad, la austeridad y la gestión de la ruina de un Ayuntamiento que convertía a sus concejales en administradores concursales.

Tampoco fue buena la relación de Fernández de Moya con las administraciones gobernadas por el PSOE, Junta de Andalucía y Diputación Provincial. Conocidas son sus diferencias durante ese tiempo con ambas administraciones, especialmente con la Junta de Andalucía, y su presidenta Susana Díaz, a la que recriminó en numerosas ocasiones que no se entrevistase con él y le mandase muchas cartas.

El 23 de noviembre de 2015, después de estar cuatro años, cinco meses y doce días al frente del Consistorio jiennense, y tras estar en boca de los pasillos municipales sus pocas ganas de seguir como alcalde, dejaba la vara de mando para encabezar la candidatura del PP al Congreso por Jaén.

El 11 de noviembre de 2016, casi un año después de dejar un Ayuntamiento con más de 500 millones de deuda, Cristóbal Montoro, lo nombraba secretario de Estado de Hacienda en sustitución de Miguel Ferre. Cada día de los cien primeros de su segundo mandato costó a los jiennenses 1,5 millones en deudas por préstamos y créditos, según los socialistas.

Este martes el juzgado de instrucción número dos de Jaén le ha convocado a declarar en calidad de investigado, lo que antes se llamaba imputado, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad, en relación a unos contratos de la época en la que fue alcalde de la capital jiennense,en concreto en 2014, cuando presuntamente ordenó en contra de los informes del interventor varios pagos a la empresa Matinsreg, encargada del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad.

Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida y uno de los portavoz de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, ha reclamado este martes al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la dimisión de su número dos, Enrique Fernández de Moya. El secretario de Estado de Hacienda ha sido citado a declarar como investigado (antes imputado) el próximo 5 de junio, por presunta malversación y prevaricación cuando era alcalde de Jaén en relación a pagos a la empresa que se dedicaba a las fuentes ornamentales de la ciudad.

Garzón ha reclamado explicaciones a Montoro durante el debate sobre las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que ha comenzado este martes en el Congreso de los Diputados. El ministro por el momento no ha contestado a los portavoces, a pesar de que puede intervenir en cualquier momento del debate, y la sesión ha continuado con la discusión sobre las cuentas del Ministerio de Defensa. Montoro ha abierto la sesión a primera hora sin hacer referencia alguna a la noticia.

“Si quiere mantener la credibilidad y no manchar la imagen de los Presupuestos, desde la discrepancia ideológica le digo que debe dimitir. Estos Presupuestos no deben estar vinculados con una persona que tiene no uno, sino cinco delitos por los que está investigado”. Según las diligencias, Fernández de Moya habría cometido posibles delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos continuada y cohecho y tráfico de influencias durante su etapa como alcalde de Jaén.

Garzón ha recordado a Montoro que Fernández de Moya “representa a su Gobierno y su política” y que fue con el secretario de Estado con quien debatieron sobre estos presupuestos en comisión.

Según el dirigente de izquierdas, Fernández de Moya es también “un símbolo”, el de la Alcaldía de Jaén “que dejó 559 millones de deuda, incumplió la regla de gasto, y no fue intervenida”. Ha recordado que “curiosamente, fue la persona que intervino el Ayuntamiento de Madrid”, precisamente por incumplir la regla de gasto. Un “escenario verdaderamente fatídico que refleja muy bien este debate”, ha añadido. No sabemos cuando va a dimitir, pero esperamos que dimita, es su numero dos y le imputan delitos suficientemente graves en pleno debate de presupuestos.

También se ha referido a este hecho la portavoz socialista, Patricia Blanquer: “Hemos desayunado con la noticia de la detención de Zaplana y con que su número dos, su mano derecha, está investigado por prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias”. Más adelante, el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha pedido a Montoro el cese del secretario de Estado de Hacienda y ha ironizado sobre la situación preguntándose si el siguiente paso será designar a un delincuente como 'El Dioni' como responsable de las cuentas públicas, informa EP.

Por su parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos ha pedido la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda para explicar su imputación. Fernández de Moya ya ha señalado que se niega a dimitir y que está investigado por una denuncia “idéntica” a otra archivada.

“Parece una paradoja que interviniera el Ayuntamiento”

Por su parte, el concejal Carlos Sánchez Mato, que estaba al frente de Economía y Hacienda cuando Fernández de Moya pilotó la intervención del Ayuntamiento de Madrid, ha asegurado que esta situación “parece una paradoja, pero refleja lo que es el PP”.

Sánchez Mato, que ahora es concejal–presidente de Latina y Vicálvaro, recalca que “es un caso concreto del que ya teníamos conocimiento y que le perseguía desde que era alcalde de Jaén”. Según ha recordado, ese “demérito”, junto al de ser el alcalde de uno de los municipios más endeudados de España, “no le impidieron ser premiado con la Secretaría de Estado de Hacienda”, un puesto que a su juicio no debería seguir desempeñando tras su imputación.

“Aunque si su superior (Montoro) ha tenido como mayor logro una amnistía fiscal declarada inconstitucional, probablemente su subordinado tendrá carta blanca para quedarse”, ha señalado.

José Enrique Fernández de Moya, el actual secretario de Estado de Hacienda que trabaja mano a mano con el ministro Cristóbal Montoro, ha sido citado a declarar como investigado (lo que antes era imputado), según informa la Cadena SER. Se investigan posibles delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos continuado y cohecho y tráfico de influencias durante su etapa como alcalde de Jaén.

No es la primera vez que Fernández de Moya sale en los papeles. En su etapa como alcalde incumplió reiteradamente las normas de estabilidad y la regla de gasto, y luego como secretario de Estado de Hacienda fue el encargado de la intervención del Ayuntamiento de Madrid. Cuando era alcalde además admitió que cobró sobresueldos del PP entre 1999 y 2007.

El Secretario de Hacienda ha sido citado a declarar el día 5 de junio junto a otras tres personas bajo decisión del Juzgado de Instrucción Número 2 de Jaén. La investigación se inicia a través de una denuncia acompañada de un informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Según el juez, este informe “evidencia indicios de comisión de diversos delitos que podrían ser atribuidos a distintas personas, entre ellas al ex alcalde, José Enrique Fernández de Moya”.

Fuentes de Hacienda han asegurado a eldiario.es que Fernández de Moya se referirá públicamente a esta información, aunque no aclaran por el momento ni cuándo ni dónde. También han afirmado que de momento no ha recibido notificación.

Según el informe de diligencias previas al que ha accedido la SER, Fernández de Moya “ordenó personalmente en contra de los informes y reparos de ilegalidad del interventor del consistorio jiennense distintos pagos a la empresa MATINSREG encargada del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la capital”. 

Además, en el informe se recoge también que “se presentaron facturas falsas, incorporando conceptos y servicios facturados no ejecutados realmente, generando un sobrecoste de considerable gravedad para el ayuntamiento”. Aparentemente, según las diligencias previas, se facturaban de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa ilícitamente designada, incrementando y suponiendo un coste para el Ayuntamiento superior a los 3.600.000 euros “si se compara con una anualidad de la empresa IMESAPI, firma que antes de la llegada de MATINSREG se hacía cargo de este servicio. 

La aplicación inflexible de la regla de gasto del Ministerio de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid ha supuesto la intervención de las cuentas del consistorio. El tira y afloja de requerimientos y alegaciones de los últimos meses entre ambas administraciones se ha saldado de la peor manera para Manuela Carmena. Cristóbal Montoro lo ha dejado claro: “La izquierda no acepta que exista el control del gasto público, se opone programáticamente a ello” pero “todos van a cumplir la Ley de Estabilidad”, ha prometido.

Pero no solo “la izquierda” parece “eludir” –como afirma el ministro– el control del gasto. El ayuntamiento de Jaén está gobernado por Javier Márquez (PP),  que sustituyó al  actual “número dos” de Montoro, José Enrique Fernández Moya. Hace unos meses mantuvo un intercambio epistolar con Hacienda sobre incumplimientos presupuestarios, recortes y exigencias, en línea con el madrileño. Pero el consistorio andaluz salió mucho mejor parado que la capital: mientras los primeros han acabado aprobando el presupuesto, a los segundos se les quiere obligar por ley a paralizar obras e inversiones.

Hay una diferencia entre ambos casos: mientras que Madrid está tutelada por el Ministerio de Hacienda, los planes económico-financieros de Jaén están bajo la supervisión de la Junta de Andalucía, por su estatuto de autonomía. Sin embargo Hacienda sí mantiene un control sobre esta administración por la inclusión de Jaén en el Fondo de Ordenación, en el que están ciudades en situación de riesgo financiero. “Necesitan el visto bueno para aprobar los presupuestos. La relación de subordinación y tutelaje es la misma, y de ahí que el Ministerio imponga medidas iguales en materia presupuestaria, como el acuerdo de no disponibilidad. Y si tuvieran que ser más exigentes con alguien, tendría que ser con Jaén”, recalcan fuentes del Ayuntamiento madrileño. Fuentes de Hacienda, por su parte, niegan que ambas situaciones sean comparables.

Según la documentación obtenida por eldiario.es a través del buzón seguro Fíltrala, el pasado marzo el Ministerio reclamó a Jaén efectuar una serie de recortes y ajustes presupuestarios. El ayuntamiento contestó en abril con un conjunto de alegaciones en las que admite que la corporación municipal sufre “un grave problema estructural de desfase entre ingresos y gastos, y de casi imposible encuadre presupuestario”. “Esta cuestión, planteada de forma reiterada durante casi una década, es obvio que precisa para su adecuada solución de medidas extraordinarias, solicitadas de forma reiterada por este Ayuntamiento a todas las administraciones públicas”, añaden. Se da la circunstancia de que el actual secretario de Estado de Hacienda fue alcalde de Jaén entre 2011 y 2015, y dejó el ayuntamiento en quiebra técnica, con un agujero de 550 millones de euros.

En su contestación a las alegaciones del ayuntamiento de Jaén, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (que depende de Fernández Moya) respondió que aprobaban el plan presupuestario en un escrito plagado de concesiones “con carácter excepcional” y “por razones operativas”, “teniendo en cuenta que se ha producido la aprobación de los presupuestos de los organismos autónomos”.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), alertó en un informe de que ocho ayuntamientos, además de Madrid, podrían incumplir la regla de gasto este año. En el caso de Jaén, el riesgo es “muy alto”, pero el organismo califica la información proporcionada por el consistorio de “incompleta” o “incongruente” y por lo tanto no puede dar un diagnóstico preciso. En cualquier caso, el propio Estado ha incumplido la regla de gasto en los tres últimos ejercicios.

Acuerdo de no disponibilidad en diferido

Uno de los ejemplos paradigmáticos del doble rasero, según lo definen fuentes del Ayuntamiento de Madrid, es el de los acuerdos de no disponibilidad (recortes). En marzo de 2017 la Secretaría de Estado de Hacienda remite un informe de 21 páginas al Ayuntamiento de Jaén en el que, entre otras cuestiones, le reclama un acuerdo de no disponibilidad por valor de 81 millones de euros. En su escrito de alegaciones, el ayuntamiento andaluz pide que este acuerdo “se adopte a lo largo del ejercicio, en función de la liquidación efectiva de los requeridos derechos”. Y en una posterior respuesta, Hacienda responde que “con carácter excepcional se acepta la alternativa propuesta por el Ayuntamiento”.

¿Y qué pasó con el acuerdo de no disponibilidad que se reclamó a Madrid? En abril el Ayuntamiento tuvo que ejecutar en solo dos tandas recortes por valor de 238 millones de euros. Pese a que habían pedido lo mismo que Jaén, poder efectuarlos a lo largo del ejercicio, Hacienda dio pocos días para acometerlos y a través de medidas concretas, no con la ejecución del presupuesto. El argumento es que en caso contrario podrían “difuminarse” los ajustes. En sus últimos requerimientos, que han abocado a Madrid a la intervención, Hacienda, les pide otros 365 millones de recorte.

Algunas diferencias entre Madrid y Jaén

En una reciente comparecencia parlamentaria, Fernández Moya, ejecutor de la intervención de Madrid, tuvo que responder a numerosas cuestiones sobre su gestión al frente del Ayuntamiento de Jaén. También a una (del diputado de Unidos Podemos-En Comú-En Marea Segundo González) sobre la situación de su sucesor, es decir, sobre el incumplimiento de la regla de gasto de el ejercicio actual.

En todo momento, Fernández Moya alegó que los casos de Madrid y Jaén son incomparables, tesis repetida este lunes por fuentes de su departamento. Sobre su propia labor como alcalde achacó los graves problemas financieros de la ciudad a sus antecesores, PSOE e IU: “Así es como me había dejado la izquierda la ciudad. Ya lo decían por las escaleras del ayuntamiento: El que venga detrás que arree. Y claro que arreamos, pero sacamos adelante el Ayuntamiento de Jaén con la ayuda inestimable del Gobierno de España”, dijo en el Congreso. Lo cierto es que la deuda del consistorio alcanzaba los 390 millones de euros a su llegada y sobrepasaba los 550 en el momento en el que abandonó el puesto. En la actualidad, según datos del ayuntamiento, es de 560 millones, y según el PSOE  se acerca a los 750. Jaén tiene 116.000 habitantes. Es la ciudad de más de 100.000 censados con mayor deuda per cápita.

El Banco de España (que da cifras de ciudades de más de 300.000 habitantes), explica que la deuda de Madrid ha pasado de 5.637 millones en el segundo trimestre de 2015 (cuando Carmena llega al Ayuntamiento) a 3.567 en la actualidad (2.070 millones menos). Además, Madrid cuenta con un superávit de 1.000 millones de euros.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, es también exalcalde de Jaén, uno de los  consistorios más endeudados de España, que dejó en situación de “quiebra técnica”. 

El dato vuelve a ser actualidad después de la intervención del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde Fernández de Moya es el número dos. Antes, había sido portavoz de Economía y Hacienda y portavoz adjunto del grupo parlamentario popular.

Elegido alcalde de la ciudad de Jaén con una mayoría absoluta de 16 de los 27 concejales, Fernández de Moya desbancó a PSOE e IU, pacto al que ha culpado siempre de la elevada deuda del consistorio. La cifra alcanzaba los 390 millones de euros a su llegada y sobrepasaba los 550 en el momento en el que abandonó el puesto.

En 2013, el mismo día en que el Ayuntamiento de Jaén anunciaba cómo sería la revisión del plan de ajuste para recibir 36 millones de euros a cargo al tercer plan de pago a proveedores, José Enrique Fernández de Moya admitía que había cobrado sobresueldos del PP entre 1999 y 2007. Es decir, que había recibido retribuciones como cargo público al tiempo que otras por “representación, dietas, locomoción y asistencia a actos de partido”, aunque se justificaba asegurando que eran unos ingresos que están “declarados y fiscalizados”.

Fernández de Moya ha sido también un gran detractor del tranvía de Jaén, construido en el anterior mandato, y al que dijo que nunca se subiría. Y así ha sido, pues continúa parado desde las primeras pruebas en 2011. Renunció a su puesta en marcha por el elevado coste anual que cifró en 5 ó 6 millones de euros. También fue conocido durante su mandato municipal por el enfrentamiento con la Junta de Andalucía por la gestión del servicio de ayuda a la Ley de Dependencia y acusó a la administración de impago.

El 23 de noviembre de 2015, después de estar cuatro años, cinco meses y doce días al frente del consistorio, y tras conocerse sus pocas ganas de seguir como alcalde, dejaba la vara de mando para encabezar la candidatura del PP al Congreso por Jaén.

Dejaba un Ayuntamiento de Jaén con más de 550 millones de deuda. Según los socialistas, cada día de los cien primeros de su segundo mandato costó a los jienenses 1,5 millones de euros en deudas por préstamos y créditos.

José Antonio Nieto y José Enrique Fernández de Mayo, secretarios de Estado de Seguridad y Hacienda, respectivamente, no podrán optar a la reelección como presidentes provinciales del PP en sus provincias, como pretendían, dado que el partido considera que no se pueden acoger a una excepcionalidad en la incompatibilidad introducida en los estatutos tras el último congreso.

En concreto, una cláusula que se introdujo a última hora, sumaba a las incompatibilidades ya establecidas para diputado y presidente provincial, que no siempre se ha cumplido, la de miembros del Gobierno de la Nación, como es el caso, lo que los ha apartado de su carrera para seguir liderando la organización en sus provincias tras haber entrado a formar parte del ejecutivo de Mariano Rajoy.

Ha sido una decisión de la comisión de la ejecutiva del PP encargada de velar por la aplicación del régimen de incompatibilidades, que, por el contrario, no considera que esta restricción afecte a Antonio Sanz, delegado del Gobierno en Andalucía, dado que ejerce en la propia comunidad autónoma. El presidente del PP de Cádiz era el tercero de los ocho de Andalucía afectado por esta enmienda, cuya aplicación, sin embargo, no esperaban José Antonio Nieto y José Enrique Fernández de Moya que fuera a llevarse a efecto, porque ya ha pasado con otras incompatibilidades del partido.

Esta vez no ha excepciones

Sin ir más lejos, los dos siguieron de presidentes provinciales cuando pasaron a ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados con las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, pese a que los estatutos también lo vetan, pero no lo han dejado hasta llegar a las Secretarías de Estado pero porque ya es una incompatibilidad recogida por la reglamentación de la propia institución.

La resolución supone un varapalo para las intenciones de los dos afectados y oxígeno para el presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, en su intención de proceder a una renovación del partido y exigir la aplicación de la premisa “una persona, un cargo”, que se ha convertido en un clamor en el desierto porque ha encontrado bastante resistencia en sus propias filas.

Se da la circunstancia, además, de que en el caso de Jaén la batalla de cara a la celebración del congreso provincial estaba ya servida -como en Granada y Sevilla- porque a la precandidatura de José Enrique Fernández de Moya se había sumado la del alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, con un duro enfrentamiento por el liderazgo del partido, en el que este último acusa a la actual ejecutiva de boicotearle con “trabas” para intentar su elección.

Cabe recordar también que en un primer momento, José Enrique Fernández de Moya llegó a manifestar que tenía “la autorización de la dirección nacional” para presentarse a la reelección en un cargo que ocupa desde 2000. No obstante, Juan Manuel Moreno corrigió esa apreciación y dijo que el permiso correspondía “exclusivamente” a ese órgano “colegiado”, como ha ocurrido.

El Gobierno central prevé elevar en breve a 150 euros la exención fiscal libre de aduana en Canarias para el comercio electrónico, lo que beneficiará a la mayoría de las compras por internet que se hacen desde las islas, ha indicado este martes el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, tras reunirse con la consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, en Las Palmas de Gran Canaria.

Al término del encuentro, Dávila ha asegurado que existe voluntad por parte del Estado para elevar a 150 euros la exención fiscal en la aduana y ha recordado que es necesaria una reforma del código aduanero en el que está incluido el Documento Único Aduanero (DUA), actualmente en vigor. El secretario de Estado además ha recordado que para ello es necesario contar con varios informes preceptivos en los que ahora se trabaja con el fin de aprobarlo cuanto antes.

Durante la reunión entre Fernández de Moya y Dávila, se ha abordado también el reglamento fiscal del Régimen Económico Fiscal (REF) de Canarias, pues existen diversos aspectos susceptibles de mejorarse, ha dicho la consejera. Entre ellos, se citó el actual cómputo del AIEM para las ayudas de Estado que reciben los industriales de las islas, así como diversos aspectos técnicos de la materialización de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).

Dávila también abordó la necesidad de desvincular el REF de la financiación autonómica para los servicios esenciales, pues ello permitiría acceder a fondos de competitividad en 2017, para lo que es imprescindible su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

A este respecto, tanto la consejera canaria como el secretario de Estado han coincidido en la importancia de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para este año.

Fernández de Moya ha pedido “altura de miras” a los partidos políticos con el fin de que la recuperación económica se mantenga, al tiempo que se envía un mensaje de certeza económica y jurídica a los inversores y las instituciones internacionales.

Dávila sostuvo que la aprobación de los presupuestos estatales es imprescindible para poder incluir en ellos los asuntos canarios, y ha solicitado a todos los partidos “sentido de Estado”, así como que aquellos que los obstaculizan dejen de poner “piedras y palos en las ruedas”.

Un ejemplo de la importancia de que los presupuestos se aprueben es el aplazamiento de las oposiciones en Educación, ya que, sin ellos, no se pueden convocar, señaló la consejera.

Si en algo se caracterizan los cien primeros días del actual mandato popular en el Ayuntamiento de Jaén, uno de los más endeudados de España, es en la continuidad de la gestión, con la única diferencia del color político del pleno, más variado y sin mayorías absolutas, al contar con Jaén en Común y Ciudadanos y desaparecer de la bancada Izquierda Unida.

José Enrique Fernández de Moya (PP) tomaba posesión como alcalde hace tres meses,  en un acto en el que hasta el último momento sobrevoló la duda sobre si habría un acuerdo tripartito a favor del candidato socialista, Manuel Fernández Palomino, pero que no llegó a prosperar al votar en blanco Ciudadanos.

Ya parecen quedar lejos esas caras serias de la bancada popular hasta que conocieron el resultado de las votaciones, que finalmente se saldaron con doce votos para PP, nueve para PSOE y tres Jaén en Común y el voto en blanco de los tres concejales de Ciudadanos (C's),  que dejaron la alcaldía en manos del PP, otros cuatro años más, aunque en esta ocasión sin mayoría absoluta.

Continuidad, austeridad y gestión de la ruina son las claves de este inicio de mandato. La de un Ayuntamiento que se encuentra en “quiebra técnica” y convierte a su equipo de Gobierno en una especie de “administradores concursales”. El propio alcalde, José Enrique Fernández de Moya, hablaba hace unos días de un equipo de Gobierno valiente, serio, responsable  “trabajando al pie del cañón  y tomando cada día medidas para sacarlo del pozo” en el que, dice, lo metieron “socialistas y comunistas” en aquel mandato que compartieron allá por 2007/2011.

No piensa así la concejal de Jaén en Común, María Dolores Nieto, que cree que el aumento de deuda desde que llegó Fernández de Moya a la Alcaldía “ha sido casi mayor incluso a los doce años anteriores” en los que los populares gobernaron con mayoría absoluta.

Se trata de un pozo que parece no tener fondo, a la vista de la situación económica del Ayuntamiento, que ha necesitado unos 98 millones de euros en préstamos para hacer frente a la falta de liquidez. Y donde pagar las nóminas de un abultado Consistorio es una meta mensual no fácil de superar.

El Ayuntamiento vuelve además a acogerse a una herramienta del Gobierno central para pagar deudas, en este caso, los 70,2 millones de euros destinados a sentencias judiciales firmes impagadas desde hace 20 años. Algo que será posible gracias, -como no se cansa de repetir su alcalde-, al apoyo del PP, el único que votó a favor, de acogerse a la herramienta dispuesta para ello por el Gobierno central.

Es precisamente el Ministerio de Hacienda, el “gran aliado” del Ayuntamiento del Santo Reino, como señala Fernández de Moya, -la última vez en la visita de la ministra de Empleo, Fátima Báñez a la capital esta misma semana-, frente a la falta de apoyo y los enfrentamientos con la Diputación provincial y la Junta de Andalucía.

La última ayuda del ministro jiennense, Cristóbal Montoro, ha sido la de permitirle una nueva reducción de la retención de las entregas con cargo a la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) para dar al Consistorio liquidez. Así se ha pasado de una retención del cien por cien, unos 2,2 millones al mes, a liberar el 50 por cien, lo que facilita seguir prestando los servicios públicos y afrontando el pago de las nóminas.

Esta es precisamente una de las quejas del principal grupo de la oposición. La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento, Mercedes Gámez, lamentaba que el alcalde celebrase sus 100 días de Gobierno municipal solicitando 28 millones de euros nuevos en un préstamo adelantado de la PIE. Con lo que ya sería, según el PSOE, casi 130 los millones de euros comprometidos en pólizas, adelantos de impuestos y créditos a bancos los que el PP ha firmado desde que se iniciase el nuevo mandato.

Para los socialistas, cada día de los cien del segundo mandato de José Enrique Fernández de Moya en el Ayuntamiento de Jaén ha costado a los jiennenses 1,5 millones en deudas por préstamos y créditos. En este sentido la viceportavoz socialista considera “un poco bochornoso que quien cerró cuatro años de mandato con una deuda de 700 millones de euros se muestre ufano de comenzar este nuevo mandato con semejante pufo”, y critica la falta de voluntad del alcalde para sentarse a negociar con el resto de grupos de la oposición un saneamiento a largo plazo.

Según la concejal de JeC, María Dolores Nieto, estos adelantos solo permiten “resolver problemas de liquidez puntuales”, pero no los soluciona sino que “mete los problemas de fondo debajo de la alfombra”. De la misma opinión es Manuel Montejo, portavoz de Jaén en Común, que asegura que ya están acostumbrados a comprobar cómo se hipoteca el futuro de la ciudad con intervenciones sin consenso, aunque en esta ocasión él se refería en concreto a la propuesta de peatonalizar el centro o al uso que pretende hacer el Ayuntamiento del solar donde se encontraba Simago. 

Austeridad, micropolítica, empleo, vivienda, más una lista de pendientes

Austeridad y micropolítica, son las palabras que caracterizan, en parte, este inicio de mandato, según el alcalde. Austeridad, porque cuando se formó la nueva Corporación se acordó la reducción en más de un 70 por cien de la asignación de los grupos políticos. Y micropolítica, por la relación con el asociacionismo vecinal, el asfaltado de calles, o la limpieza de solares y parques.

Otros aspectos destacados por Fernández de Moya han sido el empleo y la vivienda. En cuanto al primer tema, es considerado por el primer edil como un objetivo prioritario, y donde el Gobierno central también tiene su parte, gracias a un plan destinado a los jóvenes, con el apoyo de la Escuela de Organización Industrial (EOI) que se ejecutará en 2016 con un presupuesto de 400.000 euros financiado al 98 por cien por el Estado y el dos restante, por el Ayuntamiento. En cuanto a la vivienda, en estos tres meses de mandato, el alcalde señala la aprobación por parte de Somuvisa de dos nuevas promociones públicas que suman 84 inmuebles.

Tres meses y más de tres años restan para completar una lista de actuaciones pendientes y arrastradas del anterior mandato. Entre ellas, la polémica sobre qué hacer con un tranvía fantasma, construido pero que nunca ha funcionado, y que divide en dos la ciudad, tanto física como ideológicamente. El último capítulo de esta historia fue el robo de material informático en las oficinas centrales del mismo, que enfrentó a socialistas y populares, con acusaciones veladas de estos últimos a un supuesto móvil político en el delito.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesita las últimas aprobaciones, y es origen de acusaciones mutuas: el Consistorio acusa a la Junta de poner piedras en las ruedas para retrasar su aprobación definitiva. La finalización del parque de La Alameda de Capuchinos, ahora Alameda Adolfo Suárez, una noticia anunciada en variadas ocasiones y distintas fechas; o qué hacer con otra obra fantasma como es el parque acuático, después parque de aventuras y ahora un solar con viales y edificios abandonados y semi en ruinas son algunos asuntos de la lista en el capítulo de pendientes.

Eso sin olvidar temas con un permanente tira y afloja con otras administraciones como el pago del servicio de ayuda a domicilio y las escuelas infantiles, o el Consorcio de Transporte Metropolitano.

La petición expresa de 2.527 avales de militantes –sobre un censo de 2.654- ha servido para justificar lo que ha sido un secreto a voces durante los últimos meses: que José Enrique Fernández de Moya optará a la reelección como alcalde de Jaén, por el PP. A principios de año parecía que iba a cumplirse su deseo de saltar a la política regional y dejar atrás el lúgubre y endeudado panorama municipal; sin embargo, la caída de José Luis Sanz y la designación de Juanma Moreno tumbaron las expectativas del ya candidato.

Desde entonces hasta ahora, De Moya ha ido aplazando la fecha en la que haría pública su designación hasta este domingo. Mientras los mentideros políticos recalcaban sus denodados esfuerzos por abandonar la alcaldía, el PP regional daba por hecho que, como el resto de alcaldes de las capitales, repetiría y sus compañeros de filas en el plano local recopilaban firmas para rogarle que continuara al timón del barco municipal.

Aún así, el alcalde de Jaén no ha formado parte del elenco de candidatos del PP -80 en total- que este sábado se han presentado con el aval del presidente del PP-A en Alcalá la Real. 24 horas más tarde, en un acto de marcado carácter local, y sin el presidente del PP-A, se ha dejado querer mostrando los avales de más del 95% de los militantes del PP de la capital. Ese porcentaje incluye a los dos ex alcaldes populares de Jaén, Alfonso Sánchez y Miguel Sánchez de Alcázar -a este último Fernández de Moya lo relevó al frente del partido y la alcaldía tras una dura confrontación interna-. Ha señalado que tiene “más ilusión, más energía” que hace tres años y medio, y se ha mostrado convencido del que el PP va a ganar el próximo 24 de junio en la capital.

Una vez más, como es habitual en todas sus comparecencias públicas, Fernández de Moya ha partido de “la herencia recibida” de la “coalición de perdedores” –PSOE e IU- que le precedieron en el gobierno municipal para defender su gestión en estos cuatro años. Incluso ha revisado los números al alza. A finales de 2012, el equipo municipal de gobierno reconocía que la deuda acumulada por el consistorio era de 430 millones de euros. Una cuantía que ha redondeado a 500 en su proclamación. Justo cuando la oposición empieza a reclamarle que a finales de 2013, esa deuda superaba los 521 millones de euros (521.147.095,94 euros), según los datos presentados a la comisión de cuentas.

El PSOE augura quiebra

El PSOE augura quiebraLos socialistas anticipan que este año se sumarán alrededor de 117 millones más, lo que situará los números rojos municipales muy por encima de los 600 millones de euros (100.000 millones de pesetas). El PSOE define la situación municipal como “quiebra”. El mismo concepto que Fernández de Moya señaló a su llegada a la alcaldía hace algo más de 3 años antes de solicitar el primero de los 3 planes de pago a proveedores y las medidas especiales de ajuste que tiene aprobadas por el Gobierno central. Medidas que sigue defendiendo como “el mejor plan de empleo” que se ha aplicado en la ciudad de Jaén.

En junio, Fernández de Moya deberá defender la situación económica municipal sobre la que habrá tenido 4 años de control. Decisiones como que ya se hayan comprometido los 26 millones de euros que se espera recaudar en concepto de tributos en 2015, pese a que este año han dejado de ingresarse 13 millones en ese mismo concepto, por una gestión que la oposición califica como deficitaria.

Además, saldrán a colación otros aspectos directamente vinculados las decisiones económicas como la ausencia de un contrato con la empresa que gestiona la limpieza y la basura o la ruptura del acuerdo con la que reparaba semáforos y fuentes ornamentales, que son precisamente dos de las beneficiadas por el primer plan de pago a proveedores.

Estos datos irán acompañados por su conflicto abierto con la Junta de Andalucía a la que reprocha la demora y falta de inversión en proyectos largamente anunciados como la Ciudad de la Justicia, el Museo Internacional de Arte Íbero, la Ciudad Deportiva o la Ciudad Sanitaria que están paralizados o en muy lenta ejecución; la insistencia en propuestas que el alcalde entendía innecesarias como el tranvía o inviables económicamente, como el mismo metropolitano o la prestación de la Ley de Dependencia, cuya gestión ha intentado devolver, hasta ahora sin éxito, al ejecutivo andaluz.

La confrontación con la Junta ha sido, en su proclamación como candidato, el eje del discurso una vez más. Una intervención vitoreada por un auditorio integrado por entre 170 y 190 agentes de barrio: los que se han encargado de compilar los avales para esta especie de primarias en la que sólo ha habido un candidato que ha aceptado el reto de la militancia, en una continuación de la respuesta que ha repetido una y otra vez en los últimos meses: será lo que “mi partido y mi familia” quieran. Candidato a la reelección, parecen haber dicho.

Después de la tormenta desatada por los rumores sobre su posible renuncia como alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya ha comparecido en rueda de prensa en la sede del PP-A en Sevilla para presentar la ponencia que ofrecerá en la convención nacional del PP a finales de mes. La cita ha despertado la lógica expectación, no tanto por el contenido de la conferencia, como por el hecho de que esté ganando en proyección dentro de la organización, cosa sobre la que ha sido insistentemente preguntado por los periodistas. No era para menos porque el también presidente del partido en Jaén no ofrecía una rueda de prensa en la calle San Fernando desde 2008. “Yo vendré cuantas veces se me invite. Otra cosa es que se produzca cuando el PP y el PP-A trazan su hoja de ruta presente y futura”, ha dicho sobre esta casualidad.

De momento, se ha descartado “totalmente y por completo” como candidato del PP-A para las próximas elecciones autonómicas, si bien ha dejado abierta la puerta para formar parte del equipo del presidente que sustituya a Juan Ignacio Zoido. “Estoy a la entera disposición del partido”, ha dicho preguntado sobre la posibilidad de otro cargo, como por ejemplo el de vicesecretario general que actualmente ostenta José Luis Sanz, uno de los más respaldados para liderar la canditura, sobre la que en todo caso no hay todavía consenso y por eso se eterniza un relevo que Juan Ignacio Zoido es el primero que quiere ver plasmado ya. Pero lo de ser candidato ni se le ha “pasado por la cabeza”.

De todas maneras, el también senador ha reconocido que todavía nadie le ha “ofrecido nada”, pero que “los destinos se van escribiendo poco a poco”, sobre la posibilidad de ser secretario general, por ejemplo en el caso de que José Luis Sanz se convierta en presidente y candidato del PP-A. Y en cuanto a su futuro en la política municipal, una vez que ha reiterado que quiere agotar el mandato, sólo ha dicho que se encuentra en un “periodo de reflexión” por cuestiones “personales” sobre si volverá a optar a la alcaldía en 2015.

Pero sobre todo lo que ha querido es hablar de la ponencia, bajo el título de España crecimiento y empleo y cuyo contenido ha desgranado por espacio de más de 45 minutos aprovechando la concurrida tribuna que se le brindaba. Pretende con la misma detallar los logros del Gobierno de Mariano Rajoy durante estos dos años, “donde se ha conseguido salvar a España del rescate y la intervención”. Completada esta primera fase de “saneamiento financiero y recuperación de la credibilidad del país con la vuelta de la inversión extranjera”, se afronta ahora una segunda, centrada en que comiencen a ver los resultados las familias, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los autónomos.

“Toca centrarse en que el esfuerzo pedido a los españoles redunde en las economías domésticas”, ha subrayado, al tiempo que ha abogado por una reforma del sistema tributario que redunde en las familias y las pymes. En definitiva, su intervención en la cita que los populares tendrán en Valladolid los días 31 de enero y 1 de febrero se centrará en ofrecer los resultados de “la extraordinaria agenda reformista” impulsada por el Gobierno de la Nación.

El futuro de José Enrique Fernández de Moya, alcalde de Jaén y senador del PP, está en el aire. Ha reconocido que no sabe qué será de su vida “dentro de media hora”, a propósito de su posible incorporación a la dirección regional del PP, que podría suponer el abandono de la alcaldía. Éste está siendo un mandato de renuncias para él. Va con el cargo. Sus aspiraciones políticas eran otras, pero tuvo que aplazarlas para asumir la cabeza de la lista del PP en Jaén. Su sacrificio se vio compensado al convertirse en la candidatura del PP que más votos ha recibido en la ciudad. Y a partir de ahí, el espíritu abnegado ha determinado sus pasos.

En el último pleno del año materializó una nueva renuncia. El Ayuntamiento de Jaén devolvía a la Junta de Andalucía las termas de Jabalcuz. El consistorio obtuvo la cesión de uso del balneario en 2009, cuando PSOE e IU gobernaban la ciudad. Cuatro años y cero intervenciones más tarde, los votos del PP en el pleno han devuelto el conjunto a la Junta de Andalucía, con el argumento de su “estado de ruina” y que “debe ser el propietario quien proceda a su rehabilitación y puesta en valor”.

Unas tres semanas antes, y previo aviso, el Ayuntamiento de Jaén renunció también a la prestación de servicio de dependencia. El argumento del alcalde, en esa ocasión, fue la demora en los pagos por parte de la Junta de Andalucía. Retrasos que han ido aumentando la deuda con la empresa que acomete el servicio y de ésta con las trabajadoras que atienden a los más de 400 usuarios. Durante meses, en diferentes comparecencias, el alcalde advirtió de la renuncia. Denunció el convenio a comienzos de octubre y dos meses más tarde firmó el decreto por el que se desentendía de la prestación.

Meses antes, en julio, también devolvió las llaves de las cocheras donde se guarda el tranvía a la administración autonómica: también devolvió las llaves de las cocheras donde se guarda el tranvíaantes de alcanzar la alcaldía ya había anunciado que no pensaba montarse, así que se daba casi por hecho que el tranvía no funcionaría si ganaba las elecciones. Dicho y hecho. Desde que tomó posesión atribuyó la propiedad a la Junta de Andalucía, definiéndolo como “su criatura”. Sobre la titularidad dijo que se ha bía producido una “puesta a disposición política” pero que “técnicamente nunca ha sido recepcionado”. De modo que un proyecto de 4,7 kilómetros de catenaria y 120 millones de euros sigue en vía muerta.

La siguiente renuncia parece que será el Conservatorio Superior de Música. La antigua sede del Banco de España -un edificio diseñado por Rafael Moneo- es propiedad de la ciudad desde julio de 2013. De este modo, a comienzos de enero, mientras la Junta de Andalucía anunciaba que tardará cuatro años, a partir de la cesión, para adaptar el edificio, el Ayuntamiento de Jaén proponía usar el sótano y la cámara acorazada como Archivo Municipal. Y arrancaba otra trifulca política sobre la forma legal para la cesión del inmueble, su uso compartido y el plazo de ejecución de obras que el Ayuntamiento de Jaén zanjará en el próximo pleno con su propuesta de “mutación demanial externa”. En esta fórmula, el consistorio impone sus condiciones: cede el uso del edificio por 50 años, se queda con el sótano para ubicar el archivo y las obras tienen que estar acabadas en tres años. Parece que se perfila una nueva renuncia: a una sede emblemática para los estudios superiores de música.

Mientras tanto, en los mentideros políticos gana peso la posible marcha del alcalde. En navidad, ya dejó entrever que no repetirá como candidato en 2015. Una decisión en la que la última palabra depende de dos frentes: “Mi partido y mi familia”. Si el primero habla en las próximas semanas y le propone un traslado a Sevilla, todo apunta a que rehusará al “inmenso caudal de confianza” que los jiennenses depositaron en él en 2011, pese a su “propósito ineludible de agotar el mandato”. Esa podría ser su última renuncia como alcalde de Jaén.

El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, dejará la Alcaldía de Jaén para ocupar un puesto en la dirección regional del Partido Popular, según ha adelantado Diario Jaén. La persona que ocupará el sillón de primer edil será Javier Márquez, hasta ahora concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital.

La salida de Fernández de Moya se enmarca en el proceso de renovación del PP-A, aún pendiente de designar nuevo presidente y candidato a la Junta de Andalucía. El también presidente provincial del PP habría planteado un “relevo tranquilo” en el Consistorio jiennense.

Según el periódico local, el concejal que sustituirá al todavía alcade habría dado el “sí” en las últimas horas. Márquez fue número tres de la candidatura de Fernández de Moya en las últimas elecciones municipales. El Ayuntamiento de Jaén ha pedido ya 253 millones de euros para pagar a proveedores, según el último acuerdo suscrito por el primer edil saliente.