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Facturas infladas, adjudicaciones a dedo y reparos del interventor: Las irregularidades por las que se investiga al número dos de Montoro

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya,.

Ana Sola / Marina Estévez Torreblanca

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, tuvo que defender este martes en el Congreso su proyecto de Presupuestos para 2018 con el trago de la noticia conocida a primera hora de la mañana de que su número dos, el secretario de Estado Enrique Fernández de Moya, está imputado y llamado a declarar por su gestión al frente de la alcaldía de Jaén.

Según las diligencias, Fernández de Moya habría cometido posibles delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos continuada y cohecho y tráfico de influencias. Todo ello en relación con las adjudicaciones a la empresa de Toro (Zamora) Matinsreg, que se encargó, tras haber sido contratada a dedo, del mantenimiento de fuentes ornamentales, semáforos y mercados municipales entre 2012 y 2014. Fernández de Moya fue alcalde de Jaén entre 2011 y 2015. El quebranto para el consistorio habría ascendido a 3,6 millones de euros.

Los hechos por los que deberá declarar como investigado el próximo 5 de junio Fernández de Moya, no son nuevos, ni tampoco es la primera vez que el nombre de la empresa Matinsreg aparece en los medios de comunicación relacionada con facturas poco claras.

Así, en mayo de 2013 el PSOE de Jaén ya pedía en rueda de prensa explicaciones y denunciaba que se le habían adjudicado “a dedo” trabajos por importe de 1.406.519 euros, y que se le pagaban todos los meses más de 174.000 euros sin que se supiera cuáles eran los servicios prestados.

“MacGyver del Ayuntamiento”

En esa época el PSOE de Jaén llegó a llamar a Mastinreg el “MacGyver del Ayuntamiento” ya que lo mismo arreglaba semáforos que cobraba 4.961 euros por reparaciones de emergencia en el Cementerio de San Eufrasio de la ciudad. La situación económica del ayuntamiento no era buena con una deuda de alrededor de 400 millones de euros. No podía pagar las facturas y en 2013, por decreto municipal se aceptó el endoso de la deuda con Mastinreg a Pagaralia, S.L. (una empresa dedicada al descuento de pagarés de alto riesgo) por importe de 1.250.792,33 euros.

Tres años después, en septiembre de 2016, la Oficina Antifraude visitó las dependencias del Ayuntamiento en busca de facturas que la empresa había pasado al Consistorio por servicio de iluminación y fuentes. Ese mismo mes el PSOE pidió explicaciones al equipo de Gobierno sobre una posible investigación de la Agencia Tributaria por fraude en el IVA.

El grupo socialista denunciaba entonces que la empresa operaba tras encomendársele el mantenimiento de fuentes y alumbrado, sin procedimiento de contratación. No sólo eso, sino que aplicaba precios abusivos, como reflejan facturas a las que ha tenido acceso eldiario.es, en las que se cobraban por ejemplo a 69 euros el litro de alguicida. Muestran una serie de facturas infladas, horas cobradas sin justificar, y reparos del interventor. El grupo socialista denunció los hechos, pero la Fiscalía decidió no investigar, aunque dejando la vía judicial abierta para que el PSOE acudiera a ella.

Más cercana en el tiempo es la comisión de investigación que el grupo Jaén en Común (JeC) pidió en junio de 2016 al respecto. El portavoz de Jaén en Común, Manuel Montejo, explica que recibió una denuncia anónima sobre el “comportamiento irregular” de la relación contractual entre Matinsreg y el Ayuntamiento de Jaén. Esta documentación la puso en conocimiento del actual alcalde de Jaén, Javier Márquez y le pidió que se abriera una comisión de investigación, a lo que se negó el regidor.

Al respecto añadía que “dado el carácter anónimo de las acusaciones sobre la supuesta corrupción y tras el estudio de la documentación no le concedo plena verosimilitud a la denuncia, en la medida que desconozco los hechos y los intereses que justifican el anonimato”, pero “ello no es óbice para que considere que estos hechos deben ser estudiados a fondo”, añadía Montejo. El escrito que recibió anunciaba también que se pondría el dossier en conocimiento de la Fiscalía.

Producción, distribución y venta de energía eléctrica

Matinsreg se constituyó en noviembre de 2006 aunque se inscribió tres meses después. Su objeto social es la producción, distribución y venta de energía eléctrica, construcción de máquinas y montaje de útiles y equipos y repuestos para todo tipo de máquinas. Nada que ver por las actividades por las que después fue contratada por el Ayuntamiento de Jaén. Además, el mismo día de su creación se crearon otras sociedades con el nombre Matinsreg a los que se les añadía Toro y un número, todas ellas con el mismo administrador único.

La empresa comienza a realizar trabajos para el Ayuntamiento de Jaén en agosto de 2012, hasta entonces esas actividades las realizaba la empresa Imesapi desde hacía más de una década.

Según las facturas, en la primera semana de mayo de 2013, en seis días se utilizaron 2.192 litros de cloro, 358 kilos de cloro en polvo y 385 litros de algicida, para limpiar las fuentes de la ciudad, una cantidad a todas luces elevada. Además de 154 horas de personal diarias desatascando limpiando y clorando. Y aparecían las mismas horas de trabajo, y la misma cantidad de productos, con independencia del día de la semana.

El interventor, que prestará declaración ante el juzgado de Instrucción número dos de Jaén el próximo jueves, 24 de mayo, presentó muchos reparos a facturas sin contrato, siempre de menos de 50.000 euros, que no pasaban por contratación, ni siquiera como contratos menores, y que fueron aprobadas por los técnicos alegando urgencia.

Fernández de Moya dijo este martes que la causa penal por la que ha sido citado a declarar “fue archivada por la Fiscalía Provincial en abril de 2014”. Pero el nuevo auto judicial, basado esta vez en una investigación de la Guardia Civil, recoge que el entonces alcalde ordenaba “personalmente los pagos a realizar a dicha empresa en contra de los informes y reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor del Ayuntamiento”, todo ello “sin justificación o motivación alguna que conste hasta la fecha en la causa”.

Asimismo incluye que de forma aparente “se facturaba de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa ilícitamente designada, se incrementaban los costes de los productos empleados y la cantidad de los facturados”.

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