El PP perdió en las últimas elecciones generales más de 3,5 millones de votos. La corrupción, lo constatan estos números y la fuga de algunos de sus grandes feudos como Valencia o Baleares le castiga en las urnas después de que varios sumarios triturasen las carreras políticas de expresidentes como Francisco Camps y Jaume Matas. Pero existen oasis de poder que no hay tramas corruptas que puedan arrebatarlos al Partido Popular. Están en el noroeste de Madrid y constituyen el epicentro de la trama Gürtel: Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, dos municipios que el PP ha convertido en fortines electorales pese a todo lo visto en estos nueve años de instrucción del sumario.

La sentencia de la primera etapa de la red Gürtel confirma que el entramado de Francisco Correa pagó con 245.000 euros las campañas electorales del año 2003 con las que los exalcaldes Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, y Guillermo Ortega, condenados a 14 y 38 años de prisión respectivamente, ganaron las elecciones en los dos municipios.

Dos grandes joyas de la corona de cuyo pasado ahora quiere desentenderse el PP, condenado por beneficiarse a título lucrativo de las mordidas que permitieron hacer estos grandes despliegues electorales y arrasar en las urnas. Génova, leída la sentencia de Gürtel, justifica que no podía “conocer los gastos extracontables” en los que incurría “algún candidato a título individual”. El mismo argumentario que expone el voto particular del conservador Ángel Hurtado, que defiende que el PP no tenía por qué estar al tanto de estas mordidas.

30 años de poder ininterrumpido

En las campañas pagadas por la Gürtel no se escatimaba ningún detalle: grandes coches, carpas gigantes... Las dos localidades engordadas por los millones procedentes de la corrupción no son dos lugares cualquiera: según datos de Hacienda, se trata de los municipios con más renta de España. Ciudades dormitorio, individualistas y sin tejido vecinal donde el PP no ha tenido hasta hoy problemas, pese a los sucesivos escándalos que llegan de los juzgados, para conservar los sillones del ayuntamiento. Han barrido en todas las elecciones municipales desde, al menos, 1989 hasta la fecha. 30 años de poder ininterrumpido.

Jesús Sepúlveda fue apoyado en 2007, antes de que estallara la trama, por el 70% de los votantes de Pozuelo de Alarcón; y a Guillermo Ortega le respaldaron el 68% en Majadahonda. Estas cifras galácticas se reeditaron en 2011, cuando ya ninguno de los alcaldes estaba en el cargo. Tuvieron que dimitir al ser imputados pero sus sucesores revalidaron los resultados. Pese a que en 2015 se notó una cierta caída en la región que dejó por ejemplo el Gobierno de la capital en manos de Manuela Carmena, el PP mantiene en Pozuelo la mayoría absoluta y en Majadahonda reunió más del 44% de los votos.

La sentencia de Gürtel remueve para muchos populares la certeza de victoria en estos dos feudos. Hasta ahora la factura se podía pagar; solo significaba perder la mayoría absoluta. Pero este fallo judicial ha llegado en un momento crítico para el partido y a menos de un año para las elecciones. “Una cosa más. Con esto el PP se hace trizas. Veremos a ver qué pasa en estos municipios el año que viene”, sostiene un miembro del Gobierno de Madrid.

En el PP de Madrid actual, otrora en la picota del poder con la omnipresente Esperanza Aguirre (en la presidencia entre 2004 y 2016), recuerdan los excesos electorales con nitidez cuando quedan apenas unos días para que se conozca la remodelación de la cúpula regional tras la fractura provocada por el escándalo del máster. Otra trama que ha puesto patas arriba al PP. Una vez más.

“Está claro que los votantes nos han castigado por la corrupción. Menos mal que ha salido ahora y no dentro de seis meses. Aunque igual en seis meses sale otra cosa”, apuntan desde las filas del Gobierno regional de Ángel Garrido, molestas con el lavado de manos de Rajoy, que trata de hacer ver que los municipios más ricos de Madrid funcionaban como entes autónomos, ajenos al control de Génova. “¿Cómo puede desentenderse la persona que envió ese mensaje a Bárcenas?”, se preguntan.

La relación entre el empresario Francisco Correa y el gerente del PP, Luis Bárcenas (los dos procesados con las condenas más altas) fue el origen de una alianza clientelar que encontró la horma de su zapato en los municipios más ricos, donde los abultados presupuestos favorecían las adjudicaciones millonarias. “Inflaban precios que se cobraban en las distintas administraciones públicas afectadas con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público”, recoge expresamente el fallo de este jueves.

La sentencia traduce en 402.529 euros “las dádivas obtenidas por Guillermo Ortega” de Correa y cía; y en 668.391 las cantidades recibidas por Jesús Sepúlveda. Nada hacía sospechar en los primeros 2000 que los exalcaldes, muestra de la máxima opulencia del PP, acabarían en la cárcel y arrastrarían a otros tantos enredados y partícipes de la misma red: los exconcejales de Majadahonda José Luis peñas y Juan José Moreno, el exedil arrepentido de Pozuelo Roberto Hernández...

Muestra de estas alianzas endiabladas es el hecho de que la esposa de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, terminara siendo la jefa de prensa de Guillermo Ortega en el Ayuntamiento de Majadahonda. Rodríguez Quijano también ha sido condenada a 14 años de cárcel.

Con la sentencia de 1.687 páginas queda cerrada la primera época de la trama Gürtel, pero aún queda mucho por resolver en los tribunales. Está por conocer la pieza separada de Boadilla del Monte, otro feudo del PP donde Francisco Correa desplegó su “actividad de forma ininterrumpida desde al menos el año 2001 hasta el año 2009, supuestamente dirigida a lucrarse a expensas de los fondos y la contratación pública de los entes municipales”, según el fallo de este jueves. Además, se espera la sentencia por la 'caja B' del PP, acreditada por esta, y el causa por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Estas cuentas pendientes puede complicar y mucho los 12 meses que tiene el PP para recomponerse y salir a ganar las elecciones.

Gürtel está a punto de cerrar la fase de declaraciones de los imputados. Tras el parón de Navidades, el juicio que comenzó a principios de octubre está a falta de unos nombres para terminar con los testimonios de los 37 acusados. Este mes de enero ha tenido como protagonistas a Luis Bárcenas, Jesús Sepúlveda y Alberto López Viejo. Los tres tienen una cosa en común: sus amistades han salido a relucir en las declaraciones, siempre como argumento exculpatorio.

A los tres, sus relaciones sociales les han servido para quitarse de encima algunas de las acusaciones de la Fiscalía. No había una trama corrupta, sino amistades mal entendidas. Barcenas lo usó para justificar la falta de documentación de sus negocios, Sepúlveda envolvió los regalos de Correa en ese argumento y López Viejo se agarró a eso para explicar por qué estaba en un barco con el cabecilla de Gürtel y otros imputados.

Quien más veces usó este argumento fue Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, que encontró en Francisco Correa a uno de sus mejores amigos. El líder de la trama corrupta y él se conocieron a principios de los noventa y la organización de los actos del PP les llevó a fraguar una gran amistad. Los regalos y atenciones que Correa tuvo con él no fueron porque le adjudicase eventos del partido y contratos en Pozuelo, sino por lo bien que se llevaban.

Sepúlveda dijo que Correa no buscaba nada a cambio de los viajes que le regalaba o de sufragar los gastos de la celebración del cumpleaños de su hija. Su amistad llegaba al punto de que se encontraron por la calle el día que el exalcalde se iba a comprar un Jaguar, y el empresario le dijo que él le ponía el dinero, que así se ahorraba el IVA y los intereses de pagarlo a plazos. Esa es su versión.

“Entiendo que por la amistad que teníamos” era la respuesta que daba Sepúlveda cada vez que la fiscal Concepción Sabadell le preguntaba por una de las dádivas que detalló Correa. A pesar de la amistad, sus versiones chocaron en muchos casos. El cabecilla de Gürtel se apuntó algunos regalos que el exmarido de Mato dijo no haber recibido.

La Fiscalía no traga con el argumento de la amistad. Cree que Correa pagaba con viajes, fiestas de cumpleaños y coches -hasta tres, según sus propias revelaciones- los favores de Sepúlveda con la trama. Primero desde la organización electoral del PP, encargándoles actos, y luego desde la Alcaldía de Pozuelo, mediando para que Correa o las empresas vinculadas a él se llevasen adjudicaciones en el municipio.

Antes que Sepúlveda fue Bárcenas quien mencionó sus amistades para sacudirse las acusaciones de la Fiscalía. El extesorero del PP quiso justificar de donde salían los fondos que guardó en Suiza, porque de ello dependen buena parte de la condena de más de 40 años que el Ministerio Público pide para él. Mencionó multitud de negocios, desde campos agrícolas en América Latina a prestamos inmobiliarios. Pero no exhibió ningún papel.

Bárcenas se justificó diciendo que en muchos casos eran acuerdos con personas de confianza, con amigos, con los que no era necesario formalizar un contrato. Es el caso de los negocios con el también extesorero del PP Ángel Sanchís, que nunca le preguntó a Bárcenas si Hacienda tenía constancia del dinero que aportaba a las inversiones. “¿Cómo voy a ir preguntando a mis amigos si han hecho la declaración de la renta o no?”, dijo Sanchís ante el tribunal.

La amistad también está detrás de un importante ingreso en las cuentas Suizas de Bárcenas. Según explicó al tribunal, en sus cuentas helvéticas aparecieron 174.000 euros que el senador del PP Luis Fraga le devolvía de un prestamos anterior. Barcenas le había prestado ese dinero dos picadas antes para comprarse una casa, alegó. No hay papel, ni se acordaron unos intereses, ni un plazo. Eras muy amigos, explicó el extesorero.

No pareció convencer a Sabadell, que se sorprendió de que la confianza entre dos personas les llevase a prestarse cientos de miles de euros sin un papel entre medias. El Ministerio Público sostiene que Bárcenas se lucró de manera ilegal, y que luego ocultó con falsas operaciones comerciales el vaciamiento de sus cuentas en Suiza justo después de enterarse de que le investigaban por corrupción.

El último en mencionar la amistad durante su declaración ha sido Alberto López Viejo, que durante un tiempo fue mano derecha de Esperanza Aguirre. Durante la fase de cuestiones previas, su defensa intentó que no se incorporase a la causa un vídeo en el que se le ve a él en un barco rodeado de amigos ilustres: Francisco Correa, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ y el yerno de José María Aznar, Alejandro Agag.

La Fiscalía cree que ese vídeo demuestra el vínculo entre algunos de los principales acusados. Pero López Viejo lo niega, y dice que solo estaba en ese barco porque era “amigo, muy amigo” de Agag, el único tripulante que no está sentado en el banquillo. Al resto apenas les conocía, asegura, a pesar de que el Ministerio Púbico cree que hizo con ellos suculentos negocios a costa de las arcas públicas.

En el caso de López Viejo, sus esfuerzos se han centrado en reducir su influencia en la contratación con las empresas de Gürtel. Tuvo un “papel residual” y no ordenó trocear contratos para ocultarlos a la intervención. Pero las declaraciones de quienes le han precedido no le dejan en buen lugar y complican su defensa. Correa dijo que le pagó comisiones y otros imputados le han situado como el nexo de la trama con el gobierno regional.

Con las declaraciones de Sepúlveda, Bárcenas y López Viejo se va agotando la lista de imputados. Aunque la previsión del tribunal era haber terminado con todas las declaraciones de los acusados antes de navidad, algunas han durado más de lo previsto y han trastocado los planes de la sala. Al final, este trámite se alargará hasta la segunda mitad de febrero.

Jesús Sepúlveda fue el mayor damnificado de la declaración de Francisco Correa. El cabecilla de la Gürtel disparó contra todos, pero el ex marido de Ana Mato se llevó más balas que nadie. A lo largo de sus tres días de declaración a mediados de octubre, Correa dijo que había atendido a los caprichos automovilísticos de Sepúlveda, le había regalado viajes al matrimonio, había pagado las comuniones y fiestas de cumpleaños de sus hijos y parte de su campaña electoral para ser alcalde de Pozuelo de Alarcón.

El exalcalde de Pozuelo de Alarcón ha tenido que esperar hasta este martes para defenderse de esas acusaciones. Sepúlveda, que se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía de 15 años, ha reconocido algunos de esos regalos y ha intentado convencer al tribunal de que se debían a la amistad entre ambos. Pero sus versiones, en muchos puntos, discrepan.

Sepúlveda ha explicado al tribunal que conoció a Correa en el año 1993, cuando éste empezó a trabajar para el partido: “Empezó a organizar actos para el partido, y como responsable electoral le conocí”. “Con el roce” de los viajes que ambos hacían a las ciudades donde el PP tenía actos, “empezó una relación de amistad”.

La Fiscalía cree que gracias a esa amistad, Correa consiguió hacerse con la organización de más actos para el PP y pagó a Sepúlveda por ello. También medió para que se adjudicasen contratos a constructoras en Pozuelo de Alarcón a cambio de comisiones que se repartía con el exmarido de Mato.

Correa reconoció durante su declaración parte de esos pagos, pero no todos. Dijo que le había pagado en negro 18.000 euros, y que los otros pagos bajo las siglas “JS” de su contabilidad eran al asesor de Álvaro Pérez 'El Bigotes', aunque no pudo explicar cómo los distinguía en los papeles de su caja B..

Sepúlveda, por el contrario, ha negado los pagos reconocidos y los no reconocidos por Correa. Ha asegurado que nunca recibió dinero en efectivo de la Gürtel y menos de parte de Álvaro Pérez, como asegura el escrito de acusación. “Correa y yo nos veíamos si no todos los días, muchos días a la semana, si quisiera darme esa cantidad me la hubiese dado él”, ha argumentado.

Viajes a cuenta de la caja B de Correa

El cabecilla de Gürtel dijo que parte de las “atenciones” que tuvo con Sepúlveda y Mato fueron regalos en forma de viajes: “Como era un buen cliente mío y teníamos unos grandes beneficios de las campañas, yo quería regalarle a este señor los viajes porque era una cuenta muy rentable para la empresa”.

Según Correa, el matrimonio dejaba en Pasadena Viajes la cuenta del viaje y él se encargaba de poner el dinero. “Ellos los pedían a la agencia de viajes, dejaban allí la cuenta y luego yo los regularizaba, a veces con mi caja B, a veces de mi beneficio de la campaña electoral”, aseguró.

Pero la versión de Sepúlveda es distinta. Ha reconocido que no abonó parte de los viajes porque era Correa quien le decía que a la agencia no le iban a costar nada, no porque los pidiera el matrimonio. “Hay algunos viajes que tengo la posibilidad de que no me cuesten nada, los otros los pagué”, ha dicho, pero ha añadido que no dispone de documentación que justifique esos pagos. No le daban factura y él no la pedía.

Además del dinero en efectivo y los viajes, Correa también dijo que había pagado comuniones y fiestas de cumpleaños a Sepúlveda y Mato. “Le hicimos algunas atenciones que se han dado alguna importancia, el cumpleaños del niño, la comunión, cosas que no nos costaban dinero: mandar un payaso, unos globos, un castillo…”, relató con tranquilidad el líder de la trama.

De nuevo los recuerdos de uno y otro no coinciden. El exalcalde de Pozuelo sí que reconoce que Correa pagó parte de la celebración del cumpleaños de su hija, pero dice que solo fueron “unos globos”. La comunión, sin embargo, dice que la pagaron él y su exmujer, no la trama Gürtel: “Fue una comida familiar y la pagamos nosotros”.

El cabecilla de la trama también explicó al tribunal que contribuyó con dinero en efectivo a la campaña del PP en Pozuelo de Alarcón: “Le di unos 120.000 o 150.000 euros en efectivo a Jesús Sepúlveda para que organizara la campaña. Se lo entregué yo personalmente en efectivo. No me acuerdo dónde. Iría yo a Pozuelo y dejaría el sobre”.

Sepúlveda ha negado tajantemente esta afirmación. Dice que no recibió nada de dinero en efectivo para la campaña y que Correa sólo amuebló la sede: “El señor Correa hizo que se instalaran una serie de muebles, sillas y mesas básicamente, él los puso, no sé si sería suyo, él lo instaló para tener en la sede muebles, para poder estar”.

Dos Range Rover y un Jaguar

Las versiones de ambos se distancias completamente cuando hablan de los coches. Correa dijo que le había regalado tres coches: “El primero un Range Rover, de color blanco, lo traje de Barcelona. Costó medio millón de pesetas, de tercera mano, un jeep para andar por la playa. El segundo coche fue un Jaguar. Y el tercero, cuando fue alcalde, le di el dinero en efectivo y él hizo un renting para un Range Rover”.

El exmarido de Ana Mato lo niega todo y da una versión muy distinta. Dice que Correa le pagó el Jaguar para hacerle un favor y ahorrarle el IVA, pero que él le devolvió el dinero. Le dio un BWM que tenía y pidió un crédito de 18.000 euros para darle el resto del dinero.

Niega también el regalo del Range Rover del que, según Correa, se encaprichó. “Él me dijo,'me apetece tener un Range Rover' y yo le dije, pues te lo compro. Yo le di el dinero en efectivo pero yo creo que él hizo un renting o un leasing o algo”, dijo el cabecilla de Gürtel.

Sepúlveda ha admitido que ese modelo siempre le gustó mucho, pero ha negado que fuese un regalo. Según su versión, acudió a una empresa de renting y pagó una entrada de 17.000 euros. Luego estuvo pagando mensualidades de 1.300 euros.

Sobre el tercer coche no hay respuestas. La fiscal Concepción Sabadell no ha podido preguntarle porque se ha negado a contestar a sus preguntas, como ha hecho durante toda la fase de instrucción.

Con la declaración de Sepúlveda, queda claro que las versiones de los dos amigos no terminan de cuadrar. De hecho, puede que esa amistad ya no se mantenga, porque el exalcalde le ha dejado hoy un recado a Correa durante su declaración.

Ha contado al juez que cuando fue alcalde le llegaron voces que decían que “el señor Correa alardeaba de que controlaba los municipios del noroeste de Madrid” y que para contratar allí “había que pasar por él”. Sepúlveda, además de negar esta afirmación, viene a apoyar los ataques que lanzó Luis Bárcenas contra el cabecilla de Gürtel de ambos: que se le subieron a la cabeza sus relaciones con el PP.

Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato y exalcalde de Pozuelo de Alarcón, ha reconocido este martes que Francisco Correa le regaló algunos viajes y pagó la “decoración” y “animación” del cumpleaños de su hija. Sin embargo, dice que no hizo en atención a sus cargos y esperando algo a cambio, sino por la amistad que les unía. Sí que ha negado haber recibido pagos en efectivo de la trama corrupta.

Sepúlveda se ha sentado hoy frente al tribunal que juzga el caso Gürtel y se ha negado a responder a la fiscal, al resto de acusaciones y a las defensas. Solo ha querido contestar a su abogado, que ha ido interrogando por todas y cada una de las acusaciones por las que se enfrente a una pena de 15 años de cárcel.

El exalcalde madrileño ha reconocido algunas de las revelaciones que hizo Correa durante su declaración. “Tuvimos unas atenciones”, dijo el cabecilla de la Gürtel sobre el matrimonio de Sepúlveda y Mato. Hoy el exmarido de la que fuera ministra de Sanidad ha reconocido que no pagó algunos de los viajes que realizó con la agencia de Correa.

“Algunas veces los pagaba en metálico, pero tengo que reconocer que algún viaje puede que no lo abonara”. Sepúlveda ha explicado que Correa le dijo que algunos de esos viajes no le costaban nada a la agencia, así que no los pagó. Esos regalos eran “por la amistad que teníamos”, ha dicho, no por su cargo en el PP. “Nunca me pidió nada a cambio”, ha añadido.

El resto de los viajes los pagaba en efectivo, y ha admitido que no conserva ningún tipo de documentación que acredite esos abonos, porque nunca la pidió. Si acudía a la agencia de Correa es porque “era la agencia con la que trabajaba el partido, era mas cómodo que ir a una agencia que no conociera”.

Según su relato, la exministra de Sanidad nunca supo si esos viajes se pagaban o no, porque era él quien se encargaba de organizarlos. También ha dicho que la trama Gürtel nunca le hizo un regalo a ella directamente: “Creo que no, vamos, estoy convencido de que no”.

También ha reconocido que Correa pagó parte del cumpleaños de su hija. Le invitó en varias ocasiones a los cumpleaños de sus hijos por la amistad que ambos tenían, pero el cabecilla de Gürtel nunca acudió. Sin embargo, sí que se prestó a pagar la decoración de la casa en la que Sepúlveda y Mato para la celebración del cumpleaños de su hija. “Era una cuestión de unos globos”, ha minimizado el exalcalde.

El abogado, sin embargo, ha citado también “actuaciones”. Correa dijo durante la declaración que le había pagado “un payaso, globos y un castillo” para el cumpleaños. En cuanto a la comunión, afirma que él y su mujer lo pagaron todo.

El exmarido de Ana Mato ha enmarcado todos los regalos de Correa en la amistad que ambos tenían. Se conocieron a principios de los noventa cuando sus empresas empezaron a trabajar con el PP, ha dicho Sepúlveda, y a partir de ahí comenzaron a viajar juntos para preparar los eventos del PP. Ese “roce” derivó en una amistad.

Sepúlveda no ha reconocido todos los regalos de Correa. Ha afirmado que no le regaló un Jaguar, como sostiene la Fiscalía y dijo el propio cabecilla de la trama. Ha relatado que se encontró con Correa de camino al concesionario para pagar la señal del Jaguar y abonarlo mediante mensualidades, pero el cabecilla de Gürtel se ofreció a comprarlo a través de su empresa y ahorrarle el IVA.

Pero no fue un regalo, sino que él le devolvió el dinero poniendo a su nombre un BMW valorado en 18.000 euros, y pagándole otros 18.000 a través de un crédito. Era más cómodo, ha dicho, devolverle el dinero a un amigo que pagar el coche por meses.

También ha negado el regalo de un Range Rover. Sí que ha dicho que se encaprichó de ese coche, pero ha asegurado que lo compró a una empresa de renting dando 17.000 euros de entrada y pagando cuotas mensuales que ascendían a 1.300 euros.

Sepúlveda también ha negado haber recibido dinero en efectivo de la trama Gürtel, ni como pago de las comisiones ilegales que conseguía la trama con sus negocios, ni para sufragar su campaña a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón.

No quería ser alcalde de Pozuelo de Alarcón

Durante su declaración, Sepúlveda ha explicado que nunca tuvo interés en ser alcalde de Pozuelo de Alarcón. De hecho, asegura que rechazó la oferta de ser candidato que le hizo Pío García-Escudero, que le contó que el PP había pensado en él para remontar los malos resultados que les daban las encuestas.

Esa primera oferta se convirtió en casi una orden poco después, y Sepúlveda accedió a pesar de que “estaba cómodo” en el Senado. “Al final ha sido un orgullo ser alcalde de Pozuelo”, ha dicho Sepúlveda, que dijo que se presentó a las elecciones “sin ningún interés” y sin conocer la política municipal, “pero al final salieron bien las cosas”.

Durante su etapa como alcalde, afirma que nunca dio instrucciones de contratar con la empresas de Correa,y que en el 2004 dio la orden contraria, dejar de contratar. En la Alcaldía, escuchó algunos comentarios “de que el señor Correa alardeaba de que controlaba los municipios del noroeste”, y que para contratar allí “había que pasar por él”. No ha querido decir quién se lo comentó.

Sepúlveda también ha asegurado que nunca benefició a empresas como Constructora Hispánica, y se ha mostrado muy sorprendido con las revelaciones del que fuera su presidente, Alfonso García-Pozuelo, que ha enmarcado en su acuerdo con las fiscales.

Este empresario reconoció los hechos recogidos en el escrito de acusación de la Fiscalía, en el que se aseguraba que Sepúlveda dio instrucciones para que el Ayuntamiento contratara con las empresas de Correa. A cambio de varias adjudicaciones para la Constructora Hispánica, García-Pozuelo entregó a Correa al menos 65.941 euros.

El exalcalde ha dicho que nunca supo que García-Pozuelo tenía relación con Correa, y que jamás votó en una mesa de contratación en contra del criterio de los técnicos municipales. “No se me ocurriría”, ha asegurado.

Este lunes comienzan los interrogatorios a los 37 acusados en el caso que juzga la primera época de la trama Gürtel. Pero no van a seguir el orden previsto. La Fiscalía ha pedido que tres de ellos, dos empresarios y un exconcejal madrileño, declaren antes que el principal imputado, Francisco Correa, y ha alentado de esta manera las sospechas de que entre los imputados hay quien quiere colaborar con la justicia y tirar de la manta.

La petición de las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás pilló sorprendió a la bancada de abogados defensores. Casi todos se opusieron, y muchos pidieron explicaciones a la Fiscalía. El letrado de Jesús Sepúlveda, que verá cómo su antiguo concejal de Hacienda es de los primeros en declarar, fue uno de los que cargó más duramente contra el cambio de orden.

Los dos empresarios que declararán primero son Jacobo Gordon y Alfonso García-Pozuelo, y el exconcejal de Pozuelo de Alarcón es Roberto Fernández. Las penas que pide para ellos la Fiscalía van desde los dos a los cuatro años y alguno ya ha colaborado con las investigaciones en la fase de instrucción.

García-Pozuelo reconoció hace unos meses que había financiado ilegalmente al PP y que había pagado mordidas a cargos del partido. Durante su etapa como gerente de Constructora Hispánica pagó 30.000 euros para ayudar al PP con los gastos de su campaña electoral para las municipales de 2003. Las mordidas a alcaldes y concejales a cambio de adjudicaciones urbanísticas sumaron un total de 1.338.485 euros.

Entre los beneficiarios de esas comisiones están algunos de sus compañeros de banquillo en el juicio. Según el escrito de defensa que entregó poco antes de que comenzase el proceso, pagó mordidas a Correa, al exdiputado regional del PP Alfonso Bosch -imputado en una pieza separada-, al exconcejal popular Ricardo Galeote y al exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, conocido como ‘El Albondiguilla’.

Si es verdad que ha decidido colaborar con la justicia, podría ampliar la lista de nombres de quienes se beneficiaron de sus comisiones. Las fiscales del caso creen que también pagó a Luis Bárcenas y a Jesús Merino, exdiputado nacional del PP. También señalan que Jesús Sepúlveda medió en su favor para que consiguiese adjudicaciones. Por todo ello, piden para él una pena de cuatro años y seis meses, la más alta de los tres, que podría intentar rebajar si colabora.

El otro empresario que ha visto adelantada su declaración es Jacobo Gordon. Las sospechas de que va a colaborar se vieron alimentadas cuando su abogado no presentó cuestiones previas, una maniobra que puede indicar su disposición a tirar de la manta y rebajar así la condena de dos años que pende sobre él por blanqueo de capitales. No es una pena muy alta, pero Gordon se enfrenta a una petición de cárcel de diez años en otro juicio de Gürtel.

Gordon fue socio de Alejandro Agag, el yerno de Aznar, al que le unía una relación personal que le llevó a ser testigo en su boda. Según la Fiscalía, puso sus empresas al servicio de los principales acusados de la trama corrupta para blanquear el dinero de sus negocios ilícitos.

Por ese servicio se le juzga también en la pieza separada sobre Boadilla del Monte. Según el escrito de acusación de la Fiscalía de ese caso, Gordon se valía de sus empresas para emitir facturas falsas para la trama en el municipio madrileño. Lo hacía “a sabiendas del origen de los fondos y la finalidad de la operación”. Gordon prestaba a la trama “su indispensable colaboración” usando sus empresas para repartir el dinero ilícito de las comisiones entre Pablo Crespo, Tomás Martín Morales y Francisco Correa. La Fiscalía señala que llegó a entregar sus claves bancarias a Correa para que este pudiese operar directamente desde las cuentas de sus empresas.

El tercer protagonista de este lunes es Roberto Fernández. Fue el concejal de Hacienda de Sepúlveda, al que dio directrices para favorecer a los empresarios amigos. Este siguió sus indicaciones “a sabiendas de su irregularidad”, según el escrito de acusación. Así, adjudicó obras a empresas como Constructora Hispánica y modificó pliegos de contratos para beneficiar a empresarios de la trama. Las fiscales creen que cometió delitos de fraude, prevaricación y malversación, y piden una condena de dos años y tres meses. Si ha decidido colaborar, podría dar detalles de las actividades ilegales de Sepúlveda, que en esta pieza separada trata de defenderse de una petición de condena que suma 15 años y cuatro meses.

El abogado de Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz Infante, fue el primero en pedir explicaciones a la Fiscalía por su solicitud de cambio de orden en la declaración de los acusados. Hoy, en la segunda sesión de cuestiones previas del juicio, otros letrados han mostrado su desconcierto con esta petición y han pedido a las dos fiscales que expliquen si tienen algún tipo de pacto con los acusados que prestarán declaración en primer lugar.

Uno de los que más ha insistido en este asunto ha sido el abogado de Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato, para el que el Ministerio Público pide más de 15 años de cárcel. En su intervención ha criticado que las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás no hayan justificado ese cambio de orden, que afecta a Jacobo Gordon, Alfonso García-Pozuelo y Roberto Fernández.

El letrado de Sepúlveda ha alentado así la sospecha que cunde entre buena parte de los abogados defensores de que hay un pacto con algunos acusados del que no tienen detalles. Como él, también se han opuesto al cambio de orden el abogado de Alberto López Viejo y el letrado del que fue su asesor, Pedro Rodríguez Pendás.

Este ha ido un paso más allá y ha denunciado “este dislate, en el que se desprecia la inteligencia de todos los que estamos aquí”. Ha dicho saber que hay acuerdos de la Fiscalía con al menos uno de los acusados y ha pedido que se exponga “el contenido y alcance” de esos pactos, por si van a permitir a algún imputado pasar a la categoría de testigo. Aún más, ha dicho que en las negociaciones de estos acuerdos deberían estar presentes “todas las partes, para evitar la sospecha de que la acusación da ventajas indeseable sobre otros acusados”.

El de Pendás ha sido uno de los letrados más beligerantes en el segundo día de la vista. El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le ha cortado en varias ocasiones cuando ha cargado contra el trabajo de las fiscales, cuando ha criticado las condiciones condiciones de trabajo de los letrados -que esperan largas colas, no tienen wifi o se les echa de la sala al terminar la sesión-. También ha querido denunciar la situación “de desigualdad” que sufre Luis de Miguel, acusado en esta pieza de la primera época de Gürtel y al que el tribunal ha permitido defenderse a sí mismo. “No se lo voy a permitir”, ha zanjado Hurtado.

Por lo demás, la sesión de la mañana en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares ha discurrido sobre el mismo cauce que la de ayer. El camino abierto por los abogados para frenar el juicio ha tenido continuidad hoy con sus compañeros de mesa, que han defendido, por ejemplo, la nulidad de las pruebas aportadas por Suiza y las grabaciones, que se permita a los acusados acceder a sus fondos para pagar la minuta de sus abogados o que se les exima, por diversas razones, de acudir al juicio.

El reverso de los años felices del PP con la mayoría absoluta de José María Aznar emergerá a partir del próximo martes en el primer juicio en la Audiencia Nacional a la red Gürtel, la trama de corrupción en la que convergían el empresario Francisco Correa y un grupo de políticos, valores entonces en alza del bastión que la formación tenía y conserva en las zonas más ricas de la Comunidad de Madrid.

De las 37 personas que se sentarán en el banquillo por la 'Primera Época’ de Gürtel, la mitad ocuparon cargos relevantes en aquel PP y en las instituciones locales, incluyendo de Castilla y León y Málaga. Uno de ellos hasta estuvo en el mismo corazón de la sede central, el gerente y después tesorero Luis Bárcenas, quien se enfrenta a una petición de cárcel de la Fiscalía de 125 años.

Malversación, fraude, apropiación indebida, tráfico de influencias... el rosario de delitos que se les imputa a los acusados en Gürtel completa el círculo de la corrupción. El que fuera alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, se arriesga a una condena de medio siglo, y el de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, a otra de 15. El exconcejal en Madrid y después mano derecha de Esperanza Aguirre en el Gobierno autonómico, Alberto López Viejo, deberá responder a una petición de 45 años por los contratos adjudicados desde esos dos puestos. Aguirre declarará como testigo en la vista a petición de Anticorrupción.

El escrito de acusación de la Fiscalía hace hueco al PP nacional, que aparece con su NIF como uno de los 21 presuntos responsables civiles de los delitos que habrían cometido los que se sientan en el banquillo. En concreto de 245.000 euros procedentes de los chanchullos de Sepúlveda y Ortega con Correa, destinados a la financiación de campañas locales y otros gastos del partido. La formación tuvo que abonar una fianza por ese importe que no recuperará si se demuestran los hechos descritos por la Fiscalía.

En su misma situación está Ana Mato Adrover, la pieza política más importante que se ha cobrado el caso Gürtel. Su inclusión en la lista de los presuntos responsables civiles de la ‘Primera Época’ provocó su dimisión como ministra de Sanidad. A Mato, el juez Pablo Ruz le impuso una fianza de 28.500 euros, una cifra procedente del cálculo de lo que costaron los regalos en forma de ropa cara y fiestas infantiles por parte de la red de corrupción cuando ella estaba casada con Jesús Sepúlveda.

Aparece la caja B del PP

El juicio por esta ‘Primera Época’, como la bautizó Ruz en su auto de apertura de juicio oral, desborda una y otra vez con las manzanas podridas del PP de Madrid. Ocurre, por ejemplo, cuando Anticorrupción se dedica a describir la actuación de Luis Bárcenas, al que acusa de quedarse con 299.650,61 euros del Partido Popular, pero no de su contabilidad oficial sino de la caja B que la Fiscalía da por hecho que existía en la formación de Mariano Rajoy.

“Los fondos de los que se apoderó procedían de una contabilidad paralela o caja B del Partido Popular gestionada por ambos acusados que se nutría, con carácter general, de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”, escriben las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás.

Por estos mismos hechos se iba a sentar también en el banquillo el antecesor de Bárcenas en la Tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, pero el tribunal le ha eximido de hacerlo por la demencia que sufre, según han determinado los peritos de la Audiencia Nacional.

Las acusaciones populares del caso Gürtel, tanto en esta pieza como en la que investiga la caja B y la reforma en Génova con dinero negro, han llegado a la fase de juicio oral con la frustración de que la investigación no haya alcanzado algunos peldaños más altos en la jerarquía del Partido Popular. Solo pudieron interrogar como testigos a la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, y a sus predecesores Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, así como a Ángel Acebes, que llegó a estar imputado, todo ello en otra pieza que se juzgará más adelante, la de la caja B.

Sin embargo, un giro casi de última hora permitirá interrogar como testigos durante el juicio de la ‘Primera Época’ a los citados Arenas, Acebes y Álvarez Cascos, a Rodrigo Rato, a Jaime Mayor Oreja y a Gerardo Galeote; la plana mayor de José María Aznar, pero sin Aznar. Se debe a una petición de la defensa de Luis Bárcenas -anterior a que retirara su acusación del caso de los discos duros y el PP pudiera acogerse a la doctrina Botín- que provocó una profunda fractura en el seno del tribunal. Los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego votaron a favor, con la férrea oposición del presidente, Ángel Hurtado.

Correa y sus “estrechas relaciones” con el PP

El epicentro de la trama de corrupción juzgada es Francisco Correa, un empresario que empezó de botones en un hotel del centro de Madrid y que en la primera mitad de los noventa olió el dinero fresco que podía manar del Partido Popular, la formación de Aznar presta a dar el relevo en el Gobierno a los socialistas. Solo en esta pieza, Correa está acusado de haber conseguido 8,4 millones de euros de contratos amañados con las administraciones controladas por el PP y otros 2,85 por mediar para que los obtuvieran terceros.

Para todo ello se servía de sus “estrechas relaciones” con políticos del PP, asegura Anticorrupción. Para atestiguar esa proximidad a la cúpula del partido está la foto de Correa y su entonces esposa -también en el banquillo- en la boda de la hija de Aznar, a cuya celebración la trama de corrupción contribuyó con más de 30.000 euros. El yerno del expresidente, Alejandro Agag, era uno de los principales amigos de Correa en el PP.

Todo fue bien hasta 2008, cuando uno de esos “amigos” políticos se revolvió porque no obtenía lo que quería y entregó a la Fiscalía y la Policía abundante información del funcionamiento de la trama, sazonada con jugosas grabaciones a sus protagonistas. Es así, con el testimonio del acusado José Luis Peñas y no por Esperanza Aguirre -la jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid que acuñó la frase “yo destapé la Gürtel”- cómo los españoles tuvieron oportunidad de empezar a conocer, meses después, el complejo funcionamiento de la trama.

En febrero de 2009, el juez Baltasar Garzón, las fiscales y la UDEF decidieron que era el momento de explotar las investigaciones y comenzaron las detenciones. Emergió entonces la red de amaño de contratos y sus derivadas, como la ocultación de fondos en el extranjero a través de una madeja de sociedades que, pasando por paraísos fiscales, escondían la verdadera identidad de los titulares de los fondos procedentes de la corrupción. A su regreso a España eran convertidos en lujosos inmuebles, un valor seguro en los años anteriores a la crisis económica.

La simbiosis era tal que la estructura opaca creada por el abogado Luis de Miguel, hoy en prisión por otra condena, era compartida por Correa y su presunto lugarteniente, Pablo Crespo -exsecretario de Organización del PP gallego-, con algunos de los políticos del PP como Luis Bárcenas, Jesús Merino y Jesús Sepúlveda.

El poder omnímodo que alcanzó el PP en Madrid y en la Comunidad Valenciana reproduce mecanismos de corrupción. La actuación de la trama Gürtel en Valencia es objeto de otras causas distintas a la que se comienza a juzgar este martes en la Audiencia Nacional, pero no tiene la relevancia de la penetración en Madrid porque según ha demostrado la Operación Taula, el PP valenciano tenía su propia Gürtel. El propio Correa así lo explicaba, casi a modo de queja, en la confesión que entregó a eldiario.es: “En cuatro o cinco años, a Orange Market (empresa Gürtel) se le adjudicaron muy pocos concursos, y a Engloba (Taula), en un solo año, unos sesenta con la Generalitat”.

La brillante cazatalentos que preside el PP de Madrid concedió este jueves una entrevista a Pepa Bueno en la SER donde dio dos mensajes contradictorios. Por un lado, asumir su responsabilidad “in eligendo e in vigilando” por este nuevo caso de corrupción que ha llevado a la cárcel a quien fue su número dos. Por el otro, negarse a dimitir, justificando su error en que ella ha nombrado “a centenares de personas” de las que “sólo” le “han salido rana dos”: López Viejo y Francisco Granados. ¿Sólo dos? Me temo que no. Además de este par de talentos con cuenta en Suiza, y de un buen montón de alcaldes corruptos más, Aguirre fue madrina política de muchos otros “errores” que hoy prefiere no recordar.

Benjamín Martín Vasco, imputado en la Gürtel. Exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid. La 'lideresa' amnésica debería recordar que no sólo nombró a Martín Vasco en su lista electoral, sino que también fue testigo de su boda, un convite y una luna de miel que después descubrimos que había pagado la trama Gürtel. En 2004, Aguirre excusó su presencia en un concierto de homenaje a las víctimas del 11M porque tenía que estar en esta celebración. “Tenía comprometida desde hace tiempo mi asistencia a la boda de Benjamín, que es un buen amigo, y no quería variar mi agenda personal”, aseguró hace diez años a El País.

Entre otras cosas, el “buen amigo” Benjamín participó en uno de los mayores pelotazos de la Gürtel: el del área 124 de Arganda del Rey. Hace ya cinco años, en Público, escribí este artículo sobre aquella sucia adjudicación que me costó una demanda del hoy presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El ahora presidente de Madrid nos pedía una indemnización de 600.000 euros por dañar su honor, a pagar junto con otros tres compañeros de Público también demandados: Jesús Maraña, Manuel Rico y Félix Monteira. Hace unos días, el Tribunal Supremo nos dio la razón. La sentencia es bastante clara: nuestras informaciones eran contrastadas, rigurosas y veraces. González intentó que fuese la Comunidad de Madrid quien pagase el abogado, pero la jueza de primera instancia le obligó a pagar de su bolsillo la acusación.

En aquel artículo que me llevó al juzgado, detallaba –entre otras cosas– que desde Génova advirtieron en 2004 a Esperanza Aguirre de que aquella operación urbanística en Arganda del Rey olía mal. En su declaración ante el juez Ruz, en 2013, Esperanza Aguirre confirmó esa reunión y reconoció que Mariano Rajoy y Álvaro Lapuerta le habían alertado de esa operación inmobiliaria.

Pese al aviso, aquel pelotazo de la Gürtel en Arganda del Rey no se paró.

Ginés López, imputado en la Gürtel. Exalcalde de Arganda del Rey y cuate del “buen amigo” Martín Vasco, que fue su gerente de urbanismo.

Jesús Sepulveda, imputado en la Gürtel. Exalcalde de Pozuelo y exmarido de la hoy ministra Ana Mato, la mujer que nunca vio en su garaje el famoso Jaguar que le regaló Francisco Correa. Cuando la Gürtel estalló, el PP obligó a López y a Sepúlveda a dimitir, pero la lideresa ni mucho menos les condenó. “Creemos absoluta y totalmente en la inocencia de estas personas”, aseguró Aguirre. Era cuando la derecha acusaba a Garzón de una “cacería” contra el Partido Popular.

La confianza en Sepúlveda era tal que el PP le hizo dimitir del Ayuntamiento de Pozuelo, pero le mantuvo un generoso sueldo en el partido. Estuvo cobrando sin ir a trabajar hasta que eldiario.es lo publicó. Poco después de unas estrambóticas declaraciones de Carlos Floriano argumentando que Sepúlveda era “funcionario del partido” y que por eso seguía ahí, el PP finalmente le despidió.

Sergio Gamón, imputado en la trama de espionaje de Madrid. Ex director general de Seguridad Ciudadana de Madrid en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Gamón fue durante años el jefe de los escoltas de Aguirre y marido de Yolanda Laviana, secretaria de la lideresa durante su paso por la presidencia del Senado. Laviana después fue recolocada como secretaria del director general de Telemadrid, Manuel Soriano.

Laviana –que se ha separado de Gamón– confesó ante la juez que su exmarido había espiado a Manuel Cobo, Alfredo Prada y otros dirigentes del PP. Sólo entonces, 16 meses después de estallar el escándalo del espionaje, Aguirre le hizo dimitir.

Para más casualidades, uno de los hombres de Gamón en la 'Gestapillo' de Madrid, un guardia civil que había trabajado en Valdemoro, le dio el soplo a Francisco Granados de que estaba siendo investigado por la justicia, un chivatazo que estuvo a punto de arruinar toda la operación.

Alfonso Bosch Tejedor, imputado en la Gürtel. Ex diputado autonómico del PP en Madrid en la misma lista electoral que encabezaba Esperanza Aguirre. Junto con López Viejo y Martín Vasco, Bosch configuró el “grupo Gürtel” de la Asamblea de Madrid al negarse los tres a entregar sus actas de diputados para evitar perder el aforamiento y que les tuviese que investigar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en vez de la Audiencia Nacional.

Beltrán Gutiérrez Moliner, exgerente del PP de Madrid y uno de los agraciados por las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Gutiérrez Moliner fue también quien firmó todos los 'recibí' de Fundescam, esos donativos irregulares que muchos empresarios de Madrid entregaron a una opaca fundación del PP regional. Los generosos donantes –afines a la causa, como Arturo Fernández o Díaz Ferrán– recibieron más tarde importantes contratos con la Comunidad de Madrid. Fundescam gastó ese dinero en pagar a la trama Gürtel parte de la factura por las campañas electorales de Aguirre en los años del 'tamayazo'. A pesar de la abundante documentación, que desvelé junto con Alicia Gutiérrez en Público, el PP madrileño se libró de este caso de presunta financiación ilegal porque estaba prescrito ya.

Guillermo Ortega, imputado en la Gürtel. Exalcalde de Majadahonda por el PP. Su propio grupo municipal se levantó contra él, acusándole de una sospechosa operación inmobiliaria con Francisco Correa –que después la investigación de la Gürtel definitivamente destapó–. ¿La respuesta de Esperanza Aguirre? Mandó a Francisco Granados a negociar con los concejales y le ofreció un puente de plata al alcalde acusado por sus propios compañeros de corrupción. Ortega fue recolocado como gerente del Mercado Puerta de Toledo, una empresa pública de la Comunidad de Madrid, donde mantuvo el mismo sueldo que cobraba como alcalde. “Está muy cualificado para el puesto”, argumentó en su momento Esperanza Aguirre.

Unos años después, en un triple salto mortal, Aguirre aseguró que ella “había destapado el caso Gürtel” poniendo esta actuación en Majadahonda como ejemplo de su hacer implacable contra la corrupción. Como siempre, sin rubor.

La marcha de los presuntos alcaldes corruptos de Pozuelo y Majadahonda, Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, no ha terminado con las sospechas que rodean al PP en las dos localidades madrileñas por su relación con la trama Gürtel. El último auto del juez Pablo Ruz -que ha terminado con la instrucción de la 'primera época' del caso- señala directamente al PP como posible beneficiario de dinero de la red que dirigía Francisco Correa. El PSOE ha pedido que la formación lo devuelva a las arcas públicas.

El PP pudo beneficiarse de “al menos” 286.864 euros procedentes de comisiones ilegales, según el escrito del magistrado, que señala que 125.000 euros habrían ido a parar a la financiación de eventos y a la sede del PP en Majadahonda y otros 111.864 euros para la campaña electoral de 2003, en la que fue candidato Jesús Sepúlveda, el exmarido de la ministra Ana Mato.

La oposición ha reaccionado ante la acusación del juez y ha exigido que el PP devuelva esas cantidades. El PSOE de Majadahonda ha reclamado a los conservadores que reingresen el dinero en las arcas públicas, que pidan perdón y que den luz verde a la comisión de investigación que han rechazado en dos ocasiones en esta legislatura.

“A Majadahonda no se venía a gobernar, se venía a robar, a abrir cuentas en Suiza y a beneficiar al PP”, ha expresado el portavoz socialista, Borja Cabezón: “Basta ya de impunidad”. Fuentes municipales se escudan en la investigación de la Audiencia Nacional para no abrir la comisión de investigación: “Es a quien le compete y quien tiene que depurar responsabilidades”.

Esas fuentes, citadas por Europa Press, también señalan que el equipo de gobierno, presidido por Narciso de Foxa, es el “primer interesado” en que se devuelva el dinero al Consistorio. “En este equipo de gobierno no hay ni una sola persona imputada por el juez”, destacan. El actual alcalde es miembro del Comité Ejecutivo del PP local desde 1991. “¿No tienen nada que ver con su propio partido?”, responden fuentes socialistas.

Los socialistas de Pozuelo también piden que “se devuelva el dinero a los vecinos, si se prueba que el PP se ha beneficiado”, según el portavoz del grupo municipal, David Cierco. La oposición tendrá que esperar al próximo pleno municipal en septiembre para llevar a cabo la “iniciativa política”, ya que el de este mes se adelantó una semana.

Los ayuntamientos de estas dos localidades, que son junto a Boadilla el epicentro de la trama Gürtel en Madrid, se han personado en el caso como partes perjudicadas. El juez también ha indicado al PP que puede personarse “como partícipe a título lucrativo”, en relación a estos hechos atribuidos a los exalcaldes Sepúlveda y Ortega. La formación no está acusada porque la ley lo impide para partidos políticos y sindicatos.

El juez Pablo Ruz ha concluido la investigación de la mitad del caso Gürtel señalando a 45 imputados que serán los primeros en sentarse en el banquillo de los acusados. De ellos, 20 son antiguos cargos del PP. En la lista están los extesoreros nacionales Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el exviceconsejero de Presidencia en Madrid, Alberto López Viejo; y el antiguo alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda.

El criterio para elegir a estos imputados es temporal. Ruz ha bautizado como “Primera época” a los delitos cometidos por la trama Gürtel y entorno a ella entre 1999 y 2005. Dentro de este espacio temporal, el juez incluye en su auto las operaciones investigadas en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y la localidad malagueña de Estepona, siempre que éstas no hayan continuado en el tiempo más allá del periodo señalado.

Más de la mitad de esas 45 personas son políticos y familiares de éstos, aunque también están los miembros de la trama -como Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez- y empresarios. De todos ellos, 21 no van a ser juzgados en otra eventual pieza. Los otros 24 siguen imputados en la pieza principal. El caso Gürtel suma alrededor de doscientos imputados.

En el auto, Ruz ofrece a los ayuntamientos de Madrid, Pozuelo y Majadahonda acciones por los posibles perjuicios sufridos. Al tiempo, informa al PP de que puede personarse “como partícipe a título lucrativo”, en relación con los hechos que atribuye a los alcaldes de Pozuelo, Jesús Sepúlveda -exmarido de Ana Mato-, y Guillermo Ortega, antiguo regidor de Majadahonda. Ambos habrían obtenido 236.864 euros para el PP, que no figura como acusado porque la ley lo impide para partidos y sindicatos. En el caso del exmarido de la ministra de Sanidad, Ruz dice que el PP “habría resultado beneficiado de la presunta actividad criminal desplegada por Jesús Sepúlveda en 111.864,32 euros”.

El juez se refiere a los seis primeros años de la década en que actuó la trama. Para una segunda pieza, Ruz deja entrever que se centrará en los grandes pelotazos de Boadilla y Arganda, así como los manejos de la trama en Alcalá de Henares. También incluiría algunos delitos fiscales y la estructura completa del blanqueo de capitales.

En la presente pieza, Ruz relata una operativa desarrollada en Madrid, Castilla y León y Málaga por los 45 imputados para conseguir adjudicaciones de forma irregular para sus empresas, creando un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas, pagos de comisiones y pagos a proveedores a través de un sistema de facturación falsa. Con sociedades creadas 'ex profeso' se permitía la facturación irreal entre ellas, encubrían las comisiones cobradas por los iputados, se facilitaban la conseción irregular de contratos públicos, adjudicaciones de distintas obras y se ocultaba a autoridades y Hacienda esos beneficios.

Separar para impulsar

Hasta ahora, Ruz explica que lo más procedente era mantener la instrucción en un mismo procedimiento. Sin embargo, el hecho de que la causa haya pasado por varios instructores, todos los informes periciales aportados, las 183 comisiones rogatorias a 21 países y habiéndose resueltos los incidentes de nulidad planteados por las defensas, corresonde a juicio de Ruz, que se desglose ahora la causa.

Se trata, alega el juez de impuslar la investigación hacia el enjuiciamiento. “Resulta posible escindir determinados hechos cuya investigación se encuentra prácticamente concluida, posibilitando su pronto y eventual enjuiciamiento, sin que por ello exista riesgo de ruptura de la continencia de la causa”.

Ruz cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de delitos económicos “para escindir determinados hechos en una pieza separada”. Se trata de evitar “efectos perniciosos y dilaciones indebidas o convertir la causa en un macrojuicio inabarcable”. En este sentido, cita el 'caso Banesto' o el 'caso Hacienda'.

El primer gran juicio del caso Gürtel, correspondiente a esta 'Primera época' podría demorarse aún un año, según fuentes jurídicas. Esas mismas fuentes señalan que la primera pieza para enviar a juicio debía ser una que tuviera entre sus posibles acusados a Luis Bárcenas. El extesorero del PP es el único imputado que se encuentra, a día de hoy, en prisión provisional, por lo que apremia sentarlo en el banquillo.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, viajó con uno de sus hijos a Disneyland París en octubre de 1998 con los gastos pagados por Francisco Correa, el ‘cerebro’ de la trama Gürtel, según recoge un informe de la Agencia Tributaria fechado el pasado 29 de mayo que el juez Pablo Ruz acaba de incorporar al sumario. También figura un viaje a Dublín el 16 de julio de 1999 con Ana Sepúlveda que costó 216.000 pesetas, que los investigadores creen que también fue pagado por Correa.

El primero de los viajes está acreditado por una factura con el encabezamiento “Viaje a París 30 de octubre/2 de noviembre Ana Mato x 2” y número de reserva 12412207, por una habitación doble durante dos noches en el hotel Newport Bay Club, a razón de 1.435 francos franceses la noche. Francisco Correa corrió con el gasto de una noche y Disneyland París con la otra.

Un fax remitida por la dirección general de España y Portugal de Disneyland a Correa decía literalmente: “Estimado Sr. Correa: Le confirmo reserva realizada a nombre de Dª Ana Mato, de una habitación doble (para 1 adulto + 1 niño), en el Admiral´s Floor del Hotel Newport Bay Club para los días 31 de octubre al 2 de noviembre. Esta reserva incluye desayunos con personajes y entradas al parque temático para todos los días de su estancia. La señora Mato deberá facilitar el número de reserva indicado al realizar el checkin. En ese momento le entregarán un dossier con los mapas del parque, los cupones para desayunar, etc. Asimismo, le confirmo que el importe de la habitación para la noche del sábado, 1.435 FF, serán cargados a su tarjeta VISA. Tanto el importe de la habitación para la segunda noche como el de todos los desayunos y entradas al parque correrán por cuenta de Disneyland Paris”.

Según un documento de “FCS Travel Group” (del grupo de empresas de Francisco Correa, denominada posteriormente Pasadena Viajes) el coste total del viaje ascendió a 3.636 francos. También figuran anotaciones a mano que reflejan importes en pesetas que los investigadores dicen “no podemos asegurar que constituyeran gastos adicionales que incrementaron el coste total”.

La Agencia Tributaria incluye un segundo viaje de Ana Mato y Ana Sepúlveda a Dublín y dos noches de alojamiento en el Hotel Conrad, con entrada el 16 de julio de 1999 y salida el 18 de julio de 1999 que supuso un gasto de 216.837 pesetas. La factura tiene en su parte inferior una anotación a mano: “Consultar Sr. Correa”. Los investigadores recogen en el informe su sospecha de que el viaje fue abonado por FCS Travel Group por tratarse de un regalo de Correa. “Nos basamos en la anotación manuscrita REG que creemos significa regalo. Pero también porque el asiento contable que figura en un cuadro del albarán para ser registrado en el Libro Diario de Contabilidad es ‘Proveedores a Proveedores’. Es decir, no se registra ningún crédito frente al cliente. La agencia asumió el coste del regalo”.

El informe incorpora también un viaje a Santiago de Compostela los días 28 y 29 de diciembre de 1996 de Ana Mato y su exmarido, Jesús Sepúlveda. El matrimonio se alojó una noche en el hotel La Toja. Sin embargo, los investigadores dicen que no pueden pronunciarse sobre el origen de los fondos que financiaron el viaje (101.000 pesetas) porque la factura figura a nombre del exalcalde de Pozuelo. “Por un lado, el asiento contable que figura en la parte de debajo de la factura 1/2074/96 carga a la cuenta 430010000 (”clientes varios“) que no es la del Sr. Sepúlveda (la cuenta del cliente Jesús Sepúlveda era la 430010043). Pero, por otro lado, en el recibí que aparece en el folio 76868 se declara haber cobrado a este señor”. Pese a ello, este dato “no es suficiente para demostrar que fuere el exmarido de la ministra quien hiciera el pago”.

El documento recuerda que muchos de los viajes con cargo a FCS-Pasadena los pagaba en efectivo José Luis Izquierdo, un miembro de la trama Gürtel, con dinero que sacaba de la caja B de la organización e ingresaba en la cuenta de la agencia de viajes, pese a lo cual, Pasadena emitía en algunos casos una factura al beneficiario para aparentar que había corrido con los gastos.

Ana Mato Paris by eldiario.es

Roberto Fernández, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Pozuelo entre 2003 y 2007, con Jesús Sepúlveda en la alcaldía, ha contado a eldiario.es que ha recibido amenazas de muerte si facilita la información sobre la 'trama Gürtel' de la que dispone. El exconcejal telefoneó el pasado 21 de febrero al juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y se ofreció a declarar y aportar documentación sobre la red de corrupción en el municipio madrileño. “He decidido hablar porque me están haciendo la vida imposible. En los dos últimos meses han entrado en mi casa y me han robado el ordenador de sobremesa y el portátil. Estoy muy presionado”.

Roberto Fernández, el exconcejal de Hacienda del PP en el ayuntamiento de Pozuelo con Jesús Sepúlveda en la alcaldía, ha iniciado a las 11,30 horas su declaración ante Pablo Ruz. Fernández ha manifestado a eldiario.es antes de entrar en el juzgado que va a facilitar al instructor todas las pruebas de que dispone, grabadas en un pendrive, y que solicitará protección policial porque está amenazado de muerte. Fernández tenía que haber comparecido el pasado 2 de abril, pero adujo problemas personales para no hacerlo.

El juez Pablo Ruz ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) que se pusiera en contacto con él. Varios agentes se desplazaron el 27 de marzo a Vigo para mantener una entrevista personal. Roberto Fernández dijo a los agentes que quería demorar su testimonio porque tenía unos asuntos personales pendientes que resolver, y puso como condición para declarar que su identidad se mantuviera en secreto.

El magistrado lo citó el 25 de marzo para que compareciera como testigo el 2 de abril. Ese día estaban también convocados Eduardo Sánchez de las Heras, el empresario José Antonio Martínez Carrascosa y Pedro Hernández de Zárate, que no fue localizado. El exconcejal de Hacienda telefoneó el día anterior a la UDEF para anticipar que no acudiría a la convocatoria judicial alegando problemas económicos (vive de un subsidio de 420 euros mensuales) y la imposibilidad de conseguir un billete de tren para trasladarse a la capital. Ruz pospuso entonces su declaración hasta el jueves 25.

Eldiario.es localizó a Roberto Fernández y se entrevistó con él en Vigo, donde reside ocasionalmente. El exconcejal aseguró que ha sido amenazado de muerte en dos ocasiones si habla sobre la trama Gürtel y mostró las denuncias que ha interpuesto ante la Policía por este motivo. Durante el encuentro, el exresponsable de Hacienda de Pozuelo facilitó información sobre la presunta trama para el cobro de comisiones que existía en el Ayuntamiento, y aseguró que había sido presionado para que algunas concesiones municipales fuesen a parar a empresas concretas, en algún caso con vínculos familiares con el alcalde.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales con premio de la Comunidad de Madrid a la mejor tesis doctoral de 1998, la mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado como docente, llegando a ser vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad San Pablo CEU.

Según su propio relato, se incorporó en 2002 al Ayuntamiento de Pozuelo como técnico a propuesta del entonces alcalde del PP, José Martín Castro. A finales de ese año comenzó a trabajar para la candidatura de Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra Ana Mato, a quien el PP había elegido para que encabezara la lista del partido por dicha localidad en las elecciones municipales de 2003. “A partir de enero de 2003 me reunía con él tres horas diarias en Génova porque no tenía conocimientos económicos ni idea de cómo se dirige un Ayuntamiento”, dice Roberto Fernández. Elegido para ocupar el segundo puesto en la lista electoral, tuvo que ceder su posición a Mario Utrilla (es el actual alcalde de la localidad madrileña de Sevilla La Nueva) que venía impuesto por la dirección nacional del partido.

A partir de ese momento comenzó a trabajar para el ayuntamiento Francisco Correa, supuesto cerebro de la trama de corrupción, a través de la agencia de viajes Pasadena, que se instaló frente al Consistorio. Un reciente informe de la UDEF, de 1 de febrero de este año, asegura que empresas de Correa pagaron entre 2000 y 2004 servicios turísticos a Jesús Sepúlveda y/o su familia, fiestas de cumpleaños y la comunión de una de sus hijas, y sufragó parte de la campaña electoral que en 2007 le puso al frente del Ayuntamiento. Todo ello por un importe próximo al medio millón de euros.

Roberto Fernández abandonó el Ayuntamiento en 2007, al concluir la legislatura, según su testimonio, enfrentado con Jesús Sepúlveda. Dos años después, este fue imputado en la trama Gürtel y dimitió como alcalde. En 2010, el juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo citó a declarar como imputados a otros cuatro miembros del equipo de gobierno del municipio en las legislaturas de 2003 y 2007 por presuntas irregularidades en la construcción del parque de las Cárcavas, entre ellos Roberto Fernández. El proyecto fue adjudicado en marzo de 2006 por 4,5 millones de euros, que se elevó hasta 11 millones de euros por modificados y añadidos al proyecto original.

“Yo firmé la adjudicación, pero no el modificado de obra que duplicaba su costo porque para entonces ya estaba fuera del Ayuntamiento –ha contado a eldiario.es–. Mi cometido como concejal de Hacienda era sacar las adjudicaciones a licitación. Después pasaba las ofertas a la concejalía de Obras, que era la que las estudiaba y decidía. El proyecto elegido volvía a mí para que informara de si había partida presupuestaria y posteriormente se llevaba a la mesa de contratación (el PP tenía mayoría absoluta), que procedía a la adjudicación definitiva”.

Ha querido la realidad que el debate sobre el estado general de la corrupción del miércoles coincida con la corroboración judicial, el martes, de una pieza de uno de los casos de corrupción más sangrantes de la democracia española.

El juez Ruz pone en lenguaje judicial ahora lo que sabíamos en informaciones periodísticas de antes: Jesús Sepúlveda, ex alcalde del PP en Pozuelo de Alarcón (Madrid), piropeado en régimen de ditirambo por Aznar, a sueldo por presunto teletrabajo de este partido hasta ayer por la tarde, ha recibido durante siete años más de medio millón de euros de manos de la trama corrupta Gürtel, perdón por la redundancia.

La trama corrupta, empotrada en el PP, habría pagado al entonces marido de Ana Mato y alcalde porque, desde el ayuntamiento, habría otorgado adjudicaciones irregulares a empresas en obras públicas, eventos y contratos.

Según el juez, el mecanismo era el siguiente: la trama Gürtel da dinero a Sepúlveda, comisiones provenientes de empresas que luego, o al tiempo, reciben contratos de obras públicas por parte del Ayuntamiento. Cobra el alcalde, cobra la trama Gürtel, de la que el alcalde forma parte necesaria, y cobra la empresa, que por un porcentaje para Sepúlveda y los Correa se hace con obras públicas que cobra a millón.

Siempre según el juez Ruz, el esposo de Ana Mato ha recibido más de medio millón de euros entre 1998 y 2005; coches por valor de 83.000 euros, viajes, fiestas que han costado 50.000 euros, y 60.000 euros en un sobre, ¡¡¡ay, los sobres!!! , que le entregó Jesús Calvo Soria.

Todo esto lo ha sabido el juez Ruz a pesar de la negativa en redondo a declarar por parte de Sepúlveda. Negarse a declarar es la actitud propia de quien sabe que tiene delito. Nadie que no tenga culpa se niega a contestar a las preguntas de un juez. El silencio como primer síntoma de culpabilidad.

Probablemente lo más machista del mundo es pensar que la mujer que vive con un hombre no se entera del dinero que ingresa éste, del nivel de vida que llevan los dos, de los viajes que hacen, de las fiestas confeti -solo por horteras, condenables penalmente- que hacen para sus hijos, por los cochazos que lleva el hombre cazador de comisiones a la casa en la que viven ambos.

Todo este episodio de corrupción, dentro de la general corrupción, lo confirmamos la víspera de que se escenifique en el Congreso un episodio más de solemnidad, de vacuidad, de personas que esperan que sus palabras ortopédicas oculten la realidad, de un partido que gobierna y que huye de los periodistas, que aparece como un espíritu santo de plasma, que se niega a que le pregunten y que recurre a la teoría de la conspiración. Un clásico desde los tiempos de Franco que recorre a todos los políticos que tienen algo que ocultar.

No se qué dirá de esto el pensamiento Floriano, perdón por lo de pensamiento, según el cual hay funcionarios en un partido y un imputado no puede ser despedido porque así lo establece el Estatuto de los Trabajadores (¡proletarios de todos los países: autoimpútense para evitar el despido!).

Bien, Rajoy dirá que tiene mayoría absoluta y casi tres años por delante, que digan lo que quiera la oposición y los medios, que él no se mueve hasta que concluyan los cuatro años de legislatura que se quiere llevar en la orla.

La gente se frustrará, una vez más, y seguirá ensanchándose el abismo que ya existe entre ciudadanos y representantes públicos.

El próximo 23 de febrero tenemos a Urdangarin ante el juez, con sus correos, sus palabras que rezuman impunidad, sus gracietas, su grasienta complicida; con los instructores de las infantas, los reyes y las amigas, la alcaldesa, el president, todo batido con la misma turmix. Menudo golpe.

El juez que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, considera que todos los indicios apuntan a que Jesús Sepúlveda -exsenador popular, exalcalde de Pozuelo y exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato- recibió en forma de dinero y regalos más de medio millón de euros de la trama de Francisco Correa.

Además, en un auto conocido hoy cita como testigos para el próximo 7 de marzo a los responsables de las empresas El Zurdo S.L. e Interglobo, que organizaron “eventos familiares”, supuestamente pagados por la trama, como el cumpleaños de una hija del matrimonio de Sepúlveda y Mato, según un informe policial que consta en la causa.

Los supuestos pagos y regalos de Francisco Correa, se produjeron desde el año 1998 (aunque la mayoría ocurrió entre 2002 y finales de 2004) y “en consideración” a su cargo de senador, primero, y al de alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), después, dice el juez.

Ruz sospecha que Sepúlveda facilitó concesiones de obras y proyectos públicos a cambio del dinero y los regalos.

Estos regalos fueron vehículos, viajes y eventos familiares, junto con gastos electorales en Pozuelo y eventos turísticos, por valor de más de 50.000 euros.

En este punto, el juez da credibilidad inicial al informe de la Policía, ya conocido, que apuntaba que la familia Sepúlveda-Mato se benefició de pagos de una sociedad turística perteneciente a la trama de Correa.

Junto a ello, el juez reconoce pagos de dinero a Sepúlveda por un valor cercano a los 400.000 euros; y a ellos añade un abono concreto por otros 60.000 euros, en una operación que debió de servir a Correa para pagos de comisiones y por la que Sepúlveda recibió ese dinero en un sobre.

En relación con estos diversos abonos de dinero, Sepúlveda aparece también vinculado, junto con otros imputados, con el pago de 13.926,88 euros desde la sociedad Spinaker 2.000 S.L. para un contrato suscrito por otra empresa, Real Green, y por el PP, a cambio de la prestación de servicios publicitarios en las elecciones autonómicas, generales y municipales de 2003 y 2004.

Una gran parte de las entregas de dinero, realizadas “fundamentalmente” desde febrero de 2002 y hasta finales de 2004, tuvo periodicidad mensual. Se produjeron por importes que van desde los 3.000 hasta los 24.000 euros y alcanzaron un total de 256.250 euros.

Otra parte de estas cantidades pagadas, por valor de 144.040,24 euros, se le abonó en pagos no periódicos producidos entre 2002 y 2003.

El auto habla también de que la trama abonó otros servicios turísticos, así como un vehículo 4x4 por valor de 83.000 euros que pagó, al menos en un primer pago de 24.260 euros, Valentín Montes. El juez ordena en su auto de hoy diligencias en relación con esta persona.

Todos los pagos de dinero y regalos, dice el juez, aparecen en la causa vinculados “con adjudicaciones irregulares efectuadas por el Ayuntamiento de Pozuelo” a empresas de la trama corrupta, como Easy Concept Comunicación S.L..

Entre estas adjudicaciones cita el proyecto de remodelación y acondicionamiento del Camino de las Huertas, adjudicada a la Constructora Hispánica por 1.917.520 euros, de la que Correa podría haberse llevado casi 50.000 euros.

También cita la Operación Asfalto 2004, concedida también por el mismo ayuntamiento por 1.854.656 euros a una unión de empresas que subcontrató a Constructora Hispánica, por lo que la organización investigada percibió más de 60.000 euros.

Todo ello constituye posibles delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y delito contra la Hacienda Pública.

De la misma manera como la sarna se pega contra nuestra voluntad, la manía de creer que Google es una enciclopedia o un evangelio de la información se extiende y salpica de situaciones incómodas, de citas inexactas a las que uno debe responder para que la confusión no borre lo grave, lo censurable de muchas conductas. Me explico: me llegan mensajes que citan textualmente “Luis Sepúlveda consiguió un trabajo fantasma a su novia en una empresa de la trama Gürtel”. Los mensajes que recibo van desde el “así te echaste novia, cabroncete” al “¿no tendrías algo para mí, que estoy ya dos años en paro?”. A todos respondo parodiando a Mari Trini; “yo no soy ése que tu te imaginas…”

El otro, al que sí pueden imaginar, se llama Jesús –si mis padres me hubieran endilgado tal nombre sería parricida- y yo me llamo Luis. Con esto no trato de resaltar la importancia de llamarse Luis pero si de establecer las grandes diferencias que me separan del exalcalde y futuro convicto. Ambos tenemos hijos, es cierto, y ambos celebramos sus cumpleaños, pero yo jamás he recurrido al erario público ni a relaciones sospechosas para financiar la tarta y las velitas, tampoco el confeti o los globos han salido de un sobre color manila recibido bajo cuerda, y menos aún para solventar fiestas tan cutres porque mis hijos no me lo habrían perdonado. Nunca en el garaje de mi casa -dejo mi cacharro en la calle- ha aparecido un Jaguar con la misma naturalidad con que aparecen los hongos en los espacios húmedos. El único vehículo que me han regalado en mi vida fue una bicicleta y de esto hace ya más de cincuenta años.

Cantaba Mari Trini “no podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad” y la ministra Ana Mato haría muy bien en captar el sencillo mensaje de esta canción festivalera, ya que el otro Sepúlveda, el que se llama Jesús y no se gana las lentejas en el noble oficio de escribir novelas, al parecer es inmune a cualquier enseñanza.

Quede entonces claro que servidor, Luis Sepúlveda, de profesión escritor, no consigue empleos fantasmas a sus novias ni acepta viajes a destinos más bien cutres y horteras. Quede entonces muy claro que “yo no soy ése”, y lo digo por escrito o cantando.

El exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (PP) ha asegurado este miércoles que su exmujer, la ministra de Sanidad, Ana Mato, es “inocente” y que no debe dimitir, tras negarse a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que le llamó a declarar como imputado en la trama de corrupción 'Gürtel'.

Sepúlveda ha comparecido ante el juez Pablo Ruz por los pagos irregulares que supuestamente hizo la red Gürtel a él y su familia entre los años 2000 y 2005. Ha entrado a la Audiencia minutos antes de las 11.30 acompañado de su abogada y ha salido del tribunal un cuarto de hora más tarde, después de acogerse a su derecho a no declarar ante el magistrado, según ha informado el exalcalde a los periodistas que lo esperaban en la calle.

A las puertas de la Audiencia Nacional, varios militantes que portaban banderas de la República en apoyo del coronel Amadeo Martínez Inglés le han insultado con gritos de “chorizo” y “sinvergüenza”.

“¿Considera que está en las mejores condiciones para seguir al frente del Gobierno?” El diputado socialista Eduardo Madina formuló esta pregunta a Ana Mato en la sesión del control, el mismo día que su exmarido, Jesús Sepúlveda, comparece ante el juez por las nuevas pruebas sobre pagos y regalos de la trama Gürtel. “Sí, voy a seguir al frente del Ministerio para mejorar la sanidad española, y para ello cuento con la confianza del presidente del Gobierno”, fue su respuesta.

Madina insistió: “A mí me gustaría que usted no estuviera respondiendo esta pregunta. Con usted han llegado los copagos, en un año y dos meses ha convertido su ministerio en el más antisocial de la democracia, y allí apareció su nombre vinculado a la mayor trama de corrupción, la red Gürtel. Consideramos que es mejor que salga del Gobierno, abandone el Gobierno, señora Mato”.

Mato tenía preparada la réplica, que leyó: “Lamento, señor Madina, que se haya apuntado a esta difamación. En ningún momento me he planteado presentar mi dimisión, porque no he cometido ningún acto que no corresponda con la ética exigible a un político. Llevo muchos años en la política, nunca imaginé que se me pudiera hacer responsable de las acciones de otra persona. ¿Qué pensarían ustedes si les hicieran lo mismo? Esto está haciendo usted. Este asunto está visto por un juez, pero vuelve la cacería política y personal, y ustedes se apuntan a ello, hasta lo grotesco como cuando se me atribuye la fiesta del Getafe. Mi asunto fue archivado por la Justicia, y en nuestro país el inocente no tiene obligación de defenderse, y a veces ni siquiera puede. Lamento que renuncie a la libertad, que exige la presentación de pruebas”. Y concluyó, entre grandes aplausos: “Esta infamia no me va a doblegar porque no tengo nada que ocultar, y muy orgullosa de seguir formando parte de este Gobierno”.

La ministra se ha defendido con algunos de los argumentos que ya habían utilizado a su favor sus compañeros del PP: “Estamos acabando con décadas de lucha por la igualdad al responsabilizar a una mujer de lo que ha hecho un hombre”, ha expresado Ana Mato, en referencia a la relación de su exmarido Jesús Sepúlveda con la trama Gürtel.

Cuatro años después de ser imputado por el caso Gürtel, el PP ha despedido a Jesús Sepúlveda, ex marido de la ministra Ana Mato. A partir de hoy, el PP ya no le pagará un sueldo por realizar informes y estudios porque no le parece “oportuno”. Sepúlveda es un histórico de la formación, ya que colabora desde los tiempos de Alianza Popular, hace más de 25 años.

María Dolores de Cospedal no aclaró si el despido ha sido por causas disciplinarias o si con Sepúlveda se ha optado por uno improcedente. Solo ha hablado de exigir “una conducta ejemplar”. Tampoco ha dado detalles sobre la indemnización que percibirá el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón. La secretaria general se ha limitado a decir que la expulsión de Sepúlveda se ha hecho “con arreglo a la legislación actual en vigor”. Después de que Carlos Floriano afirmara la semana pasada que el PP no podía despedirlo por ser “funcionario de la casa”, Cospedal ha admitido que rectificar “es de sabios”.

Plus de campaña

La polémica por las retribuciones que el PP ha pagado a Mariano Rajoy como presidente del partido también ha centrado la rueda de prensa de Cospedal. La secretaria general negó que los ingresos de Rajoy aumentaran un 27% entre el año 2007 a 2011 y explicó que una parte de sus elevados ingresos corresponde a los llamados “pluses de campaña”.

Esta especie de bonus por el esfuerzo realizado es algo que que el PP paga “desde siempre” a todos sus dirigentes que trabajan durante las campañas. Cospedal explicó que esas tareas “pueden comportar o no desplazamientos especiales”. En los documentos hechos públicos por Rajoy, no figura desglosado cuánto cobró del partido por este concepto tras perder las elecciones generales de 2008.

En los próximos días, el PP hará publicas las declaraciones de renta y patrimonio de todos los miembros de su cúpula. La medida afectará a la secretaria general pero también a los tres vicesecretarios, coordinadores de área y secretarios ejecutivos. En total, una docena de dirigentes difundirán esos datos, lo que constituye, en palabras de Cospedal, un esfuerzo de “máxima transparencia” que espera que imiten Alfredo Pérez Rubalcaba y la dirección del PSOE.

El primero en mostrar su apoyo a la ministra de Sanidad, Ana Mato, ante las informaciones que le vinculan con la recepción de regalos procedentes de la trama Gürtel, fue Mariano Rajoy. Ante la dirección del Partido Popular, Rajoy le dijo que tiene que ser fuerte y estar tranquila.

Ana Mato ha negado que la trama Gürtel haya pagado facturas por la organización de fiestas privadas o viajes para la familia. Para ello se desvinculó de las actividades económicas de su exmarido, el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda. “Está fuera de toda duda que se trata de una investigación sobre otra persona que, además, ya ha vuelto a expresar en un comunicado que él es el único responsable de sus actividades y de sus decisiones”, expresó. La ministra cuenta con el apoyo los dirigentes populares en esta defensa.

El titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha utilizado otro de los argumentos que previamente había utilizado la ministra: el juez desestimó el informe policial que recoge los datos de los regalos y viajes de la familia Mato-Sepúlveda. “Los hechos sobre los cuales se está cuestionando en estos momentos la actividad de la ministra Ana Mato, fueron valorados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que entendió que no había responsabilidad penal, que entendió que no había motivo de reproche y, por lo tanto, procedió a su archivo”, ha defendido Gallardón.

No obstante, el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, rechazó en 2011 citar a declarar en calidad de imputada por un delito de cohecho a Ana Mato porque el presunto delito que se denunciaba en el informe había prescrito.

También el responsable de organización del PP, Carlos Floriano, ha empleado el argumento del archivo de la causa judicial para exculpar a Ana Mato. En su caso, también ha insistido en que la ministra no conocía las actividades de Sepúlveda: “No se le pueden imputar responsabilidades a una mujer por lo que haga su marido”, ha expresado en una entrevista en la Cadena SER. A pesar de ser el encargado de organización del partido, Floriano tampoco ha sabido explicar cuáles son exactamente las tareas que desempeña la expareja de Ana Mato en la organización ni cuál es su remuneración. 'No le puedo concretar "lo que hace" Sepúlveda, ni cuánto cobra', ha reconocido.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, también ha recurrido al archivo de la causa contra Ana Mato para defenderla de las acusaciones que aparecen en el informe policial. En una entrevista en la COPE, ha asegurado que “se sacan informes que son de 2009 pero se llevaba a portada cuestiones que en 2011 fueron archivadas por un juez, eso también es una campaña”. Alonso ha destacado que en el seno de la organización “el ambiente es de apoyo al presidente”, aunque ha admitido que pueden existir “pensamientos críticos”.

Esperanza Aguirre: “La dimisión se debería poner más al día”

Esos “pensamientos críticos” se refieren a la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, que ha sido la única dirigente popular que ha arremetido contra la ministra. La expresidenta de la Comunidad de Madrid considera, en privado, que Ana Mato debería dimitir. No obstante, en público dice que la dimisión es algo “personal” y que es la propia interesada “la que tiene que decidir”. “En España la dimisión no se lleva, pero debería ponerse más al día”, añadió.

Además, Esperanza Aguirre también insinúa que el presidente del Gobierno debería destituir a la titular de Sanidad. En este sentido, Aguirre recordó que ella “apartó” del grupo parlamentario popular y “expulsó” del partido a los sospechosos de la trama Gürtel “mucho antes de que fuesen imputados”.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, sigue casada en régimen de bienes gananciales con el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, según informa la agencia Colpisa. Mato ha sostenido desde que su marido fue imputado en el caso Gürtel que está separada del exalcalde y ha defendido que tampoco estaban juntos cuando éste recibió dinero y regalos de la trama que dirigía Francisco Correa.

La ministra y su expareja han tratado en reiteradas ocasiones de exculparla de las actividades económicas del excalde. Sin embargo, al seguir casada con el imputado en régimen de gananciales, Ana Mato compartía las cuentas con Sepúlveda.

Un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) ha desvelado que la familia de Jesús Sepúlveda y Ana Mato recibió regalos de lujo y el pago de fiestas de cumpleaños por valor de 11.800 euros y viajes turísticos valorados en 50.000 euros. En el citado informe se detallaba que la organización liderada por Francisco Correa prestó “distintos servicios turísticos para el llamado Jesús Sepúlveda y/o distintos miembros de su familia entre los años 2000 y 2004 por parte de la empresa Pasadena Viajes”.

Esperanza Aguirre insinúa que Mato debería dimitir

La titular de Sanidad recibió el apoyo explícito del presidente del PP, Mariano Rajoy, durante el Comité Ejecutivo de este fin de semana. Rajoy le dijo que fuera “fuerte” y que estuviera “tranquila”. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. La presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, afirmó que “la dimisión es una cuestión personal, es la ministra la que lo tiene que decidir”.

Sin hacer referencia a la ministra, la expresidenta de la Comunidad de Madrid insinuó que ésta debería abandonar su cargo: “En España la dimisión no se lleva, pero debería ponerse más al día”, afirmó. En este sentido, Aguirre también recordó que ella “apartó” del grupo parlamentario popular y “expulsó” del partido a los sospechosos “mucho antes de que fuesen imputados”.