Ruz señala a 20 antiguos cargos del PP para el primer gran juicio de Gürtel
El juez Pablo Ruz ha concluido la investigación de la mitad del caso Gürtel señalando a 45 imputados que serán los primeros en sentarse en el banquillo de los acusados. De ellos, 20 son antiguos cargos del PP. En la lista están los extesoreros nacionales Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el exviceconsejero de Presidencia en Madrid, Alberto López Viejo; y el antiguo alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda.
El criterio para elegir a estos imputados es temporal. Ruz ha bautizado como “Primera época” a los delitos cometidos por la trama Gürtel y entorno a ella entre 1999 y 2005. Dentro de este espacio temporal, el juez incluye en su auto las operaciones investigadas en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y la localidad malagueña de Estepona, siempre que éstas no hayan continuado en el tiempo más allá del periodo señalado.
Más de la mitad de esas 45 personas son políticos y familiares de éstos, aunque también están los miembros de la trama -como Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez- y empresarios. De todos ellos, 21 no van a ser juzgados en otra eventual pieza. Los otros 24 siguen imputados en la pieza principal. El caso Gürtel suma alrededor de doscientos imputados.
En el auto, Ruz ofrece a los ayuntamientos de Madrid, Pozuelo y Majadahonda acciones por los posibles perjuicios sufridos. Al tiempo, informa al PP de que puede personarse “como partícipe a título lucrativo”, en relación con los hechos que atribuye a los alcaldes de Pozuelo, Jesús Sepúlveda -exmarido de Ana Mato-, y Guillermo Ortega, antiguo regidor de Majadahonda. Ambos habrían obtenido 236.864 euros para el PP, que no figura como acusado porque la ley lo impide para partidos y sindicatos. En el caso del exmarido de la ministra de Sanidad, Ruz dice que el PP “habría resultado beneficiado de la presunta actividad criminal desplegada por Jesús Sepúlveda en 111.864,32 euros”.
El juez se refiere a los seis primeros años de la década en que actuó la trama. Para una segunda pieza, Ruz deja entrever que se centrará en los grandes pelotazos de Boadilla y Arganda, así como los manejos de la trama en Alcalá de Henares. También incluiría algunos delitos fiscales y la estructura completa del blanqueo de capitales.
En la presente pieza, Ruz relata una operativa desarrollada en Madrid, Castilla y León y Málaga por los 45 imputados para conseguir adjudicaciones de forma irregular para sus empresas, creando un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas, pagos de comisiones y pagos a proveedores a través de un sistema de facturación falsa. Con sociedades creadas 'ex profeso' se permitía la facturación irreal entre ellas, encubrían las comisiones cobradas por los iputados, se facilitaban la conseción irregular de contratos públicos, adjudicaciones de distintas obras y se ocultaba a autoridades y Hacienda esos beneficios.
Separar para impulsar
Hasta ahora, Ruz explica que lo más procedente era mantener la instrucción en un mismo procedimiento. Sin embargo, el hecho de que la causa haya pasado por varios instructores, todos los informes periciales aportados, las 183 comisiones rogatorias a 21 países y habiéndose resueltos los incidentes de nulidad planteados por las defensas, corresonde a juicio de Ruz, que se desglose ahora la causa.
Se trata, alega el juez de impuslar la investigación hacia el enjuiciamiento. “Resulta posible escindir determinados hechos cuya investigación se encuentra prácticamente concluida, posibilitando su pronto y eventual enjuiciamiento, sin que por ello exista riesgo de ruptura de la continencia de la causa”.
Ruz cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de delitos económicos “para escindir determinados hechos en una pieza separada”. Se trata de evitar “efectos perniciosos y dilaciones indebidas o convertir la causa en un macrojuicio inabarcable”. En este sentido, cita el 'caso Banesto' o el 'caso Hacienda'.
El primer gran juicio del caso Gürtel, correspondiente a esta 'Primera época' podría demorarse aún un año, según fuentes jurídicas. Esas mismas fuentes señalan que la primera pieza para enviar a juicio debía ser una que tuviera entre sus posibles acusados a Luis Bárcenas. El extesorero del PP es el único imputado que se encuentra, a día de hoy, en prisión provisional, por lo que apremia sentarlo en el banquillo.
