Máximo Caturla, alto cargo de los Gobiernos de Francisco Camps condenado a cinco años de cárcel en el marco del 'caso Taula', ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía que conlleva una pena de 11 meses de prisión como autor material y directo de un delito de insolvencia punible en grado de tentativa, además de una multa de nueve meses con una cuota diaria de 10 euros.

La sentencia, declarada firme, acuerda la suspensión de la pena de prisión condicionada a que no delinca en un plazo de dos años. En caso contrario, se acordaría su “inmediato ingreso en prisión”, indica el fallo. El condenado reconoce los hechos probados de la sentencia.

La breve vista oral se ha celebrado ante el Juzgado de lo Penal número 18 de València. El expolítico del PP ha estado arropado por su familia.

El juez instructor del 'caso Taula' abrió en 2020 una pieza separada al detectar que se deshizo de gran parte de sus bienes para “evitar posibles medidas en contra de su patrimonio”.

El expolítico del PP valenciano ya fue condenado a cinco años de prisión hace casi dos años en el marco de la pieza separada B del 'caso Taula', relativa a la contratación en Imelsa, antigua empresa pública de la Diputación de Valencia, de trabajadores 'zombis' que no acudían a su puesto. La sentencia, pendiente de recurso, acreditaba que Máximo Caturla fichó a cuatro trabajadores “sin que estas contrataciones respondieran a ninguna necesidad de la empresa”.

Máximo Caturla, que llegó a ser secretario autonómico de Educación, llevó a cabo “operaciones tendentes a reducir o gravar su patrimonio personal inmobiliario” y derivarlo a la empresa familiar Estilo Kiki SL, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que figura en el sumario del 'caso Taula'.

La operativa de Caturla incluyó la compra venta de terrenos y de viviendas, con la empresa familiar Estilo Kiki SL como epicentro del alzamiento de bienes.

Los 18 vehículos de Máximo Caturla

El antiguo alto cargo del PP valenciano, tal como informó elDiario.es, vendió seis de los 18 vehículos (entre ellos un Jaguar) de los que era titular por un “precio declarado a efectos de impuestos” de 17.096 euros. El Jaguar lo habría vendido por apenas 10.900 euros.

Por otro lado, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registraron su domicilio, hallaron una serie de anotaciones manuscritas por Caturla con una suerte de hoja de ruta para defenderse ante la que se le venía encima que incluyen apuntes sobre la evolución de su patrimonio.

En plena investigación del 'caso Taula', la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó que Máximo Caturla, exconsejero delegado de la empresa pública Ciegsa (dedicada a la construcción de centros educativos) intentó ocultar su patrimonio a través de una empresa familiar de venta de tomates.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Caturla por un supuesto delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes. En el banquillo de los acusados acompañarán al expolítico del PP sus dos hijos y su mujer. También figura como responsable civil la empresa familiar Estilo Kiki SL, además de los cuatro acusados.

Se trata de una pieza separada que afecta íntegramente a Máximo Caturla, su esposa y sus dos hijos. El juez instructor mantiene embargados los bienes de la empresa familiar. Caturla, según manuscritos hallados por la UCO en el registro de su vivienda, sabía que estaba siendo investigado (antes de su detención del 16 de enero del 2016) y se deshizo de gran parte de sus bienes para para “evitar posibles medidas en contra de su patrimonio”.

Máximo Caturla es uno de los acusados en el juicio por la pieza separada B del 'caso Taula', que se celebra hasta el próximo mes de marzo, por la supuesta contratación de trabajadores zombis en Ciegsa que, en realidad, se dedicaban a tareas vinculadas al PP. Uno de los acusados, que alcanzó un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, declaró que fue contratado en la empresa pública a pesar de que trabajaba “en la sede del PP en Valencia”.

El supuesto proceso de “despatrimonialización” pilotado por Caturla incluyó la venta de una vivienda en Dénia, una nave industrial y seis de sus 18 vehículos. Su Jaguar de coleccionista lo vendió por apenas 10.900 euros. Además, seis meses antes de ser detenido, el expolítico del PP abonó 48.400 euros al despacho P&A-World Wide Abogados y Economistas, cuyo letrado Emilio Gordillo ha representado a Caturla en el 'caso Taula'.

El también exsecretario autonómico de Educación cambió también de número de teléfono móvil, lo que “la práctica policial evidencia como una de las acciones desarrolladas habitualmente por aquellas personas que se consideran objetivos de una intervención de sus comunicaciones”, según apuntan los investigadores.

En una resolución anterior, el juez instructor reseñaba las operaciones de Caturla durante casi un año (entre octubre del 2014, poco después de que Anticorrupción iniciara sus pesquisas, y noviembre del 2015) para “evitar, aminorar o dificultar” el embargo de sus bienes al saber que podía estar siendo investigado penalmente.

Máximo Caturla compró una nave industrial a la sociedad familiar, de la cual había donado previamente sus participaciones a sus hijos, mediante un préstamo de 193.000 euros. También suscribió otro préstamo de 300.000 euros sobre la finca La Corona, de su exclusiva propiedad y libre de cargas. 

El expolítico popular vendió una vivienda en Dénia por 307.700 euros, un importe con el que canceló la hipoteca que arrastraba el inmueble. Junto con su hermano, vendió dos naves por un total de 240.000 euros, con los que canceló la hipoteca y efectuó otros pagos. Caturla ingresó 73.888 euros, de los cuales transfirió 45.000 a una cuenta de la empresa Estilo Kiki SL. Tras su baja laboral del Banco Santander, recibió casi 70.000 euros de indemnización, de los cuales transfirió 20.000 a la firma familiar en concepto de préstamo.

El instructor también destacaba que Caturla transfirió, al margen de la donación de las participaciones, 559.000 euros en metálico a la sociedad familiar. “Todas las operaciones parecen obedecer a una disminución del patrimonio personal mediante hipotecas (finca La Corona), o disposiciones (casos de la venta del piso de Dénia y naves), determinantes de la conversión patrimonial en dinero cuyo destino, en su mayor parte, viene a integrarse, con independencia del título o concepto que formalmente se le atribuya, a la sociedad familiar, generando activos, al tiempo que Máximo Caturla se va desprendiendo lucrativamente a favor de sus hijos de su participación social en la empresa”, sostiene el juez.

Máximo Caturla, hombre de confianza de Francisco Camps en la quebrada empresa pública valenciana encargada de construir colegios, intentó repartir su patrimonio entre familiares cuando supo que la Fiscalía Anticorrupción investigaba una red de corrupción masiva plasmada más tarde en el 'caso Taula'. Caturla ya estaba procesado en la pieza G de la causa sobre el saqueo de la empresa Ciegsa, junto con el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha dictado un auto de incoación de procedimiento abreviado (el paso previo a la apertura del juicio oral) al expolítico del PP en el marco de la pieza separada I por un presunto delito de insolvencia punible. La resolución reseña las operaciones de Caturla durante casi un año (entre octubre del 2014, poco después de que Anticorrupción iniciara sus pesquisas, y noviembre del 2015) para “evitar, aminorar o dificultar” el embargo de sus bienes al saber que podía estar siendo investigado penalmente.

Para ello, llevó a cabo “operaciones tendentes a reducir o gravar su patrimonio personal inmobiliario” y derivarlo a la empresa familiar Estilo Kiki SL, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que figura en el sumario del 'caso Taula'. El procesado compró una nave industrial a la sociedad familiar, de la cual había donado previamente sus participaciones a sus tres hijos, mediante un préstamo de 193.000 euros. También suscribió otro préstamo de 300.000 euros sobre la finca La Corona, de su exclusiva propiedad y libre de cargas.

El expolítico popular vendió una vivienda en Dénia por 307.700 euros, un importe con el que canceló la hipoteca que arrastraba el inmueble. Junto con su hermano, vendió dos naves por un total de 240.000 euros, con los que canceló la hipoteca y efectuó otros pagos. Caturla ingresó 73.888 euros, de los cuales transfirió 45.000 a una cuenta de la empresa Estilo Kiki SL. Tras su baja laboral del Banco Santander, recibió casi 70.000 euros de indemnización, de los cuales transfirió 20.000 a la firma familiar en concepto de préstamo.

Titular de 18 vehículos

Además, el auto recuerda que el expolítico del PP vendió seis de los 18 vehículos (entre ellos un Jaguar) de los que era titular por un “precio declarado a efectos de impuestos” de 17.096 euros. El Jaguar lo habría vendido por apenas 10.900 euros.

El juez Víctor Gómez reseña la declaración de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', durante la fase de instrucción en la que reconoció que Alfonso Rus y uno de sus lugartenientes en la Diputación de Valencia, el popular Emilio Llopis, sabían que estaban siendo investigados. El auto también alude a un cambio de la línea de teléfono de Caturla en plena investigación de la UCO. Los agentes del Instituto Armado hallaron en el registro en el domicilio de Máximo Caturla unas notas manuscritas “indicativas de cómo y qué tenía que declarar en caso de ser citado”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia acordó imponer a Caturla una responsabilidad civil de dos millones de euros para la pieza separada de Ciegsa. Para asegurar la responsabilidad, el juez le ha embargado la finca La Corona, valorada en dos millones.

El auto considera que los hechos presentan indicios de un presunto delito de alzamiento de bienes. “Todas las operaciones parecen obedecer a una disminución del patrimonio personal mediante hipotecas (finca La Corona), o disposiciones (casos de la venta del piso de Dénia y naves), determinantes de la conversión patrimonial en dinero cuyo destino, en su mayor parte, viene a integrarse, con independencia del título o concepto que formalmente se le atribuya, a la sociedad familiar, generando activos, al tiempo que Máximo Caturla se va desprendiendo lucrativamente a favor de sus hijos de su participación social en la empresa”, razona el magistrado.

La resolución también destaca que Caturla transfirió, al margen de la donación de las participaciones, 559.000 euros en metálico a la sociedad familiar.

L'exgerent d'Imelsa i autodenominat 'ionqui dels diners', Marcos Benavent, ha declarat aquest dimecres al jutge del Jutjat d'Instrucció número 18 de València que investiga el presumpte pagament de comissions il·legals a canvi d'adjudicacions de Ciegsa, que es repartien “mossegades” en sobres en restaurants entre l'expresident de la Diputació de València, Alfonso Rus; l'exsecretari autonòmic d'Educació, Màxim Caturla; l'expresident provincial del PP i diputat autonòmic, Vicente Betoret, i ell mateix.

Segons ha pogut saber Europa Press, Benavent, la compareixença del qual s'ha posposat en diverses ocasions, s'ha ratificat en anteriors declaracions, ha confirmat que es falsejaven contractes en l'empresa pública de construcció de centres educatius i que es cobraven comissions il·legals i “mossegades” a determinades empreses.

El 'ionqui dels diners' ha assenyalat que ell no estava dins de Ciegsa i, per tant, desconeixia el funcionament intern de l'empresa, però ha dit que era l'expresident de la Diputació qui li enviava a cobrar aqueixes comissions a les empreses. Personalment, ha admès que va cobrar de dos, entre elles, Cleop, i ha al·legat no saber res de la resta d'empreses.

Quant al cobrament d'aqueixes mossegades, ha relatat que es repartien posteriorment en menjars que se celebraven en restaurants, en sobres, entre Rus, Caturla, Betoret i ell mateix. I ha dit així mateix que ell portava diners a l'exsecretari autonòmic d'Educació al seu despatx.

Caturla va negar qualsevol irregularitat

Màxim Caturla, que va declarar la passada setmana davant el jutge, va negar qualsevol tipus d'irregularitat en les adjudicacions a empreses per a la construcció de col·legis i va descarregar en els tècnics la responsabilitat de les decisions i treballs realitzats.

Al costat de Caturla i Benavent, en aquesta peça d'Imelsa tenen la condició d'investigats per suborn, prevaricació i malversació Alfonso Rus; quatre tècnics de Ciegsa i els responsables de mercantils adjudicatàries Cleop, BM3 i Dragados.

En aquesta peça el jutge investiga l'adjudicació de contractes sense respectar els principis de legalitat, concurrència efectiva, imparcialitat i proscripció de l'arbitrarietat amb la finalitat d'afavorir contractualment a determinades empreses en l'adjudicació d'obra pública a canvi de comissió o obsequi.

Finalitat de lucre

Aqueixes irregularitats en la contractació entre 2003 i 2007 podrien tenir una “finalitat de lucre que podria tenir el seu origen o propòsit en el finançament d'un determinat partit polític o alternativa o conjuntament a açò, en el propi lucre personal, ja confessat pel principal investigat en aquesta causa”, Marcos Benavent, segons exposava el jutge en la seua interlocutòria.

Respecte dels tècnics, el jutge investiga si pogueren haver col·laborat donant una cobertura d'aparent legalitat a decisions que venien a estar establides arbitràriament i per endavant, i si van justificar sobrecostos sobre una base fictícia o freturoses de vertadera justificació per a obtenir més finançament o compensar econòmicament a les empreses que pagaven comissions amb el consegüent perjudici econòmic per a l'erari públic de la Generalitat.

L'informe policial arreplega indicis delictius respecte a les següents obres o adjudicacions: IES número 4 de Torrevella, adjudicat a Cleop; IES la Llosa de Ranes i IES Xirivella; IES El Cabanyal, adjudicat a BM3; CEIP número 5 de Borriana, a la UTE BM3-Dragados; i CEIP 7 de Santa Pola a una altra UTE de les mateixes empreses.

Afirmacions “radicalment falses”

Betoret ha anunciat aquest dimecres la interposició d'una querella contra l'exgerent d'Imelsa per les seues afirmacions “tendencioses, intencionades i radicalment falses”. El diputat popular ha assegurat a través d'un comunicat que aquestes declaracions “solament persegueixen el dany personal i el desgast del Partit Popular” i que responen a la voluntat de l'exgerent d'Imelsa de “intoxicar” el procediment judicial.

També ha volgut deixar “molt clar” que “mai” ha participat ni ha sigut testimoni d'“actuació alguna fora de la llei”. Per tant, ha lamentat que l'exgerent d'Imelsa “no es guie per la veritat, sinó per qüestions mediàtiques per a poder desviar l'atenció de la seua responsabilitat en aquest procediment”.

El exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, ha declarado este miércoles al juez del Juzgado de Instrucción número 18 de València que investiga el presunto pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de Ciegsa, que se repartían “mordidas” en sobres en restaurantes entre el expresidente de la Diputación provincial, Alfonso Rus; el exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el expresidente provincial del PP y diputado, Vicente Betoret, y él mismo.

Según ha podido saber Europa Press, Benavent, cuya comparecencia se ha pospuesto en varias ocasiones, se ha ratificado en anteriores declaraciones, ha confirmado que se amañaban contratos en la empresa pública de construcción de centros educativos y que se cobraban comisiones ilegales y “mordidas” a determinadas empresas.

El 'yonqui del dinero' ha señalado que él no estaba dentro de Ciegsa y, por lo tanto, desconocía el funcionamiento interno de la empresa, pero ha dicho que era el expresidente de la Diputación quien le enviaba a cobrar esas comisiones a las empresas. Personalmente, ha admitido que cobró de dos, entre ellas, Cleop, y ha alegado no saber nada del resto de empresas.

En cuanto al cobro de esas mordidas, ha relatado que se repartían posteriormente en comidas que se celebraban en restaurantes, en sobres, entre Rus, Caturla, Betoret y él mismo. Y ha dicho asimismo que él llevaba dinero al exsecretario autonómico de Educación a su despacho.

Caturla negó cualquier irregularidad

Máximo Caturla, que declaró la pasada semana ante el juez, negó cualquier tipo de irregularidad en las adjudicaciones a empresas para la construcción de colegios y descargó en los técnicos la responsabilidad de las decisiones y trabajos realizados.

Junto a Caturla y Benavent, en esta pieza de Imelsa tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación Alfonso Rus; cuatro técnicos de Ciegsa y los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados.

En esta pieza el juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad con la finalidad de favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dádiva.

Finalidad de lucro

Esas irregularidades en la contratación entre 2003 y 2007 podrían tener una “finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en la financiación de un determinado partido político o alternativa o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el principal investigado en esta causa”, Marcos Benavent, según exponía el juez en su auto.

Respecto de los técnicos, el juez investiga si pudieran haber colaborado dando una cobertura de aparente legalidad a decisiones que venían a estar establecidas arbitrariamente y de antemano, y si justificaron sobrecostes sobre una base ficticia o carentes de verdadera justificación para obtener más financiación o compensar económicamente a las empresas que pagaban comisiones con el consiguiente perjuicio económico para el erario público de la Generalitat.

El informe policial recoge indicios delictivos respecto a las siguientes obras o adjudicaciones: IES número 4 de Torrevieja, adjudicado a Cleop; IES Llosa de Ranes e IES Xirivella; IES El Cabanyal, adjudicado a BM3; CEIP número 5 de Burriana, a la UTE BM3-Dragados; y CEIP 7 de Santa Pola a otra UTE de las mismas empresas.

Afirmaciones “radicalmente falsas”

Betoret ha anunciado este miércoles la interposición de una querella contra el exgerente de Imelsa por sus afirmaciones “tendenciosas, intencionadas y radicalmente falsas”. El diputado popular ha asegurado a través de un comunicado que estas declaraciones “solo persiguen el daño personal y el desgaste del Partido Popular” y que responden a la voluntad del exgerente de Imelsa de “intoxicar” el procedimiento judicial.

También ha querido dejar “muy claro” que “nunca” ha participado ni ha sido testigo de “actuación alguna fuera de la ley”. Por tanto, ha lamentado que el exgerente de Imelsa “no se guíe por la verdad, sino por cuestiones mediáticas para poder desviar la atención de su responsabilidad en este procedimiento”.

El Juzgado de Instrucción 18 de València ha abierto una pieza separada en el caso Imelsa -conocido por la operación 'Taula'- para investigar el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de la empresa pública Ciegsa, dependiente de la Conselleria de Educación y encargada de la construcción de colegios e infraestructuras educativas en la Comunitat Valenciana.

El juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de “legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad” con la finalidad de “favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dávida”.

En su resolución, añade que esas irregularidades en la contratación entre 2003 y 2007 podrían tener una “finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en la financiación de un determinado partido político o alternativa o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el principal investigado en esta causa”, el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent.

En esta pieza separada tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación, Benavent, considerado el “recaudador”; el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, el exsecretario autonómico de Educación y responsable de Ciegsa, Máximo Caturla, cuatro técnicos de esta empresa y los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados.

Respecto de los técnicos, el juez investiga si “pudieran haber colaborado dando una cobertura de aparente legalidad a decisiones que venían a estar establecidas arbitrariamente y de antemano” y si justificaron sobrecostes “sobre una base ficticia o carentes de verdadera justificación” para obtener más financiación o compensar económicamente a las empresas que pagaban comisiones con el consiguiente “perjuicio económico para el erario público de la Generalitat”.

El instructor rechaza dirigir la investigación contra otros exaltos cargos de la Administración Autonómica que aparecen mencionados en las conversaciones intervenidas por cuanto “constituyen referencias indirectas genéricas e imprecisas en un contexto conversacional de difícil interpretación” y, por tanto “no justifican en este momento dirigir la investigación contra las mismas”. Se trata del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de los exvicepresidentes Víctor Campos y Gerardo Camps.

L'exsecretari de política local del PP, Miguel Barranca, ha comparegut aquest dilluns en la comissió parlamentària que investiga els sobrecostos milionaris en Ciegsa, l'empresa pública de construcció de col·legis a la Comunitat Valenciana. El que va ser gerent de l'empresa amb Francisco Camps denuncia una persecució en el PP perquè “era incòmode”: “Van anar a per mi dins del partit, dins de l'executiva i de Ciegsa. I amb 62 anys, al carrer”, ha retret.

Miguel Barranca és el testimoni que va delatar a Máximo Caturla, exsecretari autonòmic d'Educació i conseller delegat de l'empresa, en el cas Taula i va avisar a Francisco Camps que s'estaven cometent irregularitats en Ciegsa. L'expresident, va dir en el seu moment Barranca, li va respondre “que estiguera tranquil, que Máximo era bon amic seu”. “Jo era molt incòmode en Ciegsa, era l'únic que quedava per traure” ha comentat en nombroses ocasions, en relació a la guerra interna de PP en la corporació entre campistes i zaplanistes.

Amb un evident rancor -van creuar més que paraules dins de l'entitat- l'exresponsable del partit ha assenyalat que amb Caturla va començar una època en la qual tot es feia a porta tancada. “Es tancava en un despatx. Deia: tranquil, jo m'ho menge amb creïlles”.

Barranca va ser acomiadat de Ciegsa després de profundes disputes amb l'exsecretari general d'Educació, investigat en el cas Taula, a qui responsabilitza d'una època hermètica en l'empresa pública. “Tot es feia bé fins que va arribar ell”, ha dit. Segons ha relatat, quan Caturla va arribar li va fer la vida impossible a García Liberós, l'anterior gerent de l'empresa, i va acomiadar els tècnics que portaven diversos anys treballant en l'empresa: “Eren professionals i els va acomiadar com a gossos, alguns estant malalts”, ha criticat.

En el nou circuit de treball, en el qual diu que no li deixaven participar, les coses es feien de forma “hermètica”. Va deixar de veure els plànols de les obres dels col·legis i de parlar amb els alcaldes, ha dit.

Preguntat per la seua relació amb Alfonso Rus, el seu amic, ha respost que aquest li va apartar del partit, malgrat ser secretari de finances local. “Em van fer desaparèixer de tot; del partit i de Ciegsa. Vaig ser a un comitè local per a organitzar unes eleccions i no vaig tornar. Rus em va dir: 'baix estan els indis i tu eres cap'. Avui vostès saben per què no vaig ser”, ha retret.

Barranca va abandonar el PP en 2014 després de 30 anys “avergonyit” pels escàndols de corrupció. “Tornaré quan es vaja la 'basureta'”, ha conclòs.

El exsecretario de política local del PP, Miguel Barranca, ha comparecido este lunes en la comisión parlamentaria que investiga los sobrecostes millonarios en Ciegsa, la empresa pública de construcción de colegios en la Comunitat Valenciana. El que fuera gerente de la empresa con Francisco Camps denuncia una persecución en el PP porque “era incómodo”: “Fueron a por mí dentro del partido, dentro de la ejecutiva y de Ciegsa. Y con 62 años, a la calle”, ha reprochado.

Miguel Barranca es el testigo que delató a Máximo Caturla, exsecretario autonómico de Educación y consejero delegado de la empresa, en el caso Taula y avisó a Francisco Camps de que se estaban cometiendo irregularidades en Ciegsa. El expresidente, dijo en su día Barranca, le respondió “que estuviera tranquilo, que Máximo era buen amigo suyo”. “Yo era muy incómodo en Ciegsa, era el único que quedaba por sacar” ha comentado en numerosas ocasiones, en relación a la guerra interna de PP en la corporación entre campistas y zaplanistas.

Con un evidente rencor -cruzaron más que palabras dentro de la entidad- el exresponsable del partido ha señalado que con Caturla comenzó una época en la que todo se hacía a puerta cerrada. “Se encerraba en un despacho. Decía: tranquilo, yo me lo como con patatas”.

Barranca fue despedido de Ciegsa tras profundas disputas con el exsecretario general de Educación, investigado en el caso Taula, a quién responsabiliza de una época hermética en la empresa pública. “Todo se hacía bien hasta que llegó él”, ha dicho. Según ha relatado, cuando Caturla llegó le hizo la vida imposible a García Liberós, el anterior gerente de la empresa, y despidió a los técnicos que llevaban varios años trabajando en la empresa: “Eran profesionales y los despidió como a perros, algunos estando enfermos”, ha criticado.

En el nuevo circuito de trabajo, en el que dice que no le dejaban participar, las cosas se hacían de forma “hermética”. Dejó de ver los planos de las obras de los colegios y de hablar con los alcaldes, ha dicho.

Preguntado por su relación con Alfonso Rus, su amigo, ha respondido que éste le apartó del partido, pese a ser secretario de finanzas local. “Me hicieron desaparecer de todo; del partido y de Ciegsa. Fui a un comité local para organizar unas elecciones y no volví. Rus me dijo: 'bajo están los indios y tú eres jefe'. Hoy ustedes saben por qué no fui” ha reprochado.

Barranca abandonó el PP en 2014 después de 30 años “avergonzado” por los escándalos de corrupción. “Volveré cuando se vaya la basureta”, ha concluido.

“No és real. És obvi. I es demostrarà tot”. Així s’ha defensat Máximo Caturla, mà dreta d’Alfonso Rus en la Diputació de València i exgerent de Ciegsa, de les acusacions de sobrecostos. Caturla, primer conseller delegat de l’empresa pública de construcció de col·legis investigada per mil milions de costos encara per justificar, ha defensat la seua gestió i la del seu equip al capdavant de l’entitat en la comissió d’investigació de les Corts.

En to arrogant i aparent desafiament als diputats, Caturla ha enunciat els arxirepetits “no em consta”, “no me’n recorde” o “no era la meua responsabilitat”. L’exconseller delegat ha arribat a dir que “no era ningú en l’empresa”, quan se li ha preguntat pel disseny del nou organigrama –se l’acusa de la “neteja ètnica” de l’empresa amb el canvi de Consell, segons ha dit Antonio Montiel (Podem).

Caturla ha considerat que “la paraula sobrecostos està distorsionada i tergiversada” i que el que passa és un embolic mediàtic, propi “de l’època de la postveritat”. L’exgerent s’ha mostrat molt “satisfet” d’una gestió “impecable” i “excel·lent” per part dels tècnics.

Pel que fa a les gravacions que l’assenyalen com a presumpte recaptador del PP provincial, investigat en el jutjat, ha dit que li “encantaria aclarir-los, però els meus advocats no em deixen per respecte al procediment judicial”. Els sobrecostos, ha insistit, són “obra addicional nova. Més cost”. “Si teniu cap dubte, porteu-me’ls i els veurem”, ha insistit.

“No es real. Es obvio. Y se demostrará todo”. Así se ha defendido Máximo Caturla, mano derecha de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia y exgerente de Ciegsa, de las acusaciones de sobrecostes. Caturla, primero consejero delegado de la empresa pública de construcción de colegios investigada por mil millones de costes aún por justificar, ha defendido su gestión y la de su equipo al frente de la entidad en la comisión de investigación de las Corts.

En tono arrogante y aparente desafío a los disputados, Caturla ha enunciado los archirrepetidos “no me consta”, “no me acuerdo” o “no era mi responsabilidad”. El exconsejero delegado ha llegado a decir que “no era nadie en la empresa”, al ser preguntado por el diseño del nuevo organigrama -se le acusa de la “limpieza étnica” de la empresa con el cambio de Consell, según ha dicho Antonio Montiel (Podemos)-.

Caturla ha considerado que “la palabra sobrecostes está distorsionada y tergiversada” y que lo que ocurre es un lío mediático, propio “de la época de la posverdad”. El exgerente se ha mostrado muy “satisfecho”, de una gestión “impecable” y “excelente” por parte de los técnicos.

“La cifra que han dado de mil millones de sobrecoste no se la puede creer nadie porque no es real y se demostrará”, ha recalcado Caturla, que ha esgrimido que se “ha machacado el concepto de sobrecoste y una cosa que es falsa se convierte en postverdad pero la verdad es que no hubo sobrecostes que no estuvieran plenamente justificados”.

En su comparecencia, ha justificado que el diferencial promedio de las todas las obras construidas bajo su periodo, entre el precio de la adjudicación y el coste de ejecución real, está en un porcentaje inferior al 1 por ciento. Otra cosa, ha dicho, son los modificados y los complementarios encargados a posteriori al proyecto inicial para poder atender al incremento que marcó las nuevas ratios de la Logse. Según ha intentado justificar, el retraso en la aplicación de la ley provocó miles de solicitudes en la conselleria de Educación.

Respecto a las grabaciones que le señalan como supuesto recaudador del PP provincial, investigado en el juzgado, ha dicho que le “encantaría esclarecerlos pero mis abogados no me dejan por respeto al procedimiento judicial”. Los sobrecostes, ha insistido, son “obra adicional nueva. Mayor coste”. “Si tienen alguna duda, tráigamelos y los vemos”, ha insistido.

L’exconseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, actual diputat del PP i membre de la Mesa de les Corts era “el dòberman a la porta de Ciegsa”. D’aquesta manera tan peculiar l’ha definit l’exdiputada i exportaveu socialista Ana Noguera, durant la seua compareixença en les Corts aquest dilluns. Noguera ha estat citada amb el seu company Andrés Perelló i Josep Maria Panyella, de Compromís, per les seues investigacions i preguntes sobre l’empresa que licitava els col·legis públics en legislatures passades.

Ambdós representants del PSPV han considerat l’exconseller d’Educació (en el període 2007-2011) com un “còmplice” de la trama de Ciegsa. Per a Noguera, va exercir el paper que “s’esperava d’ell i que se li va encomanar” que era el de “lladrar, mossegar i impedir que poguérem rebotar-li res a Ciegsa”. “Es prestava a fer de búnquer” quan l’oposició demanava informació, ha relatat l’exportaveu, que ha assenyalat que aqueixa sol·licitud mai no es va resoldre. “ Aqueix era el seu paper, i mentre Caturla feia i desfeia els comptes”, ha incidit.

L’exdiputada socialista ha descrit Ciegsa com “un iceberg” en què els col·legis i els seus sobrecostos –de fins mil milions d’euros– és la punta que es veu, però “el que no es podia saber és la part de baix, que ja té dues potes: un possible finançament del PP i una possible malversació de fons d’aquells a qui anomenen ionquis dels diners”, ha subratllat recordant les declaracions de Marcos Benavent.

“La guerra de Ciegsa va ser pel botí”

Andrés Perelló, per la seua banda, assegura que Font de Mora estava avisat de tot i, com que no ho va denunciar “es va convertir en còmplice”. Al seu parer, la pugna en l’empresa pública entre les dues sensibilitats del PP valencià (afins a Camps o a Zaplana) no era una “guerra política”, sinó “una guerra pel botí”.

Perelló ha admés que arribaven “queixes pertot arreu” dels col·legis d’arquitectes i d’empreses, encara que ha apuntat que es reunien en secret perquè ells els demanaven que no els veieren junts i ha incidit que en Ciegsa hi havia projectes no aprovats i modificats que no tenien ni actes administratius.

Els dos exdiputats socialistes han recordat que la Sindicatura de Comptes emetia informes anuals en què alertava del deute de l’empresa pública. Segons Noguera, el deute de Ciegsa era superior al de deu comunitats autònomes. Ambdós representants confien que la major quantitat d’informació que tenen els diputats ara servisca per a depurar responsabilitats.

José Luis Gisbert, exempleado de Ciegsa, califica al exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla como una persona con carácter “dictatorial”. El extrabajador de la empresa púbica de construcción de colegios, investigada por sobrecostes millonarios, considera que la llegada de Caturla cambió “por completo las relaciones” en su seno, al tiempo que ha indicado que era una persona “de trato muy difícil, de vocabulario muy suelto y muy dictatorial con todos”, que incluso llegó a romper una orden de algún director de la propia Conselleria. “Daba la impresión de que se sentía con poder suficiente para hacer lo que quisiese, porque se lo habían dado”, ha aseverado.

Gisbert manifestó de esta forma en les Corts Valencianes durante su comparecencia en la comisión de Ciegsa (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA), creada a raíz de un informe de la Intervención que detectó más de mil millones de euros en sobrecostes-, en la que ha recordado que entró en la empresa el 11 de diciembre del año 2000 como jefe de la Unidad Técnica a través de una “invitación personal” del exgerente Javier García Lliberós, y fue “despedido” por “falta de confianza” el 4 de febrero de 2005.

A su juicio, para comprender “el cambio fundamental en Ciegsa” basta con leer las actas de finales de 2004. “Caturla era secretario autonómico de Educación y era gerente de Ciegsa”, ha relatado Gisbert, quien ha explicado que se llevó a la empresa pública a su propio equipo técnico y “montó una jefatura de contratación de proyectos y obra, que físicamente estaba en el piso de abajo”.

Además, ha asegurado que no mantuvo ninguna reunión personal con él, más allá de las conjuntas con parte del equipo. Así, ha relatado que en una de ellas rompió un documento elaborado por un director de la Conselleria que se le había facilitado y ha recordado que antes de cesarle a él ya había ocurrido lo mismo con el director financiero “sin motivo”.

Gisbert, que tuvo un cambio de responsabilidades antes de ser despedido por falta de confianza, como él mismo ha reconocido, ha apuntado también que fue el propio Caturla quien exigió que un centro educativo de un municipio valenciano tuviera un campo de fútbol con césped, un hecho que le diferenciaba respecto al resto de centros de la Comunitat Valenciana. “Nos extrañó mucho”, ha reconocido el arquitecto, quien ha afirmado que desde su departamento rechazaron esta propuesta.

“Las razones que daba el señor Caturla eran siempre escatológicas”, ha incidido el compareciente, quien ha agregado que a su llegada a la gerencia de Ciegsa se cambia todo el Consejo de Administración y hay alguna adjudicación que se modifica y se da a otra empresa. “No se produjo evidentemente beneficio económico, fue un tema exclusivo de cambio de nombre”, ha subrayado.

Gisbert se ha referido además a comentarios que ha oído de algunos empresarios que, según ha manifestado, le decían que ojalá “hubiesen ganado los socialistas las elecciones” porque “esta gente ahora nos pide que pasemos de nuevo por ventanilla y ya pasamos”. También ha apuntado que, una vez fuera de Ciegsa, en alguna ocasión algún empresario de la construcción le había dicho que estaban “contentísimos” por su salida de la empresa: “nos pedían tanto y nos han dado tanto, la mitad para cada uno”, ha relatado.

La portavoz del PSPV-PSOE, Ana Barceló, considera que con este testimonio “queda en evidencia que uno de los principales objetivos de esta empresa era supuestamente la financiación ilegal del partido” y ha asegurado que, “aunque serán los tribuales los que finalmente determinen si hubo o no delitos, lo que sí que es evidente es que desde Les Corts debemos trabajar para depurar todas las posibles responsabilidades políticas”.

La diputada socialista ha lamentado, además, que hoy hayan quedado en evidencia “dos hechos que nos parecen de suma transcendencia”: por un lado que hubo empresas constructoras que llegaron a alegrarse del despido del responsable del departamento de contratación “porque a partir de ese momento les iban a dar lo que pidiesen”, tal y como ha relatado el propio Gisbert; y, por otro lado, cómo en CIEGSA hubo claramente dos etapas diferencias cuyo punto de inflexión fue la entrada de Caturla en la misma. “Los dos técnicos que hoy han comparecido han coincidido en resaltar el poder absoluto que tenía Máximo Caturla para controlar y decidir todo lo relativo a esta empresa pública, lo que revela que quien le dio ese poder sabía perfectamente para qué y cómo iba a utilizarlo”, ha insistido Barceló antes de recordar que “Caturla se llevó a todo su equipo de la Conselleria de Sanidad para sustituir al que existía en CIEGSA, un hecho que delata cómo pretendía gestionar contando con personas fieles que no pudieran cuestionar sus decisiones”.

De hecho, Barceló ha recordado que hubo incluso un técnico que fue despedido por no acatar la decisión de incrementar el precio de una adjudicación en 600.000 euros como le pidió el propio Caturla, a lo que se negó “porque no estaba justificado y porque esta empresa –Sedesa según se desprende de informaciones aparecidas en los medios de comunicación- llevaba seis meses de retraso en el inicio de las obras”.

El expresidente del PP la provincia de Valencia y de la Diputación Alfonso Rus y el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla aparecen como imputados en una nueva pieza separada abierta por el juez que instruye el caso Imelsa y que se centra en presuntas contrataciones 'zombies' en la empresa pública para la construcción de colegios Ciegsa. Los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en la contratación.

En un auto fechado el 13 de diciembre, el titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia señala que entre los hechos relacionados con el caso Imelsa y que pueden ser investigados de forma independiente figuran una serie de contrataciones en Ciegsa realizadas entre febrero de 2004 a octubre de 2005, período en el que Rus presidía la Diputación y Caturla ocupaba el cargo de secretario autonómico de Educación de la Conselleria y era consejero delegado de dicha empresa.

De la documentación que obra en la causa, se desprenden “indicios de que, desde las facultades que les ofrecía su respectiva posición, habría ordenado el primero (Rus) y llevado a cabo el segundo (Caturla) la contratación de personas con cargo al presupuesto de la empresa pública sin observancia de requisitos administrativos que venían establecidos en la normativa aplicable y sin que en realidad dicha contratación, y la remuneración correspondiente, estuviera justificada por la prestación de servicios efectivos para la empresa”.

El juez considera que estos hechos podrían ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en la contratación. En el mismo auto se cita también en calidad de investigadas a otras cinco personas que fueron contratadas por Ciegsa en el período analizado y que tendrán que declarar el próximo 29 de diciembre.

Además, el instructor hace ofrecimiento de acciones a la Generalitat Valenciana y solicita que se aporten diversos documentos y archivos, como grabaciones efectuadas por el arrepentido Marcos Benavent, varias declaraciones ante la justicia y policiales, el historial laboral de los investigados.

En otro auto, de 15 de diciembre, el juez rechaza la solicitud del exasesor del grupo popular en la Diputación y exalcalde de Genovés Emilio Llopis de que se decretara la nulidad de las actuaciones por afectar a derechos o libertades fundamentales.

“Hechos consentidos”

El juez deniega esta solicitud de archivo y confirma una resolución anterior de 20 de octubre de 2016 al considerar que las grabaciones realizadas por el exgerente de Imelsa arrepentido Marcos Benavent -y que entregó a su exsuegro Mariano López Sancho- y posterior revelación del contenido “se mire como se mire son hechos consentidos”.

Finalmente, el juez ha dictado un tercer auto, de 14 de diciembre, en el que accede a la petición de varias defensas de que un perito lleve a cabo un examen técnico de los soportes informáticos originales que fueron remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) a efectos de verificar su fiabilidad.

Sin embargo, hace notar que “la diligencia pedida se hace desde un posicionamiento cuestionable, pues parece dudar de la imparcialidad y sometimiento a la ley de los investigadores en la obtención de la prueba, sin otro indicio justificativo que el parecer de las partes de que la conversación en cuestión no parece espontánea, lo cual, aún de aceptarse y en sí mismo, no tendría por qué cuestionar el buen cometido policial”.

1.000 millones de euros de sobrecostes en la construcción de colegios públicos entre 2001 y 2012. Será la cifra que tendrán que explicar en sede parlamentaria dos expresidentes populares de la Generalitat Valenciana: Francisco Camps, Alberto Fabra tendrán que comparecer en la comisión de investigación de Ciegsa, la empresa pública encargada de la construcción de colegios valencianos, investigada en la 'Operación Taula', derivada del 'Caso Imelsa'.

La lista del plan de trabajo presentado por PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos cuenta con 62 nombres, de los cuales una cuantía sustancial es de altos cargos y responsables del PP, muchos de ellos en activo y otros investigados en Imelsa. Comparecerán exconsellers de Educación como Esteban González Pons (actualmente portavoz del PP en el Parlamento Europeo), Alejandro Font de Mora (vicepresidente segundo de les Corts, implicado por Benavent en el reparto de comisiones en el caso Imelsa), Maria José Catalá (ahora diputada autonómica) y José Císcar. También se ha solicitado la comparecencia de responsables de la Diputación de Valencia como Alfonso Rus, Marcos Benavent (el 'yonki del dinero'), así como secretarios autonómicos de Hacienda y Educación, como Beatriz Gascó, actual diputada autonómica.

Junto al desfile de comparecencias de los populares, los grupos han establecido que acudan a dar explicaciones los consejeros de Ciegsa y extrabajadores de la empresa que firmó convenios con la conselleria de Educación desde el año 2001. Asimismo, se incluye la comparecencia de dos diputados socialistas que durante las legislaturas pasadas solicitaron al gobierno del PP documentación sobre los contratos con Ciegsa y que “nunca llegaron a verse en les Corts” y del exsíndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt.

Se trabajará, según han explicado los portavoces, en base a los informes de la Sindicatura de Cuentas, que en sus primeros trabajos ya apuntaba a sobrecostes en la construcción de colegios y a irregularidades en la contratación. También se utilizarán los los informes elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y los informes de la Abogacía General de la Generalitat en relación a Ciegsa emitidos entre los años 2001 y 2014.

Cabe recordar que parte de los hechos investigados en Ciegsa se encuentran bajo secreto de sumario, ya que está siendo investigada porque supuestamente fue utilizada por la trama del 3% vinculada al PP valenciano para cobrar comisiones en cientos de contratos. El objetivo de la comisión parlamentaria es determinar si hubo responsabilidades políticas.

El PP intentará justificar el trabajo de Ciegsa

Los populares, que se han quedado fuera del plan conjunto de la comisión y de la mesa, también han presentado su plan alternativo. En él, solicitan la documentación y comparecencia de los 600 arquitectos, directores de obra, redactores de los proyectos de obra, técnicos y otros trabajadores implicados en la gestión, coordinación y construcción de los colegios.

El objetivo, según sus portavoces, es explicar por qué Ciegsa era necesario. Para ello, también han pedido informes demográficos que justifiquen el boom de la población, informes que acrediten la obsolescencia de las infraestructuras e incluso, han hablado del plan educativo conocido como la LOGSE como “herencia recibida” y su relación con la distribución de alumnos y maestros por aula.

El PP pedirá la comparecencia del actual conseller de Educación, Vicent Marzá y del president de la Generalitat, Ximo Puig, porque en su época como alcalde de Morella el Ayuntamiento cedió una parcela con deficiencias para la construcción de un colegio.

Un exempleado de Ciegsa que testificó ante los agentes de la Guardia Civil que han investigado el caso Imelsa sitúa al ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla como responsable del incremento de los costes de adjudicación de proyectos y del supuesto cobro de comisiones ilegales.

Según consta en la declaración que este testigo, responsable de la división técnica de Ciegsa entre el año 2000 y 2005, hizo el pasado mes de marzo en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y a la que ha tenido acceso EFE, Caturla le despidió tras negarse a incrementar el coste de una obra adjudicada a Sedesa, la firma de Vicente Cotino, familiar de Juan Cotino, expresidente de las Corts Valencianes.

Antes de la llegada de Caturla a Ciegsa, el proceso de adjudicación de centros escolares a través de esta empresa pública dependiente de la Generalitat se basaba en baremos que realizaban los técnicos del departamento de proyectos.

“De acuerdo con estas baremaciones el gerente proponía el adjudicatario, y posteriormente el consejo se reunía cada vez que había que aprobar una licitación para decidir sobre la misma”, explicó este testigo a los agentes.

Uno de los principales cambios en el sistema de adjudicaciones con la llegada de Caturla fue la licitación por lotes, de modo que las empresas que concurrían habían de disponer de gran capacidad financiera, “impidiendo por tanto la concurrencia de determinadas empresas pequeñas”.

Según este testigo, en diciembre de 2003 Caturla propuso cambios en el organigrama de Ciegsa que afectaron fundamentalmente a la división técnica para dividirla en dos, una dedicada a la contratación y otra a proyectos y obras, de modo que este testigo dejó de tener control sobre las adjudicaciones.

La persona designada como responsable del área de contratación fue un arquitecto que también trabajó posteriormente para Imelsa y que se encuentra imputado en el caso Imelsa.

Sobre esta división de funciones, según este testigo, se celebró una reunión en Ciegsa (enero de 2004) en la que se anunció una nueva dirección ejecutiva en la empresa y cambios en los pliegos para favorecer a constructoras valencianas.

En esa reunión, explicó a la Guardia Civil el exempleado de Imelsa, Caturla se atribuyó el cometido de comunicar las adjudicaciones a las empresas y, según las anotaciones personales de este testigo, Caturla dijo: “En esta empresa manda el conseller -entonces Esteban González Pons- y el conseller hace lo que le sale de los cojones, y si alguien no está de acuerdo dimite y se le da un cheque y en paz”.

Tras dar a los agentes varias observaciones sobre el comportamiento de Caturla, este testigo explicó que en una ocasión reprochó al entonces secretario autonómico que una indicación suya contradecía directrices contenidas en un informe de la dirección de Régimen Económico.

Según el relato de este testigo, Caturla le pidió que le acercase ese informe y, sin leerlo, lo rompió ante varias personas haciendo comentarios relativos a la poca importancia que concedía al mismo.

Preguntado sobre su despido, explicó que Caturla le llamó al despacho para decirle que había perdido su confianza en él, una decisión que relaciona con el hecho de que, un día antes, había mantenido una reunión con Caturla y Vicente Cotino (Sedesa) en el despacho del primero.

Según su relato, en ese encuentro le pidieron que “tenía que incrementar el precio de una adjudicación de un lote en unos 600.000 euros”, a lo que el testigo se negó, entre otras cosas porque “esta empresa ya llevaba seis meses de retraso en el inicio de las obras contratadas”.

Tras su despido, según explicó a los agentes de la UCO, tuvo constancia de que las empresas adjudicatarias dispusieron de un 10 % más de gasto autorizado para la realización de las obras, que desde Ciegsa se llamó a arquitectos para que incrementasen el coste de sus proyectos, a pesar de que algunas obras se encontraban ya prácticamente concluidas y que “se estaba haciendo pasar por ventanilla por segunda vez a determinadas empresas”.

El crítico de arte Romà de la Calle vuelve a la Diputación de València después de dimitir en 2010 como director del MuVIM (Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat) a causa de la censura impuesta por el PP. De la Calle dejó su cargo en el museo dependiente de la corporación provincial después de que el entonces vicepresidente provincial, Máximo Caturla (hoy imputado en la trama de Taula junto a su jefe, Alfonso Rus, presidente de la Diputación) ordenara retirar algunas fotos de la exposición de fotoperiodismo 'Fragmentos de un año', exposición que organiza todos los años la Unió de Periodistes y que aquel año recogía fotos sobre el caso Gürtel que había estallado en 2009.

Romà de la Calle, también catedrático de filosofía de la Universitat de València ha sido recuperado para dirigir las colecciones de arte de la Institució Alfons el Magnànim, según ha anunciado el propio director del IAM, Vicent Flor. Flor ha declarado que “estamos muy satisfechos de que Romà de la Calle haya aceptado nuestra propuesta, porque así podremos retomar la etapa fructífera que desarrolló el aula de las Artes del Magnánimo entre 1998 y 2010. Su currículum y su trayectoria como profesor, crítico de arte y gestor cultural avalan indiscutiblemente el nombramiento”. Y ha añadido que recuperar a De la Calle es un “acto de justicia y a favor de las libertades públicas”.

La polémica surgió cuando Maximo Caturla visitó la muestra expuesta íntegramente en el MuVIM y posteriormente mostró su enfado tanto a de la Calle como al presidente de la Unió de Periodistes (entonces Ximo Clemente) por abordar el caso Gürtel con 10 imágenes como la de Francisco Camps, Ricardo Costa y Vicente Rambla erguidos en las Corts y abrochándose sus trajes al unísono, instantáneas de Camps en el Tribunal Superior de Justícia o de Álvaro Pérez 'el Bigotes'; estas imágenes fueron descolgadas de la colección y provocó la dimisión del director del MuVIM.

Tras los hechos otro vicepresidente de la Diputación, Juan José Medina (también imputado en Taula) aseguró que “no se ha censurado ninguna foto”, sino que todo fue un acto de supervisión porque “la libertad de expresión tiene unos límites” y las imágenes expuestas los ultrapasaban. Así Medina criticó que la Unió de Periodistes hizo una selección “sesgada”, cosa que se explica porque es “un grupo de izquierdas y progresista” que ha participado en “campañas mediatitzades” contra el PP. Por su parte Alfonso Rus sentenció que “muchos de sus miembros (de la Unió de Periodistes) quieren ver el PP debajo de un puente”, y que había tomado “nota” de cara al futuro mostrando una advertencia: si la Unió de Periodistes “quiere hacer una apología de la Gürtel, que lo haga en su casa”.

Colecciones de arte

Actualmente son tres las colecciones de arte que publica la Institución Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació: 'Fundamentos', 'Formas Plásticas' e 'Itinerarios', y precisamente las tres fueron creadas durante la etapa de Romà de la Calle e impulsadas por él como coordinador del Aula de les Arts del Magnànim (1998-2010). La colección 'Itinerarios' publica biografías y estudios sobre artistas valencianos contemporáneos, mientras que “Fundamentos” está dedicada a estudios teóricos alrededor del arte y la estética y “Formas Plásticas” da a conocer investigaciones y trabajos de historia del arte valenciano. De la Calle ya ha iniciado los contactos con autores para preparar los próximos títulos que se publicarán en estas colecciones. Además, su regreso permitirá recuperar algunos libros que estaban en proceso de publicación en 2010 y que fueron “paralizados” después de su cese. Filósofo, escritor, traductor y crítico de arte.

Desde su llegada al Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Císcar optó por contratar de forma reiterada a varias empresas del mismo dueño el transporte de las obras y los viajes que realizaba la exdirectora del museo. Si llevar las piezas de un lugar a otro era cosa del duopolio Logística del Arte, S. L. y Valtrans, S.L., los desplazamientos eran cosa de Viajes Sakvitur SL. Todas estas empresas son propiedad Enrique Martínez Murillo. Y dichas contrataciones están bajo sospecha en la causa que investiga los supuestos desmanes en el IVAM. 

Según las actas del consejo rector del museo a las que ha tenido acceso eldiario.es, la agencia de viajes que organizó la mayoría de trayectos durante la etapa de Císcar en el IVAM patrocinó una exposición en 2008. Se trata de la muestra 'Arte y deporte. Intinerancia', de 2008, a la que también contribuyó con 8.310,59 euros el Grupo Cano Automo, según dicha acta.

El patrocinio se aprobó sin preguntas por un consejo rector formado por Císcar, Rafa Miró, Ricardo Bellveser, Tomàs Llorens, José María Lozano, Felipe Garín, Francisco Calvo y Juan Carlos Lledó, que estaba como técnico. Ni la consellera de cultura Trini Miró ni los vocales Carlos Alberto Precioso, Luis Lobón, Paz Olmos y Ángel Kalenberg estuvieron presentes en aquellas reunión. 

Sin oposición a las compras a Gao Ping

Sin oposición a las compras a Gao PingEse mismo año en el Consejo Rector del IVAM aprobó la compra de 61 fotografías al supuesto capo de la mafia china, Gao Ping, investigado por blanquear presuntamente dinero a través de obras de arte. Según el acta, nadie dijo nada acerca de esa adquisición. Ese día estaban presentes Císcar, Precioso, Lobón, Miró, Olmos, Garín, Román de la Calle, Llorens y Kalenberg. Ni Bellveser ni Calvo acudieron. El documento oficial no refleja si la consellera de Cultura acudió al consejo. 

Caturla aprobó las primeras obras a Rueda

Caturla aprobó las primeras obras a RuedaTambién sin críticas y por unanimidad se aprobó la primera adquisición de la era Císcar de una obra de Gerardo Rueda. Se trataba de la pieza 'Gran Relieve', que tuvo un coste de 360.000 euros, según el acta. Entre los que aprobaron dicha compra se encuentra Máximo Caturla, uno de los presuntos cabecillas de la 'operación Taula' y que entonces ocupaba el cargo de secretario autonómico. A las obras compradas al hijo de Rueda se les cuestiona su autenticidad por parte del conservador del IVAM y su precio en el Informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana. 

El PP habría cobrado comisiones por la construcción de colegios públicos en la Comunitat Valenciana (se calculan sobrecostes de 1.000 millones) y las investigaciones apuntan que también se habría lucrado con la construcción de hospitales y centros de salud. Así lo ha avanza el diario El País quien también apunta como persona clave a Máximo Caturla, señalado como “recaudador” cuando era gerente de Ciegsa -la empresa pública de construcción de infraestructuras educativas- fue previamente subsecretario para los Recursos de la Conselleria de Sanidad durante el periodo en el que se centran las investigaciones, entre 2000 y 2003, y habría aplicado el presunto sistema de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones.

Este periodo fue en el que se sentaron las bases del nuevo mapa de infraestructuras sanitarias y cuando fraguó la joya de la corona, el nuevo hospital La Fe, que tuvo un sobrecoste del 23%, llegando así el presupuesto a los 330 millones de euros. El hospital autonòmico de referencia fue adjudicado en 2003 a una Unión Temporal de Empresas entre las que se encontraba Lubasa, cuyo responsable está acusado en el 'caso Gürtel' también de financiación ilegal del PP.

El trabajo de Máximo Caturla como subsecretario de Recursos era desde adjudicar la construcción de centros a adjudicar contratos hospitalarios que irían desde la compra y alquiler de equipos de hemodiálisis y radiológicos al lavado de ropa hospitalaria, o el suministro de aparatos quirúrgicos.

La Conselleria de Sanidad valenciana ha sido un granero de imputados del PP valenciano, así en la época investigada 2000-2003 tuvo como conseller al frente a Serafín Castellano, detenido en la conocida como 'trama del Fuego'; su sucesor fue Vicente Rambla, imputado por la financiación ilegal del PP junto con la mayor parte dela cúpula del partido; el siguiente fue Rafael Blasco, en estos momentos en prisión por malversación en el 'caso Cooperación'; tras él llegaron Manuel Cervera y Luis Rosado, también imputados en la trama Gürtel.

El parlamento valenciano investigará el pufo de Ciegsa, la empresa pública creada por el PP para construir colegios públicos investigada en el marco de la Operación Taula que incurrió en sobrecostes de más de 1.000 millones de euros. Las Corts Valencianes han aprobado por unanimidad -incluidos los votos de Ciudadanos y el PP, formación cuya gestión está en entredicho- la propuesta de los dos partidos que conforman el gobierno valenciano (PSPV-PSOE y Compromís) y su apoyo parlamentario, Podemos, para crear una comisión de investigación.

Todos los partidos -excepto el PP- fueron extremadamente críticos con la gestión de Ciegsa. Manolo Mata, portavoz del PSPV-PSOE, hizo un repaso a la “historia de corrupción” que ha supuesto esa empresa de la Generalitat, que tras “gastar 2.800 millones” no ha construido “ni la mitad de los colegios” previstos. Sandra Mínguez, de Podemos, criticó el “uso indecente” del dinero público del PP. “Con los 1.000 millones de sobrecostes se podrían haber hecho 200 colegios y contratar a 28.000 docentes”.

Mínguez vinculó las pérdidas recurrentes de las empresas a la supuesta gestión corrupta del PP. Con Máximo Caturla -imputado en la Operación Taula- de responsable de Ciegsa, alto cargo de la Conselleria de Educación -departamento del que dependía la empresa- y responsable de las finanzas del PP de Valencia, “el déficit se triplicó entre 2007 y 2011”. Josep Nadal, de Compromís, defendió la investigación para “recuperar la dignidad” de los valencianos y saber “cómo han fallado los mecanismos de control”.

Mari Carmen Sánchez, de Ciudadanos, se refirió al “lodazal de corrupción” en el que se gestionaron los 2.800 millones gastados por Ciegsa en poco más de 10 años de existencia. “Parece que los altos cargos del PP se lo llevaban calentito”, ha dicho, tras criticar la “vergüenza” que le genera la trayectoria de esa empresa pública.

“Corrupción no, manipulación, tampoco”

El PP ha votado a favor de la comisión de investigación pese a las duras críticas de su portavoz en el asunto, Beatriz Gascó, contra el resto de grupos. Les acusó de armar un “circo mediático” para mancillar al PP, de exagerar los sobrecostes de la empresa -“ de los 1.000 millones que se habla 450 fueron para nóminas, créditos y gastos generales” y de “recurrir a difamaciones, tergiversaciones y mentiras. Ciegsa ha construido escuelas para 250.000 niños”. Su intervención fue aclamada por sus compañeros de escaño.

Ciegsa negó reiteradamente información sobre su funcionamiento a la oposición, singularmente al PSOE. El Consell, aún con el PP en el poder, absorbió en 2013 su deuda de 1.300 millones y EU responsabilizó a la ermpresa de dejar un agujero de 250 millones de euros, 15.000 niños en barracones y 154 colegios con fibrocemento. Hay una investigación abierta por la gestión de la empresa pública creada, bajo la presidencia de Eduardo Zaplana, en 2000.

En la tradicional opacidad que reinaba en las empresas públicas durante la época del PP había una mercantil que resultaba la más oscura y sombría. Conseguir contratos y facturas de ella resultaba casi una proeza para los diputados de la oposición, como le ocurría a la socialista Ana Noguera. Es más, cuando se le permitía el acceso no le dejaban fotocopiar los documentos. Con el incendio acontecido en 2005 -por el que nunca se reclamó la indemnización del seguro pese a la pérdida de casi dos millones en material- y el asalto que sufrió con la alarma desconectada, se alimentaron las sospechas sobre la empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat S.A (Ciegsa). 

Sin embargo, con el despliegue de la 'operación Taula' y la nueva mayoría de izquierdas, se están empezando a iluminar todos los rincones más sombríos de la empresa. El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha hecho público el informe que encargó a la Intervención General y que abría en canal la empresa. En él se acredita que la mercantil funcionaba como una conselleria paralela que construía los colegios a precios de la burbuja y que costaban un 36% más caros que los edificados por la Generalitat Valenciana. 

Tras el registro de la sociedad pública al sospechar la Guardia Civil que supuestamente era un nido de cobro de mordidas durante la época del exgerente Máximo Caturla, las fuerzas que sustentan el 'Acord del Botànic' salieron en tromba para pedir la creación de una comisión de investigación que esclarezca lo sucedido en una empresa que registró más de 1.000 millones de sobrecostes y que contrató con empresas vinculadas a 'Gürtel'. Con ello, se quieren hallar responsables políticos del presunto saqueo. 

Así, se pretende aportar luz a las sombras de cómo las adjudicaciones se hacían a un precio, en la licitación se incrementaba esa cantidad y, después, había modificados y otras variaciones que hacían que prácticamente ningún colegio se construyera sin sobrecostes. O a los gastos en zapatos, restaurantes, tiendas de ropa y otros regalos sin que hubiera justificación. 

Los gastos abultados en publicidad que se incrementaban cuando habían elecciones -caso de 2007- o los servicios extras que se pagaban mensualmente a asesorías -pese a tener un gabinete jurídico- también serán analizados en la comisión de investigación que las Corts deciden crear este miércoles. A “la cueva de Ali Baba del PP”, en palabras del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se le empezarán a abrir ventanas para iluminar todas sus oscuridades.