EH Bildu ha registrado este lunes una proposición de ley para la creación de un Consejo Vasco Audiovisual a imagen y semejanza del CAC catalán y de otros formatos similares de Andalucía y Valencia. Este organismo, cuyos siete miembros serían designados por una mayoría de tres quintos del Parlamento vasco (son dos tercios en Catalunya), fijaría unas pautas de regulación de televisiones, radios o incluso contenidos que aparezcan en periódicos digitales o redes sociales, según ha manifestado la portavoz de la coalición abertzale Jasone Agirre, y tendría capacidad sancionadora hasta el punto de ordenar la retirada de la licencia en algunos supuestos. Como abriga a medios públicos y privados, estaría también bajo su manto EiTB, entre público cuyo control político ha denunciado EH Bildu en variadas ocasiones y que tendría ahora un supervisor por encima.

La propuesta, según ha explicado Agirre, supondría que el Consejo Vasco Audiovisual controlaría los contenidos informativos y publicitarios para preservar su neutralidad y “honestidad informativa”, para que tengan “pluralismo político”, para que defiendan el no sexismo y el no racismo y también para asegurar que “garanticen el conocimiento y el uso del euskera en el marco de la política lingüística definida”. Se convertiría también en “Defensoría de la Audiencia” para que se le hicieran llegar las quejas o recomendaciones de los usuarios. Publicaría memorias de seguimiento y códigos de buenas prácticas.

“No tenerlo es una anomalía. Europa promociona este tipo de órganos independientes”, ha enfatizado Agirre. EH Bildu, en todo caso, lo lleva también al terreno de contrarrestar un marco audiovisual que “de ninguna manera” encaja con las necesidades vascas. “Nos estamos adaptando a parámetros externos, a otras lenguas, culturas e identidades en un momento en el que estamos viviendo un cambio de paradigma. Con la pandemia, además, el consumo audiovisual ha aumentado todavía más y hoy en día la transmisión de valores sociales, sobre todo entre los más jóvenes, se da en ese escenario”, ha enfatizado la representante independentista. La propuesta, en todo caso, debería contar con el visto bueno del Gobierno de PNV y PSE-EE para prosperar en la Cámara. El Ejecutivo no ha incluido ningún proyecto similar en su calendario legislativo.

La renuncia del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) a responder nueve preguntas sobre la Ley Audiovisual de Andalucía, formuladas por asociaciones y entidades del ámbito audiovisual presentes en Andalucía (prácticamente todas las existentes junto a otras organizaciones significadas de la sociedad civil, 27) integradas en la Plataforma en Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía (PDCPA), constituye un caso único en la historia de esta autoridad independiente reguladora creada por el Parlamento de Andalucía en 2004 y pone en evidencia, tal vez por impericia, cierta subordinación en las obligaciones del CAA.

La modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía de 2018 (LAA) mediante el Decreto Ley 2/2020 de nueve de marzo, aprobado por la Diputación Permanente el 2 de abril en ausencia de un debate social, sectorial y parlamentario, sin un mínimo análisis que oriente verdaderas razones para este cambio realizado por el Gobierno andaluz, supone sin duda un atropello que no solo ataca la pluralidad del mapa audiovisual y los derechos de acceso de la ciudadanía dando estatus de legalidad a irregularidades muy graves, sino incluso a la regulación básica del Estado al invadir competencias exclusivas relacionadas con el uso del espectro radioeléctrico, la obligatoriedad de disponer de título habilitante, y la concesión obtenida en concurso público para poder emitir, entre otras.

El silencio del CAA llama la atención (salvando el voto discrepante de cuatro consejeros nombrados a propuesta por el PSOE y Adelante Andalucía) ante una modificación que propone alterar radicalmente el mapa audiovisual por la dejación de funciones y considerar que la obligación de responder corresponde al Parlamento de Andalucía, interpretando que al estar en cuestión una “Ley” aprobada por el órgano parlamentario le corresponde a éste responder. El trabajo del Consejo se fundamenta en la observancia del cumplimiento de la ley, por lo que este razonamiento cae por su propio peso, teniendo además en cuenta que sus decisiones no son vinculantes.

El CAA, como órgano asesor vigilante, debe atender las quejas y consultas que se le plantean sin olvidar que su independencia queda blindada al estar formado por nueve personas expertas elegidas por tres quintos del Parlamento. No sólo debe atender las demandas que a través del procedimiento habilitado presenten las personas físicas o jurídicas, debe también actuar de oficio cuando observe y conozca prácticas que vulneran las normativas vigentes y esto incluye la aprobación de leyes y decretos, la invasión de competencias o cualquier decisión que entre en conflicto con el marco jurídico o supongan recortes de derechos. En ningún caso puede considerarse injerencia la opinión del Consejo, podrá ser cuestionada, rechazada, aceptada o incómoda para algunos actores, pero nada puede justificar el silencio.

En este caso el CAA, o al menos la mitad más uno de sus integrantes, han decidido que no son competentes alegando que: “Entre las funciones que nos otorga la Ley no hay ninguna que nos habilite para pronunciarnos sobre textos normativos ya aprobados…”. El CAA fue informado el diez de marzo por la Dirección General de Comunicación Social de la modificación de la Ley 10/2018, un día después de la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del Decreto Ley 2/2020. El 2 de abril, se produce la convalidación del Decreto Ley por la Diputación Permanente del Parlamento. En esas casi cuatro semanas el CAA no emitió ningún informe, no debatió las consecuencias de la medida, aunque muchas voces ante la preocupación suscitada en el sector audiovisual por lo que se consideraba una actuación perjudicial para la pluralidad y el equilibrio en el mapa audiovisual así lo estaban pidiendo. No obstante, el 15 de abril emitió un “informe” que simplemente se limitaba a relatar los cambios que se producían sin más valoraciones, y recordando la justificación del Gobierno de que se trataba de una medida de urgencia ante la situación económica.

En ajedrez se conoce como zugzwang la jugada en que cualquier movimiento que se realice conduce a perder la partida, una mayoría exigua del Consejo ha decidido jugar a no mover ficha pasando por alto una consideración que no escapó al Consejo de Estado cuando por unanimidad consideró el pasado 16 de abril, que algunos preceptos del Decreto Ley tienen indicios de inconstitucionalidad y así fue admitido a trámite (6 mayo) por el Tribunal Constitucional. Lo sería toda la reforma si el recurso del abogado del Estado hubiera entrado en profundidad, hay ocasión para ello.

Hay más incongruencias en la actitud del Consejo que desmienten su argumento para inhibirse en decisiones “sobre normativas ya aprobadas”, cuestión que jamás se había alegado con anterioridad en la historia del Consejo ni tan siquiera con votos particulares, lo habitual era presentar informes y pronunciamientos ante cualquier normativa autonómica y estatal, incluso de algunas cuya afectación en materia audiovisual podría considerarse dudosa.

El CAA opinó sobre normas que regulaban en el audiovisual la publicidad del alcohol, la prostitución, el juego, la sexualización de niñas… En el caso de la publicidad sobre prostitución a solicitud de la Asociación de Mujeres Periodistas (2008), las argumentaciones fueron usadas por el gobierno de la Nación para solicitar el pronunciamiento del Consejo de Estado. Finalmente, la petición de regulación del CAA fue incluida en la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA, 2010) siguiendo las recomendaciones de la Directiva de la UE. Así ocurrió también con la emisión de pornografía, insuficientemente regulada por la Ley Estatal de Televisión sin Fronteras (Ley 25/1994, modificada por La ley 22/1999). El informe del CAA motivo que la UE abriera expediente a España para obligar a modificar la norma.

Estamos hablando incluso de normativas anteriores a la creación del CAA que habían obviado aspectos claves en su reglamentación y sobre las que el Consejo se pronunció sin que ni siquiera su informe fuera preceptivo. Tampoco era preceptivo que se pronunciara sobre el proyecto de decreto de creación del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano (2019), sobre la Publicidad y Promoción de Actividades de Juego en los servicios de Comunicación Audiovisual (2018), sobre el Contrato-Programa de la RTVA 2017/2019 (2017, obligando a su reforma), el anteproyecto de Ley por el que se modificaba la Ley andaluza 13/2007 de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género relativas al papel de los medios de comunicación en la prevención y lucha contra la violencia machista (2017), sobre la modificación de la Ley 12/2007 para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía (2017), sobre los “Criterios interpretativos e indicadores sobre regulación de la publicidad institucional” que entendía era contraria al artículo 4 de la Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional de carácter básico, sobre la LGCA y la regulación de las comunicaciones comerciales (2010), y muy recientemente sobre la emisión de publicidad en televisiones sin título habilitante (2019), algo que la modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía propuesta pretende legalizar y cuyo precepto ha sido paralizado por el Tribunal Constitucional. La lista podría continuar.

En alguna ocasión en las motivaciones para intervenir se añadían argumentos dirigidos al Gobierno como el que sigue: “sin perjuicio de que, dentro del marco de colaboración y lealtad institucional que preside las relaciones entre las Administraciones, se considere conveniente proponer sugerencias al texto del Artículo único del Anteproyecto, cuya finalidad es mejorarlo en la medida de lo posible”, fair play.

Para terminar, reseñar que no todas las cuestiones planteadas por la Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía tienen relación directa con el Decreto Ley y sí con preceptos vigentes en la Ley Audiovisual. Si el CAA no ejerce sus competencias como ha venido haciendo hasta la fecha ¿Cuál considera entonces que es su trabajo? El Consejo debe intervenir y no dar argumentos a quienes proponen su cierre, debe salir del zugzwang, no está en esa situación, no se puede instalar en el inmovilismo, de lo contrario estaría planteando una enmienda a la totalidad para hacerse el harakiri.

El Consejo Audiovisual de Andalucía ha dejado sin respuesta la reclamación firmada por más de 20 asociaciones del ámbito audiovisual afectadas de lleno por el decreto ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva aprobado el pasado mes de marzo por el Gobierno andaluz en el querebaja competencias al Consejo y normaliza la publicidad privada e institucional en televisiones y radios sin licencia. Aunque su presidente, Antonio Checa, anunció la pasada semana una respuesta a este escrito consistente en preguntas concretas dirigidas a él de forma expresa, el Pleno de la institución celebrado este martes ha optado por trasladarlo a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, para que sea ella quien les responda. Cuatro miembros del Pleno del CAA se han opuesto a esta decisión y anuncian un voto particular.

Esta decisión, aprobada este martes en el seno de la autoridad reguladora con el voto favorable de cinco de sus nueve miembros, se apoya en la tesis de que el CAA no debe pronunciarse sobre una norma ya aprobada por el Parlamento y limita sus competencias a cumplir y hacer cumplir la ley. En cambio, los cuatro consejeros que han votado en contra entienden que existe normativa de sobra en la que sustentar la capacidad del Consejo para emitir una opinión ante procesos legislativos que le afecten, bien a iniciativa propia o bien a instancias de terceros.

Estos consejeros esgrimen el artículo 4.2 de la Ley de Creación del CAA, donde se recoge que entre las funciones del Consejo está la de “asesorar al Parlamento de Andalucía, al Consejo de Gobierno y a las Corporaciones Locales de Andalucía, en los términos que regule su Reglamento Orgánico y de Funcionamiento, en materias relacionadas con la ordenación y regulación del sistema audiovisual, así como elaborar los informes y dictámenes oportunos en materia de su competencia, tanto por iniciativa propia como a petición de las entidades mencionadas.

El Consejo ha emitido una nota de prensa en la que apela al diálogo y al consenso en torno a los contenidos del decreto aprovechando el anuncio del Ejecutivo autonómico relativo a su intención de llevarlo a la Cámara andaluza para su debate, así como su intención de llegar a un acuerdo con el Gobierno central, que la pasada semana aprobó su impugnación ante el Tribunal Constitucional. “El pleno del Consejo, reunido de forma telemática, ha estimado que, de acuerdo con la ley de creación de este órgano, una institución independiente como ésta no tiene potestad para realizar valoraciones sobre una normativa vigente cuya observancia tiene encomendada”, reza la nota del CAA.

El CAA sí se ha pronunciado ante cambios legales

Esta postura es un cambio de timón en la labor desarrollada hasta ahora por el CAA, porque sí existen precedentes de pronunciamientos del Consejo ante la modificación o aprobación de textos legislativos, no ya en el Parlamento andaluz, sino en las Cortes Generales. En julio de 2012, el CAA celebró un pleno extraordinario en el que emitió un pronunciamiento para mostrar su preocupación ante la modificación de un artículo de la Ley General de Comunicación Audiovisual que consistía en eliminar los términos “pornografía” y “violencia gratuita” del artículo relativo a los derechos de los menores de edad, en el que se recogen los contenidos prohibidos.

Tres años antes, en diciembre de 2009, cuando esa Ley estatal entraba en su fase final de tramitación, el CAA aprobó un informe sobre las consideraciones acerca del Proyecto de Ley General en el que, entre otras conclusiones, reclamaba mejoras en cuanto a la protección de la infancia respecto de los contenidos audiovisuales y más concreción sobre los límites que el texto establecía para la publicidad. Dicho informe fue trasladado a los presidentes del Congreso, del Senado, a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas cámaras, así como a las presidencias de la Junta de Andalucía y del Parlamento andaluz.

Recorte de competencias

Los consejeros que discrepan con el acuerdo del Pleno consideran además que el Consejo no debería ser ajeno al contenido de este decreto, en el que se le recortan competencias al suprimir la necesidad de que el CAA emita un informe preceptivo pero no vinculante sobre las licencias de emisión a las radios y televisiones. El objetivo de estos informes perseguía “garantizar el pluralismo y la libre concurrencia en el sector y prevenir situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante”, según reza la Ley del Consejo.

El escrito al que supuestamente iba a responder el presidente del CAA está firmado por las asociaciones de la prensa de Huelva, Sevilla, Cádiz, Almería, Córdoba, Campo de Gibraltar, Jerez y Jaén, así como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. También lo suscribe el Colegio de Periodistas de Andalucía, la Facultad de Comunicación de Málaga, la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Radio y Televisión de Andalucía y varios sindicatos. Muchos de estos colectivos, asociaciones y emisoras han sido recibidos por Checa desde que inició su mandato al frente del Consejo hace menos de un año.

En su carta, reclamaban un pronunciamiento ante la “situación de indefensión e inseguridad jurídica” a una institución “pagada con impuestos de la ciudadanía andaluza y encargada de vigilar el cumplimiento de la ley” y planteaban una serie de preguntas directas al presidente del Consejo sobre una reforma legislativa que para los firmantes supone “un hito desregulador en materia audiovisual dirigido al fomento de fines espurios que solo benefician a quienes hasta ahora se han negado a someterse a la ley”.

Finalmente, el CAA -máxima autoridad en regulación audiovisual en Andalucía, según recoge el Estatuto de Autonomía-, deriva estas preguntas y peticiones a la presidenta del Parlamento andaluz para que sea ella quien responda a las inquietudes del sector audiovisual regional.

El Consejo Audiovisual de Andalucía deberá pronunciarse sobre el decreto del Gobierno andaluz aprobado el pasado 9 de marzo en el que por la vía rápida y sin debate parlamentario, le quita competencias como autoridad audiovisual y entorpece su línea de trabajo de varios años contra las emisiones ilegales. Esta valoración del CAA no se hará de oficio, sino que responde a una reclamación firmada por más de 20 asociaciones del ámbito audiovisual afectadas de lleno por esta liberalización normativa, que han pedido por escrito una respuesta del órgano encargado de velar por la legalidad audiovisual en Andalucía ante una reforma que califican de “inquietante y perjudicial”. La posición del CAA se dará a conocer previsiblemente en el Pleno telemático previsto el 28 de abril, según explican a este periódico fuentes de la institución.

Las funciones del CAA suprimidas de un plumazo por el decreto son las recogidas en los apartados 4 y 5  del artículo 4 de su Ley de Creación: “informar preceptivamente y con carácter previo (...) sobre las propuestas de pliegos de condiciones relativas a los procedimientos de adjudicación de títulos habilitantes en materia audiovisual” e “informar preceptivamente de las propuestas presentadas en los concursos de otorgamiento de concesiones y licencias para la gestión de emisoras de radiodifusión sonora y de televisión, en lo que se refiere a la composición accionarial de los licitadores”. La finalidad de ambas cautelas estriba en “garantizar el pluralismo y la libre concurrencia en el sector y prevenir situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante”.  

Hasta ahora, el presidente del CAA, Antonio Checa, ha evitado pronunciarse sobre un decreto que además modifica sustancialmente algunos artículos de la Ley Audiovisual andaluza permitiendo, por ejemplo, la contratación de publicidad pública y privada en las emisoras y televisiones sin licencia, las conocidas como piratas. También prevé la externalización de los informativos en las televisiones municipales y la emisión en cadena de las emisoras locales cuyos contenidos ya no tendrán que ser obligatoriamente de proximidad. 

La modificación de la ley 

El decreto tampoco obliga a que los programas informativos sean realizados por periodistas y deja de exigir a los adjudicatarios de emisoras de radio y televisión disponer de estudios de producción operativos en el ámbito territorial de emisión. Esta última medida se justifica en “acercar la legislación a la realidad social, sobre todo respecto a las emisoras de radio FM”. Es decir, que si había alguna emisora de radio que no cumplía con lo previsto en la Ley Audiovisual de Andalucía, lo que hace el Gobierno andaluz es modificar dicha ley. Se trata de una “simplificación de trámites -reza el texto del decreto- que penalizan la creación de valor”. 

Checa encargó un informe jurídico a los funcionarios de la casa, en el que básicamente, se consignan y describen los artículos ahora modificados tanto de la Ley del Consejo, como la Ley Audiovisual de Andalucía, aprobada hace menos de dos años por unanimidad de los grupos parlamentarios. Dicho informe no ha sido sometido a debate y votación de los miembros del Pleno del CAA, de forma que no existe una valoración ni opinión del órgano ante las novedades que introduce este decreto y que vienen a restarle autoridad reguladora. 

El informe jurídico tampoco entra a valorar o a identificar las contradicciones del decreto, si bien, tan solo hace unas consideraciones técnicas sobre el recorte de competencias del CAA a la hora de emitir los informes preceptivos no vinculantes para la adjudicación de licencias de emisión que ahora han sido suprimidos. Y estas consideraciones apelan a un posterior informe sobre este particular. 

El Consejo deberá valorar el decreto

El escrito al que tendrá que responder ahora el presidente del CAA está firmado por las asociaciones de la prensa de Huelva, Sevilla, Cádiz, Almería, Córdoba, Campo de Gibraltar, Jerez y Jaén, así como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. También lo suscribe el Colegio de Periodistas de Andalucía, la Facultad de Comunicación de Málaga, la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Radio y Televisión de Andalucía y varios sindicatos. Muchos de estos colectivos, asociaciones y emisoras han sido recibidos por Checa desde que inició su mandato al frente del Consejo hace menos de un año. 

En su carta, reclaman un pronunciamiento ante la “situación de indefensión e inseguridad jurídica” a una institución “pagada con impuestos de la ciudadanía andaluza y encargada de vigilar el cumplimiento de la ley” y plantean nueve preguntas directas al presidente del Consejo sobre una reforma legislativa que para los firmantes supone “un hito desregulador en materia audiovisual dirigido al fomento de fines espurios que sólo benefician a quienes hasta ahora se han negado a someterse a la ley”. 

Aún está por ver cómo se tramita esta respuesta del CAA a estas organizaciones que vienen denunciando el contenido de este decreto en materia audiovisual desde hace semanas. Fuentes del Consejo han confirmado que en el próximo pleno de la institución, previsto para el martes 28, se responderá pero no han concretado si se limitarán a informar al pleno de esta respuesta, o si la misma se someterá a debate y votación y, por tanto, a la posibilidad de emitir votos particulares discrepantes. Una vez más, la presidencia del órgano ha solicitado un informe a sus servicios jurídicos para dilucidar esta cuestión, aunque sí habrá -confirman- una valoración o posicionamiento oficial ante las medidas recogidas en este decreto.

“Lo que ocurre es que hay unos consejeros que no quieren que el CAA se pronuncie sobre esto porque consideran que el Consejo está para cumplir las leyes, no para intervenir en procesos legislativos”, explican desde la institución. Otras fuentes del Consejo ratifican esta versión pero insisten en la necesidad de un posicionamiento ante lo que consideran “un descrédito para la autoridad audiovisual andaluza”. 

Derrota en la lucha contra las emisiones ilegales

Precisamente este lunes, el CAA publicaba una nota de prensa en la que considera “alarmante” el número de televisiones sin licencia que emiten en Andalucía, y reclama “un esfuerzo para resolver esta situación” a la Junta de Andalucía. El Consejo acumula una larga trayectoria de persecución de las televisiones piratas desde hace más de 12 años. Sus informes y estudios anuales del sector han permitido tener una radiografía sobre cuántas operan, su evolución y qué tipo de contenidos emiten que no existe en otras comunidades autónomas pese a tratarse de un fenómeno nacional. 

La prohibición de emitir publicidad en estos canales, bajo amenaza de sanción, fue una de las soluciones más eficaces a las que se llegó en su momento entre todo el sector -empresas públicas y privadas, asociaciones, CAA y Junta de Andalucía- para combatir las emisiones ilegales, y como tal quedó recogida en la Ley Audiovisual de Andalucía de octubre de 2018. Esta medida significó una útil herramienta para combatir de raíz estos canales, cuya razón social no siempre está en Andalucía, que suelen emitir contenidos ilegales y que suponen un agravio para las pequeñas televisiones locales.  

Ahora, el decreto ha eliminado esta restricción y el sector ha preguntado al CAA cómo cree que afectará la permisión de emitir publicidad comercial e institucional por emisoras que no cuentan con el preceptivo título habilitante. El informe jurídico hecho público por el CAA, cuando aborda este aspecto, considera que la modificación decretada por el Gobierno andaluz no supone que se reconozca la posibilidad de difundir o contratar en dichos medios; si no que se elimina la carga establecida para los anunciantes, agencias de publicidad, de medios y terceras personas, de conocer si el prestador dispone o no de título habilitante. “Es la Administración competente la que debe llevar a cabo las actuaciones necesarias para que no emitan prestadores que no cuentan con el respectivo título habilitante”, concluye el informe jurídico a este respecto.

Tras haber registrado la pasada semana su proposición de ley para la reforma de la que rige la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), C's hecho lo mismo con otro órgano de extracción parlamentaria con mandato caducado y renovación bloqueada: el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). Como en el primer caso, los naranjas proponen una reducción de sus miembros, equiparar sus sueldos a los máximos de la Junta de Andalucía y garantizar que no haya interinidades eternas como ocurre en estos momentos, dado que debió renovarse hace dos años.

Con respecto a lo primero, C's ha propuesta una modificación del articulado para que se reduzca su composición de 11 a 7 miembros, que serían elegidos previa audiencia pública en el Parlamento de Andalucía. Pone como ejemplo los órganos similares de países como Portugal, con cinco consejeros; Reino Unido, seis; y Francia, siete. Igualmente, subraya que debe garantizarse que la composición sea paritaria.

Por otro lado, prevé cambiar otro artículo para que sus asignaciones -teniendo en cuenta que son ciudadanos con dedicación exclusiva y sujetas a un estricto régimen de incompatibilidades- sean equiparables a las personas que ocupan las secretarías generales y viceconsejerías en la Junta de Andalucía, igual que propone para la RTVA, y “sin derecho a pagas extraordinarias”.

Con el fin de evitar bloqueos propone que también se cambie la ley para que su elección sea por mayoría de tres quintos, como está fijado, pero sólo en primera votación. Si no es posible, sería por mayoría absoluta en una segunda vuelta, y en cualquier caso, deberán ser ratificados por el Consejo de Gobierno “en el plazo improrrogable de seis meses expirado su mandato o producido el cese”. El mismo mecanismo sugiere para la designación de la persona encargada de la presidencia del órgano, elegida entre los siete miembros del CAA, y que en estos momentos Emelina Fernández.

El portavoz de C's en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, ha explicado este miércoles que con su propuesta calculan un ahorro de “en torno a 300.000 euros por año”. En el mismo texto, C's reconoce que tras 12 años de funcionamiento se ha constatado “fehacientemente la utilidad del CAA”, pero entiende que hay que “adaptarlo a la nueva representación parlamentaria” y a una “mejor gestión económica y social”.

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) reclama la prohibición de la difusión de cualquier tipo de publicidad de juego y de apuestas online por radio y televisión durante la franja horaria de protección de menores (entre las 6.00 y las 22.00 horas), incluida la de los sorteos de productos. También defiende la obligatoriedad de que esta publicidad sea claramente identificada y señalizada, así como la imposibilidad de que estos anuncios sean protagonizados por personajes de relevancia pública, como suele ocurrir con los ídolos deportivos que aparecen en los mismos.

Estas son algunas de las principales propuestas remitidas al Ministerio de Hacienda que, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego, ha solicitado al CAA un informe sobre el proyecto de Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego y de Juego Responsable. En sus consideraciones, el CAA aprecia un importante avance para la regulación de esta publicidad respecto del documento remitido por el ministerio en 2015. Sin embargo, considera que aún se plantean soluciones “claramente insuficientes” para proteger de forma eficaz a los menores y a otros colectivos vulnerables del impacto que pudiera tener la publicidad de una actividad que supone un riesgo de ludopatía.

El informe remitido por el CAA recuerda la irrupción de internet y la extensión del juego mediante esta vía está facilitando el acceso por parte de los menores pese a estar prohibido para este colectivo, y multiplica el riesgo de adicción entre la población más vulnerable.

La publicidad de estos servicios y la ausencia de regulación de la misma ha sido objeto de preocupación y estudio por parte del CAA, que en 2015 y en 2017 realizó sendos informes en los que se constató la notoria presencia de estos anuncios en televisión en horario infantil, o la confusión total entre estas comunicaciones comerciales y el discurso narrativo de los locutores de radio durante las retransmisiones deportivas.

En este aspecto, el proyecto de real decreto que ahora se somete a análisis del CAA “no acaba con esta vulneración” del artículo 14 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), relativo a la identificación de las comunicaciones comerciales en televisión y radio. Por ello, insiste en la necesidad de que el texto que regule la publicidad de esta actividad no contenga excepciones a este precepto, como ocurre ahora en el caso de la televisión.

El CAA reclama que siempre se incluya de forma claramente legible y permanente la palabra “publicidad” cuando estos anuncios se inserten en forma de publirreportajes, telepromociones y, en general, aquellas formas de publicidad distintas de los anuncios que, por las características de su emisión podrían confundir a los espectadores sobre su carácter publicitario.

Para la radio, el CAA demanda que la norma recoja un desarrollo sobre la señalización de esta publicidad en este medio de comunicación puesto que, a la complejidad de señalar el término “publicidad”, el proyecto contempla la posibilidad de que las comunicaciones comerciales se inserten, además de en bloques, también en el contexto narrativo de un programa si son “perfectamente identificables”. Sin embargo, el texto no concreta los mecanismos que deberán emplear los prestadores de radio para ello.

Los dos estudios realizados por el CAA demostraban cómo en la radio, los mensajes publicitarios sobre apuestas online deportivas se mezclaban de forma total con el discurso narrativo de los locutores de manera que no es fácil para el oyente distinguir cuándo está ante una descripción de un hecho puntual y cuándo ante un anuncio.

Cristiano Ronaldo: más de 1.000 anuncios en un mes

Otro aspecto del texto que el CAA cree necesario modificar es el relativo a la aparición de personajes de relevancia o notoriedad pública en los anuncios, que en la actualidad limita este protagonismo aunque establece excepciones. El CAA considera que la posibilidad de admitir la aparición de personas populares en este tipo de publicidad podría entrañar el riesgo de reforzar la persuasión del mensaje, al presentar a estas figuras como patrones a imitar, lo que no concilia bien con el principio de protección del menor.

Muchos de estos anuncios están protagonizados por iconos para la población infantil y juvenil, como se constató en el último informe sobre la publicidad del juego y apuestas online del CAA: entre las 14 campañas que registraron más de 100 anuncios a lo largo del mes analizado, destacaba la protagonizada por el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo de una sala de juegos de póker por internet, con 1.230 inserciones. El deportista es una estrella también en las redes sociales, con millones de seguidores en Facebook y en Twitter, donde igualmente promociona el juego.

También se considera necesario establecer medidas que contrarresten una posible saturación de estos mensajes publicitarios durante la retransmisión de acontecimientos deportivos. En la actualidad se permite la emisión de estos anuncios desde el inicio hasta el final de una retransmisión deportiva, incluidos los descansos e interrupciones reglamentarias, independientemente del horario de emisión.

El CAA destaca en este sentido el fenómeno social que supone el deporte en general, y el fútbol en particular, y los valores intrínsecos asociados al mismo que contribuyen de forma esencia a la formación de los menores.

Otro aspecto relevante para el CAA es la falta de un régimen sancionador, cuyo desarrollo sería deseable en el real decreto para evitar interpretaciones jurídicas que dificulten su aplicación.

Finalmente, el CAA recomienda que la prohibición que establece el texto sobre la emisión de publicidad de juego y apuestas online en páginas de internet o junto a vínculos de las dirigidas especialmente a menores se extienda también a las redes sociales, alertas de sms, aplicaciones para smartphones o juegos dirigidos a este tipo de público de menos de 18 años.

Veinte mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en España en lo que va de año. Cuando uno de estos crímenes se produce, los medios informan sobre los hechos. Es en este punto donde, como dice la decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, Eva Navarrete, “como periodistas ejercemos una función social fundamental”. Por eso el CAA (Consejo Audiovisual de Andalucía) ha elaborado una Guía para el tratamiento informativo de la violencia de género, para “compaginar el derecho a la información con (...) la sensibilización hacia la sociedad de un problema de una magnitud social muy alta”, ha explicado Emelina Fernández, presidenta del CAA, durante su presentación en Sevilla.

Esta guía, elaborada a partir del análisis y actualización de los códigos deontológicos sobre la materia, servirá para ayudar a los medios de comunicación en el cumplimiento del art. 14 de la Ley Integral L.O. 1/2004 por el que que exige a los mismos “fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, así como la difusión objetiva de informaciones y la defensa de derechos y libertades de la mujer e hijos”. “Iniciativas como esta, que dispongan a los profesionales de guías que informen sobre el correcto tratamiento pedagógico de la violencia machista, son de vital importancia”, apunta Navarrete.

El CAA ha contado para su elaboración con la colaboración de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Andalucía, la Comisión de Igualdad del Parlamento andaluz y el Instituto Andaluz de la Mujer, así como miembros de la RTVA, RTVE-Andalucía, ACUTEL (Asociación de Operadores Locales de Andalucía o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, entre otros.

Estas, de forma resumida, son las principales recomendaciones que, según esta guía, los periodistas deberían tener en cuenta a la hora de enfrentarse a una información relacionada con la violencia machista.

1. No infravalorar la agresión, asesinato u homicidio de una mujer. Este caso no debe tratarse como un suceso o hecho aislado, se debe contextualizar en un problema grave que afecta a toda la sociedad.

2. “Las víctimas no mueren, las matan”; con este tipo de frase se puede insensibilizar al lector. Estas mujeres nunca pueden aparecer como las culpables de los hechos.

3. Echar mano de fuentes autorizadas y personas expertas en la materia, evitando a los rumores, elucubraciones u opiniones personales.

4. Huir del sensacionalismo informativo: no es necesario mostrar la sangre, las armas o imágenes de carácter íntimo o escabroso.

5. Un maltratador no puede aparecer como una figura neutra. Las entrevistas o testimonios que favorezcan la imagen del maltratador no deberían aparecer en los medios.

6. El seguimiento judicial de la noticia es importante para que únicamente no se quede en el hecho en sí. Resulta interesante “informar sobre los juicios, la sentencia y condenas aplicadas”.

7. Los datos estadísticos deshumanizan a la víctima. En este sentido, se recomienda realzar la figura de los menores como víctimas directas de la violencia machista.

8. El derecho al honor, a la imagen y a la intimidad es elemental, por lo que no podrán utilizarse imágenes de la víctima ni de su vida privada, con independencia del medio en el que se difundan. Las víctimas no son personajes públicos.

9. Está prohibida la difusión del nombre e imagen de los menores a excepción de que estos hayan fallecido y exista un consentimiento de sus representantes legales.

10. “La presunción de inocencia es un derecho constitucional que debe prevalecer mientras no exista sentencia firme o confirmación de la culpabilidad”

Puedes consultar la guía completa en el siguiente enlace.

La entrada de nuevas formaciones políticas en los ayuntamientos tras las elecciones municipales de 2015 ha propiciado un incremento de la presencia de la oposición en las noticias de casi todas las televisiones municipales que, por primera vez desde que en 2009 el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) comenzó a realizar informes periódicos de pluralismo político en las televisiones públicas, alcanza el 27% de promedio del tiempo de voz de todos los actores políticos. Esta cifra está impulsada sobre todo por los avances de dos dígitos registrados en Onda Cádiz, Telemotril y la granadina TG7.

Esta es la principal conclusión que se extrae del 'Informe anual de Pluralismo Político en las Televisiones Públicas en 2015' que han presentado este jueves la presidenta del CAA, Emelina Fernández, y el consejero Eduardo Castro, presidente de la Comisión de Pluralismo del CAA. El informe, según explica en un comunicado el CAA en un comunicado, refleja la singularidad de un año marcado por la ruptura del pacto de gobierno en Andalucía entre el PSOE e IU en enero, las elecciones al Parlamento andaluz en marzo y las elecciones municipales en mayo. Las conclusiones de este informe ya se intuían en el del tercer trimestre de 2015, cuando ya la oposición ganaba presencia en las noticias de las televisiones de Cádiz, Motril, Granada y Jaén tras los comicios locales.

Por ello, los resultados de las televisiones municipales se han segmentado en dos partes que permiten comparar la evolución del pluralismo antes y después de la composición de las nuevas corporaciones locales surgidas de las urnas. Los resultados de la RTVA también se han divido en dos partes: la primera comprende desde el 1 hasta el 27 de enero -fecha de la disolución del Parlamento andaluz- y la segunda, desde el 28 de enero en adelante.

Así, en Onda Cádiz el tiempo de voz de los políticos de la oposición municipal pasó del 19,60% antes de los comicios de mayo, hasta el 50,60% tras el cambio de gobierno. En Telemotril, que junto a Fuengirola TV era la televisión menos plural con porcentajes inferiores al 10% de tiempo para la oposición, el incremento superó los 18 puntos hasta situar su tiempo de voz en el 25,5%. En TG7, a pesar de que no hubo relevo político en la Alcaldía de Granada aunque sí entraron en la corporación nuevas formaciones, los representantes de la oposición pasaron de contar con un 30,60% de tiempo de voz, a un 47,70% en el segundo semestre del año.

Fuengirola TV, el operador público que peores datos de pluralismo viene arrojando desde que el CAA lo incluye en sus informes, pasó del 6,30% en la primera mitad del año al 8,90% en la segunda, aún alejado de los criterios mínimos de pluralismo político en la información.

También Onda Jerez, Onda Algeciras y Onda Jaén presentan datos alejados del pluralismo político en sus noticiarios, donde los políticos de la oposición local obtienen, respectivamente, un 22,8%, un 18,40% y un 23% del tiempo de voz de todos los actores políticos. El resto de las televisiones municipales estudiadas experimentan variaciones poco significativas entre la primera mitad del año y la segunda.

A tenor de estos resultados, el CAA ha aprobado una decisión en la que insta a las corporaciones locales y a los responsables de las emisiones de las televisiones municipales que vulneran el principio constitucional de pluralismo político a que corrijan estas prácticas. El Consejo también reclama a los ayuntamientos que velen por la preservación del pluralismo político en el servicio público de televisión de sus respectivas localidades. En este sentido, el CAA recuerda que los prestadores locales del servicio audiovisual tienen la obligación legal de respetar el derecho de la ciudadanía a recibir una información políticamente plural.

Los cursos de formación en los informativos autonómicos

Junto a los datos de pluralismo político para los informativos de la RTVA y de la desconexión andaluza de TVE en 2015, el CAA ha ampliado el informe con el análisis específico de dos temas de actualidad: las elecciones andaluzas -excepto los tiempos de voz del periodo de campaña electoral- y el caso de los cursos de formación.

Los resultados de este año para los informativos andaluces de TVE revelan que los temas de actualidad más significativos por tiempo de noticias fueron, por este orden: las elecciones andaluzas, el caso de los ERE, el caso de los cursos de formación y las elecciones municipales.

En las informaciones sobre los cursos de formación, los actores políticos con más tiempo de voz en rol de partido y en rol institucional en TVE-Andalucía fueron Carlos Rojas, portavoz parlamentario del PP (16%), Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP andaluz (9%), María Dolores López, secretaria general del PP andaluz (9%), Mario Jiménez, portavoz parlamentario del PSOE (8%), y Antonio Maíllo, portavoz parlamentario de IU (7%).

En esta relación destaca la ausencia de miembros del Gobierno andaluz -administración afectada en la investigación judicial de los cursos de formación- entre los primeros puestos. El primer representante del Ejecutivo autonómico que interviene en estas informaciones es la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que figura en el noveno lugar de la lista de actores políticos en ambos roles, con poco menos del 3% del tiempo total de palabra. El Gobierno autonómico en su conjunto no llega al 7% del tiempo global de voz en todas las noticias emitidas relacionadas con este tema.

Por partidos, las intervenciones de los políticos en las noticias de TVE-A sobre la investigación de los cursos de formación correspondieron en primer lugar al PP, con el 42% en tiempo de palabra, casi todo en rol de partido, en segundo lugar al PSOE un 27% (tres cuartas partes en rol de partido), seguido de IU, con el 9%, de Podemos 14% y Ciudadanos (8%), éstos en rol de partido.

En Canal Sur TV, la lista de los actores políticos con mayor tiempo de voz en las noticias sobre los cursos de formación está encabezada por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con casi el 13% del tiempo de voz, seguida de Mario Jiménez, portavoz parlamentario del PSOE, con poco más del 7%; Carlos Rojas, portavoz parlamentario del PP, con poco menos del 7%; Antonio Maíllo, portavoz parlamentario de IU, con el 6,5%, y Juan Antonio Marín, portavoz parlamentario de Ciudadanos, con otro 6’5%.

Las noticias relativas a los cursos de formación obtuvieron el rango de primera noticia en el 11% de los casos en el operador autonómico, situando este asunto en el sexto tema del año con un porcentaje más elevado de primeras noticias. Los roles predominantes en los tiempos de palabra de estas informaciones son los políticos de partido, con el 64%, seguido de roles institucionales (27%), mientras que los roles no políticos ocuparon el 9% del tiempo de voz.

El pluralismo también en los programas de debate y opinión

La experiencia acumulada por el CAA desde que en 2009, comenzara a analizar el pluralismo político de las televisiones andaluzas, ha servido para poner en marcha una nueva metodología que se aplica ya en este ejercicio. Así, desde este año, los informes de pluralismo político incluyen, además de los informativos, los programas de debate y opinión de los operadores públicos andaluces.

De manera que, además de las emisiones de la RTVA (Canal Sur TV, sus ocho desconexiones provinciales y Andalucía TV), de los informativos de la desconexión territorial de TVE-A, el Consejo analizará todas las televisiones municipales en lugar de las diez que hasta 2015 se han incluido en el informe en función de su peso demográfico y también del color político de la alcaldía, con el objetivo de lograr una representación plural de gobiernos bajo análisis. Para abarcar el trabajo que supondrá este incremento de televisiones en el informe, el Consejo reducirá la muestra de los informativos a analizar que, hasta el año pasado comprendía un informativo diario por cada televisión local a lo largo de todo el año.

El CAA aplicará a cada operador los indicadores generales de pluralismo que aprobó el Pleno del Consejo. Estos indicadores establecen un criterio de tiempo de distribución de palabra por el que se considera que una televisión es plural cuando los actores políticos en rol institucional y los actores políticos en rol de partido que componen la mayoría que apoya al gobierno, autonómico o local, alcanza como máximo el 60% del tiempo de voz. Este reparto prevé un 35% de tiempo de voz para los actores pertenecientes a los partidos de la oposición y, por primera vez, reserva un 5% de tiempo de palabra para los partidos sin representación parlamentaria autonómica o local.

Esta nueva forma de análisis representa un importante avance cualitativo y cuantitativo en el estudio del pluralismo político en las televisiones públicas de Andalucía, al incorporar los mismos criterios de análisis que el resto de consejos audiovisuales europeos que realizan estos informes y que tienen también en cuenta la diversidad de opiniones representadas en los programas de debate.

La ausencia de pluralismo político en la información televisiva es una de las primeras preocupaciones de la ciudadanía respecto de la televisión, que percibe en un porcentaje muy elevado que esta obligación de los operadores públicos no se cumple. Así, según datos del último Barómetro Audiovisual de Andalucía, el 61% de la población piensa que la televisión no es plural. Un porcentaje que ha ido en aumento en los últimos cuatro años. Además, existe un preocupante 72% que considera que los telediarios mezclan información y opinión.

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha remitido al Parlamento de Andalucía y a la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía un informe sobre los contenidos de las televisiones religiosas que emiten sin licencia en varias frecuencias de TDT local de la comunidad autónoma. Estos operadores con propósitos doctrinales compiten con los canales de videncia y esoterismo en la ocupación ilegal de frecuencias libres y ya representan cerca del 20% de estos canales “pirata”, como advirtió el CAA el pasado mes de julio.

Concretamente, el CAA ha analizado seis televisiones religiosas que emiten de forma irregular a través de 11 frecuencias en las provincias de Cádiz, Granada y Málaga. De éstas, cuatro son evangélicas (RTVida, Solidaria TV, TV Cristiana Enlace TBN y EJTV) y representan el 55% de la ocupación de frecuencias; otra es católica (Nazareto TV) y ocupa tres frecuencias (27%); y la sexta es islámica (Córdoba Internacional TV), que emite por dos frecuencias en Málaga y Granada, lo que supone el 18% de la ocupación.

Existe un vacío legal en España

Otros países han regulado la concesión de licencias televisivas a organizaciones religiosas, pero en España la legislación reconoce pero no ha desarrollado el derecho de acceso a los medios de comunicación de las confesiones en su calidad de grupos sociales significativos. En este sentido, la ley protege el pluralismo religioso y prohíbe la difusión de contenidos que puedan promover la discriminación, el odio o el desprecio por razones religiosas.

Desde el CAA advierten de la incertidumbre sobre el uso que pudiera dársele a un bien público en la función de adoctrinamiento ideológico que inspira a las confesiones. Por ello, encomendó a sus servicios técnicos la realización de un informe que permitiera conocer y valorar tanto el alcance como el contenido de la programación y la publicidad que difunden en Andalucía estas cadenas que escapan de los requisitos y exigencias establecidos.

En este sentido, el CAA ha comprobado que en los programas informativos y otros espacios analizados, todas estas cadenas hacen proselitismo religioso sin que se hayan detectado alusiones ofensivas a otras confesiones ni a los no creyentes. En la muestra analizada no se han hallado contenidos que inciten al odio o la intolerancia por motivos religiosos o de cualquier otro tipo. Sí se ha detectado una significativa proporción de comunicaciones comerciales (19%) que tienen como objetivo recaudar fondos para organizaciones religiosas, así como la difusión de publicidad y teléfonos de contacto radicados en América en varias de las cadenas.

Los contenidos más frecuentes en estas emisiones son de carácter religioso -actos litúrgicos, prédicas, espacios de catequesis o de proselitismo- con dos tercios de las emisiones analizadas, si bien existen diferencias entre los canales. Nazareno TV basa casi el 80% de su programación en este tipo de espacios, mientras que Solidaria TV le dedica el 17%.

La publicidad es el otro tipo de contenido más frecuente, que de promedio supone el 19% del total, aunque con grandes diferencias. En canales como Solidaria TV y EJTV el 64,3% y el 48% de las emisiones, respectivamente, consiste en publicidad, frente al 8% de Nazareno TV o el 9% de Córdoba Internacional TV.

El CAA ha catalogado asimismo el tipo de comunicaciones comerciales de estos canales, donde la presencia de publicidad netamente comercial es mínima (1%), frente a las autopromociones (45%) y la publicidad de bienes y servicios de carácter religioso -venta de biblias o rosarios e incluso la petición del diezmo- que supone el 24%. Eso sí, una gran cantidad de los productos que se anuncian en estas emisoras -excepto en Córdoba Internacional TV- se ubica en América.

También se ha detectado un relevante volumen de campañas publicitarias institucionales, con un 20% del total, como algunas de la Dirección General de Tráfico y organizaciones no religiosas (Unicef y SOS Racismo). Se trata de un tipo de publicidad muy habitual en Córdoba Internacional TV (el 43% del total que emite este canal), y Nazareno TV (23%). En este aspecto, el ámbito geográfico de la mayor parte de los anuncios analizados (92,7%) es español.

En cuanto al resto de contenidos, Córdoba Internacional TV es el canal más generalista: emite informativos (8,4% del tiempo de emisión), programas de ficción (8,5%) y culturales (14,5%). En EJTV, por su parte, los programas musicales tienen un peso relevante (23%): la filosofía de esta cadena es utilizar la música como una herramienta para acercar su credo a la sociedad.

Le impone una multa de 155.860 euros al emitir publicidad de un brandy en horario de protección de menores

El Consejo Audiovisul de Andalucía (CAA) ha sancionado por primera vez en su historia a Canal Sur Televisión. Lo ha hecho como responsable de la comisión de una infracción administrativa tipificada como grave en la Ley General de la Comunicación Audiovisual por la emisión de una comunicación comercial que fomenta comportamientos nocivos para la salud.

En el acuerdo, adelantado por El Mundo, se recuerda que la citada ley prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas con un nivel superior de veinte grados, por lo que le impone una multa de 155.860 euros al emitir comunicaciones comerciales del brandy Luis Felipe en horario de protección de menores. Se trata de la primera sanción de la historia del órgano regulador a la cadena autonómica, explicaron a este periódico fuentes del Consejo.

Canal Sur argumentó que se habían vulnerado el principio de irretroactividad de la normativa sancionadora no favorable, el derecho a una defensa eficaz y el principio de presunción de inocencia. El citado brandy se promocionaba en un reportaje de un minuto emitido en el programa 'Destino Andalucía' sobre las bodegas de La Palma del Condado (Huelva).

Sin embargo, el CAA recuerda que el artículo 18 de la ley se muestra “categórico” al incluir la publicidad que fomente comportamientos nocivos para la salud entre las comunicaciones comerciales prohibidas en cualquiera de sus formas, especificando que “en todo caso está prohibida” la comunicación comercial televisiva de bebidas alcohólicas con un nivel superior a veinte grados.

Según la información de El Mundo, existe otro caso referido a un reportaje del programa 'Consumo cuidado' sobre las ginebras Puerto de Indias y D'Azahar, producidas en destilerías de Carmona y Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en el que el CAA entiende que no se trataba de publicidad sino de contenido informativo, rechazando una sanción que se proponía ascendente a 161.180 euros.

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) reclama un mayor protagonismo en la futura Ley Audiovisual de Andalucía. Esa sensación se desprende de su documento de alegaciones al Anteproyecto de Ley, aprobado en pleno el pasado 25 de noviembre y al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia. A su juicio se relega su competencia sancionadora en algunos pases del articulado previsto y no reconoce una potestad reglamentaria con la que ya cuentan el resto de organismos reguladores europeos. La autoridad audiovisual pide, al fin y al cabo, serlo, y denuncia “carencias importantes” en el anteproyecto aprobado por la Junta. Incluso advierte de “duplicidad de funciones” al asignarle a un nuevo órgano de la futura ley (el Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía) algunos cometidos que ya tiene el CAA.

La Ley 1/2004 de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía determinaba que éste “es la autoridad audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados, en Andalucía, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad”. El CAA quiere dejar claro en sus alegaciones que no forma parte de la Administración de la Junta por lo que no debe equipararse a la “consejería competente” como administración dependiente del Consejo de Gobierno o al Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía como órgano de participación.

El CAA considera que el Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía, que inició su tramitación a finales de este septiembre, “relega la competencia sancionadora del CAA a las infracciones derivadas del incumplimiento de la normativa en materia de contenidos (excluyendo, por ejemplo, los relacionados con la publicidad, con la desobediencia de instrucciones y decisiones emanadas del CAA, o con la resistencia u obstrucción a la labor inspectora de este órgano)”.

En ese sentido, lamenta que “no consta entre las infracciones graves la del incumplimiento de las instrucciones y decisiones de la autoridad audiovisual” y “sanciona sólo las realizadas por la Consejería competente en materia de medios de comunicación social del Anteproyecto”. “Dotar a la autoridad audiovisual de cierta capacidad normativa a la hora de dictar instrucciones o recomendaciones es imprescindible para el efectivo cumplimiento de sus funciones”, señala el documento.

En el capítulo de la inspección, el CCA propone incidir en el deber de colaboración del personal inspector de la Consejería competente en materia de medios de comunicación social con el CAA. Por ejemplo, podría contemplar la posibilidad de que la actividad de inspección, además de realizarse de oficio, también pudiera ejercitarse a instancias del CAA, apunta también reclamando tener iniciativa en ese sentido.

Además propone que la actual Ley del CAA sea objeto también en su momento de revisión y actualización porque “se debe armonizar” con la introducción del mencionado Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía “para no duplicar las funciones de ambos organismos”, pese a que las alusiones a este Consejo de Participación “son escasas” a lo largo del articulado de la norma, que se limita a proponer su creación y a enmarcar sus principales funciones.

Pluralismo, menores e igualdad de género

Por otra parte, el Anteproyecto “no delimita 'in extenso' el concepto de pluralismo, estableciendo las exigencias que, como principio esencial de la democracia, deben exigirse tanto a medios públicos como privados”, señalan en las alegaciones.

El CAA, por otro lado, cree que el Anteproyecto de ley “apenas dedica espacio” a Internet y la nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, si bien reconoce que es cierto que el servicio de comunicación audiovisual se presta fundamentalmente a través del espacio radioeléctrico. También, a juicio del CAA, “se echa en falta la ampliación de la regulación audiovisual al ámbito de internet, especialmente en la defensa de los menores frente a los contenidos que se difunden por este medio, actualmente carente de señalización orientativa, filtrado y mecanismos de control parental”.

El Anteproyecto establece una serie de prohibiciones que suponen una protección de las personas menores de edad, frente a la actividad de los medios de comunicación audiovisual. Sin embargo, “algunas de estas restricciones, como la relativa a los juegos de azar, al esoterismo y las paraciencias, o a las comunicaciones comerciales que promueven el culto al cuerpo y rechazo a la autoimagen mediante comunicaciones comerciales, no deberían referirse en exclusiva a la protección de este colectivo. Por el contrario, la protección a este respecto debería extenderse a todos, o a gran parte de los consumidores”.

Según el CAA, las previsiones de las leyes de igualdad y de prevención de violencia de género “deberían pasar del ámbito declarativo a hacerlas realmente aplicables a la realidad en el ámbito de los medios audiovisuales desarrollando con mayor concreción estos principios”. Igualmente, se advierte en el Anteproyecto que “no se ha incorporado ninguna de las previsiones que las leyes en materia de igualdad de género establecen para los medios de comunicación”. Por ejemplo, la referencia a los comportamientos estereotipados en materia de publicidad y reduciendo el tipo a aquellos supuestos de utilización de la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio, lo cual dificulta enormemente la subsunción de supuestos que permitirían dotar de mayor concreción jurídica al texto propuesto.

El CAA considera “conveniente” que el control y seguimiento de las obligaciones contenidas en la financiación anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para televisión, así como documentales y películas y series de animación, “corresponda al Consejo Audiovisual de Andalucía, que establecerá reglamentariamente el procedimiento, los mecanismos de cómputo y la información que podrá recabarse de los operadores.

La composición del consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), que lleva año y medio caducada, y del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), cuya mandato expirará en 2016, son dos cuestiones enconadas en el Parlamento de Andalucía, en las que todos los grupos coinciden que es necesario ponerse a trabajar, pero resulta muy complicado con cinco partidos llamados a llegar a un consenso. Los que más prisa pueden tener por la renovación de estos órganos son Podemos y C's, por cuanto que han entrado por primera vez en la cámara y no tienen representación todavía en los mismos, pero en general todos convienen que es necesario reducir su estructura en pro de la eficiencia y para economizar el dinero público.

De hecho, C's trabaja en dos proposiciones de ley para modificar las respectivas leyes de estos órganos y por tanto su número de miembros, y está incluido -sin concretar- como uno de los compromisos del documento firmado por las dos formaciones para permitir la tramitación de los presupuestos autonómicos de 2016. Ha sido después de que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, le recordara a Juan Marín, líder de C's, que es la vía para hacerlo porque son órganos que dependen del Parlamento de Andalucía. En concreto, C's quiere reducir de 15 a 7 los miembros del consejo de administración de la RTVA y de 11 a 5 los del CAA. Con ello, se convierte en el primer grupo que da un paso en firme para abordar un asunto que sale cada dos por tres en las comisiones parlamentarias de la materia sin que nadie tome la iniciativa.

Las invitaciones del vicepresidente y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, con competencias en la materia, han sido continuas para que los grupos aborden estos cambios. Pero de momento, pese a que los cinco grupos se pronuncian a favor de reducir estas estructuras, reconocen que será una cuestión que, como pronto, se solventará a finales de 2016.

En el PSOE-A no ven mal la propuesta de C's, en principio, e incluso propondrían la posibilidad de que en el CAA sus integrantes no cobraran sueldos, sino dietas, lo que reduciría notablemente su presupuesto. Esta idea, según explican fuentes del PSOE-A, está sobre la mesa, pero se ve “más complicada” para ponerla en marcha en el caso de la RTVA, porque sus consejeros tienen un estricto régimen de incompatibilidades, pero sí está de acuerdo con el resto de grupos en que hay que adelgazar su consejo de administración.

De todas maneras, el PSOE-A cree que cualquier modificación en este sentido debe hacerse por unanimidad, o por lo menos, contando con el PP-A, que es la principal fuerza de la oposición, igual que para la elección del director general de la cadena pública, puesto que ocupa de manera interina el subdirector general, Joaquín Durán, desde marzo de 2013, o sea, cerca ya de tres años. Los populares creen que el PSOE-A ha estado dilatando su sustitución porque pretende que Joaquín Durán “se jubile en el cargo” sin que el Parlamento de Andalucía se pronuncie sobre el relevo. El caso es que no sólo se produce esta interinidad en la RTVA, sino también la de la presidencia misma del consejo de administración, que recae en José Moratalla (PSOE-A), de baja por enfermedad desde hace tiempo.

En este contexto, para cambiar la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la RTVA, y acordar la reducción su consejo de administración de la cadena pública bastaría con una mayoría absoluta, que sumarían el PSOE-A y C's en esa sintonía que mantienen desde la investidura de Susana Díaz. Podrían por ejemplo modificar la ley para que en la elección de sus miembros ya no se exigiera que fuera por mayoría de tres quintos como en estos momentos, pero desde el PSOE-A descartan “una jugada” como la de la Radio Televisión Española (RTVE) en que el PP “cambió la reglas de juego” para que fuera suficiente la mitad más uno.

De hecho, desde el PSOE-A apuntan incluso que no sólo son partidarios de mantener lo de los tres quintos para elegir a los consejeros, sino que no quieren designarlos sin el PP-A. Es más, suponiendo que en la ley no cambiara esto, con el actual arco parlamentario bastaría con los votos del PSOE-A, Podemos y C's, para sumar esos tres quintos, pero el PSOE-A no quiere hacerlo sin los populares. Y no es que éstos no coincidan en la necesidad de reducir el consejo de administración de la RTVA, sino que las relaciones con el PSOE-A pasan por sus peores momentos y el diálogo es prácticamente nulo.

El coste en salarios

Cabe recordar que la renovación del consejo de administración de la RTVA, que en estos momentos tiene ocho miembros del PSOE-A, seis del PP-A y uno de IU, debió producirse en mayo de 2014, cuando caducó el mandato máximo de seis años contemplado por la ley, y que se había decidido conforme al arco parlamentario de 2008. Todos los grupos defienden que se mantenga su designación por tres quintos, pero con menos consejeros. En estos momentos, están entre los mejor pagados de la Junta de Andalucía, más incluso que la presidenta. Hay sueldos en torno a los 65.000 euros, si bien no todos cobran lo mismo. Sumadas las dietas, este consejo de administración viene a costar más de millón y medio de euros, cuando la necesidad de una composición tan elevada es cuestionada no ya por los partidos, sino también por los sindicatos. Desde el PSOE-A han precisado no obstante que las bajas no se han cubierto, y son tres en estos momentos, por lo que en rigor, se paga a 13 consejeros y no a 15, lo que hace que no se ejecute todo su presupuesto.

En cuanto a los cambios en el CAA, que vela por el cumplimiento de la ley en materia de publicidad y contenidos de las radios y televisiones tanto públicas como privadas, exigen la modificación de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía. No es tan urgente porque sus miembros fueron elegidos en 2011 y tendrían que ser renovados en el primer trimestre de 2016. En concreto, según la ley en vigor, está compuesto por 11 miembros elegidos por el Parlamento de Andalucía “entre personas de reconocido prestigio profesional en los campos de la comunicación audiovisual, científico, educativo, cultural y social” por un periodo de cinco años y también por mayoría de tres quintos.

Su coste se cifra en los 62.800 euros que cobra su presidenta, Emelina Fernández, igual que los consejeros de las diferentes áreas de gobierno de la Junta de Andalucía, mientras que el resto de miembros percibe 59.564. La idea que tiene el PSOE-A para este caso es la mencionada de que sus integrantes no cobren un sueldo, sino dietas en función de las sesiones a las que asistan, lo que permitiría rebajar considerablemente su presupuesto. La ha lanzado como primera propuesta. El resto de grupos deberá valorarla.

Las notificaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) no llegan a TVE Andalucía. No llegan porque, al menos su centro territorial de Sevilla, se niega a recepcionarlas. Así ha sucedido en las dos últimas resoluciones que se les ha tratado de notificar, de las que el ente público televisivo no se quiere dar por enterado. TVE tampoco ha presentado alegación alguna a las sucesivas consideraciones del Consejo andaluz respecto a sus informativos. Desde enero de 2014, el CAA ha aprobado cinco dictámenes en los que avisa a los servicios territoriales de RTVE tras estudiar quejas recibidas por manipulación.

En la última resolución del Consejo, donde apercibe a TVE-A por las informaciones sobre la detención de la directora del Patronato de la Alhambra, existe un voto particular que, más allá de las consideraciones del Consejo defendiendo su labor y sus decisiones de consenso, apunta que “especialmente grave resulta que se hayan dado instrucciones para que, en su sede de Sevilla, no se recepcionen las notificaciones del Consejo, lo que nos está obligando a adoptar otras medidas cautelares para notificar los acuerdos de Pleno”.

Según esta reflexión particular firmada por dos miembros del CAA, “este comportamiento denota un desafío a la autoridad y al ordenamiento jurídico inconcebible en una empresa sostenida con fondos públicos, que debería ser ejemplar en el respeto a las instituciones, derechos y valores constitucionales y estatutarios. Ante ello, el CAA ha optado por remitir las resoluciones a otras instancias de vigilancia y control como son los grupos parlamentarios y el Consejo Profesional, que también tienen competencias sobre este prestador”.

En este sentido lamentan que “lo inaudito en Europa es que un prestador de un servicio público tan importante como el televisivo desatienda los cinco requerimientos realizados desde enero de 2014 por la autoridad reguladora para que respeten normas y principios fundamentales, así como las propias reglas exigidas en los reglamentos internos de la RTVE”.

Fuentes del CAA detallan a eldiario.es/andalucia que las dos últimas resoluciones que TVE se ha negado a recibir fueron entregadas en mano, a diferencia de las tres anteriores, enviadas por correo certificado. Las fuentes explican que lo habitual es remitirlas mediante correo certificado pero que en las dos últimas ocasiones se ha optado por la entrega en mano para que el afectado sepa de la resolución antes de que se haga pública a través de la web.

Recientemente, también tras varios dictámenes similares, el Consejo de Informativos de TVE denunció nuevamente la “reiterada manipulación informativa” del centro de Andalucía.

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha constatado en un informe “la vulneración sistemática del derecho a la presunción de inocencia” en el tratamiento ofrecido en cinco televisiones al caso de la denuncia falsa de violación de una joven en Málaga, ocurrido justamente hace un año, y en el que se vieron implicados cinco jóvenes, dos de ellos menores de edad. Son los llamados juicios paralelos, donde las formas de trasladar la información por parte de algunos medios de comunicación condenan directamente a los simplemente sospechosos.

Tal y como vino informando eldiario.es/andalucia, tres días después de que la joven presentara la denuncia y con los jóvenes ya en libertad con cargos, la juez que instruyó el caso decidió archivarlo al concluir que no podía probarse la existencia de una agresión sexual. Un mes después, la joven admitió que interpuso una denuncia falsa y fue, posteriormente, condenada a pagar una multa y a diez meses de prisión. Entretanto, 'tuiteros' imputados en una causa derivada por supuestas injurias a la jueza que había archivado el caso. Un caso que, posteriormente, se descubrió que no había sido tal.

Supuesta violación múltiple, menores implicados, entorno ferial y debate sobre seguridad ciudadana, grabación de relaciones sexuales con móvil, etc. Ingredientes sugerentes para alimentar debates televisivos en los informativos y los magacines pero “a base de elucubraciones, juicios paralelos, grandes dosis de sensacionalismo y con la difusión de informaciones erróneas que afectaban a principios básicos como la presunción de inocencia de los detenidos”, señala el CAA en su informe de 37 páginas, al que ha tenido acceso este periódico.

Ese derecho fundamental, el de la presunción de inocencia, “no fue respetado en ninguna de las cadenas analizadas (La1, Telecinco, Antena3, Canal Sur TV y Onda Azul), que incluso difundieron –excepto Onda Azul- el dato erróneo de que los detenidos habían reconocido ha agresión”. El uso de las expresiones 'presunto' o 'supuesto' “se convirtió en un mero formulismo”. Hubo, en general, “promoción de juicios paralelos”, “sensacionalismo y tratamiento espectacularizador” y “falta de rigor informativo”.

“Otro vigilaba mientras los otros tres abusaban de la joven...”

“Otro vigilaba mientras los otros tres abusaban de la joven...”En el magazine de La1, según ejemplifica el CAA, se puso el énfasis en el detalle sin contrastar de que en el momento de la detención los jóvenes estaban “tranquilamente desayunando”. A partir ahí, se arrojaron conclusiones sobre su carácter frío y su impunidad. En el mismo espacio, una colaboradora vierte juicios de valor sobre la etnia gitana que nadie corrige (“Cuando esos chicos fueron a declarar, todos sus familiares y todo su clan estaban allí presionando, presionando”). La presentadora avala esta valoración al afirmar “una familia paya seguramente hubiera estado en casa para que no se les reconociera, no se les identificara con los acusados y, sin embargo, es verdad que estas familias gitanas van siempre en piña”.

El magazine de Telecinco sólo trató el asunto un día, al inicio del caso, sin cuestionar la culpabilidad y dando por hecha una futura condena: “Están a buen recaudo, y cuidado, que es un delito de violación… se van a pasar una buena temporadita en la cárcel”. Los informativos de esta cadena, en cinco de las siete noticias que dedicó al caso, acudieron a “fuentes no autorizadas, como familiares, vecinos y otros actores ocasionales”, explica el CAA.

En su informe, advierte de que todas estas prácticas contribuyen a la celebración de juicios paralelos, “una deriva perniciosa alimentada por el tratamiento extenso de este tipo de casos en los magacines”. “En estos casos, una vez agotada la información disponible del proceso judicial –normalmente escueta como consecuencia del secreto sumarial- este formato televisivo, compuesto de un presentador o presentadora y tertulianos que expresan su opinión sobre asuntos dispares, propicia la aparición de elucubraciones y juicios de valor.

Según el CAA, la información judicial precisa utilizar un léxico adecuado y específico a su naturaleza, lo que ocasiona que personas no expertas –incluidos los tertulianos de los magacines- en ocasiones difundan consideraciones y términos erróneos, dada su falta de especialización. Así sucedió en los magacines y los informativos de La1, Telecinco y Onda Azul, que calificaron a los jóvenes detenidos como acusados, cuando al tratarse de una fase de instrucción el término adecuado era el de “imputados”. En el magacín de La1 un colaborador afirmó, sin que nadie lo corrigiera: “No son inocentes, puesto que están con cargos. Es decir, no pueden ser inocentes, de inocentes nada. Han salido con cargos, por tanto son culpables por ahora”.

“Lo tenían todo perfectamente calculado… uno de ellos incluso grabó con su teléfono móvil, otro vigilaba mientras los otros tres abusaban de la joven...”, se escuchó en otro programa al producirse las detenciones. El CAA ha comprobado que “ninguna de las cadenas rectificó las numerosas informaciones erróneas y sin contrastar que se ofrecieron durante los primeros días, y se limitaron a informar del giro del caso”.

¿Cómo son de sexistas los anuncios de la televisión en el Mediterráneo? Mujeres objeto de violencia verbal o física, productos que convierten a los hombres en deseables como por arte de magia, hombres y mujeres desempeñando papeles tradicionales... Son algunos casos de evidencias sexistas en la publicidad. Pero esta es la primera vez que los países de las dos orillas del Mediterráneo se han puesto como objetivo estudiarlo, sacar conclusiones y soluciones.

La plataforma mediterránea de Consejos Audiovisuales tratará de responder esa pregunta genérica en los próximos meses, y los primeros resultados se conocerán en octubre de este año. Las televisiones escrutadas (privadas y públicas) en este estudio internacional coordinado por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) serán las que forman parte de la Red de Instituciones Reguladoras del Mediterráneo (RIRM). “Nosotros - explica Emelina Fernández, presidenta del CAA- desde Andalucía venimos hablando de la necesidad de la regulación desde la perspectiva de género. Pero es un tema que genera algunos recelos. Lo que pasa es que hemos topado con que la presidenta de la autoridad audiovisual marroquí, que también está muy comprometida con la igualdad”.

Del interés de estos dos miembros, nació un grupo de trabajo que avanza en este terreno, y que ha elaborado un cuaderno de procedimiento con el que quieren establecer parámetros fijos y comparables, algo que no se ha hecho hasta ahora. ¿Cómo están de presentes hombres y mujeres en la publicidad? ¿Qué estereotipos se transmiten, tanto masculinos como femeninos? ¿Hay publicidad discriminatoria en función de los destinatarios del producto que se anuncia? ¿Se dan mensajes que contribuyan a la sexualización temprana de las niñas? Son parámetros que han salido del grupo de trabajo de la RIRM que preside y coordina el CAA junto a la autoridad audiovisual marroquí (Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, HACA).

Los 26 miembros de la RIRM analizarán entre 50 y 100 anuncios de los más emitidos en sus respectivas televisiones con este procedimiento metodológico fruto del grupo de trabajo que se constituyó en 2013 para estudiar y analizar los estereotipos sexistas en los contenidos y publicidad de los medios audiovisuales. Los primeros resultados se presentarán el 1 y 2 de octubre, coincidiendo con la reunión de la plataforma mediterránea que se celebra en Split (Croacia). “Es muy positivo que todos los reguladores empleemos los mismos parámetros o indicadores, porque conseguiremos influir en las televisiones del ámbito mediterráneo de manera más eficaz”.

El objetivo es que los resultados arrojen luz sobre la situación y permitan dar soluciones a los mensajes sexistas a través, preferiblemente, de la corregulación de las televisiones. Y, sobre todo, viendo que el sexismo es “un concepto jurídico indeterminado”, establecer definición clara de qué es y qué no contenido sexista para que las autoridades audivisuales de cada territorio puedan actuar en caso de darse, puedan llegar a acuerdos con las distintas televisiones, puedan solicitar la retirada de un anuncio concreto, e incluso (dependiendo del país) llegar a sancionar por su emisión. Porque está demostrado que los estereotipos son el principal obstáculo que deben vencer las mujeres para incorporarse al mundo del trabajo, asumir liderazgos y puestos de responsabilidad en muchos países. Y la televisión en general y la publicidad en particular “es uno de los aspectos que más estereotipos transmite”.

Esta iniciativa responde además a la decisión adoptada en 2013 por el Consejo de Ministros de la Unión Europea, y es una de las ramas de estudio del grupo de trabajo de la RIRM, en el que se quiere definir qué es el sexismo no sólo en la publicidad si no también en los diferentes ámbitos de la programación y parrilla televisiva.

Canal Sur cerró el mes de mayo concentrando en torno a su pantalla al 8,4% de la audiencia andaluza. El dato confirma la estabilidad en la audiencia de la cadena autonómica en torno a un panorama audiovisual cada vez más fragmentado. El Barómetro Audiovisual de Andalucía, que acaba de presentar el Consejo Audiovisual de Andalucía, dibuja una televisión autonómica asentada en la población, la segunda opción preferida tras Antena 3, pero al mismo tiempo envejecida y que, poco a poco, se aleja del gusto de los andaluces.

En una comunidad con alto consumo de televisión, cuatro de cada diez andaluces (el 42%) dice no ver su televisión autonómica y entre las principales razones para no hacerlo se encuentra que no interesa (63,3%) y que su programación está hecha para personas mayores (26,4%). Otro 17,5% de la muestra piensa que sus programas son anticuados.

De entre los diez programas más visto del primer canal de Canal Sur en el mes de mayo, seis corresponden al veterano magazine de tarde 'La tarde aquí y ahora', la versión senior del chico busca chica, o señora busca señor, de Juan y Medio; le siguen las noticias del mediodía y el especial informativo de las elecciones locales del día 24. En la noche, cuando se concentra la mayor parte del consumo televisivo, Canal Sur desaparece prácticamente de las televisiones andaluzas salvo por otro clásico, de nuevo Juan y Medio y los niños de 'Menuda Noche'.

El Barómetro Audiovisual revela que en tres años crecen sin parar los andaluces que desconectan de su tele, se ha pasado del 26% de la población que no la veía en 2012 al 42% en el último estudio. ¿Quién sigue enganchado a Canal Sur? Pues según el barómetro mayoritariamente se trata de hogares en los que ya no viven jóvenes y con estudios primarios o secundarios. Sólo los informativos enganchan a la población más joven. El informe llega a concluir que se “compromete la reposición generacional de sus futuras audiencias”.

“La percepción de los andaluces es, en general, positiva con los medios de la RTVA. Percibiendo, positivamente, los valores de entretenimiento y servicio público.  Además, esto se produce en un contexto de austeridad, sin dejar de competir con grandes cadenas comerciales”, contesta la cadena autonómica por escrito a la hora de valorar este estudio.

La cercanía, estar conectada al territorio son los motivos principales que señalan los andaluces para seleccionar Canal Sur. Entre ellos destaca la información que adquieren sobre la región (52,7%) y por sus programas específicos sobre esta (29,6%) y también por agradarles su programación (46,4%). De manera más marginal, un 8,6% valora la retransmisión de eventos culturales o deportivos de la comunidad autónoma y otro 8,1% elige esta cadena por la posibilidad de ver cine sin cortes publicitarios.

Internet, segunda fuente de información

La televisión continúa asentada en la primera posición como el medio audiovisual más universal en Andalucía. Prácticamente la totalidad de la población mayor de 16 años, el 98,7%, afirma verla a diario. Sin embargo, se produce un cambio en el segundo puesto e internet ha superado a la radio.

Un 62,8% de la población afirma entrar diariamente en la red con motivos distintos al trabajo o los estudios, frente a un 60,2% que oye la radio. La radio sigue perdiendo audiencia diaria global, con una caída total de casi 20 puntos en los últimos cuatro años, concluye el estudio, mientras que el uso medio de internet llega a unas dos horas diarias. 

“Los datos apuntan a que, si bien es inapelable que el aumento de internautas perjudica a la televisión, la radio como medio informativo y la prensa en su vertiente más lúdica podrían estar recibiendo más beneficios que perjuicios en su interacción con los medios online. Una relación simbiótica de intercambio y relanzamiento de contenidos puede sospecharse entre ellas”, afirman los autores del Barómetro.

Los medios digitales ascienden también al segundo puesto entre las opciones favoritas para informarse por parte de la población. Uno de cada cuatro andaluces (el 25,5%) prefiere la información que obtiene por internet, aunque la mitad de la sociedad andaluza (49,3%) se decanta por la televisión antes que por otros medios. Un 13% elige la información radiofónica y un 10,5% la prensa diaria.

En cuanto al perfil sociológico de los que optan por la información en internet el Barómetro identifica a menores de 45 años, sobre todo personas con formación, provenientes de hogares económicamente estables.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha desestimado la queja presentada por el Consejo Audiovisual de Andalucía contra TVE por difundir una fotografía, supuestamente de la actual secretaria general de Podemos en esta región, Teresa Rodríguez, en la que aparecía desnuda en una playa.

Teresa Rodríguez presentó el pasado 20 de febrero una queja formal contra TVE, a través del Consejo Audiovisual de Andalucía por haber difundido dicha imagen, que circulaba desde hacía días por las redes sociales, y que Rodríguez asegura que es de otra mujer.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que no existen “indicios suficientes” que justifiquen la apertura de procedimiento administrativo sancionador contra RTVE por incumplimiento de los preceptos de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, según un comunicado de RTVE difundido hoy.

Tras visionar el programa “Amigas y Conocidas”, emitido el 18 de febrero, la CNMC considera que no se aprecian “elementos de juicio suficientes” para considerar que la imagen emitida vulnera el derecho a la intimidad, ni de la eurodiputada ni de la persona anónima, “dado que la misma está pixelada, de tal forma que es imposible conocer la identidad de la persona a la que pertenece”.

Asimismo, expone la Comisión, debe tenerse en cuenta el hecho de que “en el propio programa se dijo expresamente que la eurodiputada afectada había desmentido públicamente que se tratara de una imagen suya”. También tiene en cuenta la CNMC las “disculpas” ofrecidas por el programa del Defensor del Espectador a los posibles afectados.

Menores, y otros colectivos vulnerables, expuestos al fomento de la ludopatía. La ausencia de un marco legislativo hace que los mensajes publicitarios sobre juego y apuestas online se difundan bajo una “amplia gama de irregularidades y vulneraciones”. Es la principal conclusión de un informe del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) que reclama la regulación “urgente” de la publicidad en radio y televisión sobre páginas web de casinos, salas de póker, apuestas deportivas, loterías y bingos.

El objeto del Informe sobre la publicidad y promoción de actividades de juego en los servicios de comunicación audiovisual es el análisis de la difusión de loterías y páginas web de apuestas. Actividades vetadas para menores de edad y que entrañan “serios riesgos de adicción”. En la actualidad, estos anuncios están afectados por el Código de Conducta sobre Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego. Pero, apunta el CAA, no es vinculante y presenta normas éticas “flexibles y confusas”.

El estudio responde a la preocupación que organizaciones sociales y otras instituciones han trasladado al propio Consejo Audiovisual andaluz ante la “creciente promoción televisiva y radiofónica” del juego online. Sobre la regulación de la publicidad del juego y webs de apuestas, la Ley del Juego 13/2011 remite a un desarrollo reglamentario que no se ha ejecutado. La Ley General de Comunicación Audiovisual, apunta el CAA, tampoco establece una prohibición clara de estos anuncios en horario protegido como sí hace con la publicidad de tabaco y alcohol, productos cuyo consumo también está prohibido para menores de edad.

El principio de primacía del interés del menor sobre cualquier otro, considera el CAA, exige una interpretación más restrictiva y un desarrollo normativo para prohibir la publicidad de las actividades de juegos de azar y apuestas en horario de protección infantil. De ahí, el informe reclama “un marco jurídico de obligado cumplimiento” en torno a este sector.

Análisis de televisiones y programas deportivos

El CAA ha analizado una muestra de la publicidad emitida en 2013 en siete televisiones: Antena3, La Sexta, Telecinco, Cuatro TV, Canal Sur TV, Intereconomía y 13TV, y en programas deportivos de gran audiencia de estas mismas cadenas. En radio, se examinó una muestra de espacios deportivos de la Cadena Ser, la Cope, Onda Cero y Canal Sur Radio, donde es habitual este tipo de anuncios.

El informe revela datos “elocuentes”. Como que el 96% de la publicidad de juegos y apuestas emitida en radio se mezcla en el discurso narrativo de los locutores de los programas. Esto genera “una absoluta confusión” entre los mensajes publicitarios y los contenidos audiovisuales. Incluso sin atender la restricción horaria de protección de menores, ya que el 65% de estos anuncios se difundió en esa franja.

Cuestión, destaca el CAA, “especialmente preocupante” dada la alta audiencia juvenil de la programación deportiva radiofónica. En todo caso, aunque ningún anuncio sugiere que los menores puedan jugar, tampoco advierten que sean actividades restringidas a mayores de 18 años como exige el código de conducta al que deben someterse estas comunicaciones comerciales. Además, el mensaje 'Juega con responsabilidad' solo se insertó en el 21% de las locuciones.

En televisión, el consejo analizó 69 campañas de programas y juegos online, que representan el 55% de la publicidad, y otras 63 de juego con finalidad pública (Loterías y Apuestas del Estado, sorteo de la ONCE y lotería de la Cruz Roja), que integran el 45% de estas inserciones publicitarias.

Según el informe, el 81% de estos anuncios está señalizado de forma correcta como publicidad. Sin embargo, el 33,3% no inserta el mensaje 'Juega con responsabilidad' y un 13% tampoco la advertencia de que es una actividad no permitida para menores. En un 12% de los casos, esta leyenda es ilegible.

El CAA detectó tres campañas que no respetan otras reglas para fomentar el juego responsable al desvalorizar los réditos obtenidos del esfuerzo, del trabajo o del estudio frente al azar. Y que vinculan, además, las apuestas con la seducción, el reconocimiento social o la mejora de habilidades. En total, el 38,21% de los mensajes o autopromociones de bingo, apuestas mutuas y otros juegos se emitió en horario infantil.

El Consejo considera, en la decisión que acompaña al informe, que el interés social de las modalidades públicas de juego no elimina su potencial adictivo ni la controversia de algunos de sus anuncios. De hecho, algunas de estas campañas inducen al juego como medio para resolver problemas e incluyen elementos orientados a los menores o los utilizan en los anuncios.

“Los informativos de la desconexión de TVE en Andalucía no respetan los principios fundamentales del pluralismo e imparcialidad”, según ha podido constatar el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), que ha realizado un estudio sobre los telediarios emitidos para la comunidad autónoma entre el 30 de septiembre y el 15 de octubre de 2014 para resolver una queja presentada ante la Oficina de Defensa de la Audiencia, en la que se denunciaba la manipulación y la ocultación de los eventos en los que participaba la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

El CAA, que admitió a trámite la queja por unanimidad, encargó un estudio, que ha abarcado 24 informativos emitidos en el periodo indicado, sobre los que se aplican los indicadores y criterios metodológicos de imparcialidad elaborados por el órgano. La principal conclusión es que relega en los telediarios a la presidenta.

La queja fue presentada por los representantes de CCOO-A y la resolución se ha aprobado en el pleno de esta semana del CAA. El informe analiza las noticias relativas a los presupuestos autonómicos y los PGE (Presupuestos Generales del Estado) para este año y las de seguimiento de la presidenta. Los resultados revelan “una subrepresentación significativa de la presidenta, que no aparece de forma directa ni indirecta en ninguna de las 39 noticias” en las que TVE abordó estos asuntos.

Este informe recoge que para informar de los presupuestos autonómicos de Andalucía, TVE dio más relevancia en tiempo de voz a actores políticos de IU (39,86%), seguidos de políticos del PP (23,71%), y de miembros del Gobierno de la Nación (17,53%). En último lugar, concedió tiempo de voz a actores del PSOE (14,77%). Y a mucha distancia, a actores del Gobierno de Andalucía (4,12%).

No es la primera vez que los informativos territoriales de TVE en Andalucía reciben resoluciones por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía. De hecho, el pasado enero el CAA consideró en una resolución que el tratamiento informativo dado por los telediarios de la desconexión andaluza de TVE a la sentencia favorable a la Junta sobre la subasta de medicamentos fue “unilateral, parcial e incompleto”.

Reparto de los tiempos

Por otra parte, revela que casi la mitad del tiempo en que informó del proyecto de ley de presupuestos autonómicos, “lo hizo desde el punto de vista del PP y de representantes del Gobierno de la Nación (47,84% del tiempo)”. Los argumentos del Gobierno de Andalucía obtuvieron el 7,52% del tiempo, pese a ser los autores de este proyecto. Este reparto de tiempos y enfoques entre partidos del gobierno y oposición contrasta con el tratamiento de las informaciones sobre los PGE, donde los políticos del PP obtuvieron un 39% del tiempo de voz y los actores del Gobierno de la Nación el 32,57%, frente a un 2,3% para miembros de la Junta de Andalucía y un 26% para políticos del PSOE.

En los 24 informativos que se han revisado, la figura de la presidenta se vincula a ocho noticias: tres de ellas relacionadas con las sesiones de control, donde comparte tiempo de voz con los portavoces parlamentarios del PP-A y de IU. El resto de noticias en las que aparece Susana Díaz son de escasa relevancia política: la inauguración de un acuario en Sevilla, la de un curso de formación judicial, una reunión con el Consejo de Participación de la Mujer para analizar la reforma de la ley del aborto, sin tiempo de voz, y otra sobre la participación de Andalucía en Fruit Atraction. “Se concluye así que en los telediarios analizados se omite la voz de la presidenta en los asuntos relevantes del debate político”, remarca la resolución.

Los asistentes al foro Diálogos en el Consejo Audiovisual de Andalucía celebrado el pasado jueves, titulado 'Justicia y Medios: publicidad y juicios paralelos', coincidieron en la necesidad de reforzar la protección del sumario y potenciar las funciones de los consejos audiovisuales, según informe el ente en un comunicado.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, consideró necesario acometer una reforma legal del alcance del secreto de sumario dirigida a jueces y periodistas, así como reforzar las competencias de los consejos audiovisuales para evitar los juicios paralelos y la vulneración de derechos fundamentales, como el de la presunción de inocencia, el derecho al honor y a la propia imagen, por parte de los medios de comunicación. Unas consideraciones en las que coincidieron el resto de participantes en el foro, el abogado Francisco Baena Bocanegra, y la periodista de tribunales de la Cadena Ser Andalucía, Mercedes Díaz.

“Sería interesante que se discutiera sobre la reforma legal del alcance del secreto de sumario, que sirviera tanto a jueces como a periodistas y lo mismo respecto de la instrucción que es donde se produce ese juicio anticipado”, apuntó Del Río en este foro en el que se debatió sobre el equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la presunción de inocencia, al honor y la propia imagen en el contexto de los procesos judiciales. En esta tesis coincidió Baena Bocanegra, quien sostuvo que las filtraciones a los medios de los sumarios declarados secretos o en fase de instrucción “atacan directamente a la presunción de inocencia”.

Desde el ámbito mediático, la periodista Mercedes Díaz defendió la especialización de los profesionales de la información que se dedican a la crónica de tribunales y reclamó mayor transparencia y acceso por parte de los informadores al poder judicial. “El respeto a la verdad debe ser siempre lo primero para un periodista de tribunales y, para ello, éste debe acudir a jueces”. Díaz quiso, en este sentido, marcar una diferencia entre la labor de los periodistas de tribunales y “ese otro periodismo rosa que entra en los tribunales”.

“La televisión espectáculo da mucho dinero, pero eso no es periodismo responsable, y la culpa de que eso ocurra es de la empresa periodística”, señaló la reportera en alusión a los juicios paralelos y al espectacularización de la información de tribunales en los casos especialmente mediáticos.

Otra de las conclusiones en la que coincidieron los participantes de este debate fue en la necesidad de potenciar y reforzar las facultades y competencias de los consejos audiovisuales. De esta forma, se habilitaría una vía administrativa disciplinaria para que, a través de estos órganos reguladores, se puedan imponer sanciones a los medios –que no necesariamente tienen que ser de carácter económico- cuando éstos vulneren derechos fundamentales de las personas sometidas a un proceso judicial.

Esta vía, la de los consejos audiovisuales, tiene la facultad de reducir considerablemente los tiempos de intervención respecto de la justicia ordinaria que, en la actualidad, es la vía de reclamación de las personas que se ven perjudicadas por un tratamiento informativo inadecuado o contrario a sus derechos fundamentales.

La información de tribunales como espectáculo mediático

En este sentido, la presidenta del CAA, Emelina Fernández, lamentó el tratamiento banalizado que suelen otorgar las televisiones cada vez que se produce algún suceso luctuoso que desemboca en un proceso judicial. Fernández recordó que, tal y como constata la experiencia del CAA desde el caso Marta del Castillo –en el año 2009-, las televisiones, en una tendencia que fomenta la espectacularización de la información, incurren en múltiples vulneraciones de derechos fundamentales de las personas implicadas en procesos judiciales, como el de la presunción de inocencia, o el del honor y la propia imagen.

La celebración de juicios paralelos en los platós de televisión, la difusión de imágenes o datos personales de menores involucrados en hechos luctuosos, o las entrevistas a peritos, expertos o testigos llamados declarar en juicios mediáticos antes de que estos se celebren constituyen prácticas muy extendidas que fomentan la banalización de los hechos. La presidenta del CAA recordó que estas prácticas contribuyen a sustituir la verdad judicial –en la que han de basarse los tribunales para dictar sentencia- por una verdad mediática que se extiende entre la opinión pública.

El último ejemplo de estas dinámicas ha sido el tratamiento mediático otorgado a la falsa denuncia por violación múltiple en Málaga. El CAA constató –lamentó Fernández- cómo todas las televisiones analizadas por el Consejo vulneraron la presunción de inocencia de los denunciados, omitieron rectificar las acusaciones y sospechas vertidas contra estos en sus platós y difundieron informaciones falsas y sin contrastar. “El tratamiento de la información como entretenimiento por parte de determinados formatos televisivos desemboca en estos graves incumplimientos que infringen impunemente derechos fundamentales”, advirtió Fernández.